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El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este viernes que espera que el mundo pueda acabar con la pandemia de coronavirus en menos de dos años, menos del tiempo que tomó para que se detuviera la pandemia de gripe de 1918. Tedros describió al COVID-19 como una «crisis de salud única en un siglo» y agregó que aunque la globalización ha permitido que el virus se propague más rápido de lo que lo hizo la gripe española en 1918, ahora también existe tecnología para frenarlo que no estaba disponible hace un siglo. «Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años, sobre todo si podemos sumar esfuerzos», manifestó. Asimismo, Tedros argumentó que «no hay ninguna garantía» de que vaya a existir en algún momento la vacuna del coronavirus, y que, en caso de que sí termine desarrollándose, «no va a poner fin a la pandemia por sí sola». OMS y el coronavirus: «no hay una bala de plata en este momento y puede que nunca haya” «Ningún país podrá resolver este problema por sí solo hasta que tengamos la vacuna, que sería una herramienta vital y esperamos tenerla lo antes posible, pero no hay ninguna garantía de que la vayamos a tener, e incluso si la tenemos no va a poner fin a la pandemia por sí sola», advirtió hoy en una conferencia de prensa. En esa línea, llamó a todos los países a «aprender a controlar y manejar este virus usando las herramientas actuales», y a «hacer los ajustes en la vida diaria que son necesarios para mantenerse a salvo». De este modo, ratificó la necesidad de aprender a vivir con el virus, ya que los confinamientos «no son una solución a largo plazo para ningún país». Por su parte, el jefe de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, señaló que la pandemia de 1918 golpeó al mundo en tres olas, y que la segunda, que comenzó hacia finales de 1918, fue la más devastadora. Rusia dice tener la vacuna contra el coronavirus pero la OMS advierte: «No debe poner en compromiso la seguridad» «Este virus no exhibe un patrón similar de olas», indicó. «Cuando el virus no está bajo control, vuelve a aparecer». Ryan agregó que aunque los virus pandémicos con frecuencia entran en un patrón estacional, ese no parecía ser el caso con el coronavirus. Actualmente hay más de 22 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y más de 795 mil muertes, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Fuente: Perfil.com

Según los comensales, el almuerzo del jueves en las oficinas del tercer piso de la calle Uspallata tuvo en su menú más política que de costumbre.

Frente a sus socios de la UCR y la Coalición Cívica -un encuentro que encabeza con frecuencia-, representada por Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, flanqueado por algunos de sus funcionarios más cercanos y con Martín Lousteau conectado vía Zoom, Horacio Rodríguez Larreta escuchó más de lo que habló.

El jefe de Gobierno porteño quiso saber de primera mano qué se decía en el Congreso en torno al controvertido proyecto de reforma judicial, que a menos que el Gobierno decida lo contrario se encamina a tener media sanción en el Senado a mediados de la semana entrante.

Rodríguez Larreta, un experto en hacerse el distraído, está inquieto. Es que a fines de la próxima semana, y horas después de que la Cámara alta discuta el proyecto de reforma judicial que la oposición rechaza de cuajo, deberá volver a sentarse por séptima vez consecutiva junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof para anunciar cómo sigue la cuarentena.

El jefe de Gobierno, como buena parte de la cúpula original del PRO, se guía por las encuestas: los sondeos que desmenuzan semanalmente en las oficinas de la administración local dan cuenta que los porteños valoran el trabajo conjunto de gestión de la pandemia entre la Casa Rosada y el Gobierno de la Ciudad. La política, dicen, va por otro carril.

Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta (NA)

“Nosotros tenemos que administrar la crisis”, repiten de forma insistente colaboradores porteños. Aunque reconocen que el límite es “finito”. Y que caminan todo el tiempo sobre un desfiladero.

Rodríguez Larreta subraya en privado que cada vez que tuvo que marcar diferencias con la Casa Rosada lo hizo, y que los exponentes del sector más radicalizado de la oposición tienen mucha más libertad que él para defenestrar al Gobierno porque no tienen la responsabilidad de gobernar. A pesar de que la confrontación, con excepción de casos aislados, no figura entre sus rasgos característicos.

Pero incluso en esas diferencias -el caso Vicentin, la pasividad del Frente de Todos ante la liberación de presos producto del coronavirus o el eventual intento por ampliar la integración de la Corte Suprema-, el jefe de la Ciudad tuvo que administrar el vínculo con el oficialismo y las tensiones internas.

El comunicado reciente de Juntos por el Cambio sobre la reforma judicial, por ejemplo, después de una reunión virtual de la cúpula opositora que contó con la participación de Mauricio Macri en remera desde una habitación francesa, provocó un intenso cruce telefónico entre el jefe de Gobierno y Patricia Bullrich, que lidera al sector más combativo del PRO.

Rodríguez Larreta se enfureció porque en el texto que incluía duras críticas al proyecto del Frente de Todos aparecía su firma y no las del resto de los gobernadores de Cambiemos. Comprensible: el alcalde negocia con la Casa Rosada el traspaso de la Justicia nacional penal a la órbita de la Ciudad. Además de la gestión de la crisis sanitaria.

La cúpula de Juntos por el Cambio

El debate parlamentario de mediados de semana tendrá, afuera del Congreso, un contexto peculiar: desde un sector de la oposición fomentan una convocatoria en las puertas del Senado para protestar por el “plan de impunidad” que Cambiemos jura que Cristina Kirchner pretende instalar para limpiar su legajo judicial.

Por esas horas, el jefe de Gobierno, el Presidente y Axel Kicillof estarán abocados, en paralelo, a resolver la continuidad de la cuarentena, sobre la que hace tiempo empezaron a multiplicarse críticas de la oposición. El alcalde empezará desde hoy a planificar su cronograma de reaperturas, que pretende que siga adelante.

Los colaboradores de Rodríguez Larreta le restan dramatismo. Dicen que es parte de la dinámica de la gestión. Que la semana anterior también compartió el escenario presidencial de Olivos y que 48 horas después se registraron las protestas del feriado con epicentro en la Ciudad que Alberto Fernández y Kicillof fustigaron, y de las que el propio alcalde se desmarcó.

