Comienza la estrategia temporal de los vetos presidenciales

Comienza a regir el tiempo de descuento para que Javier Milei vete las leyes de incremento de las jubilaciones, suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos y la reapertura de la moratoria previsional. El plazo máximo es el próximo lunes 4 de agosto, fecha en la que de no vetar las legislaciones se convertirán en una realidad, algo que el jefe de Estado no permitirá; al menos por ahora.

El Gobierno encara una estrategia basada en el tiempo, ayudado por una situación algo sutil: el hecho de vencer el plazo después del lunes primero de agosto, le otorga una ventaja mensual en la eventual aplicación de un paquete que tiene un costo aproximado de US$1.000 millones mensuales.https://3072dce81d7dc739fd1cb46d1abdce41.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

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¿Donde está la sutileza? Los tiempos que maneja el oficialismo podrían determinar que la aplicación de la norme en el caso de quedar firme en el Congreso Nacional y conseguir la oposición los 2/3 de los votos presentes en ambas cámaras, la aplicación de la norma se daría para el tercer trimestre del año. Esto es: el período que va de octubre a diciembre 2025 y no antes, ya que los debates en Diputados y el senado, más la reglamentación formal, le podrían dar la brecha de tiempo necesario como para saltar septiembre. En el caso que las leyes queden firmes, sólo necesita el Gobierno que el debate se extienda a lo largo de agosto y que la aprobación eventual (medida como el rechazo a los vetos) haga que el envío de las leyes al Ejecutivo se demoren hasta septiembre.https://3072dce81d7dc739fd1cb46d1abdce41.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Serían unos 3.000 millones de dólares de aumento del gasto. Concretamente, 3.250 millones. Esa es la suma total que hacen en el Gobierno, que costaría, en serio, aplicar la totalidad del paquete de leyes aprobado el jueves a la tarde noche en el Senado; y que incluyen aumentos en las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional, un alza en los pagos por incapacidad; y, si pasara la votación en Diputados (lo que sucedería antes que termine julio), las leyes de cambios en los Aportes del Tesoro Nacional (ATNs) y la coparticipación en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles Liquidos (ITC). Se menciona que ese número de incremento en el gasto sería el tope de gama, de aplicación en este 2025 de los cinco ítems sobre los que avanzó el Senado, con lo que el monto sería incluso menor.

Y, lo más importante, se podría enfrentar si al final de la batalla legislativa encarnada con los gobernadores, el resultado fuera perdidoso para el Ejecutivo. Tendría, obviamente, un costo fiscal, pero no hundiría las cuentas públicas de ingresos y gastos. Todo esto con una condición: que para el 2025 el paquete ya no exista. Y, para que esto se dé, se tendría que dar un hecho político fundamental y estructural: que los libertarios ganen las elecciones legislativas del 26 de octubre, o que al menos detenten el 40% de piso en los votos generales, especialmente los de la provincia de Buenos Aires.

La estrategia fiscal y política diseñada por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo, Santiago Caputo, Karina Milei, y el resto de los muy pocos que tienen voz y voto dentro del gobierno de la Libertad Avanza es la siguiente:

