Reforma laboral: por qué es un debate urgente

El secretario general de la Asociación de Trabajadores Argentinos (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó días atrás que su trabajo es “provocar la crisis” del gobierno nacional, al tiempo que su gremio encabezará hoy un paro contra el proyecto de reforma laboral que evalúa el oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia judicial contra el sindicalista por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”, a raía de aquella declaración pública. Será la Justicia la que determinará la gravedad de esos dichos y su eventual condena, pero más allá de eso llama la atención que, desde sectores sindicales, se planteen medidas de fuerza preventivas frente a una iniciativa sobre la cual aún no se conocen los detalles y que deberá ser tratada por el Poder Legislativo.

Es de lamentar que parte de la dirigencia sindical no comprenda que una de las causas del estancamiento de la economía y, en particular, de la creación de empleo genuino, reside en la falta de seguridad jurídica y en las rigideces de un sistema de relaciones laborales que, además, exhibe altísimos costos tanto para empleadores como para trabajadores.

Al tiempo que el número de trabajadores asalariados formales ha pasado en los últimos 15 años del 60% al 50%, la informalidad laboral se ubica actualmente en torno del 43% de la población activa. Frente a este escenario, el presidente Javier Milei formuló una justificada fundamentación del debate sobre la reforma laboral. “Los sindicatos saben que el sistema, como está, no funciona. Y la reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, explicó el primer mandatario.

De lo que se trata es de incentivar la generación de empleos en el sector privado bajando impuestos al trabajo; reduciendo el costo de indemnizaciones por despido que, en no pocos casos, terminan obligando a pequeñas y medianas empresas a cerrar para siempre sus persianas, y descentralizando la negociación colectiva para priorizar los convenios por empresa que posibiliten un mayor alineamiento de intereses entre empleadores y trabajadores.

No se trata, como equivocadamente se plantea desde sectores de la oposición y del sindicalismo, de quitarles derechos a los trabajadores, sino de todo lo contrario. No habrá mayor beneficio para el trabajador que la creación genuina de más fuentes de empleo, que además de un ingreso le ofrezcan la protección social que hoy le niega la informalidad.

Para avanzar por ese sendero, es preciso disminuir los costos laborales no salariales. Resulta inaudito que por cada 1000 pesos de sueldo, un empleador deba desembolsar más de 1500 al sumar aportes y cargas sociales, en tanto que el trabajador reciba en su bolsillo alrededor de 750. Semejante desproporción termina siendo un nefasto desincentivo para el trabajo registrado, especialmente en pymes.

Otro aspecto que coarta la generación de nuevos empleos es la elevada litigiosidad, producto de la vieja industria del juicio que hace que las demandas se multipliquen y pongan en jaque la continuidad de no pocas empresas. En ese sentido, la litigiosidad derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es en la Argentina 15 veces mayor que la de España y 21 veces mayor que la de Chile. Curiosamente, la avalancha de demandas judiciales en nuestro país no responde a un incremento de los accidentes laborales. En los últimos años, con la actual legislación preventiva de los riesgos del trabajo, se ha registrado una continua mejora de las prestaciones médicas y una reducción de los siniestros. Sin embargo, la combinación de peritajes judiciales groseramente inflados y tasas de interés desproporcionadas han convertido cada juicio laboral en una oportunidad financiera para los beneficiarios de esta vil industria.

Se trata de una cuestión cuya solución está al alcance de la mano de cada provincia, donde los respectivos tribunales superiores de Justicia deberían proceder a crear cuerpos médicos forenses, que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes derivadas de un accidente laboral y donde los peritos cobren honorarios por acto médico en lugar de porcentuales sobre el monto fijado por las sentencias.

En síntesis, se trata de defender los genuinos intereses de los trabajadores y de sus empleadores, generando las condiciones de seguridad jurídica para dinamizar la actividad económica y la creación de más empleos. Por eso, el debate sobre una modernización de las normas laborales se torna cada vez más urgente.

Fuente: La Nación