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La demora para anunciar otra prórroga de la cuarentena fue tal que prácticamente coincidió con la difusión de nuevas cifras alarmantes sobre el coronavirus. Alberto Fernández optó esta vez por un video, muy editado, de cinco minutos y medio. A la par, el registro del Ministerio de Salud anotaba 11.717 contagios –marca máxima desde la llegada de la pandemia- y 222 muertes. El mensaje presidencial, esta vez sin conferencia de prensa en compañía de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, oxigenó versiones sobre un giro tensionante en la relación con el jefe de Gobierno porteño. Y, vía voceros informales del oficialismo, se explicó como un gesto para despegarse del tema omnipresente de la pandemia y tratar de ir armando otra “agenda política”.

Eso último está vinculado a la evaluación de los costos de una cuarentena que, a pesar de los mensajes esperanzadores sobre algunos indicadores en Capital y GBA –cuidadosos, por cierto-, se ha convertido en un camino difícil de desandar. La enorme fatiga social, admitida desde hace algún tiempo públicamente, aparece expresada de diferente modo en sondeos que circulan periódicamente y que no escapan al menos ahora al sentido común. El anuncio presidencial de ayer, en forma y extensión, sugirió estar más atado a los números de encuestas que a las cifras de la pandemia.

Las encuestas exponen mensajes claros y también contradicciones, pero como siempre importan los números tomados como tendencia. Y desde fines de mayo, la mayoría de los trabajos difundidos y otros más reservados coinciden en algunos puntos sobre el desgaste social, pero también sobre la persistencia del temor a la enfermedad. Hay, con todo, un creciente vuelvo hacia la necesidad de mayor flexibilización o incluso de fin de la cuarentena.

En paralelo, se registra un crecimiento de las preocupaciones económicas, que algunos sondeos colocan ya sobre el rubro sanitario. Pero también es significativa la reaparición y ascenso del temor y malestar por la inseguridad. Ese conjunto corre a la par del desgaste de la figura presidencial, muy lejos de los valores que los mismos trabajos le adjudicaban a Alberto Fernández a principios de abril, en la etapa más dura de restricciones. Algunas postales de la vida diaria coinciden más allá de los números, siempre discutibles: son un recuerdo lejano los aplausos a las nueve de la noche.

Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia de prensa. Ayer anunció nuevas flexibilizaciones de la cuarentena en la Ciudad.

Con todo, pareciera al menos extraño sino contradictorio que justamente ahora, con cifras por encima de los diez mil contagios, el Presidente haya estrenado un formato de anuncio que podría sugerir la intención de correrse del lugar ocupado hasta ahora como jefe directo y hasta paternal del plan sanitario. Visto al revés, quizá no hubiera cambiado mucho si repetía la puesta de los anuncios anteriores, pero habría evitado profundizar la sensación confusa que arrancó con la negación de la existencia de la cuarentena cuando ya llevaba cinco meses.

Pero los mensajes contradictorios, sobre todo en sentido político, no se agotan allí. Alberto Fernández, según se repitió desde sus cercanías, tendría una estrategia de fondo que buscó hacer coincidir con el manejo de la pandemia, al menos en un punto. Se sostuvo que una columna fundamental sería algún tipo de acuerdo político con el peronismo tradicional y, hacia fuera, con el sector “moderado” o dialoguista de Juntos por el Cambio. En el cuadro de la cuarentena y no sólo por necesidades sanitarias en el ámbito metropolitano, la traducción llevaba el nombre de Horacio Rodríguez Larreta. Junto a eso, buscaría ir rearmando un punteo político que sirviera a la vez para generar iniciativas post cuarentena o más allá de la cuarentena. Y en ese renglón apareció finalmente el postergado proyecto de reforma de la justicia federal.

Ayer, el día estuvo marcado por especulaciones sobre la demora del mensaje presidencial, que produjo una entrega hasta ese momento inédita: el jefe de Gobierno porteño hizo sus anuncios antes de la presentación del Presidente. Rodríguez Larreta evitó cualquier costado de confrontación, aunque fue visible su incomodidad frente a preguntas sobre lo extraño de esta secuencia de anuncios. También fue notorio el malestar por el rechazo del ministro Nicolás Trotta al planteo de reapertura muy parcial de actividades educativas en el país. Rodríguez Larreta no da por agotada la pelea.

No fue lo único. Menos visible, operaba como cortinado una declaración de apenas un rato antes hecha por el Presidente durante un acto oficial en Santa Fe. Alberto Fernández contrapuso el cuadro económico de las provincias con la situación de la Capital, que según su calificación sería opulenta. Pareció una referencia al menos vieja sobre la Ciudad y más bien limitada a circuitos como Puerto Madero. Pero fuera de eso, la inquietud fue producida por el eco de frases parecidas de Cristina Fernández de Kirchner, antes del coronavirus y cuando se producía una carga para podarle fondos al distrito porteño.

Cristina Kirchner, al frente de la sesión virtual del Senado. La reforma judicial fue aprobada con muchos agregados.

Ese discurso apareció en momentos que desde las cercanías del Presidente se vuelve a hablar de la necesidad de acuerdos políticos con el “ala blanda” de JxC. No sólo palabras, sino además gestiones para acercarle interlocutores al Presidente. También habría algún guiño a un sector radical que en la provincia de Buenos Aires, sin cuidar el contrasentido de ir contra la conducción partidaria del distrito, aliada firme de María Eugenia Vidal. Señales de explicación difícil para la relación con el jefe de Gobierno porteño y la ex gobernadora, figuras de peso en el bando considerado moderado de JxC.

Más complejo es el cuadro que se avecina en Diputados con la llegada del proyecto judicial ya sancionado por los senadores. El texto dejó en el camino la “cláusula Parrilli” contra el periodismo –un dato importante para el Presidente-, pero incluyó de manera bastante llamativa una serie de añadidos supuestamente acordados con gobernadores. Bajo la conducción de CFK y minutos antes de la votación, se agregaron a granel jueces y tribunales que más que triplican el presupuesto de la inciativa.

Legisladores cercanos a Sergio Massa consideran que el texto es desprolijo y hasta un mamarracho. Y en la oposición lo resumen así para reforzar su rechazo: “Era muy malo y quedó peor”. El presidente de la Cámara y Máximo Kirchner deberían recuperar aliados antes que explorar caminos para vencer resistencias opositoras. Se verá y una señal surgirá del ritmo del trámite.

Por lo pronto, Massa llamó a una sesión para la semana que viene con temario limitado a proyectos para reanimar el turismo y combatir la pesca ilegal. Es tanto el recelo, que en la oposición no lo ven como una diagonal para salir del tema judicial, sino como una jugada para allanar el camino a sesiones virtuales sin aval de todos los bloques.

