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El equilibrio político entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está puesto en jaque por la designación de Daniel Rafecas como Procurador General y por la iniciativa apoyada en la bancada oficialista del Senado que pretende modificar la mayoría que se necesita para aprobar su pliego que fue enviado por el Presidente a la Cámara Alta hace 257 días.

Alberto Fernández sostendrá a Rafecas como su candidato a Procurador General, pese al movimiento político de acoso y derribo que empuja la bancada oficialista del Senado desde la llegada de su pliego a la mesa de entrada de la Camara Alta. La nominación de Rafecas ingresó el 11 de marzo de 2020, y desde ese momento quedó a merced del bloque kirchnerista que conduce José Mayans y lidera Cristina.

El Presidente y el candidato a la Procuración tienen previsto encontrarse esta semana en la Casa Rosada, y allí ambos ratificarán su acuerdo institucional: Alberto Fernández respaldará su designación y Rafecas insistirá con la necesidad de tener las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Senadores (48 sobre 72) para acceder a la Procuración General.

Alberto Fernández con Daniel Rafecas en su despacho de la Casa Rosada

CFK y sus senadores de confianza no hicieron un sólo gesto para diseñar un método político que permita obtener la designación de Rafecas. Al contrario: Oscar Parrilli, Juan Pais, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun y Anabel Fernández Sagasti dedicaron su tiempo a encontrar una diagonal que permita bloquear a Rafecas, evitar acuerdos con la oposición y empujar una ley que sirva para coronar un candidato de Cristina.

“Yo no pedí la ley de reforma de la Procuración que se tratará en el Senado”, confió Alberto Fernández en la intimidad del Complejo Chapadmalal, adonde llegó para participar con cierto sosiego del G20 virtual que organizó Arabia Saudita.

-¿Y que te pareció?-, le preguntaron.

-No puedo opinar. No lo leí.

Alberto Fernández se muestra cauteloso ante los medios, pero está preocupado puertas adentro de la quinta de Olivos. El Presidente cree en la construcción política a través del diálogo y choca de frente con CFK que considera que la acumulación de poder sólo es efectiva desde una lógica agonal.

Estas miradas distintas sobre el funcionamiento de la democracia ya se dirimen al momento de analizar la designación de Rafecas y la posible sanción de la nueva ley de la Procuración.

Alberto Fernández puede aparecer flexible al momento de analizar el cambio de mayorías para designar al jefe de los fiscales (de 48 a 37 votos), pero pierde la sonrisa cuando ratifica que CFK impone -siempre- su perspectiva bélica de la política.

Cristina Fernández en el recinto de la Cámara de Senadores

La Vicepresidente juega a desgastar a Rafecas y conoce cómo actuará Juntos por el Cambios. CFK asume que la oposición no votará al candidato presidencial, y en ese momento se quedará con el centro del tablero: si Alberto Fernández no puede coronar a Rafecas, ella tiene los votos para designar a Alejandro Slokar, un juez de la Casación que se alinea con Justicia Legítima y el Instituto Patria.

Y si finalmente hay un juego de suma cero, donde no hay designación de jefe de los fiscales, Cristina Fernández habrá logrado congelar la nominación de Rafecas -que era la intención presidencial- y aprobar la ley del Procurador en la Cámara Alta, pese a que no era prioridad de Balcarce 50.

Hacia adelante hay dos semanas que exhibirán la correlación de fuerzas entre Alberto Fernández y Cristina. La bancada kirchnerista del Senado impondrá en pocos días su peso propio y dará media sanción al proyecto que reduce la mayoría para elegir al Procurador General. Y a continuación esa iniciativa deberá tener tratamiento de la Cámara de Diputados que no controla el Frente de Todos.

En este contexto, el Presidente tiene la oportunidad de probar que su agenda política no se pliega al proyecto de acumulación de poder de CFK. La media sanción del Senado reformando las condiciones institucionales de la Procuración, puede quedar enterrada para siempre por decisión de Alberto Fernández.

El jefe de Estado sólo necesita convocar a sesiones extraordinarias y obviar esta iniciativa que responde a los intereses políticos de la Vicepresidente. Si Alberto Fernández es fiel a sus convicciones éticas, no tendría sentido enviar un proyecto que alienta la fractura política y desalienta el diálogo con la oposición parlamentaria.

Alberto Fernandez camina junto a Sergio Massa, rumbo al Centro Cultural Kirchner, cuando ya se había conocido la carta de Cristina recordando sus diferencias con el titular de la Cámara de Diputados

En caso contrario, si incluye en las sesiones extraordinarias la reforma a la Procuración, Alberto Fernández puede pagar un costo político que es pertenencia de Cristina Fernández de Kirchner. El Frente de Todos no tiene los votos necesarios para sancionar la ley cocinada por la bancada kirchnerista en el Senado, y si va al recinto y es rechazada, el Presidente y la Vice pagan por igual: uno por que habilitó su tratamiento, y la otra porque empujó desde la Cámara Alta.

