La investigación sobre las extorsiones por los planes sociales abre paso a una interrogante: ¿qué hacían las estructuras políticas cuestionadas con el dinero que recibían por parte de los beneficiarios? En los allanamientos a distintos domicilios se encontraron cerca de US$75.000 y hay sospechas de que se realizaron plazos fijos por parte de quienes gestionaban los recursos. Pero, además, según pudo confirmar LA NACION, los dirigentes no solo le habrían exigido pagos a los titulares del Potenciar Trabajo, sino que sus cooperativas recibieron subsidios millonarios del Estado para gestionar los planes, comprar maquinaria y materiales, pero los gastaron en conceptos cuestionables.
La cooperativa El Resplandor, asociada a los imputados del Polo Obrero y sus comedores, es un eje clave de la investigación. Según documentación oficial, firmó varios convenios con el ex-Ministerio de Desarrollo Social para ser una unidad de gestión. Informes de la actual cartera de Capital Humano revelan que la cooperativa recibió por lo menos en tres ocasiones sumas para, presuntamente, invertir esos subsidios en “proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios”. En 2021, por este concepto, recibió dos transferencias de $37,5 millones y, en 2022, una por $99,9 millones.LA CASA ROSADA AHORA AMENAZA CON LA POSIBILIDAD DE UN PACTO DE MAYO SIN GOBERNADORES, PERO “CON LA CIUDADANÍA”
Los fondos eran transferidos desde las oficinas de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, donde trabajaba Jeremías Cantero, referente del Polo Obrero en la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales imputados.
En una de las conversaciones recopiladas por la intervención judicial de teléfonos, dos personas expresaron preocupación por que la investigación lleve al fiscal Gerardo Pollicita a la cooperativa El Resplandor. Los imputados Cantero y Elizabeth del Carmen Palma (quien preliminarmente es señalada en la investigación como quien gestionaba el envío de información de los beneficiarios), tuvieron una charla el 27 de marzo en la que se mostraron inquietos ante la posibilidad de que la Justicia investigue a la cooperativa por lavado de dinero.
Las unidades de gestión son las entidades intermediadoras que debían corroborar que los beneficiarios de planes supuestamente cumplan con sus horas de trabajo para percibir cada mes sus ingresos. La investigación da cuenta de que, al menos en los casos analizados, no era la asistencia al trabajo y el cumplimiento de tareas lo que determinaba que los cooperativistas recibieran el monto del Plan Potenciar Trabajo, sino realizar pagos en concepto de “cápitas” o aportes a los delegados, y asistir a las marchas.
LA NACION también accedió a un listado de facturas rendidas al ex-Ministerio de Desarrollo Social en concepto de gastos para los proyectos laborales que debían realizar con los beneficiarios de planes sociales. El informe corresponde al período comprendido entre julio de 2021 y febrero de 2022, en el que reportaron haber realizado gastos por un total de $27.222.112,81.
Lo primero que se destaca es que el concepto por el que más facturas se realizaron fueron a imprentas que, adicionalmente, son las mismas que en distintas campañas el Frente de Izquierda reportó a la Cámara Nacional Electoral haber contratado para imprimir sus boletas partidarias. En esos meses figuran gastos por un total de $13.665.287, divididos en 16 facturas. Ediciones e Impresiones Rumbos fue la que más trabajos hizo, con 12 en un semestre, por $2.685.950. Esta empresa fue fundada por Christian Rath y Roberto Albornoz. El primero es un conocido militante del movimiento obrero y auspiciante en internet de Prensa Obrera, el periódico del Partido Obrero.
Urban Graphics SA hizo una factura por $4.687.800; la Cooperativa de Trabajo Madygraf, otra por $4.132.237,01, y la imprenta Productos Publicitarios SA, otras dos por $2.159.300. LA NACION intentó comunicarse con las empresas, pero no recibió respuesta.
El otro grupo de gastos llamativos es el que figura en el rubro “recursos humanos de coordinación y seguimiento”. En seis meses informaron 73 facturas de personas que fueron candidatos en las listas de la izquierda en distintos niveles, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Universidad de Buenos Aires, con montos de entre $27.000 y $55.000.
Algunos ejemplos son Sebastián Cantero, quien estaría vinculado con Jeremías Cantero, que fue candidato a diputado provincial y que compartió actos con Belliboni y Gabriel Solano. Otra de las personas en el listado es Federico Eiguer, que hizo seis facturas en ese período y que, en sus propias redes sociales, se muestra junto a dirigentes del Partido Obrero como Vanina Biasi y Romina del Plá en diversas marchas y manifestaciones. También Luciano Arienti, líder de la juventud en la Facultad de Psicología de la UBA, que hizo siete facturas en el período.
Jeremías Cantero fue funcionario de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández y hasta abril continuó como empleado del Ministerio de Capital Humano, según pudo comprobar LA NACION. Ocupaba un escritorio en el área de Pérsico, en el mismo edificio de la Avenida General Paz frente al cual el Polo Obrero marchó decenas de veces. La Secretaría de Economía Social era la encargada de girar millones de pesos a las unidades de gestión y cooperativas, como la que Cantero encabezaba y que ahora es investigada por el fiscal Gerardo Pollicita.
En los convenios firmados, la cooperativa se presenta con distintas direcciones. En uno, rubricado el 17 de junio de 2021, reportó como domicilio Monteagudo 730, donde a su vez tiene su dirección fiscal. Allí funciona, de acuerdo al expediente judicial, un depósito del Polo Obrero, donde en los allanamientos se encontraron US$16.425, €180 y $6.882.589.
A su vez, en otro de los convenios, firma como representante María Isolda Dotti, alias “Tango”, quien también fue identificada en uno de los procedimientos policiales, en la Av. Chiclana N˚3080, PB, departamento 2. Se encontraron US$54.448 en su domicilio, pero también un boleto de compraventa de una propiedad. Supuestamente habría una anotación que hace referencia a que ese dinero provendría de la venta de un departamento, producto de una sucesión, dijeron fuentes judiciales.
Las fuentes de la investigación sospechan que a través de la cooperativa se canalizaban los fondos que los líderes piqueteros obtenían de los beneficiarios del plan.
En el expediente judicial se ingresó otra conversación telefónica entre Palma, quien además fue síndica de la cooperativa, y una persona no identificada. En la escucha, Palma vuelve a manifestar la preocupación sobre la investigación alrededor de la cooperativa.ANTE EL SENADO, POSSE DIJO QUE EL GOBIERNO PROYECTA UN 139% DE INFLACIÓN INTERANUAL Y UNA DEVALUACIÓN DE 2% MENSUAL
“PALMA: A mí me preocupa, primero que todo, El Resplandor, porque ahí hay compañeros que cobran lo de Veredas Limpias, que igualmente me parece que es la más limpia de todas (…) y después también me preocupan las otras, porque por más que vos digas que no son Asociación Civil Polo Obrero tiene la dirección de acá, de la Asociación Civil Polo Obrero (…).
“NN: No nos van a meter en cana. Nos van a dar de baja las cooperativas y yo no sé cómo carajo vamos a hacer.
“PALMA: Nos pueden investigar por lavado de plata, te doy un ejemplo (…). Lo que podemos tener, es las cosas legales correctas.
“NN: Sí… hay que ver hasta qué punto. Lo más correcta que se pueda (…).
“PALMA: Me preocupa más El Resplandor, porque ahí cobran compañeros de capital, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos la plata que entra?”
Fuente: La Nación
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