Causa Vialidad: tiempo de ejecutar el decomiso

Con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme el monto del decomiso en la causa Vialidad, se ha dado un paso decisivo para que el Estado recupere una parte del gigantesco perjuicio ocasionado por uno de los mayores casos de corrupción de la historia de nuestro país: el del expolio a la obra pública por parte de los principales actores de los gobiernos kirchneristas.

La determinación del máximo tribunal echa por tierra los innumerables cuestionamientos que las defensas utilizaron durante meses para prolongar un proceso cuya dilación resulta, a esta altura, tan inaceptable como escandalosa. Ha llegado el momento de ejecutar el decomiso. La Justicia debe empezar a cerrar el círculo.

Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios fueron hallados culpables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia estableció la existencia de un sistema de direccionamiento de la obra pública que benefició intereses privados desde las más altas esferas del poder. También determinó el daño patrimonial provocado y ordenó su restitución mediante el decomiso de bienes.

La discusión sobre el monto acaba de quedar saldada. Al rechazar los planteos de la defensa de los condenados, la Corte dejó firme la actualización realizada sobre la base de criterios técnicos, que elevó la cifra hasta casi 685.000 millones de pesos. No se trata de un detalle menor. El decomiso no constituye una sanción accesoria ni una medida simbólica, sino que es el instrumento previsto por la ley para impedir que el delito conserve sus beneficios económicos. Dicho en otros términos, que la corrupción no sea un gigantesco negocio y que quienes se corrompen paguen con la pérdida de su libertad y devuelvan lo robado a los ciudadanos.

La larga secuencia de chicanas, recursos, apelaciones, quejas e impugnaciones presentadas por los defensores persiguió un objetivo evidente: postergar la recuperación de los bienes. Cada revés judicial fue seguido por una nueva presentación. Cada resolución dio lugar a otro intento de diferir el cumplimiento efectivo de una sentencia firme. Esa utilización abusiva de los mecanismos procesales no hace más que desnaturalizar el sentido de la ejecución penal. La Corte acaba de poner fin a esta burda espiral de excusas dilatorias.

Nadie discute el derecho de todo condenado a ejercer su defensa dentro del debido proceso. Otra cosa muy distinta es convertir ese derecho en una herramienta para eternizar procedimientos que ya atravesaron todas las instancias de revisión. La tutela de las garantías constitucionales no puede transformarse en una guarida para impedir indefinidamente que el Estado recupere aquello que le fue sustraído.

La demora adquiere una gravedad adicional cuando el paso del tiempo conspira contra la eficacia del decomiso. La inflación erosiona el valor del perjuicio reconocido judicialmente mientras el patrimonio sujeto a ejecución permanece inmovilizado. No resulta casual, por ello, que el fiscal Diego Luciani trabaje en un nuevo pedido de actualización del monto que deberá restituirse. Si el daño fue indexado hasta casi 685.000 millones de pesos hace un año, resulta razonable revisar nuevamente esa cifra para evitar que el deterioro monetario termine beneficiando, una vez más, a quienes fueron condenados.

Ese planteo no persigue agravar una pena ya impuesta, sino que busca preservar el valor real del resarcimiento ordenado por la Justicia. Permitir que la inflación licúe el decomiso equivaldría a admitir que el transcurso del tiempo reduzca la obligación de devolver lo obtenido mediante una maniobra fraudulenta contra el patrimonio público. Sería un desenlace tan absurdo como contrario al principio de reparación que inspira esta clase de medidas.

Inmuebles, vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y participaciones societarias integran un universo de bienes cuya identificación y ejecución constituyen una tarea compleja, pero esa complejidad no puede convertirse en otra excusa para prolongar indefinidamente un proceso que la sociedad observa desde hace años con creciente escepticismo.

La corrupción no concluye cuando se dicta una condena. Termina cuando el Estado logra recuperar, en la mayor medida posible, aquello que le fue arrebatado para beneficio privado de quienes ocupaban cargos de enorme responsabilidad institucional. De lo contrario, el mensaje sería devastador si, aun después de una condena firme, el producto económico del delito permanece en un limbo.

La decisión de la Corte ha despejado un obstáculo fundamental. Una sentencia por corrupción no está verdaderamente cumplida mientras la totalidad de lo robado no regrese al patrimonio de todos los argentinos.

Fuente: La Nación