Fuentes cercanas a “moderados” de JxC dicen que no hay margen de acuerdo para la reforma judicial, asociada a presiones sobre la Corte Suprema y otras movidas. Creen que otra discusión sería posible con el Presupuesto, aunque prefieren ser cautos frente al clima político dominante con la Justicia como eje. El punto es que consideran que el Presidente está envuelto en las propias internas del poder. Y eso ha dinamitado ensayos previos de acercamiento, alguno que otro público y otros tantos reservados.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández pasó por Santa Fe este viernes 28 de agosto, y reunido con gobernadores dejó una frase filosa: «Argentina dice ser un país federal pero es profundamente unitario, pero Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta”, situación que consideró «injusta», Y esta mañana en una nota en Radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado por las preguntas a referirse al asunto, señalando sobre la «opulencia» porteña que «primero quiero decir que no me lo tomo así (como que el Gobierno nacional escala los ataques contra su gestión porque lo ve crecer en las encuestas), no me quiero enganchar en discusiones que no sean constructivas, ahora si en la Capital nos ha ido bien, yo creo que lo que tenemos que buscar es nivelar para arriba». «Si la Capital se pone como ejemplo, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo, creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, y eso necesita un consenso», señaló Rodríguez Larreta, que se negó a señalar a la Ciudad como opulenta, indicando que «si hay alguna diferencia, creo que hay que buscar que todos se desarrollen, que se consiga un desarrollo lo más equilibrado posible». «Yo estoy para ayudar, en mi rol de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde mi rol en la oposición», insistió el líder porteño tratando de evitar los roces. «Estoy convencido de que para lograr ese desarrollo tan postergado, porque venimos de años de problemas, tenemos que tener un nivel de consenso y el diálogo que venimos teniendo con el Presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso es lo que tenemos que hacer, con convicciones claras, pero lo tenemos que seguir haciendo, más allá si después si la comunicación de hace juntos o separados, lo importante, el espíritu, es que como fue esta semana y las anteriores, podamos trabajar juntos», afirmó apuntando en la última frase a la particularidad que tuvieron esta vez los anuncios de extensión de cuarentena, sin la habitual foto junto a Fernández y Axel Kicillof. Cuarentena: Alberto F. anunció que sigue hasta el 20 de septiembre y habrá reuniones al aire libre «Los sectores ultras no nos van a llevar a ningún buen camino, yo no me voy a enganchar hagan lo que hagan o digan lo que digan los sectores ultras, porque no creo en eso, porque solo nos van a conducir a más pelea, a más grieta, yo no me voy a sumar a eso, no tenemos que dejarnos llevar por eso, tenemos que insistir en juntarnos con los sectores que podemos sentarnos a negociar, a consensuar», remarcó varias veces Larreta en el diálogo con Marcelo Bonelli «incluso cuando hay que discutir, poque en muchos asuntos no estaremos de acuerdo porque somos de espacios políticos distintos, hay que hacerlo con altura, discutiendo ideas, sin llevarlo a lo personal». Larreta se refería a los choques que se están dando entre su administración y el Ministerio de Educación de la Nación, respecto al «acercamiento de miles de chicos que perdieron contacto con las escuelas porteñas en la pandemia», con los que la Ciudad había planeado reabrir algunos establecimientos usando un protocolo que fue rechazado por el área a cargo del ministro Nicolás Trotta. Sobre Mauricio Macri, Larreta se limitó a destacar que «sus ocupaciones en Europa son un tema personal», evitando por supuesto deslizar nada que pudiera ser tomado como una crítica, sólo dijo «estamos en el mismo espacio» cuando le preguntaron sobre las acusaciones kirchneristas que lo apuntan diciendo «Larreta es Macri», y en otro punto de la charla señaló «no tengo ningún tipo de diálogo con Cristina Kirchner». Luego el jefe de Gobierno porteño se refirió a los nuevos anuncios de cuarentena, contando «estamos trabajando en el tema de los oficios religiosos, trabajando para ver que puedan hacerse con un número determinado de personas, lo estamos viendo con el Gobierno nacional», y también destacó «estamos viendo como sumar algo más de lugar a los bares o restaurantes que tienen pocas mesas en la calle», y enfatizando como es habitual que «seguimos apelando a la responsabilidad de todos para que podamos seguir avanzando, ya que los casos están estabilizados, altos pero estabilizados, y si todos colaboramos no habrá que volver atrás». Y también le preguntaron de la reforma judicial, tema sobre el que volvió a marcar sus diferencias con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que esta semana obtuvo media sanción en el Senado. «No es una ley para sacar con los votos de un solo partido», dijo el funcionario porteño, «ya fue votado por el Senado, entonces hay un nueva oportunidad de rechazarlo en Diputados, porque estoy convencido que una reforma judicial requiere un debate más profundo y un consenso más amplio, lo dije públicamente, y lo vuelvo a sostener», concluyó Rodríguez Larreta en Mitre.

Fuente: Perfil.com

“Más allá del nombre que le dieron, esto es un impuesto, no hay vuelta que darle”, señaló a Infobae el tributarista Humberto Bertazza, profesor de la Universidad de Belgrano, socio del estudio Bertazza, Nicolini y Corti y durante dos períodos presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, al referirse al proyecto de ley de “Aporte Extraordinario Solidario” del diputado Carlos Heller que se presentó en el Congreso, con el impulso político del titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, y del Poder Ejecutivo.

“La justificación en el momento actual, por la pandemia, es razonable., pero cuando uno lleva esto al campo tributario, la cuestión se complica”, dijo Bertazza, que se detuvo en tres aspectos.

En primer lugar, señaló, “hay que ver que en la Argentina la presión tributaria ya es altísima; no da para aumentar o sumar tributos”.

En segundo lugar, Bertazza dijo que, al igual que con la Moratoria y el Impuesto a los Bienes Personales, el nuevo tributo “plantea una marcada desigualdad entre la situación de quienes tienen bienes en el país y quienes tienen bienes en el extranjero”.

“Creo que ése es el reproche constitucional más fuerte de todos, porque termina siendo discriminatorio”, dijo Bertazza, quien recordó que el artículo 75, inciso 29 de la Constitución Nacional obliga al Estado a preservar el valor de la moneda. “Ahí arranca todo. Cuando los argentinos llevan la plata al exterior es porque la Argentina no tiene una política que cumpla con ese precepto constitucional. Y si como consecuencia de esa falla, para protegerse, alguien lleva parte de sus bienes al exterior y es castigado de modo discriminatorio, surge lo que para mí es el principal reproche”.

