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El Día de la Soberanía demoró el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas. El feriado del próximo lunes obligó al Senado a arrancar el debate en comisión recién el martes 24, lo que impediría que la ley que grava los bienes declarados por más de $200 millones sea votada en noviembre. Aún así, el trámite será uno de los más rápidos en el Congreso, a diferencia por ejemplo del pliego de Daniel Rafecas, el nombre propuesto por el Presidente para la Procuración. El decreto de Alberto Fernández ingresó el martes 11 de marzo y con el argumento de que el oficialismo no tiene los dos tercios requeridos según la actual ley, no se convocó a una sola reunión de Acuerdos para tratarlo.

La media sanción del Aporte Solidario y Extraordinario fue girada el miércoles pasado, apenas unas horas después de que terminara la sesión en la que se sancionaron dos leyes y se votaron otras dos. Impulsado por Máximo Kirchner y trabajado por Carlos Heller, el proyecto de ley tuvo varios meses de demora en Diputados, aunque no tantos como el pliego de Rafecas en el Senado. A diferencia del candidato a Procurador, finalmente se discutió y a la Cámara baja fueron a respaldar la votación cuatro ministros, entre ellos el propio Martín Guzmán de quien hasta esta semana se dijo que resistía el impuesto.

El miércoles el presidente de la Cámara, Sergio Massa, informó formalmente a Cristina Fernández de Kirchner el cumplimiento, con los votos requeridos, del artículo 75 de la Constitución Nacional. Ella, sin embargo, estaba en El Calafate desde donde siguió la sesión. Volverá para las próximas sesiones y para la sanción del impuesto ideado por su hijo.

El Senado será cámara revisora por lo que el bloque del Frente de Todos no haría ningún cambio al texto para sancionarlo rápidamente. Se requiere la mayoría de 37 votos (la mitad más uno del cuerpo). Y el oficialismo los tiene.

Atiborrados de temas de fin de año y con la urgencia del proyecto de Ley de Endeudamiento que defendió el propio Guzmán en la comisión de Presupuesto esta semana, los senadores oficialistas no tienen aún una hoja de ruta. Sólo saben que se votará rápido y que cuentan con el número para su aprobación. Además, la otra prioridad era avanzar este viernes en comisión con los cambios a la ley del Ministerio Pública Fiscal que bajan a 37 la mayoría requerida para su designación, dejan en dos tercios los votos exigidos para su remoción y acortan el mandato a cinco años. Por eso el impuesto se demoró hasta el martes.

Tres ministros y varias funcionarias e intendentes flanquearon a Máximo Kirchner y a Sergio Massa antes de la votación de la ley

El único traspié para la ley son los plazos para su tratamiento. El interbloque opositor de Juntos por el Cambio no facilita ningún debate al oficialismo, mucho menos para un proyecto con el que disienten casi la totalidad de radicales y macristas. “Si hubiera sido a principio de año, tal vez podríamos haber discutido”, dijo a Infobae un importante senador que recordó los inicios del año legislativo cuando avalaron la renegociación de la deuda tanto bajo legislación extranjera como local. Sin embargo, parece muy difícil que hubiera habido alguna chance de consenso para este impuesto. De hecho desde el inicio de la pandemia, cuando Máximo Kirchner lo pensó, las señales fueron en contrario y se exigió excluirlo de las conversaciones como condición para sesionar en forma remota.

No obstante, con el fin del aislamiento social y obligatorio y en el marco del debate por el Presupuesto 2021 (sin algunas partidas de ayuda social como IFE y ATP) y con la misión del FMI en Argentina, Máximo Kirchner desempolvó el proyecto que ya tenía dictamen de comisión. Fue una decisión para compensar el ‘ajuste’ atribuido a las cuentas de Guzmán. El aplauso de pie de su bloque tras la votación reveló las ansias contenidas por la tropa propia.

Martín Lousteau y Carlos Caserio, un clásico cruce en la comisión de Presupuesto

En total el trámite legislativo en el Senado tomaría no más de dos semanas, desde el ingreso del proyecto hasta la sanción de la ley. El cordobés Carlos Caserio preside la comisión de Presupuesto y es apegado a las formalidades por lo que tal vez daría dos reuniones de comisión para darle lugar a la oposición en la discusión, aún cuando no haya cambios. Incluso podría haber algún invitado, como la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien en Diputados había calculado en 9278 el total de personas alcanzadas por el tributo pero acaba de informar que esa base se ampliaría. Sería un trámite similar al del Presupuesto 2021 que sólo contó con funcionarios de Economía y el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso antes de avanzar en un trámite veloz. Por lo tanto, entre el martes y a lo sumo el miércoles 25 habría debate. Tras la firma del dictamen deberán pasar siete días para llevarlo al recinto por lo tanto la sesión no podría ser antes del 2 o 3 de diciembre.

