La Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la mayor y más influyente patronal del país, publicó un manifiesto en el que celebró la culminación del proceso destituyente contra Dilma Rousseff, que impulsó desde la asunción de la mandataria para su segundo mandato en enero de 2015. La solicitada fue publicada en páginas impares, las más caras debido a su mayor visibilidad, de los diarios impresos Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo y O Globo, de Río de Janeiro, los tres grandes periódicos de Brasil.
Con el lema «es hora de, todos juntos, reconstruir Brasil», la Fiesp dijo que el país «andaba como un tren descarrilado» y ahora debe volver a las «vías de la confianza, el desarrollo, la gestión eficiente, el buen gobierno y la generación de empleo y riqueza».
La patronal añadió que el proceso culminado ayer en el Senado y que ha derivado en la investidura de Michel Temer, quien ostentará la presidencia hasta el fin del actual mandato el 1 de enero de 2019, se llevó a cabo «en total respeto con la Constitución y las leyes, y dentro de las normas del Estado democrático de derecho».
En el texto firmado por el presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, los empresarios también piden un ajuste fiscal que, según opinaron, «es la madre de todas las reformas». Al mismo tiempo, rechazaron una suba de impuestos por considerar que los brasileños «no admiten» esa posibilidad.
El gobierno nacional expresó que «respeta el proceso institucional verificado» en Brasil, que derivó hoy en la destitución aprobada por mayoría parlamentaria de la presidenta Dilma Rouseff. La administración que encabeza Mauricio Macri manifestó también su «disposición» a «seguir trabajando en una real y efectiva integración» bilateral.
Así lo afirma un comunicado difundido hoy por Cancillería, con el título «Proceso Institucional en Brasil». En ese texto, la cartera que conduce Susana Malcorra manifestó que «ante los sucesos registrados el día de hoy en Brasil, el Gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional verificado en el hermano país.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reafirmó «su voluntad de continuar por el camino de una real y efectiva integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional».
«En este sentido, Argentina renueva su deseo de continuar trabajando con el Gobierno de Brasil para la resolución de los temas de mutuo interés de las agendas bilateral, regional y multilateral, así como para el fortalecimiento del MERCOSUR», agrega el comunicado.
La propia Susana Malcorra no realizará declaraciones públicas sobre la destitución de Rousseff, ya que esta tarde viajará rumbo a la ciudad china de Hangzhou, para sumarse a la comitiva del Presidente que representará a la Argentina en la cumbre del G20.
En las primeras horas del día se pudo observar como miles de personas caminan desde distintas ciudades de Venezuela hacia Caracas.
Con la tensión muy alta, la capital venezolana será escenario de lo que la oposición llama Toma de Caracas, en el este de la ciudad, y la Toma de Venezuela, convocada por chavistas, en la Plaza Bolívar y en el Palacio de Miraflores, en el centro.
Muchos venezolanos empezaron a marchar desde el interior a Caracas
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una multitudinaria manifestación pacífica para exigir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) active el siguiente paso para el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
La MUD busca que el referendo se haga antes del 10 de enero porque si Maduro pierde, habrá elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, será sustituido por su vicepresidente. Según la firma Venebarómetro, 64% de los electores votaría por revocarlo.
«Estamos luchando por algo acorde con la Constitución, nadie quiere una explosión social. Las amenazas buscan paralizar. El Gobierno le tiene terror a la movilización pacífica», aseguró el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles.
Reclaman que se active el referendo revocatorio a Nicolás Maduro
En la víspera de la marcha opositora, el gobierno de Maduro detuvo a un grupo de periodistas de medios internacionales que viajaron a cubrir la Toma de Caracas y los envió de vuelta a sus países.
«Ésta es una manifestación con reglas y con normas, porque el ente que convoca no es simplemente una alianza de partidos, sino que es la fuerza que está llamada a liderar la transición democrática en paz, a liderar un proceso de reconstrucción nacional inclusivo y solidario. El protocolo de actuación de ese día va a estar signado fundamentalmente por el carácter no violento de esta jornada», indicó Jesús Torrealba, vocero de la MUD.
