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En paralelo a la discusión en el Congreso de la reforma judicial, el Gobierno busca avanzar también con el proyecto para crear un impuesto a las grandes fortunas. Según el diputado Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el texto ingresará a la Cámara Baja en los próximos días.

“Buscamos la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y el máximo beneficio posible; será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas”, afirmó el diputado en declaraciones a El Destape Radio, y agregó: “Esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en paraísos fiscales. Eso habría que hacerlo pero no es este el ámbito”.

Todavía no circuló el borrador del proyecto, que se elaboró con aval de Casa Rosada, entre los diputados del bloque del Frente de Todos, pero Heller adelantó que será un “aporte solidario extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos”. “El impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos y el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000 personas”.

Con esta iniciativa, que el Frente de Todos analiza desde mayo pero dilató la presentación oficial en el Congreso, el Gobierno busca recaudar un ingreso superior a 300.000 millones de pesos. “Esto no es contra nadie ni tiene nombres propios. Por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda”, añadió.

La fachada del Congreso, ayer, en la vigilia previo a la discusión de la reforma judicial en el Senado (Franco Fafasuli)

“Estuvimos dos veces con Alberto Fernández. Una cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba, si había algún problema. Ahí nos volvimos a encontrar y le expliqué que teníamos que perfeccionar el funcionamiento remoto para que no haya ningún problema”, señaló Heller.

Cuando se comenzó a discutir la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas, y más allá de la característica de extraordinario, varios tributaristas consideraron que las nuevas escalas sumadas a otros impuestos que ya gravan el patrimonio pueden provocar que el impuesto sea “confiscatorio”, lo que permitiría en algunos casos avanzar con reclamos en la Justicia.

“Lo real es que ya existe en la Argentina un impuesto que grava lo mismo que este nuevo proyecto. Es el impuesto a los Bienes Personales que a fin de año pasado ya ha tenido un aumento exorbitante. Gravar nuevamente la misma capacidad, con algunos supuestos, se torna confiscatorio”, explicó César Litvin, titular de Lisicki, Litvin & Asociado, en aquel momento, ante la consulta de Infobae.

Sin embargo, los especialistas adviertieron que probar la existencia de la inconstucionalidad per se de un impuesto en este contexto político y económico es remota. Y que los planteos judiciales que puedan promoverse una vez que el impuesto sea sancionado deberán efectuarse para cada caso concreto de un contribuyente en particular.

“La judicialización del caso y su posibilidad de éxito está directamente relacionada con el concepto de confiscatoriedad, para lo cual cada contribuyente debe bajo pericia contable demostrar que se está lesionando su propiedad privada”, coincidió Iván Sasovsky, de Sasovsky & Asociados.

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Fuente: Infobae.com

El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, insistió hoy con que el tipo de cambio que tiene la Argentina «es competitivo», por lo cual, aseguró, «no se necesitan devaluaciones adicionales». Para el titular de la autoridad monetaria, «la inestabilidad de nuestra economía y nuestra moneda ha llevado a un proceso de dolarización muy importante. Debe ser uno de los países con mayor cantidad por billetes de dólar per cápita, incluso creo que debemos superar a varios Estados norteamericanos en esa relación». Además, consideró que «el mayor desafío es canalizar la inversión y al crédito con el ahorro interno». Al disertar en una nueva edición del Consejo de las Américas, Pesce sostuvo que desde 2011, la Argentina «no puede encontrar un proceso de crecimiento sostenido. Y esta circunstancia llevó a que haya niveles de pobreza y desigualdad difíciles de soportar». A su criterio, el país «tiene un problema en el sector externo que se agudizó desde ese año. Estamos muy conectados con el mundo y eso nos fuerza a ser una economía abierta». «El país necesita exportar más. Y en ese sentido tiene ventajas, ya que es un gran productor de alimentos. También hay gran potencial en hidrocarburos y sus derivados», enfatizó. «El campo es importantísimo para exportar», Felipe Solá, Canciller Argentino. Con respecto a la inflación, comentó: «es un problema crónico. Y es otro desafío: estabilizar la moneda y estabilizar los precios». «Cuando se dan procesos inflacionarios sostenidos en un país, los instrumentos tradicionales de macroeconomía no sirven para cortarlos. Entonces, nuestro planteo, al asumir, fue enfrentar esta situación para mejorar la estabilidad de precios», añadió. En ese sentido, Pesce indicó: «no nos fijamos en metas cuantitativas de inflación, sino en una serie de principios. Uno de ellos es que la tasa de interés ea real, por ejemplo para que las personas que ahorran en pesos no vean deteriorados sus ingresos». Por otra parte, el funcionario afirmó que la Argentina «tiene uno de los sistemas financieros más pequeños del mundo», por lo cual abogó por su crecimiento, al igual que el mercado de capitales. El presidente del BCRA aprovechó el evento para remarcar el “éxito” que tuvo el proceso de emisión monetaria realizada para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, que alcanzó a $ 1,5 billón, al subrayar que esa decisión “no generó un crecimiento de la inflación, sino todo lo contrario”. “La emisión fue importante, pero podemos decir que también tuvimos éxito en el sentido que la mayor emisión monetaria no se tradujo en aumentos o aceleración de la inflación, sino que todo lo contrario, hubo una morigeración del proceso inflacionario”, puntualizó Pesce al disertar en la reunión anual del Consejo de las Américas que se realiza en forma virtual.