La cuestión es que el 30 vencen las sesiones ordinarias. La posible extensión la definirá la Vicepresidenta en el transcurso de la semana que viene. Según voceros del bloque oficialista es altamente probable que así suceda. Caso contrario debería ser el Presidente quien incluya el impuesto a la riqueza en el temario de Extraordinarias. Los memoriosos recuerdan dos momentos en que hubo prórroga de Ordinarias: en diciembre del 2001 y en el 2015.

Esta semana el gobernador Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) volvió a defender el impuesto a la riqueza

En la Cámara alta los votos están garantizados. El bloque del Frente de Todos cuenta con 41 senadores (uno de ellos de licencia, el tucumano José Alperovich, acusado de abuso sexual) y la ley requiere mayoría absoluta de 37 senadores, la mitad más uno del cuerpo. A los propios podrían sumarse dos radicales de Jujuy: Mario Fiad y Silvia Giacoppo. Y siempre hay dudas sobre el voto de Carlos Menem.

En Diputados tanto Gabriela Burgos como Jorge Rizzoti votaron a favor del aporte solidario y defendieron su postura, a pesar de los roces dentro de su interbloque. Incluso el gobernador Gerardo Morales, que varios meses atrás se había expresado a favor, los respaldó sumándolos a un acto el mismo miércoles de la votación. Los elogió porque su actuación en el Congreso que “prioriza los intereses de la provincia”. En el interbloque hay quienes toman distancia de Morales y hasta bromean cuando se cuenta a los gobernadores propios: en la lista suman a Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez y Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, sólo tres.

Habitualmente muy opositores a las iniciativas más polémicas y alineados con el interbloque de Juntos por el Cambio, Fiad y Giacoppo no manifestaron su posición y aún no conversaron al respecto con su jefe, Luis Naidenoff. Morales sí habló desde la provincia: “Si los que más tienen no van a hacer un aporte adicional por única vez para generar un fondo, ¿en qué país vivimos?”, se preguntó. Y agregó que “hemos acompañado la media sanción de la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas a través de los legisladores jujeños y seguramente en el Senado de la Nación también va a ser acompañado, porque los programas sociales y las políticas nacionales tienen un anclaje”, consideró antes de agradecer la ayuda en concepto de IFE enviada por Nación.

En ese contexto, Juntos por el Cambio admite que no tiene mucha capacidad de negociación ni para imponer sesión con mayor presencialidad como se logró en Diputados ni para torcer los tiempos legislativos. “Nos sentimos impotentes, salvo visibilizar no podemos hacer otra cosa”, indicó un senador de los más participativos en las sesiones. Cerca de Naidenoff aún esperan al inicio del debate el martes para coordinar, aunque reconocen que sólo tienen en su haber la posibilidad de votar en contra.

Fuente: Infobae.com

El empresario banquero Jorge Horacio Brito, expresidente del Banco Macro, falleció esta tarde en un accidente cerca del dique Cabra Corral. El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 en la zona donde se practica rafting. Según el portal de la FM 89.9, el empresario había mantenido una reunión con el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, en Finca Las Costas. Una vez concluido el almuerzo, Brito partió en el helicóptero junto a su piloto rumbo a Joaquín V. González, donde tiene propiedades. Eurocopter, el modelo usado por Brito. (Foto gentileza El Tribuno). La Policía local indicó a medios locales que una cuadrilla de la División Lacustre se trasladó al lugar, para corroborar la noticia. El siniestro habría ocurrido en el kilómetro 34 de la Ruta 47. Foto de la zona: Dique Cabra Corral. Según las primeras informaciones la aeronave se habría enredado en un cable de tirolesa perteneciente a la empresa Salta Rafting. [AVISO] Suceso accidente aeronave helicóptero Eurocopter Ecureuil matr. LV-FQN ocurrido en Embalse Cabra Corral (Salta) a aprox. 21.30hs UTC. 2 fallecidos. Interviene JST Sede Córdoba. — Junta de Seguridad en el Transporte (@JSTargentina) November 20, 2020  .

