Categoría: Política

El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires saltó a 10,5 por ciento al cierre del primer semestre, cuando era de 6,8 por ciento en diciembre pasado y de 8,6 a mitad de 2015. Así lo informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El dato de desocupación en Capital termina de confirmar las tensiones del mercado laboral ya registradas en el informe del Indec de la semana pasada para todo el país, en el que la tasa de desempleo finalizó junio al borde de los dos dígitos, en 9,3 por ciento, luego de tocar un piso de 5,9 en el tercer trimestre de 2015. Frente a esa disparada de la desocupación, el argumento del Gobierno fue que no hubo pérdida de puestos de trabajo durante su gestión, sino que el Indec medía mal el desempleo y ahora solo se “transparentó” el indicador. Esa versión de los hechos pierde sentido frente a los números arrojados ayer por el centro de estadísticas porteño, en línea con los del Indec, que ratifican el crecimiento explosivo de la desocupación por las políticas de Cambiemos. En la Capital se perdieron 60.553 puestos en el primer semestre, al anotarse 177.555 individuos desocupados, contra los 115.667 de diciembre pasado.

“Los despidos son una sensación térmica. Que no nos hagan creer que estamos teniendo pérdidas notables de empleo. A la discusión hay que darla con un poquito más de datos y de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que por una empresa que cerró despidieron 100 empleados pero hay que ver toda la película”, decía a finales de abril el ministro de Hacienda y Finazas, Alfonso Prat-Gay. Este fue el primer argumento que empleó el Gobierno para asegurar que el programa económico ortodoxo aplicado en los últimos meses no había afectado el mercado de trabajo.

En ese momento, el Indec seguía en la modalidad de apagón estadístico y no se publicaban estimaciones acerca de la desocupación desde octubre de 2015. Cuando el organismo oficial volvió a informar los datos de desempleo la semana pasada, el argumento de la sensación térmica cambió por otra justificación: no hubo un salto de desocupados sino que en 2015 los indicadores subestimaban los problemas de trabajo. “Es muy importante que Argentina tenga cifras confiables y el Indec diga la verdad. La desocupación es una situación grave, pero viene desde hace mucho. Lo que pasa es que los porcentajes que difundían antes no se constataban con la realidad”, apuntó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

La difusión del informe Indicadores Laborales del centro de estadística porteño también deja sin sentido este segundo argumento para justificar los elevados niveles de desempleo en el segundo trimestre del año, puesto que en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se viene midiendo la situación del mercado de trabajo en forma homogénea y respetando una misma metodología, el desempleo alcanzó una cifra de dos dígitos, al incrementarse en casi cuatro puntos porcentuales en los primeros seis meses del año. Algo más de 60 mil personas perdieron su puesto de trabajo en ese período, muchos de los cuales estuvieron vinculados con el recorte del sector público en la primera parte del año.

La desocupación en la Capital venía bajando el año pasado y volvió a incrementarse en forma abrupta en los primeros meses de 2016. La serie de la Ciudad muestra que la tasa de desocupación era del 8,6 por ciento en el segundo trimestre de 2015, del 7,2 en el tercer trimestre y del 6,8 en el cuarto, mientras que en el primer trimestre de 2016 subió a 8,6 por ciento y en el segundo, al 10,5. “Las tensiones en el mercado de trabajo son muy grandes. Los datos de la Capital reflejan sólo una parte de lo que ocurre en los principales centros urbanos del país, donde se concentra la producción industrial y otras actividades como la construcción, es decir la economía real”, indicó a este diario Ana Gárriz, investigadora del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra- UMET). Agregó que “la tasa de desempleo en los principales polos productivos de la Argentina saltó hasta los dos dígitos. En Gran Rosario, donde pesa la industria automotriz y la metalmecánica, se ubicó en 11,7 por ciento. En Mar del Plata, con ramas fuertes como la industria pesquera y el turismo, marcó 11,6. En Gran Córdoba, 11,5 por ciento, y en Gran Buenos Aires, el principal centro productivo del país, 11,2. En todos estos centros urbanos las tasas de desocupación eran de un dígito en 2015, con la excepción de Gran Córdoba, que concentra su actividad en autos, un sector que hace mucho viene en descenso por la baja de ventas al mercado brasileño”.