Fuente: Perfil.com

Sin una fecha oficial definida para el reinicio de las operaciones de vuelos regulares, algunas de las aerolíneas internacionales que vuelan a la Argentina comenzaron a programar un cronograma de emergencia, con vuelos especiales, en general destinados a repatriaciones, ciudadanos residentes o viajes por trabajo o estudios. Sin embargo, otras empresas directamente decidieron dejar de operar las rutas que tenían como destino el aeropuerto de Ezeiza.

Es el caso de Air New Zealand, Qatar Airways y Emirates, que antes de la pandemia tenían rutas que unían sus países con la Argentina y que ya anunciaron que no las retomarán una vez que finalicen las medidas de restricciones a los vuelos. En este contexto, también se produjo en junio la salida del mercado local de Latam, luego de 15 años de operación en el mercado doméstico y más de 1.700 empleados.

Cada una de estas empresas internacionales cuenta, además, con una pequeña base en la Argentina y contratan servicios a firmas locales, que no tendrán ahora esos ingresos

Cada una de estas empresas internacionales cuenta, además, con una pequeña base en la Argentina y contratan servicios —como empleados de atención al pasajero o de rampa— a firmas locales, que no tendrán ahora esos ingresos. También se pierden ingresos por los hoteles donde se aloja la tripulación, las tasas y las tarifas que pagan al sistema aeroportuario.

¿Por qué dejan las empresas de volar a la Argentina? En el sector aseguran que las causas son muchas y que varían según la situación particular de cada empresa. Pero coinciden en que el mercado local se achicó y que el menor peso del turismo emisivo —argentinos que puedan viajar al exterior— le impide a las líneas aéreas volver a sus destinos con el “avión lleno”.

Qatar confirmó su decisión de cancelar su ruta a Buenos Aires

“En un contexto global de pérdidas millonarias para la industria, las empresas aéreas tienen que enfocarse en donde tengan mayor rentabilidad y cerrar en donde tienen pérdidas. Tienen que enfocarse en lo que les rinde”, explicó una fuente. A esta situación se suma el contexto de falta de definiciones sobre la fecha de reinicio de las operaciones en la Argentina.

Más allá del contexto, hay situaciones propias de cada empresa. La decisión de Air New Zealand no afectó solo a la Argentina. En el caso de Qatar Airways también puede haber influido un acuerdo de desgravación impositiva que no llegó a concretarse, describen en el sector. También estiman que “el fantasma” de una vuelta a la situación de 2014, cuando las empresas no podían girar remesas a sus casas matrices, puede haber pesado en la balanza a la hora de tomar decisiones.

El mercado local se achicó y el menor peso del turismo emisivo le impide a las líneas aéreas volver a sus destinos con el avión lleno

“Esto es un fenómeno fundamentalmente global. Todas las líneas aéreas están sufriendo por el importante parate que tuvo la industria y se están reestructurando. Esto significa menos aviones, menos personal y por lo tanto menos vuelos. Para estas aerolíneas, la Argentina es un destino remoto y no central en su estrategia, por lo tanto es lógico que hoy dejen de volar al país. Posiblemente cuando el mercado se recupere, en tres o cuatro años, vuelvan”, señaló Mariano Ansaldo, especialista en el sector aerocomercial.

“A esta situación, se suma la coyuntura local y la incertidumbre económica y sanitaria. Somos uno de los pocos países que aún no reiniciaron vuelos domésticos ni internacionales. Los vuelos internacionales anunciados para septiembre no están abiertos para extranjeros y no hemos comunicado ninguna política de control sanitario para quienes vienen a la Argentina. En Europa hay 14 días de cuarentena al ingresar o un test de COVID-19 en el aeropuerto”, agregó.