Fuente: Perfil.com

El presidente Alberto Fernández puso el miércoles una nueva fecha al ajuste tarifario y sorprendió con sus dichos a las empresas de gas y electricidad que vienen discutiendo con la Secretaría de Energía las opciones para el descongelamiento a partir del mes próximo. Así lo confirmaba hasta hace pocos días el propio Secretario, Darío Martínez. Pero, acontramano de las afirmaciones públicas del funcionario y de las expectativas del sector, que esperan en diciembre el vencimiento del decreto que impide aumentar los precios de la luz y el gas, el Presidente ratificó que “no habrá aumentos este año” y anticipó en declaraciones televisivas que “a partir de marzo se comenzará a estudiar” la revisión de las tarifas. En sus dichos, mencionó también al interventor del Enargas, Federico Bernal, referente del cristinismo duro en materia energética, quien ya había anticipado hace tres semanas las dificultades para corregir los valores de la energía a partir de diciembre -incluso de manera transitoria-, dado el tiempo que insumiría cumplir con el proceso previo obligatorio de audiencias públicas.

La afirmación presidencial siembra nuevas dudas no sólo entre las empresas sino también sobre el propio Presupuesto 2021 aprobado esta semana en el Congreso en el que, si bien se prevé un aumento real del monto destinado a los subsidios, se establece mantener la misma relación que este año respecto del PIB. Entre 2019 y 2020, los subsidios económicos pasaron de representar el 1,5% del PIB al 2,2%, porcentaje que el ministro de Economía, Martín Guzmán, aclaró que pretende mantener con la aplicación de aumentos de tarifas “que acompañen la inflación”.

Por el lado de las compañías, tanto distribuidoras de gas como de electricidad, no ocultaron su desconcierto por las declaraciones presidenciales. Proyectan ahora el peor de los escenarios: si tampoco en marzo se logra avanzar en una revisión tarifaria, se habrá perdido la última oportunidad del año 2021 ya que difícilmente, advierten, se avance en un esquema de recomposición a medida que se acerquen las elecciones legislativas. “Si lo patean a marzo, es marzo o nunca”, sintetizaron en una de las empresas. En el sector, sin embargo, reconocen el buen diálogo con Energía y “el entendimiento” de las autoridades respecto de la situación.

La afirmación presidencial siembra nuevas dudas no sólo entre las empresas sino también sobre el propio Presupuesto 2021 aprobado esta semana en el Congreso en el que, si bien se prevé un aumento real del monto destinado a los subsidios, se establece mantener la misma relación que este año respecto del PIB

En esa línea, Martínez había ratificado hace un mes que no habría una nueva prórroga al decreto de congelamiento e insistió, la semana pasada, en que apuntaba a “llegar con todo listo al verano”, en alusión al plan para ajustar las tarifas en un contexto de “optimización de los subsidios”. Esto es, un direccionamiento más eficiente hacia aquellos usuarios que no puedan pagar, gracias al mayor volumen de información que dejaron los programas de asistencia económica por la pandemia. Sin embargo, esos planes podrían ahora verse demorados un par de meses. Tras los dichos de Alberto Fernández, ahora en Energía se limitan a responder que “la decisión sobre el vencimiento del decreto, si se prorroga o no, depende de Presidencia”. No descartaron, de todos modos, un esquema de transición.

Es que en la órbita del Ministerio de Economía, del que depende la secretaría, el foco está puesto en el nivel de gasto, en el marco de la negociación que transcurre en estos días con el Fondo Monetario y de la cual los subsidios es un tema central.

La reducción en el costo de generación es atribuida a la fuerte caída en el precio de los combustibles y también a su menor utilización, por la menor demanda eléctrica. Sin embargo, los especialistas pronostican que esa disminución se revertirá en los próximos años, con el consecuente impacto en los subsidios o, su contraparte, las tarifas

Durante el primer semestre de este año absorbieron 9% del gasto total, 2 puntos más que el año pasado. Ese gasto se viene acelerando y podría, de la mano de la recuperación del precio de los combustibles, crecer aún más en el rubro electricidad. Es lo que plantearon los consultores Patricia Charvay y Nicolás Arceo, ambos ex directores de YPF designados en su momento por Axel Kicillof, en un análisis publicado ayer en el portal especializado Econojournal. “Los subsidios en la generación eléctrica pasaron de USD 3.200 millones en 2019 a aproximadamente USD 4.200 millones durante 2020. Sin embargo, de no haberse producido una disminución en el costo de generación, los mismos podrían haber alcanzado los USD 6.000 millones”, afirmaron.

La reducción en el costo de generación es atribuida a la fuerte caída en el precio de los combustibles y también a su menor utilización, por la menor demanda eléctrica. Sin embargo, los especialistas pronostican que esa disminución se revertirá en los próximos años, con el consecuente impacto en el nivel de subsidios o, su contraparte, las tarifas. “La instrumentación del Plan Gas seguramente permitirá revertir los niveles de declino que exhibió la producción a lo largo del último año pero también implicará que el costo de generación de energía eléctrica no continuará disminuyendo, al menos, durante los próximos años”, dicen en el texto, en el que agregan “su impacto en términos de subsidios al sector eléctrico dependerá de la evolución de las tarifas durante el próximo año”.

