Desde hoy comienza a funcionar en la Argentina una Corte Suprema de Justicia con sólo tres de sus cinco jueces en funciones, signada por el conflicto entre ellos y la incertidumbre acerca de cómo, quiénes y cuándo van a completar el tribunal. No se sabe si llegarán el juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que propone el Gobierno, si lo harán en el verano o a lo largo del año y si su designación se hará según le procedimiento previsto en la Constitución Nacional o si Javier Milei acudirá al atajo de un decreto presidencial.
La jubilación a los 75 años del juez Juan Carlos Maqueda dejó a la Corte Suprema con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que promueve al juez Lijo para integrar el máximo tribunal y que en los últimos días acrecentó su enfrentamiento con el resto. La presión por Lijo y el conflicto interno siembra de dudas el futuro de la Corte Suprema.TERREMOTO EN EL CORAZÓN DEL SISTEMA
La única buena noticia ante este escenario es que desde esta semana empieza la feria judicial de verano: hasta fin de enero los tribunales estarán cerrados y la Corte no tiene que dictar sentencias ni reglamentaciones, excepto en los casos urgentes, que son excepcionales.
La salida de Maqueda, tras 22 años en la Corte, fue inédita, emotiva, con 550 empleados despidiéndolo, banda de música y aplauso en las escalinatas de tribunales. El exjuez participó en los tres poderes del Estado y se fue enfrentado con Lorenzetti, de quien fue aliado fiel cuando ocupó la presidencia de la Corte durante 10 años, hasta que se alineó con Rosatti y Rosenkrantz.
Durante la feria de enero estarán de turno en la Corte Rosenkrantz, entre el 1 y el 12 y del 28 al 31; Lorenzetti, del 1 al 11, y Rosatti, del 13 al 27. Nunca Lorenzetti quedará solo y no es casual en el diseño vacacional, sino un indicio de la desconfianza de sus colegas.
Lorenzetti escaló en su enfrentamiento con Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz durante las últimas semanas, firmando punzantes disidencias en acordadas administrativas, donde los acusó de tener ambiciones de poder, de querer condicionar a los futuros magistrados que ingresen al tribunal y hasta amenazó con hacer denuncias.
La última disidencia la firmó el 26 de diciembre, después de Navidad, y la enfocó en Maqueda. Sostuvo que su salida es un “triste final” para sus 22 años de carrera y que “muestra una despedida con claudicaciones que sorprende”. Las críticas obedecían a la designación de una secretaria de jurisprudencia.
Cerca de Lorenzetti prevén que no serán necesarias nuevas expresiones de este tipo, excepto que se tomen decisiones administrativas que para el juez sean inconvenientes, porque se alejan de la austeridad o de los principios de la Corte. Las cuestiones administrativas se pueden resolver con dos firmas, por ejemplo Rosatti y Rosenkrantz, sin Lorenzetti. Las sentencias requieren de unanimidad, ya que son necesarias tres firmas en un mismo sentido.
Los enfrentamientos se dan en los asuntos administrativos, no en los casos sobre los que debe fallar la Corte, donde allí las posiciones son jurídicas y los jueces hacen mayorías y minorías según sus posturas en los diversos temas, como federalismo, impuestos, autonomía, derechos laborales o coparticipación.
En el último acuerdo del año, el viernes pasado, la Corte firmó un fallo que provoca un cambio gigantesco en la manera en que tramitarán las causas judiciales en la ciudad de Buenos Aires. Decidió que en los casos de la justicia nacional ordinaria, sean civiles, laborales, penales o comerciales, el máximo tribunal de revisión es el Superior Tribunal de la ciudad de Buenos Aires.
En la práctica, esto implica el reconocimiento de que las decisiones de los jueces nacionales son revisables por los jueces de la ciudad, es un avance en la autonomía de la justicia porteña y es –mediante una sentencia– empezar a saldar una deuda del Congreso, que nunca avanzó en el traspaso pleno de la Justicia Nacional a la Ciudad. El último intento fue un articulo de la Ley Bases que fue removido por sugerencia de los jueces.
Es que la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el gremio de los jueces, agrupa a los jueces nacionales y a los federales. El fallo de la Corte claramente provoca una fractura, ya que les da diferente estatus a unos con respecto a los otros. Los nacionales son revisables por la Corte porteña y los federales, no.
Esto prenuncia una implosión en la Asociación de Magistrados. Lo reconocieron sus integrantes, aunque no sería inminente. Se trata de un cisma que tendría consecuencias institucionales.
La elección de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura se hace entre los que integran la Asociación de Magistrados (dos nacionales y dos federales). Pero si hay división, la que se prepara para ocupar ese lugar es la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), una organización de magistrados federales, creada por inspiración de Lorenzetti y donde Ariel Lijo tiene incidencia junto con Sergio Fernández, el poderoso camarista que lidera el fuero contencioso administrativo federal, hermano de Javier Fernández, hoy auditor general de la Nación por el peronismo y hombre de múltiples contactos en los tribunales.
Por ahora, Ajufe se abocó a cuestiones académicas, congresos y conferencias, pero su destino siempre fue ocupar el lugar de la Asociación de Magistrados si avanzaba el traspaso. En Ajufe creen que ese momento se acerca.
