De la misma manera que el Gobierno dio un giro de 180 grados en su posición sobre el 2×1 de la Corte Suprema a favor de un represor, la Iglesia Católica intenta ahora cambiar de sotana. El obispo castrense Santiago Olivera rechazó el fallo del máximo tribunal y insistió que el llamado a la “reconciliación” fue solo para los miembros del Episcopado. Además, criticó a la cúpula de la Iglesia durante la dictadura por “no actuar como debió haber actuado” y calificó de “tímido” al pedido de “perdón” que la curia argentina hiciera en el 2000 por su complicidad con la Junta Militar.
“La ley y la pena deben ser cumplidas, porque si no queda una sensación de impunidad”, definió el prelado para referirse al beneficio que el máximo tribunal le concedió a un condenado por delitos de lesa humanidad y con el cual dejó la puerta abierta para que el resto de los represores pudiera presentar un planteo similar.
Olivera intentó también despegarse al llamado a la “reconciliación” del fallo de la Corte Suprema. Lo hizo aludiendo a la “infeliz coincidencia” esgrimida hace días atrás e insistió que la convocatoria fue solo para los obispos: “Casi todos somos de las nuevas generaciones, la mayoría de nosotros no estaba en ese tiempo” de dictadura, justificó.
No es el primer obispo que busca ponerle paños fríos a la polémica desatada tras la iniciativa de la Iglesia Católica de convocar a víctimas y familiares de victimarios de la última dictadura para arribar a una “reconciliación” entre los argentinos.
Ante el fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos a esa propuesta, que abrió camino al también repudiado fallo de la Corte a favor de los genocidas, el primero que quiso calmar las aguas fue Jorge Lozano, quien lamentó la «infeliz coincidencia» entre una y otra medida. También, el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, dijo que hubo «un profundo malentendido», porque para la Iglesia la «reconciliación» no significa impunidad, sino que “todo proceso implica memoria, verdad y justicia”.
La relevancia de los dichos Olivera reside en su carácter de obispo castrense, ya que es quien cuida la relación directa entre la Iglesia con el Ejército. Su antecedente inmediato en ese puesto fue Antonio Baseotto, quien hace diez años recomendó “atar una piedra al cuello y tirar al mar” a un ministro que había impulsado una campaña de entrega gratuita de preservativos.
A contramano de posturas explícitas de ese tipo, Olivera trató también de deslindar las responsabilidades con posturas de ese tipo sobre la que fue colaboracionista de la dictadura, al punto de participar de las torturas a los secuestrados y desaparecidos.
En ese tiempo, dijo, “algunos obispos, sacerdotes, la iglesia como tal, no actuaron como debieran haber actuado”. “Las nuevas generaciones” de obispos “no estábamos en ese tiempo”, reiteró durante una entrevista con Ahora es cuando, por FM Blue.
También relativizó el pedido de “perdón” que el Episcopado hizo por haber sido “indulgente con posturas totalitarias” de la dictadura, en el marco del Jubileo del Año 2000. “Podríamos reconocer una cierta timidez en ese acto del perdón”, dijo Olivera al respecto, aunque aclaró que ese pasado “no puede desacreditar el llamado al encuentro y la reconciliación” de la actualidad.
“Esto no es ‘nos reconciliamos, olvidamos, damos vuelta la página y seguimos adelante’ –insistió-. La reconciliación supone verdad, justicia, reconocimiento de los actos graves y la reparación.”
Fuente: Página 12
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