La crisis por la pandemia provocó pérdidas millonarias en las empresas aeronáuticas (REUTERS/Daniel Munoz/File Photo)

En el sector también remarcan el daño que la salida de estas líneas aéreas pueden provocar en la economía, ya que sus rutas servían de contacto para llegar a China y toda la región Asia-Pacífico. “Menos conectividad significa menos oportunidades para negocios internacionales. Afecta la política nacional de acercamiento en las relaciones internacionales con China”, indicó Ansaldo.

También tendrá su impacto en la llegada de turistas del exterior, aunque no sea un número muy alto dentro del volumen general. Entre Qatar Airways, Air New Zealand y Emirates sumaron en 2019 unos 115.000 turistas extranjeros (entre ellos muchos brasileños que venían por la escala en San Pablo) sobre un total de 3,1 millones de extranjeros que ingresaron por vía aérea al país, según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). El turismo que recibe la Argentina viene fundamentalmente de países de la región (Brasil, Chile y Perú), y luego de Europa y los Estados Unidos.

Para estas aerolíneas, la Argentina es un destino remoto y no central en su estrategia, por lo tanto es lógico que hoy dejen de volar al país

Por la incertidumbre sobre la fecha de reapertura de los vuelos regulares internacionales, Air Europa —que conecta Madrid con varias ciudades de América— fue una de las compañías que reemplazó su operación prevista con un vuelo especial semanal. “Todas las aerolíneas necesitamos previsibilidad para entender cuándo se van a reabrir los vuelos regulares. Tenemos una programación muy light ahora, con un vuelo semanal a Madrid”, explicó a Infobae Diego García, director de Air Europa para América.

Previo a la pandemia, la empresa tenía 13 vuelos semanales (7 vuelos a Buenos Aires y 6 a Córdoba) y dos vuelos a Iguazú en la temporada alta europea. Su plan para septiembre era empezar con tres vuelos a Buenos Aires y tres vuelos a Córdoba, pero mientras las restricciones se mantienen, la empresa seguirá con un solo vuelo semanal.

El Gobierno argentino no definió una fecha oficial para el regreso de los vuelos regulares

“La Argentina siempre está en el top 3 de nuestros destinos. Nunca pensamos en dejar de volar. Pero pedimos que haya certezas con las fechas de las aperturas. Hay una demanda que está insatisfecha, cuando más nos demoremos en arrancar, se va a tardar mucho más en recuperar esa ruta”, señaló el ejecutivo.

La Argentina es uno de los pocos de América que aún mantiene medidas estrictas de restricción para la actividad aerocomercial, con sus fronteras prácticamente cerradas. Las empresas esperaban el regreso de los vuelos para comienzos de septiembre, según una resolución de Anac que había habilitado la venta de pasajes a partir de esa fecha. Pero en las últimas semanas, diversos funcionarios descartaron esa posibilidad.

El último informe de ACI-LAC, la oficina para la región del Airports Council International que representa a más de 270 aeropuertos en 34 países, destacó que la actividad en Latinoamérica cayó un 73% si se compara agosto de 2020 con el mismo mes del año anterior.

Fuente: Infobae.com

Alberto Fernández decidió meterse de lleno en la lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y definió ayer con el gobernador, Axel Kicillof, y un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires que la semana que viene lanzará un ambicioso plan de seguridad en el conurbano que contempla el giro de un fondo inicial de $12.000 millones para la compra de equipamientos, el incremento de efectivos policiales y obras en cárceles o comisarías.

En lo formal el programa se llamará “Plan Centinela”. En lo concreto se tratará un plan de la Nación que busca inyectar fondos no sólo para aumentar en unos 2.000 patrulleros entre este año y el 2021 y poner 8.000 efectivos policiales más en todo el Gran Buenos Aires.

También la idea del Presidente es desplegar un programa de obras tendientes a construir “puntos seguros” en las paradas de colectivos en el conurbano con botones de pánico y más cámaras de seguridad, la refacción de unas 200 comisarías y la construcción de cárceles.

“El Presidente está comprometido en bajar los niveles elevados de inseguridad, robos violentos y dar una respuesta inmediata al tema”, explicó a Infobae un funcionario de la Casa Rosada que participó ayer del almuerzo en Olivos de Alberto Fernández con Kicillof donde se habló abierta y extensamente de este tema.