El tributarista Humberto Bertazza, en una visita a Infobae.

En tercer lugar, el nuevo tributo no debe verse en forma autónoma, sino en forma conjunta con el impuesto a los bienes personales. Los autores del proyecto, indicó el tributarista, hicieron un esfuerzo para evitar planteos de inconstitucionalidad. “Si esto se gravaba al 31 de diciembre de 2019 vendrían cuestiones constitucionales, entonces para evitarlo fijaron el 31 de marzo como fecha base del hecho imponible. En cualquier caso, está clarísimo que es una carga adicional sobre bienes personales; de hecho, toma todos los elementos e información de bienes personales. Desde ese punto de vista, es claramente violatoria, es una doble imposición. Por eso es probable que esto termine en la Justicia, aunque desde el punto de la solidaridad y la emergencia luzca razonable”.

Hay dos textos que circulan, señaló por su parte el tributarista Sebastián Domínguez, uno que fija la fecha de determinación de la base imponible en el 31 de diciembre de 2019 y otro en el 31 de marzo de 2020. “En ambos casos, es un tributo retroactivo”, dijo Domínguez. “Como cuestión general, hay que llamar esto por su nombre, es un impuesto extraordinario. No es un aporte ni es solidario. El Congreso puede crear impuestos, pero deben respetar principios y derechos constitucionales, así que lo primero que hay que ver si el tributo vulnera o no los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad”.

En principio, observó Domínguez, el tributo no parece violar el principio de igualdad, porque se aplica a todos los que tienen más de $ 200 millones. Pero sea con fecha 31 de diciembre de 2019 o 31 de marzo de 2020, es un impuesto retroactivo, recalcó, y por lo tanto no tiene en cuenta la variación de los bienes que puede haber habido desde entonces al momento de vigencia de la ley.

“Puede que una persona tuviera 200 millones al 31 de diciembre de 2019 y hoy tiene 100 millones y debe pagar. Y otra que hoy tiene 300 millones, pero tenía entonces menos de 200 millones, no paga. Ahí sí habría afección de los principios de equidad e igualdad”, dijo Domínguez.

Por otra parte, prosiguió, está la cuestión de las alícuotas. Para quienes tienen bienes en el país, la alícuota es progresiva, pero para quienes tienen bienes en el exterior es proporcional. “Si un contribuyente tiene bienes por 299 millones debe pagar el 3%. Pero si tiene $300.000.001 millones tiene que pagar 3,375 sobre el conjunto. Por un peso paga una alícuota más alta sobre todos sus bienes”, observó Domínguez.

El tributarista también señaló que el nuevo impuesto afectaría el principio de capacidad contributiva, porque no contempla los pasivos. “Si una persona tenía personas por 201 millones, pero tiene deuda por 50 millones, su patrimonio neto es de 156 millones, pero como no se contemplan pasivos debe pagar sobre 201 millones. Ahí se afectan principios de capacidad contributiva, igualdad y equidad”, destacó.

El impuesto puede, además, afectar también el principio de no confiscatoriedad, que está relacionado con el derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución, siguió Domínguez, porque si entre diciembre pasado y el momento en que se le impone el tributo, el contribuyente perdió parte de su patrimonio, tendría que pagar sobre algo que ya no tiene.

Por otra parte, siguiendo con el principio de no confiscatoriedad, dijo Domínguez, las alícuotas son muy altas. “Si esto prospera, una persona que ya pagó el impuesto a los Bienes Personales por 2,25% ahora, suponiendo que esté en el escalafón más alto (más de $ 3.000 millones), debería pagar otro 5,25%, con lo cual terminaría pagando 7,5% de impuesto sobre un patrimonio que tal vez le rindió 2% o menos, o nada”. Y podría verse obligado a vender parte de sus bienes para poder pagar el impuesto. Allí habría que analizar casos particulares, dijo Domínguez, y verificar si el tributo termina siendo confiscatorio, analizándolo en conjunto con Ganancias y Bienes Personales.

Según algunos tributaristas, la nueva ofensiva tributaria podría impulsar aún más el éxodo de argentinos a Uruguay (Shutterstock)

Retroactividad

Sobre la cuestión de la “irretroactividad”, Domínguez señaló que el Congreso puede crear impuestos, pero el contribuyente tiene que conocer qué impuestos tiene ante sí para saber qué hacer con sus bienes. Pagar en función de lo que tenía antes implica, por caso, la imposibilidad de una persona de adelantar la herencia o donar sus bienes si conocía bien los impuestos que lo alcanzaban”. Al respecto, el tributarista recordó un fallo (“Insúa, José Pedro”) de la CSJ, en el que se sostuvo que si una persona ya tributó (Bienes Personales) sobre ese mismo patrimonio, no se le pueden aplicar nuevos impuestos.

Estas observaciones se podrían salvar si, por ejemplo, el impuesto tomara como base una fecha futura, como el 31 de octubre, en vez de aplicarse retroactivamente. “Alguna gente se desapoderaría de bienes para no pagar, lo que afectaría su efectividad, pero es la forma en que debe funcionar un impuesto”, dijo Domínguez.

El tributarista concluyó reconociendo, sin embargo, que realmente estamos ante una situación extraordinaria, de pandemia y ante una posible judicialización, la Corte Suprema puede tener una posición más flexible respecto de la afectación de todos estos principios. El máximo Tribunal, recordó Domínguez, falló más de cien veces a favor de los contribuyentes en reclamos por la falta de ajuste en el pago del Impuesto a las Ganancias (lo que puede hacer que se termine pagando sobre ganancias ficticias o inexistentes), “pero en el marco de la pandemia podría ser más flexible y considerar que en una situación de excepción es válido aplicar un tributo de este tipo; no hay que perder de vista lo extraordinario de la situación”.

En tanto, Bertazza señaló que “el tema de fondo es la carga tributaria”. “Todos estamos viendo la cantidad de argentinos que están dejando el país -explicó-. Hay que pensar seriamente que la Argentina no da para nuevos o más altos impuestos. Lo que se requiere es reconstruir la economía. Eso lo puede hacer el sector privado, pero si en vez de incentivarlo lo obstaculizan con nuevos tributos, más gente de va a ir del país”.

El actor francés Gerard Depardieu, uno de los famosos que fijó domicilio fiscal fuera de Francia, para escapar de su alta tributación. La mayoría de los países europeos terminó eliminando el impuesto sobre el patrimonio, dijo Bertazza

Por último, el académico y tributarista recordó que en los 90s casi todos los países europeos miembros de la OCDE tenían impuestos sobre el patrimonio y los fueron eliminando. “Hoy sólo quedan España, donde es muy cuestionado, algunos cantones suizos y algún caso más. Históricamente este impuesto fue muy importante en Francia y pasaba que muchos franceses se iban de Francia. El caso de Gérard Depardieu es conocido, por ser un artista, pero hubo muchos. Y por eso terminaron eliminando el impuesto”, recordó.

