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El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, respondió a las acusaciones de Ginés González García sobre un cargamento con vacunas vencidas que se encontraron en un contenedor. En diálogo con Radio con Vos, Rubinstein, que al principio fue ministro (luego bajaron el rango) dijo que está muy molesto con Ginés: “Derrapó mal, está sobreactuando”. “Escucho a Gines Gonzalez García decir que el brote de sarampión lo causamos nosotros y lo solucionó esta gestión, y no es así, fue una pandemia que se dio el año pasado. Tuvimos 180 casos, 90 en nuestra gestión y 90 en esta. Tenemos una tasa de vacunación de arriba del 92 %, intensificamos la campaña durante el 2018. Ya estoy harto con estas cuestiones”, sostuvo Rubinstein en alusión a las reiteradas críticas de Ginés a la gestión macrista. El día que Rubinstein criticó a Ginés por vacunas de sarampión “Estoy molesto con estas actitudes, estos ataques personales lo devalúan más de lo que está», se quejó el ex funcionario. Este miércoles 19 de agosto, Ginés encabezó un recorrido por un frigorífico en la Ciudad en el que se encontraron 4 millones de dosis de vacunas vencidas para distintas enfermedades. No es la primera vez que el Gobierno actual y Ginés en particular acusa a Rubinstein por el tema vacunas. En enero, a poco de asumir, hizo algo similar por un lote de 12 millones de dosis que estaba retenido en la aduana.   Rubinstein también habló sobre la marcha del 17A, «Desde lo sanitario no me parecen recomendables las aglomeraciones. Yo no fui a la marcha y no aconsejé ir. Pero entiendo las razones. La presión social por hartazgo, necesidad, y reclamos institucionales, que tienen que ver con el aprovechamiento político de la pandemia, para meter medidas que no tienen consenso social como la reforma judicial».

Fuente: Perfil.com

Ni el consenso logrado por la cuarentena en su inicio y durante un buen tiempo, ni el acuerdo con los acreedores externos para estrenar un plan económico. Alberto Fernández parece haber desperdiciado chances para darle mayor sustento a su construcción política con algún tipo de convergencia que algunos definirían como un salto de calidad. Al revés, acaba de consagrar como objetivo dominante algo que salvo en el kirchnerismo duro, cosecha críticas de fondo o al menos de oportunidad: una múltiple ofensiva judicial. Es bastante más que el proyecto que acelera el oficialismo en el Senado y que asoma como el mayor desafío de esta gestión en Diputados. Un mal tema para una batalla política desgastante e incierta, más allá de los límites del Congreso.

Está por verse cuánto de malestar o de subestimación pesa en el análisis del banderazo del lunes. Pero como reacción, en las frases y sobre todo en la práctica, quedó en claro de qué se trata: la pelea será por la reforma judicial en sentido amplio, a la vez foco central de la protesta. El Gobierno consideró que debe dar una muestra lineal de “fortaleza” y lo tradujo sin vueltas en el avance a toda máquina con su proyecto. Sin decirlo, el Presidente terminó de imprimirle un sentido de prueba crucial. “No nos van a doblegar los que gritan”, afirmó en su primer discurso tras las manifestaciones.

Resulta un riesgo exagerado, salvo que sea entendido como un compromiso con sentido interno. La oposición de Juntos por el Cambio, con arrastre de sus propias pulseadas y debilidades domésticas, encontró así un terreno en el que siente condiciones para afirmarse mejor –más complejo sería, se admite, en el plano económico- y reclamó directamente al Presidente el retiro del proyecto de reforma que está en el Congreso. A su modo, marcó el mismo campo que había decidido transitar el oficialismo. Resultado: la cuestión judicial quedó al tope de la agenda política.

Las concentraciones del lunes expresaron en las calles que al menos para una franja social no se trata de una cuestión menor. Y el oficialismo seguramente estaría movilizando en estas horas sus estructuras partidarias, sindicales y sociales si no fuera porque está encorsetado por la cuarentena. De todos modos, y más allá de manifestaciones reales y contenidas, resulta evidente que el tema en sí mismo no es prioritario o que, en todo caso, adquiere mayor relevancia y genera reacciones porque se lo coloca en un primer renglón desde el poder.

El banderazo, con capítulo principal en el Obelisco. El Gobierno reaccionó acelerando su plan judicial.

Visto así, motoriza una discusión que provoca rechazo en franjas inorgánicamente opositoras y, con más e inquietante amplitud, en sectores ya mal predispuestos con la política en general. En ese plano, resulta de mínima que desplace o desconsidere de hecho preocupaciones y angustias extendidas: el cuadro sanitario con mensajes cruzados –algo visible en el difícil equilibrio entre el Presidente, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta-, la crisis económica profundizada por la cuarentena, el hartazgo o al menos el agotamiento social, la inseguridad.

La operación judicial tiene además costado interno. El Presidente reniega porque considera que la reforma –apuntada al fuero federal porteño, en particular- es su proyecto y no debería ser asociada a ninguna otra movida y menos, subordinada a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la simultaneidad de jugadas expone lo contrario.