Dicho anuncio estuvo atravesado por sutiles mensajes cruzados. “Se trata de ir recuperando progresivamente las libertades que esta pandemia restringió en el mundo entero”, deslizó el jefe de Gobierno en su discurso de quince minutos. El concepto “libertades”, en el que empezó a machacar en las últimas conferencias, suele irritar especialmente al jefe de Estado. Alberto Fernández anotó en un papel mientras hablaba el alcalde.

Y al final, contestó, serio: “Algunos comentarios finales… nosotros nunca restringimos libertades, solo cuidamos la salud de la gente”. La armonía política, aún desde la retórica, pende siempre de un hilo.

En el encuentro remoto de este martes, la jefatura de Juntos por el Cambio mostró algarabía por la concurrencia de la convocatoria. Desde Europa, Macri mandó a escribir en sus redes sociales que estaba “orgulloso” de los argentinos. Bullrich remarcó que “la gente va a dejar en el camino a los tibios”. El jefe de Gobierno, en cambio, avisó horas antes de la reunión virtual que ya tenía agendada una cita por planificaciones presupuestarias de su gobierno. No participó del Zoom. María Eugenia Vidal, su socia interna, sí lo hizo. Pero no abrió la boca.

Las tensiones por la marcha del lunes y el rol de la oposición volvieron a quedar expuestas. Y fue de nuevo Elisa Carrió, después de una charla telefónica con Rodríguez Larreta, la que le tiró un salvavidas. Aseguró a través de sus redes que “nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización” y amplió: “Hay que mantener un diálogo mínimo con el Presidente”. “(La radicalización de Cambiemos) Es funcional a Cristina Kirchner”, agregó. Música para los oídos del jefe de Gobierno.

En medio de esa tirantez interna, Rodríguez Larreta se encamina a otra semana de equilibrio político. Y vuelve a insistir en que no comulga con la grieta. Aún cuando le sirva para llegar a ser gobierno, su objetivo histórico. “Tengo 54 años y hace 50 que quiero ser presidente. Con la grieta puedo llegar a ser presidente, pero no sirve para gobernar”, se confiesa en privado, entre sus colaboradores.

Fuente: Infobae.com

El tema de la reforma judicial alimentó la polémica este sábado 22 de agosto, con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) defendiendo el proyecto en declaraciones a Radio Mitre, ocasión en la que acusó a la oposición de «no colaborar en nada y no mandar ni una coma para mejorar el proyecto», al tiempo que insistió en que ese proyecto «de ninguna manera busca la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner», citando al abogado constitucionalista Daniel Sabsay, como uno de los defensores de esa premisa cuando pasó por el Senado. «Hasta el abogado Daniel Sabsay, que no se puede decir que sea oficialista, dijo cuando habló en la Comisión que el proyecto no perseguía la impunidad de Cristina», dijo Fernández Sagasti a los periodistas que la entrevistaban en Sábado Tempranísimo, el ciclo de Mitre, pero esa afirmación de la legisladora fue rebatida minutos después en redes por el propio Sabsay, quien sostuvo en Twitter que «Fernández Sagasti continúa sosteniendo que dije que la reforma no asegura la impunidad de Cristina, pese a mis múltiples desmentidas. Sigue a Goebbels quien decía, miente, miente que algo quedará»: «No hay ningún artículo en el proyecto que mandó el Ejecutivo que garantice la impunidad de nadie y ninguno de los senadores lo hubiéramos firmado de ser de otra forma, lo dijeron los propios constitucionalistas que fueron» sostuvo Fernández Sagasti, ocasión en al que citó el nombre de Sabsay justamente como uno de los que había sustentado esa desmentida de las acusaciones opositoras. «Esa chicana de la impunidad es mentira», insistió en Mitre la senadora mendocina. Asimismo, Fernández Sagasti consideró que «si es que sale ley, no es que al otro día va a ser la panacea, pero sí va a ser mejor y hay que seguir trabajando y escuchar a la comunidad para sacar el mejor proyecto posible, ese es el espíritu del Senado: que sea una buena herramienta para que Poder Judicial funcione un poco mejor». «De una vez por todas, desde el Congreso tenemos que trabajar con sinceridad, y no lo hemos podido lograr todavía: la oposición está empecinada en no trabajar nada que venga del Ejecutivo, como por ejemplo la ley de alquileres», agregó. Otro tema que en la charla se mencionó en esa entrevista es si el presidente Alberto Fernández «se había enterado por los diarios» de la llamada «clausula Parrilli», que reclama a los jueces que denuncien eventuales presiones mediáticas para que avancen en determinadas causas, pero Fernández Sagasti contestó «no lo sé, todo se mandó a los enlaces que tenemos con el Poder Ejecutivo, y hasta se demoró ese dictamen porque se trataban justamente los detalles con el Ejecutivo, ahora si el enlace no le avisó al Presidente sobre ese agregado al proyecto, no puedo saberlo».   País: «No había por qué avisar, técnicamente no procede» El que también se había referido este sábado a ese punto, el del conocimiento del Mandatario en la clausula Parrilli, fue el senador también oficialista Mario País, quien sostuvo que «técnicamente no procede» que le avisen al presidente Alberto Fernández sobre los cambios que se introduzcan en proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. El legislador chubutense remarcó que ese inciso E del artículo 72, que abrió una gran polémica, «estaba ya con el proceso de dictamen» y negó que haya sido agregado por Parrilli «de manera oculta». «Desconozco si le informaron al Presidente, pero le deben haber avisado, porque no procede: técnicamente no procede», afirmó País, recalcando que «en la política, puede ser que se le haya pasado: puede que sí o puede que no. A mí no me correspondía avisarle o no sobre el cambio al Presidente», añadió Pais. Al respecto agregó que muchos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron modificados en el Congreso «porque el Senado no es una escribanía».

Fuente: Perfil.com

“No es Vicentin, pero tampoco está tan lejos”. La frase que el propio autor –un alto ejecutivo del mundo de las telecomunicaciones en la Argentina– reconoce como una exageración sirve, sin embargo, como una síntesis del estupor y la sorpresa que causó en ese mercado el decreto presidencial, anunciado ayer por el propio Alberto Fernández, que congela las tarifas de los servicios de telefonía móvil e Internet hasta fin de año y que, sobre todo, los declara “servicio público esencial” a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable.