La “Toma de Caracas” será una manifestación masiva
La oposición denuncia permanentemente que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pone trabas en el camino con el fin de demorar el proceso de revocatorio y lograr que la consulta popular no se realice este año.
Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que conduce la central obrera unificada, criticó al gobierno de Mauricio Macri por dar pasos «erráticos» en sus medidas y mostrarse «contrario a los intereses de los trabajadores», y adelantó que en la reunión de mañana con funcionarios nacionales podría plantearse la demanda de «una determinada cantidad de suma a fin de año» que compense la pérdida del poder adquisitivo por la inflación.
«No podemos hablar de una generalidad, pero vamos a sostener el poder de compra del salario», advirtió el sindicalista, quien no descartó el pedido de un bono para diciembre próximo con el que se pueda «sostener el poder de compra del salario».
Además, durante una entrevista con radio La Red instó al Gobierno a esforzarse en «generar condiciones para que la inflación no siga creciendo y, por supuesto, que baje», y pidió al oficialismo que «resuelva el tema de la importación para no seguir destruyendo trabajo argentino».
Un día antes de la reunión que la nueva cúpula de la CGT sea recibido por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el ministro de Trabajo, Héctor Daer, entre otros, Daer pidió a la Casa Rosada que «rectifique» algunas «políticas que fueron nocivas para los trabajadores», como la apertura de la «importación».
A manuel Vargas le pareció «excesivo» el monto que debía pagarle a la inmobiliaria cuando firmó el contrato de alquiler, pero apremiado por el tiempo abonó los $ 11.000 de comisión que le pedían. Era una suma equivalente a dos cuotas mensuales. Pero luego se enteró de que, desde mayo, regía una medida cautelar que suspendía el cobro de ese monto y decidió reclamar. «Quiero que me reintegren parte del dinero. Me deberían haber pedido sólo un mes», se quejó el joven de 31 años, que aguarda una respuesta a su petición.
Ahora, un fallo judicial emitido en el mismo sentido de aquel amparo lo protege a Vargas y al resto de los 900.000 inquilinos que hay en la ciudad. El mismo juez que había ordenado que se dejara cautelarmente en suspenso el cobro de dos meses de comisión resolvió la cuestión de fondo a favor de los locatarios.
Los inquilinos sólo deberán pagar un mes de comisión a las inmobiliarias: 900.000 personas alquilan en la Capital. Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk
El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 porteño, Marcelo Segón, resolvió que los corredores inmobiliarios no podrán cobrar en concepto de comisión a inquilinos y/o potenciales inquilinos de un inmueble con destino a vivienda única, un importe superior al 4,15% del valor total del respectivo contrato, tal cual lo establece el artículo 57 de la ley 2340.
El magistrado respaldó así una demanda promovida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y por la organización Inquilinos Agrupados contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cucicba). Este organismo, que agrupa a 5500 martilleros, emitió una resolución en enero de este año que permitió que los matriculados percibieran por sus honorarios «entre uno y dos meses de alquiler», en abierta violación a la ley 2340 de 2007, que fija ese 4,15%: es el equivalente a una cuota mensual.
«El momento en el que tenés que arreglar un contrato sí o sí porque se te vence otro y hay que dejar la casa es terrible. Estás vulnerable. Y se aprovechan de eso», se lamentó Silvana Moreno, que no tiene otra salida que alquilar. No sólo tuvo siempre que abonar dos meses de comisión (casi el 10% del monto total de cada contrato, que dura dos años), sino que hasta le pidieron datos personales innecesarios.
María Sol le abonó $ 18.000 a una inmobiliaria en concepto de una comisión que violaba la ley, por un PH en Villa Urquiza. Cuando tuvo que reclamar por un problema estructural de la vivienda, el corredor le contestó que ya no administraba el inmueble. «Después de que realicé las denuncias ante el Cucicba y la Defensoría del Inquilino, me devolvió el monto que no correspondía, pero lamentablemente siempre las condiciones las ponen ellos. Hay que tener mucho dinero encima cuando alquilás», detalló la abogada, en diálogo con LA NACION.