En el Senado, la iniciativa fue tratada en velocidad y quedó exhibida como pieza central de un tablero más amplio. Dos días después del banderazo, el kirchnerismo duro aseguró un rápido dictamen, con alguna modificación, en plenario de comisiones. Y la semana que viene tendrá media sanción.

En paralelo, y también de manera expeditiva, el oficialismo impuso su número y a contramano de lo dispuesto por una jueza, avanzó con la revisión de pliegos de una decena de magistrados –entre ellos, los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- por sus traslados durante la gestión macrista. Se trataría de un primer paso para cuestionar luego la validez de resoluciones en casos de corrupción durante las gestiones de CFK.

Al mismo tiempo, se puso en marcha una movida en contra del procurador interino, Eduardo Casal, que ya rechazó la posibilidad de una renuncia forzada. Y, por otro andarivel, comenzó a funcionar el consejo consultivo creado por el Presidente para analizar modificaciones a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público.

Mario Negri, flanqueado por Maximiliano Ferraro y Cristian Ritondo. El interbloque de JxC promete dura batalla en Diputados.

Resulta evidente que el principal mensaje es de presión extendida sobre la Corte. Y al mismo tiempo, asoman otras señales. Ya comenzó a circular la idea de analizar una reforma sobre el modo o las condiciones para designar al procurador general. La designación del jefe de los fiscales requiere el voto de dos tercios del Senado. El oficialismo no cuenta ahora con ese número y eso tiene en suspenso la candidatura de Daniel Rafecas. Ahora alguno imagina que podría cambiarse el criterio para que tal elección demande solo la mitad más uno de los votos.

En resumen, visto todo el paño, surge un elemento por sobre cualquier otro: un juego armado centralmente por la ex presidente. Esa lectura es alimentada además por otro ingrediente destacado y que tiene relación directa con el armado que buscó y trataría de sostener Alberto Fernández. Se trata de su construcción con sectores y con figuras de lo que se denomina el peronismo más tradicional o moderado. Y esa imagen tuvo alguna fisura con el caso Vicentin y también ahora: la toma de distancia de Roberto Lavagna y la incomodidad –y desmarque o silencio- de gobernadores como Juan Schiaretti y Omar Perotti.

Habrá que ver cómo se expresa ese cuadro en Diputados, donde el Frente de Todos necesita del apoyo de aliados para aprobar cualquier iniciativa. En estas horas, las cuentas no asoman fáciles para el oficialismo y el primero en advertirlo es Sergio Massa. Allí, la oposición piensa dar la pelea de fondo contra la reforma judicial. Por supuesto, todo anticipa un fuerte juego de presiones sobre jefes provinciales y legisladores en zona gris. En cualquier caso, será parte central de una batalla que apenas empieza

Fuente: Infobae.com

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo sobre la reforma judicial que van a “esperar el resultado del Senado y a partir de ahí empezar a trabajar» porque «hay cosas más importantes» para debatir. Dijo, además, sobre el proyecto judicial que «hay que aprender a desdramatizar un poco el tema porque, de otra forma, «la sociedad ve circo pero no ve resolución a sus problemas». “Nosotros los proyectos los planteamos como instrumentos para debatir y aceptamos permanentemente modificaciones, opiniones, proposiciones. A mi me gusta mucho la oposición que propone y colabora en el gobierno», dijo en entrevista con RePerfilAr. «Hay mucha chicana polìtica que realidad», dijo Masa sobre el rol que está teniendo la oposición y su crítica a las sesiones virtuales. «Cornejo pidió la reforma de la constitución por Zoom y lo peor de todo es que el jefe de la oposición da instrucciones por Zoom desde una reposera en Saint Tropez. Asi que no creo que estén en desacuerdo con Zoom cuando dan instrucciones por ese medio». Massa reconoció que, a la par de la reforma judicial, existen «otros temas importantes» que el Congreso debe tratar. «Tenemos varios temas que resolver y aspiramos a que todos los diputados trabajen, se sienten en sus bancas o se conecten por teleconferencia porque tenemos un tema muy importante”. “Hay otros temas que preocupan”. como la ley de turismo, que “representa 430 mil puestos de trabajo que no sabemos exactamente cuándo, los que tienen un pequeño hotel, los que viven del transporte del turismo, los que generan servicios gastronómicos, van a poder estar trabajando a pleno”. Y aseguró que mientras tanto, “estamos generando herramientas para que vuelvan a tener la posibilidad de subsistir”. Otras leyes que el gobierno está impulsando, aseguró Massa, es el de la pesca ilegal. “En la Argentina las multas por pesca ilegal no se modifican hace muchos años ya. Entonces hoy es más caro el operativo de un barco de Prefectura o un buque de la Armada para hacer el secuestro de un barco que está pescando ilegalmente que la multa. Desgraciadamente eso es robo sobre más de dos puntos y medio del PBI de la argentina. «Tenemos que resolver rápidamente este tema porque hace a la pesca y a la economía de muchas provincias argentinas», finalizó.

