Luego de casi tres meses de labor, los diputados opositores que integran la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA presentarán este martes su informe final en el que señalarán las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un hecho que, a juicio de los legisladores, encuadra en una presunta estafa.
El documento incluirá, también, un duro cuestionamiento a las actuaciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, ambos responsables de investigar el caso.
Si bien no se los apuntará como responsables directos del posible delito, los 15 diputados opositores que integran la comisión –comandada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)- advertirán que Javier y Karina Milei tuvieron responsabilidad política y, en este sentido, habrían incurrido en negligencia y mal desempeño en sus funciones. Entre otras razones, señalarán que no se impartieron los controles necesarios que pudieron haber evitado esta y otras maniobras similares.
“Vamos a fundamentar que habría habido una estafa, que $LIBRA no fue un hecho aislado y, en ese sentido, vamos a avanzar en la determinación de responsabilidades políticas”, anticipan en la comisión. “Será un informe completo y contundente, con un capítulo de recomendaciones y otro de conclusiones. Todo será remitido a la Justicia”, agregan.
El escándalo estalló el 14 de febrero pasado, cuando el presidente Milei recomendó en la red social X una criptomoneda llamada $LIBRA, presuntamente ideada para el financiamiento de pymes argentinas. Apenas fue posteada, la criptomoneda registró una suba exponencial de su valor pero luego se desplomó; ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras virtuales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante.
La polémica en torno a la maniobra escaló cuando se revelaron las reuniones previas que Milei había mantenido con los responsables del proyecto: Julian Peh, CEO de KIP Protocol; Hayden Davis, de Kelsier Ventures y los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de acceso directo y regular al Presidente y a su hermana Karina.
Ante el tenor que cobró el escándalo, la oposición motorizó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ésta recién pudo ponerse en marcha el 25 de agosto pasado ante los sucesivos intentos del oficialismo por bloquear su labor.
Reacción oficialista
Los miembros libertarios confirmaron que mañana se harán presentes en la última reunión de la comisión investigadora y reiterarán los mismos argumentos que esgrimieron cuando estalló el escándalo: que la ofensiva opositora solo busca dañar la imagen del presidente y que la comisión investigadora no solo es inválida, sino que su labor interfiere en la pesquisa que adelante la Justicia violentando así la división de poderes.
Sobre la cuestión de fondo, los libertarios insisten en que la maniobra fue urdida entre privados y que la presunta estafa no ha sido probada por la Justicia.
Sobre este punto –la actuación de la Justicia en este caso- los opositores no escatimarán cuestionamientos al juez Martínez De Giorgi y al fiscal Taiano por “restricciones indebidas” en el acceso a evidencias, demoras injustificadas en la remisión de documentación y decisiones que, a su juicio, entorpecieron el trabajo de control institucional.
Los opositores sostienen que, en solo tres meses, la comisión investigadora logró avances que no obtuvo la Justicia en la trazabilidad del dinero que se utilizó para fondear $LIBRA y luego vaciarla gracias a los informes recibidos de distintas billeteras virtuales.
En esos informes se verificaron transferencias millonarias entre Davies, Novelli y Terrones Godoy en fechas claves del caso. De hecho, la comisión investigadora pudo averiguar que Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó una billetera relacionada con Novelli, recibiendo U$S 300.000 en noviembre de 2024 y U$S 250.000 en enero 2025.
La llamada “ruta del dinero” del caso $LIBRA promete ser la revelación más importante que ofrecerá el informe opositor, el cual será remitido a la Justicia una vez presentado en el Congreso. Se trata de un dictamen de carácter político el cual se fundamentará en informes técnicos, intercambios documentados entre organismos y testimonios tanto de expertos como de algunas de las víctimas de la maniobra.
El informe, sin embargo, no contará con testimonios de los funcionarios eventualmente involucrados, ya que éstos se negaron a presentarse ante la comisión y la Justicia le denegó a la oposición la posibilidad de hacerlos comparecer por la fuerza pública. Entre los funcionarios que fueron citados figuran Karina Milei; Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; y Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA.
Por Laura Serra
Fuente: La Nación
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