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Desde que lo subieron anticipadamente al ring nacional con la quita de la coparticipación para favorecer a la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta se siente obligado a emitir opinión sobre temas que hasta hace dos meses solo discutía en privado con su círculo íntimo. Le pasó con la reforma judicial y la toma de tierras. La próxima polémica que vislumbra es la posible suspensión de las PASO en 2021 y, si bien ya tiene postura definida, tanto él como sus principales armadores entienden que de concretarse sería una complicación para Juntos por el Cambio de cara a las legislativas del año que viene.

Para eliminar las primarias el Gobierno debe enviar la discusión al Congreso porque es una ley electoral. Allí lo que necesita es mayoría simple en ambas Cámaras (en el Senado ya la tiene y en Diputados puede conseguirla). La preocupación del alcalde porteño pasa porque, empujada por los gobernadores, una parte del radicalismo no acompañe su postura y se rompa el bloque opositor en la Cámara baja. Valdés, de Corrientes, y Suárez, de Mendoza, son los dos mandatarios provinciales que no verían con malos ojos la suspensión. Gerardo Morales por ahora se ubica del lado del rechazo.

Ante una eventual convocatoria de la Casa Rosada, Larreta craneó junto a Diego Santilli, su mano derecha, una alternativa para negociar y ceder ante la erradicación de las PASO: que haya boleta única en las generales. Sin embargo, ambos ya están analizando opciones en caso de que no puedan evitar que cambie el cronograma electoral y todas las miradas están puestas en la conformación de las listas.

Alberto Fernández aún no dio precisiones sobre si el Gobierno avanzará con la suspensión de las PASO

Más allá de los nombres, el tándem porteño siente que sin las primarias se pierde un ordenamiento de las negociaciones y una instancia para dirimir candidaturas. Lo que logra es nivelar a todos para arriba y colocarlos a la misma altura y esto acelera las etapas de diálogo pero, más engorroso aún, achica el margen para acordar con el resto del espacio.

“¿Cómo le decís a uno que quiere jugar que el candidato es otro porque mide más? Con las PASO vos tenías la posibilidad de invitarlo a competir y después o terminabas arreglando o le ganabas. Pero ahora todos se sienten con chances, la negociación tiene que ser más fina y eso puede traer varios conflictos”, resumió ante Infobae un hombre clave del armado de CABA.

Lo que suceda con las primarias no modifica el objetivo que tanto Santilli como Larreta piensan que hay que conseguir en 2021. Su concepción de “ganar” en las elecciones de medio término está basada en lo que suceda en la ciudad de Buenos Aires, las provincias del centro y, sobre todo, en instalar nombres en distritos clave pensando en 2023. Y del mismo modo lo leen para el kirchnerismo: ganar la provincia de Buenos Aires y los “feudos” donde el peronismo es fuerte. Eso sería lo más parecido a un “win-win”, según sus análisis. Lo que inclinaría la balanza para su lado sería PBA. Si la ganara Juntos por el Cambio -un batacazo salvo que la crisis económica y social se agudice- eso sería, en el plano general, victoria de ellos y derrota del Frente de Todos.

María Eugenia Vidal

Esta discusión desemboca en la gran incógnita del año próximo: qué rol tendrá María Eugenia Vidal. Cerca de Larreta consideran que debe ser candidata -«no puede quedar como una tibia»- y el mejor lugar les parece la Provincia. La única traba para que esto ocurra es que ella no quiere competir de nuevo por la gobernación y si se impone en las legislativas siente que la presión para que se postule en 2023 será muy grande. Sin embargo, en el armado del jefe de Gobierno no descartan un escenario que lleve a Vidal a territorio porteño. El más extremo sería si las PASO no se eliminaran y Patricia Bullrich, empujada por Mauricio Macri y el ala dura del PRO, quiere encabezar la lista. La manera de desactivarla es poniendo a la ex gobernadora que, según sus cálculos, arrasa en CABA. Competirían en la interna y la ex ministra de Seguridad, al perder, quedaría tercera en la lista (si encabeza una mujer el segundo puesto debe ir para un hombre). Otro motivo por el cual el larretismo prefiere que las primarias permanezcan.

El nombre que más suena para la Ciudad es el ministro de Salud, Fernán Quirós. Pero esa posibilidad está muy verde. Primero porque él no está seguro de querer jugar. Aún no lo convencen de meterse en el “barro” de la política. Pero hay otro impedimento más relacionado a lo legal que es que el funcionario vive en La Horqueta, nunca residió en CABA y no tiene ningún domicilio en territorio porteño.

Independientemente de cómo se resuelvan las listas, Larreta y Santilli son conscientes del rol activo que van a tener que ocupar en 2021 apuntalando candidatos y probablemente el trabajo más duro será fuera de la Ciudad. El jefe de Gobierno es el dirigente con mejor imagen del país y su socio político está entre los primeros cinco, con encuestas que lo ubican tercero detrás de Vidal. Por eso, siempre pensando en la construcción para 2023, comenzar a asociar la imagen de Larreta a intendentes y figuras del interior va a ser una de las tareas que se impongan.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño (Maximiliano Luna)

Este posicionamiento nacional será la puerta de entrada de Santilli a la provincia de Buenos Aires pensando en 2023. Con Vidal ni siquiera pensando en ir de nuevo por la gobernación, Juntos por el Cambio necesita un candidato fuerte que le sume votos a Larreta en el distrito más determinante electoralmente de la Argentina. Los otros nombres con intenciones son Cristian Ritondo y Jorge Macri. El vicejefe de Gobierno porteño no está decidido a jugar fuerte para competir en “la madre de todas las batallas”. Tampoco es algo que niegue rotundamente. Estaría dispuesto, sobre todo si es lo que el espacio -y Horacio- necesitan. Él siempre repite que ya demostró que es un hombre que juega en equipo. Pero también sabe que si Larreta llega a la presidencia el abanico de opciones que se le abre es grande. Y una pregunta muy recurrente es si lo más sensato no sería que lo acompañe en la fórmula.

Hasta que ese momento llegue, Larreta y Santilli esperan un fallo favorable de la Corte Suprema por la coparticipación pero ocupan su tiempo en tratar de reordenar la gestión y los ministerios con el considerable recorte de fondos, que también los afectará en el año electoral. Si el máximo tribunal avala la quita en favor de Axel Kicillof, en el gobierno porteño ya están pensando opciones -¿golpean de lleno la política monetaria del Banco Central?- para compensar, una jugada que implica tensionar aún más el vínculo con el kirchnerismo.

Fuente: Infobae.com

Nada es casual, sostienen en algunos despachos oficialistas del Senado cercanos a Cristina Kirchner, en los que ven en la decisión del Gobierno de resucitar el debate sobre el aborto mucho más que la palabra presidencial empeñada en la campaña.

Para más de un kirchnerista el eventual envío del proyecto tiene por objeto entorpecer la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que la vicepresidenta planea tener aprobada, al menos en el Senado, antes de fin de año.

Con un tema tan importante en la mesa de debate público, razonan en el ecosistema kirchnerista, difícilmente la vicepresidenta pueda distraer los esfuerzos legislativos para discutir una cuestión que incomoda al Poder Ejecutivo.

En otras palabras, algunos seguidores de Cristina Kirchner ven en el repentino interés por el aborto una jugada de Alberto Fernández para obligar a la expresidenta a dejar de lado su intención de modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación.

El candidato propuesto por Alberto Fernández, el juez federal Daniel Rafecas, ya advirtió que no está dispuesto a aceptar el cargo si se relaja la mayoría de dos tercios que exige la normativa vigente.

La respuesta del kirchnerismo fue contundente. Martín Doñate (Río Negro) le dijo a Rafecas que nadie le impone condiciones a los senadores oficialistas. Su compañera de bloque, María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), confirmó que el pliego del postulante, que duerme desde marzo en la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se tratará después de que se modifique la ley. Los tres legisladores responden sin cortapisas a las órdenes de Cristina Kirchner.

