Un gobierno que no paga ni deja pagar

Se hacen cada vez más destructivas del sector privado las medidas del Gobierno para sobrevivir con la angustiosa situación fiscal y evitar el drenaje de las reservas. Al no atacar las causas, sino los efectos, cada paso que da constituye solo un parche que cierra precariamente un problema, pero que abre otro mayor. Las consecuencias están a la vista. La producción industrial de junio cayó el 2,3% respecto del mismo mes del año anterior y la construcción lo hizo en un 2,5%. Las ventas de servicios y bienes no durables muestran caídas y hay un creciente desabastecimiento de insumos importados esenciales para la salud y la producción.

No se ha aprobado aún por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) el desembolso que le permitirá a la Argentina devolver los préstamos puente que debió tomar para no caer en default con ese organismo. Esa aprobación seguirá seguramente al Staff Agreement ya logrado, pero pondrá como condición el cumplimiento del compromiso de no superar este año un déficit fiscal primario del 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto no parece posible dado el exceso ya verificado a esta altura del año y los requerimientos de “platita” que impone la campaña electoral. El Gobierno intenta resolver la cuestión apelando a la circunstancia que la contabilidad pública se conduce por lo pagado y no por lo devengado: se retrasan los pagos a proveedores y contratistas. Esta situación se ha ido agravando. Se estima que la deuda flotante supera 1,6 billones de pesos, equivalentes a 5500 millones de dólares o al 1,1% del PBI. Se sabe que los retrasos en los pagos entorpecen las obras, creando mayores costos que serán dirimidos, ya sea con la quiebra del proveedor o con un mayor costo para los contribuyentes y los usuarios.

El camino elegido por Massa ha sido el de provocar una devaluación impositiva que, además de seguir destruyendo el sector privado, podría devolvernos a deshonrosas calificaciones internacionales

El cepo cambiario emplea diversas herramientas para limitar al máximo la salida de dólares de las reservas. No es una novedad que el Banco Central sea acosado por quienes quieren comprarle dólares y, por otro lado, le cueste forzar a quienes deban vendérselos, ambos a un precio menor al del mercado. En esta pretensión inverosímil ha ido recurriendo a farragosos procesos de autorización de importaciones que, además, generan focos de corrupción. Impuso la obligación de financiar a plazo estas operaciones sin considerar los perjuicios comerciales y sus costos. Por otra parte, requiere aprobación para transferir utilidades o cualquier tipo de pagos. Estamos administrados por un gobierno que impide pagar a quienes son solventes y pueden hacerlo.

La obvia necesidad de equilibrar el mercado de cambios ha puesto el tema de la devaluación en las negociaciones con el FMI y en las expectativas de la gente. Por otro lado, el discurso político impide utilizar esa medida. El camino elegido por el ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa, ha sido el de hacer una devaluación impositiva. En un reciente decreto, introdujo ilegalmente el impuesto denominado País, del 7,5% a la importación de bienes y servicios y a las contrataciones internacionales. Entre otras cosas, esto incluyó los fletes marítimos, encareciéndolos y exigiendo, además, plazos de pago con absorción de riesgo cambiario, extraños a un mercado sumamente ágil.

No es improbable que nuestro país retorne a la deshonrosa calificación de puerto sucio. En conclusión, estamos frente a un gobierno que no paga y que impide pagar.

Fuente: La Nación