En rigor, el jefe de Estado y el gobernador no fueron los únicos que participaron de ese cónclave. Estaban también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner y los intendentes bonaerenses, Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

Sugestivamente no estuvieron en el almuerzo los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia, Sabina Frederic y Sergio Berni. Es que se encuentran abiertamente enfrentados por las políticas que encararon ante la inseguridad e incluso el ministro bonaerense mantiene distancia de la Casa Rosada ante otros casos policiales como por ejemplo la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Mientras que Berni dice que la policía Bonaerense no tuvo nada que ver con la desaparición del joven, en la Casa Rosada hay dudas respecto del accionar de la fuerza policial.

En el almuerzo de Olivos se habló de la problemática de la inseguridad que crece en el conurbano y los problemas que tienen muchos intendentes para afrontar el delito por la falta de recursos. Así fue como Alberto Fernández definió la idea que venía conversando hace unas semanas con Kicillof de lanzar el Plan Centinela y volcar inicialmente $12.000 millones para los municipios.

Según explicaron a Infobae en la gobernación bonaerense y en la Casa Rosada, la idea del Gobierno es que ese fondo sea girado en una parte a la administración de Kicillof para la compra de unos 500 patrulleros este año y 1.500 el año que viene; la incorporación de unos 8.000 efectivos en la policía bonaerense que hoy cuenta con 94.000 uniformados y la compra de armas y chalecos.

En tanto, otra parte de los fondos irá a los municipios del conurbano destinados a la compra de más patrulleros para las policías locales, el equipamiento de cámaras de seguridad y la refacción de comisarías.

El Ministerio de Seguridad de la Nación no destinará sus fondos a este programa sino que el plan bonaerense se sustentará en este año con la reasignación presupuestaria de otros ministerios y el año que viene se incorporará un fondo especial en el proyecto de ley de presupuesto 2021.

Por otra parte, el Gobierno habló de la posibilidad concreta de avanzar este año con un plan de obras de cárceles y remodelación de unas 300 comisarías que hay en el conurbano. Esto quedará en manos del Ministerio que conduce Katopodis y se completará los más fondos que supuestamente se girarán el año que viene.

Desde el Ministerio de Seguridad que lidera Frederic aclararon a Infobae que el fondo que se destinará desde Presidencia será “para fortalecer a los municipios en el combate contra la inseguridad y forma parte de un acuerdo que selló Alberto Fernández con los mismos intendentes y con Kicillof”.

La decisión de Alberto Fernández de meterse de lleno en la pelea por la inseguridad bonaerense tiene varias lecturas. En la Casa Rosada creen que de cara a la puja por los comicios legislativos que se vendrá el año que viene el Presidente no puede hacerse el distraído en el mayor bastión electoral del país. También aseguran que se trata de un gesto claro del jefe de Estado de cerrar filas con Kicillof en medio de una fuerte puja con el kirchnerismo duro por la reforma judicial.

Además, el gesto de Alberto Fernández contrasta con aquellas declaraciones que hace más de un mes hizo la ministra Frederic al sostener que “no son muchos los robos, los medios de comunicación los hacen visibles”. Después de esas expresiones que generaron un fuerte revuelo el jefe de Gabinete tuvo que salir a desdecir a la ministra y admitir que hay un incremento del delito en muchos puntos del país con un nivel de violencia en exceso.

Parte del plan Centinela que se anunciará la semana que viene desde la Casa Rosada se conversó hace unos días en una reunión que Kicillof mantuvo en La Plata con Berni y un grupo de intendentes del conurbano.

Fuente: Infobae.com

Las declaraciones de Eduardo Duhalde sobre el posible «golpe de Estado» sumó repudios y rechazos de todo el arco político aunque, hasta el momento, faltaba la palabra de Alberto Fernández. Si bien el Presidente no respondió de manera directa, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien resaltó: «El Gobierno está firme y atento». «‘Esto va a estallar’. ‘Vamos a una guerra civil’. ‘Habrá golpe de Estado’. Sólo quieren condicionarnos, arrancar concesiones y reducir derechos. El Gobierno, junto a los argentinos y las argentinas, está firme y atento para impedir que achiquen nuestra democracia», publicó en su cuenta de Twitter Ibarra, quien recibió el retuit del Presidente. Durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, Duhalde advirtió que Argentina va rumbo «a un escenario peor al de 2001» y que podría no haber comicios. «Es ridículo pensar que el año que viene va haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares. Nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina», agregó el exmandatario y referente peronista.  Rogelio Frigerio: «Estamos cerca del ‘que se vayan todos’» «Tengo una convicción que no va haber elecciones. Cuántas veces se cayó el sistema. Por supuesto se puede caer el sistema y por supuesto que Argentina puede tener un golpe. No digo que Alberto Fernández tenga un golpe, no personalicemos», insistió y agregó: «Argentina corre ese riesgo porque esto es un desastre tan grande que la gente se va a revelar con todo esto. Esta es la más compleja de las presidencia que tuvimos. Se puede generar un peor clima al que se vayan todos». Luego de que sus dichos fueran repudiados por el oficialismo y la oposición, y de que incluso periodistas y dirigentes cuestionaran su estado de salud, el exmandatario ratificó sus dichos y advirtió que, de mantenerse la crisis económica y social podría llegar «una anarquía con olor a sangre». Luego reconoció que «en medio de la pandemia nuestra psiquis está alterada. Los dirigentes en general hacen declaraciones que nunca las hicieron». Y afirmó que «uno habla y después naturalmente y razonablemente toman de lo que uno habló un pedacito».

