La Cámara Federal porteña, con el voto del juez de cámara Eduardo Farah, dictaminó que el Juzgado Federal N° 5, a cargo de la juez federal María Eugenia Capuchetti, continuará a cargo de todas las denuncias acumuladas sobre un mismo hecho, luego de que dos juzgados discutieran quién debía investigar las causas abiertas a raíz de varias presentaciones por correo electrónico. En las mismas se denunciaba un supuesto trato preferencial para los funcionarios públicos que pidieron créditos hipotecarios en el Banco Nación.Te puede interesar:Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA
La disputa se originó cuando la jueza Capuchetti le pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado 4, que dejara de intervenir en causas paralelas iniciadas en abril por diferentes denunciantes, alegando que se trataba de hechos idénticos que debían investigarse en un único expediente.
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El 29 de abril pasado, Lijo rechazó ese pedido y exigió al Juzgado N° 5 que desistiera de actuar en el expediente. Ante la falta de acuerdo, el Juzgado N° 5 planteó el conflicto ante la Cámara Federal, que ahora resolvió la disputa.Te puede interesar:Estuvo a punto de ser embajador en España y lo denunciaron por abuso: quedó a un paso de ser sobreseído
La jueza María Eugenia Capuchetti, el día de su juramento/Adrián Escandar
A partir de estas denuncias, desde el Banco Nación aseguraron que no hubo ningún trato preferencial y abrieron una auditoría interna para establecer con precisión el trámite de cada préstamo. “Se va a poner a disposición de la Justicia toda la documentación que sea requerida para dejar en claro que no hubo ningún desvío y que todos los créditos fueron otorgados conforme a los estándares vigentes”, explicaron.
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El dictamen del Ministerio Público Fiscal fue clave para dilucidar la situación. Sostuvo que todas las denuncias describen «los aspectos fácticos de un mismo suceso“, aunque hayan sido presentadas por diferentes personas y con distinto nivel de detalle.Te puede interesar:Casación confirmó el procesamiento de dos hermanos acusados de defraudar al Banco Nación por $257 millones
Según la fiscalía, las acusaciones «fueron denunciadas por distintas personas con mayor o menor descripción, pero análogas entre sí“. Así, recomendó unificar la investigación en un solo juzgado para evitar duplicidad de actuaciones.
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El criterio de validez
La secretaría general de la Cámara precisó que hubo cuatro denuncias distintas presentadas entre el 2 y el 13 de abril de 2026:
- Daniel Sarwer envió la primera denuncia el 2 de abril a las 8.52 horas, origen de la causa 1353/2026 (Juzgado N° 4).
- Mónica Frade presentó la segunda esa misma tarde, a las 18.11 horas, dando lugar a la causa 1364/2026 (Juzgado N° 5).
- Alejandro Díaz Pascual ingresó la tercera el 4 de abril a las 19.16 horas, iniciando la causa 1360/2026 (Juzgado N° 3, luego remitida al N° 4).
- Fernando Miguez hizo la cuarta presentación el 13 de abril a la 1.09 horas, generando la causa 1531/2026 (Juzgado N° 5).
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En la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el juez Farah destacó una particularidad: la denuncia de Sarwer, a pesar de ser la primera cronológicamente, no reunía los requisitos mínimos para iniciar una causa penal.
El magistrado apuntó: “La presentación realizada por Sarwer no sólo carece de aquellos recaudos, sino también de un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica“, en alusión a la falta de datos como circunstancias de lugar, tiempo y participación de personas involucradas.
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Esta observación fue refrendada por el propio magistrado, quien recordó que había ordenado archivar otras denuncias similares presentadas por Sarwer en años anteriores, debido a deficiencias formales y lógicas.
Tras estas consideraciones, el tribunal concluyó que la primera denuncia válida fue la de Mónica Frade, por lo que correspondía asignar todas las causas conexas al Juzgado N° 5. El juez Farah sentenció: “La adjudicación debe resolverse por la primera denuncia válida, que es la que dio origen a la causa 1364/2026 del Juzgado N° 5“.
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En ambos juzgados se investigan créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 al presente a Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio, entre otros.
El juez federal Ariel Lijo
Lijo ya había ordenado varias medidas de prueba y dispuso una auditoría que encomendó a la AGN. Las medidas incluían la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias.Ahora, la fiscal interviniente en las denuncias unificadas será Paloma Ochoa.
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En base a las denuncias, se busca determinar o descartar si hubo incumplimiento de normas o “privilegios indebidos” desde el Banco a la hora de otorgar estos créditos para la compra de viviendas en beneficio de empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores.
Fuente: Infobae.com
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