Europa atraviesa una segunda ola de coronavirus en momentos en que se acerca el invierno en el hemisferio norte y ante el alza de casos los especialistas se preguntan si es momento de cerrar las escuelas, como ocurrió en marzo, o si hay que luchar para contener el brote con los alumnos en las aulas. En este contexto, el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió que las escuelas no cierren sus puertas.
«Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos», afirmó Hans Kluge y resaltó que los niños y adolescentes no son grandes amenazas de contagio, por lo que una medida como esta no sería ciento por ciento efectiva.
Según lo publicado por el diario La Vanguardia, Kluge admitió asimismo que los confinamientos son «una pérdida de recursos» y que provocan efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género. Además, insistió en la necesidad y en la efectividad de las medidas sanitarias y dijo que si el uso de tapabocas supera el 90 % entre las personas, demás restricciones pueden evitarse.
Las declaraciones del funcionario de la OMS se dieron en momentos en que la discusión al respecto en la Argentina aumenta. En el país las escuelas se cerraron en marzo con la declaración del aislamiento obligatorio y si bien las clases continuaron de forma virtual, los resultados del año escolar a poco de terminarse son dispares.
En la Ciudad, el gobierno porteño espera el año que viene retomar la presencialidad a mediados de febrero, para hacer un análisis de situación y ver los conocimientos que los menores lograron adquirir durante el ciclo lectivo vigente. Sin embargo, la postura desde el gobierno nacional está más apegada a la llegada de una vacuna.
En el medio, varios adultos se quejan por las consecuencias de haber perdido ese espacio de conexión con pares. Desde Padres organizados, un grupo que comenzó a manifestar su descontento con la decisión de que los chicos sigan en casa y que en septiembre escribió una carta abierta dirigida al gobierno de la Nación para exigir la vuelta a las aulas de todos los alumnos, admiten que pese a que la Ciudad habilitó el regreso a la presencialidad de los alumnos de todos los niveles para comenzar una adaptación, los avances todavía son escasos.
En la Argentina no hay clases desde marzo de este año, cuando se declaró la pandemia Fuente: LA NACION – Crédito: Ignacio Sánchez
¿Y en la provincia?
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, consideró ayer que en el próximo ciclo lectivo podría darse un escenario «prácticamente normal en términos de clases presenciales» si se logra avanzar con una vacuna contra el coronavirus en los primeros meses del año.
«Imagino que si tenemos a docentes y auxiliares vacunados, podremos tener una situación prácticamente normal en términos de clases presenciales», afirmó el titular de la cartera sanitaria aunque aclaró que la población deberá mantener los cuidados hasta tanto la vacunación sea masiva.
Gollan dijo que los docentes serán vacunados «en la primera tanda» y apuntó: «Los grupos de riesgo y esenciales (trabajadores de salud, de seguridad y personal docente) son 5.750.000 personas, por lo que la idea es vacunar a esa población en dos meses, o dos meses y medio», según lo publicado por la agencia Télam.
«Estamos esperando que las vacunas lleguen lo antes posible», remarcó y explicó que, «teniendo protegidos a los grupos de riesgo, la pandemia se transforma en otra cosa y permite tener actividades económicas, educativas y culturales».
En este sentido, indicó que debido a la posibilidad de vacunar a docentes y demás trabajadores de la educación, el ciclo lectivo 2021 será «un año en el que la presencialidad va a ser muy diferente».
El Frente de Todos buscará avanzar este viernes 20 de noviembre con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal en el Senado, con el objetivo de designar a Daniel Rafecas en el cargo de procurador, tal como lo propuso Alberto Fernández en el inicio de su gestión. La medida flexibiliza la mayoría para el nombramiento y fija un límite temporal para su mandato. La reforma será trata en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, a partir de las 10. La iniciativa establece, entre otros puntos, que el jefe de los fiscales sea designado por el Senado con «mayoría absoluta», es decir la mitad más uno del total de la Cámara alta, en lugar de la mayoría calificada (de dos tercios de los votos) que se necesita en la actualidad. A su vez, pone la misma condición para su remoción, lo que permitiría avanzar sobre el titular actual del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal. Esas modificaciones son las que tomó el senador Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro) en el proyecto que presentó en los últimos días y que el Frente de Todos ve con buenos ojos, más allá de las antiguas iniciativas de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino). Juntos por el Cambio pateó su interna para jugar con la del Gobierno Este miércoles se conoció la opinión del consejo asesor en materia judicial, integrado por Claudia Sbdar, Andrés Gil Domínguez, Carlos Beraldi, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, León Arslanián, Inés Weinberg de Roca, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Raúl Ferreyra y Omar Palermo. Según difundió el portal Infobae, el punto de la mayoría para designar al titular del Ministerio Público Fiscal dividió aguas entre los juristas: mientras que una mitad optó por mantener los dos tercios, la otra mitad —incluyendo a Beradi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner— se inclinó por la mayoría absoluta. De todos modos, hubo una clara mayoría a favor de limitar el mandato del procurador y, en ese marco, la propuesta que tuvo más asidero fue la de cinco años, renovables por el mismo período. La postura de Juntos por el Cambio Si bien la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, convocó a todos los miembros de su espacio a dar el aval institucional necesario para que el Gobierno avance con la designación de Rafecas como Procurador de la Nación, en Juntos por el Cambio no resolvieron su postura en la última reunión. En un comunicado, los líderes de la oposición expresaron: «En el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el Presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al Procurador General de la Nación».
El presidente Alberto Fernández dijo este jueves que con el proyecto enviado al Congreso sobre legalización del aborto no se está haciendo obligatoria esa práctica “sino garantizando la vida de la mujer que enfrenta un embarazo”, y se manifestó confiado en que en esta oportunidad la iniciativa será sancionada por el Congreso.
”Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley”, dijo el mandatario esa mañana en declaraciones a radio Futurock. Y agregó: “Frente a la mejora de la situación sanitaria entendí que era el momento de enviar el proyecto y cumplir con mi palabra”.
