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-Hace unos días, durante un Zoom con Patricia Bullrich, usted se refirió a la situación actual y se preguntó “¿cuánto tiempo demora esto en explotar?”. ¿Cree realmente que estamos cerca de que estalle todo?

-Mi charla con Patricia Bullrich giró alrededor de la situación casi desesperante que están viviendo las pymes. Las pymes productivas, las pymes de servicios, las pymes de comercio, de turismo, de la industria; a lo largo y a lo ancho del país. Este es un tema que a mí me preocupa particularmente. Yo ejerzo mi profesión de abogado acá en Mendoza y atiendo muchas pymes. Y cuando uno advierte que el universo de las pymes en este país es de más de 600.000 y que generan cerca de 11 millones de puestos de trabajo y que no reciben hoy una respuesta sobre dónde está la luz al final del túnel, que no reciben alicientes y estímulos para poder bancar esta situación más que algunos parches, eso es lo que a mí me preocupa. Ese es el sentido de lo que dije los otros días.

-¿Es un cuestionamiento a la forma en que el Gobierno está administrando la cuarentena?

-Más allá de la cuestión sanitaria, que es opinable y es un terreno en el que no me gusta entrar porque hay que tener un conocimiento mucho más técnico del que puedo tener yo, lo que veo es que la agenda del Gobierno tiene mucho de pasado y muy poco de presente y futuro. Yo fui senador en la anterior etapa del kirchnerismo, estoy hablando de los años 2010, 2011, 2012, y en aquella época la agenda era medios y Justicia. La Ley de Medios y una democratización de la Justicia. Diez años después, la agenda del Gobierno sigue siendo la misma: medios, el famoso DNU 690, y Justicia con la reforma judicial que se votó la semana pasada en el Senado. Y a mí me parece que hoy la agenda no debería estar anclada al pasado ni debería estar al servicio de algún interés particular del Gobierno sino que la agenda real es la agenda del trabajo, de la generación de empleo, y ahora se agrega un problemón que es el tema de la inseguridad. Entonces yo creo que es un problema de agenda equivocada. El Gobierno está con una agenda equivocada. Es una agenda más atada al pasado. La agenda que hoy necesita la sociedad es una agenda de crecimiento económico, de vuelta a la normalidad económica, de sostenimiento del empleo que existe y la visión de crear nuevo empleo, y el tema de la inseguridad que en algunos lugares del país está asolando muy feo.

Para Ernesto Sanz, la impronta del Gobierno tiene mucho más que ver con lo que tiene en la cabeza la vicepresidenta

-¿Y a qué atribuye que la agenda del Gobierno esté más vinculada al pasado?

-Bueno, el Gobierno tiene un problema respecto al modelo de construcción de poder. Ya le pasó al Gobierno, pensando en el sector más duro, más ideologizado, que es el kirchnerismo puro y duro, en los años en que gobernó anteriormente, del 2003 al 2015. Si uno quería definir en aquellos momentos qué era el Gobierno, era un modelo de acumulación de poder. Modelo de acumulación de poder político. Una herramienta, por ejemplo, era el unitarismo fiscal. La concentración de recursos fiscales para disciplinar a gobernadores, a intendentes… Y un modelo de acumulación económica que tiene que ver con la corrupción. Ese modelo de acumulación de poder no era para transformar o generar buenas políticas públicas en beneficio de la gente. Terminó siendo un modelo que acumuló tanto poder que se fagocitó a sí mismo. Yo advierto ahora que el modelo otra vez es el de acumulación de poder y por eso es que la agenda es una agenda vieja. Pareciera que tienen cuentas pendientes no resueltas hace 10 años y las quieren resolver ahora. Acumular poder en la Justicia. Acumular poder a través de los medios. Acumular poder a través de la concentración de recursos. Hoy el Gobierno tiene la maquinita de hacer dinero, que es prácticamente lo único que está generando recursos genuinos en las arcas del Estado. Y con eso distribuye, arbitrariamente en muchos casos, inequitativamente en otros, a las provincias. O sea que la maquinita le sirve para acumular poder político respecto de las provincias. Con la misma maquinita distribuye ATP en el mundo económico y es una fuente de poder en las empresas. Y con la misma maquinita distribuye el IFE entre las personas. Entonces, tenemos provincias, empresas y personas que están todas sometidas a este esquema centralista, unitario, único, que maneja el Gobierno nacional como fuente de poder. Y si a eso le agrega una cuarta fuente de poder que es la pauta publicitaria de la Nación, tiene ahí una concentración o una acumulación de poder muy fuerte. Ahora, la pregunta es: ¿todo ese poder que acumula el Gobierno le está sirviendo para modificar la realidad en beneficio de los argentinos? Yo creo que no. Por esto de que no tiene una agenda que tenga que ver con las necesidades de la sociedad.

-¿Usted percibe una tensión entre los sectores duros del Gobierno y los moderados?

-No, no, yo no creo en eso. La verdad que mucha gente cree eso. Yo no. Yo creo que desde el primer minuto hubo roles y hubo una definición. ¿Quién eligió al Presidente y quién eligió al gobernador de Buenos Aires, que son los dos cargos políticos de más poder en la Argentina? Fue la misma persona, la vicepresidenta de la Nación. Y el sello del Gobierno es el sello que impuso ella desde el primer minuto. Por lo tanto yo no creo que acá haya habido dos sectores y que uno se haya impuesto a otro. Siempre hubo un liderazgo y una orientación que es el de la vicepresidenta. Desde el primer minuto y se mantiene hasta hoy. Y es precisamente eso quizás lo que ata al Gobierno a una agenda más del pasado que del presente y del futuro. O sea, una agenda que lidera Cristina Kirchner tiene mucho más que ver con el pasado.

-Lo que dice es que la agenda la marca la vicepresidenta…

-A ver, me cuesta mucho hablar para los títulos periodísticos. Prefiero más desarrollar las ideas y que ustedes…

-Los títulos los ponemos nosotros…

-Claro, claro. Lo que estoy diciendo en esta línea de pensamiento es que la impronta del Gobierno, el ímpetu del gobierno, desde el primer minuto tuvo mucho más que ver con lo que tiene en la cabeza la vicepresidenta que cualquier otro miembro del Gobierno. De hecho si usted analiza desde que asumieron cuáles eran los dos planes que uno podía advertir uno era la reestructuración de la deuda, que por supuesto era una cuestión obligatoria, y el otro plan era el tema de la Justicia. No este proyecto de reforma sino la Justicia en general. Que obedece a una planificación de la vicepresidenta, de la gente de la vicepresidenta, e incluyo ahí al Procurador general del Tesoro, al viceministro de Justicia, a los miembros del Gobierno en el Consejo de la Magistratura. Fíjese: los tres miembros que el Gobierno tiene en el Consejo de la Magistratura, el representante del Poder Ejecutivo, el representante del Senado y el de Diputados, responden al sector de la vicepresidenta. Ahí hay toda una definición. Esos planes del comienzo del Gobierno tenían mucho más que ver con la vicepresidenta. Y ahora se agrega en el camino esta cuestión del DNU 690, el tema de los medios y demás. Evidentemente para que aparezca otra visión tendrían que surgir otros temas en la agenda y uno ahí podría distinguir si efectivamente hay alguien en el Gobierno que esté pensando diferente. Fíjese lo que pasó en la Secretaria de Energía, o la política energética de este Gobierno durante siete meses. Fue algo desconocido. Nadie sabía cuál era el plan del Gobierno en materia energética. La verdad es un área que era una vacancia total. Es más, creo que en las últimas semanas el secretario de Energía ya ni atendía en su despacho, era una cosa terrible. Bueno a ese hombre lo echaron y en su lugar vino alguien del corazón o del riñón de la vicepresidenta. Con lo cual ahí tenemos también una demostración de quién tiene la impronta más fuerte en el Gobierno.