La oposición en Diputados ya explicitó su rechazo a la iniciativa que llegará del Senado. No sólo juntos por el Cambio, sino también la diputada Graciela Camaño, que responde a Roberto Lavagna y es muy escuchada por los legisladores de la oposición que siempre coquetean con la Casa Rosada.

Camaño conoce la mayoría de los secretos del poder y su rechazo es observado con atención por Balcarce 50. Alberto Fernández y Sergio Massa han sellado sus labios, pero sus voceros explican con escaso maquillaje: “No quieren esa ley. Y no harán nada para que salga”.

Si CFK logra que el Presidente habilite el tema en las sesiones extraordinarias, y luego reúne los votos necesarios, su poder será omnipresente en toda la administración pública. Desde esta perspectiva, la Vicepresidente manejaría los siguientes resortes de poder:

1. Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

2. Unidad de Información Financiera (UIF)

3. Oficina anticorrupción (OA)

4. Procuración del Tesoro

5. Inspección General de Justicia (IGJ)

6. La Procuración General

Alberto Fernández se encuentra frente a su punto de inflexión en la Presidencia. El proyecto de la bancada kirchnerista de senadores no es aceptado por la oposición ni por la mayoría de los fiscales sin importar su jurisdicción o competencia. “La institución quedará destruida para siempre”, opinó Raúl Plee, fiscal ante la Casación Federal.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el Museo del Bicentenario

Junto a su decisión de soslayar la reforma kirchneristas a las condiciones institucionales de la Procuración, Alberto Fernández podría ejecutar otro gesto político para confirmar que no hay cohabitación en la Casa Rosada. Si después de su encuentro con Rafecas queda confirmado que se mantiene como candidato a la Procuración, el Presidente enviaría -de nuevo- su pliego para que sea tratado en las sesiones extraordinarias.

Es decir: ante el avance de CFK que tiene su propia agenda de poder, el Presidente impondría su propia hoja de ruta insistiendo con Rafecas y obviando la medida sanción a la reforma de la Procuración General. Un Gambito de Dama para ocupar el centro del tablero, una jugada básica para llegar entero al final y vencer antes que se acabe el tiempo.

Fuente: Infobae.com

El afán de la vicepresidenta Cristina Kirchner por apurar la sanción del proyecto que modifica la ley orgánica de Ministerio Público Fiscal podría encontrar un escollo: Alberto Fernández. A fin de mes finaliza el período de sesiones ordinarias en el Congreso y sólo el Presidente tiene la llave para evitar que la iniciativa se demore en la Cámara de Diputados hasta el año próximo.

Esta herramienta es la facultad presidencial de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso y, con ella, el armado del temario que el Poder Ejecutivo pretende que discutan los legisladores. Si el jefe del Estado hace uso de este derecho e incorpora en el temario el proyecto kirchnerista para modificar la ley de Ministerio Público, tácitamente estaría avalando que el futuro procurador sea designado con la mayoría absoluta de los votos del Senado, en lugar de los dos tercios que exige la ley actual.

El Presidente evitó, hasta ahora, pronunciarse sobre la iniciativa que auspicia la vicepresidenta y que su legión de senadores dará media sanción la semana próxima.

Fernández está en un dilema: de incluir esta media sanción en el temario de sesiones extraordinarias para que la Cámara baja lo discuta, estaría desacreditando a su propio candidato a la Procuración, Daniel Rafecas, quien ya advirtió que no aceptará el cargo si una nueva ley modifica las mayorías agravadas para la designación.

Si, por el contrario, Fernández no incluye el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, se enfrentaría a los deseos de la vicepresidenta y resentiría aún más su relación con ella. El mensaje, aunque implícito, sería claro: el Presidente no está de acuerdo con el proyecto kirchnerista e insistirá en impulsar el pliego de Rafecas a la Procuración -demorado por el kirchnerismo en el Senado- pese a los pruritos que la vicepresidenta tiene con el juez.

¿Qué hará el Presidente? Todos los gestos que dio Fernández son en dirección de la segunda opción, aunque aún el interrogante no tiene respuesta. «[Rafecas] es el mejor candidato que puede existir. Lo conozco desde hace muchos años y es un hombre de una calidad técnica absoluta y sus condiciones morales son indiscutibles», dijo el mandatario en una entrevista hace dos días, mensaje que el kirchnerismo duro hizo como si no existiera.

