Jefe del ente recaudador: las causas judiciales de Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA

El recorrido por la función pública de Andrés Vázquez, desde hoy designado por el presidente Javier Milei como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estuvo atravesado por sumarios y causas judiciales.

Algunas fueron archivadas, pero al menos una permanece abierta: se inició hace un año, a partir de una presentación de dirigentes de la Coalición Cívica, luego de que una investigación de LA NACION revelara que Vázquez omitió incluir en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción tres inmuebles en Miami que habría comprado a través de sociedades en el exterior por más de 2 millones de dólares.

Por ese entonces, Vázquez ya estaba al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), cargo que ocupó hasta hoy.

La causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la investigación, a cargo del fiscal Carlos Rívolo. Hace cuatro meses, sin embargo, las actuaciones pasaron a manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en cuyo juzgado existía −por una diferencia de apenas un puñado de horas− una denuncia anterior a la formulada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Según pudo reconstruir este medio, el juez Martínez de Giorgi reclamó el caso para su juzgado. El fiscal Rívolo se opuso, al sostener que su investigación se encontraba más avanzada, pero el juez Rafecas determinó que correspondía remitir el expediente a su colega, respetando una regla no escrita en los tribunales de que las denuncias con el mismo objeto se acumulan sobre la primera presentación.

Por aquellos días se abrió otra investigación, iniciada de oficio por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que investiga irregularidades administrativas. Ese expediente finalmente fue incorporado a la causa que tramita en Comodoro Py, en la que, de acuerdo con fuentes judiciales, se están dictando medidas. “El caso no está quieto”, remarcaron las fuentes.

Archivo

Existen al menos dos causas en las que Vázquez resultó sobreseído. Una se originó tras el megaoperativo de la AFIP en las oficinas del Grupo Clarín en septiembre de 2009, cuando más de 200 agentes del organismo se presentaron en el edificio donde funcionaba el diario, solicitando información fiscal y previsional.

El operativo, realizado en medio de una disputa entre el Gobierno y el medio, fue interpretado como un acto de hostigamiento para amedrentar a los responsables de la empresa. Se abrió una causa judicial por el delito de abuso de autoridad.

En junio de 2022, casi 12 años después, la Cámara Federal confirmó, por mayoría, el sobreseimiento del entonces titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, el de Vázquez y el de Sergio Mancini, un tercer funcionario vinculado al operativo. A estos últimos, la AFIP les abrió un sumario administrativo, que acabó sin sanciones.

Meses más tarde, el juez Ariel Lijo cerraría el otro caso que tuvo al flamante jefe de ARCA bajo la lupa.

La trama se inició en 2007, cuando, en el marco de otra causa, la Justicia accedió a un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Allí figuraba el nombre de Vázquez −que era director de la AFIP− junto con el de su hermana Silvia, y comenzaron a ser investigados por la presunta existencia de dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo.

El caso recayó en manos del juez Sergio Torres, quien definió sobreseer a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación. Esa decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes.

El expediente volvió al Juzgado 12, vacante tras la partida de Torres a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En 2022, Lijo, que lo subrogaba, ordenó sobreseer a Vázquez. No porque se haya comprobado que no tenía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.

“Se adoptaron distintas medidas a nivel local: se solicitó información a la AFIP, a la UIF; se pidieron informes a entidades bancarias, registros y organismos, y se evaluaron distintos elementos patrimoniales y registrales −evaluó Lijo−. El Ministerio Público Fiscal también impulsó la obtención de información en el exterior, sin que pudiera corroborarse de manera fehaciente la existencia actual o histórica de los productos bancarios que habrían originado la sospecha que dio inicio a esta causa”.

“Las diligencias restantes que podrían impulsar el avance de la investigación se encuentran vinculadas a cooperación internacional, la que, por motivos ajenos a esta sede, no pudo concretarse con la eficacia necesaria para la obtención de evidencia útil”, sentenció.

En diciembre de 2024, LA NACION dio a conocer que Vázquez habría comprado a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares, y se inició la investigación que hoy tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi.

El pasado mes, este medio contó que Vázquez pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida no declarados con cheques electrónicos emitidos a su nombre.

Fuente: La Nación