Pero las lecturas desconfiadas en el Instituto Patria van más allá de la oportunidad. También apuntan a la persona elegida por el Gobierno para dar luz verde al debate del aborto. A muy pocos les pasó por alto el esto de que la elegida para confirmar la noticia, ya que Dora Barrancos les había estropeado la primicia, fuera Vilma Ibarra.

La secretaria de Legal y Técnica es una vieja adversaria de Cristina Kirchner. Autora de un libro que puso al descubierto las contradicciones de la entonces presidenta («Cristina versus Cristina», publicado en 2015), Ibarra tiene asegurado, junto a Sergio Massa, un lugar especial en la lista de cuentas pendientes de la vicepresidenta.

Mensajes

Estas lecturas no hicieron más que agudizar el malhumor de la vicepresidenta con Alberto Fernández y se suman a un escenario de comunicaciones cortadas, confirmadas desde ambas puntas de la línea telefónica, y de cartas abiertas con quejas por «funcionarios que no funcionan».

Por eso a nadie extrañó que, desde que Ibarra irrumpió en un canal de noticias para hablar del aborto, desde la presidencia del Senado le hicieran llegar mensajes poco alentadores a la Casa Rosada.

No están los votos en el Senado para sancionar el aborto fue la principal advertencia que allegados a Cristina Kirchner le enviaron, a través de los medios, al Gobierno.

Si bien se basan en datos reales, las advertencias tienen más que ver con la molestia por haberse enterados por los medios del envío del proyecto que con un escenario real.

Sobre 71 senadores activos (el peronista antiabortista José Alperovich está de licencia, denunciado por violación), el rechazo al aborto reúne 35 votos en contra, en tanto que 32 respaldarían la propuesta.

Esto deja un universo de cuatro votos sin definición que definirían la votación. Lo que parece haber aprendido el kirchnerismo, y que el Gobierno no ha tomado nota, es que detrás de quienes no adelantan posición se esconde un rechazo.

Sin embargo, Cristina Kirchner sabe que el fracaso es un lujo que no puede darse ahora que es vicepresidenta. Por eso, llegado el momento de la verdad, van a estar los votos necesarios para legalizar el aborto. Más aún, no son pocos los kirchneristas que se entusiasman con un voto de desempate salvador.

El banquero Jorge Brito detalla en esta entrevista todas sus objeciones a la llamada Ley del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, pero también sugiere alternativas, porque -dice- “no está en discusión que existe una necesidad de fondos por parte del Estado”, en el marco de una crisis agravada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, está convencido de que esta ley es “todo lo opuesto” a lo que debería hacer el Gobierno para alentar la recuperación económica, porque castiga doblemente a quienes podrían invertir y crear trabajo.

— ¿Qué opina de la iniciativa oficialista de impuesto a la riqueza, presentado como “aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”?

— En primer lugar, desde ya que no está en discusión que existe una necesidad de fondos por parte del Estado para aliviar los efectos negativos adicionales que, a la crisis en que ya estaba inmersa Argentina, le agregó la pandemia del covid-19. Así como no se discute que el Estado necesita fondos, tampoco discutimos que son los que más tienen los que deben ayudar en este momento para paliar los problemas económicos que la pandemia ha agravado.

— ¿Es decir que estarían de acuerdo con el espíritu de la ley?

— En realidad lo que está en discusión no es el porqué sino el cómo. Es decir, de qué modo el sector empresarial nacional y el extranjero que está radicado en nuestro país debe acompañar al gobierno en este momento.

— ¿No sería adecuado el mecanismo que eligió el Gobierno para ese acompañamiento?

— No, el camino que ha elegido el gobierno es, cuanto menos, equivocado. Y es errado por varios conceptos en los que se funda la propuesta. Primero, se eligió como manifestación de riqueza el patrimonio de aquellos que tienen más que una determinada cifra de activos. Pero resulta que esto no es por primera vez sino que se hace a menos de nueve meses de haber establecido un aumento en la tasa del impuesto a los bienes personales, que pasó de 0,25% a 1,25% para los bienes en Argentina y al 2,25% para los bienes en el exterior. Este aumento no es por única vez, porque este impuesto se cobra todos los años y se va a seguir cobrando. O sea, ya se impuso un sacrificio adicional en la imposición de este tipo de bienes que lo llevó a una tasa confiscatoria.

— Un primer problema sería entonces que se superpone a un “aporte” anterior dado por el incremento de la tasa del impuesto a los bienes personales…

— Así es. Se hace esto en un país que ya viene con la carga de una muy alta presión impositiva. O sea, no es un impuesto nuevo en un país con una tributación sencilla, sino otro impuesto más, que aunque sea por única vez, se da en un país con una alta tributación y una gran cantidad de impuestos.

— El Gobierno dice que en otros países se toman medidas así, pero también se toman otras medidas, como aliviar la carga a los privados en la confianza de que ellos motorizarán la recuperación.

— Es que si se busca que el país siga con una economía mixta, esto es, privada y estatal, la creación de este impuesto solo agrega más elementos a aquellos que quieren irse del país. Ahora, si lo que se busca es que todo pertenezca al Estado, esta discusión no tendría razón de ser. No se puede castigar doblemente a aquellos que, además de estar pagando una tasa realmente alta, deben a su vez aplicar esos fondos privados a la generación de nuevos emprendimientos que, obviamente, generarán nuevos trabajos.

— El impuesto podría tener cierto efecto recaudatorio a corto plazo, pero uno negativo en el mediano…

— Sí, porque sobrecastigar a los emprendedores es castigar a aquellos que tienen que poner esos fondos para la salida de esta tragedia. Si castigamos al que emprende, le estamos quitando los fondos necesarios para iniciar la recuperación y por lo tanto lo empobreceremos o bien se irá del país.

— ¿A quiénes alcanza este impuesto? Porque, en el imaginario colectivo, se supone que se trata de gente inmensamente rica, para la cual esto no representa un gran esfuerzo.

— No es así, y cuando decimos esto no estamos pensando en los 100 argentinos más ricos de la lista de Forbes que por supuesto podrían pagarlo y seguirán teniendo liquidez, sino en los 9.900 argentinos para los que pagarlo tendrá una significación mucho más importante y que son los que desaparecerán con sus medianas empresas o bien se irán del país.

Jorge Brito dice que el problema «no es el porqué sino el cómo, es decir, de qué modo el sector empresarial acompaña al gobierno en este momento». El impuesto a la riqueza no es el camino. Propone otras alternativas

— En momentos además en que la Argentina necesitaría repatriar capitales o invitar a nuevos inversores.

— Como señal, esta ley es todo lo opuesto a hacer para que la gente quiera venir a invertir a la República Argentina. El gobierno está errando en la forma de tratar de salir, apostando todo a crear más impuestos. La administradora de la AFIP, (Mercedes) Marcó del Pont, dice que aumentará los impuestos, el gobierno además agrega un impuesto a las grandes fortunas y después quiere hacer crecer la construcción generando un blanqueo. ¿Qué tonto va a querer blanquear dinero en Argentina? Realmente, ¿hay alguien en el gobierno que tenga una estrategia en materia impositiva?

— Un poco más de coordinación en todo caso, porque parece haber iniciativas desordenadas.

— Así como existe una política económica, debe existir, y con más énfasis, una política tributaria. Las provincias aumentan los impuestos sobre los ingresos brutos a tasas exorbitantes, la AFIP propone una reforma y, dicho sea de paso, no es la AFIP la que debe proponerla, pues ese organismo está para fiscalizar y para recaudar y no para dictar normas tributarias. Quien debe proponer la reforma es el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas públicas. Decía: las provincias aumentan los impuestos, la AFIP quiere hacer una reforma, un diputado propone el impuesto a la riqueza, otro un blanqueo para la construcción. Y en todo este desorden, ¿alguien espera que el sector privado siga mansamente en el país?

— ¿Cree que habrá un mayor éxodo de empresas?

— Creo que la sanción de la ley, tal como la propone el diputado que la tiene a su cargo, solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada o poco y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio.

— ¿Qué debería hacer el Gobierno entonces para financiarse?