Fuente: Perfil.com

El juez federal Daniel Rafecas fue nominado por el oficialismo para ocupar la Procuración General, pero no está dispuesto a ser designado a través de un procedimiento irregular (Consejo de la Magistratura de la Nación)

“No cuenten conmigo”. Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar la Procuración General, le envió un mensaje al gobierno nacional. En diálogos reservados, adelantó que no está dispuesto a asumir el cargo si el oficialismo impone su postulación desconociendo las mayorías exigidas por ley o través de algún ardid parlamentario.

El magistrado les explicó ayer su posición a sus colaboradores más cercanos en una reunión virtual. “En estas condiciones, no cuenten conmigo, yo no acepto que se elija al Procurador con mayoría simple, modificando el formato tradicional de elección”, precisó.

Y sentenció: “Prefiero ir a la votación y no conseguir los dos tercios antes que perder mi dignidad”.

Con el trámite trabado en el Congreso y ante la imposibilidad de obtener los votos necesarios, el oficialismo dejó trascender en los últimos días que está buscando alternativas para avanzar igual con la nominación de su candidato. Una de esas opciones se debatió en el seno de la comisión Beraldi, creada por el Ejecutivo para legitimar una eventual reforma de la Corte Suprema y otros cambios sensibles en el Poder Judicial.

Actualmente, la ley prevé que el jefe de los fiscales debe ser designado con el voto de los dos tercios de los senadores presentes, por eso a los juristas elegidos por Fernández y Cristina Kirchner para integrar el comité de expertos se les ocurrió una modificación legislativa que aceleraría el trámite: que el procurador sea elegido por mayoría simple.

La confesión de Rafecas no sorprendió a sus interlocutores, que conocen el apego a la norma y a las instituciones del juez. Tampoco les llamó la atención las críticas que expresó a la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo y la férrea defensa que realizó del procurador interino, Eduardo Casal, quien actualmente es víctima de los ataques del kirchnerismo duro, que busca por distintos carriles forzar su renuncia.

“Me cuesta entender el esfuerzo que están haciendo para reformar la Justicia con un proyecto que atrasa 50 años. Yo creo que sería más útil avanzar rápidamente hacia el sistema acusatorio, que funcionó muy bien en las provincias donde se hicieron las primeras pruebas, y terminó convenciendo incluso a quienes planteaban algunas resistencias”, analizó.

“Atacar a Casal es un disparate; están acatando a todos los integrantes del Ministerio Público y a los fiscales. Me solidarizo con él”, contó.

Eduardo Casal, el procurador interino apuntado por el Gobierno (Nicolás Stulberg)

La decisión del magistrado de no aceptar el cargo en las condiciones que pretende promover el Gobierno ya trascendió en los pasillos de Comodoro Py, el edificio judicial donde se tramitan las causas que preocupan y ocupan al poder político. Esta mañana, en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi, Carlos Rívolo, presidente de la asociación de fiscales, dijo que le había llegado un trascendido.

“Lo que ha trascendido es que el doctor Rafecas habría dicho que con esa condición no cuenten con él; no asumiría en esa condición. Y es algo lógico, porque en caso de avanzar con la designación, vas a debilitar la institución a la que tenés que dar la responsabilidad de las investigaciones en un contexto donde el sistema acusatorio debe ser fortalecido, no debilitado”, evaluó.

El gobierno nacional dejó en claro esta semana que está dispuesto a avanzar con la reforma del Poder Judicial y con la destitución de jueces que fueron trasladados durante la gestión de Juntos por el Cambio, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Así quedó evidenciado esta semana.

La multitudinaria movilización del lunes y el fallo de una jueza no fueron obstáculo para el oficialismo, que aceleró el trámite por la reforma y avanzó con el desplazamiento de los 10 magistrados apuntados por la Casa Rosada. Alberto Fernández selló la estrategia con una frase en un acto público: “No nos van a doblegar los que gritan; los que gritan no suelen tener razón.

Fuente: Infobae.com

Masividad y visible extensión territorial. El nuevo banderazo superó por mucho los capítulos previos del 20 de Junio y del 9 de Julio. Y expuso un elemento potente entre algunos otros que debería anotar el Gobierno si supera el escalón del enojo: colocó en primer plano el rechazo a la ofensiva judicial del oficialismo. A eso añadió la constatación de errores propios frente a lo que se veía venir: evitó el debate político, apeló como única estrategia al temor por el coronavirus y adjudicó a la oposición semejante poder de convocatoria y movilización. La protesta no solo trascendió largamente los apoyos y guiños de referentes de Juntos por el Cambio, sino que además le plantea un desafío con forma de interrogante hacia su propio interior.

La señal previa a las manifestaciones fue dada por Alberto Fernández, en el homenaje a San Martín, con un llamado formal a la unidad nacional, pero acompañado por comparaciones históricas que siempre resultan forzadas y por una nueva y dura carga contra la gestión macrista. La reacción posterior resultó aún menos comprensible. Otra vuelta de tuerca sobre el temor por la cuestión sanitaria, a cargo de Santiago Cafiero, y peor aún, la consideración de la protesta como una reacción tardía de resentimiento opositor por haber perdido las elecciones del año pasado.