Más allá de las dudas y de que aún no están claros los alcances de la medida y cómo se implementará –quedará en mano de las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom– la industria cree que el Gobierno se está metiendo de lleno en un mercado en competencia. Eso, dicen, impactará en las inversiones, genera muchas dudas y pone signos de interrogación en el mercado y, por consiguiente, en los servicios que presta. “Nos parece un error y un retroceso para la industria y el país”, definió brevemente anoche Telefónica de Argentina en un comunicado.

“El miércoles nos aseguraron que el aumento de septiembre estaba ‘ok‘, nos pidieron un horizonte futuro con el tema precios, en el que estábamos trabajando, y dos días después nos enteramos por Twitter de esta medida. Es insólito”, detallaron off the record, con bronca y preocupación, desde una de las empresas.

Alberto Fernández

“Esto es de una profunda gravedad. El Gobierno se comprometió a descongelar los precios en septiembre y no está cumpliendo. Todos los aumentos se hablaron primero con ellos, estaba todo consensuado. Esto es una sorpresa tremenda, no entendemos por qué se da ahora, de esta manera. Somos un sector de competencia plena. El problema no es el acceso, es que la gente no tiene ingresos para pagar los servicios”, destacaron en otra de las empresas afectadas.

Desde la oposición, directamente, hablan de que se trata de una medida restrictiva y de intervención “a lo Venezuela”. Economistas consultados por Infobae ponen el foco en lo negativo de la medida y en que los precios controlados son un manotazo de ahogados que nunca funcionan.

¿Para todos y todas?

Lo cierto es que el Gobierno prometió garantizar el acceso de estos servicios “para todos y todas” y recuperar “herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó” al Estado. “En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, dijo Fernández.

Esa idea de precios que se convierten en tarifas reguladas desde el Estado, esa intervención, es lo que enciende alarmas en los despachos de las empresas de una industria que en los primeros tres meses de este año, según datos del Enacom, generó ingresos por más de $148.000 millones (telefonía fija y móvil, Internet y tevé por cable), poco más de USD 1.000 millones.

Más allá de las posturas ideológicas, esto puede ser el comienzo de un deterioro de una infraestructura que hasta antes de la pandemia estaba bien, y aguanto el uso en el comienzo de la cuarentena (Carrier)

“No fijan las tarifas… pero van a autorizar los aumentos. Y son subas que se dan por la inflación, no por otra cosa. El problema no es el sector, es la economía”, resumió Enrique Carrier, especialista en el mercado de las telecomunicaciones. “Será parecido a lo que pasa con Precios Máximos: los ponen y esos productos desaparecen. Es un beneficio a corto plazo y un perjuicio a mediano y largo. Las telco invierten mucho más de lo que se cree. Las autoridades van a actos en los que anuncian desembolsos de USD 1 millón y estás empresas ponen eso en un sólo día. Más allá de las posturas ideológicas, esto puede ser el comienzo del deterioro de una infraestructura que hasta antes de la pandemia estaba muy bien, que aguanto el uso en el comienzo de la cuarentena”, explicó.

“Este mercado tiene muchos jugadores, como cooperativas y pymes del interior que también se van a ver afectadas. Y tiene intermediarios. ¿A esos también se les fijará los precios o sólo al último tramo? Hace varios años en California, EEUU, regularon el precio minorista de la energía eléctrica y no el mayorista y terminaron con cortes. El efecto inmediato de esto es que las empresas dejarán de invertir”, dijo Carrier.

En medio de la sorpresa generaliza, varios ejecutivos del sector destacaron que poner a la televisión por cable en este “paquete”, con una mención particular a la satelital, parecen “dardos” especiales apuntados a empresas como Cablevision y Directv.

“Esto no es un nuevo capítulo contra Clarín, para nada”, afirmó hoy en declaraciones a CNN Radio, Gustavo López, vicepresidente del Enacom. “El Gobierno no va a fijar tarifas, pero las empresas van a tener que justificar sus aumentos y el gobierno va a autorizar o no”, dijo.

“Los precios controlados no funcionaron nunca, no hay forma de bajar la inflación a través del control de precios. La señal para el consumidor es que consuma más y para el productor que produzca menos y se genera escasez. En electricidad se ha visto claro a lo largo de la historia. Pasó siempre; en los 80s y en el kirchnerismo”, resumió el economista Agustín Etchebarne.

“La declaración de servicio público es otra mala señal, es meter la intervención del Estado sobre un sector de la economía. En sectores de rápido avance, esto es más grave aún, por la velocidad del cambio tecnológico. Cuando intervenís y metes controles y regulaciones excesivas, frenás el cambio tecnológico y te retrasás respecto a los demás países del mundo. Con estas intervenciones, por ejemplo, seguramente demorás el cambio hacia la tecnología 5G”, detalló.

Santiago Urbiztondo, economista de FIEL y especialista en regulación y servicios públicos, tiene también una visión negativa del decreto, por la medida en sí misma y por la concepción de confundir interés público y alterar la dinámica competitiva de un sector de cambio rápido. “Veo una improvisación y ansiedad por anunciar medidas que generen popularidad. Es muy preocupante. Si los intentos regulatorios y de control fracasaron hace años, imagínate ahora”, aseguró.

Con el discurso de lo nacional y popular a la cabeza, y con el ‘vamos por todo’ detrás. Hay una línea que se mantiene y profundiza. Con Vicentín quisieron tener una empresa testigo para garantizar la soberanía alimentaria (Bullrich)

“No podemos controlar el dólar, menos vamos a controlar algo que cambia todo el tiempo, a una velocidad fantástica. Esto no son KW o litros de agua, no hay una tecnología y un producto fijo o estandarizado, dijo Urbiztondo.

La oposición también fue muy crítica, como detalló Infobae. Dos ex titulares del ENACOM durante el gobierno de Cambiemos, Miguel de Godoy y Silvana Giudici, hablaron “un golpe para las empresas”.