— Claramente el Estado debe manejarse con dos herramientas, impuesto y deuda pública o, como se dice normalmente, política fiscal y dinero. Es por ello que, si se quiere tomar dinero de las grandes, medianas y pequeñas fortunas, no debería aplicarse un impuesto tal como está diseñado en este proyecto. Existen varias alternativas, que deberían pasar por algún tipo de empréstito barato para el Estado.

— ¿Cómo sería eso?

— Partiendo de la base del mismo importe que se quiere recaudar, se podría, indistintamente optar por las siguientes tres alternativas: una, que el monto aportado sea una cuenta tributaria en pesos con ajuste dólar link que se use en cuatro cuartos a partir del quinto año de aportada; dos, un bono en dólares o dólar link sin interés, con similar plazo de amortización; o, tres, un monto a invertir en los próximos 18 meses en aquellas áreas que el Gobierno crea imprescindibles y que den trabajo; a saber, energía, construcción, transporte, etcétera; y ese monto debería mantenerse por el término de cuatro años sin vender la inversión o bien la participación en una empresa.

Fuente: Infobae.com

El kirchnerismo le fue mejor que a su jefa Cristina Kirchner en la justicia. Tras casi un año de retornar al poder como vicepresidenta, Cristina Kirchner no tuvo éxito en mejorar sus problemas judiciales: sus juicios siguen en marcha, avanzaron a pesar de la pandemia y la Corte, a pesar de que tenía esa posibilidad en sus manos, no frenó su desarrollo.

En cambio, en este año les fue muchos mejor a los ex funcionarios kirchneristas y a los empresarios cercanos al Gobierno anterior, que se beneficiaron con la libertad, arrestos domiciliarios o el cierre de sus causas.

A pesar de los esfuerzos técnicos de su abogado Alberto Beraldi con escritos y activas intervenciones en cada causa y de las gestiones discretas de los hombres de confianza de la vicepresidenta para tratar de mejorar sus casos, el horizonte judicial de Cristina Kirchner sigue siendo de incertidumbre. Una situación que con el correr del tiempo puede complicarse a la par de la pérdida del envión inicial, que movió al Gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del año pasado. La denuncia del lawfare no le alcanzó.

Siguió adelante en la cuarentena el juicio oral y público por la obra pública, con audiencias virtuales, que se realizan dos veces a la semana a instancias del Tribunal Oral Federal 2 a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. La defensa de la vicepresidenta planteó 9 recursos que están en la Corte. Son planteos donde se cuestiona que le negaron pruebas, testigos, un peritaje, hay pedidos de nulidad de todo la causa y cuestionamientos que pueden fulminar el juicio. Pero esos expedientes no se movieron en la Corte y cada vez que puede Kirchner se los recuerda por Twitter.

Pero los testigos en la causa que también enfrenta José López y Lázaro Báez siguen declarando con más ritmo de lo que lo hicieron el año pasado.

Aún no tienen fecha de inicio el juicio por los casos Los Sauces y Hotesur, donde la vicepresidenta está acusada de lavar dinero de la corrupción y están procesados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Se realizan peritajes en ambos casos, unificados y el proceso oral y público no arrancaría hasta fines de 2021. Los jueces son Adrián Grünberg, Daniel obligado y Adriana Palliotti.

Allí la Oficina Anticorrupción se retiró como querellante, como lo hizo en otros casos contra kirchneristas en problemas. La Unidad de Información Financiera también se retiró en otras causas.

El juicio oral por la venta de dólar futuro aún no comienza, pero la acusación está herida seriamente. Un peritaje oficial ordenado por el tribunal determinó que no hubo perjuicio para el Estado en la práctica de vender dólar a futuro a un precio por encima del de mercado cuando Kirchner dejó el Gobierno. El fiscal Diego Velasco pidió iniciar el juicio donde está acusado también el gobernador Axel Kicillof, que era ministro de Economía de la vicepresidenta. La jueza María Gabriela López Iñiguez, su colega Juan Michilini y Antonio Basílico integran el tribunal que convocó a una audiencia previa para el 26 de noviembre. Llueven los pedidos de sobreseimiento.

En la causa por la firma del Memorándum con Irán el caso no tiene fecha de juicio oral, pero avanza con medidas de prueba. Allí la vicepresidenta tuvo una buena noticia porque el ex jefe de Interpol Ronald Noble fue sobreseído y podrá declarar como testigo en el juicio. Noble viene diciendo que con la firma del pacto con Irán nunca estuvieron en riesgo los pedidos de captura de Interpol contra los iraníes sospechosos de volar la AMIA. Tal era la acusación que realizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. EL testimonio de Noble debilita la acusación.

Finalmente, la causa de los cuadernos de la corrupción, la más grave que enfrenta Cristina Kirchner como jefa de una organización que recaudaba fondos de empresarios que terminaban en su departamento de Recoleta y en su casa de Santa Cruz, sigue activa en el tribunal oral federal N°7. El juez Germán Castelli ganó la pulseada por ahora y a pesar del fallo de la Corte por los traslados, se queda en el tribunal, aunque expuesto a ser recusado. Lo acompañan Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. La fiscal Fabiana León prepara el caso a toda máquina. Allí Cristina Kirchner logró anular su prisión preventiva, pero sigue procesada. La causa, iniciada por las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno-reveladas por LA NACION, tiene 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 supuestos testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 «arrepentidos».

El futuro del caso está en manos de un fallo de la Cámara de Casación que se conocerá en estas semanas. Las defensas cuestionaron la constitucionalidad de la ley del arrepentido y la falta de «medios técnicos» para registrar sus declaraciones. La jueza Ana María Figueroa prepara un voto para fulminar el caso, pero sus colegas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña que la acompañan en la Sala tienen la última palabra. Si el planteo kirchnerista no prospera, será otra causa que interesa a Cristina Kirchner que terminará en la Corte.

El único éxito judicial del año que festeja Cristina Kirchner es el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito que se reactivó cuando el juez Norberto Oyarbide confesó que lo «agarraron del cogote» con asistencia de la ex SIDE de para cerrar el caso y que se reunió brindando con champagne con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares para cuadrar los números. La jueza María Eugenia Capuchetti entendió que no había motivo para desarchivar el caso y dejó firme la absolución por el salto patrimonial de los Kirchner del 572 por ciento.

Al kirchnerismo, en cambio, le fue mucho mejor en este año. Al menos 16 presos del kirchnerismo que estaban en prisión preventiva recuperaron la libertad o terminaron cumpliendo arresto en sus casas, aunque las causas en su contra sigan adelante, algunos con condenas confirmadas por la Casación y que solo esperan terminar de quedar firmes con un fallo de la Corte. Ayudó la pandemia de coronavirus y que estaban vencidos los plazos de prisión preventiva sin condena firme.

El último detenido que se fue con arresto domiciliario es Lázaro Báez, aunque se encamina a una condena casi segura en el juicio oral que está por finalizar por lavado de dinero en la causa de la ruta del dinero K. Sus hijos, acusados allí, están en la misma senda.

Salieron libres el ex vicepresidente Amado Boudou, en arresto domiciliario, a pesar de que la Casación confirmó su condena por el caso Ciccone; Daniel Pérez Gadín y José María Nuñez Carmona, el amigo de Amado Boudou; César Milani, absuelto en un juicio oral, Gerardo Ferreyra, propietario de Electroingeniería, acusado por la causa de los cuadernos de la corrupción; Fernando Esteche, el ex líder de Quebracho excarcelado en la causa del Memorándum con Irán; Cristóbal López y Fabián de Sousa, excarcelados y dispuestos a recuperar su fortuna; Carlos Kirchner, primo del ex presidente que salió en libertad; Julio De Vido, excarcelado en varias causas, Roberto Baratta, excarcelado en el caso de los cuadernos; Anastasio Pérez Osuna, ex intendente de Río Turbio, excarcelado en un caso de fraude tras una condena a 4 años; Oscar Thomas, ex funcionario de Yacyretá, excarcelado en el caso de los cuadernos, Juan Pablo «Pata» Medina, el sindicalista tiene arresto domiciliario y Luis D’Elía, se confirmó su condena por la toma de la comisaría 24, pero está detenido en su casa.

