En medio de las denuncias de corrupción que enfrenta el Gobierno por las acusaciones contra Karina Milei y otros funcionarios, la Oficina Anticorrupción aprobó una «Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional», que establece lineamientos y bajadas de línea para el diseño de políticas de ética y transparencia en el marco de la administración pública.
La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 12/2025, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del titular del organismo, Alejandro Melik, y tiene como objetivo fortalecer la integridad institucional y prevenir hechos de corrupción adoptando buenas prácticas y aplicando herramientas de monitoreo.https://drive.google.com/file/d/1TADARrU-_gZhAAQF6yDi5RZwQoE5ifjY/preview
Según se indicó, el documento se difundirá «a nivel federal, con el propósito de aportar herramientas teóricas y prácticas para la implementación de políticas de integridad en los niveles provinciales y municipales» y será distribuido por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, a través de la Red de Enlaces de Integridad.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
El documento presentado este lunes se originó a partir de un proceso coordinado por la Dirección mencionada, con aportes del Observatorio de Políticas de Integridad, que buscó «contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad y transparencia, como así también a fortalecer la articulación y sinergia entre los distintos organismos públicos».
En el documento elaborado se presentan directrices que buscan establecer «lineamientos comunes y estándares de calidad para el diseño e implementación de dichos Programas, preservando la unidad de criterio, asegurando su eficacia y adecuación a las mejores prácticas internacionales», según los Programas de Integridad impulsados por diferentes organismos del sector público.
La Guía presentada se enfoca desde la planificación estratégica, el análisis y gestión de riesgos, hasta la implementación de mecanismos de control, la promoción de una cultura organizacional de ética y la gestión de conflictos de intereses, teniendo así un «enfoque metodológico integral» de todos los componentes esenciales del procedimiento.
La promoción de una cultura organizacional de ética y transparencia, la gestión de conflictos de intereses y de declaraciones juradas, la integridad en las contrataciones, la participación ciudadana y la implementación de mecanismos de denuncias y consultas son algunos de los componentes esenciales incluidos en el manual.
Según se indicó, también en la primera parte del documento «se ofrecen orientaciones para construir capacidades sostenibles que consoliden prácticas perdurables en el tiempo».
Al mencionar los argumentos que llevaron a la elaboración del manual, la Oficina Anticorrupción señaló las obligaciones asumidas por Argentina en la lucha contra la corrupción, de modo que se fijaron criterios de prevención y mecanismos para la detección, minimización y sanción de irregularidades dentro de la administración pública.
«Argentina ha suscripto la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley Nº24.759), la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley Nº25.319) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley Nº26.097)«, se indicó.
La decisión también se comprende dentro del marco legal que incluye la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401) y el Código de Ética Pública, entre otras normativas.
La presentación de la guía anticorrupción se realiza en medio de la tensión que enfrenta el gobierno ante las acusaciones que involucran a Karina Milei y otros funcionarios en un presunto entramado de coimas y corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La causa se abrió a partir de los audios del extitular de organismo, Diego Spagnuolo, en los que se explicaba cómo se manejaba, supuestamente, todo el sistema de coimas que involucraría no solo a la hermana del presidente Javier Milei, sino también a los dueños de la droguería Suizo Argentina.
«Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así», se indicó en lo audios filtrados.
Fuente: Perfil.com
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