Es que pocas horas después de ratificar al juez federal como su postulante para ocupar la jefatura de los fiscales, en la Cámara de Senadores, cuerpo legislativo que responde al liderazgo de Cristina Kirchner, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que lidera un cristinista puro como Oscar Parrilli, emitió el dictamen que modifica la mayoría para designar al procurador general de la Nación de dos tercios a una mayoría absoluta y limita el mandato del cargo -que actualmente es vitalicio- a cinco años con la posibilidad de reelección.

Cerca del Presidente no tienen dudas: Rafecas reemplazará a Eduardo Casal, que ya lleva tres años como Procurador interino. «Lo va a defender», graficó una importante fuente del gabinete nacional.

Con el dictamen aprobado, que establece una mayoría absoluta para nombrar al jefe de los fiscales, pero requiere de dos tercios de los miembros para removerlo, en el Senado está todo listo para tratar la semana que viene la iniciativa y darle media sanción, aunque materialmente no dan los tiempos para que se transforme en ley, porque a fin de mes vence el período de sesiones ordinarias.

Tercera opción. Hay una tercera alternativa a la que podría apelar el Presidente: la de incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, pero sin apurar su tratamiento con la excusa de que el oficialismo (en minoría) no cuenta con los votos necesarios para aprobarlo.

Fue el argumento con que, en definitiva, congeló el tratamiento de la reforma judicial, con media sanción del Senado desde fines de agosto. Una reforma que desató polémica desde el primer día que Fernández la presentó en el Congreso, pero que fue blanco de peores críticas luego de las modificaciones que impuso el kirchnerismo durante su tratamiento en el Senado.

Fernández decidió enfriar el debate y Sergio Massa frenó su tratamiento en la Cámara de Diputados tras admitir que los votos para su aprobación no estaban asegurados. ¿Sucederá lo mismo con la reforma de la ley de Ministerio Público? Una vez más son claves las terceras fuerzas que median entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo al proyecto kirchnerista.

El escenario no se presenta fácil para el kirchnerismo, que debe reunir al menos una docena de aliados para alcanzar la mayoría. En el variado y disperso universo de las terceras fuerzas nadie quiere adelantar su posición hasta que Fernández haga su primera jugada, esto es, si decide colocar o no el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias.

Pero hay algunos antecedentes a tener en cuenta: por de pronto, la diputada Graciela Camaño, quien fuera presidenta de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público y pertenece al bloque Consenso Federal, promovió hace cuatro años, junto al Peronismo Federal y el entonces ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano, un dictamen que proponía modificar la ley de Ministerio Público, aunque sin modificar la mayoría de dos tercios que se requieren para designar al Procurador.

«Graciela no va a emitir opinión hasta tanto comience el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados», enfatizan en su entorno. Los diputados por Córdoba, que responden al gobernador Juan Schiaretti y pertenecen al mismo interbloque de Camaño, también anticiparon sus reparos al proyecto que promueve la vicepresidenta. Se entiende: Córdoba es una provincia antikirchnerista por antonomasia y los legisladores schiarettistas tienen sus límites.

“¿Viste el comunicado de la Cámara de Comercio?”. La pregunta la hizo un reconocido empresario argentino desde el otro lado de la pantalla de la videollamada, juntando los dedos de una mano en gesto interrogativo. “Piden cuotas para pagar el impuesto. Es una locura. Es la imagen de la resignación, la claudicación del que hace negocios en este país. Empresarios que invierten millones y emplean a miles de personas, piden un plan para pagar algo que es un despropósito. Cansados de que no los escuchen, piden algo. Cuotas, al menos. Lo que sea”, completa la idea.

Resignación, cansancio, hartazgo, bronca, frustración por la falta de diálogo. Todas palabras que aparecieron en charlas que tuvo Infobae en las últimas horas con hombres y mujeres que están al frente de empresas y también de organizaciones empresarias. Muchos exigieron off the record para hablar más tranquilos. “Hay muchos en la coalición de Gobierno que por estas horas se creen San Martín cruzando los Andes, mejor no me nombres”, pidió uno de ellos, destacado miembro del mundo industrial. “Estoy muy enojado. Se los explicamos con ejemplos, con ‘dibujitos’ y nada. No quieren entenderlo. Heller no nos recibió. Máximo si, escuchó, y el Presidente también, pero no hicieron nada”, sumó otro empresario.