En el informe del centro de estadísticas de la Ciudad se detalló que la tasa de actividad (individuos que trabajan o tienen interés en trabajar) pasó de 54,7 al 55,5 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo período de este año, la misma tendencia que mostró el Indec para todo el país, que se movió de 44,6 por ciento en el segundo trimestre de 2015 a 46,0 en igual período de este año.

Fuente: Página 12

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió a la cancillerSusana Malcorra sobre las “implicancias negativa” de un eventual reconocimiento de China como economía de mercado, ya que en ese caso la Argentina perdería la “capacidad de enfrentar” la “competencia desleal” de ese país “y los derechos antidumping perderán todo sentido”.

En una carta dirigida a Malcorra con la firma de su presidente,Adrián Kaufmann, y su secretario, Juan Carlos Sacco, la central fabril señaló que “la realidad de funcionamiento de la economía china muestra que la producción de bienes se realiza encondiciones que no pueden considerarse como de economía de mercado”.

“Estos bienes son exportados a precios irrisoriamente bajos y en condiciones de competencia desleal”, indicó la UIA. Para los industriales, “el problema de reconocer a China como economía de mercado está directamente vinculado con las disposiciones contenidas en el Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se refieren al uso de las medidas antidumping respecto a las importaciones de ese país”.

“Si el país importador reconoce unilateralmente a la República Popular China como economía de mercado antes que estén claramente presentes dichas condiciones, pierde esta capacidad de enfrentar esta competencia desleal y los derechos antidumping perderán todo sentido”, manifestaron.

En el caso de que Argentina otorgue ese reconocimiento a favor de China, “se producirá un grave desvío del comercio de productos chinos hacia nuestro país”, alertaron.

“El ingreso de estos bienes en condiciones de competencia desleal y precios artificialmente bajos, impactará de forma inmediata, y desde ya negativa, sobre el entramado productivo de la industria nacional y sobre los puestos de trabajo que lo sostienen”, añadieron.

Kaufmann y Sacco le recordaron a Malcorra que “a partir del año 2003, China ha ido ganando participación aceleradamente en el total de las importaciones argentinas, pasando de 5,2% en 2003 a 19,7% en 2015”.

“A su vez, mientras que el 75% de las exportaciones argentinas a China se concentró en poroto y aceite de soja, la totalidad de las importaciones argentinas desde ese país correspondió a manufacturas”, resaltaron. En el final de la carta, los industriales, si bien reconocen “la importancia de China para numerosos sectores de la industria nacional y para la economía argentina en general”, precisaron que “China no cumple todavía con los requisitos necesarios para ser considerada una economía de mercado, y que cualquier decisión en sentido contrario implicará consecuencias negativas para la economía y la industria argentinas que superarán ampliamente a los beneficios que se pudieran alcanzar con un eventual reconocimiento”.

Fuente: Perfil.com

Mientras sigue la polémica por la suba de tarifas y de cara a las audiencias públicas por el gas, el Gobierno nacional oficializó hoy la creación del Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, anunciado días atrás por el ministro Juan José Aranguren.

La decisión fue comunicada en la Resolución 164 – E/2016 del ministerio de Energía y Minería, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del propio Aranguren.

El Consejo estará integrado por exsecretarios del área, quienes oficiarán de colaboradores en el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo. Los miembros son Emilio Apud (secretario de Energía en 2001); Julio César Aráoz (entre 1989 y 1990); Alberto Enrique Devoto (entre 2002 y 2003); Alieto Guadagni (entre marzo y agosto de 2002); Jorge Lapeña (subsecretario de Planificación Energética entre 1983 y 1988); Daniel Montamat (de 1999 a 2000) y Raúl Antonio Olocco (entre junio y julio de 1989).

