El titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano, quien días atrás fue designadoarzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, criticó la gestión del gobierno kirchnerista en materia de lucha contra el tráfico de drogas, consideró que todavía se está a tiempo de revertir el problema y fue prudente a la hora de opinar sobre el plan antinarco que días atrás anunció el Gobierno.
Las consideraciones de Lozano cobran ahora cierta relevancia dado que, al momento de lanzar el plan «Argentina sin narcotráfico», el presidente Mauricio Macri señaló al titular de la Pastoral Social como el primer impulsor de esta iniciativa.
Es que, convocados por Lozano, en 2013 dirigentes de buena parte del arco político firmaron un compromiso para implementar políticas públicas contra este problema en el ámbito nacional.
«Aquellos lineamientos acordados el 19 de diciembre de 2013 fueron muy importantes y han sido el resultado de un trabajo participativo. Hubo un primer borrador que circuló y al cual le hicieron aportes, correcciones, compromisos…», recordó el prelado.
Sobre la mención del presidente a aquel encuentro, expresó: «Yo lo evalúo como que más que un reconocimiento a la Pastoral Social, lo es también a los referentes de los partidos políticos que participaron».
El prelado celebró el lanzamiento del plan “Argentina sin narcotráfico”
«La eficacia habrá que medirla con el tiempo y los resultados», opinó, consultado por Clarín acerca de los resultados que pudiera tener la iniciativa oficialista. «Es un buen signo que se hayan reunido para su lanzamiento a los Gobernadores, el Poder Judicial, parlamentarios, funcionarios…», añadió.
Cuando se le preguntó por la actuación del gobierno kirchnerista en este aspecto, Lozano dijo que «varios funcionarios (no todos, pero sí los de mayor relevancia) de la gestión anterior negaban el problema o lo minimizaban», y recordó que en más de una oportunidad la Iglesia lo ha señalado.
Para el arzobispo coadjutor de San Juan, «las redes del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas) han crecido y se han enquistado, en algunos lugares desplazando al Estado o supliendo su ausencia y abandono». Por eso, calcula que resolverlo «cada vez va a implicar más tiempo y más sangre inocente», pero confía en que «todavía se está a tiempo».
De cada $ 100 gastados en alimentos en la góndola de un supermercado, casi $ 40 corresponden a impuestos . De ese mismo monto, pero para bebidas, $ 50 son gravámenes. El 54,8% del precio final de un 0 km se lo lleva el Estado. El 60% de lo que se paga por un jean es carga tributaria. Casi el 30% del valor final de los electrónicos son obligaciones impositivas.
Si se hila más fino, el resultado de esa presión también llega a las empresas en servicios, lo que las obliga a gastar más, por ejemplo, en logística o seguridad. Todo esto se traduce en una menor inversión privada y en los precios más altos que tiene que afrontar el consumidor final.
Estos números surgieron de una serie de investigaciones que encaró el sector privado como respuesta a la presión oficial para impulsar una mayor competitividad empresarial y una «integración al mundo». Pero los datos también preocupan al Gobierno, sobre todo en sectores industriales que se consideran «sensibles», como textiles, calzado, electrónica de consumo y muebles, afectados por la escasa sustentabilidad del empleo.
En estos ejes está focalizado el Plan Productivo que elabora el Gobierno, según el cual apuesta a transformar, a largo plazo y en forma gradual, cerca de 400.000 empleos, de acuerdo con un documento al que accedió LA NACION. El gran desafío, según el borrador de 174 páginas, será el mercado laboral.
Es que, según se estima allí, «los sectores transables contienen cerca de 400.000 empleos (364.000, más precisamente) con necesidades de transformación» si se los quiere volver sustentables, es decir, competitivos. Todo un problema económico y político.
El Gobierno reconoce que el peor enemigo de la competitividad es el Estado. Según se consigna en el anexo del texto completo del Plan Productivo Argentino 2016-2019, la presión tributaria llega al 137,4% de las ganancias comerciales. Esto significa que las compañías privadas locales pagan por impuestos una cifra que más que duplica a lo que efectivamente ganan.
«La Argentina posee una altísima presión tributaria», declama el documento que recopiló la Secretaría de Transformación Productiva, que conduce Lucio Castro, ex hombre del Cippec y economista que conoce de cerca el modelo de transformación que encaró Australia. Pasó poco tiempo atrás un mes en ese país estudiando los cambios implementados allí en los ’90. Pero la idea es anterior: viene de trasnochados lectores de Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgembaum.