Fuente: Infobae.com

La directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont reconoció que el impuesto a la riqueza podría alcanzar a más de las 9298 personas previstas en un primer momento, debido a la fecha que se tome como referencia para la tasa. Ocurre que el «aporte extraordinario» se calculará sobre los informados a la fecha en que promulgue la ley, en lugar de hacerlo según los bienes declarados al 31 de diciembre de 2019. «El ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el número del universo alcanzado, vamos a verlo a medida que se presenten las declaraciones juradas», indicó la funcionaria en declaraciones a Radio Con Vos. La diferencia se debe a la cotización de la divisa estadounidense, que la que terminará incidiendo en el alcance de la contribución e impactaría en una mayor cantidad de contribuyentes. El tributo se comienza a pagar a partir de $200 millones, los que a diciembre correspondían a unos US$3,3 millones, mientras que si se calcula con el valor oficial del dólar ayer, equivalen a unos US$2,5 millones. AEA criticó el impuesto a la riqueza: «Afecta la propiedad privada y puede ser confiscatorio» En el proyecto que los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner habían diseñado en abril se contemplaba diciembre como fecha de corte. Sin embargo, el que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados indica que se tomarán los bienes declarados a la fecha de promulgación de la ley. Mientras el oficialismo apure el proyecto en el Senado, ese plazo fecha podría ser los primeros días de diciembre. “Van a tener que hacer una declaración jurada y presentar cuál es el patrimonio”, explicó Marcó del Pont, por lo que recién a la fecha de cierre se podrá determinar cuál es el universo que se verá alcanzado. De acuerdo con el organismo, deberían tributar a diciembre del año pasado 9298 contribuyentes, aunque ya no sería así de acuerdo con la valuación de este año. “Cuando vemos qué sector de los contribuyentes estaría alcanzado por este aporte con datos a diciembre del año pasado nos da el 1% de los contribuyentes. Es un impuesto progresivo y partimos de que la forma más sostenible y consistente de financiar al gasto público es a través de impuestos y no del endeudamiento”, dijo Marcó del Pont. Impuesto a la riqueza: la CAC dice que «incrementaría una presión impositiva ya muy elevada» La advertencia de los empresarios La Cámara Argentina de Comercio, entre otras entidades que advirtieron un incremento en el universo estimado, solicitó incrementar la suma exenta –originalmente fijada en $200 millones– a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses. Caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto. Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacó que debe tenerse en cuenta que la suma de los gravámenes sobre los activos «podría alcanzar una tasa de hasta el 7,5%, la que se calcula sin considerar las deudas que pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente», advirtió.

Fuente: Perfil.com

El 9 de noviembre, el gobierno bonaerense distribuyó una circular que consignaba los partidos en condiciones de iniciar con actividades educativas. Eran poco más de cien, que se sumaban a los otros 26 distritos que ya habían sido habilitados para el regreso a las clases presenciales. Casi toda la provincia de Buenos Aires, donde cursan cuatro millones de alumnos, con el aval para retomar la presencialidad. Pero hasta ahora la apertura es solo declarativa. La gran mayoría de las escuelas, por imposibilidad o falta de voluntad, siguen cerradas.

A solo un mes del cierre del ciclo lectivo, la apertura es optativa. Por un lado, algunos establecimientos le bajaron el telón al año. Por otro, los colegios que sí desean abrir se toparon contra un sinfín de trabas burocráticas. En principio, cada institución debe presentar una carpeta con una ficha en la que se detalla la nómina de alumnos, los docentes a cargo de cada grupo, los tipos de actividades a desarrollar, sus respectivos horarios, la declaración de cumplimiento de los protocolos sanitarios, entre otros puntos.

Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Sucede que en adjunto a esa ficha también exigen un arsenal de certificados: certificado de desratizacion, de desinsectacion, de habitabilidad firmado por arquitectos, de potabilidad del agua firmado por técnicos de seguridad e higiene. Todo actualizado al día de la fecha, por más que ya los hayan presentado a principios de año.

La semana pasada menos de 900 escuelas -todas ellas del interior de la provincia, con riesgo epidemiológico bajo- retomaron las clases presenciales, solo con aquellos chicos que perdieron vínculo con sus docentes durante la cuarentena. En total, son más de 15 mil los establecimientos bonaerenses.

Las actividades de revinculación son en predios al aire libre que, en general, las escuelas no disponen

Los distritos que muestran un riesgo moderado -todo el Conurbano incluido- en teoría están habilitados para emprender actividades de revinculación al aire libre. Según fuentes oficiales, hasta el momento recibieron 1385 propuestas, entre escuelas públicas y privadas, para generar reencuentros, de las cuales se aprobaron 1192 propuestas.