Fuente: Perfil.com

Horacio Rodríguez Larreta está en una posición incómoda con la reforma judicial. Aunque rechaza el núcleo del proyecto, “licuar el poder de los jueces de Comodoro Py” mediante subrogantes, adhiere a la idea de traspasar la justicia penal a la Ciudad, un viejo reclamo de los porteños desde la reforma constitucional de 1994. A su modo, el jefe de Gobierno reclamó mayor debate en el Congreso pero mantiene abierta una negociación por los fondos necesarios para el traspaso, si alguna vez se concreta. Aunque el Poder Ejecutivo debería traspasar la justicia penal con los “recursos”, en la Ciudad saben que eso no ocurrirá. Hasta ahora se negocia una suerte de “compensación”. “La plata no va a estar, la propuesta es que paguemos el traspaso y suspender el descuento de la coparticipación”, confirmó a Infobae una alta fuente de la Ciudad.

La posible baja del porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad había sido planteada por Alberto Fernández apenas asumió. “Hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional, que han quedado bastante desordenadas”, justificó el Presidente en enero pasado. El conflicto se diluyó por la pandemia, pero sigue latente.

En marzo, el gobierno nacional tenía decidido reducir la coparticipación en 1 punto porcentual, unos $35.000 millones. Actualmente, la Ciudad percibe el 3,5% de la coparticipación federal. El plan era bajarlo al 1,4% y sumarle los salarios de los policías transferidos.

La aparición de la reforma judicial modificó, en parte, ese escenario. El proyecto que tiene dictamen del Senado promete traspasar la Justicia penal a la Ciudad “con todos los recursos”. El artículo 34 del dictamen de mayoría es claro: “La transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos (artículo 75, inciso 2, de la CN). A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias que correspondan”.

El Presidente y el jefe de Gobierno hablaron sobre ese tema hace algunas semanas. La propuesta que escuchó Larreta implica una suerte de “compensación” entre los recursos necesarios para pagar la Justicia y la baja prevista de la coparticipación.

“Si nos dan los recursos, pero después nos descuentan de la coparticipación es como pagar una deuda con plata ajena”, advierte un alto funcionario de la Ciudad que integra la mesa chica en materia judicial. Otro funcionario porteño confirmó las negociaciones: “Si la propuesta es razonable, la vamos a aceptar. Hoy estamos hablando de medio punto, si es más que eso nos vamos a sentar a discutir”.

Larreta venía esquivando cualquier definición tajante sobre la reforma judicial hasta este lunes. En un hilo de Twitter, pidió “consensos” y cuestionó el tratamiento veloz en el Senado. “La discusión sobre un tema tan trascendental para nuestro país como es reformar un Poder del Estado nos exige un amplio consenso y un profundo proceso de diálogo que incluya a todos los partidos políticos”, dijo en esos mensajes.

La interpretación sobre ese hilo fue cambiando con el paso de las horas. Según reveló ayer Infobae, Larreta y Fernández habían hablado por la mañana sobre la reforma. El jefe de Gobierno le advirtió que pediría una discusión más profunda, pero dejó en claro una vez más que le interesa el traspaso de la Justicia.

A la misma hora que Larreta se expresaba en Twitter, el Presidente insistía en un acto en Pilar sobre el contenido de una charla con Mauricio Macri, crispando los ánimos de la oposición. “Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenada la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir. Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía”, sostuvo Fernández en alusión al ex presidente.

Desde que se anunció la reforma, un puñado de funcionarios porteños viene trabajando para tratar de dimensionar el gasto que implicaría el traspaso de los delitos penales que siguen en manos de la justicia nacional: homicidios, robos, hurtos, entre otros.