Un espejo que adelanta
El Plan Productivo Argentino dedica varias páginas a ese espejo que adelanta. «El ejemplo de Australia sugiere que los procesos de transformación productiva requieren lograr hitos tangibles de generación de empleos de calidad por medio de una estrategia de apertura gradual y transformación productiva», explica en la cinco páginas dedicas al tema.
«Australia encaró un proceso de apertura gradual y asistencia directa para la transformación de los sectores sensibles», explica el documento oficial. La asistencia de ese país para esa misión llegó a más de US$ 13.000 millones entre 1991 y 1999 a través de subsidios directos y exenciones impositivas. Es una pista para deshilachar el objetivo oficial. «Australia logró transformar a la industria en un sector competitivo a nivel internacional y fue capaz de generar nuevos empleos de calidad en servicios», señaló el informe.
«Es un error pensar que queremos ser Australia. Tenemos, sobre todo, otra estructura laboral. Sí observamos el proceso de transformación que llevó adelante, diferente a las aperturas totales de Estados Unidos y Gran Bretaña, porque estuvo basado en acuerdos políticos con sindicatos y empresas», igualmente aclaró un funcionario.
El Plan Productivo Argentino define ambiciosas metas «orientativas». Se busca un crecimiento del PBI de 4% por año, un PBI per capita similar al de Uruguay (US$ 16.350), aumentos de 8,7% anuales en las exportaciones, un incremento de la inversión del 18% al 25% del PBI, que las inversiones extranjeras se expandan 1,2 puntos por año, una suba del empleo formal de 3,7% por año y una baja de 6 puntos porcentuales anuales en la informalidad.
Para eso se aplicarán una serie de políticas transversales: baja del costo de capital; reducción del costo logístico y de transporte (a través de obras de infraestructura); mejora de la productividad del trabajo; una reforma impositiva; el impulso de la innovación científica; el empuje de mayor competencia; la desburocratización estatal y la búsqueda de una integración al mundo.
Pero el principal leit motiv empresario pasa en la actualidad por los impuestos. La Unión Industrial Argentina (UIA), preocupada por el posible reconocimiento de China como economía de mercado y la reconversión que plantean las políticas sectoriales oficiales, se quejó de esto el último jueves.
«Hay una gran presión tributaria y esto afecta la rentabilidad. Es necesaria una reforma tributaria», criticó Adrián Kaufmann, presidente de la entidad, en la celebración del Día de la Industria.
El Gobierno ya encargó este tema al asesor del Ministerio de Hacienda, Nadín Argañaraz, uno de los autores en el pasado de las informes privados sobre el problema de la importante carga impositiva en las empresas.
Liderazgo negativo
La presión tributaria como porcentaje de las ganancias en la Argentina casi quintuplica a la que muestra Chile (28,9%), según la Secretaría de Transformación Productiva. «Chile necesita vender cinco veces menos que yo en la Argentina», cuestionó un empresario de un sector «sensible», e ironizó: «Compararnos con Australia está muy bien si nos van a cobrar los mismos impuestos».
La Argentina encabeza el ránking de mayor presión tributaria entre doce países elaborado por el propio Gobierno. Luego vienen Colombia (69,7%), Brasil (69,2%), China (67,8%), Francia (62,7%), España (50%), Alemania (48,8%), Estados Unidos (43,9%), Uruguay (41,8%), Perú (35,9%), Reino Unido (32%) y el mencionado caso chileno.
Su nombre circuló ahora porque creó una empresa para acceder a los beneficios anunciados por su pariente Macri para las energías renovables, pero hace quince años Rossi fue protagonista de un escándalo que lo tuvo primero como prófugo y luego como detenido.
Por Miguel Jorquera
Se lo podría definir como un empresario “ecológico” ligado a los negocios del poder. Alberto Artemio Rossi, el cuñado de Mauricio Macri y Juliana Awada, fue noticia en los últimos días cuando se supo que, poco antes de que el Gobierno lanzara un plan para promover empresas dedicadas a las energías renovables, formó de urgencia una compañía para “generar, producir y transportar energía eléctrica en todas sus formas” y así poder participar de licitaciones y beneficios. Lo que no se dijo es que el esposo de la hermana mayor de la primera dama nunca desdeñó sus lazos con el poder. Rossi fue el arquitecto que diseñó y construyó La Rosadita, el bunker que el ex presidente Carlos Menem edificó en su Anillaco natal, y también fue protagonista de un resonado escándalo, que primero lo tuvo como prófugo de la Justicia y luego como detenido: en los 90 creó una empresa para trasladar residuos tóxicos desde Bahía Blanca hasta Mozambique, con socios que se formaron como gerentes en las empresas de Alfredo Yabrán y declamaban sus vínculos con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, y que hasta fueron registrados en una cámara oculta jactándose de ser los promotores del contrabando de oro y de armas a Croacia y Ecuador.