El problema no son solo las palabras de malestar, sino lo que expresan a futuro como reflejo político frente a una movilización que se extendió por horas alrededor del Obelisco, que fue masiva también en grandes ciudades de todo el país y que se hizo sentir en barrios del Gran Buenos Aires. Todo indica que en lugar de repensar su plan político, lo profundizará.

Dos ejemplos del Senado: será formalizado un rechazo duro a la jueza que dispuso frenar la revisión de los casos de jueces trasladados en la etapa macrista, y se avanzará a paso firme con el proyecto de reforma judicial. Esa iniciativa completará la etapa de exposiciones en plenario de comisiones, para producir dictamen con firmas oficialistas y pasar sin demoras al recinto. Después, Sergio Massa deberá ver cómo enfrenta el rechazo abierto de JxC y su intención de frenar la iniciativa. Se verá cuánto pesan las imágenes del banderazo.

La protesta en la capital de Córdoba. Hubo concentraciones grandes en las principales ciudades del país.

Es significativa además otra muestra de la difícil relación entre la agenda política –impuesta en este caso por el oficialismo- y el temario público, en el que pesan la reacción o los intereses sociales. Se podía pensar que la ofensiva judicial –la reforma del fuero federal y la presión de hecho sobre la Corte Suprema- podía pasar sin mucha resistencia, fuera del ámbito político, en una realidad dominada por la cuarentena, la agudizada crisis económica y la fatiga de la sociedad. Sin embargo, la protesta de ayer colocó el tema en el primer renglón, de alguna manera por encima de las consecuencias del resquebrajado aislamiento.

Y es llamativa también una postal que vienen repitiendo estas manifestaciones. Tiene expresiones puntuales frente a la residencia de Olivos y en la esquina del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Una manera de poner de relieve lo que consideran el doble eje de poder. Claro que eso es alimentado también y hasta simbólicamente desde el propio oficialismo. Ayer, Alberto Fernández encabezó el homenaje a San Martín. Y CFK hizo su recordatorio difundiendo como único mensaje un video sobre su último 17 de Agosto como presidenta, es decir, en 2015.

Con todo y aún en medio del agotamiento social y la depresión económica, el banderazo no fue una expresión de antipolítica. Pero tampoco fue un simple acto opositor. En rigor, junto al fuerte cuestionamiento al Gobierno plantea una demanda inquietante a la mayor oposición, porque pesa el registro de la crisis en la gestión de Mauricio Macri y porque JxC está lejos de haber resuelto su orgánica y otras cuestiones, no solo de jefatura sino más bien de conducción para consolidarse como coalición política.

Manifestantes en La Matanza. También hubo manifestaciones en otras localidades del GBA.

Solo una estrategia muy limitada desde el Gobierno pudo adjudicar a ese frente la capacidad de organizar y liderar una movilización como la de ayer, a la que además consideran circunscripta a una franja social acotada, clase media y poco más. Por el contrario, JxC expuso su propia realidad. Hubo posiciones más abiertas a favor del banderazo –con matices, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, entre otros- y otras más cuidadosas, como las de Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales. Eso, en medio de un juego que supera la división entre alas duras y moderadas, sin llegar siquiera a la organización de líneas o corrientes partidarias. Temores y tentaciones oportunistas serían los peores condimentos si predominan.

La única ventaja en este punto sería también generada por el oficialismo como reacción. En lugar de explotar el consenso inicial por la cuarentena o el trato con los acreedores externos para convocar a algún tipo de acuerdo político –que podría haber amplificado las tensiones domésticas de la oposición-, el Presidente decidió avanzar con la jugada judicial. Eso mismo, favoreció el cierre de filas en JxC. Si se quiere, un punto de sintonía en medio del desafío que supone la masiva expresión callejera de ayer.

Un dirigente opositor definió la protesta en términos coloquiales. Dijo que sería el “tercer telefonazo” para el Presidente, a poco más de ocho meses de iniciar la gestión. Pero admite que también lo es para JxC. El tiempo corre para todos.