Sin embargo, esos números contrastan con lo que afirman los colegios. De la consulta de Infobae surge que las escuelas públicas que se pusieron en marcha son excepciones y las privadas, en su gran mayoría, todavía no recibieron la autorización. Dicen que se trata de “una puesta en escena” del gobierno bonaerense y los municipios. Un anuncio de vuelta a las escuelas que calma la presión incipiente de las familias tras ocho meses de cierre, pero que se posterga con requerimientos disparatados mientras el reloj corre y se termina el año.

“La burocratización llegó a tal punto que es prácticamente imposible abrir. Son muy pocas las escuelas que han sido aprobadas. En el conurbano no llegan a las 100”, advirtió Martín Zurita, titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA).

“Lamentamos que en muchos distritos de la provincia se haya burocratizado el regreso para las actividades de revinculación. Depende de la región educativa, el distrito y el inspector asignado la suerte de comenzar o no. A pesar de cumplir con todas las medidas que exige el plan jurisdiccional, en algunos distritos pareciera ser que no quieren dar curso a los pedidos de apertura. Nosotros necesitamos recuperar la presencialidad para que evitar más cierres definitivos de escuelas”, agregó.

Por estas horas, los responsables de las escuelas apuran a los técnicos de seguridad e higiene laboral para que, en cuestión de días, firmen los certificados para completar la carpeta. Esa carpeta pasa por manos de un inspector, que no hace más que elevarla al inspector jefe de la región. La provincia está dividida en 25 regiones educativas. Cada región cuenta con un inspector jefe de gestión estatal y otro de gestión privada. El inspector jefe tiene que revisar, hoja por hoja, centenares de carpetas para dar la autorización. Solo él está habilitado a poner el sello.

Gustavo González, representante legal del Centro Educativo Franciscano “San Antonio de Padua”, del partido de Merlo, sufre en primera persona los obstáculos para abrir. “Logramos crear una escuela a distancia sin estar preparados en una semana, pero parece increíble que nos sea más difícil volver a la presencialidad. Este sistema burocrático no funciona en el siglo XXI. Tenés que presentar una cantidad enorme de papelitos que termina entorpeciendo la posibilidad de que los pibes se reencuentren. De una vez por todas tenemos que rever este culto a la burocracia”, planteó.

Mientras tanto, las escuelas deben solicitar los permisos a las familias y diagramar las burbujas, con un docente cada nueve alumnos. Una tarea que se complejiza por la postura de los gremios, que sostienen su posición inicial: solo acompañan el regreso en las zonas de baja o nula circulación del virus, cuando el Consejo Federal de Educación aprobó en octubre indicadores sanitarios objetivos que van en otra dirección.

Juan Carlos Juárez, representante legal del Instituto Fleming de Mar del Plata, aún no logró la autorización porque el protocolo exige que las actividades transcurran en espacios al aire libre cercados. “Más del 70% de las escuelas de la ciudad estamos fuera de ese protocolo porque ninguna tiene semejantes espacios ni tenemos presupuestos para alquilar un predio. Es absurdo. A esta altura del año es difícil salir a buscar espacios. No se ve una voluntad política real. Los padres están preguntando cómo va a ser el cierre de año y ya dudan respecto a 2021. Estamos en un gran problema. Si esto se prolonga al próximo ciclo lectivo, vamos a seguir con las mismas dificultades”.

Fuente: Infobae.com

A pocas semanas de cumplirse un año de gestión, la relación entre el Gobierno y el empresariado está «desgastada», como admitió el propio presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. La media sanción del impuesto a las grandes fortunas fue la gota que rebalsó el vaso, sobre todo por la rapidez en la que avanzó el proyecto.

Por eso, en las últimas horas no tardaron en publicarse los comunicados de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), quienes se manifestaron en contra del impuesto que impulsan los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Lo cierto es que los efectos de la pandemia aceleraron el deterioro de la relación del sector privado con el Gobierno. Sucede que, mientras las restricciones para prevenir la expansión del virus siguen vigentes, el Ministerio de Economía dio por terminada la asistencia del Estado a las empresas para fin de año, lo que genera malestar en varios sectores del mundo privado.

Por ejemplo, las compañías todavía tienen parte de su plantilla laboral en licencia por ser personas de riesgo y continuarán así hasta, por lo menos, la llegada de alguna vacuna al país. Pero el Tesoro, apremiado por la necesidad de bajar el gasto fiscal, confirmó que la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP), el programa que ayuda a pagar parte de los salarios de las empresas, finalizará el mes que viene.

Para compensar, al mismo tiempo se anunció el regreso del programa de Recuperación Productiva (Repro), que pagará durante dos mes hasta $9000 por empleado.