Fallo
La sentencia del juez Segón declaró nula la resolución del Cucicba y le ordenó al organismo que vele por «el estricto cumplimiento» del artículo 57 de la ley 2340. El magistrado concedió 30 días para que, entre otras cosas, la entidad confeccione una estrategia de comunicación en la vía pública que informe sobre los montos máximos de cobro de comisión. De no cumplirlo, el Cucicba sería apercibido.
«Estamos conformes porque finalmente los locatarios son protegidos ante los abusos. Ojalá sirva como precedente para otras provincias. En Buenos Aires la comisión la deberían pagar el propietario y el locatario, mitad cada uno, pero se la cobran todo al inquilino», resaltó Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, a LA NACION.
Respecto del fallo, Sebastián Pilo, codirector de la ACIJ, sostuvo: «Es un caso fundamental en tanto se ocupa de remover una barrera clave para el acceso a la vivienda de una enorme porción de la población, que actualmente se enfrenta a un mercado formal de alquileres cada vez más expulsivo y excluyente».
Consultado, el presidente del Cucicba, Héctor D’Odorico, dijo que se acatará la medida y que ya están «trabajando en la fiscalización de nuestros matriculados». Un operador inmobiliario, que prefirió no ser identificado, alertó: «Podría suceder que algunas inmobiliarias ya no quieran trabajar con alquileres de una mensualidad baja porque no serán rentables para cubrir los costos».
En el fallo, el magistrado abogó porque tampoco haya excesos en el cobro de los gastos administrativos. Cuando comenzó a regir la medida cautelar, algunas inmobiliarias empezaron a cobrar un mes de comisión pero, según Muñoz, «empezaron a suplir ese monto con un aumento en los costos de ciertos trámites». Y ejemplificó: «Por un pedido de informes en el registro de la propiedad, que sale $ 210, y la certificación de la firma ante escribano, que puede costar alrededor de $ 400, las inmobiliarias les cobraban a los inquilinos entre $ 5000 y $ 7000».
Leyes que regulan el sector
Ley 2340/2007. Creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad. El artículo 57 dispuso que el monto máximo de la comisión a cobrar al locatario será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato (una cuota mensual)
Ley 3588/2010. Las inmobiliarias deben colocar en un lugar visible la transcripción de la normativa que establece el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino. De los 49 locales inspeccionados por el Ministerio Público de la Defensa porteño, 47 no cumplían la norma
Ley 5115/2014. Indica que los avisos de promoción de operaciones inmobiliarias publicados en cualquier medio deberán contener información acerca de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades físicas en la vivienda ofrecida.
«Le he entregado el libro (Yo Acuso) que no solamente se trata de una investigación judicial sino de un pacto hacia adelante para terminar con la corrupción», subrayó Stolbizer y agregó que Macri tuvo una «recepción extraordinaria para cualquier acuerdo del plano de político y con distintos sectores de la sociedad para tener un ‘Nunca Más’ de la corrupción».
En diálogo con medios tras la reunión con Macri, la diputada del GEN indicó que dialogaron con el Presidente sobre «el viaje a China y las expectativas del G20», la «reforma política y la necesidad de tener una boleta única» y afirmó que «no hablaron» de las amenazas que recibió mediante un llamado al 911. La dirigente afirmó que el juez federal de Morón Rodríguez le asignó custodia en la esquina de su casa.
Stolbizer relativizó las amenazas ya que lo que se busca «crear es un clima de sozobra y angustia y no hay que hacer el juego». Además, descartó un pase a Cambiemos y negó que hayan hablado sobre candidaturas de cara a 2017.
Tan solo cinco días después del primer consejo directivo de la nueva CGT, presidida por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, en donde plantearon pedir reuniones con ministros, la Iglesia y empresarios, los sindicalistas obtuvieron su primera respuesta.