Los consultados creen que el impuesto a la riqueza es un divisor de aguas en un contexto que ya era malo. Luego de la embestida inicial que llegó con el anuncio del proyecto, creyeron que el tema había entrado en un suerte de freezer legislativo, pero ahora lo ven como un hecho consumado. Por eso el “por lo menos dennos algo” que surgió de los comunicados de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). No fueron los únicos, claro. La Asociación Empresaria Argentina –AEA, el poderoso grupo que nuclea a los dueños de las grandes empresas locales– dijo que el nuevo tributo “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías” y el Foro de Convergencia Empresarial lo definió, directamente, como un dislate.

Carlos Heller y Máximo Kirchner, diputados del Frente de Todos e impulsores del proyecto de impuesto a la riqueza

En Olivos también saben que la relación está “quebrada”. Así la definen cerca del presidente Alberto Fernández, al menos por ahora. Confían en volver a tender lazos pronto.

Jorge Brito, trágicamente muerto el viernes en un accidente de helicóptero en Salta, definió su postura con claridad el lunes pasado, en su última entrevista. “El impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”, auguró en Infobae. Muchos de los colegas que lamentaron su partida comparten esa visión: su nota fue comentada durante toda la semana.

Queda la sensación de que se puede aprobar cualquier cosa a partir de ahora y eso es igual a mucha incertidumbre por lo que vendrá (Costantini)

Además del enojo por el impuesto que el Senado aprobará el martes (¿con algún cambio para que vuelva a Diputados?), los empresarios ponen la lupa en dos temas: la inflación, que ya levanta señales de alerta con cifras mayoristas que subieron 4,7% en octubre, según datos del Indec de la semana pasada, y analistas que recalientan pronósticos para 2021, y la falta de certezas sobre el rumbo económico. No cayó nada bien, además, entre los hombres de negocios la carta de los senadores oficialistas al FMI en la que trataron al organismo de “irresponsable” por el crédito a Mauricio Macri y le pidieron que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”.

“Este país así no sale, no hay vuelta. Nos meten la mano en medio de la pandemia. La carta de los senadores es una vergüenza”, aseguró otro empresario en off. No son pocos los que están convencidos de que, otra vez, quedaron en medio de una guerra de poder y reyertas políticas. “Hay mucho ruido y eso quita capacidad de control y manejo del gobierno, se va todo en internas”, agregó.

Impuesto

“El impuesto le pega a mi familia, y fuerte. Pero no hablo desde ahí: es una norma absurda. El sector productivo está de rodillas y esto empeora todo. Es una locura y, además, mal planteada. Hablamos con todos y les pedimos que busquen otras formas inteligentes de llegar a lo mismo, pero nada”, dice un empresario vinculado a los negocios agroexportadores. Habla más de media hora casi sin parar y pide disculpas por usar a su interlocutor “de analista”. De modo parecido, un colega suyo agradeció el rato para “hacer catarsis”. Hay tensión entre los hombres de negocios.

Eduardo Costantini, dueño de Consultatio y el Malba, critica la norma desde hace meses, pero en los últimos días reconoció que su “bronca” fue en aumento. “Aquellos que tenemos que pagar, con los que estoy hablando, empresarios y familias, estamos muy enojados. Hay mucha disconformidad, sobre todo porque se trata de una medida inconsulta, no dialogada y peor comunicada. Queda la sensación de que se puede aprobar cualquier cosa a partir de ahora y eso es igual a mucha incertidumbre por lo que vendrá”, le dijo a Infobae.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. EFE/ Juan Mabromata/Archivo

Costantini asegura que, a pesar de declaraciones de funcionarios en sentido contrario –como Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, por ejemplo– el “aporte solidario” sí grava los activos productivos. “Marcó del Pont dice que no es cierto, que se gravan a las persona y no a las empresas. Los empresarios o accionistas se fijan en el total que pagan, tanto en la empresa como a título personal. Si al final del día el margen es mínimo, no invierte: el bolsillo es uno solo. Se equivoca Marcó, claramente: esto desalienta la inversión”, explicó.

Casi como una resignación ante lo inevitable, distintas asociaciones les pidieron cambios a los senadores. El creador de Nordelta no duda que sería una muy buena señal que el Senado desgrave los bienes productivos, pero lo ve “difícil”. “En diputados no movieron una sola coma”, afirmó.

En ese contexto, por ejemplo, la UIA pide también que no se graven los activos productivos (incluidos todo tipo de inmuebles), “pagar” con inversiones en el plazo de un año, exceptuar Títulos Públicos y Obligaciones Negociables de empresas argentinas “para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)” y establecer un mínimo no imponible.

Eduardo Costantini asegura que el impuesto desalienta la inversión

Además, la CAC suma otros pedidos. Entre ellos, subir la suma exenta de $200 millones a “entre $280 y $300 millones”, para que la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses no alcance a muchos más contribuyentes; no incluir a sujetos que residen en otros países; y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización; no hacer trato diferencial entre activos en el país y en el exterior; y “disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades”. El famoso plan de cuotas del comienzo de esta nota.