Las cuestiones sanitarias no son las únicas restricciones que continúan. El Gobierno extendió la prohibición de despedir trabajadores, que vencía a fin de mes, por 60 días, y está analizando en qué sectores continuará la medida de indemnización doble.

Durante el año, otras medidas extrasanitarias aumentaron también la desconfianza del sector privado con los funcionarios. Entre ellas se encuentran el intento de expropiación de Vicentin, la pelea de los intendentes del conurbano con Edesur, la decisión repentina de declarar servicio público a las telecomunicaciones, la sanción de la ley de teletrabajo y la de regulación del etiquetado frontal de alimentos envasados.

Los empresarios cuentan que el Gobierno los convoca a dar su opinión, pero que después prima lo político y avanzan con los proyectos originales.

«No veo la relación desgastada. Hay distintas dinámicas, en algunos aspectos coincidimos con el Gobierno y en otros hicimos observaciones», dice el dirigente textil José Urtubey, quien destaca a favor la baja de las retenciones durante los últimos tres meses del año, el aumento del reintegro a las exportaciones, la cantidad de créditos subsidiados que se dieron y la posibilidad de compensar aportes patronales como crédito fiscal en el IVA para los productores de economías regionales (decreto 814).

Entre las observaciones, si bien figura la ley de teletrabajo, Urtubey indica que están en diálogo con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para su reglamentación.

Cuando se deja de lado el análisis micro y se mira con detalle la macroeconomía, el panorama no luce mejor. El empresariado critica la falta de un rumbo claro del Gobierno, quien se resiste a presentar un programa económico. El cambio en las reglas de juego es otro de los problemas constantes del país que más molesta a las personas de negocios.

Si bien el sector privado valora que se haya logrado cerrar un acuerdo con todos los acreedores privados externos, creen que los beneficios de dicha reestructuración no se ven, ya que el riesgo país se mantiene en niveles altos y no hay dólares para que las compañías puedan pagar sus compromisos financieros.

Tampoco genera tranquilidad el nivel de reservas del Banco Central y las brechas en el tipo de cambio, que alientan las expectativas de devaluación y, por lo tanto, de una aceleración inflacionaria, en un contexto de tarifas de gas, luz, transporte y telecomunicaciones congeladas.

«Con estas medidas se ve que es un país con poca vocación de crecimiento y de inversión, todo se quiere resolver incrementado las cargas sobre el sector privado. El Gobierno dijo que no cree en los programas económicos integrales y por lo tanto va corriendo la raya un poco para evitar tomar un rumbo concreto. Estamos subsistiendo, y empieza a preocupar cuando pasa mucho tiempo así», concluyó un empresario en off the record.

El oficialismo ya avisó que el Senado convertirá en ley el impuesto a la riqueza sin modificaciones, a pesar de los insistentes pedidos por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y AEA. «Siempre la Cámara revisora puede hacer cambios: desde lo político, nuestro bloque no cree que tenga que hacer ningún cambio», señaló Carlos Caserio, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en diálogo con Futurock. Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto se debatirá en una reunión virtual el próximo martes 24 de noviembre a las 15. En caso de no haber sorpresas, ese día los legisladores podrán entregar un dictamen favorable. Según consignó Infobae, la comisión tiene 17 integrantes: 10 están alineados con el Frente de Todos y 7 a Juntos por el Cambio. Desde el PRO, el senador Humberto Schiavoni ya adelantó que no esperan grandes debates: “Yo creo que va a salir así, no creo que sea susceptible a los cambios con la mayoría que tienen. Nosotros vamos a intentar votar un dictamen de minoría”, sostuvo en radio La Red. El proyecto fue avalado en la Cámara baja con 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde Juntos por el Cambio denunció que se intenta establecer un nuevo impuesto de carácter permanente. La defensa oficial «Nadie va a tener que vender sus máquinas. El aporte no afecta la producción», dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en respuesta a los planteos de las principales cámaras empresariales sobre el proyecto de ley. La expresidenta del Banco Central, en tanto, sostuvo que el aporte «recae sobre la riqueza de los individuos que está financiarizada” y respondió también al argumento de que la mayor presión impositiva afecta a posibles inversiones.

Fuente: Perfil.com

Noviembre luce más aliviado para el Banco Central, pero en la entidad están muy lejos de cantar victoria. Ayer fue otro día negativo para el balance cambiario, que arrojó ventas oficiales por más de USD 50 millones para estabilizar el mercado y evitar un salto más brusco de la divisa. Sin embargo, las ventas netas en lo que va del mes no superan los USD 200 millones, contra U$S 1.100 millones de octubre.

