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Tras sufrir una derrota aplastante en el recinto con el rechazo a dos vetos presidenciales, la oposición en la Cámara de Diputados le propinó otro golpe al Gobierno: logró destrabar el tratamiento del proyecto de ley que empodera al Congreso para restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU),una herramienta de gestión indispensable para el presidente Javier Milei.
A mano alzada, los diputados emplazaron a las comisiones de Asuntos Constitucionales -que preside el libertario Nicolás Mayoraz– y de Peticiones, Poderes y Reglamento -que encabeza Silvia Lospennato (Pro)- para que el martes 30 de setiembre se emita el dictamen correspondiente. Una vez cumplido este paso, los opositores pretenden llevar este tema cuanto antes al recinto.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, por lo que si la Cámara de Diputados lo aprueba, será ley. El presidente Javier Milei podría vetarlo; de allí la preocupación de la oposición por apurar los tiempos, ya que el 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso. Después de ese plazo no tendrían posibilidades de insistir en la ley, al menos hasta marzo próximo.
El proyecto modifica la ley 26.122 de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. En primer lugar, elimina la convalidación tácita de los DNU a partir del silencio del Congreso (sanción ficta); exige, en cambio, que éstos sean aprobados de manera expresa por ambas cámaras –y con mayoría absoluta- para que mantengan su vigencia.
Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática.
En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
El proyecto opositor incorpora un tercer punto también relevante: prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de “decretos ómnibus” como el DNU 70/2023 con el que el presidente Milei inauguró su gestión. En el artículo primero del dictamen los senadores dejan en claro que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso.
Según fuentes legislativas, la iniciativa fue impulsada por los gobernadores para mostrar poder de fuego ante Javier Milei tras la ruptura de relaciones acelerada en los últimos meses por el traumático cierre de listas y alianzas electorales en varias provincias. El encargado de llevarla a cabo en el Senado fue Carlos Espínola (Las Provincias Unidas-Corrientes).
Más emplazamientos
Previamente, los diputados opositores también emplazaron a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud -esta última encabezada por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), para que se dictamine sobre los proyectos para interpelar a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
A mano alzada, se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud para que dictaminen el próximo martes 23 de septiembre a las 14. Los proyectos presentados pertenecen a Sabrina Selva (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda). Una vez que obtengan despacho, quedarán en condiciones de ser votados en el recinto.
“Hay evidencia suficiente para exigir algún tipo de explicación por parte del Poder Ejecutivo, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, ni del presidente, el ministro de Salud, el titular de la cartera, no ha hecho una sola declaración al respecto”, aseguró el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), encargado de pedir el emplazamiento a las comisiones.
“Estamos frente a una política increíblemente inhumana de un gobierno inhumano y corrupto, donde al mismo tiempo que le ajusta a las personas con discapacidad, arma un esquema de saqueo con las empresas proveedoras. Esto no es austeridad, esto es un sistema de corrupción”, aseveró.
Por Laura Serra
Fuente: La Nación
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