El nuevo organismo tendrá como objetivo “brindar opinión según lo requiera el Ministerio de Energía respecto del desarrollo e implementación de políticas energéticas concebidas para el mediano y largo plazo, sobre la base de criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y desarrollo sustentable”.

También deberá “proponer planes de acción y/o proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos de política energética definidos por este Ministerio” y “propiciar canales de comunicación con distintos sectores de la sociedad para discutir las políticas y planes energéticos, a efectos de incorporar distintos puntos de vista y generar consenso a los fines de su implementación”.

Los exsecretarios de Energía ya vienen trabajando con Aranguren desde hace meses y se han mostrado en diversas oportunidades a favor de aumentar las tarifas. En este sentido, el Gobierno les ha pedido a algunos de ellos que elaboren un documento sobre la tarifa de gas, de cara a la audiencia pública del próximo 16 de septiembre.

Fuente: El Cronista.com 

CARACAS.- «Está en marcha plan de golpe de Estado fascista, dirigido desde Estados Unidos, para plagar a Venezuela de violencia. No lo vamos a permitir, el pueblo en la calle no lo va a permitir.» Nicolás Maduro recuperó la retórica revolucionaria más clásica como eje principal del gigantesco operativo de hostigamiento y persecución contra la oposición en vísperas de la llamada «Toma de Caracas», la marcha nacional convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para el jueves.

El doble objetivo es evidente: dificultar la protesta de los que ya han decidido participar y amedrentar a los que tienen dudas y miedos. Según el estudio publicado por la firma DatinCorp, el 34% de la población expresó su interés en asistir a una megamarcha en la que se exige adelantar la fecha para la recolección del 20% de firmas para el referéndum revocatorio y donde también se plasmará el rechazo del 80% del país contra la gestión de Maduro.

Todo vale para el plan gubernamental, incluso la emisión de un documental propagandístico acerca del golpe de Estado de 2002, que será emitido esta noche de forma obligatoria para todas los canales y radios del país en prime time «para que el pueblo saque sus propias conclusiones», según el «hijo de Chávez».

En abril de hace 14 años, una manifestación de la oposición de aquellos días degeneró en unos hechos violentos que provocaron la muerte de 19 personas (nueve opositores, siete chavistas, un fotógrafo y dos personajes ajenas a los hechos, según el Foro Penal) y el posterior golpe de estado militar, que alejó del poder a Hugo Chávez durante dos días. El chavismo nunca quiso convocar una Comisión de la Verdad para determinar las responsabilidades de unos días que se transformaron en fundamentos ideológicos de la revolución, uno de los principales anatemas contra sus críticos. Dieciséis muertes quedaron sin juzgar.

En el libreto revolucionario se repite de forma constante que la oposición prepara un baño de sangre, pese a que sus dirigentes insisten en su llamado pacífico. El vuelo de avionetas privadas y de drones ha sido prohibido, se supone que para evitar atentados, aunque pareciera que el gobierno también quisiera impedir imágenes que constaten la dimensión de la protesta.

«El gobierno necesita la violencia, la provoca, la induce, la estimula. Si aún así no la logra, es capaz de producirla, recurriendo a los montajes», denunció Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Unidad Democrática.

La nueva embestida contra los convocantes ha provocado el regreso a prisión de Daniel Ceballos, ex alcalde de la rebelde San Cristóbal del Táchira y uno de los presos políticos más conocidos de la revolución. La mano derecha de Leopoldo López en Voluntad Popular fue llevado de madrugada al penal de San Juan de los Morros, uno de los peores del país, porque según el gobierno preparaba su fuga para dirigir «actos de violencia» de cara al 1° de septiembre.

La respuesta de Amnistía Internacional fue inmediata: «Es una vil maniobra para silenciar a los opositores en medio de una creciente crisis política y humanitaria. Las autoridades en Venezuela parecen no querer detenerse ante nada».

Así es. Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas y preso político como Ceballos y Leopoldo López, recibió el sábado la visita del Servicio de Inteligencia (Sebin) en su casa, donde permanece en arresto domiciliario. La versión oficial es que querían comprobar quiénes lo acompañaban.