Asimismo, afirmó: “Me siento el abanderado de este reclamo. Esta vez no habrá un presidente llamando a un gobernador para que sus senadores voten en contra. Haré todos mis esfuerzos para que el proyecto de aborto salga y se convierta en ley”.
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En su mensaje, el jefe de Estado vistió una corbata verde
“Tengo la convicción de que es necesario para la Argentina. Entiendo que estamos en condiciones de que se convierta en ley. Creo que la diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, me siento el abanderado de este reclamo”.
Fernández afirmó “que el Presidente reclame el tratamiento y aprobación y que diga que es necesario, me parece que genera un escenario un poco distinto”, explicó.
“Esta vez no es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan ‘no cumplió’. Sino que activamente se preocupa por el tema”, agregó.
Fernández reiteró que el Estado no debe desentenderse de la problemática de salud pública que implican los abortos clandestinos
Fernández reiteró que el Estado no debe desentenderse de la problemática de salud pública que implican los abortos clandestinos y contó que planteó su posición a las autoridades de la iglesia católica durante su última visita al Vaticano.
“El aborto no es un problema de dogmas religiosos sino más bien de decisiones personales. Yo soy católico pero tengo que resolver un tema de salud pública”, enfatizó el mandatario en este sentido.
Finalmente, el Presidente aseguró que la intención no es hacer obligatorio el aborto, “es más, queremos garantizar la vida de la mujer que enfrenta un embarazo”, y explicó que por eso mandó “la ley del aborto y el proyecto de los 1000 días para terminar con la hipocresía”.
“Cuando hablamos de independencia no es solamente independencia de los representantes populares, porque, en definitiva, a mi me votó el pueblo… a todos los senadores y diputados también, al presidente Alberto Fernández lo votó la gente”. La frase fue el preludio de una propuesta que el kirchnerismo anhela implementar desde hace años y que de manera recurrente intenta instalar en el debate público.
“A lo mejor, en algún momento tendremos que ir a que los jueces sean designados por el voto popular”, remató Oscar Parrilli durante un plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales en la que se debatió la reforma de la Ley del Ministerio Público. “El juicio por jurados sin duda va a ser un avance”, apuntó el referente kirchnerista.
La propuesta del senador surgió en respuesta a la exposición del constitucionalista Roberto Gargarella, quien destacó la importancia de la independencia del Ministerio Público Fiscal (MPF), sustentada en la mayoría especial de dos tercios que exige para la elección y remoción del procurador general de la Nación.
En ese marco, realizó una reflexión contundente contra la iniciativa que impulsa el oficialismo para cambiar la ley: «Alguno de los proyectos hoy bajo estudio aparecen, llamativa o provocativamente, opuestos a la Constitución. Les pediría, casi de rodillas, que nos ahorren otra batalla constitucional”, expresó en un zoom con los legisladores.
De todos modos, Parrilli inisitió con su idea: “Más que independencia, lo que hay que evitar es la arbitrariedad de quienes ejercen los poderes y sobre todo cuando se trata del Poder Judicial, que se transforman en dueños de la vida y de los bienes de los seres humanos, de todos los ciudadanos”.
De inmediato recordó una antigua iniciativa que impulsó Cristina Kirchner durante su gestión com presidenta: “Nosotros intentamos hacer simplemente el voto popular para los miembros del Consejo de la Magistratura y eso también se nos declaró inconstitucional. Pareciera que hay algunos sectores que todo lo que sea voto popular es inconstitucional”.
Además, Parrilli aprovechó para volver a hacer foco en los medios de comunicación y pedir límites a los poderes mediáticos, recordando “las presiones de todo tipo que muchas veces tienen los jueces y los funcionarios; en eso hay una larga historia no solamente en la Argentina sino en todo el mundo”, señaló en el tramo final de su relato.
Semana agitada
El senador kirchnerista había sido noticia mas temprano, porque salió en defensa dela carta que el bloque oficialista en el Senado le envió al FMI, en el mismo momento en que la misión del Fondo se encuentra en Argentina protagonizando una serie de reuniones con referentes del Gobierno.
En ese marco, Parrilli sostuvo que el acuerdo que se haga con el FMI “debe ser aprobado por el Congreso” y por eso le pareció bien “que conozcan la opinión” de los legisladores.
Ante las críticas de quienes vieron el mensaje como inoportuno en medio de una negociación tan sensible, respondió: “Esto ayuda. No vamos a hacer nada que entorpezca la negociación. (los que cuestionan) Son los que quieren que claudiquemos y aceptemos mansamente las exigencias del FMI, como hizo el gobierno de Mauricio Macri”.
“Desde el Senado no planteamos una ruptura, sino una revisión de lo que se hizo y que cada actor asuma sus responsabilidades”, concluyó.
WASHINGTON.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, indicó en una conferencia virtual en julio último, antes de asumir su cargo, que el gobierno de Mauricio Macri administró mal el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso le costó su derrota en la elección del año anterior. Sin embargo, no reconoció que Donald Trump impulsó ese préstamo para que Macri fuera reelecto, como indica una carta que los senadores del Frente de Todos le entregaron al FMI.
En una conferencia virtual con el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI), Claver-Carone se refirió al acuerdo por US$57.000 millones que el FMI le otorgó a Macri en 2018 cuando uno de los participantes, Demetrio Infante, sugirió en la ronda de preguntas que el gobierno de Trump carecía de interés en la región. Claver-Carone dijo que discrepaba con esa visión, puso como ejemplo al programa argentino con el Fondo y dijo que la Casa Blanca impulsó a ese acuerdo por «nuestro interés en Latinoamérica».
«Yo mismo estaba en el Fondo Monetario», comenzó a responder Claver-Carone, quien por ese entonces ocupaba la silla de Estados Unidos en el board del organismo. «Y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de la Argentina, y les haya costado una elección es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica peleamos contra los europeos, porque yo era el que tenía a los europeos enfrente de mi, y cuando quisimos impulsar, impulsamos el programa, la resistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina porque no les interesaba el Hemisferio Occidental», afirmó.
