En las últimas horas, la lupa mediática y judicial volvió a posarse sobre el entorno del oficialismo. El juez federal Sebastián Casanello dispuso el embargo de las cuentas bancarias de la empresa HTECH Innovation S.A. y citó a declaración indagatoria a su titular, Sergio Andrés Aguirre. El entramado adquiere una fuerte gravedad política al comprobarse que Aguirre es socio directo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
La causa judicial pone bajo la lupa un presunto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025. Lo escandaloso del período auditado es que coincide exactamente con el tiempo en que la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) —la segunda más grande del país por cantidad de afiliados— se encontraba intervenida por decisión directa del Gobierno nacional de Javier Milei.https://9a779afa8422352097163061a92b1413.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
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El nacimiento de HTECH Innovation y los primeros pagos sospechosos
Según logró constatar MDZ a través de los registros públicos, la empresa HTECH Innovation S.A. tuvo un nacimiento llamativamente oportuno: fue dada de alta en abril de 2024, apenas cuatro meses después de la asunción presidencial de Javier Milei. En el Boletín Oficial de su constitución ya figuraba como titular Sergio Andrés Aguirre. La firma declaró dedicarse a servicios informáticos, procesamiento de datos, desarrollo de software, hosting y mantenimiento técnico.
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Apenas unos meses después de su creación, la flamante empresa logró un contrato de máxima relevancia. Fue contratada por Virginia Montero —designada en el marco de la gestión de la intervención— para realizar trabajos sobre los sistemas informáticos de Osprera.
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La investigación judicial detectó una irregularidad que encendió las alarmas de los peritos: en noviembre de 2024, HTECH Innovation recibió dos pagos de la obra social por $40.251.879,36 y $7.733.119,68. Al revisar los registros fiscales, la Justicia descubrió que esas facturas correspondían a los comprobantes número 00000001 y 00000002 emitidos por la empresa. Es decir, los primeros dos clientes de la historia de la compañía fueron financiados con los fondos de la obra social intervenida.
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La conexión comercial con Martín Menem
El vínculo entre el titular de la empresa embargada y la cabeza de la Cámara de Diputados no es circunstancial ni político, sino comercial y de larga data. Conforme a los documentos del Boletín Oficial analizados por este medio, Martín Menem y Sergio Andrés Aguirre son socios formalmente desde julio de 2019, fecha en la que dieron de alta de manera conjunta la sociedad TR Nutrition SRL.
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La hipótesis que maneja la Justicia apunta a determinar si la intervención de Osprera funcionó como un canal de contratación dirigido para beneficiar al socio de Menem, desviando sumas millonarias a una empresa creada «a medida» en los albores de la nueva gestión de gobierno.
A pesar de los desembolsos millonarios bajo sospecha, la situación financiera de HTECH Innovation S.A. en el sistema bancario muestra movimientos discretos. De acuerdo al acceso que tuvo MDZ a la Central de Deudores, la firma del socio de Menem comenzó a registrar una pequeña deuda con el banco BBVA en noviembre de 2024 (mismo mes de los primeros cobros) con un saldo de $584.000. Actualmente, la deuda reportada al mes de junio de 2025 cayó a $90.000, manteniéndose en «situación 1» (normal).
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El factor Ansaloni: fantasmas del pasado en Osprera
El escándalo de las contrataciones informáticas a los socios del poder se suma a un historial oscuro dentro de la obra social de los peones rurales. En el expediente judicial también vuelve a resonar el nombre de un diputado de las filas libertarias: Pablo Ansaloni.
Ansaloni, quien supo desempeñarse como vicepresidente al frente de Osprera de manera previa a este nuevo estallido, ya arrastra un pesado historial en los tribunales. El dirigente gremial y político ya había sido investigado previamente por los delitos de malversación de fondos, administración fraudulenta y asociación ilícita debido a los manejos de las cajas sindicales y de salud, un antecedente que oscurece aún más el panorama de una obra social que parece no salir de la tormenta judicial.
Fuente: Mendoza online
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