Para el líder político, el Gobierno tiene un problema respecto al modelo de construcción de poder.

-Según su mirada, ¿cree que Alberto Fernández hoy tendría margen para modificar esa situación y darle una impronta personal al Gobierno?

-Bueno, su pregunta sería para alguien que piense que hay dos sectores. Yo no se la puedo contestar porque recién le contesté que para mí nunca hubo dos sectores. El Presidente siempre forma parte de ese mundo en el que hay un liderazgo ideológico muy notorio de la vicepresidenta. Para mí forma parte de un todo, forma parte de decisiones colectivas y forma parte de roles que se han asumido desde un comienzo.

-¿Pero eso no quita que pueda haber tensión entre un Presidente y su vice, no?

-Mire, yo creo que los que se han detenido estos ocho meses a buscar diferencias dentro del Gobierno están errados. El Gobierno es uno solo y la impronta no hay que mirarla en las anécdotas o en si uno es más duro o más blando. La impronta del Gobierno yo la analizo en función de los hechos, de los hechos objetivos. A ver, busquemos un ejemplo reciente: la reforma de la Justicia. La reforma de la Justicia arrancó con un proyecto emanado de la Casa Rosada, si usted quiere de gente más allegada históricamente al Presidente como la ministra de Justicia, la secretaria Legal y Técnica, Gustavo Beliz… ¿Cuál fue el proyecto que finalmente votó el Senado? ¿Ese o uno totalmente diferente? Ese es el tema. O sea, hay que ver los hechos. El doctor Carlos Fayt, un extraordinario hombre de Derecho, siempre repetía una frase: “Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”. Bueno, yo para hacer mi análisis en la política voy a ver los hechos. Y para mí los hechos son los que marcan la impronta de Gobierno, el liderazgo del Gobierno, la matriz ideológica del Gobierno, el rumbo del Gobierno. Con el ejemplo de la reforma judicial se advierte cuál es la matriz, el rumbo, la definición final… Y en qué lugar físico se lo dio.

-¿Y en la oposición? ¿Ahí sí observa una tensión entre duros y moderados?

-Bueno, es un tema interesante. Así como yo interpreto que el Gobierno no es una coalición, que puede tener dirigentes que han venido de distintos lugares pero termina siendo una cosa única, homogénea; en el caso de la oposición hay más heterogeneidad. ¿Por qué? Porque efectivamente es una coalición. Efectivamente es una conformación de sectores, de partidos, que vienen de distintos lugares, que tienen distintas tradiciones y que durante cuatro años convivieron en función de una responsabilidad mayor a todos que era la de gobernar la Argentina. Y de poder terminar los cuatro años de mandato porque las últimas dos experiencias de gobiernos no peronistas no habían terminado a tiempo. Pero hay una buena noticia: esa coalición se mantiene hasta el día de hoy incólume con los mismos partidos, las mismas personas y con algún agregado que fue el año pasado el peronismo de Pichetto. Eso sigue siendo una coalición y por lo tanto en ese mundo conviven distintas miradas, distintas metodologías, distintos temperamentos. Y ahí sí uno puede hablar de diferencias entre sectores más duros y más blandos, o sectores más y menos dialoguistas. A diferencia del Gobierno, donde se unifican en un solo liderazgo, en el mundo de la oposición es bueno que convivan distintas miradas y sectores. Y el secreto está en administrar inteligentemente esa diversidad. Entonces, en vez de halcones o palomas, es halcones y palomas. Cuando uno está en el Gobierno la diversidad es más difícil de administrar. Pero cuando uno está en la oposición la diversidad enriquece mucho y es muy buena para representar a una sociedad que también es heterogénea. Hay una sociedad a la que le puede gustar más el temperamento de X persona, que es más dura, y a otra parte de la sociedad le puede gustar más y adherir más al temperamento de alguien que no es tan duro. Ese es el modelo al que yo aspiro y pretendo que sea Juntos por el Cambio.

-¿Y cuál sería el objetivo? ¿Volver al poder en 2023?

-El objetivo de cualquier fuerza opositora es doble. Mientras se es oposición, es equilibrar las cargas. Sobre todo en la Argentina, teniendo el antecedente de lo que el kirchnerismo hizo en la etapa anterior, equilibrar el modelo político de todos los días es una enorme tarea. En el día a día una fuerza opositora tiene que esmerarse en lograr equilibrio democrático, equilibrio republicano. Que el que está gobernando no abuse del poder ni se pase de la raya, sobre todo en épocas de emergencia. Ahora, con el otro ojo la oposición tiene que hacerse cargo de construir una alternativa. Esas son las dos funciones: equilibrar y construir una alternativa. Porque mal podría ser una fuerza opositora importante como lo es hoy Juntos por el Cambio si no tuviera vocación de construir una alternativa. ¿Para cuándo? Para las próximas elecciones, para las legislativas de 2021 y las presidenciales de 2023. Esa es la misión de una oposición. Este es un momento excepcional para el sistema político en Argentina. Hacía muchos años que la Argentina no tenía un sistema político que tuviera equilibrio y potencialidad de alternancia. En las elecciones de 2011, cuando Cristina ganó con el 54% de los votos fue la antítesis de esto. Hubo una fuerza que ganó y se llevó todo. Y la oposición estaba dividida en seis o siete candidatos presidenciales. Ese sistema de hace menos de diez años era un sistema desequilibrado y no había capacidad de alternancia. La alternancia apareció recién en el 2015 cuando se creó Cambiemos. Hoy estamos viviendo un sistema extraordinariamente equilibrado y con capacidad de alternancia, así que no hay que desaprovecharlo. Me parece que hay que utilizarlo en el buen sentido para generar una mejor política.

-Usted fue muy crítico con la gestión de Mauricio Macri, ¿no se corre el riesgo de conseguir volver al Gobierno y cometer los mismos errores del pasado?

-Bueno, precisamente los errores que se cometen en todos los órdenes de la vida tienen que servir para corregirlos y no volver a cometerlos. Yo creo que en Juntos por el Cambio hay una dirigencia política que es suficientemente madura, inteligente, racional, y que además está aggiornada, es moderna, tiene peso territorial. Tiene todas las cualidades como para poder absorber los errores que se cometieron en el pasado y construir desde un lugar positivo. El problema de las organizaciones políticas, y de las personas, es que cuando pasa el tiempo y tienen una segunda oportunidad vuelven a cometer los mismos errores del pasado.

-¿No falta autocrítica sobre los errores del Gobierno de Cambiemos?

