El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para cancelar reclamos de acreedores holdouts. La iniciativa contempla la aprobación de un acuerdo alcanzado entre la Argentina y dos fondos, en el marco de una sentencia adversa vinculada a las reestructuraciones de deuda soberana posteriores al default de 2001.Te puede interesar:Comió una galletita y comenzó a escupir sangre: el sorprendente hallazgo que hicieron los médicos en su garganta
Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Los montos a destinar, todo sujeto a aprobación legislativa, ascienden a USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para Attestor, elevando el total a USD 171 millones. Desde el Ejecutivo resaltaron que se logró una reducción de entre 30% y 35% de lo que se adeudaba originalmente.
De este modo, Argentina podría cerrar el extenso capítulo del default, iniciado hace más de 25 años, que aún mantiene frentes abiertos a pesar de haberse llevado a cabo sucesivamente tres canjes voluntarios de deuda.Te puede interesar:Operaron de urgencia en Barcelona a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof
El caso está en manos de la jueza Loretta Preska
Si bien la fecha límite establecida para el tratamiento del proyecto —resultado de un trabajo conjunto entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica— es el 30 de abril, el acuerdo prevé una extensión en función de los tiempos de la agenda del Congreso.
Igualmente, el texto oficial indica: “La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la República Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.Te puede interesar:Cinco muertos en un choque en Brasil: dos de ellos eran una madre y su hijo argentinos
“Apelamos a la razonabilidad de los legisladores”, expresan en el Gobierno.
Otro punto mencionado es que “la aprobación de los acuerdos de conciliación también pondrá fin a los procesos de ‘Discovery’ (descubrimiento). Tanto Bainbridge Ltd. como el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP han llevado a cabo agresivas actividades de descubrimiento posteriores al fallo, incluyendo la solicitud de descubrimiento de las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de Argentina, que ya no tendrá que responder a las solicitudes”.
En marzo, las partes del juicio habían solicitado a la jueza Loretta Preska que “el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, resaltó: “Que el Congreso actúe a tiempo será una primera prueba de cuánto capital político está dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo”.
Fuente: Infobae.com
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