“Con el discurso de lo nacional y popular a la cabeza, y con el “vamos por todo” detrás. Hay una línea que se mantiene y profundiza. Con Vicentin quisieron tener una empresa testigo para garantizar la soberanía alimentaria”, tuiteó Patricia Bullrich. “Declaran servicio público a la TV por cable, pero no hay asfalto ni cloaca en la mitad del Conurbano, donde gobernaron 33 de los últimos 37 años”, dijo.

“El mercado no va a reaccionar bien y esto va a generar más conflicto, sobre todo con Clarín. Es una sorpresa, no estaba en la agenda pública. Se busca regular el mercado y el acceso que tienen los usuarios. La telecomunicaciones son un sector concentrado por naturaleza, pero también por dinámica de un Estado que lo fue permitiendo: hay baja calidad, escasa competencia y pocas inversiones, pero también es cierto que la principal que se realizó en los últimos tiempos fue del propio Estado con la extensión de la red de fibra óptica”, aseguró Santiago Marino, especialista en políticas de comunicación y docente e investigador de las universidades de Quilmes y San Andrés. “Tampoco hay que olvidar que la mayor parte de las quejas de los consumidores vienen de las empresas de este sector”, agregó.

Chile lanzó 5G la semana pasada

“Creo que la narrativa de que esta medida inhibirá inversiones, o que supone estatización, es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio público y es privada desde 1990; y las TIC fueron definidas como ‘servicio público en competencia’ en el mismo período en que el sector registró el mayor impulso inversor (por la licitación 4G y su despliegue, en 2014) de los años recientes”, aseguró Martín Becerra, profesor universitario e investigador del Conicet.

No podemos controlar el dólar, menos vamos a controlar algo que cambia todo el tiempo, a una velocidad fantástica. Esto no son KW o litros de agua, no hay una tecnología y un producto fijo o estandarizado (Urbiztondo)

Quizás la imagen comparativa que mejor describe el contexto la haya dado el economista Eduardo Levy Yeyati. “Mientras tanto, del otro lado de las vías…”, tuiteó y puso el link de una noticia del lunes pasado, de un diario chileno. Allí, el presidente trasandino sonríe delante de un telón colorido, algo futurista. “Piñera anuncia el inicio de la licitación de la red 5G: Chile es pionero en Latinoamérica”, es el título de la nota. Se trata de la primera licitación del espectro para el desarrollo de la red 5G en Latinoamérica, lo que impulsará una inversión de entre US$2.650 millones y US$3.000 millones en infraestructura en los próximos cinco años, estimó el gobierno chileno.

Fuente: Infobae.com

Hasta ahora, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hubo intercambio de piropos, mimos y palabras agradables.

Casi como en una relación que recién arranca, el Gobierno y el organismo multilateral no tuvieron ni una sola discusión tensa ni un cruce de palabras. Sin embargo, cuando en septiembre u octubre comience la negociación para postergar el pago de USD 44.000 millones que vencen entre 2021 y 2023, tal vez los términos del intercambio adquieran otro tono, o no.

También, como ocurre en cada negociación con el Fondo, la retórica privada es una y lo que se dice en la mesa de diálogo es diferente. En principio, el Gobierno ya sabe qué piensa el organismo que conduce Kristalina Georgieva sobre el valor del dólar, la inflación, los controles cambiarios, el nivel de las reservas y el desequilibrio fiscal.

Los vencimientos de la Argentina con el FMI Fuente: ACM en base a datos oficiales

El staff que conducen Alejandro Werner y Julie Kozack han sido muy claros sobre los lineamientos que debe cumplir la Argentina para recuperar un sendero de crecimiento sostenido, luego de tres años de recesión continuada.

¿Qué opina el Fondo sobre los principales problemas de la Argentina? Estas son las ideas de los técnicos del organismo, según pudo saber Infobae:

–La deuda: Hay elogios a la fórmula con la que se cerró el acuerdo con los grandes grupos de bonistas, porque, aunque en dos análisis técnicos de sustentabilidad el staff había considerado que los acreedores privados debían aceptar una quita mayor a la otorgada, se considera que la oferta respeta los parámetros trazados por el organismo en términos de reducción de intereses y de alivio financiero para los próximos años. El análisis de la oferta debe completarse con la sustentabilidad de mediano plazo del país para pagar su deuda más allá del 2024.

–El panorama económico general: Si la situación previa a la pandemia era desafiante para recuperar la estabilidad y el crecimiento económico, la pandemia complicó mucho más la situación para el país, que arrancó con un panorama mucho peor que sus vecinos para enfrentar esta crisis global por la anemia de la última década. Un punto positivo según el organismo es que tanto las autoridades del Ministerio de Economía como del Banco Central entienden perfectamente cuáles son los problemas y, con matices, cómo deberían atenderse.

–La emisión monetaria: Se considera que hay un caso típico de “monetary overhang”, exceso de emisión monetaria, que, aunque haya estado justificada por la pandemia y por la falta de acceso al crédito internacional, debe ser suturada en forma rápida para no generar problemas en los próximos meses.

–Los controles a la compra de dólares: Se opina que no deben redoblarse, porque, de lo contrario, solo se agravarían los problemas que aquejan a la economía argentina, más allá del cuadro de crisis global. Mantener los controles, admiten, será necesario en el corto plazo para sostener la precaria estabilidad financiera y permitir que el Banco Central acumule reservas, pero, a la vez, el Gobierno debe buscar fuentes más sólidas para sumar dólares, como un aumento de las exportaciones y por esta razón es clave que no deje que se aprecie el valor del peso.

El ministro Guzmán, reunido a principios de este año con la vicedirectora para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, el jefe de la misión en Argentina Luis Cubeddu, y el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos

–La baja de las reservas del BCRA: Brindar claridad sobre la política fiscal de mediano plazo permitirá tranquilizar al mercado, junto con el desenlace positivo que se espera para el canje de la deuda con los bonistas. A eso se debe sumar la consolidación del mercado local de deuda que comenzó en estos meses, robustecido en buena medida porque los grandes jugadores privados no tienen demasiadas opciones más allá de las que les ofrece el Gobierno.