-Yo he escuchado en todo este tiempo a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que han hecho una profunda autocrítica. Y también se hace hacia adentro en las reuniones internas. Pasa que la autocrítica tiene que tener un espacio. Uno no puede vivir toda la vida haciendo autocrítica porque entonces estaríamos mirando para atrás siempre y nos perderíamos de mirar para adelante. Si yo le estoy criticando hoy al Gobierno que está con la vista demasiado puesta hacia atrás, eso también vale para la oposición. La oposición tiene que dedicarle un tiempo a hacer autocrítica, ver cuáles han sido los errores, pero inmediatamente tiene que empezar a mirar el presente. La gente está reclamando ideas, argumentos y propuestas en el presente. La gente que sale a la calle lo que está pidiendo es ver una luz a final del túnel. Esa es responsabilidad de la política. El Gobierno tiene sus herramientas, ojalá que las pueda mostrar. Y la oposición también tiene que mirar hacia adelante.

-En ese proceso de construcción de la oposición, ¿cree que hay dirigentes a los que ya les pasó el cuarto de hora y deberían quedar afuera?

Sanz cree que en Juntos por el Cambio hay una dirigencia política que es suficientemente madura

-No, tienen que formar parte todos y la sociedad es la que tiene que ir marcando… Gracias a Dios hoy rige el sistema de las PASO y ojalá siga rigiendo. Ojalá a nadie se le ocurra utilizar la emergencia para eliminar las PASO porque es un muy buen sistema. El sistema de las PASO es un sistema extraordinario para que fuerzas opositoras como Juntos por el Cambio puedan dirimir esto. Y es en definitiva la sociedad la que determina quién sigue, quién se queda, quién gusta, quién no gusta. A mí no me gustan otros procedimientos, me parecen impropios.

-¿Usted ya tiene un candidato favorito?

-Mis favoritos son los radicales. Elemental. Mis favoritos son los radicales que están mejor posicionados, pero me parece innecesario hacer nombres hoy. La oposición tiene no menos de seis o siete candidatos a Presidente de la Nación. O sea, personas que tranquilamente pueden ser candidatas a Presidente de la Nación tranquilamente en el 2023. Eso es una cosa extraordinaria.

-¿Quiénes serían?

-No, yo trato de despersonalizar. Ustedes los conocen, no hace falta que me saquen a mí los nombres. Lo importante es que existan esas personas, que existan esos nombres. Que sean una realidad concreta. Eso es un salto de calidad impresionante para el sistema político argentino. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque habla de la capacidad de alternancia.

-¿Lo incluiría a Macri en ese listado?

-Mire, las seis o siete personas son las que usted ve en las reuniones de la cúpula de Juntos por el Cambio, los que tienen responsabilidades. Insisto, no estoy para títulos.

-¿Horacio Rodríguez Larreta? ¿Martín Lousteau?

-¿Para qué quieren sacarme nombres si los saben de memoria? Son todas las personas que hoy tienen preponderancia y responsabilidades dentro de Juntos por el Cambio. En una de esas me quedé corto, en vez de seis o siete, son nueve o diez…

-Está bien, pero más allá de los nombres, ¿cree que en esta tensión entre moderados y duros debería imponerse algún sector en particular?

-No, no, no. Lo dije con todas las letras y lo vuelvo a repetir. La inteligencia de Juntos por el Cambio para poder crecer y construir una nueva mayoría en la Argentina que lo devuelva al poder está en administrar la diversidad interna. Significa hacer coexistir, que convivan y que se nutran mutuamente y que se alimenten los sectores o las personas que piensan de manera distinta. Eso, para mí, es una riqueza, es un activo. Y la inteligencia está en saber administrar ese activo.

-¿Cree que puede haber alguien interesado en profundizar esas divisiones?

-El que pretende generar divisiones en Juntos por el Cambio es el Gobierno. El Gobierno siempre tuvo esa intención. El kirchnerismo pasó por esto mismo hace muchos años cuando era gobierno en la época en que el radicalismo era la única fuerza en la oposición. El kirchnerismo provocó una herida muy fuerte cuando armó aquella famosa Convergencia K. Siempre el que está en el Gobierno, y sobre todo en un modelo de acumulación de poder como es el kirchnerismo, tiende a tratar de dividir a la oposición. Hasta ahora le ha ido muy mal, yo no advierto ningún tipo de división. Al contrario. Creo que muchos gestos y actos del gobierno, como lo que pasó el jueves pasado en el Senado, terminan por aglutinar más a la oposición. Son tan burdos, tan grotescos, tan groseros esos hechos, que terminan por aglutinar a la oposición. La oposición podrá tener diferencias, pero frente a esos ataques a la República, frente a esos ataques al sistema político, a la convivencia, termina amalgamándose.

-¿Cómo imagina la Argentina de los próximos meses? ¿Es optimista o pesimista?

-Yo aspiro a que el Gobierno cambie rápidamente la agenda y comience a hablar y a gestionar con buena praxis los problemas reales de la gente. Insisto: es urgente que el Gobierno tenga una agenda económica de sostenimiento del sector privado. Y cuando hablo del sector privado no estoy hablando de las grandes empresas sino del mundo pyme, del mundo emprendedor, de los que todos los días tratan de mantenerse en pie. Es urgente que el Gobierno salga con una agenda para dar esperanza de que puede crecer la economía. El Gobierno tiene que abordar el tema de la inseguridad y abordarlo con mucha fuerza, no puede haber ambigüedades. El que delinque, el que viola la ley, tiene que tener una sanción y un castigo. Y el Estado tiene que proteger a la ciudadanía de todas estas cosas. Si el Gobierno retoma esa agenda van a ocurrir varias cosas buenas. Y va a encontrar eco en la oposición, porque la oposición lo puede ayudar mucho. Y va a empezar a resolver problemas de la gente, algo que hasta acá no se ha visto eso.

Fuente: Infobae.com

El oficialismo y la oposición vuelven a tener en puerta un enfrentamiento en el Senado. La titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a una sesión para el próximo jueves 3 de septiembre para tratar una serie de temas entre los que se encuentra el decreto que congeló las tarifas de telefonía móvil, internet y televisión por cable. La bancada de JxC se opuso a que el DNU se debata. Fernández de Kirchner llamó a sesión especial para las 15 horas del jueves con un temario variado, en el que se encuentra el proyecto presentado por el Gobierno en febrero pasado sobre capitales alternas y uno de varios senadores sobre ciberacoso contra niños. También se incluyeron en el listado los dictámenes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se pronuncia sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), entre los cuales se destaca el que declaró «servicios esenciales» a las telecomunicaciones. El DNU 690/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández obtuvo dictamen a fines de agosto en la Comisión Bicameral del Congreso encargada de pronunciarse sobre la validez de los decretos, pese a que la oposición impugnó el trámite. Del pacto de no agresión a un nuevo choque entre el Gobierno y Magnetto Juntos por el Cambio objetó la convocatoria al sostener que «fue realizada fuera del plazo de antelación previsto» por el reglamento de la comisión, que obliga a notificar este tipo de eventos dos días antes, y se ausentó de la reunión, por lo que el oficialismo firmó el dictamen en soledad. En ese marco, el Frente de Todos intentará aprobar el dictamen con la amplia mayoría que tiene el Senado. Por ello, se estima que en el debate de mañana se dará una nueva discusión con JxC, que además cuestionó el contenido del DNU firmado por el Presidente. En las últimas sesiones, hubo tensos intercambios y chicanas entre oficialismo y oposición con Fernández de Kirchner como protagonista.  El decreto congeló hasta el 31 de diciembre las tarifas de televisión por cable, telefonía móvil e internet en el marco de la pandemia, al tiempo que estableció que «los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».