En esa misma respuesta, el presidente del BID mencionó después el apoyo de Estados Unidos a Ecuador, que también acordó un programa con el Fondo, el respaldo a Juan Guaidó en Venezuela con una «coalición a favor de la democracia liderada por Estados Unidos», y la iniciativa América Crece, para fomentar la inversión en infraestructura en la región.
También remarcó que las inversiones de Estados Unidos en América latina eran superiores a las de China, y destacó la estrecha relación con Brasil y la importancia del vínculo con México. Esa fue la única mención de Claver-Carone sobre la Argentina durante esa conferencia, según el video del encuentro, que está disponible en YouTube.
La carta del bloque del Frente de Todos afirma que el gobierno de Trump buscaba que Macri «pudiera ser reelecto» y que Claver-Carone «reveló este entramado» durante esa conferencia virtual con el CCRI el 22 de julio, «donde afirmó que el presidente de los EE. UU. solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico».
La carta también dice que la entonces directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, trasladó el rechazo de los países europeos a otorgar «esa suma de dinero a un gobierno cuya economía se encontraba en constante deterioro» a la Casa Blanca, y que Claver-Carone se lo transmitió «directamente» a Trump. Lagarde y Claver-Carone integraban el board del FMI -junto con los socios europeos- cuando se aprobó el programa argentino.
La misiva del bloque oficialismo afirma además que Trump «solicitó, según siempre bajo los dichos de este funcionario, que el Fondo arbitre todos los medios necesarios para la autorización del préstamo». Pero en el video de la conferencia Claver-Carone no hace mención alguna de esa solicitud.
“La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos.Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo», dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a días del inminente desalojo del predio de Guernica. Tras la polémica frase, finalmente la gobernación terminó de pulir el plan para cumplir con ese objetivo. Este miércoles, Axel Kicillof dictará una resolución para que unos 600 barrios cerrados, countries y clubes de campo, se pongan en regla.
La medida apunta a una convocatoria “voluntaria”, donde los desarrolladores inmobiliarios serán notificados para que adecuen a la normativa vigentehasta julio de 2021. En concreto, la resolución permitirá que los barrios cerrados empiecen a tributar a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Pero también permitirá resolver el registro de cada vivienda e inmueble, un aspecto que desde La Plata -aseguran- traerá beneficios para los propietarios.
“Son cerca de $1500 millones más de recaudación, no es algo significativo. El tema no tiene un solo un perfil recaudatorio. Que estos barrios y desarrollos no estén en norma afecta mucho a los vecinos, porque no tienen un instrumento jurídico válido como son las escrituras y los títulos de propiedad«, confirmó a Infobae la medida la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.
En las últimas semanas, el gobernador Axel Kicillof entabló conversaciones en una charla virtual con representantes de la Cámara de Desarrolladoras Urbanos (CEDU) y de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), dos de los actores principales interesados en el plan de regularización.
@Kicillofok
En ese marco, el gobierno bonaerense les anticipó las intenciones provinciales y reconoció que la raíz del problema de los barrios cerrados irregulares surge de la burocracia estatal, cuyos trámites de habilitación pueden demorar años. Ese es uno de los objetivos por el que se creó, a comienzos de octubre, la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda (UTV), la autoridad de aplicación que quedó bajo la órbita de Teresa García y unifica 7 áreas diferentes de control y habilitación de los suelos que estaban dispersas.
“Promovemos una política que genere beneficios para todos: la Provincia, los municipios, los empresarios y los propietarios de las viviendas”, apuntó Kicillof durante el encuentro, y subrayó que lo que se pretende es “brindar soluciones tanto a los inversores para que puedan perfeccionar los trámites de dominio como a los sectores medios y populares que están en una situación de mayor precariedad y con problemas de escrituración”.
El plan apunta de adecuar a los barrios cerrados y urbanizaciones a tono con las leyes 8.912 y 14.449, que regulan el ordenamiento territorial y uso del suelo y el “Acceso Justo al Habitat», respectivamente. La convocatoria consiste en la agilización de todo el proceso normativo, en coordinación con los municipios, que se implementará con la creación de una mesa de ayuda permanente online y criterios y plazos para la regularización de los barrios privados.
Según los números oficiales, hay 343 desarrollos inmobiliarios ajustados a la normativa, otros 97 que ya están en proceso de resolución, mientras que 600 persisten tienen que normalizarse, ya que “no tienen ni su carpeta en los municipios”. Según el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, el 25% de los barrios privados no están en regla.
A este último grupo alcanzará la resolución que se firmará hoy a la tarde y se publicará este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.
“Es como una moratoria. Si no se adhiere, continúan las consecuencias jurídicas como las penalizaciones en ARBA y en cada organismo involucrado. También alcanza a temas con retraso como situaciones de movimiento de suelo que han causado daño ambiental”, precisó Teresa García.
La discusión sobre el uso del suelo
El conjunto normativo que alcanza a las urbanizaciones afecta a los emprendimientos denominados por el fisco como “macizos”. El problema empieza cuando el trámite para los desarrollos de barrios privados avanzan a nivel municipal, pero luego se traban en la administración provincial, o viceversa.
Este tipo de autorizaciones implican una rezonificación de las áreas rurales o semirurales. Generalmente, estos trámites terminan careciendo de validez, porque les faltan la aprobación de estudios en materia de impacto ambiental, factibilidad, planos y servicios donde intervienen distintos organismos.
Ante este tipo de situaciones, ARBA suele cobrar los impuestos a los desarrolladores, para que estos a su vez prorrateen el monto del tributo entre los propietarios condóminos, a manera de expensas. Sin embargo, al no haber una escritura y solo boletos de compra-venta, el Estado bonaerense pierde la percepción de un mayor ingreso, mientras que los propietarios perderían una parte del valor patrimonial.