–El déficit fiscal: el organismo espera que el proyecto de presupuesto 2021 que ingresará al Congreso Nacional el 15 del mes próximo brinde alguna pista sobre la reducción del déficit fiscal de este año, que, aún con una muy baja carga de pagos de la deuda por el canje, rondaría entre los 8 y los 10 puntos del PBI. En esta iniciativa esperan ver no solo las proyecciones oficiales para el próximo año, sino para el resto del mandato del presidente Alberto Fernández. Al respecto, para Washington lo más relevante es que se fije un ancla para lidiar con la emisión y tender hacia un camino de consolidación fiscal que, aunque sea más lento que lo previsto antes de la pandemia, debe ser firme tras el alto déficit que se prevé para este año.

–La necesidad de contar con un plan económico: Pese a la relativización que tanto el presidente como el ministro Martín Guzmán hicieron sobre la importancia de definir un programa económico explícito, el Fondo cree que debe haber un sendero que busque recuperar el crecimiento económico por la vía de más exportaciones e inversiones directas. Esta es una condición necesaria para negociar el nuevo programa para postergar los pagos, más allá de que el Gobierno elija un nuevo stand by o un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés), que tiene condicionalidades parecidas.

–La inflación: El bajo resultado del índice de precios al consumidor (IPC) responde a la fuerte reducción de la demanda producto del cierre de la economía durante varios meses para combatir la pandemia y eso contrarrestó la lluvia de pesos que cayó sobre la economía por la emisión del BCRA como producto del déficit fiscal, afirman en Washington. El interrogante es hacia adelante, a medida que la actividad se va normalizando, para saber si las expectativas inflacionarias van a crecer o no. De todos modos, el escenario base del Fondo no es que, como temen algunos analistas, la inflación se vaya a tres dígitos, pero, como se mencionó, resalta la necesidad de controlar el exceso de emisión.

–La negociación: No se puede pensar en un roll over, si no en refinanciar la deuda contraída desde 2018, lo que implica “calzar” desembolsos con los vencimientos. La discusión no será sencilla, más allá del tipo de programa que se elija y es posible, como dijo Guzmán, que culmine en 2021.

–Línea rápida por el Covid: Las autoridades no la pidieron y, si lo hicieran, se evaluaría como en otros casos.

¿Todas estas críticas implican que no se aprobará un nuevo programa? De ningún modo: eso depende del juego de la política y la diplomacia internacional, para convencer sobre todo a los miembros más relevantes del directorio del FMI, que deberán hacer equilibrio entre los malos números y la decisión de que un país del organismo entre o no en default.

Fuente: Infobae.com

Con la interna de Juntos por el Cambio al rojo vivo, Horacio Rodríguez Larreta blanqueó que prepara su «proyecto nacional» para «ganar» las elecciones legislativas del año próximo y las generales de 2023. El jefe de gobierno porteño, que nunca ocultó su aspiración presidencial, sostuvo que trabaja «para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno» y confirmó su alianza con María Eugenia Vidal: «Somos lo mismo», dijo sobre la exgobernadora bonaerense. Rodríguez Larreta participó este jueves 20 de agosto de una charla virtual con integrantes de la Mesa Política de Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de La Matanza, encabezada por el exministro de Educación (y excandidato a intendente del distrito) Alejandro Finocchiaro. En diálogo con los militantes, enfatizó: «Yo estoy para jugar, estoy para ayudar, para transmitir la experiencia de la Ciudad a la Provincia. Estoy para un proyecto nacional». «Trabajo para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno. A partir de eso, la gente decidirá. Tengo vocación, desde hace años, pero lo importante es que volvamos, no que yo llegue. Y es ahora. Es importante hacer una buena elección el año que viene, no hay que esperar hasta el 23», analizó el jefe comunal porteño. Además, prometió que tiene «un proyecto para ganar», y arengó a los militantes por zoom: «Tenemos que ganar en La Matanza, no alcanza con hacer una buena elección. Es esencial el trabajo en la calle, estar con la gente todos los días». Patricia Bullrich pidió «ampliar el 41%» de votos: «Podemos volver a ser gobierno» Interna PRO Las declaraciones de Larreta traerán repercusiones en Juntos por el Cambio, en particular en el PRO que se dividió en los últimos meses tras la salida de la Casa Rosada. El partido amarillo se debate entre el «ala política», encabezada por el propio jefe de Gobierno porteño, que prioriza la colaboración con el Ejecutivo nacional en la lucha contra el coronavirus; y el «ala dura» que representa, entre otros, Patricia Bullrich, quien busca polarizar con el Frente de Todos y rechaza todas las iniciativas oficiales. La convocatoria a la marcha del 17A en pleno pico de casos de COVID-19 y el viaje del expresidente Mauricio Macri a Europa fueron algunos de los temas que generaron rispideces en las últimas semanas. El lanzamiento de Rodríguez Larreta se enmarca en el punto bajo de la relación con Macri, que respalda a Bullrich y elogia las protestas callejeras aunque no esté claro que busque competir electoralmente en los próximos años. En ese contexto, el intendente porteño destacó su relación con María Eugenia Vidal, que hoy tampoco mantiene un buen vínculo con el expresidente tras la derrota electoral. «No somos socios, porque las sociedades pueden romperse y nuestra relación no. María Eugenia y yo somos lo mismo», dijo Larreta sobre la exgobernadora. El punto en el que sí coincide con el resto del frente opositor es el rechazo a la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández: «Ahora vemos que se pretende hacer una reforma apresurada de la Justicia, modificar la Corte», reprochó Sigue la interna en el PRO: Vidal pidió «refundar» el espacio y más «autocrítica» Críticas al kirchnerismo Luego de varias semanas de recibir críticas de los gobiernos de Fernández y del bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño cuestionó el manejo del distrito al que fue convocado, hoy en manos de Verónica Magario:  dijo que es «éticamente insoportable» la «desigualdad» que existe en La Matanza. «Hace 100 años que no se puede en el país, siempre se pelean unos con otros. Trabajo en función de eso. Poner al Estado en función de la gente. No puede ser que haya gente que viva como algunas personas lo hacen en La Matanza, la desigualdad es éticamente insoportable», resaltó el mandatario porteño. «La única manera de que Argentina salga adelante es terminar con las antinomias y poder tener un consenso más amplio», concluyó Larreta.

