Una casta alimentada desde los sótanos del poder

n grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal ante el fuero Criminal y Correccional Federal por omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito contra su par Marcela Pagano. La denuncia alcanza a Franco Bindi, pareja de la legisladora, por su presunto carácter de instigador y cómplice necesario respecto de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los legisladores denunciantes afirman que la diputada Pagano habría designado como personal de apoyo parlamentario a personas con vinculación directa con Bindi y a familiares directos de socios de él en la sociedad Somos Fitness S.A., que opera un gimnasio en el barrio porteño de Almagro. Sostienen en su denuncia que estas personas habrían reintegrado total o parcialmente sus honorarios provenientes del erario público a Bindi o a la diputada Pagano mediante transferencias bancarias, depósitos en cuentas de terceros o pagos en efectivo.

Bindi es abogado de profesión, pero sus ramificaciones hace tiempo exceden los pasillos de Tribunales. En la última década se transformó en empresario de medios, ligados al kirchnerismo, y en un hombre influyente en el mundo de los servicios de inteligencia paraestatales. Reconoció públicamente que es amigo de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, y ha estado sospechado de tener vínculos con los gobiernos de Venezuela, Rusia e Irán. El Gobierno lo tiene apuntado hace tiempo por la filtración de los audios del despedido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo.

La ex mujer de Bindi, la abogada Giselle Robles, lo acusa de haber estado detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo. La investigación, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, no habría hallado pruebas contundentes contra Bindi y apuntó hacia Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza. El extitular de la Andis ya declaró en la causa y dijo que no conocía a Bindi. Su objetivo es que los audios sean peritados para intentar demostrar que fueron adulterados. La pericia fue ordenada por el juez Ariel Lijo hace tres semanas.

La causa que lanzó a Bindi a los medios fue la de Leonardo Fariña, el arrepentido que tuvo en vilo al kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri. El nexo entre ambos fue Maximiliano Mazzaro, un exjefe de la barra brava de Boca Juniors que estaba en prisión acusado de homicidio. La relación terminó muy mal con Fariña, quien reveló que Bindi le confesaba que mantenía reuniones con autoridades de la Secretaría de Inteligencia, al tiempo que terminó siendo abogado de Lázaro Báez, contra quien Fariña declaró en su carácter de arrepentido.

La pelea de Fariña con sus ex abogados se reeditó en 2019, tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest, cliente de Bindi en otra causa, contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Stornelli, quien fue desvinculado de todos los cargos. Desde la cárcel, D’Alessio ha afirmado en una entrevista con el periodista Luis Gasulla, que Bindi organizó el llamado Operativo Puf para intentar voltear la causa Cuadernos.

Su sombra volvió a estar presente durante la liberación del gendarme Nahuel Gallo por parte del gobierno chavista. “Fue en realidad un sutil movimiento de piezas alentado por un sector de la oposición argentina que integran desde Bindi, exasesor de la petrolera Pdvsa, hasta Oscar Laborde, exembajador de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, y la diputada Pagano, que actuaron en conjunto con la AFA”, según contó Francisco Olivera en una nota publicada en LA NACION. Pagano fue la única que habló en los medios del tema. En una de esas entrevistas, aseguró que tenía información de la SIDE. Misterios de la “diplomacia paralela”.

El vínculo de Bindi con Rusia se remonta a su época como empresario de medios, durante el macrismo. Desde su radio y el canal Extra TV se difundían contenidos de BRICS TV o Telesur. “Los de la embajada rusa siempre estaban en el canal. Ahora se desligan por el escándalo, pero vínculos siempre hubo”, aseguran fuentes que conocen los últimos pasos de Bindi. Otro episodio que llamó la atención ocurrió en diciembre de 2024. Pagano, que ya estaba en pareja con Bindi, presentó una denuncia penal contra los agentes de tránsito que intervinieron en un control que involucró a dos rusos que trabajan en la embajada de ese país, aunque Bindi sigue negando cualquier acercamiento con el Kremlin.

La historia argentina reciente ha estado plagada de personajes ligados a lo peor de los servicios de inteligencia que se han valido de sus contactos, cuando no del financiamiento con fondos reservados o provenientes de organizaciones extranjeras, para la orquestación de oscuras operaciones.

Pocas semanas atrás, el diputado Rodolfo Tailhade, quien había sido designado a cargo del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia en el último gobierno de Cristina Kirchner inmediatamente después del asesinato del fiscal Alberto Nisman, ofreció una nefasta muestra de lo que es capaz de hacer. Durante el informe que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara baja, Tailhade expuso datos privados acerca de los movimientos de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, para cuestionar el uso supuestamente indebido que esta haría de la custodia policial. El diputado kirchnerista fue posteriormente denunciado por espionaje ilegal.

Es de esperar que la Justicia actúe debidamente para esclarecer situaciones en las que los aparatos de inteligencia del Estado no son empleados en la defensa de los genuinos intereses de la Nación, sino como vehículos para viles operaciones políticas o para obtener información de la vida privada de las personas y sacar provecho político o económico de esos datos. Es necesario dejar de seguir alimentando a una casta que actúa desde los sótanos del poder.

Fuente: La Nación