Estos son algunos ejemplos, aunque siguen presos Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi. La Corte confirmó las condenas por la tragedia de Once, cuando un tren subió al andén y mató a medio centenar de personas.

Lograron mejorar su horizonte judicial Ricardo Echegaray que se libró de una causa de enriquecimiento ilícito, del caso Ciccone 2 y fue absuelto por la importación de un auto de un diplomático extranjero.

La velocidad crucero de la inflación en la Argentina es, bien medida, desde el 2007/2008, del 2% mensual. Con semejante historia, resulta difícil imputarle el aumento de los precios a las verduritas, o al precio del tomate, como alguna vez lo hizo un ex secretario de Comercio.

Es cierto que los productos estacionales, en el mes de octubre pasado, subieron más del 9%, pero no es menos cierto que la llamada inflación núcleo -la de los precios más “libres”, aunque siempre hay algo de “contaminación” del resto- redondeó el 3,5 por ciento.

La inflación en nuestro país es producto de un fuerte y constante desequilibrio macro que se traduce en una variación sostenida y sistemática del nivel general de precios.

Como decía, el promedio es de un 2% mensual. Cuando, artificialmente, se intenta reemplazar el equilibrio macro, con controles de precios, subsidios, cierre de exportaciones o freno al dólar, la tasa baja a un 1, 1,5% en algunos meses. Cuando el resorte salta, sube al 3-4% con extremos más altos.

Como diría Milton Friedman, la inflación es, al final del día, un fenómeno monetario, pero, también como decía Don Milton, siempre hay que tener en cuenta las condiciones particulares de cada país, en cada momento. En la Argentina, habiendo destruido la moneda propia, la variación de los precios se determina por el aumento del tipo de cambio, la suba de los salarios y el incremento de los precios de los servicios públicos (los que, a su vez, son tipo de cambio y salarios). La política monetaria, por su parte, se encarga de controlar la demanda, la viabilidad y velocidad a la que esos cambios en las variables claves se trasladan a los precios. Y también la política monetaria influye sobre las expectativas respecto de la inflación futura.

Dicho de otra manera, en una economía abierta y competitiva, los precios de los bienes los determina el mercado global y quienes compiten en ese mercado no pueden trasladar aumento de costos ilimitadamente a sus precios. Si algunos costos aumentan por una razón exógena, las empresas tratan de reducir otros costos, o mejoran su productividad o su participación de mercado, o reducen rentabilidad o…quiebran, mientras los Bancos Centrales mantienen el equilibrio entre oferta y demanda de dinero, para controlar “indirectamente” el precio de los servicios. En una economía cerrada, en cambio, todo aumento de costos se puede trasladar a los precios… si la demanda aguanta, y allí es donde entra la política monetaria, que convalida o no cualquier traslado a precios de aumentos de costos. En cuanto a los servicios, la mayoría no tiene competencia internacional -puedo “importar” un servicio de traducción online, pero es imposible “importar” un corte de pelo-. En ese caso, la política monetaria, al influir sobre el tipo de cambio, sobre los costos de financiamiento y sobre las expectativas de inflación, presiona directamente en las decisiones de precios de mi peluquero. Por supuesto que, para ello, el Banco Central necesita tener una política monetaria independiente y creíble. Cuánto más “increíble” sea un Banco Central, la política monetaria influye menos en la inflación y más en el nivel de actividad. (frena la demanda, pero ello no se traduce en freno al aumento de precios).

En la Argentina, en todos estos años, salvo momentos, la política monetaria estuvo y está dominada, directa o indirectamente, por la política fiscal. Hay que emitir para financiar los déficits fiscales o, cuando el déficit se financia con deuda externa, para comprar los dólares de los créditos. Y cuando es el Banco Central el que determina el valor del dólar, como decía, el precio básico de la economía argentina, el Banco Central está, otra vez, salvo momentos, directamente dominado por la política “a secas”. Los gobiernos siempre tratan de atrasar el tipo de cambio, sobre todo en años electorales, y mientras las reservas y los controles aguantan, para que nos sintamos “más ricos en dólares” por un ratito.

En otras palabras, con la economía cerrada y poco competitiva, y con la política monetaria y cambiaria “dominada” por la política fiscal y electoral, es fácil de explicar por qué la Argentina está entre los poquísimos países del mundo en donde todavía la inflación es un problema. Cuando el Banco Central intenta cierta “austeridad monetaria” subiendo la tasa de interés y achicando la liquidez, como su política resulta “increíble” termina generando recesión, en lugar de estabilidad, y expectativas de más inflación en el futuro, porque los costos financieros se trasladan a los precios, o porque aumenta la deuda del propio Banco Central (para “sacar” plata del mercado), deuda que se termina pagando con más emisión en el futuro.

A estas alturas, el amable lector, o la amable lectora, ya sabe cuál es la “receta” para bajar la inflación en la Argentina: tener una economía abierta y competitiva, superávit fiscal, y un Banco Central profesional y operativamente autónomo.

Pero tener una economía abierta y competitiva exige otro Estado, otro sistema impositivo y otros marcos regulatorios. El superávit fiscal es una quimera, porque al Estado super presente, ineficiente, gastador y generador de pobres, con récord de gasto público infinanciable, sólo se le ocurre aumentar impuestos, lo que conspira con tener una economía abierta y competitiva, y el Banco Central, lejos de ser operacionalmente autónomo, está al servicio de financiar desequilibrios fiscales y “campañas electorales”.

Mirando para adelante, en el corto plazo, sin reservas y con el FMI soplándole en la nuca, el Banco Central tendrá que “sobre indexar el tipo de cambio”. Como hay que reducir el déficit fiscal y vamos camino, otra vez, a una crisis energética, habrá que bajar el gasto en subsidios económicos, lo que equivale a un incremento de los precios de los servicios públicos y, finalmente, en año electoral, y sin cambios en regulaciones y costos laborales, los salarios no pueden (ni deberían) ser la variable de ajuste. Los precios máximos, de continuar, agudizarán problemas de oferta y lo mismo pasará con las restricciones a la importación. Sin cambios de fondo, la economía seguirá siendo cerrada, anti exportadora, anti progreso tecnológico y anti mejoras de productividad.

En síntesis, sin profundos cambios estructurales, dado el desequilibrio macro que ya existe, y “como todos los precios relativos tienen que subir”, lo que es una contradicción por definición, lo más probable es que la inflación del próximo año en la Argentina, más allá de algún mes “extraño”, sea más alta que la de este año y, claramente, no podremos echarle la culpa al precio de los tomates.

Fuente: Infobae.com

Si bien en un principio se creía que los chicos -a pesar de ser la población de menos riesgo- podían convertirse en “supercontagiadores” y diseminar el coronavirus con mayor potencia, la ciencia demostró todo lo contrario: el contagio en los niños sería más infrecuente que en los adultos.

Y, a diferencia de lo que sostiene el Ministerio de Educación argentino -que la vuelta a las aulas de todos los niveles podría disparar la curva de casos-, distintos estudios confirmaron que las experiencias de apertura escolar no se correlacionan con un aumento de infectados y que la transmisión del virus es más probable en las casas que en las escuelas.

Contra toda evidencia, la cartera de Educación en Argentina, atrincherada en las primeras hipótesis acerca del coronavirus, no ha promovido el regreso a las aulas ni siquiera en distritos con baja o nula circulación del virus, ha frenado lo más posible los protocolos de vuelta a la presencialidad presentados por la Ciudad de Buenos Aires, se ha alineado con la intransigencia de los sindicatos desoyendo los reclamos del resto de la comunidad -incluidos docentes que no se sienten representados por la posición gremial-, y ni siquiera ha convocado a un diálogo amplio a los distintos actores del sistema para elaborar soluciones alternativas.

La experiencia de otros países tampoco parece haber movido a la reflexión a las autoridades educativas. De hecho, en plena segunda ola de la pandemia en Europa -donde las cifras de contagiados baten récords y varios países implementaron confinamientos más estrictos- los niños siguen concurriendo a los establecimientos educativos con barbijos, alcohol en gel y respetando el distanciamiento social con sus maestros y compañeros.