El cuñado presidencial Alberto Rossi y su hijo fundaron en junio Solartia SA, una empresa para generar y transportar electricidad, con el objetivo de “celebrar todo tipo de contratos con entes públicos y privados”. Según reveló en el portal Nuestras Voces la ex legisladora porteña de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, la flamante empresa del esposo de Zoraida Awada fue publicada en el Boletín Oficial apenas un mes antes de que el cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmara la Resolución 136 por la cual se convoca a los interesados a presentar ofertas para el Plan de Energías Renovables Argentina 2016-2025, bautizado RenovAr. Una licitación para la que ahora se preparan los Rossi con una empresa también habilitada para “compra e importación de estructuras” para energías renovables y “realizar uniones transitorias de empresas y celebrar cualquier clase de asociación para cumplir con el objeto social”.
A ese área de negocios ya se sumaron otros buenos amigos presidenciales: Nicolás Caputo, dueño de varias de las principales empresas contratistas de obra pública, y el magnate británico Joe Lewis, que hospedó al matrimonio presidencial en su mansión de Río Negro.
Es que el RenovAR promete ser muy redituable para los empresarios. Macri y Aranguren anunciaron que llegarían inversiones por 5 mil millones de dólares para el sector en el que el gobierno de Cambiemos creará un fondo de fomento de 12 mil millones de pesos y disminuye cualquier riesgo empresario asegurando compradores: el 8 por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable. El costo lo pagarán los usuarios.
La propuesta del gobierno renovó el espíritu emprendedor de Rossi, cuyos antecedentes empresarios no son los mejores. A principios de 2001, este cronista publicó una investigación en El Diario de Morón que revelaba la existencia de International Waste Group (IWG), una empresa destinada al traslado marítimo de residuos peligrosos y tóxicos desde la zona militar del puerto de Bahía Blanca y que recorrería los principales puertos de América y Europa hasta el africano Maputo, donde serían finalmente enterrados en un basurero formado por “rocas impermeables”. La empresa había sido habilitada por María Julia Alsogaray.
Uno de los socios de Rossi era el empresario Antonio Aguirre, amigo del ex intendente menemista Juan Carlos Rousselot, que le habilitó el crematorio privado que funciona en el cementerio de Morón y dueño de otro similar que el ex intendente de San Isidro, el radical Melchor Posse, también habilitó en su municipio. Aguirre había recibido unos meses antes en su quinta de Parque Leloir (Ituzaingó) a Al Kassar, al que paseó por Morón y al que reconocía como el socio oculto de IWG detrás de un negocio mayor. El otro dueño de IWG era Alberto Artemio Rossi, el arquitecto de Menem, que además de la Rosadita construyó la fastuosa pista internacional de Anillaco para exportar aceitunas riojanas al mundo, la que nunca se utilizó.
Unos meses después, munido de toda la información recopilada por El Diario de Morón (y su colaboración periodística), Telenoche Investiga retomó la investigación: en octubre de 2001, logró mostrar en cámara oculta con la inmunidad y el desparpajo que Rossi, Aguirre y el tercer socio, el verborrágico Angel Ramini, desplegaban su prontuario delictivo para asegurarse otro negocio oscuro que se proponían realizar.
–“¿Vos sabés de quién eran los contenedores que transportaron las armas (a Ecuador y Croacia)?” –le preguntó Ramini a su interlocutor, que lo filmaba con cámara oculta.
–“De Papito –se contestó señalándose con las manos y desplegando una sonrisa irónica. “¿Vos sabés quién fue el despachante de aduana de Fabricaciones Militares?”, continuó y sin esperar respuesta volvió a repetir: “De Papito”. “¿Vos sabés quién no está en los diarios?”, insistió y volvió a responderse: “Papito” y lanzó una carcajada.