Otro dirigente de Voluntad Popular (VP), Wagner Jiménez, alcalde de Maturín, sufre desde hace tres días el acoso de los agentes. Sobre él se ha dictado una orden de detención acusado de corrupción, lo que el chavismo ha aprovechado para tomar por la fuerza la Alcaldía. Otros dos jóvenes militantes de VP fueron trasladados anteayer al terrible penal de Tocuyito. Su delito es participar en la recogida de firmas para el revocatorio.

Tensión

Alta tensión. Así están las cosas en Venezuela cuando faltan tres días para la «Toma de Caracas», que va sumando distintas épicas. La primera es la de decenas y decenas de indígenas, que iniciaron el miércoles una marcha desde Amazonas a la capital y que se han visto hostigados, una y otra vez, por los agentes del Sebin. Desde Lara ya camina un grupo de minusválidos en silla de ruedas.

Todos ellos saben que muchos obstáculos quedan por delante. Incluso la oposición prevé que el gobierno cierre Caracas por Norte, Sur, Este y Oeste para impedir que sus seguidores en los distintos estados se sumen a los de la capital. El gobierno ha desplegado a 15.000 agentes, que multiplicarán las fuerzas del Estado dentro de la capital para que la marea opositora tampoco pueda acceder a las zonas centro y oeste de la capital, coto privado para las movilizaciones chavistas.

La penúltima tuvo lugar anteayer junto al Palacio de Miraflores, protagonizada por trabajadores afines a la revolución. Para mañana han previsto otra y el jueves desplegarán lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha bautizado de forma poco original como la «Toma de Venezuela».

Devuelven a un ex preso de Guantánamo

El sirio Jihad Ahmad Diyab, ex prisionero de Guantánamo detenido en Venezuela, será enviado de regreso a Uruguay en las próximas horas, según dijo ayer a la agencia AFP el mediador que ofició de nexo entre el gobierno uruguayo y los ex presos.

«Llegará en las próximas horas, pero se mantendrá en reserva su llegada para preservar su estabilidad. Consideramos que ha estado muy expuesto», señaló el mediador Christian Mirza.

El activista norteamericano Andrés Conteris había informado que «tres fuentes independientes entre sí», que prefirió mantener en el anonimato, filtraron que el sirio había iniciado una huelga de hambre tras «enterarse de que las cancillerías de Venezuela y Uruguay negociaban su deportación a Uruguay».

Mirza señaló no tener información de que Diyab se mantenga en huelga de hambre y que según los datos que maneja se encuentra en buen estado de salud. Agregó que cuando vuelva a Uruguay se le realizarán chequeos médicos.

El presunto narcotraficante Ibar Pérez Corradi acusó este domingo a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado de exigirle 500 mil dólares para excarcelarlo durante su anterior detención y dijo estar «seguro» de que la magistrada «va a sacar la guardia» de Gendarmería que tienen su ex esposa y dos de sus hijos.

«No me llamó la atención para nada», afirmó Pérez Corradi, respecto de la intención de Arroyo Salgado de conceder su extradición a Estados Unidos. «En el momento en que estuve detenido (años atrás) me pidió 500 mil dólares para dejarme en libertad», pero «la transacción se vino abajo cuando lo destituyen (al entonces juez Federico) Faggionato Márquez», dijo.

En ese momento, «operan desde la secretaría de inteligencia para ponerme preso y luego Arroyo Salgado me pide plata para excarcelarme hasta que se haga efectiva» la extradición, sostuvo en una entrevista con América TV. En ese sentido, aseguró tener testigos del supuesto pedido de coima y estar dispuesto a presentarlos si esas personas cuentan con protección.