Fuente: Infobae.com

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la marcha que impulsaron sectores de Juntos por el Cambio este 17 de agosto contra el Gobierno, pese a las advertencias de los peligros por posibles contagios ante la aglomeración de personas. El funcionario pidió perdón a los trabajadores de la salud «por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar». Cafiero se disculpó así con «los médicos y las médicas, enfermeros y enfermeras, y a todo el personal esencial que está poniendo el cuerpo todos los días» luego de que en horas de la tarde de este lunes se vieran concentraciones masivas de gente en los principales puntos de la ciudad de Buenos Aires y en otras capitales del país, en un momento crítico de crecimiento de casos y con el desgaste del sistema de salud tras cinco meses de pandemia. Pese a eso, el jefe de Gabinete destacó que «la inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando y no porque apoyen al Gobierno», sino, explicó, porque «saben que esta pandemia es grave», declaró en diálogo con Télam. 17A: el banderazo contra el Gobierno en imágenes Para Cafiero, esa mayoría que tomó consciencia del coronavirus «no aparece en los canales de televisión, ni en las coberturas de los diarios principales». «Insisto, no son ni oficialistas ni opositores, son argentinos y argentinas que entendieron que el único remedio que tenemos hasta que tengamos la vacuna es minimizar la circulación», expresó el dirigente del Frente de Todos.  En ese sentido, destacó que una vez que el peligro de la enfermedad pase, «la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad», entre los que habrá «hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos», dijo. Y aclaró: «Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos». 17A: Juntos por el Cambio muestra diferencias por la marcha En la misma línea se expresó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en sus redes sociales, quien consideró que parte de la sociedad «no valora el esfuerzo» que está haciendo el personal de salud abocado a la pandemia. «Me entristece que una mínima parte de nuestra sociedad no comprenda el daño que le puede hacer a otros y otras con este tipo de expresiones. No valoran el esfuerzo que el sistema de salud está haciendo por cuidarnos. Los contagios se frenan si no circulamos. No hay recetas mágicas», publicó Kreplak.

Fuente: Perfil.com

La comisión de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández comenzará hoy formalmente a trabajar para elevar en 90 días una serie de propuestas al Ejecutivo con sugerencias concretas de reformas para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y evaluaciones sobre cómo implementar el juicio por jurados en el país y traspasar a la órbita de la Capital Federal el fuero penal no federal que aún dependen de la Nación.

La inclusión de Carlos Beraldi en el consejo de expertos sigue siendo otro elemento que tiene a la oposición con la guardia alta porque desde allí entienden que es inadmisible su participación, dada su condición de abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas de corrupción.

Los once juristas, junto con el coordinador Fabián Musso, ya comenzaron a tener reuniones preliminares en donde definieron cómo trabajar y este sábado ya empezaron a tratar el primero de los puntos bajo observación: el Ministerio Público. Tal como reveló el sábado Infobae, la comisión ya escuchó el sábado al penalista León Arslanian, uno de las figuras de la comisión, hacer “un diagnóstico” sobre cómo funciona el Ministerio Público y la posibilidad de limitar los tiempos de mandato del Procurador y la forma de elección.

Hoy, el Procuraciór General es elegido con dos tercios de los votos del Senado. El Gobierno propone para ese puesto al juez Daniel Rafecas pero no consigue, hasta ahora, sumar esa cantidad de adhesiones. La posibilidad que se barajó fue analizar la idea de que ese cargo sea elegido por mayoría simple (la mitad de los votos, más uno). Pero la propuesta no conforma a todos los integrantes. “¿Por qué el Procurador sería elegido de una manera diferente a la que se elige el resto de los jueces?”, plantean algunos.

Otro de los puntos que el Ejecutivo pidió analizar no solo es la elección sino la duración del mandato del jefe de los fiscales. Hoy, una persona que es elegida para ese cargo goza de estabilidad en ese puesto “mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”, con la posibilidad de que se prolongue su permanencia en el puesto, por cinco años, con acuerdo del Senado (como un nuevo nombramiento). Solo puede terminar su cargo si renuncia o si es removido por un juicio político.

El Procurador Eduardo Casal

Desde hace una semanas, el kirchnerismo reclama el juicio político para el actual responsable, Eduardo Casal, a quien acusan de haber presionado a fiscales que llevaban adelante investigaciones contra Mauricio Macri, como la fiscal Gabriela Boquín que sigue la causa del Correo Argentino; y de haber “protegido”, dicen, al fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa D’Alessio en Dolores.

La comisión también debe evaluar la posibilidad de incorporar a su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, dos organismos que dependen del Ejecutivo y actúan como querellas autónomas en diferentes causas penales. La vicepresidente Cristina Kirchner tiene a esos dos organismos como querellantes en la causa de los cuadernos, por ejemplo.

Si un fiscal no acusa o no apela, pero la querella sí, los jueces están obligados a analizar el planteo acusatorio, en la misma linea que la voz oficial. Según expuso el propio Félix Crous, titular de la OA, cuando se retiró de la querella de las causas Los Sauces-Hotesur, en donde está acusada CFK y sus hijos, la multiplicación de acusadores atenta contra el “principio de igualdad de armas” de un imputado.

Otro de los puntos en cuestión es el tema de la paridad de género. Y en la órbita de la Defensoría General estudiar la integración al servicio de defensa oficial a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones.

(Nicolás Aboaf)

Pero ese análisis que deben llevar adelante los juristas no es solo sobre el Ministerio Publico. También tiene en carpeta debatir sobre el traspaso a la justicia porteña y el juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853 y que ya funciona en algunos puntos del país pero no a nivel nacional. Después vendrá el Consejo de la Magistratura. Y luego la Corte Suprema, a donde estarán puestas todas las miradas.

La oposición cree que esto es una jugada para ampliar la Corte Suprema y así favorecer a la vicepresidente Cristina Kirchner. Ven en esta comisión, junto a la reforma judicial, la embestida contra Casal y la revisión de los trasladados de un grupo de jueces, un “operativo pinzas” en el que se esconde la búsqueda de impunidad para la ex jefa de Estada con sus problemas judiciales y las ganas de revancha sobre las decisiones que ya se tomaron en los últimos años y que resultaron afines al macrismo.