“Nos oponemos totalmente a esta locura, la Argentina no soporta más impuestos. Cada vez que los genios que gobiernan crean impuestos por única vez, quedan para siempre. Pero bueno, cuando no tenemos otra opción, optamos por pedir algún cambio. Igual, sabemos que no vamos a conseguir nada. Atrás de esto hay una cuestión ideológica”, asegura Mario Grinman, secretario de la CAC. Grinman menciona el libro “La rebelión de Atlas”, que la escritora estadounidense de origen ruso Ayn Rand escribió a finales de los ’50. Allí, los empresarios –o “no saqueadores”– inician un gran lockout contra la clase política. ¿Propone algo similar? “No, pero este momento me hizo acordar de ese libro”, aseguró.

“El impuesto es muy inoportuno. Necesitamos incentivos para la inversión y no cosas que la ahuyenten. La presión tributaria ya es enorme: hay que pensar en una reforma, uno de los temas pendientes para tener un país más competitivo”, agregó Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa de café que lleva su apellido.

Mientras tanto, se espera un aluvión de demandas que llegará ni bien salga la ley. El principal argumento es que es confiscatorio y “análogo y complementario con el impuesto sobre los bienes personales”, como escribió el tributarista Iván Sasovsky en Infobae.

Martín Cabrales

“Nosotros ya les recomendamos a nuestros socios que vayan a la Justicia, directo. No creo que haya cambios en el Senado, todo lo contrario. Incluso, desde la Mesa de Enlace, estamos analizando hacer algo en conjunto”, explicó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural. “Le estamos sacando más lonjas al mismo cuero. Esto es un impuesto a los activos, claramente, y va a impactar en la productividad. Es inconstitucional y confiscatorio”, agregó.

Otros prefieren no pasar por el largo camino del reclamo legal. “Ahora viene una catarata de juicios, aunque yo prefiero no meterme con abogados. No hay seguridad jurídica y estamos baratísimos, pero nadie va a venir a invertir. ¿Qué va a hacer Pagani cuando quiera fabricar más Bonobones? ¿Va a invertir acá? De ninguna manera. No estoy enojado, estoy frustrado”, explica otro presidente de una conocida empresa local.

La macro

Costantini ve con cierto optimismo la calma cambiaria de los últimos días, pero igual compara al contexto con una terapia intensiva intermedia con un paciente con muchas vulnerabilidades. “El BCRA sigue perdiendo reservas y la inflación ya es un problema: 3,8% con precios regulados de alimentos y tarifas públicas es mucho. Con mucha emisión, más el déficit y sin fuentes genuinas de financiación, la inflación se va a más de 40%. Controles cambiarios, brechas, etc., es todo mucho”, dijo.

“No tenemos ni reservas ni fuentes externas de financiación. Vamos dos pasos para adelantar, uno para atrás, tres para el costado. Me recuerda a la presidencia entre 2011 y 2015, pero con problemas más graves y sin crecimiento ni inversión. No hay programa económico, nunca lo hubo. ¿Están de acuerdo Alberto y Cristina, se apoyan? Nadie sabe”, cerró Costantini.

Días antes de morir en un accidente, Jorge Brito había dicho que el impuesto creará una «rebelión fiscal» (Reuters)

Cabrales, hace eje también en la situación de la industria alimenticia, su rubro. “Estamos muy atrasados en precios, con aumentos de costos de materias primas, logísticos y tipo de cambio. Es cada vez es más grande la brecha entre lo que nos dan y lo que necesitamos. Así, quedan contra las cuerdas pymes y empresas grandes y se pone en peligro la fuente de trabajo y el abastecimiento. Argentina siempre ha tenido el peor escenario inflacionario, es un tema endémico. Todos los problemas estructurales que necesitamos resolver y no resolvemos llevan a más inflación”, dijo.

“Lo digo hace años: sin moneda no se puede arreglar nada. Ese tiene que ser un acuerdo, y tiene que ser un acuerdo político. Hay que terminar con la inflación, darle confianza al peso y reconstruir. Hay que poner en línea a un Estado fofo e ineficiente, a este descontrol de vieja data”, aseveró Pelegrina, el titular de SRA.

Un buen resumen de lo que piensa el sector empresarial con respecto al impuesto a la riqueza lo dio Brito la semana pasada en Infobae, en su última entrevista. “Si castigamos al que emprende, le estamos quitando los fondos necesarios para iniciar la recuperación y por lo tanto lo empobreceremos o bien se irá del país”, dijo. “La sanción de la ley, tal como la propone el diputado que la tiene a su cargo, solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada o poco y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio”, dijo el banquero que murió trágicamente el viernes pasado.