A pesar de que la intervención en el mercado cambiario se desaceleró respecto a los meses previos, igual las reservas continúan con un ritmo de marcada caída. Solo ayer la reducción fue de USD 130 millones y el stock finalizó en USD 38.940 millones. De esta forma, perforó el nivel de USD 39.000 millones. En lo que va del mes ya se perdieron poco más de USD 1.000 millones y nada indica que la tendencia negativa vaya a modificarse hasta fin de noviembre.

La caída de reservas tiene un componente distinto a meses anteriores. Casi la mitad obedece a pagos a organismos internacionales (USD 450 millones), mientras que las ventas netas en el mercado fueron mucho menores. Otro dato favorable es que los depósitos en dólares lograron una mayor estabilidad, luego de fuertes caídas en los meses previos.

Otro dato que en el Central valoran favorablemente es que consiguieron una mayor estabilidad de los distintos dólares financieros, desde el contado con liquidación hasta el libre, que ayer finalizó sin modificaciones a $ 163. Sin embargo, la venta de bonos por parte de ANSES resulta clave para mantener al tipo de cambio algo más tranquilo, luego de la fuerte suba que sufrió en octubre.

Pero tanto al titular del BCRA, Miguel Pesce, como al directorio de la institución, les sigue preocupando que a pesar del estricto cepo cambiario no sea posible acumular divisas. Al contrario, el drenaje continúa, aunque sea algo más lento que en meses anteriores.

El Central presenta buenas y malas en el balance de noviembre. Tuvo que vender menos dólares para mantener equilibrado el tipo de cambio, pero las reservas igual acumulan una caída superior a USD 1.000 millones en el mes. Los depósitos en moneda dura, por otra parte, muestran mayor estabilidad

Detrás del desbalance que sigue sufriendo el mercado cambiario hay dos fenómenos simultáneos: los exportadores no quieren liquidar a este valor del dólar oficial y del otro lado los importadores quieren entrar todo lo que sea posible con este tipo de cambio. En octubre volvió a registrarse una cifra récord superior a los USD 4.000 millones para el sector. Lo curioso es que en muchos segmentos se quejan que no pueden acceder al mercado cambiario, por lo que la cifra podría ser potencialmente mucho mayor.

La misión del FMI que se va hoy de la Argentina observó con detenimiento el comportamiento del mercado cambiario. Y claramente uno de los temas que se miró más de cerca estuvo vinculado con la mega emisión de pesos que llevó adelante el Central en los últimos meses para hacer frente a los gastos relacionados con la pandemia.

Para colmo, para fin de año el Central tendría que emitir no menos de $ 300.000 millones adicionales, lo que podría generar más presión sobre el mercado cambiario y los precios. El repunte de la inflación a 3,8% en octubre encendió luces amarillas y se estima que en los próximos meses se mantendrá elevada. Todo esto fue analizado en profundidad y el marco de la futura política monetaria y cambiaria será una de las piezas claves en el futuro acuerdo con el FMI.

Por otra parte, trascendió que la intención tanto del organismo como del lado de los negociadores argentinos es cerrar la negociación antes del cambio de Gobierno en los Estados Unidos, lo que sucederá el 20 de enero. La llegada de una nueva administración podría demorar el cierre de las conversaciones y dilatarla por varios meses, algo que se quiere evitar. Los tiempos apremian, ya que a partir del 20 de diciembre y hasta por lo menos el 15 de enero prácticamente no hay actividad en Washington.

Fuente: Infobae.com

Tras la media sanción que obtuvo el proyecto de ley Aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados, la Unión Industrial Argentina (UIA) dio a conocer su «preocupación» por el avance del proyecto y apeló al Senado para que lo modifique. «El tratamiento del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes», manifestó la entidad que preside Miguel Acevedo. «Se reitera la importancia de que el Senado de la Nación incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto», plantearon. Por otra parte, en otras organizaciones empresarias, los integrantes advierten que muchos de quienes deban pagar el aporte «judicializarán el reclamo» si se aprueba como está. En la misma línea que la UIA, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) también cuestionó la media sanción. «Exhortamos a los Senadores del Congreso de la Nación, y pedimos especial atención a los de nuestra provincia de Córdoba, se hagan eco de nuestros reclamos con su voto», plantearon. Impuesto a la riqueza: cuáles son los otros países en el mundo que lo cobran En un documento presentado unos días antes de la votación, la UIA presentó una serie de propuestas que abarcan excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles); permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año; incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación); incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales. «El proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente», planteó la UIA. Tras la media sanción obtenida en la Cámara Baja, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, como no se trata de un ‘impuesto’, no es inconstitucional. Fernández y el aporte extraordinario: «Si fuera un impuesto, sería inconstitucional» Para los abogados de los industriales, el proyecto grava la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo) y afecta a la capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos. «En un contexto atravesado por una crisis de escala global, la redacción del proyecto en cuestión profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida. Más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo», plantearon desde la UIA. Desde la industria turística también indicaron que «el proyecto de impuesto a la riqueza grava la inversión en bienes productivos y haría peligrar miles de empleos» en el sector. El Aporte Solidario y Extraordinario es, más que un tributo a la riqueza, un impuesto a la producción y al empleo. Pretende gravar la inversión realizada en bienes productivos, y dinamita la inversión, la creación de empleo y la generación de divisas¨, planteó Roberto Amengual, Presidente de AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina).