Fuente: Perfil.com

Cristina Fernández impuso su estrategia política a Alberto Fernández y Sergio Massa que proponían sellar un pacto institucional con Juntos por el Cambio para ejecutar una agenda económica y social que permitiera atenuar las consecuencias estructurales causadas por la pandemia del COVID-19.

La Vicepresidenta considera que el Frente de Todos puede gobernar sin acuerdos con la oposición, y esa mirada agonal de la democracia se consolidó ayer cuando Massa no logró consensuar con Juntos por el Cambio una mecanismo parlamentario que permitiera sesionar en Diputados sin picardías y con un temario común.

La respuesta de Juntos por el Cambio implicará una denuncia en los tribunales porteños y la ausencia de la principal bancada de la oposición en todas las sesiones ordinarias del Senado y la Cámara Baja durante 2020.

La impugnación de la sesión de ayer será considerada una cuestión política no justiciable y llegará al archivo judicial sin escalas, pero la falta de la oposición en el recinto significará un hecho inédito en la historia moderna de la democracia argentina. El 40 por ciento del electorado no tendrá representación en las próximas sesiones de la Cámara baja y el Senado.

Diputados y la Cámara Alta deben tratar la Reforma Judicial, el Presupuesto Nacional, el DNU que permitió la intervención del Gobierno en las compañías que prestan servicios de Internet, cable y telefonía, y la ley Máximo que impone un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Son proyectos complejos y estructurales que pueden transformarse en ley con la vieja artimaña del palo y la zanahoria.

Cristina Fernández ya no lee a los clásicos -Perón, Gramsci, Sartori, Hobbes, Maquiavelo-, ahora la Vicepresidenta comparte la mirada ideológica de Chantal Mouffe -viuda de Ernesto Laclau- que sostiene que el sistema se consolida evitando los acuerdos políticos y derrotando sin atenuantes al adversario.

CFK exhumó la teoría de Mouffe que se publicó en su colección de ensayos La paradoja democrática: el peligro del consenso en la política contemporánea, adonde plantea que la consolidación del poder se hace a través de una estrategia agonal que no da respiro a la oposición.

Cuando aún no se había enfriado la escaramuza parlamentaria entre Massa y los líderes de la oposición, la Vicepresidenta convocó a sesión en el Senado para potenciar el conflicto con Juntos por el Cambio. Una interpretación kirchnerista de la teoría escrita por Mouffe.

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en la quinta presidencial de Olivos

Cristina podría haber protegido la mirada estratégica de Alberto Fernández respecto a la necesidad de acordar una agenda común con la oposición a través de Rodríguez Larreta, y suspender la sesión por una semana para encontrar un camino alternativo a las pretensiones institucionales del Presidente.

Pero la Vicepresidenta tiene su propia agenda política y avanzó en simultáneo: retuiteó un hilo de una legisladora de la Cámpora que cuestionaba al jefe de Gobierno porteño y comunicó que habrá sesión mañana en la Cámara Alta. Dos golpes a la vez, cuando Alberto Fernández pensaba en Olivos cómo recuperar el diálogo político con la oposición.

El Presidente ahora se encuentra en una encrucijada. No estuvo de acuerdo en la táctica que utilizó Massa para negociar las sesiones virtuales-presenciales con Juntos por el Cambio, y no acepta la estrategia de CFK sobre la oposición política. Considera necesario un pacto institucional y aún apuesta a Rodríguez Larreta.

En este contexto, Alberto Fernández respetará las reglas del juego y cumplirá su parte. Conversará a solas con Massa y Máximo Kirchner para abrir una diagonal con la oposición y en su primer acto público cuestionará a Juntos por el Cambio y sus planteos en Diputados.

Será una jugada presidencial que intentará compensar las acusaciones de Elisa Carrió contra su amigo Massa y la futura denuncia de la oposición en los tribunales. Alberto Fernández detesta a la líder de la Coalición Cívica y cree que la política debe ejecutarse afuera de la justicia federal.

Mauricio Macri y Emmanuel Macron en París

Ese guion político se complementará con los posibles posteos de Mauricio Macri -que piensa regresar de Europa esta semana- y la ofensiva que desplegará la bancada kirchnerista del Senado contra los camaristas federales que -en su momento- ratificaron una prisión preventiva contra Cristina.

La ruptura política en Diputados empoderó a CFK y puso en un dilema a Alberto Fernández. El Presidente desea un acuerdo político, pero asume que ahora deberá esperar hasta que se enfríe el conflicto institucional. Está en juego el Presupuesto, las medidas económicas post COVID-19 y la administración institucional de la pandemia. Demasiado para una sociedad cansada por la cuarentena y el enfrentamiento de la clase política.

Fuente: Infobae.com

Son pasadas las 14 del lunes 31 de agosto y, en la plaza San Martín de San Justo un hombre toca “Paisaje” de Gilda con su bandoneón. Aunque nadie canta, ni se acerca a dejarle una moneda, la letra del tema resuena entre los transeúntes.

“No debemos de pensar que todo es diferente”, dice la canción, casi contradiciendo la realidad del mundo actual o, al menos, la de nuestro país donde, desde que llegó el COVID-19, reemplazamos los besos por “codazos” y los tapabocas pasaron a ser la estrella de nuestra indumentaria.

Hace apenas un par de horas, el gobernador bonaerense brindó precisiones sobre las actividades habilitadas para la nueva etapa del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (que regirá hasta el 20 de septiembre) y, a diferencia de las medidas que se tomaron en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano decidió no promover nuevas aperturas. Por lo tanto, y solo por dar un ejemplo, bares y restaurantes con mesas al aire libre continúan cerrados.

“Es un error abrir de más, prematuramente. Ha pasado en el país, en algunos lugares de la provincia. En esta situación, no podemos acompañar más aperturas. Necesitamos estabilizar. No podemos perder en cinco días lo que logramos en cinco meses”, aseguró Axel Kicillof.

Lo que se vive en las calles del conurbano, sin embargo, es bastante diferente.

Varias personas caminaban por la Avenida. Dr. Ignacio Arieta, importante zona comercial del centro de San Justo. Los vendedores ambulantes también ofrecen su mercadería en las calles

Para ser un lunes a la tarde y último día del mes, en la Av. Dr. Ignacio Arieta, (importante zona comercial del centro de San Justo) se ven muchas personas. Algunas hacen fila para comprar ropa, otras disfrutan de sentarse conversar con alguien o, simplemente, a comer algo en los bancos de madera que hay en la calle.