Trascurridas las primeras semanas de la vuelta a clases en España, por ejemplo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que el porcentaje de casos de COVID-19 en los colegios es “mucho menor que en otros ámbitos sociales”. Y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, confirmó que en Madrid solo un centro educativo tuvo que cerrar por completo.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, también brindó datos significativos: solo hubo que cerrar el 1,3% de las aulas por los contagios. Entre todos los datos acumulados desde el inicio de la pandemia, los centros educativos sólo suponen el 4,6 por 100 de los casos de contagio.

El gobierno sólo habilitó la vuelta a la presencialidad de los alumnos de quinto año del secundario, del sexto año de las escuelas técnicas, del séptimo grado de las escuelas primarias y de aquellos que tuvieron problemas de conectividad (Fernando Calzada)

En el resto del mundo, en países como Australia, Holanda, Alemania y el Reino Unido, la situación epidemiológica no parece muy diferente y todo hace pensar que, definitivamente, los colegios y universidades no son un foco preocupante de transmisión de la pandemia.

La realidad en Argentina

En nuestro país, la vuelta a las aulas se produjo recién el 13 de octubre, y de modo muy limitado, con burbujas de 10 alumnos y de manera selectiva (los que cursan quinto año de las escuelas medias, sexto de las técnicas, séptimo grado de las primarias y aquellos que perdieron el contacto con la escuela, tanto en Provincia como en Ciudad de Buenos Aires). Por lo tanto, el 2020 será un año perdido para el grueso del alumnado ya que desde el gobierno nacional no dan señales de querer revertir la situación.

Tampoco se han mostrado receptivos a los reclamos de la comunidad. No solo los padres se manifestaron a favor de la vuelta de las clases presenciales; también lo hicieron los propios docentes -muchas veces señalados como contrarios a la apertura por la posición de los gremios-, que expresaron la necesidad de recuperar el vínculo presencial con sus alumnos.

“Hay que volver a la escuela”, fue el título de una carta viralizada por 500 docentes que elevaron su voz para apoyar las quejas de las familias que en reiteradas ocasiones se manifestaron frente al Ministerio de Educación. “La opinión científica recomienda abrir las escuelas, la experiencia en el mundo indica que hacerlo no provoca un aumento sensible en la propagación del covid-19”, señalan. Y recordaron que muchos chicos no han podido conectarse de modo virtual, quedando totalmente fuera del sistema.

Los educadores que firmaron el texto aclararon también que no se sienten representados por las posturas de los sindicatos docentes que no quieren clases presenciales mientras no haya una vacuna. “Todos debemos tener en claro que con las escuelas cerradas los chicos pierden, y si pierden los chicos, perdemos todos porque perdemos el futuro”, coincidieron.

De esta manera, se diferenciaron de los gremios docentes, con Ctera a la cabeza, que hasta ahora se han mantenido intransigentes: clases a distancia o nada, hasta que haya una vacuna.

Los maestros se sumaron al reclamos de los padres: «Queremos volver»

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, también se mostró alineado a esa postura desde que la Ciudad de Buenos Aires esbozó una primera propuesta de retorno enfocada en los chicos que habían perdido vínculo con la escuela. A fines de agosto, Trotta rechazó el primer protocolo de reapertura de escuelas presentado por la administración porteña. En septiembre, volvió a frenar una propuesta de vuelta a las aulas en la Capital. Así, con trasfondo de sorda batalla entre Nación y Ciudad, se perdieron varias semanas más para el regreso a las aulas porteñas, que finalmente ocurrió el 13 de octubre.

“Si bien las escuelas dependen de las provincias, hubo una clara decisión nacional de retrasar toda voluntad de apertura. Se consideró al país como una única región homogénea y se decidió cerrar todas las escuelas, cuando las realidades fueron diversas y cambiantes”, había señalado a Infobae Mónica Marquina coordinadora de la Comisión de Educación de la Fundación Alem, el think tank de la UCR.

“Faltó un plan, sin dudas. Se subestimó el impacto de la pérdida educativa cuando en el mundo ya había evidencias de la necesidad de que la educación fuese una de las primeras actividades que comenzaran a funcionar porque involucra derechos y el impacto del cierre prolongado deja efectos graves, muy difíciles de remontar”, agregó.

En estos ocho meses de cuarentena, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se aferró al argumento de que la prioridad era la salud, incluso ante la evidencia del bajo riesgo sanitario de la reapertura de las aulas.

Escudados en el mismo argumento, la mayoría de los distritos ni siquiera se plantea volver a las aulas antes de fin de año.

Mientras en Capital y Provincia la vuelta del resto de los alumnos se retrasa más de lo esperado y los chicos que sí lo hicieron solo realizan actividades de socialización en el colegio, resulta incomprensible que hasta ahora desde Educación no se haya convocado a una mesa de trabajo para consensuar cuándo y cómo abrir las escuelas en 2021, como sugieren los especialistas.

Los especialistas en educación sostienen que al Ministro Nicolás Trotta le falta un plan de acción para 2021

Desde marzo, el denominador común fue la pérdida de tiempo. El protocolo llegó recién en julio. Los indicadores sanitarios que definen qué provincias están en condiciones de volver se aprobaron en octubre. La burocracia educativa se hizo patente en un momento excepcional que exigía respuestas rápidas. Tampoco se aprovechó el tiempo sin clases presenciales para acondicionar las escuelas, ponerlas a punto o capacitar a los docentes en la nueva normalidad. La planificación empezó recién en el momento en que se fijaron fechas de retorno.

“La vuelta a clases no es un proceso sencillo ni para la Argentina ni para el mundo. Pero fuimos claros en la reunión con el Consejo Federal de Educación; los pasos que estamos dando son muy importantes para un aprendizaje social de cara al ciclo 2021”, se justificó el ministro Trotta cuando los principales países europeos ya abrieron las puertas de sus establecimientos educativos y se adaptaron a la nueva normalidad.

“En Argentina nos apuramos en ir a un corte total de entrada cuando el virus apenas circulaba en el país. Tendríamos que haber reducido la frecuencia de la presencialidad. Que los chicos fuesen algunos días y otros no. Ahora ya parece muy difícil volver. Y hay un ciclo lectivo entero adentro, estamos entregando un año. Yo creo que está mal. Si vos ves el mapa, hay un montón de zonas que están en blanco, sin circulación del virus. Se están tomando decisiones con demasiada centralidad”, dijo a Infobae Gustavo Iaies, director del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP).

En Capital y GBA las clases volvieron con burbujas de a 10 alumnos y permanecen menos de dos horas en el colegio (Maximiliano Luna)

Para Iaies resulta inexplicable que, mientras muchas de las actividades ya retomaron su normalidad, la educación presencial aún no lo haya hecho: “Hablás con supervisores de distintas partes del país y ya tienen casi todo abierto, restaurantes, clubes. No se entiende por qué las escuelas no están funcionando. Hace falta un poquito más de presión. Los pibes necesitan que volvamos. Es insostenible que siga todo cerrado hasta que encontremos la vacuna”.

Incluso cuestionó la centralización de las decisiones de política educativa. “En cada municipio la situación es distinta, hay un montón de zonas donde el virus nunca estuvo. No puede ser que ahí sigan sin clases”, ejemplificó.

A pesar de que Trotta admite que “la pandemia va a implicar un enorme desafío porque las aulas van a ser más heterogéneas y más desiguales en todos los niveles sociales”, aún no hay certidumbre acerca de cómo será el año lectivo 2021.

“La palabra que mejor describe estos ocho meses no es pandemia, ni cuarentena, ni educación a distancia, sino fracaso. Los actores de la política educativa, sin plan B y dando la espalda a los recursos que la época ofrece, se escudaron cobardemente detrás de decretos inoportunos, protocolos mal redactados y resoluciones disfuncionales, dejando a docentes, padres y alumnos librados a su suerte. La inacción fue la nota dominante de los administradores del sistema educativo durante este período”, definió Juan María Segura, consultor en gestión educativa.