Por último, Bertazza marcó el contraste entre la tendencia de los países de Europa Central, que están bajando las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas, mientras en la Argentina el gobierno piensa en aumentarlas. “Estamos fuera de foco: el sector privado tendrá a su cargo la reconstrucción post-pandemia y no podrá hacerlo si le aplican más impuestos”, dijo. “Hay que enfocarse en reducir la economía informal, que es de cerca del 40%, una barbaridad. La presión tributaria se siente más si hay una gran economía informal, sumergida, que no paga impuestos. Ahí hay que poner los esfuerzos”.

Fuenjte: Infobae.com

La reforma judicial es la nueva batalla política que está dando el kirchnerismo. Con diferencias internas, con estrategias distintas en las dos cámaras del Congreso, pero con la convicción clara de avanzar con el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández le envió al Poder Legislativo hace un mes. Una batalla política que le valió un nuevo enfrentamiento con el partido más grande de la oposición en el medio de la gestión de la pandemia, justo cuando el pico de contagios de coronavirus finalmente llegó.

El proyecto recibió en las últimas horas media sanción en la Cámara de Senadores. El Frente de Todos, que tiene mayoría en el recinto, la aprobó sin contratiempos y luego de varias horas en las que la tensión fue en aumento. Cristina Kirchner hizo valer su poder y alineó a todos los legisladores peronistas para acompañar la iniciativa. Justo dos días después de asegurar que el proyecto que se trataría no sería la “verdadera reforma judicial que necesita el país”.

El próximo paso será debatirla en Diputados. Y ahí entrará en juego la muñeca del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Un tándem que tiene un sistema aceitado de gestión luego de pocos meses de trabajar en conjunto. Una dupla que por lo bajo, sin hacer demasiado ruido, negocia acuerdos con el peronismo disidente cuando las negociaciones se tensan por falta de consenso.

Sergio Massa y Máximo Kirchner trabajen en tándem en la Cámara de Diputados

La reforma judicial será un nuevo desafío para ambos. Juntos por el Cambio no va a acompañar el proyecto tal cual está y como se aprobó anoche. Tampoco lo hará el interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca y que cuenta con el padrinazgo de Roberto Lavagna y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En el interbloque que lidera el mendocino José Luis Ramón hay dos legisladores que tienen decidido no acompañar. En la Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño adelantaron que tampoco respaldarán el proyecto. Con ese cuadro de situación los números se complicaron.

Massa busca dilatar el proyecto y estirar las negociaciones mientras el documento se discute en las comisiones de la Cámara baja. “Va a llevar mucho tiempo. No es un problema de correr o no correr, es un problema de cómo trabaja cada Cámara con realidades distintas”, justificó en público, marcando que los tiempos de gestión y negociación serán otros en la cámara que preside. En gran medida se debe a que los números son más ajustados y el oficialismo tiene que negociar hasta el quórum. El líder del Frente Renovador tiene un espíritu más negociador que el de Cristina Kirchner.

En el quórum reside el primer escollo que deben saltar en el Frente de Todos. Son 119 legisladores. Pero uno de ellos, José Ignacio De Mendiguren, está de licencia porque es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En caso de ser necesario le pedirían que vuelva. Sería una jugada desprolija. Pero una última opción a tener en cuenta si deciden avanzar con el tratamiento de la ley y los votos no están.

Sin De Mendiguren, el oficialismo tiene 118 bancas. Necesitan 11 más para poder habilitar la sesión. En general, lo suelen hacer con el acompañamiento del interbloque Unidad Federal, en el que hay 8 legisladores, los dos de la Izquierda, el interbloque donde conviven cordobeses, socialistas, lavagnistas y peronistas disidentes, que en total suman 11 bancas, y algunos monobloque. Pero en esta oportunidad la situación será diferente.

El presidente del interbloque Federal, Eduardo «Bali» Bucca

La negociación para lograr habilitar la futura sesión que trate el proyecto de reforma judicial será extremadamente ajustada. Al día de hoy los 11 legisladores del interbloque Federal no bajarán al recinto. Tampoco lo hará Romina Del Plá, mientras que Del Caño, quien ya adelantó su rechazo, aún evalúa si prestar o no su banca para el quórum. En el interbloque Unidad Federal hay dos legisladores que no acompañarán la reforma y tampoco se sentarán. Son Antonio Carambia y Beatríz Ávila. Entonces, de ese espacio, el oficialismo puede contar solo con 6 legisladores.

Los 118 del Frente de Todos más los 6 del interbloque de Unidad Federal son 124. Los cinco restantes aún no están seguros. Intentarán convencer a Del Caño y llegar a 125. Después buscar a cuatro legisladores que están sueltos y podrían concretar el quórum. Allí surgen los nombres de la neuquina Alma Sapag y del rionegrino Luis Di Giacomo. Si ambos acompañaran llegarían a 127. Los números son finos. Muy finos.

Si pudieran asegurarse el quórum, el paso siguiente será buscar el acuerdo de un sector de la oposición para aprobar la ley, donde necesitarían la mitad más uno, ya que Juntos por el Cambio, una vez habilitada la sesión, bajaría al recinto para discutirla. Es en ese punto donde el oficialismo sabe que la cuenta no le da. No están los votos suficientes para lograr la aprobación. La única forma de hacerlo es negociar modificaciones, discutir punto por punto el proyecto y buscar consenso. Al menos con los interbloques que suelen arbitrar las discusiones en la Cámara baja, que son los de Bucca y Ramón.

Esa negociación implicaría estirar la discusión hacia adelante y tratar de limar asperezas. La situación parece por demás compleja. Una voz del lavagnismo expone esa dificultad en dos oraciones: “Lo que mejor puede hacer el Gobierno es dar vuelta la página. Hay que cambiar las condiciones contextuales. Cosas que no tienen que ver con los artículos del proyecto”.

El interbloque que conduce José Luis Ramón apoyará, en su mayoría, la reforma Judicial (@JoseLuisRamonOk)

¿Cuál es el factor contextual? Las formas. Entienden que la reforma judicial no es un trámite que se saca rápido. No les gustó la avanzada del Frente de Todos para discutirlo y aprobarlo en pocos meses. Además, advierten que el proyecto ya salió del Senado sin consenso, luego de que se tratara con un dictamen que no fue aprobado por la oposición. La importancia de la ley merece un consenso amplio, de todas las fuerzas. Esa es la idea que tienen y que los llevó a marcar su disidencia con la posibilidad de discutir el proyecto. Esa idea identifica a todo el interbloque Federal.