Mientras se suceden estos reacomodamientos, la Corte envió señales al Gobierno de que puede funcionar con tres jueces, como ya lo hizo en el pasado con Lorenzetti como presidente. Se dictó un reglamento para convocar a conjueces que fallen cuando no hay una mayoría de tres: unanimidad. Es decir, si solo dos jueces están de acuerdo y hay un tercero en desacuerdo, hay que convocar a dos conjueces para conformar la integración legal de cinco magistrados para votar en el caso.
Los conjueces son los presidentes de las Cámara Federales de todo el país que se designan por sorteo en cada caso donde es necesaria su intervención. Desde 2021, cuando la jueza Elena Highton de Nolasco renunció y dejó incompleta a la Corte, fueron 69 los casos resueltos con conjueces. La Corte dictó este último viernes dos nuevos fallos con conjueces, una demostración de que se puede funcionar. Pero reglamentó agilizar su nombramiento, lo que motivó una disidencia furibunda de Lorenzetti, que se quejó de que sus colegas quieren condicionar a los nuevos jueces que ingresen al tribunal.
Jubilados y reclamos provinciales
El reglamento prevé que los mismos conjueces voten en casos análogos, para preservar la jurisprudencia. Pero Lorenzetti advirtió que esto es peligroso y puede acarrear nulidades. Por ejemplo, hay 50.000 causas de jubilados donde se cuestiona la constitucionalidad de la reforma previsional de Mauricio Macri. Hoy, los votos están divididos en la Corte. Si colocan conjueces presidentes de las cámaras, puede que les toque a los que ya dijeron que la medida es inconstitucional, lo que pone en riesgo la instancia superior y la institucionalidad.
En las causas de fondos que reclaman las provincias, en muchos casos los camaristas fueron colocados en sus cargos a instancias de un gobernador, con lo que se podrían sentirse tentados de votar en defensa de sus provincias, lo que implica un riesgo. “Las reglas se establecen y se debe prever que sucede si se usan mal”, dicen cerca de Lorenzetti.
En la mayoría de la Corte rechazan estas advertencias y señalan que se puede funcionar perfectamente bien, sin riesgo de nulidades, como ocurrió en el pasado.
El conflicto de Lorenzetti con Rosatti y Rosenkrantz escaló a un punto nunca visto en público. Lorenzetti acusó a sus colegas de tomar medidas “ilegales”, se reservó el derecho de presentar denuncias y dijo que “hay ambición de poder”, “mediocridad” y falta de “principios morales”. Toda una declaración de guerra. Hasta ahora, las internas de la Corte nunca rebasaron estos límites. Y a pesar de que algunos se retiraron el saludo o ni se hablaban, nunca dejaron de reunirse en los acuerdos semanales para firmar sentencias. Habrá que ver si este clima beligerante continúa en 2025 y, también, cómo se reacomodan las alianzas internas.
Las internas parecen aplacarse con la llegada del nuevo año, dicen fuentes de la Corte, que afirman que los señalamientos puntuales de Lorenzetti ya fueron suficientes. “No creo que haya disidencias de superintendencia, no veo mucho problema”, aventuró un funcionario judicial con optimismo.
El factor Milei y la apuesta de Lorenzetti
En la Corte esperan ver qué sucede en la Casa Rosada con los pliegos de Lijo y García-Mansilla. El dictamen con el pliego de Lijo cuenta con los votos para ser llevado al recinto, pero el Gobierno se dará hasta fines de enero para buscar los dos tercios de los votos de los senadores necesarios para aprobarlo en el recinto. El de García-Mansilla está más atrasado.
Lorenzetti, que apoya el pliego de Lijo, está convencido de que los dos van a triunfar en el Senado. Por más que algunos le proponen al Gobierno que separe el pliego de Lijo y lo lleve al Senado, y que el de García- Mansilla lo disponga por decreto.
“No es complicado, en algún momento va a entrar los dos candidatos. En extraordinarias, en febrero o en marzo, siempre fue así. Nunca Lorenzetti tuvo dudas de eso”, señala un colaborador de Lorenzetti, que recuerda que cuando Mauricio Macri designó a Rosatti y Rosenkrantz los pliegos demoraron en el Senado, pero al final hubo un acuerdo político que manejaron Miguel Ángel Pichetto y Gerardo Zamora.
Lorenzetti cree que la carta secreta para lograr el acuerdo en el Senado es que todos los gobernadores prefieren una Corte integrada, donde ellos puedan incidir, antes que una Corte incompleta.DIANA MONDINO: EL CAMBIO DE VIDA QUE ASUMIÓ TRAS SER ECHADA POR MILEI
Una Corte integrada redefiniría las relaciones de poder, las alianzas y el funcionamiento interno del tribunal. Lorenzetti confía en su ascendencia sobre Lijo. García-Mansilla tiene posiciones en común con Rosenkrantz en algunos temas. Rosatti, en tanto presidente, tiene el desafío de mantener la nueva armonía y hacer funcionar el tribunal.
La única certeza son las causas que tienen entre manos para resolver, donde destacan asuntos de alto impacto económico para el gobierno nacional. La Corte también debe decidir si confirma o no la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Si la Corte rechaza los recursos de la vicepresidenta, es inexorable que cumpla su condena a seis años de prisión, aun arrestada en su casa y vigilada con una tobillera electrónica.
Por Hernán Cappiello
Fuente: La Nación
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