En esos encuentros participan el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, el secretario de Seguridad Marcelo D’ Alessandro, el fiscal general Juan Bautista Mahiques, y el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Maques, entre otros. Por ahora solo analizan números y diferentes escenarios.

Las críticas que expuso ayer Larreta son moneda corriente en esas reuniones. “La reforma nació mal parida, el objetivo real es licuar el poder de Comodoro Py. Para el traspaso de las competencias está en la Constitución, no se necesita una reforma”, afirmó uno de los participantes.

En la actualidad, el proyecto traspasaría de manera inmediata unos 23 jueces penales que ya manifestaron su voluntad al momento de ser nombrados. También se sumaría un número indefinido de fiscales. El primer conflicto es por los sueldos. “Habría que equiparar a toda la justicia de la Ciudad porque los sueldos son más bajos”, explicó un funcionario.

Detrás del tema salarial asoman otros problemas. “Hay que estudiar qué vamos a hacer con el Servicio Penitenciario (la Ciudad debería crear uno o firmar convenios con el SPF), si es necesario ampliar las cámaras, varias cuestiones sobre la infraestructura de la Justicia porteña como el alquiler de edificios, entre otras cosas”, admitió un funcionario.

Falta mucho. El proyecto prevé un plazo de tres años para completar todo el traspaso. “No podemos avanzar hasta que no tengamos una reunión con Nación”, dijo un funcionario de la Ciudad que espera hace varios días un llamado del Ministerio de Justicia.

Fuente: Infobae.com

Otro capítulo se sumó a la polémica entre la Nación y la Ciudad por la apertura de los espacios digitales en las escuerlas porteñas. En este sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este miércoles que el protocolo para abrir a partir del 31 de agosto «espacios digitales» en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad, que fue presentado ante el Ministerio de Educación de la Nación, «es muy seguro» y busca «evitar un daño social irreparable en los niños que perdieron su vínculo con la escuela y el proceso educativo». «No es un tema de conectividad y tecnología; es más profundo que tener conectividad. Queremos ir a ver niño por niño y comprender el contexto familiar, social y cultural para ver por qué perdieron el vínculo y poner al Estado a disposición para darles oportunidades», afirmó Quirós en la habitual conferencia de prensa realizada en la sede del Gobierno porteño. Para Fernán Quirós “no es un tema de conectividad”  La polémica se da en un marco en el que hasta el momento en la Ciudad se registraron un total de 1.275 nuevos casos y 33 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó a 2.123 el total de fallecidos en el distrito y a 87.735 los infectados desde la llegada de la pandemia al país. La semana pasada el Ministerio de Educación porteño presentó un protocolo sanitario para que unos 5.100 alumnos, que no pudieron acceder a los procesos de educación virtual, ya sea por problemas de falta de computadora, acceso a Internet o alguna otra situación familiar, y perdieron vínculo con la escuela. El protocolo presentado establece un máximo de 15 alumnos por escuela, con turnos y con una estadía máxima de dos horas para cada uno, entre otras generalidades. Nicolás Trotta, sobre el rechazo al regreso de las clases: «No queremos exponer a los chicos al contagio» Sin embargo, el plan fue rechazado de plano por los gremios docentes, quienes señalaron que «esta decisión expone tanto a estudiantes como al personal docente y no docente a la posibilidad de contagio de coronavirus». En tanto que ayer trascendió que Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, pidió a los gremios docentes, cooperadoras, foros educativos y centros de estudiantes porteños, reunidos en una conferencia virtual, a encarar una estrategia común frente al pedido del Ministerio de Educación porteño de abrir estos espacios digitales para los alumnos que no pudieron sumarse a los procesos de educación online establecidos a raíz de la cuarentena. Para la cartera educativa nacional “no están dadas epidemiológicas para la vuelta a clases”. Nicolás Trotta, sobre el rechazo al regreso de las clases: «No queremos exponer a los chicos al contagio» Diputados de la oposición porteña, en tanto, también se manifestaron contra el protocolo para la conformación de «espacios informáticos» en las escuelas públicas durante una reunión el pasado viernes de la Comisión de Educación de la Legislatura por considerar que contradice las alertas vinculadas a la situación epidemiológica del distrito por la Covid-19.

Fuente: Perfil.com

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, rechazó el protocolo de reapertura de escuelas presentado por la administración porteña. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta pretendía abrir los estableciminetos desde el pŕoximo lunes como espacios digitales para que los chicos más vulnerables pudieran ir a conectarse desde allí.