Fuente: Infobae.com

El expresidente Mauricio Macri volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia del coronavirus. Esta vez, el fundador de Pro reclamó el regreso de las clases presenciales y respaldó la postura de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que ratificó que retomará la modalidad presencial a partir del próximo 17 de febrero. En una carta que publicó hoy el diario Clarín, Macri cuestionó con dureza la estrategia sanitaria que desplegó Fernández para contener el virus. Y advirtió: ¿Qué señal misteriosa espera para abrir las escuelas este gobierno de clausuras, que hizo de la postergación de decisiones su principal política en todas las áreas?».

Según el exmandatario, «no hay ninguna razón epidemiológica para seguir demorando la apertura de las escuelas, con los protocolos necesarios».

Macri recordó que «en el mundo ya existe un amplio consenso sobre la ineficacia de cerrar las escuelas para combatir el virus, basado en decenas de estudios científicos».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó esta semana que las escuelas no se cierren durante la pandemia de coronavirus y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió sobre una posible «generación perdida» de niños, a medida que la enfermedad de Covid-19 amenaza con causar daños «irreversibles» a la educación, la nutrición y el bienestar de los jóvenes de todo el mundo.

«En nuestro país, en cambio, el Gobierno Nacional todavía se niega a permitir la reapertura. Su único argumento es el riesgo sanitario, a pesar de la evidencia científica y las recomendaciones internacionales en contra», remarcó Macri. Y agregó: «¿Por qué el mantiene encerrados a los chicos y les prohíbe acceder a derechos fundamentales como la educación y la convivencia con otros de su edad?». Para el fundador de Pro, «encerrar a los niños fue un error no sólo académico y social sino también sanitario, porque debilitó su sistema inmunológico». «Esto va a generar que el año que viene, cuando vuelvan a salir después de tantos meses en sus casas, sufran más enfermedades respiratorias o diarreas, entre otras, porque van a estar peor preparados», dijo.

Macri planteó que existen tres motivos para habilitar el regreso de las clases presenciales. Primero, señaló el expresidente, «la educación virtual no ha logrado reemplazar el proceso de aprendizaje, a pesar del esfuerzo enorme de los docentes y las familias». En segundo lugar, indicó, «estos ocho meses sin clases dañaron el bienestar emocional de los chicos». «La tercera razón, quizás la más importante, es que cada día sin clases presenciales aumentan la desigualdad y el riesgo de abandono escolar, sobre todo en los estudiantes más vulnerables», completó Macri. Por último, el exmandatario defendió a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sostuvo que los institutos docentes están ideológicamente tomados por la izquierda. Sus dichos generaron el repudio de los gremios docentes y de la oposición a Juntos por el Cambio en la Ciudad.

Macri pidió «construir» los acuerdos necesarios para «mejorar la calidad de la educación argentina». «Tenemos que animarnos a debatir sobre estos temas, como hace con valentía Soledad Acuña», indicó.

Fuente: La Nación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se avanzó en «los lineamientos del programa que reemplazará el fallido programa anterior», ejecutado entre la gestión de Mauricio Macri y la francesa Christine Lagarde. «La premisa es crecer para apuntalar la estabilización económica», afirmó el funcionario quien a su vez subrayó: «Con la misión del FMI avanzamos en los lineamientos del programa que reemplazará el fallido programa anterior». El titular del Palacio de Hacienda, expresó: «Deberá estar trazado por nosotros, desde la acción colectiva y el entendimiento de lo que necesitamos». La misión para obtener información sobre la marcha de la economía concluyó el viernes y se estima que el nuevo acuerdo se firmará recién en 2021, para reprogramar pagos por el préstamo de u$s 44.000 millones. Luego de la finalización de la visita, el FMI aseguró que hay «avances» ante la intención de la Argentina de solicitar un nuevo programa de apoyo, pero advirtió que «se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad».

Fuente: Perfil.com

Ya no es mucho lo que puede hacer Horacio Rodríguez Larreta, salvo no darse por vencido, ni aún vencido. Y esperar el pronunciamiento favorable de la Corte Suprema de la Nación, claro. Porque después del esfuerzo que hizo para recortar el Presupuesto porteño, anulando obras y creando un nuevo impuesto, acomodando la realidad presupuestaria al DNU 735 que bajó el índice de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 3,50 a 2,32%, no esperaba el guadañazo del Congreso.