Los más negociadores dentro de ese espacio legislativo consideran que el mejor camino que puede seguir el Gobierno es estirar la negociación, debatirla en profundidad y tratar la reforma sobre fin de año, después de recorrer un camino que le permita lograr algunas modificaciones en el texto. Barajar y dar de nuevo. Luego, discutir punto por punto con más tiempo.

En Juntos por el Cambio la posición es muy rígida. Ninguno de los 116 legisladores va a dar quórum ni acompañar el proyecto. Consideran que el oficialismo debe retirarlo y volver a empezar una negociación de consenso real. Para ellos no es una opción la modificación de artículos en la Cámara baja porque en esta oportunidad Diputados es una cámara revisora, lo que implica que el proyecto, al volver al Senado, corre el riesgo de ser aprobado tal cual estaba al principio y sin que el oficialismo convalide los cambios.

Juntos por el Cambio no está dispuesto a dar quórum ni a votar la ley (Gustavo Gavotti)

El discurso que bajan en el oficialismo dentro de Diputados es que no quieren apurar el tratamiento del proyecto. Que debe debatirse con tranquilidad en las comisiones y que se debe trabajar en los acuerdos parlamentarios. Una señal de que piensan llevar adelante la rosca legislativa de una forma diferente a la que tiene el Senado, donde no hay negociación y el vínculo entre las partes es friccionado. Advierten que los números no están.

El escenario a futuro está cargado de incertidumbre. ¿Será tratado el proyecto en Diputados? ¿El oficialismo apretará el acelerador e intentará aprobarlo con pequeños consensos que le permitan lograr la mayoría en el momento de la votación? ¿La negociación parlamentaria se estirará en el tiempo para poder gestionar acuerdos? ¿El presidente Alberto Fernández entrará en acción para gestionar él mismo los acuerdos que hagan falta?

Fuente: Infobae.com

El oficialismo aprobó en el Senado el proyecto de reforma judicial y logró enviarlo a la Cámara de Diputados tras un extenso debate en el que destacó que la iniciativa «fortalecerá» a la justicia federal en todo el país, mientras la oposición insistió en que se busca «impunidad» y cuestionó la creación de nuevos cargos. La iniciativa recibió los esperados 40 votos afirmativos y 26 negativos. La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, abrió la sesión a las 14:36 del jueves, mientras se desarrollaba una protesta contra la reforma en la periferia del Congreso, con más de 40 senadores anotados para hablar sobre el proyecto que apunta principalmente a la ampliación del fuero federal. Con la aprobación del proyecto sostenida por su mayoría de 41 votos, el Frente de Todos destacó que la iniciativa permitirá el «fortalecimiento de la Justicia Federal» en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en las provincias, y afirmó que apunta a «la necesidad de recuperar la independencia de los jueces». El proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno tiene entre sus puntos principales la unificación de los juzgados que entienden en delitos federales bajo la denominación de fuero Penal Federal. Parrilli cedió y aceptó eliminar la polémica cláusula: «Se tragaron el anzuelo» La iniciativa fue discutida en varias audiencias realizadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, por donde pasaron unos 50 especialistas que realizaron varias objeciones, algunas de las cuales fueron tomadas para modificar la letra original. El punto central es la unificación de los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un fuero que se llamaría Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto se vería ampliada de 12 a 23 la cantidad de jueces de la Ciudad -con base en Comodoro Py- con competencia en las causas sobre delitos federales como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y lesa humanidad, entre otros. No obstante, las causas actualmente en proceso en los tribunales y cámaras de apelaciones de esos fueros «continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión», según el proyecto. Patricia Bullrich le advirtió a Cristina Kirchner que la reforma «es clandestina» Durante el tratamiento en las comisiones la mayoría de los juristas y expertos consultados criticaron diversos aspectos de la iniciativa, con varias coincidencias sobre una posible «contradicción» con el objetivo que se plantea, de agilizar la adaptación del sistema judicial al modelo acusatorio, cuya aplicación empezó por Salta y Jujuy. En este sentido, cuestionaron la conveniencia de crear nuevos juzgados en distintos puntos del país cuando deberían fortalecerse y ampliarse las fiscalías para cumplir con el fin de adaptarse al sistema acusatorio. Tras esas audiencias, el oficialismo hizo varios cambios al proyecto, entre los que se destacó el hecho de dejar de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, algo que también había sido cuestionado por jueces de esos fueros. Otro fue que los sorteos de causas serán «grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad» para garantizar la «transparencia» y se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato. A pedido del oficialista Oscar Parrilli una cláusula que afianzó más el rechazo de la oposición y que exhorta a los jueces a denunciar «en forma inmediata» supuestas presiones «de los poderes mediáticos». Jorge Yoma criticó la «bochornosa» reforma judicial: «Solo está en la agenda del gobierno» Por otra parte, el proyecto establece la creación de nuevas Cámaras de Apelaciones y los respectivos distritos judiciales en distintas provincias, así como cargos para defensores oficiales y fiscales, al tiempo que mantiene las secretarías con competencia en causas de derechos humanos. También indica que una vez que se cuente con el presupuesto necesario para la habilitación de los nuevos juzgados que se crean y se encuentren en trámite los concursos para cubrir las vacantes correspondientes, se procederá a designar jueces subrogantes. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, dentro del plazo de 10 días de la entrada en vigencia de la ley, deberá elaborar y enviar al Consejo de la Magistratura una lista con los candidatos del fuero Criminal y Correccional Nacional a subrogar los juzgados del 24 al 46 del Fuero Penal Federal. El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes -con atención a los antecedentes y a la paridad de género- y deberá aprobarlos con los dos tercios de sus miembros, tras lo cual la lista será remitida al Poder Ejecutivo, quien los designará con acuerdo previo del Senado.

Fuente: Perfil.com

Se acerca septiembre y, una vez más, el Banco Central espera una disparada de las compras de dólares por parte de minoristas que se concentran en su mayoría en los primeros días del mes. Aunque la mayor parte de los compradores son ahorristas cuyos movimientos no pueden ser objetados de ninguna manera por la entidad conducida por Miguel Pesce, aun así el regulador está en alerta para desincentivar maniobras que hagan aún más fuerte el impacto sobre las reservas.