“Esta convocatoria es un gesto voluntario para los emprendedores, que nos han venido pidiendo este tipo de normas para resolver los trámites”, agregó la ministra de Gobierno. “Es la primera vez que en 20 años que se busca regularizar el suelo con una norma así”, concluyó.
Uno de los puntos relevantes del plan es la aplicación de la Ley de Hábitat. La mesa técnica de trabajo que se creó junto a los representantes de la CEDU y AEV tendrán que resolver varios inconvenientes prácticos, entre ellos, la implementación de la normativa que obliga a la cesión de tierra para espacio libre, verde y público para equipamiento comunitario, o que establece un resarcimiento por daño ambiental.
Además, la normativa impone a cada desarrollador que ceda al municipio correspondiente el equivalente de 10% de “tierra ganada” que antes era rural. Se presupone que el desarrollador comparta el incremento patrimonial que se genera con la rezonificación y la urbanización. El cobro de ese porcentaje, sean en tierra o dinero, quedan bajo la potestad de los intendentes.
El plan para ordenar el suelo urbano venía tomando cuerpo en las últimas semanas. La Provincia busca actualizar el mapa de disponibilidad de las tierras públicas y privadas, que vienen siendo objeto de discusión con los conflictos territoriales por tomas de tierras. De fondo, no solo se intenta normalizar una situación dominial, sino identificar suelo fiscal urbanizable y que es susceptible para el desarrollo de soluciones habitacionales que reclaman los movimientos sociales.
CORDOBA.- La eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) genera una presión extra sobre los gobernadores ya que la masa de dinero que ingresaba a las provincias por esa vía oxigenaba las actividades vinculadas al consumo masivo. Cada vez que la Nación estuvo por suspenderlo, los mandatarios presionaron para evitarlo. Esta vez la decisión no tiene vuelta atrás. Fuentes de distintas jurisdicciones consultadas por LA NACION coincidieron en que no tienen margen para generar más ayuda social de sus propios presupuestos.
Los gobernadores, en las diferentes reuniones que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández, le insistieron en que el IFE era una herramienta «fundamental». Alcanza al 20% de la población del país y más allá de que los tres pagos de $10.000 que se hicieron durante los 233 días de aislamiento más duro significaron $128 diarios para los beneficiaros, sirvió para contener las tensiones sociales en los sectores más vulnerables. Prueba de ello es que todo el dinero iba a alimentos.
Un sector del kirchnerismo impulsaba reactivar el IFE con el impuesto a las grandes fortunas que hoy se tratará en Diputados y que tiene una proyección de recaudación de $ 307.000 millones.
El IFE tuvo un impacto fuerte: en Chaco el 27,5% de su población recibió la transferencia; le siguieron Santiago del Estero, con 26,5%; Formosa, con 26,2%; y Corrientes, con 25%». Según datos oficiales, en la otra punta quedaron la Ciudad de Buenos Aires, con 9,1%; Chubut, con 12,1%; Santa Cruz, con 13,6%; y Tierra del Fuego, con 14,8%. En distritos como Córdoba o Santa Fe, el IFE implicó $8000 millones para el consumo en cada pago; en Catamarca eran $10.000 millones.
Los sectores comerciales de las diferentes provincias presionan a sus propias autoridades para contar con algún anabólico porque consideran que «no están dadas las condiciones» para el retiro de las ayudas por parte del Estado. Por caso, el Centro de Almaceneros de Córdoba muestra en sus estadísticas de octubre que 51,6% de los clientes necesitaron de alguna ayuda estatal para consumir, de esos apoyos el 56% era IFE.
«Los anuncios dejan afuera a un segmento de las familias más vulnerables; habrá una repercusión en la compra de alimentos -explica Vanesa Ruiz, del Centro de Almaceneros-. Los días de cobro se notaba una suba en compras, para ellos, postergables, como más frutas, yogurt o leche».
Ministros de cinco provincias chicas y con altos índices de pobreza, señalaron que continúan los esfuerzos en comedores populares y en la entrega de alimentos, pero descartaron la posibilidad de un plan social masivo como los que instrumenta la Nación. «No es que se pierde todo lo que llegaba porque aumentan otras ayudas, pero será un golpe y se sentirá, en especial en un año muy complicado«, confió uno. Todos, aunque con distinto énfasis, admitieron que siempre diciembre los pone en alerta.
Desde Jujuy, el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Alonso, plantea que al corte del IFE se le suma la interrupción del ATP a «muchos sectores y Pymes». En ese segmento no hay reemplazos. «Hay algunos sectores que empiezan a mejorar, como la construcción, pero otros vienen más lentos y se quedan sin beneficios», agrega. En Rosario la situación es similar. «No tenemos un panorama claro de cómo seguirá -apunta Juan Milito del Centro de Almaceneros-. Lo nuevo mitigará algo el problema».
Las provincias -algunas cuadruplicaron sus presupuestos para ayuda social por la pandemia y la cuarentena- recibieron millones en estos meses por las transferencias por IFE, ATP, bonos a jubilados, Tarjeta Alimentaria, AUH y créditos a tasa cero, más allá de lo que les toca a cada administración en particular por coparticipación y giros discrecionales.
En julio -mes bisagra de la cuarentena- a Buenos Aires ingresaron $144.472 millones sólo por ayudas sociales, según datos Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para Córdoba fueron $32.500 millones; Santa Fe, $29.100 millones; $14.400 millones para Tucumán y algo más de $13.000 millones para Chaco. En Formosa y Jujuy ese mes los giros rondaron los $6800 millones.
El dictamen del proyecto que se debatirá hoy en la sesión pedida por Máximo Kichner, jefe del bloque de Frente de Todos, incluye varios aspectos considerados controvertidos por especialistas en impuestos, que son defendidos, sin embargo, desde el oficialismo en pos de “una mayor solidaridad ante la crisis de los que más tienen”, en un contexto de “gran concentración de riqueza”, en el que el Estado debió asumir gastos sociales y de salud extraordinarios para hacer frente al COVID-19.