Fuente: Perfil.com

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron un aumento del 5% para los haberes jubilatorios y asignaciones en diciembre, por lo que la jubilación mínima quedará en los $19.035 y el año culminará con un incremento del 35,5 por ciento.

“Hemos tomado la medida del aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación”, aseguró Cafiero durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“Estamos recomponiendo las pérdidas de los haberes jubilatorios que se arrastraban desde 2018 y 2019 que, en términos reales, fueron del 19% con la fórmula del gobierno anterior”, agregó el Jefe de Gabinete.

No obstante, si se tiene en cuenta el aumento que hubiesen percibido los haberes de los jubilados con la ley de movilidad suspendida en diciembre, en todos los casos los jubilados perdieron poder adquisitivo en comparación a los aumentos por decreto de este año.

En el caso de una persona que cobra la jubilación mínima, que en diciembre de 2019 fue de $14.068, el haber a fin de este año será de $19.035 con los aumentos por decreto (+35,31%), pero si se tiene en cuenta la fórmula suspendida le corresponderían $19.304, por lo que la pérdida sería de $269 (-1,4%), según detalló a Infobae el abogado previsionalista Adrián Tróccoli. Mientras que la pérdida a diciembre es de $5.772.

Aquellos jubilados y jubiladas que cobran dos mínimas recibieron en diciembre de 2019 $30.000, con los decretos de 2020 (+28,53%) pasarán a cobrar $38.558. De esta manera, la pérdida en relación a la ley de movilidad suspendida es de $2.607 ya que les hubiese correspondido cobrar $41.165. En tanto, la pérdida a diciembre es de $31.421.

Fuente: Adrían Tróccoli

Los que percibieron $60.000 en diciembre de 2019, con las subas de 2020 pasarán a cobrar $75.320 (+25,53%). La diferencia con el haber que hubiesen cobrado con la ley suspendida es de $7.011 o 8,5% ya que les hubiese correspondido cobrar $82.331. En el acumulado a diciembre la pérdida es de $80.742.

Asimismo, quienes en diciembre de 2019 tenían una jubilación de 103.000, con los aumentos de 2020 pasarán a cobrar $128.011 (+24,28%), lo que significa que perdieron $13.324 o 9,4% si se considera que hubiesen percibido $141.334 con la ley de movilidad suspendida. En este caso, la pérdida a diciembre es de $151.435.

Cabe destacar que el de diciembre de este año será el último aumento por decreto que se dicta sobre los haberes jubilatorios antes del tratamiento del proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso y que establece una nueva fórmula de ajuste de jubilaciones.

Fuente: Adrián Tróccoli

En ese sentido, Cafiero afirmó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está terminando de definir el proyecto y que “posiblemente en los próximos días, tal vez la semana próxima” sea enviado para su tratamiento.

“El ministro de Trabajo tiene que terminar de perfeccionar el proyecto para que dé inicio al debate legislativo. Las modificaciones son producto de un gran consenso y debate en la comisión, donde hubo más de 16 reuniones de 18 expertos”, señaló Cafiero.

El anuncio realizado por Cafiero y Raverta se concretó apenas unas horas después de que el presidente Alberto Fernández anticipara que en diciembre el Gobierno dispondrá un aumento en las jubilaciones y pensiones.

“En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que asumí y lo voy a cumplir”, dijo el presidente Alberto Fernández en declaraciones al canal A24.

Respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días para su discusión, el Presidente dijo que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”, en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner, que fue dado de baja durante la administración de Mauricio Macri y que ahora se buscará reponer.

Ante una consulta de la prensa, la titular de la Anses Fernanda Raverta evitó precisar de cuánto será el aumento en marzo próximo para las jubilaciones, pero resaltó que “tendrá en cuenta las variables, es decir los aumentos salariales en base al RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el de la recaudación” impositiva.

Raverta recordó, por último, que los aumentos “serán semestrales, en marzo y septiembre” de cada año.

Fuente: Infobae.com