Distintas voces oficiales -la última fue este fin de semana en un reportaje la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra-, se encargaron de aclarar que no estaban buscando ampliar el máximo tribunal.

Por lo pronto, el decreto firmado por Alberto Fernández fija una serie de puntos de estudio sobre la Corte Suprema se les pidió “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

Y sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, dice el decreto, se deberá realizar una análisis que evalúe “a) La conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

La comisión ya pidió que Presidencia gire invitaciones a la Corte Suprema, el Ministerio Publico y el Consejo para escucharlos en el marco de lo que resuelvan. También se invitará a más de 20 instituciones y organismos colegiados. “Que nadie se ofenda” es la consigna en medio del malestar que provocó la decisión del Gobierno de poner en marcha esta comisión junto a la reforma judicial que se debate en el Congreso.

El Consejo fue presentado el 29 de julio en un acto presidido en el Salón Blanco de Casa Rosada. Allí no estuvieron cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Solo asistió Elena Highton de Nolasco. Tampoco fue invitado el Procurador Eduardo Casal, según confirmaron a Infobae las fuentes consultadas.

Los once integrantes de la comisión asesora

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” está integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y por los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierrra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). El onceavo integrante es Enrique Bacigalupo, un académico exiliado que fue juez durante 40 años en España.

Están previstas 24 reuniones ordinarias, los martes y sábados de 11 a 13, por zoom, además de otras tres reuniones extraordinarias para escuchar a los invitados.

Sus propuestas que se adoptarán por “mayoría de la totalidad de sus miembros”. El que opine diferente podrá hacer su dictamen en disidencia y dejar planteada sus recomendaciones. El Ejecutivo les pidió tener en cuenta la cantidad de recursos y las partidas presupuestarias, además de los proyectos presentados en la última década sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los juicios por jurados. El Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo, estaba encargado de recolectar “los datos duros” que evaluará el grupo. La ministra se encargó de aclarar al defender esta iniciativa que el Presidente después evaluará qué hará con las propuestas que le eleve esta comisión.

Fuente: Infobae.com

Finalizada la movilización opositora de este lunes 17 de agosto, su principal promotora desde la oposición Patricia Bullrich convocó a Juntos por el Cambio a «debatir» cómo debe mantenerse el caudal de votos cosechado en las elecciones del año pasado, que llegó al 41% tras la derrota en las PASO. La presidenta del PRO también le respondió a Santiago Cafiero por haberle pedido perdón a los trabajadores de la salud por la protesta anticuarentena. La exministra de seguridad de Mauricio Macri se refirió en primer lugar a los dirigentes de Juntos por el Cambio que se despegaron de la convocatoria contra el Gobierno, como Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que la marcha se impulsaba «a título personal» y no desde el PRO. «No lo critico a Rodríguez Larreta, pero creo que es necesario un debate político respecto a cómo se mantiene y se amplía el 41 por ciento que sacamos. No podemos tirar por la ventana eso», analizó la presidenta del PRO, entrevistada por TN, sobre el vínculo que mantiene el jefe de Gobierno porteño con la gestión del Frente de Todos por la pandemia. En ese linea, Patricia Bullrich resaltó que «desde hace muchos años que la Argentina no tiene una oposición tan fuerte que puede ser alternativa. Muchos años tuvimos elecciones donde sacábamos el 20 o 25 por ciento, hoy nosotros podemos volver a ser gobierno, entonces si no somos una verdadera representación de la gente no lo vamos a volver a ser». La referente opositora reclamó un debate político «sano» dentro del espacio y agregó: «A mí no me gusta que lo insulten a Larreta, pero creo que el debate dentro del seno de Juntos por el Cambio sobre la oferta de nuestra segunda gestión, que es lo que tenemos que preparar en los temas en los que hemos tenido menos éxito, son debates de una coalición inteligente que quiere volver a gobernar». Masivo banderazo: Brandoni, Bullrich, la casa de Cristina y otras curiosidades Respecto de la frase de Cafiero sobre la manifestación, donde dijo que «les pedían perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha», la exministra de Seguridad de Macri sostuvo: «Le tienen que pedir perdón a los 43 millones de argentinos por haber hecho la restricción más dura del planeta, por ser el país con más cuarentena y por habernos dicho 10 veces que íbamos a llegar a un pico, que al virus lo teníamos ya totalmente confinado y cada día estamos peor». Sobre las medidas de Alberto Fernández para combatir la pandemia expresó: «Hemos llegado a siete mil casos por día sin ninguna explicación. Que nos explique el jefe de Gabinete por qué esta cantidad de casos cuando teníamos 100 o 200, por qué se dejó todo en una cuarentena que no es cuarentena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos así después de cinco meses?».

Fuente: Perfil.com

El ex titular del Sistema de Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi defendió el banderazo realizado ayer en el país y pidió al Gobierno que “escuche” las demandas de la oposición, que apuntan a revocar la reforma judicial y levantar el aislamiento obligatorio, al que volvió a calificar como “la cuarentena más larga del mundo”.