Fuente: Perfil.com

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó que en la Ciudad de Buenos Aires se hacen menos testeos porque “no hay tantos candidatos para hisopar” y reveló además que el índice de contagiosidad, más conocido como R0, bajó de 1.1 a 0.95 por ciento.

“Semana a semana hemos ido aumentando la capacidad de testeos y la realización de test por día. Pero hubo un pequeño descenso en la última semana que tiene que ver con no tener tantos candidatos para hisopar, y eso tiene que ver con la evolución de la curva epidemiológica”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Asimismo, Quirós fue cauto y dijo que “no se ha terminado nada”, al referirse al amesetamiento de la curva de contagios de coronavirus en el distrito, y, tras pedir a la ciudadanía “seguir cuidándose”, remarcó que recién “cuando aparezca un tratamiento efectivo o llegue la vacuna” habrá “un escenario diferente”.

“Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad”, afirmó Quirós.

El funcionario porteño se refirió al aumento de casos dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud de la Nación pero aclaró que “eso fue a nivel nacional, no en la Ciudad”. “De todos modos -agregó- mantenemos la guardia alta y recién cuando hayan descendido críticamente la cantidad de casos o aparezca la vacuna será otra la situación”.

En este sentido, el ministro reveló que el índice de contagiosidad, más conocido como R0, bajó de 1.1 a 0.95%, aunque la proporción de enfermos leves aumentó un poco. Según explicó Quirós, esto obedece a que la Ciudad está testeando a todos los convivientes o contactos estrechos de los confirmados. “Detectamos 200 personas por día que son asintomáticas, esto significa que no tiene riesgo y una evolución leve o sin molestia”, añadió.

El índice R0 bajó de 1.1 a 0.95 por ciento. (foto de archivo: Gustavo Gavotti)

La Ciudad confirmó un total de 1.305 nuevos casos y 43 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó a 1.958 el total de fallecidos en el distrito y a 81.750 los infectados desde la llegada de la pandemia al país.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 62%, informó hoy el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 279 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 47,9% (719 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 33% (1.653 sobre 5.000).

En cuanto a la tasa de letalidad, es decir el porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos, se indicó que se ubica en 2,4%. También, comunicaron que 357 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 27.634 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.

En este contexto, Quirós se refirió también al carnet sanitario como el que implementará el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para quienes visiten Mar del Plata en el verano. Según la iniciativa, el municipio le exigirá a los turistas un hisopado previo para verificar que no porten el coronavirus.

Para el ministro porteño ese método no es preventivo y desaconsejó su aplicación. “Pedir una PCR para la circulación ciudadana no es una forma segura de cuidarnos. El estudio no garantiza nada porque uno puede tener una PCR negativa hoy, estar incubando la enfermedad y en tres días tener la enfermedad”.

El ministro recomendó que para la circulación ciudadana es mejor aislarse y cuidarse. “Deberíamos todos hacer un esfuerzo para no solicitar estudios que luego sean dificultosos para realizar y que sea una limitación grave para todo el mundo que quiera moverse de un lado al otro”, enfatizó.

Finalmente, Quirós dijo que “el acompañamiento en los últimos días de vida de un paciente es indispensable para la dignidad y el cuidado humano” y “es algo que nos preocupa severamente”.

“Es complejo lograrlo, pero estamos trabajando en cómo poder avanzar al respecto”, reconoció el ministro al tiempo que ratificó su apoyo al proyecto de ley del legislador Facundo Del Gaiso para avanzar con un protocolo que permita la visita a las personas en situación muy crítica y “que tengan un despedir digno y humano como corresponde”.

Fuente: Infobae.com

El ministerio de Economía comunicó internamente el fin de semana que no hay ninguna intención de modificar eso», expresó en declaraciones radiales el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Así, el funcionario ratificó que no habrá cambios en la la compra de los 200 dólares mensuales que vienen realizando los ahorristas como medida de atesoramiento, como anticipó la cartera conducida por Martín Guzmán este fin de semana, ante los rumores generados por la caída de reservas del Banco Central. Entrevistado por María O’Donell en la mañana de este viernes 21 de agosto por FM Metro, Kulfas reconoció que la brecha cambiaria está en niveles importantes y que llevará tiempo ajustarlo, pero que el Gobierno está decidido a buscar una solución a largo plazo. «El problema del dólar paralelo existe, pero es una cuestión que se va a resolver en la medida en que podamos bajar la brecha, lo cual implica más oferta en el mercado de cambios», dijo el ministro. Luego del acuerdo por la deuda con los acreedores externos alcanzado por el gobierno, se esperaba que el dólar se mantuviera más calmo. Pero la divisa paralela sigue trepando (el jueves llegó a 136 pesos) y mantiene una brecha del 85% con el oficial, pese a la suba de las últimas semanas que ubicaron al «dólar ahorro» o «solidario» por encima de los 100 pesos. En el primer semestre la economía cayó 12,9% Kulfas indicó que se necesita más tiempo: «Estamos en la etapa final de cierre del acuerdo de deuda y por otra parte tenemos un problema estructural respecto a la oferta de dólares», aclaró y recordó que Argentina tiene una economía con una oferta exportable relativamente baja que necesita fortalecer. «La solución a este problema recurrente no se resuelve (como quiso hacer el gobierno anterior) tomando deuda o tapando agujeros, sino con un cambio de la estructura productiva en función de una economía con mayor capacidad exportable y con reemplazo de algunas importaciones con producción local de manera eficiente», explicó. Y agregó que «es un proceso que va a llevar un tiempo, pero estamos convencidos de que ese es el camino». La economía cayó 12,9% en el primer semestre del año, según datos que dio a conocer ayer el INDEC contra igual semestre de 2019. Los datos explican que la caída significativa se dio en abril, se recuperó un poco en mayo, y en junio se aceleró esa recuperación. Y en estos indicadores se apoya el gobierno que quiere mostrarse día a día más optimista. Cuál será el valor del dólar en diciembre 2020 Un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo destaca que hay sectores que volvieron a niveles previos a la pandemia de coronavirus. «Tenemos una economía que está tratando de salir de la doble crisis, la crisis del gobierno anterior y la crisis del coronavirus, y hay señales de recuperación. Hay medidas que están teniendo efecto pero todavía falta», reconoció Kulfas. Como ejemplo puso a la construcción, una actividad que el gobierno entiende va a tener un papel destacado en la reactivación de la economía en la pos pandemia. «Hoy el costo de la construcción está en un nivel muy bajo, eso genera incentivos para invertir en ese sector y va a hacer que muchos dólares que están guardados que comiencen a invertirse en la construcción y eso también va a reducir la brecha (del dólar). Es un proceso que va a llevar tiempo», recordó. En el mientras tanto, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se sigue acentuando y ayer estuvo en torno al 80%. En el mercado, algunos analistas indican que esto comienza a tener impacto en los precios y a calentar la inflación que para algunas consultoras privadas comenzará a subir desde fines de agosto a un ritmo de 2% mensual.

