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Una decisión clave en la causa por la criptomoneda $LIBRA, que puede reforzar o debilitar la acusación, quedó en manos del tribunal que el Gobierno busca, y puede, reconfigurar a partir de esta semana.
Desde este lunes, la Sala I de la Cámara Federal se encuentra en condiciones de resolver si confirma la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de correr a los dos grupos de querellantes o, por el contrario, la revoca y los vuelve a reintroducir en el expediente como damnificados.
Lo primero dejaría la acusación exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano; lo segundo, la reforzaría con quienes aseguran ser damnificados directos de una estafa y ya pidieron que se llame a indagatoria. Entre los abogados de ese grupo figura el dirigente opositor Juan Grabois.
Pero, en paralelo a esa definición judicial, el Gobierno avanza con su plan para darle a la Sala I su propia impronta, aprovechando que dos de sus miembros, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, son jueces transitorios y que la Corte dispuso en 2020 que debían dejar sus lugares cuando sus reemplazantes por concurso.
El miércoles, los elegidos por el Gobierno para el tribunal, Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi -que concursó para el cargo-, deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas, el primer paso para que sus pliegos sean tratados en el recinto.
Es decir, el Gobierno puso en marcha el mecanismo para reemplazar a uno de los jueces y confirmar al otro.
Por ahora, la Sala I conserva su actual integración y la decisión sobre los querellantes de $LIBRA, desde este lunes, está en manos de Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens. Los dos últimos estarán de licencia parte de la próxima semana, por lo que la resolución podría demorarse.
La decisión
Los dos grupos de querellantes presentaron el viernes sus argumentos para que la Cámara considere su reingreso en el expediente.
En la causa reunieron a presuntos damnificados y tuvieron un rol activo en el caso. El planteo contra el que luchan, que los dejó afuera del caso, fue promovido por la defensa de Mauricio Novelli, el lobista que acercó a Hayden Davis al Poder Ejecutivo y estaba al teléfono con Milei cuando el Presidente tuiteó.
En sus escritos, las querellas coincidieron en marcar que fue la propia Cámara Federal quien los confirmó como damnificados, decisión que quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa de Novelli.
Uno de ellos, Martín Romeo, fue más allá. Dijo que el juez Martínez de Giorgi, al resolver una cuestión procesal sobre si podía o no seguir como querellante, se metió sobre el fondo de la causa.
En particular, cuestionó que el juez haya equiparado a $LIBRA con una memecoin, que son monedas digitales sin utilidad, que suelen ser muy volátiles y haya dicho que las pérdidas fueron el resultado de un mercado inestable.
Dice que detrás de esa calificación se esconde un “prejuzgamiento” sobre una causa que busca saber si hubo o no un engaño premeditado. “El juez ignora de forma manifiesta el engaño estructural”, sostiene el abogado Nicolás Oszust en su escrito. “El colapso de $LIBRA no fue una ‘volatilidad del mercado’; fue un Rug Pull (tirón de alfombra) pre-programado”, agrega.
Pese a que la Cámara Federal ya había avalado la permanencia de los querellantes en el expediente, aquella decisión no fue tomada por la actual Sala I sino por la Sala II, cuando la causa todavía tramitaba ante el juzgado de María Servini.
De hecho, la Sala I ya se expidió sobre otro grupo de presuntos damnificados que buscaban ingresar como querellantes. La discusión quedó así en manos de otros jueces y en el tribunal que el Gobierno busca resetear a partir de esta semana.
Por Federico González del Solar
Fuente: La Nación
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