La pérdida de un funcionario idóneo

Llama la atención que el gobierno de Javier Milei se haya desprendido de nada menos que 160 funcionarios de alto rango en sus primeros 600 días de gestión. Pero lo que más sorprende es que, dentro ese grupo de hombres de Estado designados oportunamente por el propio presidente de la Nación, figuren algunos funcionarios que han dado sobradas muestras de idoneidad en sus puestos, además de contar con valiosos antecedentes para desempeñar altas funciones en el sector público.

Uno de los casos más asombrosos es el de Miguel Blanco, desplazado el mes último de la titularidad de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), máximo organismo de control interno de la administración pública nacional.

Contador público con una dilatada trayectoria en la vida empresarial, Blanco había sido designado al frente de la Sigen al poco tiempo de asumir el actual gobierno nacional. No tenía pertenencia al grupo de dirigentes más cercanos a Milei, pero sus antecedentes lo hicieron merecedor de ser invitado a ocupar un cargo clave, para el que se requieren independencia política y honestidad. Además de haber pasado por distintas empresas, el funcionario saliente había sido presidente de IDEA y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, entidades que aportaron una moderna visión para la solución de los problemas del país.

Frente a una administración pública elefantiásica y plagada de nichos de corrupción como la argentina, el papel de la Sigen se torna tan necesario como determinante para que los funcionarios a cargo de la ambiciosa desregulación y transformación del Estado que se ha propuesto el presidente Milei cuenten con información valiosa que les permita avanzar con ese cometido. Y nada puede objetársele al extitular de la Sigen, quien llevó a cabo un trabajo prolijo y revelador, que sirvió de base para fundamentar no pocas disoluciones de organismos públicos que sobresalían por su ineficiencia, cuando no por graves irregularidades.

Una de las últimas auditorías más importantes se centró en las irregularidades en el registro y financiamiento de comedores escolares. Se registró que de las más de 54.000 inscripciones en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), el 87% presentaba irregularidades tales como duplicaciones o direcciones inexistentes, en tanto que más de 38.000 establecimientos nunca habían sido auditados físicamente.

El extitular de la Sigen Miguel Blanco llevó a cabo un trabajo prolijo y revelador, que sirvió de base para fundamentar no pocas disoluciones de organismos públicos

Durante la gestión de Blanco, la Sigen informó también innumerables anomalías en otros organismos y en fondos fiduciarios.

Así, por ejemplo, la Sigen detectó, respecto del funcionamiento del Fideicomiso de Participación Público Privada Red de Autopistas y Rutas Seguras, la inexistencia de información necesaria para cumplir con la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos. Determinó también la existencia de irregularidades en el desenvolvimiento del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico, del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, anomalías que sirvieron para justificar la disolución de esos fondos.

No menos relevante fue el informe de la Sigen que, al evaluar el desenvolvimiento del controvertido Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), observó la adjudicación de determinadas obras a cooperativas que no acreditaron fehacientemente antecedentes de especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación requerida. Algo parecido fue advertido en el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS), donde la Sigen detectó, en línea con lo realizado en el ámbito del Ministerio de Economía, debilidades en los procesos de rendición de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera, y ausencia de monitoreo y control. En el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el órgano de control observó numerosas falencias, tales como la demora en la entrega de viviendas, con los consecuentes mayores costos de mantenimiento, vigilancia y gastos de expensas; numerosos reclamos por falta de condiciones de habitabilidad de las unidades entregadas y la falta de actualización de los manuales de procedimiento, además de una gestión que no ha sido transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común. Se trató de elementos suficientes para que el Poder Ejecutivo ordenara la disolución y liquidación del Procrear.

Esta enumeración de acciones nos lleva a preguntarnos por la razón de la intempestiva salida de un funcionario idóneo e independiente como Blanco, que estaba conduciendo a la Sigen por el camino correcto.

Como en otras ocasiones, las sospechas estarán a la orden del día. Seguirá por ahora llamando la atención que Milei aplique la guillotina sobre funcionarios probos –desalentando de ese modo la posibilidad de que otros profesionales valiosos del sector privado puedan incorporarse a la gestión pública– y no vuelen por los aires otros colaboradores que han merecido severos cuestionamientos e incluso impugnaciones éticas. Especialmente, luego de que, como reveló una investigación periodística de LA NACION publicada el 10 del actual, continúan los “peajes” en ámbitos como la Aduana, donde quienes cobran coimas siguen operando en las sombras.

Fuente: La Nación