“Había una necesidad de mostrarle al Gobierno que hay cosas que no están funcionando para nada”, resaltó el el dirigente de Juntos por el Cambio y ex funcionario del gabinete de Mauricio Macri. “La gente no da más. Los problemas son terribles y las soluciones no son nada fáciles. La restricción de la cuarentena más larga y profunda del mundo está totalmente en crisis y el Gobierno lo tiene que saber escuchar”, sostuvo.

El ex funcionario reclamó al presidente Alberto Fernández que “no aproveche la cuarentena para meter proyectos como la reforma judicial” o la expropiación de Vicentin. “El Gobierno tiene que retirar la reforma judicial y disolver la comisión donde está el abogado de Cristina Kirchner. Necesitamos generar confianza en la salida de la Argentina. No se puede estar toqueando la Corte Suprema. Hay demasiada tensión para seguir haciendo estas cosas”, fustigó en declaraciones a radio La Red.

La movilización opositora denominada #17A tuvo lugar en varios puntos de esta ciudad -con epicentro en el Obelisco-, en diferentes distritos del conurbano y ciudades del interior del país, con una variada muestra de consignas que tuvo como eje el rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial.

Manifestantes en todo el país protestaron con carteles, muchos en largas caravanas de automóviles pero otros de a pie, en medio de los pedidos del oficialismo para no agudizar los contagios en esta etapa de la pandemia. En el marco de esa controversia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió “perdón” a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención sanitaria “por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar” que no pusiera “en riesgo” la salud de la población.

Acerca del riesgo sanitario de la marcha, Lombardi destacó que su participación junto al actor Luis Brandoni mantuvo las precauciones del distanciamiento social de “un argentino cada dos metros” para que “nadie diga nada” en modo crítico. Además, opinó que la vacuna “es una esperanza” pero que recién “estará disponible en cuatro o seis meses”

«La restricción de la cuarentena más larga y profunda del mundo está totalmente en crisis», sostuvo Hernán Lombardi.

“La política es representación. Nosotros tenemos que representar a la gente que salió por todo el país y que auténticamente está viviendo un tiempo terrible. El Gobierno tiene que entender que con el miedo no se soluciona, además ya no funciona más. El modelo de arrestos y amenazas es autoritario”, apuntó Lombardi.

En la dirigencia de Juntos por el Cambio anoche resaltaban el alcance de las protestas contra la gestión del Frente de Todos, en un debate por Zoom con el lema “Argentina, serás lo que debas ser: República”. Allí, los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich; y de la CC, Maximiliano Ferraro; acompañados por el titular de la UCR bonaerense, Daniel Salvador, consideraron que el principal reclamo de los manifestantes fue el rechazo a la reforma judicial.

“El Gobierno no puede enojarse con la gente”, insistió hoy Lombardi. “Hay gente que está escuchándonos porque cumplió el aislamiento con angustia. Nosotros decimos que hay un rumbo que está equivocado y se puede corregir, desde un tono lo más respetable posible”, concluyó.

Fuente: Infobae.com

Corporación de Industrias del Norte (Norinco, por sus siglas en inglés) es la empresa bajo control estatal preferida de muchos gobiernos alrededor del mundo. Sobre todo gobiernos de dudosa calidad institucional. La firma ofrece facilidades que ninguna otra permitiría. Es flexible en sus contrataciones y siempre -como sea- llega a un acuerdo. Nació en 1980 bajo el manto protector del Consejo de Estado de China y subsiste desde entonces controlada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Defensa Nacional. En verdad, quien está detrás es el omnipoderoso Partido Comunista Chino (PCC), encargado del lobby para convencer a voluntades extranjeras renuentes.

Sus negocios son extensos. Desde la industria del petróleo y el gas hasta construcción de maquinaria de transporte, pasando por el más redituable: armamento para la defensa militar. Infobae reveló en las últimas horas que el gobierno argentino estaba a punto de concretar una compra monumental -el monto que se desembolsará no trascendió- de blindados al régimen chino. Son los VN-1 que produce Norinco. Quiere adquirir 200 de esos tanques de dudosa efectividad.

“China los mostró por primera vez en 2008. A simple vista son similares a los 8×8 de GDLS… una copia de mala calidad”, señala un experto en la materia que descartó en su país la adquisición de estos vehículos. Cuando habla de GDLS se refiere a los LAV-III diseñados y construidos por General Dynamics, una compañía canadiense nacida en 1952 y que provee material bélico a los Estados Unidos y países europeos. “Sin duda son los mejores, pero los chinos tienen otras artes para convencer”, agrega irónico la fuente que prefiere el anonimato.