Hasta entonces “Papito” Ramini sólo había sido mencionado en el libro La mafia del oro, donde el periodista Marcelo Zlotogwiazda le dedicó un capítulo para recordar su paso como gerente de Juncadella en época de Yabrán. Pero el escándalo que desató la investigación de Telenoche lo puso al descubierto de una manera que hasta envidiarían las “viralizaciones” en estos tiempos de redes sociales. Una publicidad televisiva de la multinacional de bebidas colas llegó a mostrar a Papá Noel en plena crisis de la Navidad de 2001 preguntando a los televidentes: “¿Quién llevaba los regalos?” y cerraba el comercial con la bebida en la mano y una respuesta que los publicistas consideraban que se había masificado: “Papito”.
“Mi vida se complicó cuando conocí a Antonio. A mí me lo presentó Carlitos Menem”, decía en forma risueña Rossi a la cámara oculta de Telenoche, reconociendo su sociedad con Aguirre y su participación en el negocio sucio que le proponían los investigadores.
Ramini expuso a Rossi de otra forma. “¿Estás en Don Torcuato? Bueno mándale un abrazo al Jefe”, dijo distraídamente Ramini en una conversación telefónica captada por la cámara oculta. El nombre de Rossi no figuraba en los registros de visitas a la quinta que el ex jefe de la Casa de la Moneda Armando Gostanian tenía en Torcuato, donde Menem cumplía prisión domiciliaria por contrabando de armas. Pero sí quedó registrado (el 27 de septiembre de 2001) el de la mujer de Rossi, Zoraida Awada, hermana de Juliana y madrina de su casamiento con Mauricio Macri.
A la hora de nombrarlo como su socio, Ramini era más contundente: “Alberto está subido a la loma, porque es el testaferro de Menem ¿Te suena el arquitecto Rossi?”, le dice Ramini a la cámara oculta. “Alberto la hizo fácil. Desde el ‘92 la tuvo en bandeja, pero en esos años no tenía ni para comer”, sumó Aguirre. Rossi ya vivía en una mansión del selecto country Tortugas.
Tras la publicación del informe televisivo, el juez federal Jorge Urso ordenó la captura de los tres empresarios. Rossi, Ramini y Aguirre estuvieron prófugos y luego presos. Recuperaron su libertad y la causa de Urso nunca prosperó.
Desde entonces, Rossi mantuvo perfil bajo. Reapareció como funcionario en el gobierno porteño de Macri. Hasta el 10 de diciembre fue jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de Gobierno, Emilio Monzó, hoy titular de la Cámara de Diputados. Ahora parece más entusiasmado con lo que su cuñado propone como negocio estelar de su gestión: las energías renovables.
“Se habló de actividades que se están llevando a cabo en forma organizada a espaldas del Gobierno, cuya misión es recolectar todo tipo de información para no fallar en futuras misiones contra el actual gobierno del PRO en la Provincia y contra la Gobernadora Vidal”. La carta que incluye ese párrafo llegó a la gobernación bonaerense con detalles de la presunta “Operación Talonario” para “hacer boleta” aMaría Eugenia Vidal, a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra. ¿Secuelas de la reforma que llevó a dejar más de 1.800 agentes fuera de la fuerza y abrió más de cinco mil sumarios en ocho meses?
Textual. La amenaza fue revelada por primera vez por el diario Clarín. Pero hasta ahora no se había mostrado la carta que alertó sobre la presunta organización policial para terminar con la vida de la gobernadora y sus funcionarios, en la que se involucra a comisarios de la Bonaerense en actividad y exonerados de la fuerza por distintas irregularidades.
“Un fin de semana del mes pasado (julio) hubo un almuerzo reservado realizado en elcírculo policial de La Matanza al que asistieron más de 30 personas, en su mayoría oficiales retirados de la fuerza”, explica la carta dirigida al jefe de Asuntos Internos. “Se llegó a tal nivel que se mencionó la existencia de grupos preparados con mano de obra externa para utilizar el ‘Talonario’. Y a decirse que este plan estaba en marcha para eliminarlo a Ud. y al ministro Ritondo. Se comentó que muchos oficiales en actividad se dedican más al seguimiento de ‘lápices altos’ que al cuidado de la gente”, completa la misiva.
Además, la carta nombra a comisarios vinculados a las plantas verificadoras de vehículos, que fueron intervenidas por generar un negocio ilegal de entre $ 4 y $ 5 millones por mes. También se mencionan efectivos vinculados de La Plata, donde se cambió la cúpula policial tras el hallazgo de sobres con dinero proveniente del delito.
“Esta investigación, como otras relacionadas con la extorsión y el juego clandestino, está trayendo mucha preocupación en las mafias bonaerenses, a tal punto que podría derivar en graves conflictos internos”, destaca el escrito, ya sobre el epílogo.