Fuente: Perfil.com

En silencio, y con la orden directa de Cristina Fernández de Kirchner, el senador peronista Oscar Parrilli incluyó en el dictamen oficial de la Reforma Judicial una palabra que implica el infinito condicionamiento directo a todos los medios de comunicación de la Argentina. La modificación jurídica fue ejecutada a espaldas de Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, que se enteraron horas después de la decisión política asumida por CFK y Parrilli.

La Reforma Judicial es un proyecto de Alberto Fernández que redactó junto a Losardo, Vilma Ibarra -secretaria Legal y Técnica-, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. La decisión del kirchnerismo de avanzar contra los medios sin consulta previa y como un hecho consumado, multiplicó anoche las tensiones políticas que ya existen entre Olivos y la Cámara Alta.

La Enmienda Parrilli contra la libertad de prensa tiene una palabra clave: “mediáticos”. Y significa que todos los jueces federales del país que consideren que un cronista, movilero, periodista, productor, editor o medio en sí mismo -por poner seis ejemplos de una lista inabarcable- intentó presionarlo, deberá informar al Consejo de la Magistratura, que abrirá una investigación contra el denunciado.

La inclusión del senador peronista a la Reforma Judicial, avalada por Cristina Fernández de Kirchner, fija textual en el artículo 72 inciso e): “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (…) comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

La Enmienda Parrilli funciona como una figura penal en blanco que pone a merced de la interpretación de los jueces la libertad de prensa protegida en la Constitución Nacional. El inciso e) del artículo 72 no establece condiciones objetivas o subjetivas del presunto implicado, no determina en qué circunstancias se consideraría “cualquier intento de influencia” en las decisiones del magistrado y tampoco articula un mecanismo de defensa del periodista que aprovechó su poder mediático.

Alberto Fernández toma juramento a Marcela Losardo como ministra de Justicia

Alberto Fernández y Marcelo Losardo estuvieron ayer en la quinta de Olivos. Amigos personales y socios en un estudio de abogados, el Presidente y la ministra de Justicia trabajan de memoria y saben que acecha en la interna política del Gobierno peronista. La Reforma Judicial es una creación intelectual del Jefe de Estado, que fue esmerilada y finalmente consensuada con Cristina Fernández de Kirchner.

En la soledad de Olivos, Losardo informaba al Presidente qué estaba sucediendo en el Senado con la Reforma Judicial. Su dictamen oficial se demoraba por ciertas inclusiones jurídicas y la ministra recibía la información por la senadora María de los Ángeles Sacnun, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que incluía las modificaciones y solicitaba a sus colegas peronistas la firma electrónica para cerrar esta etapa del tramite parlamentario.

Losardo estuvo junto a Alberto Fernández casi tres horas. A su celular, vía WhatsApp, llegaba la información de la Reforma Judicial enviada por la senadora Sacnun. En ese constante intercambio, la ministra se enteró de casi todas las enmiendas que se redactaron en la Cámara Alta. El Presidente, a su lado, proponía ajustes técnicos y Losardo reenviaba a Sacnun -de estrecha confianza de CFK- esas consideraciones para que se agregaran al dictamen oficial.

Alberto Fernández y su ministra Losardo no fueron informados de la Enmienda Parrilli a la Reforma Judicial.

En toda la tarde, durante las horas que estuvieron chateando para ajustar la Reforma Judicial, Sacnun jamás reveló al jefe de Estado y a Losardo que CFK había ordenado a Parrilli que incluyera a los medios en el inciso (e) del artículo 72 de la iniciativa oficial.

Losardo se enteró de la jugada del kirchnerismo por una llamada telefónica, cuando ya se había ido de la quinta presidencial. Y Alberto Fernández conoció la ofensiva de CFK y Parrilli por Losardo, que indignada se comunicó a Olivos.

Durante el debate de la Reforma Judicial en la Cámara Alta, Parrilli había planteado ante la ministra de Justicia su interés político de condicionar a los medios. Y Losardo evitó el contrapunto asumiendo que la vicepresidente no avanzaría sobre un proyecto que fue redactado -literalmente- por Alberto Fernández.

En Olivos y la cartera de Justicia juran que la Enmienda Parrilli no llegará al recinto de sesiones. Y que la Reforma Judicial “volverá a su espíritu inicial”, cuando su redacción solo estaba en manos de Alberto Fernández.

Fuente: Infobae.com

El objetivo político oculto y definitivo del oficialismo con su anunciada Reforma Judicial es colonizar la Cámara Federal Penal que debe tratar todas las causas de corrupción pública que involucran a Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno pretende una mayoría automática en esa Cámara Federal y urde una estrategia que se apuntala en los tecnicismos del Consejo de la Magistratura, ciertas facultades constitucionales previstas para el Presidente y la inexpugnable mayoría del peronismo en la Cámara de Senadores.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner recitan de memoria a Juan Domingo Perón y Carl von Clausewitz, dos estrategas militares que enseñaron la necesidad de ejecutar movimientos visibles y grandilocuentes para mimetizar el objetivo político que se desea alcanzar ante un enemigo que sólo presta atención a lo obvio y corriente.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobó ayer por mayoría un dictamen que apoya la Reforma Judicial enviada por Alberto Fernández al Congreso. Ese dictamen fue rechazado por la oposición y es el paso institucional necesario para lograr que la iniciativa oficial obtenga su media sanción de la Cámara Alta.