Al día de hoy, lo único concreto es que tan solo el 1,1% de los alumnos recuperó la presencialidad. Queda sólo un mes para el cierre del ciclo lectivo y ya se empieza a escuchar una sentencia derrotista: “Ahora ya no tiene sentido”.

Fuente: Infobae.com

El número dos del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, criticó con dureza la reacción de la CGT frente al ajuste en el pago del ingreso de emergencia y los aportes de ayuda empresaria.

«Hubiera sido importante que reclamara durante el gobierno de Mauricio Macri. Este gobierno está siendo atacado por la derecha y los grandes medios de comunicación y está tomando medidas que tenemos que acompañar», afirmó el gremialista en diálogo con Radio El Destape.

«Habría que preguntarles a los compañeros porque durante cuatro añosno rechazaron las políticas del gobierno anterior«, completó Moyano.

Pablo, uno de los hijos de Hugo Moyano, aspira a conducir la central obrera, que se encuentra en manos de Héctor Daer y Carlos Acuña.

«Si se dan todos los plazos legales en marzo o abril tiene que haber una renovación porque los trabajadores están esperando una CGT distinta a la que están llevando adelante los compañeros», resaltó Moyano.

Tras ocho meses sin reunir de manera presencial a su consejo directivo, la CGT nucleó el martes pasado en la sede de Azopardo a los dirigentes sindicales y expresó su «preocupación» sobre los recortes que prevé el Gobierno para programas sociales y ayuda a los sectores productivos.

«La CGT expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación con los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales», advirtió la central obrera en un comunicado.

La CGT reclamó, entre otras cosas, que se garantice que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria «no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional argentino».

Desde el Gobierno relativizaron los reclamos de la central obrera por el ajuste en el pago del ingreso de emergencia y los aportes de ayuda empresaria. Y describieron la reacción como un «problema de protagonismo» de los líderes de la central obrera.

Fuente: La Nación

El próximo martes, en una sesión especial pedida por el jefe del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner, la Cámara de Diputados buscará dar media sanción al proyecto de Carlos Heller de impuesto a la riqueza, que el kirchnerismo prefiere llamar “Ley del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas”.

La fecha en que fue convocada la sesión para votar el proyecto, que para ser aprobada necesita 129 votos, que el oficialismo dice tener a su favor, tiene significado ritual: el “Día de la Militancia”, en conmemoración del primer retorno de Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972.

Al cambiar la fecha de corte del hecho imponible va a haber muchos más contribuyentes alcanzados por la ley y tendrán que pagar más, por el aumento de las valuaciones

El proyecto había sido aprobado en Comisión el 25 de septiembre, pero el Gobierno no parecía mostrar interés en hacerlo avanzar. Tras el anuncio del fin del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el recorte del alcance del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP, con el que el gobierno contribuía al pago de salarios en sectores y empresas afectadas por la pandemia), un proyecto de ley de movilidad jubilatoria que estira de 3 a 6 meses la frecuencia del aumento a los jubilados y elimina del cálculo la tasa de inflación, un nuevo respingo de los precios al consumidor (3,8% en octubre), un aumento de tarifas en el horizonte, la emisión de bonos ligados al dólar e incluso de un bono en dólares a la medida de un fondo de inversión extranjero y la presencia en Buenos Aires de una misión del FMI con la que el ministro de Economía, Martín Guzmán pretende negociar un acuerdo para “tranquilizar” el dólar y el clima macroeconómico, el impuesto a la riqueza reapareció en escena.

“Esto vino precedido de una campaña de afiches en las calles y en el Día de la Militancia pretende votar un impuesto que es malo y va generar muchos problemas. Sobre todo, tiene un alto contenido simbólico: dicen que es un impuesto para que los ricos pongan en este momento para los sectores de menores recursos, pero es una cortina de humo para evitar tener alguna incomodidad con estos sectores militantes frente al importante ajuste que se está haciendo en la economía nacional, sobre todo en el sector de los jubilados”, dijo al respecto el diputado radical Facundo Suárez Lastra.

El presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán y los impulsores del proyecto, en Olivos, en abril pasado

“El proyecto fue cambiado en la Comisión de Presupuesto, la fecha de corte del hecho imponible pasó de ser el 31 de diciembre de 2019 a la fecha de entrada en vigencia de la ley”, señaló a Infobae el tributarista César Litvin. Eso le permite al oficialismo salvar la crítica al carácter retroactivo del proyecto original y permitiría ampliar el universo de afectados. “Con ese solo cambio va a haber muchos más contribuyentes que entren en el impuesto, porque aquellos con tenencias en el exterior van a tener que valuarlas al dólar de la fecha en que entre en vigencia el impuesto, lo que hará que más gente sea alcanzada. También a quienes tenencias en dólares o moneda extranjera les va a salir más caro, porque se valuarán un 30% más”, señaló el especialista.

“Creo que van a ser mucho más que 10.000 (el número que dice el Gobierno) las personas alcanzadas, debido a este cambio de plazos y valuaciones”, anticipó Litvin, quien también recordó que los $200 millones de riqueza a partir de la cual las personas humanas estarán obligadas a pagar el impuesto no tienen “mínimo no imponible” (esto es, un límite por debajo del cual la tasa es 0%), lo que puede generar gran inequidad tributaria entre personas de muy similar situación.

Extremando el ejemplo, señaló: “Una persona que tenga una riqueza de $200.000.001 en la Argentina pagará 2% sobre esa suma ($4 millones), en tanto que alguien que tiene 199.999.999 no pagará nada”.

Este impuesto tendrá un costo mucho más alto del que se cree y sus efectos afectarán como siempre a los que menos tienen. Es un impuesto ideológico, y nada bueno puede surgir de ahí (Sasovsky)

En una columna de opinión que publicó hoy Infobae, Alberto Mastandrea, socio principal de impuestos en BDO, cree que si se introdujeran ciertos cambios al proyecto “muchos contribuyentes alcanzados estarían dispuestos a revaluar la posición que vayan a adoptar frente al tributo”. Entre tales modificaciones, se pueden enunciar:

– Que se desista la idea de alcanzar a ciertos contribuyentes por su condición de nacional, en vez de su residencia, cuestión contraria a nuestro sistema tributario argentino.

– Que la valuación de los bienes se considere al 31 de diciembre del 2020 y no la fecha de promulgación, ello evitaría mayores costos de liquidación y administración por parte de los contribuyentes.

– Que alcance el patrimonio neto de los sujetos obligados. Es decir, se le permita detraer las deudas y obligaciones con terceros.

– Que se exima la inversión en empresas locales, inmuebles rurales productivos y la inversión en instrumentos financieros como títulos soberanos, acciones de empresas argentina que cotizan en bolsa y ADR de empresas argentinas, entre otros.

“De hacerse estos cambios, lejos de recaudar un menor tributo, será mayor las sumas que ingresen a las arcas fiscales pues de otro modo, una gran parte de los obligados al pago, se inclinarán fuertemente a cuestionar su constitucionalidad”, explicó Mastandrea.

Repelente de la inversión

“Mi principal crítica es que es un impuesto que busca recaudar sobre una base que ya tributa y que principalmente castiga al inversor argentino por encima del inversor extranjero, que no tiene que asumir ese costo dado que (el tributo) no existe en otros países. Además, al pretender alcanzar al patrimonio a la fecha de sanción de la norma, se deberán calcular las bases y preparar balances especiales, con un costo administrativo injustificado en este momento. Es un repelente de la inversión y arrastra y potencia los problemas del propio impuesto sobre los bienes personales, dado que, por ejemplo, no tiene en cuenta las deudas asumidas quizás para mantener una inversión en un año tan difícil para la economía”, dijo a Infobae el tributarista Iván Sasovsky.

