“Revocamos la sentencia a favor de los demandantes respecto de la República por sus reclamos de incumplimiento contractual, ratificamos la desestimación de los reclamos de estoppel contra la República e YPF, ratificamos la concesión de sentencia a favor de YPF, y remitimos para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión».Te puede interesar:Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”
Con esas 49 palabras la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EEUU, resumió un fallo de 56 páginas que desligó al país de la condena en primera instancia por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Esa sentencia adversa en primera instancia de la jueza Loretta Preska condenó al Estado local a pagar USD 16.000 millones, que con intereses que corren desde 2013 ya totaliza unos USD 18.000 millones.
El fallo fue sorpresivo. Se esperaba desde la audiencia de octubre y estaba al caer, pero sorprendió.Te puede interesar:Kicillof refuerza su perfil de candidato y se aferra al fallo de YPF para polarizar con Milei
Luego de esa reunión con los jueces de apelación en Nueva York, el Gobierno estaba confiado, pero no se imaginaban una decisión revocatoria completa, una anulación total. Hubiera sido una victoria que los tres jueces, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, ordenaran revisar la cifra. Fue mucho más y el presidente Javier Milei festejó. También Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
El presidente Javier Milei y sus funcionarios, ayer en el Salón Blanco, luego del discurso
Burford Capital era el querellante del caso. Se trata de un bufete de abogados inglés que era el principal beneficiario del caso y había comprado los derechos a demandar en esta causa a accionista de YPF que dijeron verse perjudicados por la expropiación.Te puede interesar:Una funcionaria clave en el juicio por YPF afirmó que “fue importante el apoyo de EEUU” porque “le da volumen al argumento”
Se definen como litigation funding, pero para muchos se mueve y acciona como un fondo buitre. Como sea, el precio de sus acciones se derrumbaron ayer hasta 50%. O sea, la empresa, que ya venía en caída, perdió la mitad de su valor de mercado.
Las claves de un caso cuyo peso económico y simbólico es notable- O como dijo anoche son exagerar el presidente Javier Milei, que podría haber costado “mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”.
1 – Qué dijo la sentencia
Fue un dos contra uno: Cabranes votó en contra del país. El fallo establece que todo lo resuelto por Preska no es válido y le envía la cusa a la jueza para que dicte uno nuevo. pero con la visión de la Cámara.
Y dice, textual: “Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra y la empresa carecen de mérito”.
Vale recordar que YPF, que estuvo años dentro de la demanda, fue exculpada por Preska, quien sólo condenó al Estado argentino en 2023. Burford apeló esa parte del fallo y ahora la Cámara dijo que la empresa fue bien excluida.
Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, los jueces de la cámara que anularon el fallo condenatorio para el país
Además, el texto es contundente al detallar que “revertimos la decisión del tribunal de distrito por dos motivos independientes. Primero, bajo el derecho civil argentino, el Estatuto no creó promesas bilaterales que generen una obligación contractual por parte de la República hacia otros accionistas de YPF, incluidos los demandantes. Segundo, aun asumiendo que el Estatuto haya originado un contrato bilateral, los reclamos de incumplimiento de contrato por daños están vedados por el derecho público de la república sobre expropiación”.
Básicamente, expresó que el Congreso y sus leyes están por sobre el estatuto de YPF y de cualquier empresa. La mayoría del tribunal argumentó que, de acuerdo con la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima cumplen un papel organizativo interno, pero no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y entidades estatales. Esta interpretación fue clave para descartar la posibilidad de que la expropiación generara automáticamente una obligación contractual indemnizable entre el Estado argentino y los tenedores privados de acciones.
Cristina Kirchner, en 2012, el día que anunció la expropiación de YPF
Con todo, los jueces reconocen que “tal vez sea cierto, como sostienen los demandantes, que la República hizo ‘promesas excepcionalmente claras’ en estos estatutos y cometió un ‘incumplimiento excepcionalmente grave’ al negarse flagrantemente a realizar una oferta a los muchos inversores privados de YPF que habían comprado suponiendo que estarían protegidos contra la renacionalización. Pero al interpretar el lenguaje inequívoco y en ausencia de jurisprudencia argentina que nos indique lo contrario, nos abstenemos de encontrar una obligación recíproca exigible mediante un reclamo de daños contractuales entre accionistas”.
El juez Cabranes, en su voto en minoría, expresó que los estatutos de YPF debían ser entendidos como contratos entre accionistas, lo que implicaba que, tras la adquisición estatal del control de la compañía, Argentina asumió la obligación de incurrir en una oferta pública de adquisición bajo los términos estatutarios. Según la posición de Cabranes, la privatización de YPF y su marco normativo buscaban “proteger a los inversores y generar confianza en el mercado” y, por lo tanto, el incumplimiento de la oferta pública debió ser considerado como un daño indemnizable conforme al derecho privado.
Cabranes argumentó que la existencia de una obligación contractual previa a la expropiación no podía ser desplazada sin más por el ejercicio soberano del Estado argentino, y advirtió que la decisión de la mayoría “deja sin remedio efectivo a los accionistas perjudicados”, lo que podría erosionar la confianza de inversores internacionales en la seguridad jurídica de los mercados en los que se privatizan empresas estatales.