El jueves al mediodía salieron las citaciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocando a un plenario para tratar el proyecto que recorta aún más la coparticipación porteña y el viernes por la tarde el plenario tenía el dictamen aprobado. Técnicamente, están habilitados para tratarlo antes del 30 de noviembre, cuando concluya el período ordinario de sesiones.

El proyecto que obtuvo media sanción del Senado el pasado 2 de octubre, apenas dos semanas después de que el Ejecutivo lo enviara al Congreso, establece un monto fijo de $24.500 millones como gasto por la Policía, lo que en los hechos deja la coparticpación porteña en 1.4%, el mismo porcentaje que tenía en tiempos en que Aníbal Ibarra era Jefe de Gobierno.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa

En su momento, fue una respuesta del Gobierno a la presentación judicial que CABA hizo frente a la Corte Suprema, pidiendo un amparo por ese recorte del orden de los $52.000 millones, una especie de “castigo” por no haber aceptado mansamente el zarpazo original. “Hablé con Horacio de ese tema aún antes de que asumiera la Presidencia”, dijo Alberto Fernández para explicar la medida. “Es verdad, pero después vino la pandemia y me notificó de lo que pensaba hacer cuando ya tenía a (Axel) Kicillof y los intendentes listados para hacer el anuncio, en la Residencia de Olivos”, se quejó Larreta.

Lo concreto es que el Jefe de Gobierno se había persuadido de que no irían por más. Lo ayudó a convencerse su amigo, Sergio Massa, quien le aseguró que no había ninguna intención del Gobierno de seguir revolviendo en el guiso de la discordia. Se equivocaron ambos.

El miércoles apareció una solicitada impulsada por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y redactada por la secretaria de Provincia, Silvia Batakis, exponiendo que la discusión está lejos de tratarse de un asunto de coparticipación y puntualizando que más bien es una discusión por “la distribución primaria” de recursos del Tesoro. De este modo, no entra en debate la constitucionalidad o no del DNU. Y alertando que “Macri triplicó de manera unilateral los recursos de la Ciudad, en desmedro del resto de los distritos”, pero “ninguna provincia judicializó esa decisión arbitraria, que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país”.

“Es un llamado de atención a la Corte”, dijeron ese día en Casa Rosada, alertados por la posibilidad de que estaría por pronunciarse sobre el tema en favor de la Ciudad. Pero en medio del ajuste nacional, qué mejor que dar puntada con el hilo. No habrá un momento mejor para herir a la gestión de quien asoma como candidato de la oposición en el 2023 ni será necesario lamentar críticas en el electorado propio. El Frente de Todos volvió a los porcentajes habituales en CABA -bastante por debajo del 30%- y hay pocas posibilidades de que mejore su situación de cara a las legislativas del 2021.

Lo peor que le puede pasar al oficialismo es que no obtenga los votos necesarios para aprobar la ley. La diputada Graciela Camaño no se hizo presente en el plenario de comisiones y no se sabe exactamente qué puede llegar a votar. El gobernador Juan Schiaretti fue el único que no firmó la solicitada impulsada por De Pedro (fuera de los cuatro de Juntos por el Cambio), así que es probable que todos o algunos de sus diputados no se sumen a la maniobra. Otros dos diputados del peronismo podrían evitar el triunfo del Gobierno: Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Pérez.

Anuncio de Alberto Fernández sobre cambios en la coparticipación. Olivos. (Presidencia)

Aún así, es probable que el Frente de Todos alcance el número necesario. Cuenta en forma automática con el bloque de los “Los Ramones” (por el mendocino José Luis Ramón), los misioneros y otros dos peronistas, Eduardo Bucca y Miguel Zottos. Si no le alcanza, le queda otro recurso, que es convocar a extraordinarias y negociar con tiempo con los cabos que quedan sueltos. Por ahora no dieron pistas de qué van a hacer.

Aunque también le daría más tiempo a Juntos por el Cambio a hacer de esta avanzada oficialista una gran causa nacional, movilizando la gente a la calle, posicionado -otra vez, como ya sucedió el 3 de septiembre- la figura de Rodríguez Larreta y poniendo el foco de la opinión pública sobre la Corte Suprema. “No es descabellado que algo así suceda”, se esperanzan en Juntos por el Cambio, atentos a salir a respaldar al alcalde porteño, más allá de las divisiones ontológicas entre halcones y palomas.

El día que Rodríguez Larreta le contestó a Alberto Fernández, que le redujo la coparticipación. Prensa GCBA

Lo que sí queda claro es que el Gobierno, a poco de cumplir un año de gestión, finalmente parece haberle encontrado la vuelta a su propia organicidad, un método de convivencia que les permite respetar su idiosincrasia de origen sin poner en riesgo la coalición.