Si bien en este sector la mayoría de los comercios son de indumentaria, también se destacan los locales de venta de electrodomésticos y algunas perfumerías. Tal como establece el protocolo de higiene y seguridad, no está permitido que los clientes ingresen a los locales: se los atiende desde la puerta.

Como establece el protocolo de higiene y seguridad, los clientes no tienen permitido ingresar a los locales para probarse las prendas de ropa que buscan: se los atiende desde la puerta.

“Les alcanzamos las prendas hasta acá para que puedan verlas de cerca. Lógicamente, no se las pueden probar, pero al menos se las pueden medir. Si les quedan mal o no les gusta, pueden venir a cambiarlas y, en ese caso, las desinfectamos”, explica a Infobae Facundo Pinto (24), empleado de un local de ropa para hombres y niños donde trabaja hace cuatro años.

“Nosotros recién pudimos abrir en julio y se vendió muy bien. Agosto, no sé si por el Día del Niño, pero también fue un buen mes”, sostiene Pinto. Las claves -dice- son las promociones y, si bien no se rechaza el efectivo, se fomenta el pago electrónico y la compra online.

Sobre la Avenida Luro de Laferrere, al igual que en la peatonal de San Justo, los locales de ropa deportiva reúnen gran cantidad de gente. La modalidad: los clientes sacan un número y aguardan que los vendedores (que llevan máscara y barbijo) los atiendan

Al 3100 de la calle Arieta, un local de venta mayorista de golosinas es la excepción a la regla. A diferencia de lo que sucede en el resto de la peatonal, allí permiten el ingreso de hasta cinco personas. Antes de entrar, un guardia de seguridad se ocupa de rociar con alcohol las manos de los clientes. Lo mismo hacen con la mercadería y los canastos donde la gente separa lo que va a llevar.

“Además, cada una hora, una persona de limpieza pasa el trapo y desinfecta los pasillos”, cuenta a este medio un empleado que prefiere no dar su nombre.

Una cuadra más adelante, Beatriz Leiva (46) atiende el cotillón “Petete”. Aunque no se vio afectada por la cuarentena (“Seguimos vendiendo a través de nuestra página web y por WhatsApp”) cuando reabrió el local al público, la mujer tuvo que ponerse estricta con los clientes.

“Muchas personas venían a comprar con el tapabocas mal puesto, dejando la nariz al descubierto. Encima se amontonaban acá la puerta”, explica Leiva y señala las cartulinas con letra imprenta que hay en la puerta de su negocio. La primera advierte que solo se atenderá a quien lleve puesto un barbijo. La segunda es un pedido para que respeten la distancia.

Cerca de las estaciones de gente se amontonan los pasajeros: la mayoría usa barbijo pero no respeta el distanciamiento social

Infobae continúa con el recorrido. Llegamos a Isidro Casanova, a la Plaza Atalaya ubicada en Avenida Cristianía al 500. En el sector de los juegos para niños hay varias familias.

Si bien los chicos no llevan tapabocas, los adultos sí e intentan, dentro de lo posible, mantener distancia social. Esa medida de precaución es prácticamente inviable en los cajeros automáticos de los bancos, donde la postal de las largas filas se repite con frecuencia.

En Gregorio de Laferrere, en las cercanías a la estación ferroviaria homónima, fue donde más circulación se constató. Personas que aguardaban en hilera el colectivo, al que ingresaban por la puerta de atrás. Además, había vendedores ambulantes que ofrecían anteojos, medias y barbijos.

En los locales comerciales aseguran que hay muchas promociones y, si bien no se rechaza el efectivo, se fomenta el pago electrónico y la compra online

En la esquina de la Avenida Gral. Rojo y Luque Honorio, el local de comidas rápidas Mc Donald’s reunía varias personas. Algunas aguardaban para ingresar a comprar, otras hacían fila a un costado para llevarse un helado.

Adentro del lugar, círculos amarillos señalaban la “Mc Distancia” sugerida para que los clientes o repartidores que pasaban a retirar pedidos estuvieran separados.

En la puerta de un local de comidas rápidas Mc Donald’s se aglomeraron varias personas: se permitía el ingreso de los clientes para hacer el pedido en caja

A unas cuadras del Mc Donald’s, sobre la Avenida Luro de Laferrere, los locales de ropa deportiva son furor. La modalidad: el cliente saca un número y aguarda que los vendedores (que llevan máscara y barbijo) lo atiendan. El problema es que muchos se amontonan en las vidrieras para mirar la mercadería y eso atenta contra el distanciamiento requerido para evitar la propagación del coronavirus.

Al igual que en el resto de los negocios de ropa, aquí no se puede ingresar al local, probarse un par de zapatillas, ni una remera o un buzo. Las compras se realizan por fuera, con alcohol en gel mediante y sin chances de probarse nada.

Lo que no se encontró durante el recorrido por el conurbano fue control policial de ningún tipo. En los locales, las medidas de seguridad son sostenidas por los comerciantes. Esto no significa que las personas no las cumplan pero muchas veces parecen olvidarse.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, advirtió este 1 de septiembre que hay «diferentes tipos de tomas» de tierras, tanto por motivos habitacionales, como otras situaciones en las que algunos «vivos se organizan para sacar provecho», pero aseguró que «irá preso» quien ocupe terrenos en distrito bonaerense. “Es un delito que está organizado; detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”, expresó Berni, en declaraciones a radio Rivadavia, en las que afirmó que «irá preso» quien tome tierras en la provincia de Buenos Aires. El funcionario remarcó que “todas las noches desarticulamos entre una y dos tomas” y agregó que “hay diferentes tipos de tomas: muchas son por motivos habitacionales, pero otras por motivos económicos, donde basados en la necesidad de la gente toman los terrenos, los venden, empiezan a haber abogados, contadores”, precisó el Ministro. Arabela Carreras, sobre la toma de tierras en el sur: «Si o sí tienen que parar los hechos delictivos» El titular de Seguridad provincial aseguró que “durante el fin de semana hemos detenido unas 10 o 12 personas con la intervención de jueces y fiscales”. “En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, afirmó. “Los bonaerenses -insistió- tienen que estar tranquilos. El que hace una toma va a ir preso. El Gobernador me dio una misión muy clara para defender los intereses de los bonaerenses”. Berni responde a la ministra Frederic Con la mirada puesta en su par a nivel Nacional, Berni afirmó que para él y para el gobernador Axel Kicillof es «sagrado» el «derecho a la propiedad privada», al diferenciarse de su par nacional, Sabina Frederic, en el marco de la polémica por la toma de tierras. «La responsabilidad de la seguridad en la provincia es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses tienen que estar tranquilos que para su Gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada», enfatizó Berni en declaraciones al programa «Todos juntos», que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia. Sergio Massa: «Si hay gente tomando tierras, lo que se tiene que hacer es desalojar» Luego de que Frederic afirmara este lunes que las tomas no son una cuestión de «seguridad» y que estaban prohibidos los desalojos, el ministro de Buenos Aires expresó: «El Gobernador me dio misiones muy claras. En la defensa de los intereses de los bonaerenses está la defensa de la propiedad privada y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso». Berni dijo que entiende el «enojo» y la «preocupación» que generaron en los últimos días las distintas noticias sobre tomas de tierras, y resaltó que la usurpación «es un delito» y no hay «dudas». Al ser consultado sobre los dichos de Frederic, que afirmó que «la toma de tierras no es una cuestión de seguridad», el funcionario bonaerense se diferenció y enfatizó: «La usurpación es un delito, y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la ley». «Para nosotros no se discute nada, que cada uno se haga cargo de las cosas que dice», subrayó.

