Se evitó el peor de los defaults, el moral

Hubo decenas de intentos de los acusados por encontrar una “salida de emergencia” antes de que el tribunal se siente y dé por comenzado el juicio oral en la megacausa por corrupción contra el Estado conocida como “los cuadernos de las coimas”. Desde operaciones judiciales, que incluyeron denuncias penales; infundados argumentos para hacer pasar millonarios pagos ilegales como aportes de campaña y reiterados esfuerzos por apartar a jueces, entre un enorme cúmulo de orquestadas estrategias tendientes a que todo quedara en la nada. Sin embargo, el artilugio más inaudito desde el punto de vista institucional y ético llegó pocas semanas antes de que el proceso oral y público tenga su esperado día uno, el 6 del mes próximo. Fue entonces cuando 50 imputados, entre exfuncionarios y empresarios, ofrecieron 15 millones de dólares a cambio de ser sobreseídos.

Acertadamente, los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, integrantes del Tribunal Oral Federal 7, dieron por tierra con ese temerario pedido de “reparación integral” que, de haberse concedido, hubiera implicado, como bien ha dictaminado la fiscal Fabiana León, que la corrupción termine negociándose, en vez de ser juzgada.

Aceptar aquella propuesta de los imputados hubiera dejado sentado un tan escandaloso como pésimo antecedente: ponerle precio a la impunidad; que los casos de corrupción se convirtiesen en una especulación financiera para los corruptos, en una luz verde para corromperse, guardar una parte de lo robado para pagar la impunidad y especular en qué momento del proceso jugar esa ficha de “blanqueo”.

La causa Cuadernos ha ido desnudando a lo largo de todas las instancias de investigación la existencia de una gigantesca estructura de corrupción para recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo. El hecho fue revelado mediante una investigación periodística de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno contó con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar fondos provenientes de pagos que hacían empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. De la causa madre se derivaron otros expedientes sobre coimas en importación de gas licuado, el otorgamiento de subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la concesión de peajes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el país y en el exterior, como las atribuidas a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Son más de 500 los hechos investigados.

La solución de la llamada “reparación del daño”, establecida en el Código Penal como una de las causales de extinción de la acción penal, tiene una aplicación muy concreta. Precisamente, estimar el daño como primera condición. Ahora bien, ¿qué daño causó el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien declaró que llegaban bolsos con dinero a su despacho? Imposible de cuantificar para los ciudadanos comunes, pero parece que no para él, ya que ofreció 40.000 dólares más una actualización como moneda de cambio para quedar libre de culpa y cargo. Es decir, uno de los ocupantes del despacho que comunica directamente con la oficina presidencial consideró que, con el valor similar al de un automóvil podía “indemnizar” al Estado por el robo sistemático a las cuentas públicas.

Los constructores de obra vial que dejaron miles de kilómetros de asfalto sin obras o en malas condiciones no le fueron en zaga al exfuncionario. Según ellos, el daño que le causaron a la infraestructura del país se subsanaba con un cheque por 15 millones de dólares, es decir con algo así como 13 kilómetros de autopistas. Una aberración que exime de mayores comentarios.

La audiencia en la que cada parte expresó su descabellada posición resultó determinante para que aquella infame “puerta de escape” no se abriera. “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”, resumió la fiscal León en el dictamen considerado por el tribunal.

Uno de los argumentos más esgrimidos por los acusados para evitar rendir cuentas por sus actos fue que el tamaño del juicio -con 147 personas imputadas- hacía conveniente arribar a una “solución extraordinaria”.

“La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción. Exige más compromiso institucional”, sostuvo Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo querellante. El funcionario argumentó que proceder en forma contraria implicaría dar por sentado que cuanto más grande y dañino es el delito, más fácil resulta la salida. “La complejidad no es excusa, es prueba de la gravedad”, afirmó.

La causa cuadernos expone, como ninguna otra, un esquema corrupto en el que hubo cómplices en el Estado y en el mundo de los constructores o de los dueños de empresas reguladas. Fue un relato a cielo abierto, con testimonios reveladores de la magnitud de los delitos cometidos. Pasaron 7 años durante los cuales los imputados intentaron todos los caminos posibles para abortar la investigación. Fueron años de desprecio por la verdad y de acusaciones sin fundamentos. Se intentaron instalar falacias sobre el material original, tildándolo de fotocopias sin valor y hasta hubo intención de abrir el teléfono de un periodista que investigó el caso y de reclamar las cámaras de seguridad de LA NACION para conocer sus movimientos. Fue el vil emplazamiento de un enorme teatro para instalar en la opinión pública que todo era mentira.

No tuvieron éxito. Esas abyectas acusaciones fueron siendo desbaratadas una tras otra. Los jueces, como corresponde, han puesto por encima de todo a las instituciones, evitando que la República entrara en el peor de los default: el moral.

Fuente: La Nación