Este mes el BCRA dio a conocer una lista de casi 5.000 personas que quedaron inhabilitadas para comprar dólares en el mercado formal y a las que se les armó un sumario que puede derivar en una causa judicial con multas de hasta 10 veces lo operado y hasta 8 años de prisión en caso de reincidencia. Cada caso es distinto, pero en el agregado los movimientos financieros de los ahorristas involucrados muestran patrones en común.

Se trata de cuentas en pesos y en dólares que fueron abiertas en simultáneo, en general sin historia previa de movimientos cambiarios relevantes, y muchos de ellos simplemente prestaron sus DNI. No se trata de personas que superaron el límite de transferencias mensuales ni otros incumplimientos menores, que tienen otro tratamiento.

Los 5.000 sumarios llegaron semanas después de la inhabilitación para operar en cambios de otros 360 CUIT, también por supuestas violaciones a la ley penal cambiaria.

Sin la posibilidad de cerrar esa canilla, en el Gobierno primaron los temores respecto al impacto político y financiero que tendría hacerlo, ahora la entidad trata de limitar el crecimiento de las compras desde lo regulatorio. Y de aumentar la percepción de riesgo de los que intentan distintos trucos para evadir los controles de cambio.

¿Por qué el BCRA investiga al “chiquitaje”? La preocupación de la entidad monetaria se basa en el sacrificio de reservas líquidas para equilibrar la oferta del mercado de cambios. El Central vendió en la plaza de contado más de USD 900 millones en agosto tras sacrificar USD 568 millones más el mes previo.

La preocupación de la entidad monetaria se basa en el sacrificio de reservas líquidas para equilibrar la oferta del mercado de cambios. El Central vendió en la plaza de contado más de USD 900 millones en agosto tras sacrificar USD 568 millones más el mes previo.

Según pudo conocer Infobae, el factor en común entre las personas inhabilitadas por el BCRA es que, en general, abrieron las cuentas sin la documentación correspondiente. La primera cuenta bancaria se puede abrir por “debida diligencia” con apenas la presentación digital de un DNI. Nuevas aperturas requieren medidas de seguridad más estrechas, más específicamente antilavado, que deben cumplir los bancos y entidades financieras, del tipo “conozca a su cliente”. Esto es, que los bancos deben ocuparse de exigir pruebas tangibles del origen de los fondos de sus clientes.

Por lo general, también, estas cuentas relativamente nuevas recibieron transferencias en pesos que usaron de inmediato para comprar dólares. Luego, remitieron los dólares a una cuenta recaudadora, de un tercero. En las operaciones los bancos digitales –entidades financieras sin sucursales que abren cuentas a distancia y permiten operar con mayor agilidad y menos costos– tienen un rol preponderante.

Los que están en la lista, técnicamente, son acusados por el BCRA por “falsas declaraciones en operaciones de cambio” y los organizadores, dueños de las cuentas recaudadoras a las que eran destinadas los dólares, por “operar en cambios sin autorización”.

La pandemia dejó desierta a la City porteña, pero el apetito por dólares se sostuvo a través de las compras electrónicas. Las trampas para eludir al cepo también se digitalizaron. Erica Canepa/Bloomberg

La sospecha es que muchos de los nuevos compradores prestaron sus DNI a terceros que abrieron las cuentas y las utilizaron para comprar divisas, aprovechando el cupo de USD 200 asignado a cada uno de ellos. Los prestanombres cumplieron el rol de “coleros digitales”, mientras que los segundos son “organizadores” o “recaudadores”.

La suspensión por tiempo indeterminado para operar en cambios no es la única medida que toma el BCRA contra estos usuarios. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, encargada de la regulación, arma sumarios y los deriva a la Justicia. Los casos quedan a cargo de juzgados penales económicos porteños, en el caso de ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de los juzgados federales en el caso de residentes del resto del país.

Las penas a las que están sujetos “coleros digitales” y “recaudadores” van desde multas que pueden alcanzar hasta 10 veces el monto de la infracción o, incluso, en caso de reincidencia, penas de prisión que en principio llegan a los 8 años. Además, el BCRA tiene la posibilidad de inhabilitar para operar en el mercado de cambios hasta por 10 años.

Fuente: Infobae.com

Este viernes 28 de agosto vence el plazo para que los tenedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera confirmen el ingreso al canje de deuda argentina y los analistas privados estiman una alta aceptación de la operación. A las 18 de Argentina (17 en Nueva York) cerrará formalmente el plazo, mientras que el 4 de septiembre, tal como lo establece el organigrama fijado por el Gobierno, los inversores tendrán en sus cuentas los nuevos títulos. De esta forma la Argentina intentará estirar vencimientos y reducir sus compromisos a través de nuevos títulos de deuda en dólares y en euros con vencimiento en los años 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046. El bono 2030 se contemplará para el pago de intereses corridos que no fueron abonados en los últimos meses, siempre que los inversores ingresen en esta etapa del canje que culmina este viernes. Este beneficio no correrá para los bonistas que se vean obligados a ingresar a la operación luego, una vez obtenidas las mayorías necesarias que activan las cláusulas de acción colectiva. De igual modo, los nuevos instrumentos comenzarán a devengar intereses desde el día de liquidación, el 4 de septiembre, aunque el primer pago se realizará al año debido al plazo de gracia. El Gobierno anunció un acuerdo con los acreedores por el canje de la deuda Con esta operación de canje, la Argentina logrará reducir el pago de intereses prácticamente a la mitad, ahorrándose unos 35.000 millones de dólares y el capital se contraerá al 5% en algunos bonos globales. Según algunos analistas privados, gracias al canje logrado la Argentina mejorará su perfil de deuda y los bonos nuevos tendrían una tasa de rendimiento de salida menor a la actual, de entre 10 y 11%. Esta semana los rendimientos de los bonos argentinos se ubican un poco más altos, entre 12 y 13,5%, pero los analistas advierten que a partir del próximo lunes bajaran y se ubicarán en el rango de 10%/11%, debido a que los tecnicismos que demanda la operación están influyendo en la baja de precios, según explicaron a Télam. Para Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, la actual «es una semana compleja por las cuestiones técnicas del canje, si bien vemos que va a salir bien se van a activar todas las CAC internacionales y luego, el canje de deuda local será súper exitoso, con una adhesión que estimamos arriba de 90%». «Los bonos argentinos hoy operan con un riesgo implícito de «alrededor del 12,5% los largo y los cortos están arriba de 13%, pero es una cuestión técnica de mercado que se van a solucionar la primer semana del lanzamiento de los bonos nuevos», consideró. Se espera recuperación en el mercado luego del canje de deuda El ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses opinó que «la tasa salida de los bonos descenderá el 13· al 11,5% en promedio, y luego habrá que ver el contexto internacional, pero somos positivos del contexto de mercados emergentes y la argentina va a tener el horizonte despejado en próximos años». El analista financiero Claudio Zuchovicki coincidió con López Alfaro en cuanto a las cuestiones técnicas de esta semana, «ya que no hay compras porque entras al canje y hay algunas ventas por necesidad de liquidez, además del parking, lo cual distorsionan los precios», a la baja. Pero, continuó, «indefectiblemente el canje será exitoso y mejorará el perfil de deuda, y la tasa de salida de los nuevo bonos tendrá un piso de 10%». Estiman que el nivel de adhesión al canje de deuda podría cerrar por encima del 80% Por último, Mauro Mazza, de Bullmarket Brokers, coincidió en las cuestiones operativas que distorsionan los rendimientos actuales. «La tasa salida de los bonos está entre el 13 y 13.5% para los ley argentina, y los extranjeros entorno al 12%, y vemos un upside (posibilidad de suba) de alrededor de 18-20% para los nuevos Bonar y de 10-12% para los nuevos bono globales», dijo el analista. Mazza opinó que «en los (bonos) ley extranjera estamos esperando un èxito total con los bonos globales, pero tenemos dudas aun con los indentures de 2005, ya que probablemente en este llamado no alcanzan el mínimo de CACs, eso afectaría al Discount y Par», consideró. Asimismo, expresó que «para el canje ley argentina el éxito está asegurado; más de la mitad de tenedores son entes del Estado y en algunos bonos, el BCRA tiene el 100%», concluyó.