Fuente: Perfil.com

La mesa de los cinco, o los encuentros semanales que son almuerzo o cena en la Residencia Presidencial de Olivos que convoca Alberto Fernández con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se consolida como el eje de las decisiones en el Gobierno. Tanto es así que, en ese encuentro (que esta semana puede realizarse a la noche por la sesión de hoy en el Congreso) se terminará de definir el próximo paso de la nueva etapa de posicionamiento oficial, el momento, formato y contenido de las ya remanidas “60 medidas”.

En principio, las medidas vinculadas a la industria se anunciarán en el acto del Día de la Industria que organizará la Unión Industrial Argentina y que mañana tendrá al Presidente como protagonista. Esa será la ocasión para que se conozcan esos anuncios o parte de ellos, según trascendió de una fuente oficial. “Pero habrá que esperar qué sale de la reunión para tener precisiones”, se aseguró.

El acto se realizará en Sinteplast, la empresa de pinturas que tiene sede en Ezeiza. De este modo, el titular de la UIA, Miguel Ángel Acevedo, acompañado por el Comité Ejecutivo de la entidad, serán los anfitriones en la sede de la entidad.

También es probable que la mesa de los cinco se sume al evento, como sucedió en el acto que se realizó ayer en el Museo del Bicentenario, donde estuvieron Cafiero, Massa, De Pedro y Kirchner, además de la mayoría de los gobernadores, incluido el de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es que el virtual relanzamiento del Gobierno que hubo ayer también fue parte de la conversación de esa mesa, en la que se le reclamó al Presidente porque no aprovechó en términos comunicacionales el logro de la negociación que encaró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio del descreimiento generalizado de los operadores más influyentes del mercado local.

Justamente fue Kicillof el más enfático en avalar la necesidad de un acto para destacar esa negociación, una idea que llevó Massa al almuerzo. Por eso se espera que el Gobernador bonaerense se sume hoy a la mesa, aunque todavía no pudo ser confirmado.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ayer, en el Museo del Bicentenario.

La versión final de las medidas las tiene el Presidente, quien pidió especialmente que no lleguen a oídos periodísticos. Solo se informó que “el criterio es implementar iniciativas que aceleren la reactivación económica, comenzar la transición de la etapa de la emergencia sanitaria a la etapa de la recuperación económica”. Y que el foco estará puesto en el mercado interno, con muchas propuestas para impulsar el consumo de la clase media que, a su vez, traccione ventas y generación de empleo en pequeños y medianos comercios y empresas.

Por eso se filtró que el Plan Ahora 12 podría pasar a un Plan Ahora 24, aunque no pudo ser confirmado quién se haría cargo de la financiación de un programa de esas características en medio de un contexto inflacionario, que se descuenta para los próximos meses.

La mesa de los cinco se afianza, semana a semana, como el espacio de consenso para la toma de decisiones del Frente de Todos, una coalición integrada por dirigentes con experiencias muy distintas, que en los últimos años estuvieron enfrentados, que se está acostumbrando a trabajar en equipo en la misma gestión, muchas veces paralizada por las desconfianzas internas.

Como dijeron cerca del Presidente, “en su momento arrancó como cena, se hicieron varios almuerzos los martes, cuando hay sesión la reunión se hace los miércoles, puede variar, porque es un encuentro de amigos, que se organiza para discutir los temas a fondo”.

La semana pasada, además de Kicillof, también se sumó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y varios intendentes del conurbano, quienes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno se involucre en una agenda a favor de la seguridad y en contra de los delitos, “para no dejarle el lugar a la oposición” en un tema que impacta de lleno en la vida de la población.

Fuente: Infobae.com

Si bien el expresidente Mauricio Macri despegó rumbo a Europa, el pasado 30 de julio, dentro de Juntos por el Cambio muchos auguraban que casi de forma automática perdería centralidad dentro del espacio. Pero eso no pasó. El expresidente mantuvo su poder de peso y cada decisión trascendental de la alianza opositora tuvo su impronta. Ahora la gira por Europa llegó a su fin y Macri arribará al país este jueves 3 de septiembre, pudo confirmar PERFIL. El exmandatario se fue de la Argentina hace más de un mes. Descansó durante varias semanas en Francia junto a su familia y luego viajó a Suiza para tener sus primeras actividades como flamante titular de la Fundación FIFA y hasta jugó un «picadito» con el presidente de la poderosa entidad, Gianni Infantino. En medio de sus vacaciones, no abandonó la política ni mucho menos. Macri participó de las reuniones de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que se realizan cada lunes y logró imponer su mirada sobre los principales temas de agenda que marcó el gobierno de Alberto Fenrández.  Macri en Europa: reunión con Macron y un pedido para una oposición dura En medio de las manifestaciones de la oposición en la avenida 9 de Julio, celebró la salida de la gente a la calle para protestar, sobre todo la última de ellas el pasado 17 de agosto. Además, cada comunicado o discusión que hubo hacia adentro del sector que comparten el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, mostró tener el poder suficiente para torcer la balanza a la hora de tomar posturas al respecto. Inclusive contestó mediante una carta pública al presidente Alberto Fernández cuando dio una versión muy fuerte sobre la charla que mantuvieron ambos ni bien la Argentina comenzó con la cuarentena el 20 de marzo. ¿Seguirá de la misma manera una vez arribado al país? Según confió su entorno, su estrategia «no cambiará». «Va a seguir con las reuniones de la Mesa Nacional y sabe que tiene que estar al tanto de los movimientos de sus aliados», graficó un dirigente de su círculo íntimo a este medio. Primera foto de Mauricio Macri en una actividad con la FIFA Sin embargo, también lo esperan cuestionamientos. La causa judicial por las escuchas ilegales y el avance sobre Correo Argentino son dos cuestiones pendientes para el expresidente. Sobre la primera, además se suma el dato político y es que hacia adentro del PRO todos los espiados consideran que Macri estaba al tanto de la situación. Esto incluye al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Fuente: Perfil.com

La Cámara de Diputados es hoy el centro de atención por la disputa entre el oficialismo y la oposición, que pretende impedir que se sesione de forma virtual. En concreto, radicales, macristas y ‘lilitos’ sospechan que detrás de una sesión prevista para analizar temas de consenso como los beneficios al sector turístico y la suba de penas para la pesca ilegal, el oficialismo esconde la intención de habilitar el protocolo remoto para poder tratar todos los temas conflictivos, como la Reforma Judicial y el Aporte Extraordinario Solidario.

En ese contexto de tensión se desarrolla una reunión de Labor parlamentaria en la que ambas partes intentan llegar a una acuerdo para destrabar la sesión prevista para esta tarde.

