Estalló una nueva batalla de la guerra interna que domina la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de los jueces del tribunal hicieron un cambio administrativo con la creación de una secretaría penal, pero Ricardo Lorenzetti se opuso en duros términos y dijo que la decisión oculta “oscuros intereses” y que esto sucede cuando la “ambición desplaza la excelencia”.
“La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, dijo Lorenzetti al votar en disidencia son sus colegas.
El cambio fue decidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el juez Juan Carlos Maqueda, que funcionan en unidad a la hora de decidir los temas de gestión de la Corte. Lorenzetti quedó fuera y desde esa posición viene fustigando al resto en cuestiones internas del tribunal, como las denuncias por el funcionamiento de la obra social, o la decisión de la mayoría que removió al administrador de la Corte.
Todas estas medidas provocaron indignados escritos de Lorenzetti con las decisiones de sus colegas. Lorenzetti fue juez de la Corte durante más de una década y perdió ese cargo cuando cambiaron las mayorías. Desde entonces viene haciendo estas observaciones. Ahora con la postulación de Ariel Lijo para la Corte, que él mismo impulsó en el Gobierno, busca empezar a cambiar esas mayorías.
Este cambio se da cuando hay expectativa porqué un juez federal penalista como Lijo, pueda ingresar al máximo tribunal, y en ese sentido se puede interpretar como un movimiento preventivo. Lorenzetti asegura que la idea es que ese nuevo secretario maneje las causas penales importantes obedeciendo ordenes “que no se publican”.
El argumento de la mayoría para hacer estos cambios es que se vienen acumulando causas en la secertaría penal de “manera considerable y sostenida” y que deben intervenir para “garantizar la buena administración de justicia” y satisfacer “los crecientes planteos de los justiciables”.
Y por eso las tareas se organizarán de esta manera: la nueva secretaría penal especial atenderá los casos de juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia, cuestiones de competencia y habeas corpus; y el resto quedarán en la secretaría actual.
Lorenzetti, en una disidencia incendiaria, dijo que la “invocación de principiaos de buena administración no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”.
“Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”, escribió el juez. Dijo que estaba triste por el estado de la Corte y señaló que su misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos queda desnaturalizada “cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”.
Indicó que se designan a personas sin concurso en base a la amistad o el parentesco, sin austeridad, y que esta situación se da cuando fueron nominados dos nuevos jueces; por lo que “es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”.
“La Superintendencia de la Corte Suprema debe enfocarse en solucionar los gravísimos problemas que padece el Poder Judicial en todo el país. La Corte Suprema, que integra el Consejo de la Magistratura, tiene la obligación de requerir que se cubran los cargos, que los concursos sean transparentes, que no se alteren las listas, que se respete el mérito, que se asista en tiempo y forma a los Tribunales que no tienen los recursos mínimos para funcionar. Que en las cuestiones internas, es necesario ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”, escribió el juez.
Lorenzetti dijo que de lo que se trata es de ocupar espacios de poder antes de la asunción de los nuevos ministros. Volvió con el tema de las demoras en los fallos por “la falta de gestión en los acuerdos”, en alusión a Rosatti y sus colegas y señaló que hay 300 causas trascendentes y casi 60.000 expedientes sin resolver, “lo que es inédito”.
“Esos atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios. La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis”, dijo.
Lorenzetti argumentó que es injustificada la creación de una nueva secretaría penal, con un nuevo secretario, altos costos y sin concurso.
“La falta de sentencias con argumentos fundados es responsabilidad de los ministros”, dijo el juez y puso ejemplo que hay cientos de causas en las que se discute la constitucionalidad de la prisión perpetua y que solo dos jueces contestaron a las sugerencias de los secretarios para avanzar con esos caso. Dijo que Rosatti no contestó.
Dijo que al dividir en dos la secretaría penal quedara 1000 expedientes en la nueva con el viejo secretario, y en la vieja sin secretario 6000 expedientes. “Un vaciamiento de la actividad del secretario actual, sin fundamento alguno”, dijo Lorenzetti.
“La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”.
Y dijo que hay una serie de decisiones de la Corte que siguen el mismo patrón y son todas aquellas en las que Lorenzetti se opuso con fuertes disidencias. Por ejemplo en torno a la creación de la Comisión de Lenguaje Claro, la Oficina de Bienestar Laboral, la oficina de estadísticas de un “portal de comunicación” cuando existe el Centro de Información Judicial. “Se pretende crear un modelo que se abandonó hace veinte años, simplemente para nuevas designaciones”, dijo.
Y siguió con enumeraciones de estructuras creadas que según su criterio son innecesarias o generan duplicaciones de funciones. “Se creó la Secretaría de Desarrollo Institucional, a cargo del Dr. Valentín Thury Cornejo. Con el paso del tiempo se advirtió que no tuvo un funcionamiento real ni respondía a necesidades concretas” considerando que tiene un Secretario de Corte, un Prosecretario Letrado, un Director General, un Prosecretario Administrativo, un Jefe de Departamento y un Oficial.
Fuente: La Nación
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