Una comisión ad hoc encabezada por Trotta, pero también integrada por los cinco gremios docentes nacionales, ministros provinciales y especialistas, desestimó la iniciativa por considerar que pone en “enorme riesgo a la comunidad educativa”.

Según informó en conferencia de prensa, la comisión se expidió en contra del programa porteño “Conectate en la escuela” porque solo cumplía 10 de los 15 requerimientos que contempla el protocolo nacional aprobado en el Consejo Federal. Más allá de lo estrictamente sanitario, también achacó incongruencias desde lo pedagógico.

“El mismo protocolo nacional aprobado por todas las jurisdicciones establece que tiene que haber nula o escasa circulación para proyectar el regreso. Más allá de que la Ciudad todavía atraviesa una etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, hay fisuras en los lineamientos pedagógicos. Nosotros creemos que la presencia del Estado tiene que estar en los hogares para no exponer a los chicos al peligro”, planteó Trotta.

Por ahora no reabrirán las escuelas porteñas

El funcionario nacional le comunicó hoy por la mañana la decisión a Soledad Acuña, ministra Educación porteña, quien le solicitó una reunión interministerial entre Nación y Ciudad que incluya, además de Educación, las carteras de Salud.

Rodríguez Larreta proyectaba una apertura progresiva de los espacios digitales en 634 escuelas a partir del 31 de agosto. Para ello había presentado un protocolo que permitía un máximo de 15 chicos a la vez usando las computadoras. Contemplaba el uso de tapaboca en todo momento. Antes de ingresar, control de temperatura tanto a chicos como a personal y tan solo se promovía el ingreso de estudiantes con turno previamente asignado. Según los cálculos oficiales, por turno el tope era de 9.450 alumnos sumando todas las escuelas.

Hoy por la mañana, durante el reporte diario, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, defendió el protocolo presentado. “El protocolo es muy seguro y busca evitar un daño social irreparable en los niños que perdieron su vínculo con la escuela y el proceso educativo”, remarcó.

Consultado por la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires, en su autonomía, avance de igual modo en la reapertura, Trotta aseguró que “solo se puede transitar el regreso a las distintas actividades educativas en el marco normativo vigente del DNU y las resoluciones del Consejo Federal”. De igual modo, manifestó la “voluntad de profundizar el trabajo mancomunado con la Ciudad”.

Hasta el momento, tres provincias emprendieron regresos escalonados a las aulas: San Juan, Formosa y Catamarca. La primera de ellas, San Juan, volvió a cerrar sus escuelas cuando su gobernador Sergio Uñac dispuso el retorno a la fase 1 de la cuarentena por el aumento de contagios. La siguiente en la lista sería La Pampa, que ya tiene aprobado la vuelta de directivos y docentes.

Fuente: Infobae.com

Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof deberán empezar a definir en estas horas la continuidad de la cuarentena en el Área Metropolitana que volverá a renovarse a partir del lunes en medio de una fuerte pulseada política entre el oficialismo y la oposición y con la atención centrada en iguales proporciones en la crisis sanitaria, la economía y el tratamiento de la reforma judicial, en la que el Gobierno buscará media sanción el próximo jueves.

Es la primera vez que la víspera de la extensión del aislamiento, con reaperturas y visibles señales de agotamiento social después de más cinco meses de su implementación, no está atravesada exclusivamente por negociaciones y tironeos entre las administraciones porteña y bonaerense y la Casa Rosada.

Ayer, la discusión pública entre el Gobierno y la oposición estaba focalizada en el tratamiento del proyecto de reforma judicial, que Alberto Fernández y Cristina Kirchner buscarán darle media sanción este jueves en el Senado, en la previa del anuncio de cuarentena, y en las versiones cruzadas de la conversación telefónica que el Presidente y Mauricio Macri tuvieron al inicio de la pandemia.

De hecho, como contó el sábado este medio, el jefe de Gobierno volverá a poner a prueba esta semana su vínculo con la Casa Rosada entre la administración de la pandemia y las tensiones internas. Este lunes, Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de Twitter un hilo contra la reforma que defiende el Frente de Todos. “No es la forma”, resaltó frente a la sesión del jueves, fiel a su estilo, menos confrontativo que el sector más radicalizado de la oposición.

En Olivos dejaron trascender que, en verdad, era una forma del jefe de la Ciudad de buscar una instancia de diálogo.