Según confirmaron a Infobae fuentes del flamante triunvirato, serán recibidos el viernes 2 se septiembre desde las 9 de la mañana por los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, Salud, Jorge Lemus, y Producción, Francisco Cabrera. El cónclave será con todos los funcionarios juntos y no reuniones separadas.
También pidieron juntarse con Alfonso Prat-Gay, quien se ausentará porque acompañará a Mauricio Macri a la cumbre del G-20 en China.
Las notas pidiendo las audiencias las enviaron el lunes 29 de agosto y la respuesta fue 24 horas después. Las pautas son que las partes vayan con agenda abierta, aunque desde la CGT tienen en claro cuáles son sus«objetivos de máxima»: empleo, inflación, Impuesto a las Ganancias, jubilados, tarifas, importaciones y pobreza.
El triunvirato asumió el 22 de agosto (Télam)
Un punto que probablemente dividirá las aguas será el proyecto de leyPrimer Empleo, impulsado por el oficialismo y que Marcos Peña pidió al Congreso que agilice su tratamiento. Sucede que desde la nueva conducción cegetista lo rechazaron porque no contemplaría que los presuntos beneficiados estén bajo un convenio colectivo.
«Plantea el abaratamiento de un sector de la población como señuelo para que se consiga empleo, cosa que nosotros no estamos de acuerdo», había advertido Daer.
Otro aspecto sensible es la posibilidad de un paro nacional. Carlos Acuña se refirió sobre esto en diálogo con radio Belgrano: «No alcanza con empezar con medidas de fuerza, queremos que el Gobierno reconozca esta situación y ver las posibilidades de salir de esta situación. La CGT no está para apagar el fuego con nafta pero si no hay respuestas y es todo para el sector empresario, se van a tomar las medidas necesarias».
Sin embargo, desde la cúpula sindical no ven al paro como un tema de agenda sino como «un instrumento para obtener objetivos».
El ministro de Producción Francisco Cabrera aseguró hoy que “la inflación va a dejar de ser un problema en el corto plazo” y sostuvo que la suba de precios que se registró en los últimos meses “tuvo que ver con que algunos empresarios se pasaron de rosca por creer que el tipo de cambio iba a subir más de lo que subió”.
Tras reiterar que “el problema estructural de la Argentina es el empleo”, el titular de la cartera productiva consideró que el hecho de que “haya empresas que tengan posición dominante (en los mercados) no es malo en sí mismo, lo que es malo son los abusos (de esa posición) y las prácticas monopólicas o cartelización”.
En diálogo con radio Nacional, el funcionario también habló sobre la pelea por la inflación desatada entre el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay y el presidente del Banco CentralFederico Sturzenegger.
Cabrera consideró que el primero “tiene una mirada más de corto plazo”, mientras que el titular de la autoridad monetaria “es más cauteloso, porque es el responsable de las metas de inflación y la política monetaria”.
En relación al segundo semestre, indicó que «agosto está terminando con una inflación muy baja«, que «gran parte de las inversiones se están ejecutando y la obra pública ya se lanzó». «Las consecuencias obvias de este movimiento se van a ver durante los primeros meses del año que viene», concluyó.
Ayer la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia denunció ante el Banco Central y la Secretaría de Comercio denunció en un informe la falta de competencia y transparencia en el mercado de plásticos y medios de pagos electrónicos.
“Vemos que falta competencia y creemos que hay que atacar el problema integralmente para reformular la estructura del mercado y no solamente determinar cuál debe ser la comisión final que debe cobrarse a los comercios”, dijo hoy Esteban Greco, titular de la Comisión, en diálogo con radio La Red.
Desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia piden cambios en la normativa para eliminar barreras de entrada y permitir más jugadores.
“Lo que estamos proponiendo son medidas que permitan abrir el mercado para que haya nuevos jugadores. Por ejemplo hoy, un comercio que quiera vender con Visa solo puede negociar con Prisma. Queremos que haya más opciones”, denunció Greco al señalar que Visa representa el 58% de las transacciones en el país y los bancos emiten el 80% de las tarjetas de crédito.