La misiva ya está en manos de los funcionarios judiciales de la UFI 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo. Los secretarios del juzgado son los que recibieron el material. Según pudo saber este diario, una de las primeras medidas, no bien Bravo regrese de una breve licencia, sería determinar, mediante las celdas de los celulares, dónde se encontraban los efectivos mencionados.
Más amenazas. PERFIL tuvo acceso también a la presentación judicial que realizó hace poco más de una semana Berra (Asuntos Internos). En el escrito presentado ante la Justicia se detalla que se encontró “en un sobre una nota tipo carta con una advertencia, referida a un complot de funcionarios policiales en actividad y fuera de actividad, relacionado con la política que lleva adelante el ministro Ritondo”.
La carta no estaba en cualquier lugar sino en el expediente abierto a raíz de la investigación por el hallazgo de 36 sobres con más de $ 153 mil encontrados en la sede de la Departamental Policial de La Plata el 1º de abril.
La amenaza contenía dos pasajes de la Biblia: el salmo 54, versículo 5 (“El devolverá el mal a mis enemigos”) y el salmo 23, versículo 5 (“Tú prepararás [la] mesa delante de mí en presencia de mis enemigos”).
A ello, según pudo saber PERFIL, se suman dos amenazas más que no terminaron en la Justicia: una a los custodios de la Metropolitana del ministro Ritondo. Otra, al despacho de Federico Salvai, el ministro de Gobierno. El mismo al que le revisaron su casa en La Plata.
El fiscal Federico Delgado presentó un recurso de apelación ante la decisión del juez Daniel Rafecas, quien dictó la falta de mérito de la monjaCelia Inés Aparicio. Además consideró que las religiosas María Antonia Casas y Marcela Estefanía Albín deben ser tratadas como imputadas y no como testigos, como hasta ahora.
El representante del Ministerio Público sostuvo que en su fallo, Rafecas no analizó en su contexto los hechos que le reprochó a Aparicio: en el escrito, Delgado señaló que las monjas habitaban el 14 de junio de 2016 una casa de oración que recibió parte de los 9 millones de dólares que José López ocultó en horas de la madrugada.
Además destacó que «esa suerte de desembarco» no tomó por sorpresa a las religiosas, sino que fue precedido por varias llamadas telefónicas que lo prepararon. «Todas ellas sabían que López esa noche pasaría por el convento«.
Delgado afirmó que la falta de sorpresa de las monjas se sustenta en dos pruebas: las imágenes que captaron el momento en que Aparicio ayudó a López a ingresar los bolsos con dinero, bajo la atenta mirada de Marcela Albín; y la «relación sedimentada» con el paso del tiempo que unía al ex secretario de Obras Públicas con las habitantes del monasterio.
Las monjas con José López
El fiscal destacó que ninguna de las monjas llamó a la policía cuando vieron lo que López guardó en el lugar y agregó que si Jesús Ojeda no llamaba al 911, López hubiese tenido éxito en su intención de ocultar el dinero.
En otro tramo de su presentación, Delgado recordó que al momento de declarar, Aparicio, Casas y Albín indicaron que el monasterio era conducido por la hermana Alba, por lo que ella tomó la decisión de recibir a López y ellas sólo acataron la orden.
Delgado mencionó el informe del Cuerpo Médico Forense que concluyó que la hermana Alba «no se encuentra en condiciones psicofísicas de enfrentar un proceso penal». En base a ese dictamen, el fiscal afirmó que «esto significa que las religiosas mintieron», porque Alba no puede tener los problemas que describen los médicos y a la par ejercer el gobierno del monasterio.
Finalmente el fiscal Delgado sostuvo que Aparicio, Casas y Albín conocían de antemano las intenciones de José López y decidieron ayudar a ocultar el producto de un delito. Señaló también que tuvieron una participación activa en demorar la respuesta del portero eléctrico pese a la insistencia del personal policial, que pidió durante una hora ingresar al convento.
Por esos motivos, Delgado solicitó que la Cámara Federal revise el fallo de Rafecas, procese a Aparicio y convoque a indagatoria a las otras dos monjas.
Al momento de presentarla, tres gobernadores y dos legisladores de cinco partidos elogiaron la coherencia, la ética y el coraje de Margarita Stolbizer. Pero lo primero que se le ocurrió decir a la líder de GEN, ayer, al presentar su libro «Yo acuso», no fue gracias, sino otra palabra: esperanza. «Esta convocatoria tan plural y diversa me genera esperanza en la Argentina», señaló, para desatar la primera tanda de aplausos.