Sitio de Norinco donde detallan el material bélico que venden a países en vías de desarrollo. Nada dicen de las denuncias en su contra por deficiencia en sus vehículos blindados y de las supuestas copias de armamento a la competencia (Norinco)

Además de las reducidas prestaciones y servicios post-venta que los blindados chinos ofrecen a sus clientes, la seguridad de sus ocupantes es un punto sensible que frecuentemente no es tenido en cuenta por quienes rubrican el millonario negocio. En los últimos años, decenas de crónicas mostraron cómo el blindaje de los Norinco fueron vulnerados por milicias, no ya por ejércitos regulares. Otros modelos similares han mostrado severas deficiencias en el terreno.

Dos ejemplos marcan la poca confianza que incluso los chinos tienen en sus blindados. Cuando Kenia estaba a punto de comprar los VN-4 (otros “tanques” para uso militar), el vendedor ejecutivo de Norinco se rehusó a ingresar al aparato para someterlo a una prueba de calidad. Fue en 2015. Sabía por qué lo hacía. Encantados por las facilidades que ofrecía el régimen -y por la presión diplomática- el gobierno de Nairobi continuó adelante con la mega compra. Un año después, en 2016, docenas de personal militar fueron reportados muertos en esos vehículos.

Un vehículo blindado 6×6 WZ551 de Norinco destruido en Kenia por terroristas islámicas en la frontera con Somalía (The Standard)

The Standard, el principal diario de Kenia, reprochó a las autoridades la falta de sensibilidad en un durísimo editorial por continuar comprando ese material bélico a una empresa que ni siquiera se animaba a probar sus propios productos. Fue en octubre pasado, luego de que un patrullaje en la frontera con Somalía terminara en una matanza a manos de terroristas islámicos. Eran del grupo Al-Shabaab, una pesadilla para los militares del país. “Es lamentable que incluso después de tales muertes, nuestros oficiales continúen patrullando la frontera en camionetas y vehículos blindados de transporte de personal fabricados en China, a pesar del peligro omnipresente”.

Un artículo publicado por Pulse Live, una revista keniata, remarca similar preocupación: “Los 30 vehículos blindados de transporte de personal que Kenia compró a China en 2016 para proteger específicamente al personal de los ataques de minas terrestres y dispositivos explosivos improvisados (IED) aparentemente son inútiles contra las granadas propulsadas por cohetes (RPG)”. Kenia no sólo está perdiendo la lucha contra los extremistas, sino también mucha credibilidad entre su gente.

Otra imagen de uno de los vehículos blindados 6×6 WZ551 de Norinco comprados por el gobierno de Kenia y destruido en Kenia por terroristas islámicas en la frontera con Somalía (The Standard)

Un blindado 6×6 WZ551 fabricado por esa empresa dependiente de Xi Jinping quedó absolutamente destruido e inutilizable luego de sufrir la explosión de una mina. Es similar a los 8×8 que deslumbran al gobierno kirchnerista argentino. Detrás del ataque, otra vez Al-Shabaab. Todos sus ocupantes resultaron muertos.

Un vehículo blindado Norinco destruido en Kenia por milicias islámicas (The Standard)

Para mayor desconfianza, Norinco nunca vende sus mejores productos al exterior. Sólo lo “descartable o lo de segunda categoría”, explica el mismo analista europeo. Es decir, el Ejército Popular de Liberación Chino se asegura que las otras fuerzas armadas no sólo dependan de una compañía estatal dependiente del régimen, sino que también sabe que nunca contarán con su mejor versión tecnológica. Lo reconoció en diálogo con Infobae el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, quien sin embargo asegura que los modelos que comprarán -”al menos 200″- son “muy buenos”.

“Creo que el gran problema con todas las armas chinas, incluidas las copias de equipos occidentales, es que siguen sin ser probadas en combate”, expresó Eric Wertheim, analista naval y autor del libro Flotas de Combate del Mundo del Instituto Naval de los Estados Unidos. “Si bien pueden ser mucho menos costosos que sus contrapartes occidentales, es comprensible que muchos países se muestren reacios a correr el riesgo de adquirir productos que no hayan pasado la prueba definitiva de combate“, añadió en un artículo publicado en USNI.

Un estudio publicado por el Institute of Southeast Asian Studies y firmado por Ian Storey, su editor en jefe explica que los equipos de “defensa chino ha sufrido durante mucho tiempo una mala reputación por su calidad y servicio posventa”. La institución está basada en Singapur y se dedica a la investigación académica de temas estratégicos de la región.

“En una palabra: fiabilidad”. Así resume su investigación el periodista Kevin Knodell para War Is Boring, una publicación especializada en asuntos bélicos, cuando plantea el motivo por el cual son pocos los países que se inclinan por comprar material de guerra a China. “La percepción global de la industria de defensa china está por debajo de lo aceptable. Algunas de las percepciones se deben a sistemas defectuosos o diseños de armas defectuosos. Además, China carece de servicios adicionales, como la capacitación y el mantenimiento de equipos y armas. Algunos países también carecen de confianza política en China”, dice basado en documentos de investigación.

Pero también tienen otro obstáculo significativo: sus puertos de disparo no son seguros para sus ocupantes, no permiten identificar todos los blancos y hasta son susceptibles de sufrir deficiencias técnicas y llevar peligro a los ocupantes por falta de oxígeno y generación de gases tóxicos.

Fuente: Infobae.com