Fuente: Perfil.com

El presidente Alberto Fernández se reunirá por primera vez en la semana con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof este mediodía en la Quinta de Olivos. Como ya lo hicieron otras diez veces, pulirán los detalles del anuncio que oficializarán un par de horas más tarde sobre el futuro de la cuarentena. Sin embargo, no todo será igual. Esta vez las autoridades eligieron no compartir un mensaje televisivo: los anuncios se harían a través de un comunicado de prensa que se difundirá a través de las diversas plataformas digitales de las tres administraciones.

Hay diferentes motivos que llevaron a los dirigentes a cambiar la tradición. El primero -y quizás el más importante- es el clima político. Esta semana se elevó la tensión entre la oposición y el oficialismo en medio de la reforma judicial y luego de las versiones cruzadas entre la Casa Rosada y Juntos por el Cambio sobre el contenido de un encuentro que mantuvieron Fernández y Mauricio Macri en marzo.

Parte de ese clima espeso se sintió en las reuniones que mantuvieron los equipos técnicos de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional para empezar a definir los anuncios que se formalizarán este mediodía. Funcionarios de las tres administraciones reconocen que el diálogo no fluyó en esta oportunidad como en las semanas anteriores. De hecho, generalmente el Presidente, el jefe de Gobierno y el gobernador se reunían los jueves -un día antes del anuncio de extensión de la cuarentena- para coordinar planes, algo que esta vez no sucedió.

De no haber cambios, el gobierno porteño intentará continuar con su plan de aperturas en etapas. Para esta nueva fase, prevé habilitar mesas al aire libre en locales gastronómicos (restaurantes y bares). Esta mañana se discutía si habilitará la venta de bebidas alcohólicas porque no son pocos los que temen un desborde en las cervecerías, rubro que sumó cientos de bocas de expendio en el último año.

“La propuesta es con mesas afuera y atención para evitar que la gente se amontone para retirar pedido en la puerta del local”, explicaron fuentes del gabinete de Rodríguez Larreta.

San Isidro, el primer municipio del Conurbano que habilitó la gastronomía, puso reparos a la venta de bebidas alcohólicas.

El jefe de Gobierno llegará a Olivos con una carpeta que incluye otro tema que generó discordia esta semana: la reapertura de escuelas. El dirigente del PRO volverá a pedir autorización para permitir que los chicos que perdieron contacto con el sistema educativo puedan acudir presencialmente a los gabinetes informáticos. El proyecto sobre el cual había un principio de acuerdo hace 15 días fue vetado esta semana por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

El plan de etapas de la Capital Federal se sustenta en elementos sanitarios: la curva de contagios se mantiene estable. Esta mañana, el ministro Fernán Quirós advirtió que hay que tomar un promedio de los últimos siete días para tener estadísticas confiables y esos números continúan siendo positivos para la percepción del gobierno porteño.

La provincia de Buenos Aires también respiró más aliviada esta semana cuando notó por primera vez en mucho tiempo un descenso de la ocupación de camas de terapia intensiva, pero cree que todavía no es momento de tirar manteca al techo. Por eso, por el momento no propiciará nuevas aperturas, al menos en la próxima semana.

Noticia en desarrollo

Fuente: Infobae.com

El Senado de la Nación debatirá hoy el proyecto de reforma judicial que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y lo hará con críticas de la mayoría de los sectores que integran el Poder Judicial de la Nación. Jueces, fiscales, abogados, defensores oficiales y el gremio de empleados judiciales han expresado reparos sobre la iniciativa que buscar reformar a la justicia federal de todo el país.

Quienes se han expresado públicamente o en las comisiones del Senado en las que se trató el tema coincidieron en que es necesaria una reforma al sistema judicial pero que este momento de pandemia no es el adecuado para hacerlo. Sobre el proyecto, las objeciones se centran en que se prioriza la creación de juzgados cuando la mira debería estar en las fiscalías para aplicar de lleno el sistema acusatorio allí donde recaerá el trabajo. También que se aumenta una estructura en muchos casos sin justificación y que no se tiene en cuenta que la estructura edilicia e informática es mala y que eso requeriría una importante inversión de dinero.

La iniciativa, que se prevé será aprobada hoy en el Senado porque el Frente de Todos tienen los votos para hacerlo, propone reformar la justicia federal de la ciudad y la del interior del país. Para la justicia de la ciudad unifica los juzgados federales de Comodoro Py con los del fuero Penal Económico y desdobla las dos secretarías que tiene. Así pasarían a ser 46 juzgados de primera instancia. También fusiona las cámaras y los tribunales orales de los dos fueros. En el caso del interior, los juzgados federales tienen la competencia múltiple. Esto es que los jueces tienen los casos penales, laborales, civiles, contenciosos. La iniciativa los desdobla. Habrá un juzgado únicamente para la materia penal y otro para el resto.

El Senado de la Nación tratará hoy el proyecto de reforma judicial

El sistema acusatorio prevé que las investigaciones estén a cargo de los fiscales y que los jueces se encarguen de revisarlas. Ese sistema, a nivel federal, se comenzó a aplicar en algunas provincias para que progresivamente se extienda a todo el país. Desde los sectores judiciales piden que se le dé prioridad a eso y que no se acrecienten las estructuras de los juzgados.