2 – El rol de EEUU
Más allá de la independencia de poderes, no pocos creen que el peso de la relación bilateral entre Argentina y EEUU terminó influyendo, de alguna manera, en el fallo.
Donald Trump y Javier Milei
El alineamiento de Milei con Donald Trump, y la relación personal entre ambos, cimentaron un gran y potente lobby diplomático que trabaja desde hace varios meses en el tema.
Según detalló ayer en Infobae en Vivo, Román Lejtman, corresponsal de este medio en EEUU, ese lobby se apalancó en la relación de los dos mandatarios y lo protagonizaron de manera directa el embajador en EEUU, Alec Oxenford; Michael Kozak, un funcionario de carrera del Departamento de Estado; quien es hoy segundo de ese organismo, Christopher Landau; el influyente abogado del Reed Rubinstein, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el subprocurador del Tesoro, Juan Stampalija.
Ese “pack”, destacó el corresponsal, junto con el estudio Sullivan & Cromwell, trabajaron para conseguir este fallo.
“Fueron muy importantes los apoyos porque Argentina tiene un daño reputacional histórico muy grande. Y a veces eso hace que los argumentos no se tomen tan en serio. No debería ser, pero podría pasar. Por eso fue importante el apoyo concreto de EEUU en el expediente”, destacó Stampalija, subprocurador del Tesoro.
La jueza Loretta Preska
En febrero, EEUU le marcó la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como una suerte de “escudo” diplomático. Por medio de un documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.
Semanas después, el Departamento de Justicia solicitó participar activamente en la audiencia frente a Preska para exponer oralmente en defensa de la posición argentina en lo que se conoció como discovery. No hizo falta porque la Cámara frenó todas las causa paralelas hasta que estuviera resuelta la cuestión de fondo. Lo que ocurrió hoy a favor del país.
3 – Qué quería Burford
Cobrar. Y rápido. No es que no tuviera paciencia: está al frente de esta causa desde hace casi 10 años, cuando compró los derechos a litigar de empresas que había sido accionistas de YPF y aseguraban que fueron perjudicadas al quedar afuera del acuerdo que el país hizo con la española Repsol, la principal accionista de la empresa al momento de la expropiación.
Burford intentó cobrar a toda costa el fallo de Preska a pesar de la apelación. La ley de EEUU así lo permite.
Por eso intentó varias acciones en el tribunal de la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, el fallecido juez de la causa de los holdouts de la deuda defaulteadas.
Buscó que se declare al país en desacato, exigió quedarse con las acciones del Estado en YPF e intentó demostrar el “alter ego” entre la petrolera, otras empresas y organismos y el Estado argentino. Si lograba ese cometido de demostrar que eran “lo mismo” podía pedir parte del capital de esas empresas, siempre según sus cálculos.
Burford Capital cotiza en EEUU e Inglaterra
También intentó pedir embargos, indagó sobre dónde estaba el oro de las reservas del Banco Central y buscó llevar al tribunal de Preska a funcionarios y ex funcionarios, como Luis Caputo y Sergio Massa, o al menos indagar en sus chats y mails.
“Era todo ruido para tratar de cobrar, era su objetivo. No le importaba nada más, por eso la insistencia. Y estaban jugados, no esperaban un fallo de este calibre”, analizó una fuente oficial.
Ayer Burford dijo que está decepcionado con el fallo y que analiza apelar ante la Corte Suprema de EEUU y Ciadi. No sólo eso “abrió el paraguas” sobre su futuro financiero: se trataba de su mayor demanda, por lejos, y donde había apuntado todos sus cañones.
4 – La defensa de Argentina
Básicamente, la defensa argentina mantuvo su estrategia a lo largo de los 10 años de este largo juicio. Hubo cambios de estilo, claro, y de nombres. Pero siempre se buscó que el caso se traslade a la Argentina, algo que se cursó en los primeros cinco años de causa sin éxito, y luego en que se debía analizar bajo la ley argentina, cosa que finalmente sí pasó.
Este gestión, en los últimos meses, hizo eje en estos puntos:
- Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”.
- Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de turnover, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
- Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA.
- Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones.
El nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio
En un breve discurso de ayer, Milei le agradeció al equipo conducido por la secretaria Legal y Técnica y “cerebro jurídico de esta gestión”, María Ibarzabal Murphy; al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija y sus equipos.
También mencionó al canciller Pablo Quirno, al ministro de Economía Luis Caputo y al embajador Oxenford.
Los técnicos también mencionan a dos abogadas de la Procuración, que vienen de la gestión anterior: Mariana Loza y Alejandra Etchegorry.
5 – El origen de todo
Como se sabe, todo comenzó con la expropiación de la petrolera, en 2012. El proceso se realizó con una ley del Congreso y se le pagó al accionista mayoritario, Repsol. CFK era presidente y Axel Kicillof, que llevó a cabo el proceso, era viceministro de Economía.
Los subprocuradores del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira (Infobae en Vivo)
El resto de los accionistas aseguraron que se vieron perjudicados porque no hubo oferta pública para todos y comenzaron a accionar en contra del Estado argentino. Buena parte de los derechos a litigar de ellos se los quedó Burford. La causa duró más de una década.
“Hoy tenemos una Nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional. Pero incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar”, dijo anoche Milei.
“Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado, todo mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”, agregó el mandatario.
Fuente: Infobae.com
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