Controles de tránsito (Adrián Escandar)

“Va a ser difícil”, reconocieron desde la mesa de decisiones del Gobierno porteño en alusión a la foto que Fernández, el jefe de Gobierno y el gobernador bonaerense protagonizarán sobre el filo del fin de semana. Según está previsto, unas horas después del debate parlamentario en la Cámara alta que tensó mucho más el vínculo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

En la agenda de Alberto Fernández, la cuarentena empieza a ocupar un espacio cada vez menos preponderante, a pesar de que el reporte oficial de ayer del Ministerio de Salud marcó 382 muertes, un nuevo récord. En al anterior anuncio, el propio Presidente había subrayado que “la cuarentena no existe más”, que había que redoblar los esfuerzos y evitar las reuniones sociales, y destacó que la circulación del coronavirus volvía a presentarse con preocupación en el interior del país, y no solo en el Área Metropolitana.

El fin de semana, el mandatario apareció sin barbijo ni distancia social en la residencia de Olivos en compañía de Hugo Moyano, la mujer, Liliana Zulet y el hijo Jerónimo, y su pareja, Fabiola Yáñez. Para conocer la esencialidad del encuentro habría que consultar a Zulet y a Yáñez, que fueron las organizadoras.

El Presidente, por el contrario, está ahora mucho más enfocado en la economía y en el tratamiento del proyecto de reforma de la Justicia, cuya suerte asoma incierta en la Cámara de Diputados.

Por estas horas, entre Olivos y la Casa Rosada se termina de pulir el anuncio de las “60 medidas económicas” que el jefe de Estado espera encabezar las próximas semanas. Una puesta en escena que aún es motivo de análisis y que está encadenada con el proceso de adhesión al canje de la deuda extranjera de los acreedores privados que vence este viernes. El oficialismo quiere empezar a mostrar otra iniciativa, vinculada a la “recuperación” económica. Por eso en el entorno presidencial hay quienes buscan mudar al mandatario de Olivos para esa foto: la quinta, dicen, quedó asociada a la cuarentena.

Cristina Kirchner buscará media sanción de la reforma judicial en la previa de la extensión de la cuarentena

En el Palacio de Hacienda descuentan que la aceptación de los bonistas, que entonces tendrán que canjear sus papeles el 4 de septiembre, será alta. En la Casa Rosada buscan cómo capitalizar mediática y políticamente el proceso. En especial porque la atención pública en torno al acuerdo preliminar que el Presidente y Martín Guzmán oficializaron el martes 4 de agosto duró un suspiro.

El anuncio de las 60 medidas, que buena parte son concentradas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene tres patas: la fiscal-financiera, la del consumo y la de la obra pública. Incluye, por ejemplo, el relanzamiento del PROCREAR y paquetes destinados al turismo.

Ayer, en las oficinas de la calle Uspallata de la administración de la Ciudad, los colaboradores de Rodríguez Larreta daban cuenta de que la idea del jefe de Gobierno es habilitar a partir del lunes las mesas para gastronomía al aire libre, la regulación del espacio público para reuniones sociales -con un máximo de ocho personas- e insistir con la apertura de escuelas para “gabinetes informáticos”, que necesita sí o sí la aprobación del Ministerio de Educación nacional.

Esta vez, hay más coincidencias sanitarias entre los gobiernos porteño y bonaerense. En parte porque el sistema hospitalario del AMBA resiste la demanda. Por el hartazgo social. Por las necesidades económicas. Y porque la discusión en torno a la reforma judicial alteró la agenda pública.

Para la oposición, no hay diferencias, como trasciende, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno de Córdoba declaró la «emergencia agropecuaria» en las zonas afectadas por los incendios, con el objetivo de sumar fondos nacionales para asistir a los productores afectados por el fuego que, según datos oficiales, hasta el momento ya arrasó más de 30.000 hectáreas.

El ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso, adelantó a Cadena 3 que la emergencia agropecuaria se oficializará este martes y alcanzará a todas las zonas afectadas por los incendios, que particularmente desde hace una semana se extendió por las serranías del valle de Punilla, donde en noche del lunes se mantenían varios focos activos.

El funcionario precisó que con la declaración excepcional se pretende asistir a los productores agropecuarios afectados con créditos, diferimientos impositivos y condonaciones de deudas. “No habrá productores que no tengan el auxilio y acompañamiento del Gobierno», adelantó el funcionario.

Asimismo precisó que «el 90% son pequeños, con menos de 100 animales, y necesitan una mano muy grande”, manifestó Busso, y afirmó que los relevamientos satelitales preliminares reflejan que hasta el momento, “se quemaron entre 25.000 y 30.000 hectáreas” solamente en la zona del departamento Ischilín, sin contar el valle de Punilla.

Fuente: Télam

Fuente: Super Campo