Tras afirmar que tiene miedo de que lo maten, aunque en la actualidad se siente seguro con la custodia de Gendarmería, el detenido advirtió: «Estoy seguro que Arroyo Salgado va a sacarle la guardia de Gendarmería a mi mujer» en referencia a la madre de sus dos hijos mayores. Su familia, dijo, están custodiados desde que en junio último sufrieran un allanamiento en su vivienda, sobre el que se está realizando una investigación. Pero Arroyo Salgado «no va a hacer nada» sobre esa causa porque se hizo el procedimiento por «gente de la SIDE que dio datos falsos» porque él nunca vivió en el lugar, dijo.

«Arroyo Salgado no va a ir nunca a fondo de esa causa porque se va a encontrar con sus amigos» de los servicios de inteligencia, consideró.

Respecto a la acusación por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, Corradi volvió a declararse inocente. «Yo no lo mandé a matar a los del triple crimen. Estos pibes no representaban una competencia para mí. El negocio de la efedrina era mucho más grandes. Yo tenía dos clientes mucho más grandes que Martínez Espinosa», argumentó.

Pérez Corradi aseguró que «pagaba» al ex ministro Aníbal Fernández, entre otros funcionarios, para que le permitieran el contrabando de efedrina, y sostuvo que el gobierno anterior lo ayudó a fugarse y le daba «protección» para mantenerse prófugo en Paraguay y Brasil. En declaraciones a La Cornisa, dijo haber recibido «ayuda del gobierno anterior para estar prófugo», y amplió: «Estando prófugo me ayudaron, me dieron tres documentos en blanco. Era la misma gente con la que yo venía actuando con la efedrina».

Al consultársele si Echegaray (ex titular de la AFIP y de la Aduana) estaba al tanto de la operatoria de la efedrina respondió: «El contrabando era el negocio de él, que incluía la efedrina, las computadoras, celulares, lo que sea; ese era su negocio. Me lo dijeron gente con la que trabajaba, que hacían cosas de contrabando, que hablaban con (el ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel) Santana».

Pérez Corradi, quien fue extraditado desde Paraguay en junio pasado, tras permanecer cuatro años prófugo, está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y del contrabando de efedrina.

Fuente: Perfil.com

A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.

El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.

Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos.”

Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.

Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.

Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.

Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos,” según dice el informe.

Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: “Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas”.

Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. “Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más”, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. “Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios”, señaló.

La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.

Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.

El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.

Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.

En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello “profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados”. También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 “de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas” o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.

En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual “una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación” correspondiente. Además, y solicita que “se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.

Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.

Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral”.

El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.

@santiodonnell

Ticket de la transferencia y recibo (abajo) de la donación de Awada.

Fuente: Página 12

Un viceministro boliviano fue “cobarde y brutalmente asesinado” por los mineros que lo secuestraron horas antes, informó en la madrugada del viernes el Gobierno, y hasta 100 personas habían sido arrestadas luego de que las autoridades se comprometieron a castigar a los responsables.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, se había acercado el jueves a Panduro, a 160 kilómetros de La Paz, para negociar con los mineros de cooperativas que piden cambios en la normativa que regula la actividad.

El funcionario, de 56 años, fue interceptado por mineros y trasladado a un cerro, donde habría sido asesinado. Medios locales indicaron que la muerte se produjo por los golpes que recibió a manos de sus secuestradores.

“El hecho criminal delictivo del asesinato se habría producido aproximadamente entre las 17:30 y 18:00 horas”, señaló en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, describió entre sollozos a un canal local de televisión cómo Illanes, nombrado para su cargo en marzo, fue “vejado, torturado y golpeado hasta la muerte”. El ayudante de Illanes logró escapar y estaba siendo tratado en un hospital de La Paz, agregó.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que el asesinato es “imperdonable” y decretó un duelo nacional de tres días sin suspensión de actividades.

“El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho, porque es una actitud tan cobarde. (Lo) secuestran, torturan y lo matan”, dijo Morales y agregó que lo sucedido es “imperdonable” al realizar una declaración a los medios en el Palacio de Gobierno.

Los mineros pretenden cambios normativos para poder firmar contratos con empresas privadas y acceder a la ampliación de concesiones mineras, subsidios a la energía eléctrica e importaciones de maquinaria sin aranceles.

Fuente: El Cronista.com