La Confederación General del Trabajo (CGT) define si marchará contra la reforma laboral al Congreso el próximo miércoles 11 de febrero, instancia en la que el Senado sesionará para tratar la iniciativa de un oficialismo que se jacta de tener avanzados los acuerdos para lograr su media sanción. En un escenario de negociaciones con gobernadores “de centro” que se tornó adverso en los últimos días para la central obrera, la resolución se decidirá en una deliberación de consejo directivo encabezada por los triunviros Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) en la sede de Azopardo 802.
Del encuentro, que arrancó a las, participan Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA) y Hugo Benítez (Textiles); Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales), entre otros. Además, hay presencia de referentes gremiales con bancas legislativas, como el diputado nacional Sergio Palazzo (La Bancaria) y su par de bloque y asesor legal del cuerpo de abogados de la CGT, “Huguito” Moyano, hijo del jefe camionero Hugo Moyano, quien hoy no será de la partida.
“La idea es que en esta convocatoria soberana analicemos las circunstancias que se presentan. Yo acompaño el hecho de que el día que se trate, el 11, tengamos una movilización”, anticipó Martínez, que también representa al sindicalismo en el Consejo de Mayo. El hombre fuerte del gremio de la construcción se mostró cauto sobre llamar a un paro nacional, aunque marcó “la decisión de llevar adelante una acción contundente va a ser determinado por el Consejo Directivo”, expresó que “la vía judicial siempre está abierta” e intentó enviarles un guiño a los gobernadores al afirmar que “han sido solidarios” con las problemáticas planteadas por la central obrera.
A su ingreso, el diputado Moyano calificó de “vergonzoso” el ataque del Gobierno a la industria y criticó que el eje de la discusión en las últimas jornadas sobre la reforma laboral haya estado centrado en el capítulo impositivo de la ley –las provincias presionan por la pérdida de recursos- y no en los trabajadores. “No puede ser que una cuestión coyuntural, importante seguramente como es el financiamiento de las provincias que tanto está castigando este gobierno y que no se va a solucionar por esta negociación, esté sometiendo la sanción de algo que va a tener efectos permanentes, estructurales y duraderos para los trabajadores”, manifestó el hijo del líder de Camioneros.
La propuesta del gobierno de Javier Milei es calificada por la CGT de “regresiva” y acusada de quitar derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y despidos, restringir el derecho a huelga y recortar la fortaleza de las organizaciones sindicales. Entre los puntos que generan mayor rechazo, están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad”, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de Anses.
Otro que habló fue Benítez, quien afirmó que la Casa Rosada tiene “una especial desidia con la industria textil” y le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había encendió la polémica luego de revelar que no compra ropa en Argentina. “Es un insulto al trabajo argentino y un insulto a todo lo que reclamamos nosotros desde la CGT”, indicó el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), además de advertir que “desde que está el gobierno de Milei se han perdido cuatro mil puestos de trabajo en el sector”.
Desde la CGT analizan dar un paso adelante con el plan de lucha en las calles luego de negociaciones frustradas con algunos gobernadores que se habían mostrado críticos de la reforma laboral, como el peronista Martín Llaryora (Córdoba) y el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe). A último momento ambos optaron por no mostrarse con la mesa chica de la central obrera en lo que se esperaba una foto de apoyo a los reclamos del sindicalismo, que sí llevaron a cabo un encuentro secreto con cinco mandatarios provinciales del peronismo duro el miércoles en el centro porteño para diagramar la estrategia que hoy será tratada.
Las alarmas para los gremios se intensificaron, en paralelo, luego de que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, haya asegurado que la reforma laboral estaba “95 por ciento acordada” con sectores dialoguistas de la Cámara alta. Los secretarios generales, si bien sostienen que “el gobierno exagera en los números”, entienden que la chance de que el quórum se caiga hoy es remota.
Por ahora, la idea de llamar a una huelga general habría perdido fuerza, aunque será puesta sobre la mesa ya que es el pedido de algunos sectores más intransigentes. Pero, como le indicó una voz sindical a LA NACIÓN en la previa de la cumbre de este viernes, “un paro nacional no se arma de la noche a la mañana”. Al respecto, hizo hincapié en que la aprobación de la iniciativa libertaria se definirá en Diputados en caso de conseguir la media sanción en el Senado la semana que viene.
Por Manuel Casado
Fuente: La Nación
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