Creo que van a ser mucho más que 10.000 (el número que dice el Gobierno) las personas alcanzadas, debido a este cambio de plazos y valuaciones (Litvin)

“Este impuesto –alertó el experto– tendrá un costo mucho más alto del que se cree y sus efectos afectarán como siempre a los que menos tienen, dado que la generación de empleo debe ser el principal objetivo de todos y esto va a terminar profundizando el problema. Es un impuesto ideológico y nada bueno puede surgir de ahí”.

Litvin también señaló el fenómeno de doble tributación por la existencia de un impuesto “bastante análogo” como Bienes Personales. Con la diferencia que éste tiene exentos el valor de títulos públicos, inmuebles rurales y vivienda casa-habitación. El nuevo tributo no contempla ninguna exención.

“Aquellos que tienen títulos argentinos, además de asumir las pérdidas que ya tuvieron sobre esos papeles, deberán pagar el impuesto, igual que el valor de un inmueble rural o de una casa habitación”, señaló Litvin.

El tributarista César Litvin recomendó a los legisladores tener en cuenta los efectos nocivos y advirtió contra el «círculo vicioso» que puede generar el nuevo tributo

Incluso un funcionario del Gobierno, como el presidente del BICE (y diputado massista en uso de licencia), José Ignacio de Mendiguren, señaló ayer en una entrevista radial que “gravar los mismos bienes afectados a la producción yo no lo comparto, porque se está pagando tres veces por algo que hoy es un patrimonio nacional: los instrumentos productivos de la Argentina hoy todos los necesitamos para poder exportar más”.

Uno de los sectores más amenazados por el tributo que impulsan Heller, Kirchner y el oficialismo legislativo es el agropecuario, por la valuación de sus activos. Al respecto, las entidades de la Mesa de Enlace rural dijeron ayer en un comunicado que “el mal llamado impuesto a la riqueza, es un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina las necesita desesperadamente”.

Gravar los mismos bienes afectados a la producción yo no lo comparto, porque se está pagando tres veces por algo que hoy es un patrimonio nacional: los instrumentos productivos de la Argentina hoy todos los necesitamos para poder exportar más (De Mendiguren)

El nuevo impuesto, señalaron los dirigentes rurales, “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. En un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deberán desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.

Confiscatoriedad

Otra crítica es al carácter confiscatorio del impuesto. “Si sumamos los dos que gravan el patrimonio, Bienes Personales y este gravamen sobre la riqueza, en su máxima escala llegamos al 7,5% (resultante de sumar la tasa de 5,25% a la que puede llegar el impuesto a las grandes fortunas por bienes en el exterior y el 2,25% del impuesto a los Bienes Personales) y es muy difícil que esos bienes generen una renta equivalente al impuesto, lo que lo vuelve confiscatorio, porque para pagarlo hay que vender patrimonio. Se llega así a la violación del derecho de propiedad”, argumentó Litvin.

El proyecto «es un repelente de la inversión y arrastra y potencia los problemas del impuesto sobre los Bienes Personales», dijo el tributarista Iván Sasovsky

El tributarista agregó otro detalle: si el Congreso sanciona la ley a fines de noviembre, una persona deberá afrontar la liquidación del impuesto a la riqueza el 30 de noviembre, y la liquidación sobre Bienes Personales (los mismos bienes) el 31 de diciembre. “Es una grosería”, afirmó. Y también recordó, igual que Sasovsky, que el nuevo impuesto no contempla pasivos. Una persona con deuda pagará igual que otra que no la tiene, aunque su patrimonio neto sea muy diferente, e incluso negativo si, por ejemplo, se trata del dueño de una empresa que atraviesa un momento crítico (de hecho, algo habitual en tiempos de pandemia) o de restructuración.

De este modo, dijo Litvin, se afecta las inversiones, porque los dueños o accionistas deben incorporar el valor de la empresa en su patrimonio y sobre eso pagar el impuesto. “Una empresa que opera normalmente no necesariamente tiene tanto cash; en cuyo caso el empresario o dueño tendrá que salir a vender activos para pagar”, una situación similar a la que advirtió la Mesa de Enlace del Campo. En ambos casos, se afecta la capacidad de producción. “Los legisladores deben analizar los efectos nocivos genera sobre la inversión de este tipo de cargas. Es un motivo por el cual las grandes fortunas se están yendo del país”, afirmó Litvin.

De hecho, Diego Fraga, profesor en la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral y socio de RCTZZ Abogados, señaló recientemente en Infobae que el nuevo impuesto “generará prosperidad, pero en Uruguay y otros países vecinos”, reales y potenciales beneficiarios del éxodo de empresarios y capitales argentinos.

La mayoría de los países que aplicaron Impuestos a la Riqueza terminaron dejándolo de lado, dice un estudio del Centro Interamericano de Administración Tributario, que advierte sobre sus falencias económicas y jurídicas

“Los países modernos, cuando analizan un impuesto, si ven que los efectos negativos superan los beneficios, no lo aprueban. Este impuesto producirá un círculo vicioso: menor inversión, menor empleo, menos consumo, menos actividad económica, más pobreza, más planes sociales, más gasto público”, dijo Litvin. “La única forma genuina de crear empleo es con inversiones, y este impuesto las aleja y desmotiva”.

Experiencias

Un estudio del Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) sobre los “Impuestos a la Riqueza o al Patrimonio de las Personas Físicas, con especial mención a América Latina y el Caribe”, dice que “existen 3 grandes manifestaciones de la capacidad de pago: la renta, el consumo y el patrimonio (o fortuna), pero solo las dos primeras son objeto de una tributación significativa y de hecho esas materias imponibles nutren el grueso de la recaudación tributaria en todo el mundo”.

A nivel internacional, dice el estudio, “el Impuesto a la Riqueza, que grava el patrimonio personal de las personas naturales, se da hoy escasamente en el mundo. Se exige actualmente a nivel OCDE en 6 de sus 35 miembros (España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suiza), y a nivel de América Latina en 4 de 24 (Argentina, Colombia, Uruguay y Guyana)”.

Este tipo de impuestos, aunque tiene más de 100 años de historia, “en Europa tampoco ha mantenido una presencia regular en casi ningún país; las recaudaciones por Impuesto a la Riqueza son muy poco significativas; el único país que tiene cifras algo más significativas es Suiza (1% del PIB en 2015), aunque Suiza no puede ser un ejemplo a considerar, dadas sus muy especiales características en cuanto a niveles de riqueza».

Las recaudaciones por Impuesto a la Riqueza son muy poco significativas; el único país que tiene cifras algo más significativas es Suiza (1% del PIB en 2015).

En línea con las críticas de los tributaristas argentinos, el trabajo del CIAT, publicado en 2018, destaca que “el problema jurídico más importante del Impuesto a la Riqueza es que sea considerado confiscatorio: cuánto más alta es la tasa marginal, más riesgo existe de que el patrimonio no alcance a generar los suficientes recursos como para pagar el Impuesto, y más riesgo de confiscatoriedad. Además, aunque existen fórmulas técnicas mitigadoras, ninguna garantiza de forma plena la eliminación del riesgo de confiscatoriedad sobre el patrimonio. En este contexto es legítimo plantearse si es posible alterar el statu quo constitucional para incrementar el margen de “no confiscatoriedad” de un Impuesto al Patrimonio. De momento ninguna Constitución latinoamericana, ni las teóricamente más avanzadas en materia social, se ha atrevido a esto”.

En conclusión, dice el trabajo, “el Impuesto a la Riqueza no solo enfrenta desafíos desde la teoría económica (por el desaliento a la inversión) sino también desde el plano jurídico”.

Fuente: Infobae.com

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) preparan un nuevo encuentro y otro documento conjunto, cuyo contenido, que aún se está consensuando, «mirará hacia el futuro y será como una hora de ruta que propondrá hacia dónde tendría que ir la Argentina, sin alusiones a lo que está pasando hoy porque sería quedarnos en el fango”, según dos fuentes de ambas entidades.

Si terminan de acordar el texto, la reunión virtual podría realizarse la semana próxima. “Es casi seguro”, dijeron a Infobae en la central obrera. No hubo confirmación desde AEA.