La cita, en un Palacio San Miguel que desbordó de dirigentes políticos, intelectuales y periodistas, convocó sobre el escenario a los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Miguel Lifschtiz (Santa Fe) y Gerardo Morales (Jujuy), además del diputado Sergio Massa y la legisladora porteña Graciela Ocaña. Pero la foto que demandaba la ansiedad electoral, con Stolbizer en medio de Vidal y Massa, dos que se la disputan como aliada para 2017, nunca sucedió: el ex candidato presidencial llegó tarde y la gobernadora ya había partido.
Ajena a todo eso, la atención de Stolbizer estuvo puesta en reflejar que su libro, que indaga en la trama, los orígenes y consecuencias de la corrupción del kirchnerismo, y que se centra en la figura de Cristina Kirchner, no se reduce a una descripción de investigaciones.
«Es una convocatoria a reflexionar sobre lo que nos pasó, porque los que nos pasó es una vergüenza, un genocidio social. Hay que mirar la corrupción con los ojos de María Luján Rey [la madre de Lucas Menghini, muerto en la tragedia de Once], con los ojos de los inundados de La Plata, con los ojos de los que todavía esperan su vivienda o perdieron una vida en una ruta. El libro busca conmover el corazón para que esto no vuelva a pasar», resumió la diputada.
Pidió Stolbizer no equiparar corrupción con política, no sólo por los políticos que son honestos, sino «por los elefantes que se esconden» en esa generalización. Y pidió reivindicar a la vicepresidenta Gabriela Michetti, luego de que se equiparara el dinero que fue robado de su casa con los bolsos con dólares de José López.
Pero aclaró, con la mirada en Cambiemos: «Esto no quiere decir que no exijamos transparencia. Los que gobiernan deben ser no sólo no corruptos, también deben ser prolijos, austeros y, sobre todas las cosas, ejemplares». El cierre, que pudo ser el principio, fue para plantear su libro como una suerte de «Nunca Más» de la corrupción. «Este libro no es un relato, es una convocatoria a un pacto contra la corrupción, cerró.
Bajo el mismo signo lo colocó Luis Majul, editor de la publicación (Margen Izquierdo-Planeta): «Los políticos escriben libros para la campaña. Malos, impublicables. Este es el mejor libro que publiqué. Es un libro para la historia».
Los invitados se enfocaron más en la figura de Stolbizer. Ocaña, en su «sencillez». Morales, en su «coraje». Lifschitz, en su ejemplaridad «ética y moral». Vidal fue un poco más allá: habló de «dar juntos las mismas peleas que todos estamos danto». Massa parafraseó el saludo que Stolbizer le ofrendó anteayer, cuando ambos compartieron su primera cita partidaria: «No estoy acá de casualidad: estoy convencido de que estás poniendo un mojón en la historia».
La taquilla del Palacio San Miguel reflejó la centralidad de Stolbizer en los últimos meses y el respeto que genera en otras fuerzas, pero también la apetencia por seducirla para 2017: aunque hubo mayoría del GEN, el socialismo y Libres del Sur, los diputados, senadores y referentes del massismo superaron en número al resto. Vidal llegó con cuatro ministros: Federico Salvai (Gobierno), Cristian Ritondo (Seguridad) Joaquín de la Torre (Producción) y Leonardo Sarquís (Agroindustria), además del intendente Jorge Macri.
Elisa Carrió, enemistada con Stolbizer desde hace años, envió una carta que Majul presentó como un saludo a la líder del GEN. Pero la escueta misiva ni mencionaba a Stolbizer. Con cálculo preciso en cada palabra, Lilita expresó «alegría» porque «se sigan sumando» investigaciones.
El juez federal Daniel Rafecas reveló este viernes que el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López aseguró que «cuando esté en mejores condiciones físicas y anímicas va a dar más información» sobre el origen del dinero con el que fue sorprendido en el monasterio de General Rodríguez.
Luego de ampliar el procesamiento del ex funcionario por la mansión donde vivía en Dique Luján, partido de Tigre, el magistrado puntualizó que «hay una serie de elementos de prueba que son convincentes de que, desde el 2009, López se manejó como dueño de la casa, más allá de que la titularidad estuviera a nombre de dos empresarios y él figurara como inquilino».
Consultado sobre si se pudo avanzar en la procedencia del dinero que le hallaron al ex funcionario K, detalló que la posibilidad de rastrear el origen de los fajos «se fue deshilachando porque solamente unos de los fajos tenía las marcas originales de la reserva federal para hacer su rastreo y recientemente el Banco Central nos dijo que no tenía registro de esa numeración».
