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Un juicio complejo. El llamado juicio de los cuadernos de las coimas nació con la promesa de ser el emblema de una nueva etapa institucional: la de una justicia finalmente dispuesta a enfrentarse a la corrupción estructural. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en el ejemplo más visible de un Poder Judicial desbordado por su propia morosidad. No por exceso de pruebas ni de imputados, sino por falta de dirección.
El proceso quedó reducido a lecturas interminables, testimonios infinitos y una predecible madeja de imputaciones y pedidos de nulidad. Es un sistema sin arquitectura, sin plan de gestión ni criterios de organización. El problema no es solo procesal, es sobre todo un problema de legitimidad. Cuando el proceso se vuelve opaco, la verdad deja de ser un bien público y la confianza en la justicia se resiente, una vez más.
No siempre la cosa fue así. El Juicio a las Juntas fue, ante todo, un modelo de prudencia institucional. Entre las difíciles restricciones del Código de Justicia Militar que debieron utilizar, la preocupación de los jueces era sobre todo, además de aplicar el derecho al caso, la de asegurar la legitimidad del proceso, asegurar a la ciudadanía que el juicio no era un evento de venganza política sino un proceso de aplicación de la ley de la nueva democracia constitucional.
Los jueces tomaron ochocientas cincuenta declaraciones de testigos en cuatro meses. Trabajaron todos los días de la semana desde temprano en la tarde a entrada la madrugada del día siguiente. El juicio de los cuadernos propone tomar audiencias un día por semana durante cuatro horas A diferencia del juicio de 1985, en los cuadernos no hubo voluntad de gestionar la complejidad sino de acumularla.
La tradición de los juicios orales, adversariales es anglosajona. En Inglaterra o Estados Unidos, un caso semejante se aborda bajo la lógica del judicial management. Allí, el juez no se limita a ser árbitro del conflicto: es su organizador. El managing judge convoca audiencias periódicas, fija etapas y plazos, determina qué pruebas son esenciales, designa coordinadores y establece la secuencia de los juicios cuando hay múltiples imputados.
Los modelos anglosajones no son moralmente superiores, pero sí institucionalmente más disciplinados: entienden que la legitimidad judicial es inseparable de la claridad organizativa. El juicio de los cuadernos es un ejemplo de cómo un caso importante puede naufragar no por corrupción o negligencia, sino por falta eficacia organizativa.
La confianza ciudadana en los jueces depende menos de su independencia que de su capacidad de ofrecer razones públicas y procedimientos inteligibles. La legitimidad judicial se construye en el modo en que los tribunales hacen visible su razonamiento. En este sentido, el juicio de los cuadernos se encamina a ser un fracaso ético antes que jurídico: porque un tribunal que no puede explicar qué está haciendo pierde su autoridad moral. La justicia no necesita sólo de veredictos conformes a la ley: necesita mostrar ejemplos, hacer pedagogía sobre lo que significa vivir en un estado de derecho, no un estado que depende del arbitrio de personas.
El nuevo Código Procesal Penal Federal abre una oportunidad. Su estructura acusatoria y oral permite imaginar un sistema de gestión judicial más parecido al anglosajón. Pero para que eso ocurra hacen falta tres cosas: formación en gestión para jueces y fiscales; diseño de casos con protocolos para causas múltiples; y rendición de cuentas sobre la administración del proceso. Sin un cambio cultural que asuma que la justicia también es una forma de organización social, seguiremos confundiendo severidad con eficacia y procesalismo con justicia.
El Juicio a las Juntas fue una lección de método y de coraje: un país que venía del terror logró transformar el caos en procedimiento y la violencia en palabra. El juicio de los cuadernos, en cambio, viene mostrando que sin método no hay justicia posible. Entre ambos extremos —el orden de 1985 y el desorden de hoy— se juega la posibilidad de reconstruir la legitimidad del Poder Judicial. No hace falta importar modelos; basta con recordar que ya supimos hacerlo. Que ya tuvimos un Estado capaz de organizar la verdad antes de imponerla, y una justicia que entendió que el derecho, como la democracia, necesita dirección eficiente, ejercicio estricto de la ética profesional, y aplicación imparcial de la ley.
El autor es abogado y profesor de Derecho en la UBA y en la UTDT.
Por Martín Böhmer
Fuente: La Nación
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