El contacto marcará la continuidad de la videollamada que mantuvieron el 21 de julio pasado y que causó conmoción en el Gobierno: en su momento fue interpretada como una conspiración antioficialista porque, por ejemplo, ambas entidades coincidieron en que “el país necesita que la actividad privada tenga un mayor despliegue” justo en los días en que Alberto Fernández estaba impulsando la expropiación de la cerealera Vicentin.

Además, el encuentro fue criticado en la Casa Rosada porque en AEA están dos viejos enemigos del kirchnerismo como Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

Pese a la polémica, la relación entre AEA y la CGT no se paralizó: desde entonces, los equipos técnicos de las dos partes avanzaron en propuestas concretas vinculadas básicamente con dos temas analizados en el encuentro de julio, la cuestión tributaria y la capacitación y formación profesional.

La mesa chica de la CGT, durante la reunión virtual con AEA

En aquellos días, AEA era demonizada por el Frente de Todos, así como lo había sido en el gobierno de Cristina Kirchner: Paolo Rocca fue criticado en público por Alberto Fernández luego de que Techint despidió a 1450 empleados en plena pandemia: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le dijo.

Cuando se produjo el encuentro AEA-CGT, incluso, Máximo Kirchner cuestionó el comunicado conjunto porque contenía alusiones a “las muchas décadas de muy mala perfomance económica” al destacar que si “tantas décadas fueron malas” para el país “no es lo que refleja el crecimiento de sus empresas”. Y criticó a empresarios y sindicalistas porque “hicieron Zoom desde sus casas mientras les piden a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse y que hay que salir porque si no el país no produce. Me parece bien y responsable que se cuiden por la edad que tienen”.

En octubre, cuando las necesidades de salir de la recesión impusieron un cambio de estrategia oficial ante el empresariado, el Presidente invitó al CEO de Techint a almorzar en la Quinta de Olivos para sellar la paz y acordar inversiones de la empresa.

De la misma forma, a fines del mes pasado, los empresarios de AEA se reunieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para hablar sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI y de lograr acuerdos para salir de la crisis.

Por eso, AEA y la CGT interpretaron ahora que un nuevo contacto estaría a tono con el objetivo del Gobierno de consensuar propuestas para reactivar el país y resolvieron reaparecer juntos. Habían planeado concretar el encuentro la semana próxima, aunque en las últimas horas empezaron a replantearse la fecha porque sorpresivamente se anunció que el kirchnerismo intentará votar el martes en la Cámara de Diputados el impuesto a la riqueza.

Alberto Fernández y Paolo Rocca, reconciliados

Algunos temen que una reunión AEA-CGT en esa misma semana podría sonar como otro desafío al oficialismo en medio de su intento por aprobar esa ley, que parece hecha a medida para embestir contra los dueños de grandes compañías como los que se nuclean en la entidad patronal que preside Jaime Campos.

En la CGT también predomina esa inquietud porque se acaban de endurecer ante el Gobierno: entre amenazas de medidas de fuerza, la dirigencia cegetista advirtió sobre el recorte de la ayuda económica, como el IFE y el ATP, y pidió “garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”, además de alertar que las obras sociales no tienen plata para pagar la vacuna contra el COVID-19 porque sospechan que el Gobierno las obligará a afrontar ese costo.

Además de Magnetto y Rocca, en la primera videollamada con la CGT estuvieron empresarios de AEA como Luis Pagani (ARCOR), Marcos Galperín (Mercado Libre), Enrique Cristofani (Santander), Eduardo Elsztain (IRSA), Alejandro Bulgheroni (Grupo Panamericano de Energía), Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y Cristiano Rattazzi (FCA Argentina), entre otros.

Los contactos con los empresarios parecen haberse transformado en otro motivo de tironeos en la interna del sindicalismo: Luis Barrionuevo fue uno de los principales promotores de la carta que un grupo de empresarios y dirigentes gremiales difundieron este jueves, en la que apoyaron a la negociación con el FMI y pidieron un acuerdo sustentable.

Carlos Acuña, Daniel Vila y Luis Barrionuevo

“Es clave para la recuperación definitiva del sector privado que Argentina termine de ordenar sus finanzas públicas para consolidar una estabilidad macroeconómica que dé el aire necesario para poder trabajar y producir”, afirmaron.

El contenido de la carta no es crítico del Gobierno y llamó la atención que entre los 10 sindicalistas que la firman hay seis del barrionuevismo, pero allí no está el cotitular de la CGT Héctor Daer y sí su par Carlos Acuña, otro dirigente cercano al líder gastronómico, además de los independientes Gerardo Martínez y José Luis Lingeri, ambos referentes de la mesa chica cegetista, de buen diálogo con Barrionuevo.

El resto de los firmantes sindicales son barrionuevistas como Oscar Rojas (maestranza), Daniel Vila (Carga y Descarga), Rubén Sandoval (perfumistas) y Luis Cejas (viajantes), más dos autónomos: el textil Hugo Benítez y el ferroviario Omar Maturano.

¿La carta fue una picardía de Barrionuevo para ganar espacio en las filas empresariales, donde sus rivales de la CGT le llevan la delantera mediante las reuniones con AEA y la UIA? Todos los sindicalistas recibieron la carta por WhatsApp desde el celular del gastronómico, pero algunos, aunque no dieron su conformidad, terminaron como firmantes. “Me metió de prepo porque nunca lo aprobé”, se quejó un dirigente de la CGT.

Fuente: Infobae.com

ras el anuncio del Gobierno sobre la cancelación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este viernes que «el Estado no se retira» de su rol de asistir a los sectores más vulnerables. Además, el funcionario sostuvo que se sigue «acompañando a todas las personas que tienen dificultades para reinsertarse» en el mercado laboral con asistencias más focalizadas.

«El IFE llegó a 9 millones de personas, una parte logró volver al esquema laboral y nosotros vamos a acompañar a los que no pudieron hacerlo», dijo Arroyo esta mañana durante una entrevista con el programa Doman 910 (Radio La Red).

El titular de Desarrollo Social mencionó un nuevo programa de asistencia llamado Potenciar Joven, que apuntará «a los jóvenes de 18 a 29 años» y el ya vigente Potenciar Trabajo, para «quienes tienen trabajo pero perdieron ingreso». En este último caso, Arroyo detalló que «son $9400, la mitad del salario mínimo y la persona tiene que dar una contraprestación de cuatro horas de trabajo».

Sobre Potenciar Joven, el ministro dijo: «En el caso de los jóvenes, que ampliamos la brecha de 18 a 29 años, la ayuda es una beca de $8500 pesos hasta 12 meses. Los jóvenes presentan un proyecto y nosotros lo financiamos», precisó.

Potenciar Joven: quiénes cobrarán el nuevo programa

• Beneficiarios: jóvenes de 18 a 29 años que deberán presentar un proyecto y el Estado les otorgará el financiamiento.
• Monto: una beca $8500.
• Duración: hasta 12 meses.

Potenciar Trabajo: quiénes cobran la asistencia

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local «Potenciar Trabajo» unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.

• Objetivo: promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.
• Beneficiarios: personas sin trabajo que pueden optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.

Tarjeta Alimentar: habrá una carga doble en diciembre

Arroyo también se refirió a otras programas de asistencia como la Tarjeta Alimentar, que tendrá una carga doble en diciembre, y la posibilidad de lanzar bonos para los sectores de bajos ingresos.

El funcionario explicó que durante los meses de abril, mayo y junio, la pobreza trepó al 47 % y, peor aún, alcanza al «56% en los menores de 14 años». Ante esta situación, Arroyo afirmó que en diciembre habrá una «duplicación de la tarjeta alimentaria a fin de año» y que el Gobierno está «evaluando los bonos para los sectores que necesitan ingresos».

En cuanto a la ejecución del presupuesto de su cartera, manifestó que, «durante la pandemia, el 80% del presupuesto iba a asistencia alimentaria y el 20 a planes destinados al trabajo», y señaló que «el año que viene el foco estará en la inserción laboral».

«Por eso estamos duplicando el monto de la tarjeta alimentaria y en diciembre haremos una carga doble», reiteró el ministro.

Fuente: La Nación