“Con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de dependencias. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante son las funciones que cada magistrado cumple”, sostuvo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Desde la Asociación de Fiscales nacionales, a cargo de Carlos Rívolo, opinan en la misma línea: “Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales. No se desprende del proyecto un análisis cualitativo y cuantitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas son correctas conforme a la densidad demográfica o el flujo de casos”.

La Asociación de Magistrados también objetó que “el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal. Una situación aún más grave nos muestra el formato que el proyecto le asigna a las defensorías públicas”. En esa línea, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que ante 46 juzgados se crean solo 14 defensorías y en el interior del país 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías. “Esta desproporción el sistema acusatorio no la va a tolerar”, sostuvo y pidió “volver a mirar el mapa para no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”.

Carlos Rívolo

Para los jueces también la iniciativa no explica “con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras” los 94 juzgados federales penales que se crean en el interior del país.

El proyecto establece que los nuevos juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires serán ocupados por magistrados subrogantes hasta que se designen a sus titulares por concurso. “Si la imparcialidad de los jueces federales ha sido entendida como problemática, por qué razón puede suponerse que el nombramiento de 23 jueces subrogantes podría mejorar el sistema. La subrogancia, que ya fuera criticada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica una dotación de Magistrados que pueden resultar influenciables, en la medida que pretendan ganar el concurso para el cargo al que están subrogando”, planteó la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.

“Asimismo, del proyecto surgen a priori un par de interrogantes no develados. La primera: ¿qué ocurriría si no hay 23 postulantes de esos jueces para ocupar los nuevos cargos? La segunda: ¿qué ocurre con los jueces nacionales en lo criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para los nuevos cargos? El proyecto no lo resuelve”, sostuvo en el mismo sentido Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La iniciativa plantea también el traspaso de la justicia penal nacional a la ciudad de Buenos Aires. “El proyecto de ley importa además el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados”, señaló la Asociación de Magistrados. La Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales advirtió que el traspaso no contempla a todos los tribunales orales y que algunos jueces se quedarán sin cargos si esa medida se concreta.

Julio Piumato

Otro aspecto que plantearon desde las entidades judiciales es el de los recursos para afrontar la reforma. “Hoy estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país, el sistema de gestión informática no funciona, está colapsado. La reforma no responde a las necesidades de la sociedad, necesitamos una política de estado que nos diga que en cuatro o cinco años vamos a tener la Justicia que está esperando la sociedad”, sostuvo en el Senado Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, puso como ejemplo la Asociación de Fiscales.

El proyecto de reforma judicial es una de las medidas que en los últimos tiempos impulsó el gobierno nacional. Otra fue la creación de una comisión de juristas para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura de la Nación.

También el kirchnerismo impulsa en el Congreso el juicio político al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales nacionales y federales. Por último, están bajo revisión 10 jueces federales por sus traslados que se hicieron mayormente durante el gobierno de Mauricio Macri. La objeción es que incumplieron una serie de pautas, principalmente que no pasaron por el Senado de la Nación. La Cámara Alta convocó a una audiencia para el próximo 4 de septiembre para analizar los casos. Entre ellos están los de tres jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se analizan y tratan las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal, y de Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae.com

De cara a la próxima etapa de aislamiento preventivo que comienza el 1 de septiembre, la Casa Rosada pondrá el eje y protagonismo en el interior el país, donde comenzaron a darse rebrotes o picos de contagios de coronavirus, aún en zonas donde semanas atrás la situación parecía controlada. Está previsto que este jueves a las 17:00 el Presidente se reúna por videoconferencia con los gobernadores provinciales, para escuchar sus inquietudes y detalles de lo que sucede en cada distrito, y compartir con cada uno lo que piensa proponer para la próxima fase, que -se espera- será por otras dos semanas. Fuentes de Casa Rosada confirmaron que este miércoles a última hora de la tarde se encontraron los jefes de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero; de Ciudad, Felipe Miguel; y de Provincia, Carlos Bianco, en Balcarce 50. El objetivo fue analizar la «situación epidemiológica en general y ver cómo seguir» a partir del próximos lunes. Esta cumbre tripartita será probablemente el único contacto presencial que tengan las administraciones antes del anuncio, que podría darse el próximo viernes en horas del mediodía. El cambio de enfoque de la Nación se da en momentos de tensión en la relación política con la Ciudad, y luego de que este jueves el Ministerio de Educación que encabeza Nicolás Trotta le rechazara a Rodríguez Larreta el protocolo que presentó para la vuelta a las escuelas de unos 6.500 alumnos con problemas de conectividad En tanto, se espera que la Ciudad de Buenos Aires avance con otras aperturas, como bares y restaurantes con atención exclusiva al aire libre y con protocolo de distanciamiento social, además de obras en construcción de menor escala o aquellas que estén cerca de ser terminadas, siempre que no impliquen mucho movimiento de trabajadores. La Provincia, a su vez, con la tranquilidad de comenzar a experimentar un amesetamiento en el Conurbano, pondrá la mira en el interior bonaerense, con el objetivo de evitar eventuales rebrotes, y para ello dejará las medidas tal cual están durante la próxima etapa, sin mayores flexibilizaciones. Mientras tanto, en las últimas 24 horas se registraron en el país, un total de 10.550 nuevos casos por coronavirus, lo que generó un nuevo récord. Desde que arrancó la enfermedad se acumulan 370.188 infectados, al tiempo que se confirmaron 276 muertes y ya suman, en total, 7.839 los fallecidos. Larreta busca bajar el tono a la pelea con Nación pero insiste en reabrir escuelas Según se comunicó, el martes se realizaron 21.476 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.148.574 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 25.311,9 muestras por millón de habitantes. . De los 370.188 enfermos que hay en total, 230.332 son de la provincia de Buenos Aires, 89.137 de la Ciudad de Buenos Aires, 7.074 de Jujuy, 6.767 de Córdoba, 5.763 de Santa Fe, 5.349 de Mendoza, 5.173 de Río Negro, 5.041 de Chaco, 2.621 de Entre Ríos, 2.547 de Neuquén, 2.285 de Salta, 1.854 de Tierra del Fuego más 13 casos existentes en las Islas Malvinas (Islas del Atántico Sur), 1.479 de Santa Cruz, 1.349 de Tucumán, 1.214 de La Rioja, 692 de Santiago del Estero, 650 de Chubut, 272 de Corrientes, 195 de La Pampa, 146 de San Juan, 82 de Formosa, 63 de Catamarca, 59 de Misiones y 44 de San Luis.

Fuente: Perfil.com