“Uno de los puntos que queremos modificar es ir a regular la tasa de intercambio, que es una tasa interbancaria que cobran los bancos emisores de las tarjetas de crédito. Hoy el 3% va a los bancos emisores de las tarjetas de crédito, son unos $ 16.000 millones anuales”, indicó.
Ante esta situación, desde la Comisión sugieren “no establecer un valor”, sino hacer que haya “más competencia” y regular la tasa de intercambio. Además, proponen que el Banco Central sea la autoridad de aplicación.
El diputado líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró ayer que «hay sectores violentos y agresivos cercanos al kirchnerismo enamorados de la lógica del miedo».
A su vez, Massa expresó su interés por garantizar la gobernabilidad de Cambiemos y afirmó que «la mayoría encontró en el Gobierno y en nosotros una forma de salir adelante». Así, detalló que en estos meses «todos contribuimos para un escenario de continuidad y de diálogo».
Así, el ex candidato a presidente renovó su compromiso como oposición y aseguró que su espacio «compite desde las propuestas», ya que la Argentina necesita «definir políticas», pero lo hace desde la «construcción de consensos».
A lo largo de una entrevista con LA NACION PM, Massa también hizo un balance de los ocho meses de gobierno: «Esperábamos menos errores. Hubo muchos problemas de gestión, como el mal manejo del tarifazo, la designación de los jueces de la Corte por decreto o errores en la ejecución presupuestaria».
Ante la pregunta del periodista Juan Miceli de por qué la economía no despega, el ex jefe de Gabinete enumeró algunos motivos: «La energía es muy cara en nuestro país, un 30% más que en el resto del Mercosur. Además, la Argentina es un país sin inversión ferroviaria desde hace 40 años, lo que hace que el 80% del transporte recaiga en los camiones, un medio costoso y que arruina las economías regionales».
Si bien los movimientos electorales y las alianzas de Massa a futuro son una incógnita, el diputado se refirió brevemente al comentario del presidente del PJ, José Luis Gioja, quien había dicho que Massa «tiene las puertas abiertas del PJ».
«Nosotros estamos construyendo una ventana al futuro. Buscamos darle a la Argentina una alternativa plural, de peronistas, radicales, progresistas y desarrollistas. Con los peronistas vamos a dialogar, pero no con los que tengan causas. Queremos construir con los que tengan vocación de cooperar», aseguró.
Sin embargo, aclaró que en este momento no piensa en 2017. «Es de miserable pensar en la elección cuando actualmente hay gente sin trabajo», disparó.
El líder opositor también se defendió de las acusaciones de Elisa Carrió, quien aseguró que los jefes de Gabinete del kirchnerismo favorecieron a Lázaro Báez y pidió su indagatoria. «Yo estoy tranquilo. La verdad es que tengo lo que dice mi declaración jurada, no tengo nada que esconder.»
Finalmente, Massa se refirió a las amenazas que recayeron sobre la gobernadora María Eugenia Vidal en los últimos días. «Lo mejor es ignorar y seguir para adelante», y explicó brevemente una iniciativa que impulsa su espacio para dividir a la policía bonaerense, en la que aseguró que hay «muchas manzanas podridas». «Tenemos que dividir la policía bonaerense en siete, una por cada región de la provincia, y colocar un ministro de seguridad por sector para que la controle», dijo.
Emiten dictamen para la ley del arrepentido
Los principales bloques del Senado arribaron ayer a un acuerdo para emitir dictamen mañana al proyecto que crea la figura del arrepentido para casos de corrupción. El proyecto busca reducir o eximir de penas a quienes brinden información sobre delitos
Sin embargo, se decidió postergar por una semana el despacho para la extinción de dominio de bienes obtenidos por medio de delitos, ya que todavía persisten diferencias sobre qué fuero debería sustanciar el proceso. La idea es recuperar parte del dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros.
También hubo consenso para avanzar con el proyecto de ley que regula el derecho de acceso a la información, que apunta a facilitar el acceso a la información estatal y transparentar la gestión pública.