La iniciativa que impulsa el oficialismo – y que es rechazada por la principal oposición de Juntos por el Cambio y la Izquierda- prevé que quienes tengan un patrimonio superior a $200 millones, hagan un “Aporte solidario, extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, tal como fue bautizado el texto presentado en la Cámara baja en agosto pasado.
El proyecto, redactado por el diputado Carlos Heller a pedido de Máximo Kirchner, establece el pago por única vez de una tasa progresiva para las personas físicas o “humanas” argentinas que superen esa cifra en patrimonio. No alcanza a los ciudadanos extranjeros. Para el pago del tributo, deben tenerse en cuenta la totalidad de los bienes en Argentina o en el exterior, y arranca con una alícuota del 2% para los que tienen $200 millones y llega hasta 3,5% para patrimonios de más de $3.000 millones en el país. La tasa se eleva hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en otro país.
El oficialismo necesita mayoría simple para aprobarlo, y si bien había dejado en stand by su tratamiento tras la firma del dictamen de mayoría firmado el 25 de septiembre, Máximo Kirchner lo reactivó a partir de las críticas de la oposición al “ajuste” contenido en el Presupuesto 2021. El Frente de Todos busca una suerte de “compensación ideológica” por haber eliminado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el año próximo, el recorte del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que el gobierno contribuye al pago de salarios en sectores y empresas afectadas por la pandemia, y el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que dejar de considerar en el cálculo la tasa de inflación, justo cuando el mes pasado, el índice de precios escaló al 3,8%. A esto se sumó la llegada de una misión del FMI con la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca negociar un acuerdo para tranquilizar el alza del dólar, que fue criticada por los senadores del Frente de Todos.
Máximo Kirchner es justamente uno de los tres diputados que, según el patrimonio declarado al cierre del 2019, deberá pagar este impuesto a la riqueza. Tal como reveló ayer Infobae, con bienes, acciones y dinero por casi $292 millones declarados este año ante la Oficina Anticorrupción (OA), el titular de la bancada oficialista en la Cámara baja debería pagar $5.834.784.
En cambio, Heller – quien redactó la letra chica de la iniciativa- – no estará alcanzado por el nuevo tributo, ya que declaró un patrimonio total al cierre de 2019 de $21,8 millones. Los otros diputados que sí deberán hacer el “aporte solidario” son el entrerriano Atilio Benedetti, de Juntos por el Cambio, y el bonaerense José De Mendiguren, del oficialismo y actualmente de licencia por estar al frente del BICE.
En la Cámara alta, si es aprobado el proyecto que se debatirá hoy en Diputados, deberán pagarlo los senadores José Alperovich (Tucumán – Frente de Todos), Maurice Closs (Misiones-Frente Renovador de la Concordia, aliado del oficialismo), Eduardo Costa (Santa cruz-Juntos por el cambio), Roberto Basualdo (San Juan- Bloque Producción y Trabajo, alineado con Juntos por el Cambio) y Juan Carlos Romero (Salta-Bloque Justicialismo 8 de Octubre, también opositor).
Estos ocho legisladores informaron en sus declaraciones juradas de 2019 presentadas ante la OA, bienes y dinero por encima del mínimo exento previsto en el proyecto de $200 millones, por lo que deberán poner el dinero de sus bolsillos por sumas que van de los $4,2 a los $36,3 millones. En conjunto, aportarían alrededor de $100 millones, según el cálculo de la Unidad de Datos de Infobae, corroborado con un estudio de tributaristas.
La fecha para la “foto patrimonial”
Uno de los puntos que no está claro en el texto que se discutirá es el que se refiere al momento del corte patrimonial. En la discusión en la Comisión de Presupuesto se cambió la fecha en la cual se tomará esa “foto” del patrimonio, y en lugar de ser al 31 de diciembre de 2019, finalmente se acordó que sería el día de entrada en vigencia de la ley. Así se sortearon los cuestionamientos a la retroactividad en la aplicación de la norma. Sin embargo, esto podría implicar tener que presentar una declaración jurada especial para este aporte “excepcional” a fin de noviembre, cuando para las declaraciones impositivas ante la AFIP se hacen al 31 de diciembre, fecha de cierre de muchos balances de empresas también.
Ante la consulta de Infobae, Heller -presidente de la Comisión de Presupuesto – explicó que “el proyecto de ley prevé que sea la AFIP la que se encargue de dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados”.
Según datos del organismo fiscal, estarían en condiciones de pagarlo unas 9.300 personas y se recaudarían más de $307.000 millones, equivalentes a un punto porcentual del PBI. De acuerdo a las estimaciones del Frente de Todos, “alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 a $400 millones. La mayor tasa alcanza a menos de 300 personas”.
No obstante, Heller advirtió que los montos “son estimaciones, en base a datos históricos conocidos, de lo que pueden ser los resultados finales”. Y destacó: “En el caso de personas alcanzadas, siempre hemos manejado intervalos. Lo importante no es si son 10.000 o 12.000, lo relevante es que son muy pocas personas. Por ejemplo, la mitad de la recaudación potencial adicional por el Aporte solidario y extraordinario, sería ingresada por el 2,7% de los contribuyentes alcanzados, que equivalen al 0,03% del total de las personas humanas que presentaron sus declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019. Lo que da idea del escaso número de personas alcanzadas, y también de la fuerte concentración de riqueza”.
Sin embargo, tributaristas consultados por Infobae estiman que el universo de contribuyentes alcanzados será más amplio ya que, al tomarse el patrimonio al momento en que entre en vigencia la ley -aproximadamente en dos o tres semanas-, los que tengan tenencias en dólares, ya sea en el país o en el exterior, deberán consignarlas en pesos al valor del dólar oficial a noviembre de 2020, alrededor de $85. “Esto redundará en una diferencia en las valuaciones en pesos y en un patrimonio muy superior por la diferencia cambiaria de un 30% respecto al dólar del 31 de diciembre de 2019, cotizado por la AFIP en $59,69 para la declaración de Bienes Personales que debió presentarse este año”, explicó César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados.