Por lo menos tres pisos de las cocheras del edificio Anexo de la Cámara de Diputados están casi completos. Los ingresos tienen más personal de seguridad y hay más control, además de que como es habitual se toma la temperatura en cada puerta. Sobre avenida Rivadavia una veintena de personas protestan con carteles contra la Reforma Judicial, aunque en la agenda de la sesión convocada para hoy está la emergencia del turismo y una suba en las multas por la pesca ilegal.

A las once en punto ingresaron al Salón Delia Parodi el diputado José Luis Ramón (de Unidad y Equidad Federal, esta vez un aliado del Frente de Todos) y los diputados opositores que rechazan la sesión de hoy. En forma presencial están en el Palacio los tres jefes de los bloques de Juntos por el Cambio, los tres jefes parlamentarios y los dos diputados que tienen cargo en la Cámara: Mario Negri y Brenda Austin (UCR); Cristian Ritondo y Silvia Lospennato (PRO); Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Alvaro González y Alfredo Cornejo como vicepresidentes del cuerpo.

Los diputados de Juntos por el Cambio (Imagen de archivo)

El interbloque que reúne a 116 diputados hizo viajar a la mayoría de ellos (aseguran que hay 90 en la ‘casa’) y reclaman que la sesión sea presencial porque venció el protocolo de funcionamiento. No avalarán que se contabilicen como presentes a quienes estén conectados en forma remota, eso vinieron a transmitir como ya lo hicieron por nota. Tampoco quieren avalar, a diferencia del resto de los bloques, la renovación por otros 30 días excepto que se excluya expresamente de la agenda parlamentaria la Reforma Judicial y el Aporte Extraordinario Solidario.

Unos minutos antes de que arrancara la reunión ingresaron al recinto cuatro personas vestidas con traje blanco con mochilas y máscaras para volver a sanitizar las bancas. En los palcos hay micrófonos y notebooks para que también usen los diputados de la oposición que no darán el presente por VPN.

Aunque los gremios parlamentarios reclamaron por la seguridad sanitaria, el secretario general de APL Norberto Di Próspero, aseguró que no impedirán el ingreso de los legisladores pero confirmó que los empleados se retirarán en caso de que dentro del recinto haya más de 45 personas.

A las 11.40 finalmente comenzó la reunión, clave para destrabar la sesión o para confirmar una ruptura del diálogo que podría terminar en Tribunales. Empezó cuando llegaron, juntos, Sergio Massa, presidente del cuerpo y Máximo Kirchner, Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez como autoridades del Frente de Todos. Los acompañó Daniela Vilar, presidenta de la comisión que redactó el protocolo de funcionamiento remoto cuya continuidad se cuestiona.

El tenor del debate y la tensión de esta semana obligó a los jefes de los interbloques a estar en forma presencial. Además de los de Juntos por el Cambio y del oficialismo se encuentran Ramón (representa un interbloque de ocho); Nicolás del Caño y Romina del Plá, por la izquierda; y Eduardo ’Bali’ Bucca, presidente del interbloque Federal que integran once diputados nacionales, entre ellos los cuatro que responden al gobernador Juan Schiaretti que avalaron la convocatoria con su firma y hoy se conectarán en forma remota. La única jefa de un interbloque que no participa en forma presencial es Alma Sapag del Movimiento Popular Neuquino que habló desde su provincia mientras que Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal se conectó también en forma remota para darle respaldo a los federales.

Fuente: Infobae.com

En los últimos años, hubo reiterados intentos de resolver el hacinamiento carcelario desde una perspectiva excluyentemente abolicionista, liberando presos.

En 2013, un proyecto de ley promovido por la Procuraduría Penitenciaria pretendía fijar un cupo en cada cárcel por encima del cual sería obligatorio acortar los plazos para liberaciones anticipadas.

En aquel proyecto se esbozaba claramente la concepción que asimila la cárcel a la tortura, decreta la “inutilidad” del encierro y aplica el concepto de “víctima” de modo excluyente a la población penitenciaria. “Desde Beccaria sabemos que la pena es un mal que añadimos a otro”, decía la Procuraduría Penitenciaria, como si el primer mal -el delito- fuese equiparable al segundo -la pena-, un argumento que deslegitima todo castigo al que viola la ley.

En abril pasado, la pandemia de coronavirus fue la nueva ocasión para que las corrientes abolicionistas se lanzaran a una campaña por la excarcelación anticipada de presos condenados o la concesión masiva de detenciones domiciliarias. Nuevamente el hacinamiento fue la excusa para quienes nunca se ocuparon de construir cárceles nuevas que reúnan los requisitos humanitarios que dicen defender.

En ambas ocasiones, en 2013 y ahora, la indignación de una ciudadanía que padece a diario el flagelo de la violencia delictiva impidió o morigeró la fiebre libertaria de los funcionarios.

Pero un nuevo intento –más solapado y más descarado a la vez, como se verá- se produjo la semana pasada en el Senado bonaerense. Con una demora de tres años, esa cámara se disponía a debatir por fin la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017.

Esta Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.

El kirchnerista Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial pero domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General, que preside el senador Francisco Durañona. El proyecto a debatir -que también había pasado por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos- había sido elaborado en conjunto por legisladores de Juntos por el Cambio -los senadores Walter Lanaro, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini, Franco Bagnato y María Belén Tapia, y la diputada Carolina Piparo-, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional.

Durante el debate, expusieron familiares de víctimas, representantes de asociaciones civiles, miembros del Poder Ejecutivo y Judicial y juristas.

El despacho de mayoría buscaba “garantizar y asegurar a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.

El proyecto también apuntaba a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo.

Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. Si disponía de los medios suficientes para contratar un buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso, pero a su cuenta y cargo. Los familiares de un muerto por la delincuencia no están preparados para semejante contingencia; nadie los informa ni los asesora. Mientras tanto, el perpetrador del delito tiene derecho a un defensor público si es solventarlo. Antes de esta ley, si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna participación en el proceso. Ninguna, ni siquiera derecho a interiorizarse de la evolución de la causa, ni a ser notificado, por ejemplo, en caso de que el victimario fuese beneficiado con una liberación anticipada o una morigeración de pena.

Los presos se amotinaron en Devoto para presionar por excarcelaciones ante la pandemia (Adrián Escandar)

Entre los objetivos del proyecto de Ley provincial se incluía la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y asistencia letrada gratuita; los familiares serían informados sobre el avance de las causas, podrían participar en la formación de las pruebas y, no menos importante, serían notificados durante la etapa de la ejecución penal, es decir, del cumplimiento de la condena y eventuales beneficios que reciba el interno.

La insólita huída del kirchnerismo

Ahora bien, en la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía. Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.

En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios.

Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, que habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia, y que calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”. Estaba aludiendo al ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, impulsor de estas modificaciones al Código destinadas a obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.

El senador Francisco Durañona, Frente de Todos, presidente de la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense (Areco semanal)

Un verdadero caballo de Troya, dijo Mayer: bajo el título de Ley de Víctimas y con la forma de normas destinadas a darles derechos y protección legal, se escondía en realidad una reforma del Código procesal con el único objetivo de beneficiar más todavía a los delincuentes, a cuya impunidad las víctimas asistirían impotentes.