Sin embargo, indicó que en los próximos días van a recibir información complementaria de otros bancos para ver si pueden dar con el origen de esos dólares. En este sentido, reveló que en su última declaración, López «dijo que cuando esté en mejores condiciones anímicas y físicas va a dar más información».
El estado de salud del ex funcionario K fue una cuestión preocupante desde su detención. Dos días después de ser arrestado, López debía presentarse ante el magistrado para que le tomara declaración, no obstante el ex secretario de Obras Públicas comenzó a golpearse la cabeza contra la pared y decía no saber quién era. El perito judicial le diagnosticó estrés y su indagatoria fue pospuesta. Desde ese entonces se le realizaron varios estudios para determinar si realmente se trataba de nervios o los fingía como estrategia elaborada para su defensa.
Rafecas también minimizó la posibilidad de que las hermanas del monasterio de General Rodríguez, donde fue detenido López el último 14 de junio pasado con bolsos que contenían 8.982.000 de dólares, estuvieran en conocimiento del hecho y que fueran cómplices: «Eran monjas consagradas apartadas en la vida social. Está probado que estaban en conocimiento de que esa noche iba a ir López a quedarse unos días en retiro espiritual en el convento, pero de ahí a suponer que sabían que López iba a caer con casi 9 millones de dólares y un arma de largo calibre, eso no está probada», señaló.
Tras dictar la falta de mérito de la hermana Inés, la única religiosa imputada por el hecho, el juez dijo que se inclina por pensar que el monasterio es el lugar que López encontró para «refugiarse» la noche en la que fue detenido, de forma coyuntural.
En cuanto a su resolución de ayer, en la que además procesó a la esposa de López y dos allegados al matrimonio, sospechados de ser testaferros, sostuvo que «es un procesamiento con vistas a que el día de mañana se haga un juicio oral en que las partes van a tener la posibilidad de presentar sus alegaciones».
El fiscal Eduardo Rosende, a cargo en forma interina de la Fiscalía de Instrucción Nro. 45, le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini que la reconstrucción de la muerte del fiscal Alberto Nisman se realice sobre la base de dos hipótesis: la del homicidio y la del suicidio. La medida fue solicitada durante la feria judicial pero aún no fue resuelta por la magistrada que investiga el caso.
Rosende, que subroga a Viviana Fein, que se jubiló, indicó que a fin de dotar a la junta interdisciplinaria de peritos médicos y criminalísticos de una mayor eficacia se incluyan todas las hipótesis en la causa.
Fein siempre se negó a investigar la posibilidad de que la muerte del fiscal Nisman haya sido producto de un homicidio.
El requerimiento del fiscal Rosende se produce a pocos días de que se haya conocido el informe o «autopsia» psicológica elaborado a partir de los dichos de allegados a Nisman. Ese estudio determinó que «del grupo de personas entrevistadas y de las constancias de autos que se analizaron, no es posible inferir elementos de valor psicopatológico que permitan deducir que el occiso cursaba –al momento de su muerte- un síndrome o trastorno psíquico asociado a conducta destructiva».
Tras el pedido del fiscal Eduardo Rosende será la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción Nro. 25, Fabiana Palmaghini quien resolverá de qué forma se van a producir esos actos procesales.
Pese al tiempo transcurrido, aún no está definido qué fuero investigará la muerte del fiscal Alberto Nisman ya que el Fiscal General ante la Cámara Criminal de la Capital Federal, Ricardo Sáenz presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que la causa tramite ante la justicia federal.
Los artistas advierten que la cultura está en estado de emergencia ante las dificultades que atraviesan teatros y centros independientes. Llevarán a la manifestación sus reclamos de políticas públicas para el sector.
Por María Daniela Yaccar
“Estamos en emergencia cultural. La defensa, el sostén y el desarrollo de la cultura deben ser políticas de Estado”, sostiene el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas. Por eso, convoca hoy a participar de la Marcha Federal desde las 13, partiendo del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530). A las 14 se movilizarán al Obelisco, desde donde marcharán a Plaza de Mayo. “La cultura es el principio y el fin del desarrollo humano y, como tal, un derecho inalienable. Estamos viviendo un modelo colonizador y excluyente”, subrayan.
