Todos los indicios conducen a Massa

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Las últimas investigaciones judiciales sobre operaciones millonarias con el dólar oficial entre 2022 y fines de 2023 en medio del cepo, la derivación que esta misma práctica tuvo hacia presuntos negociados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la aparición de nuevos indicios acerca del acceso a divisas que tuvieron empresas cercanas al poder para importar mientras el resto de la economía sufría aquellas restricciones cambiarias, empiezan a dejar expuesto algo que el establishment económico y político repite hace rato en voz baja: todos los indicios conducen a Sergio Massa.

Ningún empresario ni dirigente sindical ni político, ni mucho menos exfuncionario, debería mostrarse sorprendido: el líder del Frente Renovador fue durante ese lapso, que coincidió con su gestión al frente del Palacio de Hacienda, el conductor indiscutido de todos los resortes de una economía que entonces funcionaba con múltiples controles. Esa atribución queda clara si se repara en la influencia que el exministro ejerció tanto en el Banco Central -ente encargado de suministrar los dólares disponibles para bancos, casas y agencias de cambio, exportadoras e importadoras, y cuyo directorio le respondía políticamente-, como en la Secretaría de Comercio, la Aduana y la AFIP, todos ellos organismos que intervenían en una decisión entonces crucial: quién estaba en condiciones de tener acceso a lo más escaso y requerido, el dólar oficial.

No es casual que, pasados ya dos años de aquella administración, haya al menos tres jueces María Eugenia Capuchetti, María Servini y Sebastián Casanello– que han abierto distintos expedientes sobre esas transacciones que, según cuatro sumarios internos del Banco Central, habrían superado fácilmente los 1400 millones de dólares y, de acuerdo con estimaciones actuales y preliminares del directorio del ente monetario, podría extenderse a unos 3000 millones. Cifras monstruosas si se repara no solo en las dificultades para obtener divisas de aquel momento -algo constatable simplemente con recordar los reclamos de sectores manufactureros y hasta de hospitales que se veían obligados a postergar cirugías-, sino en que la brecha entre la cotización oficial y el dólar libre llegó en octubre de 2023 al 200%, spread que les permitió a los pocos que los conseguían revenderlos y obtener cuantiosas ganancias. Nada muy sofisticado: adquirido el dólar oficial a 350 pesos, un precio ficticio dada la escasez de divisas, el operador estaba en condiciones de darse vuelta y venderlo a 900 en el mercado del blue. Todo en un año electoral y solo por haber tenido acceso a la ventanilla correspondiente, es decir, un contacto en el elenco que autorizaba la operación.

Cuatro sumarios internos del Banco Central y una causa en el juzgado de Servini involucran ya a varias casas de cambio en esas maniobras. Tres de ellas -Mega Latina, Karuna Group y Multicambio- están o estuvieron integradas por accionistas muy vinculados con la política, el peronismo y, concretamente, con el Frente Renovador.

Massa no fue solo un superministro. Era el gestor de un gobierno encabezado formalmente por un presidente débil, Alberto Fernández, y una vicepresidenta, Cristina Kirchner, que manejaba el poder real y que decidió ungir al entonces diputado como jefe de la administración económica y, finalmente, como candidato a presidente. Varios empresarios dedicados al comercio exterior han admitido en off the record ante periodistas saber perfectamente quién autorizaba y de qué modo esos dólares indispensables para importar y producir, trámite que se hacía a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un instrumento electrónico creado en octubre de 2022, no bien asumió Massa. A fines de 2023, cuando terminó el gobierno, la deuda a importadores por Sira ascendía al menos a 45.000 millones de dólares y ya existían fundadas sospechas. Tantas, que llegaron entonces a la Justicia, que abrió una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el cuestionado jefe de la dependencia, Matías Tombolini, que, sin embargo, no prosperó: a fines de diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y Casanello, el juez, terminó sobreseyendo a los seis.

Demasiados indicios, graves, serios y concurrentes como para que el líder del Frente Renovador, que aspira todavía a continuar en política, no deba al menos dar a conocer con qué criterio se tomaron algunas decisiones durante 15 meses que terminaron en una crisis económica cuyas consecuencias la Argentina padece aún hoy.

Fuente: La Nación