• El impacto fiscal del paquete aprobado en el Senado llega al 2,6% del PBI, medido en términos anuales. Se distribuye en un 0,7% en el incremento de jubilaciones en 7,2%, otro 0,3% por el alza en el bono contributivo que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos mensuales; 0,4% por el incremento en los aportes por el sistema de atención a la incapacidad, un 0,8% por los cambios en el ITC y un 0,4% en los ATN. No se incluye la rehabilitación de la moratoria previsional, una aprobación que para el Ejecutivo nunca se reglamentará. Si se tiene en cuenta que cada punto del PBI implica un impacto de US$5.000 millones, ese 2,6% llegaría a los 13.000 millones de dólares. Mensualmente serían unos 1.083 millones de dólares de aumento en el gasto público.
• Nadie cree seriamente que la alternativa judicial sea una vía válida, con lo que Javier Milei vetará todas estas leyes, comenzando por los incrementos a las jubilaciones e incapacidad. Lo mismo hará con el ITC y los ATN si tienen el visto bueno de Diputados. Se sabe que en todos los casos, las normas volverán al Congreso a sus cámaras de inicio para que se ratifiquen los votos con dos tercios de los presentes. En el caso de Diputados deberían ser 172 legisladores, mientras que en el Senado serian 48. Dado el panorama político generado la semana que terminó, los analistas consideran que podrían ser dos metas de manos alzadas que la oposición podría conseguir. En consecuencia, las leyes quedarían firmes. Aquí comienza a jugar el factor tiempo. Desde el Ejecutivo se buscará extender lo máximo posible las semanas de tratamiento, aplicándoles anabólicos a cada día de amenaza legislativa. Esto comenzaría con el estiramiento de los tiempos para el veto y la consecuencia llegada de los proyectos al Senado y Diputados, junto con la aplicación de trabas administrativas para retrasar las sesiones legislativas. Las especulaciones de los asesores de la Casa Rosada aseguran que en el caso del paquete aprobado el jueves pasado en el Senado, el retraso en la aprobación podría demandar todo agosto. A lo que habría que sumar las reglamentaciones del caso, todas responsabilidad del Ejecutivo via Anses, lo que retrasaría la aplicación al último trimestre del año. En el caso de los ATN y el ITC, donde aún resta aprobación en Diputados, el caso es más lento; y recién se aplicaría en el último bimestre del año.
• Sólo habría así, de máxima, un incremento del gasto para este año para el trimestre octubre- noviembre-diciembre; que, a 1.083 millones mensuales, replica un incremento del gasto total de unos 3.250 millones. Y si se retrasara el paquete que debe pasar por Diputados, el monto se reduciría a menos de los US$2.600 millones finales.
• En todos los cálculos afectaría al resultado final esperado de superávit fiscal primario armado por el Gobierno nacional junto con el Fondo Monetario Internacional(FMI), y que obliga al Palacio de Hacienda a un ahorro final para el ejercicio 2025 de 1,6% del PBI. Incluso, Luis “Toto” Caputo proyectó en esas negociaciones que el superávit sería aún más alto, y alcanzaría el 1,8% del PBI. Si el paquete se aplicara en el último trimestre del año, la meta final se vería reducida entre 0,5 y 0,7%. El superávit reflejado en diciembre 2025 sería finalmente de un aproximado de 1%. A tiro de waiver del FMI, pero sin dramatizaciones. En definitiva, los técnicos del organismo financiero internacional deberían observar que el desvío se dio por cuestiones políticas, y no por falta de decisión gubernamental libertaria. En definitiva, nada grave. El problema es que el incumplimiento coincide con otra meta seguramente no lograda: la de un nivel de reservas en el Banco Central positivas de unos US$2.000 millones, cuando hoy navegan en un nivel negativo de US$4.000 millones.
• Si se diera el pronóstico de victoria electoral y el recambio en los colores de Diputados y Senadores, el presidente quiere que el nuevo Congreso apruebe su presupuesto 2026, el primero que tendría el aval legislativo desde que Milei llegó al Gobierno nacional. Y en esa nueva ley de leyes, no se incluirían ninguno de estos gastos del paquete aprobado esta semana. O, otra alternativa, se congelarían para ir licuándose en el transcurso del próximo ejercicio. En síntesis, el paquete que salió el jueves del Congreso, tendría fecha de defunción. Siempre y cuando Javier Milei y su troupe, venzan en las elecciones legislativas de octubre.
• Con respecto a la relación con los gobernadores, Javier Milei (Guillermo Francos en realidad) no volvería a sentarse a negociar, hasta la confección del nuevo Poder Legislativo, con la teórica victoria detrás y el próximo diseño de fuerzas políticas dentro de ambas cámaras.

En síntesis, la estrategia fiscal de Javier Milei navega en parámetros de «aguante» vái estiramentiento de los tiempos hasta las elecciones de octubre, evento en donde el libertario descarta tendrá una victoria contundente y definitiva. Y de demolición contra «el enemigo» (concepto que en estos tiempos excede al kirchnerismo).

Fuente: Mendoza online