Por el “sostén” de las redes culturales en los territorios, de las culturas comunitarias autogestivas, las políticas culturales de memoria, verdad y Justicia. Por el restablecimiento y funcionamiento de programas culturales inclusivos, de producción y distribución de bienes culturales, la Ley Federal de Culturas, la formación de un “amplio” frente artístico y cultural y un plan estratégico de desarrollo cultural soberano. Por todo esto se movilizará el Frente de Artistas.
“Se ha declarado la emergencia cultural debido a las grandes dificultades que tienen los teatros, bares culturales, milongas y centros culturales independientes para poder mantenerse, debido a los enormes aumentos”, explica a Página/12 el poeta Juano Villafañe, integrante del Frente. “Desconocemos cuáles son los presupuestos para la cultura y cómo se garantizará que funcionen todas las instituciones y programas culturales. La producción cultural se ha detenido, disminuyen significativamente los públicos en las salas, la situación de las librerías es crítica”, detalla el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación.
Villafañe recalca que participan de la Marcha Federal porque “apuestan a que se reconozcan reivindicaciones del conjunto de los trabajadores, en función de este modelo económico, que genera desocupación y empobrecimiento de los sectores populares”. “En los últimos años se alcanzaron grandes conquistas en el sector cultural, que culminaron con la creación del Ministerio de Cultura. Hemos logrado muchas cosas. Este piso tan alto nos permite hoy contar con un despliegue político cultural como nunca tuvimos en el país”, dice el poeta.
“Podemos trabajar tanto con la Red Académica por los Derechos Culturales a nivel nacional, como territorialmente en los municipios, en la legislación cultural impulsando la Ley Federal de las Culturas, instalando foros en todo el país para el debate cultural que permita abordar desde las estéticas del neoliberalismo hasta las formas en que se debe financiar la cultura y el rol que debe jugar el Estado. Este nivel de construcción que alcanzamos nos permite hoy ser parte de la Marcha Federal y continuar con la lucha por nuestras reivindicaciones sin desconocer los grandes debates nacionales por la transformación cultural del país”, concluye.
Se trata de la sociedad D.H. COM S.A., licenciataria de Pop Radio 101.5, vinculada con el empresario cercano al kirchnerismo. Según un comunicado difundido ayer por el Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción porteña, la empresa evadió impuestos por $ 1.135.156 desde 2012.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 40, a cargo de Matías Michenzi, con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Penal Tributario del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal. La fiscalía había hecho lugar a las denuncias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no registró los pagos.
La Justicia le embargó $ 2,5 millones a una empresa del Grupo Indalo, vinculada al empresario Cristóbal López. Foto: Archivo
Según se conoció ayer, esa investigación dio como resultado que la sociedad embargada facturó más de $ 140 millones entre 2012 y 2014, por lo que «en sus cuentas bancarias tenía dinero de sobra para afrontar el pago de ingresos brutos, tributo que la empresa retuvo pero que no pagó a la AGIP.».
«DH COM SA -Pop Radio 101.5- obtuvo ingresos totales por ventas, servicios y locaciones durante el año 2012 por la suma de $ 27.678.193, el año 2013 por $ 43.971.201 y $ 63.817.363 en 2014», señala el comunicado. Por esas irregularidades, Michenzi intimó a los responsables de la empresa -Mariano Frutos y José Luis Rodríguez Pagano- «por presunta apropiación indebida de tributos».
Al mismo tiempo, la jueza María Araceli Martínez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, ordenó el miércoles el millonario embargo de «los fondos y valores existentes, así como los que ingresen en el futuro en cualquiera de las cuentas u operaciones en todo el sistema financiero, hasta cubrir la suma de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000) de la firma D.H. COM S.A. del grupo Indalo en concepto de capital e intereses».
Ofensiva judicial
La decisión de la Justicia representa un golpe más hacia el conglomerado del que participaban el «zar del juego» y el empresario Fabián De Sousa, que creció considerablemente durante los años de kirchnerismo. Actualmente, los socios están siendo investigados por la evasión de impuestos a nivel nacional durante los últimos años, en los que acumularon una deuda por más de $ 8000 millones con la AFIP.
Lo de anteayer se suma a una serie de golpes que recibió López. La semana pasada, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia había suspendido una convocatoria de acreedores de la empresa Oil Combustibles por esa misma deuda con la AFIP.
Además, con el objetivo de ampliar el cerco judicial e impedirle desprenderse de sus propiedades, en julio el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de los bienes de López -junto con los de De Sousa- y de 35 empresas que formaban parte del Grupo Indalo Media. También lo citó a indagatoria.
Por Miguel Jorquera