“Notable propósito del oficialismo -señaló Mayer-, en una provincia en la que la ola de delincuencia constituye la principal preocupación, y notable burla a la gente que salió meses atrás a los balcones para repudiar la excarcelación de presos con la excusa del Covid”.

En su intervención, Mayer destrozó el dictamen de minoría que, aunque “dice adecuar la legislación provincial a la ley de víctimas, no trata absolutamente nada, sobre las víctimas”. No las menciona. Peor aún, la única vez que se refiere a ellas, “no es para otorgarles un derecho sino para recortárselos, porque dice que las asociaciones de víctimas solamente podrán actuar en favor de éstas cuando se trate de: delitos de lesa humanidad, violencia de género, femicidios o delitos contra el medio ambiente”.

Las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los animales merecen más compasión que el vecino asesinado en un robo

Un planteo que roza el cinismo y revela la ideología -o los preconceptos- de quienes promueven esta visión de la justicia: las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los animales merecen más compasión que el jubilado asesinado por un delincuente para arrebatarle la jubilación, o la persona víctima de una salidera bancaria o el joven ajusticiado para robarle la moto. Sin embargo, la principal fuente de la inseguridad que vive la sociedad viene de estos delitos, fundamentalmente de los robos a mano armada. Pero como para el abolicionismo, el delincuente común es una víctima de la sociedad, y su delito una “rebelión” contra el “sistema”, sus víctimas no merecen ninguna consideración. Ni siquiera tienen categoría de tales. Se las ignora. Como lo hace el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación.

El Gobierno tuvo que enviar efectivos federales a la provincia de Buenos Aires ante la ola de delitos. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos

Como lo hacía también el ya mencionado proyecto de la Procuraduría Penitenciaria de 2013: “El trato que le damos a quien cometió una falta, dice algo acerca de la persona del infractor, pero también dice mucho acerca de la comunidad que tenemos, de nuestra indiferencia frente al dolor ajeno”, decían los fundamentos. ¿No dice mucho también sobre la sociedad que somos la indiferencia frente al sufrimiento infinito que la violencia delictiva le ha infligido a tantas familias argentinas? Pero esta corriente ideológica reserva toda su compasión para el victimario, al que indulgentemente llama “infractor”.

“¿Cuál es el meollo del despacho de minoría? – se preguntó César Mayer en su intervención ante los senadores-. Conformar un combo bajo el título de Ley de Víctimas y meter por la ventana una cantidad de normas modificatorias del Código Procesal Penal, de características totalmente abolicionistas, que tienen por único propósito dejar a miles de presos en la calle”.

Y enumeró algunas “normas insólitas”, incluidas en el despacho kirchnerista: “Por ejemplo, al particular damnificado -la víctima que se ha presentado en el proceso-, para pedir la detención o la prisión preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.

Y siguió: “Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por otra que no implique la detención”.

Ahora bien, siguió explicando Mayer, “si un fiscal solicita el cese de una detención o de una prisión preventiva, este pedido es inmediatamente vinculante –obligatorio- para el juez”.

La cosa va in crescendo. Otra de las normas insólitas del despacho, dijo Mayer, es que “si el imputado viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco lo puede mandar a detención o prisión preventiva”.

Por si no bastara, otras cláusulas determinan la domiciliaria para todos los condenados a 6 años de prisión, una vez cumplidos 3; y lo mismo respecto de todos los condenados a 3 años de prisión, cuando hayan cumplido uno. “Esto -dijo Mayer- interfiere con el código penal, en virtud del cual se dictan condenas que son de cumplimiento efectivo, además de que estas detenciones domiciliarias no son ordenadas en función de características particulares de cada caso sino en forma general, lo cual implica una especie de amnistía encubierta, una reducción general de penas”.

La frutilla del postre es una cláusula que determina que cuando haya una audiencia para definir medidas cautelares, se prohíbe la lectura de la requisitoria y de cualquier información relativa al imputado. “Sólo se puede leer el número de causa y el nombre del imputado -señaló Mayer-; es decir, al juez que debe decidir sobre la excarcelación o morigeración de pena el delito se le oculta la calificación de conducta, el comportamiento del interno en prisión, si ha cometido nuevos delitos, etcétera”.

El fundamento de esto último es difícil de concebir desde el sentido común: ¿será para no estigmatizar?, ¿para no victimizar al victimario?

“Parece increíble que tal esperpento jurídico haya sido pergeñado por el kirchnerismo para ser incluido en un proyecto de Ley de Víctimas”, dijo César Mayer a Infobae. “Proponen todo lo contrario a la protección de los derechos de las víctimas”.

Después de la requisitoria del representante de Usina de Justicia contra el despacho de minoría, el kirchnerismo desertó la reunión.

“La gente no quiere a los condenados en sus casas o libres por la calle. La Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad. Y la triste huida de los senadores kirchneristas al momento de votarla es un síntoma alarmante del estado de la clase política”, afirmó Mayer.

La actitud de la bancada oficialista, no fue impedimento para que el proyecto consensuado avanzara. En la Comisión de Legislación General, los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y solo se había hecho una pausa. Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el procedimiento. Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión. Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación. Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada.

De todos modos, para las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada. La sesión para la votación del proyecto tendrá lugar el 10 de septiembre.

“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el senador radical Leandro Blanco. “Las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó.

El senador Leandro Blanco, Juntos por el Cambio, vicepresidente de la comisión de Legislación general

César Mayer, por su parte, apuntó contra la irracionalidad del despacho de minoría: “Estas modificaciones al código procesal penal que introdujo el Frente de Todos, ¿qué tienen que ver con las víctimas? Nada. Absolutamente nada. Hay un despacho de minoría que se titula Ley de Víctimas y que lo único que propugna es la impunidad de los victimarios”.

Fuente: Infobae.com

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, opinó que el Estado tiene que «desalojar» a quienes ocupen tierras al pronunciarse en torno al conflicto ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, por la toma de tierras por parte de miembros de la comunidad mapuche, mientras que también habló de la posibilidad de retirarle beneficios sociales a quienes las protagonicen. «El Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar», expresó Massa. Además, sostuvo que se podría incurrir en retirarle los beneficios sociales a quienes tomen en forma ilegal tierras, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo (AUH). «Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere», indicó el dirigente al ser entrevistado en el canal América. El conflicto en la zona comenzó a fines de 2017, cuando integrantes de la comunidad Lof Lafken se asentaron en tierras que pertenecen a Parque Nacionales. Este sábado, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los posibles delitos de «instigación» y «apología del crimen» sobre una manifestación denominada «Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi», en medio de las denuncias por toma de tierras y presuntas agresiones en la zona. El Ministerio de Seguridad precisó que la denuncia se vio motivada por «la organización de una movilización que se desarrolla en ese departamento de Bariloche, Río Negro. «Según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en ‘enfrentamientos’ y situaciones de extrema violencia», indicó el comunicado. En tanto, este domingo, el partido Juntos por Río Negro, del partido del gobierno de esa provincia, cuestionó a la titular nacional de Seguridad, Sabina Frederic, por la presentación de la denuncia. Sostuvieron que el Gobierno Nacional desconoce «la compleja realidad local» y los funcionarios cometen «lamentables errores de juicio».

Fuente: Perfil.com