Y si la negociación ya emprendida por el Gobierno cumple todos los ritos del regateo parlamentario, la Cámara de Diputados sancionará la iniciativa oficial hacia fines de septiembre. Pese a los cuestionamientos de la oposición y a las críticas perpetuas de la opinión pública.

Alberto Fernández anuncia el proyecto de ley para reformar el sistema judicial en la Casa Rosada

Desde la perspectiva bélica de Perón y Von Clausewitz, la Reforma Judicial es el hecho obvio y corriente que usarán Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para ocultar su verdadero objetivo político en esta etapa de su Gobierno.

La Vicepresidente necesita desplegar una mayoría automática en la Camara Federal que reemplace a los jueces independientes que fallaron en su contra, cuando comprobaron que había suficiente evidencia para probar su responsabilidad penal en determinados casos de corrupción pública.

La ofensiva contra la Cámara Federal Penal es minuciosa y se mueve a la velocidad de la luz. Martín Irurzun es un camarista federal respetado en Comodoro Py y la Corte Suprema, y odiado por Cristina Fernández de Kirchner. Irurzun tiene la piel curtida y durante sus años en Tribunales ya vio pasar a dos dictadores, diez presidentes y más de treinta ministros de Justicia.

En las últimas horas, un puñado de diputados oficialistas presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Irurzun por “mal desempeño” en sus funciones. Se trata de una típica operación de acoso y derribo contra un camarista federal que enfrenta operaciones políticas desde 1987.

La presentación de los legisladores kirchneristas, encabezada por Rodolfo Thailhade y Martín Soria, no tiene posibilidades de prosperar en el Consejo de la Magistratura. Y su único objetivo es iniciar una ola de presión institucional contra Irurzun para lograr su renuncia y ocupar con un juez propio su lugar en la Cámara Federal.

Junto a la ofensiva contra Irurzun, la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández y la bancada justicialista en el Senado iniciaron una profunda arremetida contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Consideran que Bruglia y Bertuzzi están violando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, y por lo tanto deben abandonar la Camara Federal porteña.

El artículo 99, inciso 4 de la Constitución, establece que un juez está ajustado a derecho si fue propuesto por el Consejo de la Magistratura, su pliego enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y, finalmente, haber logrado su aprobación por la mayoría simple de la Cámara Alta.

Bruglia y Bertuzzi cumplieron el rito constitucional para ocupar sus cargos en un Tribunal Oral Federal y después fueron trasladados a la Cámara Federal Penal. Ese traslado -horizontal y en el mismo fuero- es impugnado por la Casa Rosada y la bancada kirchnerista en el Senado. Sostienen que es inconstitucional y que ambos camaristas deben renunciar y regresar a sus puestos en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4).

La justicia Contenciosa Administrativa Federal concedió un amparo a favor de Bruglia y Bertuzzi, que el bloque de senadores peronistas transformó en papel picado. El próximo 4 de septiembre habrá audiencias oficiales para analizar la situación legal de Bruglia y Bertuzzi, pero la mayoría kirchnerista ya decidió: deberán regresar al TOF 4, a la espera de un fallo reparador de la Corte Suprema, que hace dos años interpretó que es constitucional un traslado horizontal en el mismo fuero (acordada 7/2018).

En este contexto, el balance de heridos y posibles bajas es posible de contabilizar. Irurzun sujeto a fuego cruzado en el Consejo de la Magistratura, mientras que Bruglia y Bertuzzi con muchas posibilidades de regresar a sus cargos en el TOF 4, hasta que la Corte se expida acerca de las decisión que el Senado consumará en las próximas semanas.

Leopoldo Bruglia, camarista federal penal, cuestionado por la Casa Rosada.

Detrás de los argumentos de la bancada oficialista, se esconde un hecho procesal que permite explicar la ofensiva del Gobierno contra Bruglia y Bertuzzi. Estos dos camaristas federales, hace menos de un año, confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner en una causa por presunta corrupción pública.

CFK no olvidó la decisión procesal de Bruglia y Bertuzzi -ajustada a derecho- y ahora bebe su vindicta política.

El desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi puede causar una fuerte movilización social y provocar además un conflicto de poderes entre el Senado y los Tribunales. Si la Cámara Alta ordena su traslado inverso, y la justicia en lo contencioso y administrativo federal mantiene el amparo para bloquear esa posibilidad parlamentaria, se habrá llegado a una instancia política que sólo puede compararse con la Resolución 125 y el conflicto del campo.

Pero el eventual cimbronazo institucional no terminaría en esta instancia política. Balcarce 50 tiene intenciones de recolocar en la Cámara Federal a Eduardo Farah, un cuestionado magistrado que mantuvo relaciones ambivalentes con Mauricio Macri y Néstor y Cristina Kirchner. Farah está aburrido en su exilio corporativo y desea regresar Comodoro Py y su famosa Montaña Rusa.

En este contexto, Irurzun y su colega Mariano Llorens se mantendrán a pie firme en sus puestos. Bruglia y Bertuzzi es muy probable que pierdan sus cargos hasta una eventual revisión de la Corte Suprema, y Farah ya se prueba el traje clásico con tres botones y corte italiano.

Es decir: Irurzun y Llorens estarán en salas diferentes de la misma Cámara Federal. Farah regresará por decisión del Gobierno, y aún restan nombrar a otros tres camaristas, que serán elegidos por el Consejo de la Magistratura, avalados por Alberto Fernández y votados por la mayoría oficialista del Senado.

En cualquier variable matemática-política, Cristina Fernández tendrá mayoría en las dos salas de la Cámara Federal porteña, que deberán revisar las decisiones en su contra que eventualmente tome la primera instancia de Comodoro Py.

Si no suceden acontecimientos imprevisibles en Olivos y el Senado, Roberto José Boico será nombrado camarista en lugar de Bertuzzi o Bruglia. Boico -quedó segundo en los concursos públicos de oposición-, compartió estudio con el exjefe de gobierno Anibal Ibarra, y fue abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa abierta por el Memorándum con Irán.

Boico será un camarista independiente. Así lo prometerá cuando jure por la Constitución Nacional.

Fuente: Infobae.com