En defensa del proyecto, Heller le dijo a este medio que “los parámetros se fijaron en pesos argentinos, y $200 millones es un nivel de riqueza personal de por sí muy alto”.
“Inequidad tributaria”
Otro aspecto cuestionado se refiere a que los $200 millones de patrimonio a partir de los cuales las personas humanas estarán obligadas a pagar el impuesto es el “mínimo exento”, no un «mínimo no imponible”, por encima del cual recién se empieza a pagar una alícuota. Esto podría generar situaciones de “inequidad tributaria” entre personas de similar posición económica, advierten los expertos en tema tributarios.
“Afecta la igualdad ante la ley, que es una garantía constitucional. La Constitución dice que se debe pagar impuestos en base a la capacidad económica. Quien tiene igual capacidad debe pagar el mismo impuesto. Pero según este proyecto, una persona que tenga $199.999.999 no paga nada y una que tenga $200.000.001 en la Argentina pagará $4 millones. O sea, dos personas que tienen la misma capacidad económica, una paga y la otra no”, analizó Litvin.
César Litvin, tributarista y CEO de Lisicki Litvin & Asociados.
También la “igualdad tributaria” se vería vulnerada por “la discriminación en las alícuotas entre quienes tienen bienes en la Argentina y en el exterior, porque tienen la misma capacidad económica, pero pagan distintos impuestos”, agregó.
Otra crítica radica en que el nuevo impuesto no contempla las deudas, por lo que equipara a dos personas con situaciones financieras muy distintas, y patrimonio neto diferente.
“Confiscatorio”
Además de estas características que podrían implicar para este tributarista que sea considerado “anticonstitucional”, se suma el de su posible carácter “confiscatorio”. Distintos especialistas en impuestos coinciden en que «se superpone” el impuesto a los Bienes Personales e implica una “doble imposición”, lo que podría derivar incluso en su judicialización.
“Son reiterados los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que ha sostenido que un impuesto es confiscatorio y, por ende, incompatible con el derecho de propiedad, cuando el contribuyente logre acreditar ‘la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado’”, opinó Alberto Mastrandrea, socio principal de impuestos en BDO, en una columna en Infobae.
Su colega de Lisicki Litvin & Asociados coincidió: “Es confiscatorio en la medida que absorbe una gran parte de la renta. En un año como este, es muy difícil tener algún tipo de inversión financiera que supere este impuesto. Ya sea el que cobra alquileres, el que compró títulos argentinos, o bonos del Tesoro norteamericano. Ninguno obtuvo una renta como para pagar este tributo. En estos casos, se afecta una garantía constitucional que se llama el derecho a la propiedad privada. Y eso se repotencia si sumás los dos impuestos: Bienes Personales que grava patrimonio y este tributo de grandes fortunas que, en su máxima expresión, implica llegar al 7,5%. No existe en el mundo ningún impuesto que llegue a esos porcentajes”.
Argentinos vs extranjeros
Distintos tributaristas coinciden en que el “aporte solidario” previsto implica una “doble imposición” que violaría también garantías constitucionales, ya que existe otro impuesto similar como es Bienes Personales, y castiga al inversor argentino por encima del extranjero, que no está alcanzado ni tiene un tributo similar en su país de origen.
“Otro punto es que es más caro que Bienes Personales, porque este nuevo tributo no contempla ninguna exención. Por el contrario, incluye activos que están exentos del pago del impuesto a ese impuesto, como los títulos públicos argentinos y los depósitos en bancos argentinos, además de la “vivienda casa habitación” o los inmuebles rurales. O sea que se está penalizando a quien invirtió en bonos del país o dejó su dinero acá”, advirtió Litvin.
Sin embargo, Heller opina lo contrario. “Se establecen tasas más altas para aquellos que poseen activos en el exterior, pero con una posibilidad de evitar estas sobretasas si repatrian al menos un 30% del valor total de sus activos financieros en el exterior. De esta forma, gana el país y los propios sujetos alcanzados por el aporte. Además, no debe olvidarse que es un aporte extraordinario y por única vez”, subrayó.
En efecto, la alícuota prevista llega hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en el exterior, pero si deciden repatriar el 30% de sus tenencias financieras afuera, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes en el país.
El presidente Alberto Fernandez, con Máximo Kirchner, Carlos Heller y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en abril pasado cuando el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. (NA)
Participación en empresas
Otra crítica que recibió el proyecto se refiere a que si bien el impuesto es sobre las personas físicas, los que sean dueños de una empresa nacional o tengan un porcentaje, van a tener que valuarlo para incorporarlo al cómputo del pago del nuevo aporte. “De este modo, se desalientan y espantan las inversiones. Y se afecta el consumo, el empleo, y la actividad económica, y se alienta la fuga de cerebros de fuga de fortunas a países que lo tratan con mucho más cariño”, alertó Litvin. “Hoy la Argentina lo que necesita en la pos-pandemia son inversiones. En el mundo se esta haciendo una competencia feroz para ver quien atrae mas inversiones con bajos impuestos. Y a la larga se genera mas recaudación cuando hay mas inversiones, porque se mueve más la economía y se recauda más”.
Pero en la visión de Heller, “las acciones o participaciones en empresas resultan parte del patrimonio personal, y por ello están incorporadas. El aporte es solidario, para ayudar a la situación de pandemia, y por única vez: por ello, incluso, no existen exenciones a determinados bienes. No olvidar que alcanza a los más ricos de la Argentina, que no van a dejar de ser ricos por el aporte solidario”.
La inclusión del patrimonio para el pago del “aporte solidario” de los inmuebles rurales, también despertó preocupación asimismo en el sector agropecuario, ya que hoy están hoy exentos de Bienes Personales cuando sus titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino. “Este impuesto no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. En un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deberán desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”, señalaron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado.
En un documento del Frente de Todos denominado “Elementos para la discusión del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas de la Argentina», se afirma que “es una medida de necesidad evidente, absoluta equidad y pragmatismo fiscal”. Y se cuestiona el “relato” de que “hay un sujeto central en la reconstrucción del país post pandemia: es el empresariado. Este sujeto ocupa el lugar del Estado. En la medida que, en este discurso, el empresariado es el protagonista central en la reconstrucción pospandemia, el rol del Estado consiste en no interferir. El principal rol del Estado sería, según esa lógica, no atentar contra las potencialidades de ese sujeto empresario en su tarea de reconstruir el país. Es decir: así como se acepta que el Estado es central en la contención de la crisis, se sostiene implícitamente que ese mismo Estado debe delegar el protagonismo en el empresariado en la salida de la crisis. Hay un cambio de jugador: el Estado es suplantado por el Empresario”.
El destino de lo recaudado
Los críticos del proyecto alertan que sólo el 20% de lo recaudado estarádestinado a «la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria”. Un 20% se destinará a subsidios a empresas pequeñas y medianas; un 20% al programa Progresar de estudiantes; un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana orientado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares; y un 25% a programas de exploración desarrollo y producción de gas.
En la defensa del proyecto, el Frente de Todos argumentó que “en sus cuatro años de gestión, Macri acumuló reducciones de los impuestos a las personas y empresas de mayores patrimonios e ingresos por equivalente total de casi 7% del PBI: este impuesto permite recaudar 1 de esos 7 puntos para financiar la emergencia y la recuperación”.
Según las previsiones del oficialismo en el mes de agosto, cuando ingresó el proyecto a Diputados, “los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado Nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Se trata del equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios. Este aporte extraordinario, en comparación, representa solamente el 34% de ese enorme esfuerzo que están haciendo todas/os las/os ciudadanas/os por medio del Estado”.
Los criterios de distribución y el control de esos fondos -que en principio no son coparticipables– generan interrogantes y dudas, tanto en expertos como en la oposición política.
“En cuanto a la equidad vinculada a la relación Nación-provincias vemos con preocupación que se vulnera en el proyecto del oficialismo –nuevamente– el federalismo. Alterando reglas y legislando a ciegas, sin datos sobre el efecto en cada uno de los distritos que traerá consigo el denominado “aporte solidario y extraordinario”, no se construye la legitimidad política que requiere toda carga impositiva. ¿Cómo están distribuidos esos patrimonios a lo largo de las provincias? ¿Qué efectos tendrá en las jurisdicciones esa merma de dinero? ¿Por qué sólo al Estado nacional si gran parte de las asignaciones del “aporte extraordinario” tienen competencia jurisdiccional en las provincias? Un “aporte extraordinario” no puede carecer de estas respuestas”, advirtió Juntos por el Cambio en su dictamen de minoría.
Los cambios que pretende el kirchnerismo sobre el Ministerio Público Fiscal, en medio del debate por la postulación de Daniel Rafecas como candidato a la Procuración General, volvieron a despertar el alerta del mundo judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sostuvo que se trata de “otra amenaza a la independencia de los Ministerio Públicos” y advirtió que modificar la actual legislación implica consensos y no “mayorías políticas circunstanciales”. “Exigimos a nuestros legisladores el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, disparó la entidad.
Por su parte, la entidad que representa a los fiscales rechazó las iniciativas presentadas por ser “contrarios al espíritu de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido”. Y sostuvo que bajo la excusa de una “pretendida mejora del servicio de justicia” se busca “dar por tierra desde su nacimiento al sistema adversarial” y condicionar el desempeño “independiente” de los fiscales.
El jueves pasado, Infobae dio cuenta de la última jugada en el Senado del kirchnerismo duro para avanzar sobre el Procurador de la Nación. El ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck presentó un proyecto en el Senado para acortar a cinco años el mandato del jefe de los fiscales y elimina la mayoría de los dos tercios para elegir o removerlo. Pero en ese proyecto, además, se pone en riesgo de los fiscales, al proponer modificar la composición del Jurado de Enjuiciamiento, sumando más representantes del Congreso, salteando instancias en el procedimiento previo. El nuevo proyecto plantea modificar la composición del Jury de 7 a 9 miembros, aumentando la representación de los órganos políticos.
Mientras tanto, en las últimas dos semanas una docena de juristas pasaron por la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el neuquino Oscar Parrilli, en dondecoincidieron en la necesidad de acortar el mandato del Procurador que hoy es vitalicio. Hoy será la última reunión de los especiales. El miércoles próximo, el presidente Alberto Fernández recibirá el informe de los once juristas que eligió para asesorarlo en distintas reformas en el ámbito judicial, en donde se destaca el Ministerio Público: no solo se discute ponerle plazo al mandato sino la forma de elegirlo.
Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados
En ese contexto, en un comunicado, la Asociación de Magistrados reiteró su “profunda preocupación ante proyectos legislativos que intentan modificar las Leyes Orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación”. Según reseñó, “en esta oportunidad se propone establecer mayorías simples para la designación y remoción de sus titulares, limitar la duración de su mandato y alterar el funcionamiento de ambos Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes, entre otras cuestiones”.
Tras recordar que “las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 Constitución Nacional, y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”, la entidad afirmó que para modificarlas se requiere “consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”.
“Esto nos obliga a reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona. Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, se resaltó.
La entidad que preside el juez Marcelo Gallo Tagle también afirmó que “las leyes Nº 24.946 en su momento, y hoy las Nº 27.148 y Nº 27149, dictadas en junio de 2015, adquieren respecto de los elementos estructurales de ambos Ministerios Públicos el carácter de piso consolidado que no puede ser vulnerado por una normativa regresiva posterior”.
“Desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, afirmó.
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación también emitió un comunicado para recordar que desde ese espacio “se viene ofreciendo de manera permanente a las autoridades legislativas su conocimiento, experiencia y voluntad para colaborar en proyectar legislación en el sentido de alcanzar la puesta en marcha del sistema acusatorio en el orden procesal penal y una más moderna gestión en el área no penal”.
Carlos Rívolo, de la Asociación de Fiscales
Sin embargo, se resaltó, “verificar la existencia de proyectos de ley absolutamente inconsultos y contrarios al espíritu de independencia, autonomia funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido en su artículo120 , genera una enorme preocupación y rechazo debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y las funciones que deben cumplir las y los Fiscales, entre otros temas: modificando y debilitando los modos de elección y remoción del Procurador General, proponiendo una inusitada reelección del mismo, generando una integración mayoritariamente de naturaleza política en el Tribunal de Enjuiciamiento y con un poder de discrecionalidad en la posibilidad de habilitar procesos disciplinarios”.
Según la entidad que preside el fiscal Carlos Rívolo, “la pretendida mejora del servicio de justicia, a través de este y otros proyectos de ley, no es mas que dar por tierra desde su nacimiento al sistema adversarial y a las y los Fiscales en la posibilidad de desempeñarse de manera independiente y autónoma en su función, recordándo una vez más que esto no es una garantía individual y corporativa de los integrantes del Ministerio Público Fiscal sino que integra el acerbo de toda la sociedad”.
MONTEVIDEO (AFP).- La OEA «tenía que estar» en los comicios presidenciales de 2019 en Bolivia para evitar que Evo Morales «se robara la elección», asegura el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en un libro sobre su figura que se publicará mañana, en el que también habla sobre su relación con la Argentina.
«A mí me constaban los problemas que tuvo la Misión de Observación Electoral» (MOE) que supervisó el referéndum para habilitar la reelección de Morales. «Y lo que demoró el gobierno en admitir la derrota de ese referéndum y el papel que habíamos jugado nosotros para que admitiera la derrota».
«Entonces si no estábamos [en las elecciones presidenciales], esto iba a estar muy complicado, muy complicado», dice el diplomático de 57 años entrevistado por los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira para el libro Luis Almagro no pide perdón, de editorial Planeta.
Aquellas elecciones bolivianas también descalabraron la relación entre Almagro y Alberto Fernández, cuando el uruguayo declaró que hubo «dos espías argentinos» en la MOE y el presidente argentino contestó que su gestión en la OEA sería recordada como «la más penosa» que haya tenido el organismo.
En el libro, el diplomático dice que hasta ahora no tuvo «ningún diálogo directo» con el mandatario argentino para limar asperezas. Y si bien asegura que él está abierto a esa posibilidad, entiende que la relación «no va a tener arreglo».
-¿Por la lógica kirchnerista?
-No, los cubanos juegan muy fuerte pidiendo mi cabeza. Y tienen algún crédito ahí. No tengo cómo dar vuelta eso. No tengo nada que ofrecer, olvidate.
No, los cubanos juegan muy fuerte pidiendo mi cabeza. Y tienen algún crédito ahí. No tengo cómo dar vuelta eso. No tengo nada que ofrecer, olvidate
Luis Almagro
Una denuncia de fraude de la misión de observación de la OEA en los comicios del 20 de octubre de 2019 fue determinante para la caída de Morales. Pero, según consigna el libro, el involucramiento del diplomático uruguayo en el derrotero del mandatario boliviano empezó mucho antes.
Almagro desconcertó a muchos cuando en mayo de 2019 visitó a Morales y avaló su candidatura, poco después de haberle pedido que respetara la decisión de su pueblo, que en referéndum se había negado a habilitarle la posibilidad de reelección para un cuarto mandato.
Pero en esa visita, cuenta, se firmó el aval para la MOE. «Y para mí eso era todo».
«Abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí eso era imposible, imposible. Evo tenía menos votos todavía que los que había tenido cuando el referéndum, o sea que no tenía forma. Después abríamos la posibilidad de que la oposición boliviana ganara legítimamente. Y cerrábamos la posibilidad de que Evo se robara la elección», explica.
«Yo tenía que tener esa posibilidad de evitar eso, si pasaba. (…) Al final cerró».
Consultado sobre si no realizó una interferencia política directa, Almagro responde: «No, no. Yo estoy a lo que me diga la misión de observación. Yo no le digo a la misión de observación los resultados».
«Pero si un acta está adulterada, está adulterada. Si había servidores ocultos, había servidores ocultos. Si esos servidores ocultos metieron cientos de miles de votos, hicieron eso. Listo. Nos basamos en hechos. Y nosotros estamos a lo que ellos digan. Si decían: ‘Ganó Evo’, ganó Evo y listo, se terminó la historia».
La victoria de su delfín, Luis Arce, en las presidenciales del pasado 18 de octubre provocó que Morales pidiera la renuncia de Almagro, porque según el exmandatario boliviano ese resultado demuestra que en la votación de 2019 no hubo fraude.
Pero Almagro considera que «no hay cifras trasladables» entre ambas elecciones.
El uruguayo se vanagloria de elogios que aseguran que revitalizó una OEA moribunda, y afirma que lo hizo con escasos recursos.
«Cambiamos la organización con cuatro chauchas y dos palitos. La OEA tiene un presupuesto de un community college de Washington. Y eso no era culpa de los secretarios generales anteriores. Fue parte de una estrategia del chavismo y los cubanos, que al tiempo que fortalecían la Celac y creaban la Unasur fueron acortando de recursos a la OEA», dice.
Asegura, además, que nunca pide perdón porque siempre actúa de buena fe.
«Nunca pido disculpas (…) Nunca hago nada buscando sacar una ventaja tuya o del otro. De nadie. No me interesa. Si siempre actuás de buena fe y procurás generar las mejores soluciones para la gente, no te tenés por qué disculpar».
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Fernández reiteró que el Estado no debe desentenderse de la problemática de salud pública que implican los abortos clandestinos:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YLQP34GA7VBG7MSPUL3LDJ52LQ.jpg)
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El presidente Alberto Fernandez, con Máximo Kirchner, Carlos Heller y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en abril pasado cuando el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. (NA):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OY3QLLZ2Y5EM7CKFJDMCJAJRAU.jpg)
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Carlos Rívolo, de la Asociación de Fiscales