Es algo sencillo, que arranca con una declaración, un acto, incluso una carta de algún sector, continúa con otra declaración, otro acto o simplemente con el silencio de un grupo distinto, y sigue con una negociación realizada bajo el paraguas de la unidad imprescindible, donde cada uno acepta las razones del otro y se conforma por haber cumplido con el lugar que representa en la coalición.

Tiene el problema de que obliga a una desmedida inversión de tiempo del Presidente que, en lugar de dedicarse a las exigencias de administración de lo público, se siente comprometido a atender las complejas filigranas del Frente que devolvió al kirchnerismo al poder y al peronismo al gobierno.

Es verdad que cada resolución de los conflictos desatados pone a prueba el método. Pero todo indicaría que el sistema se fue perfeccionando y ya genera consenso interno incluso entre los más rebeldes, aunque a veces parece que lo que cruje terminará rompiéndose. Hasta ahora, por lo menos, no pasó. Ni parece que fuera a suceder en el corto plazo.

Por eso es fácil entender que Juan Grabois realice tomas de tierras y establecimientos privados y siga adentro del Gobierno. Que Carlos Raimundi vote a favor de la dictadura venezolana y siga siendo embajador. Que Sergio Berni critique a las organizaciones de derechos humanos y continúe como ministro. Que Massa asegure en privado a empresarios que no van a suceder cosas que después suceden y siga siendo el presidente de la Cámara de Diputados.

“Aprendimos a tramitar nuestras diferencias”, sintetizó ante Infobae un hombre del Instituto Patria. Las extraordinarias les exigirá redoblar la creatividad. Si Diputados aprueba la ley del aborto, la Vicepresidenta tendrá el desafío de impulsarla también, a pesar de que muchos senadores del FdT están en contra. Si el Senado le da media sanción a la nueva ley del Ministerio Público Fiscal, el Presidente deberá decidir qué hace con la nominación del juez Daniel Rafecas. ¿Sostendrá su postulación, aún cuando el juez ya dijo que estaba en contra de esos cambios?

El Jefe de Gobierno porteño enojado con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados

En el mar de dificultades, con una economía exangüe y una población agobiada, el Gobierno parece terminar el año bastante mejor de lo que se esperaba. Por lo menos, con la interna apaciguada. Aunque en el ajedrez de la política, nunca se sabe: las negras también juegan.

Fuente: Infobae.com

La designación del nuevo jefe de los fiscales hace rato incluye y supera la discusión sobre la suerte del candidato presidencial, Daniel Rafecas. Todo indica que a Cristina Fernández de Kirchner le interesa más, de entrada, manejar el tablero que coronar una única pieza, porque en el peor de los casos podría resolverlo después desde una posición de mayor poder. Sobre todo si se facilita la doble llave de los mecanismos para coronar y para condicionar al Procurador. Los tiempos del Congreso marcan que la ofensiva no podrá ser definida antes de fin de mes. Y por consiguiente, Alberto Fernández deberá resolver si incluye el proyecto en la lista de prioridades legislativas para votar en diciembre.

En concreto, la cuestión práctica es esta: el bloque de senadores oficialistas –con repetido sello CFK- apuesta a consagrar una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que le permitirá designar al nuevo Procurador General sin ningún tipo de acuerdo con nadie, pero en diez días finalizan las sesiones ordinarias y se supone que el temario posterior será resuelto en Olivos. Con la iniciativa exclusiva de su lado, el interrogante será entonces qué hará el Presidente. Una prueba. Pero las especulaciones incluyen interrogantes más inquietantes: ¿una salida que al final sea la más conveniente para el poder, aún con sus internas, y a la vez la más condicionante para el nuevo procurador?

La designación del jefe de los fiscales originó también tensión doméstica en Juntos por el Cambio. Había tendencia al rechazo pero resurgieron las diferencias frente a la idea de acompañar la postulación de Rafecas como gesto al Presidente y para evitar un avance de CFK. De hecho, esa fue la disyuntiva que expuso Elisa Carrió y tuvo un guiño de dirigentes “moderados” del PRO, aunque algunos de ellos como Horacio Rodríguez Larreta no dieron por cerrada la cuestión y la dejaron abierta al consenso de la conducción de JxC. Los críticos recordaron cómo terminó la historia con Alejandra Gils Carbó, cuyo ascenso fue allanado como decisión “razonable” después de haber logrado el freno a Daniel Reposo.

Oscar Parrilli, otra vez motor de una ofensiva de Cristina Kirchner

El mensaje público de Carrió incomodó a Olivos. Y terminó de motorizar la estrategia del kirchnerismo duro. Con impulso directo de la ex presidente, el bloque de senadores oficialistas se puso como objetivo modificar la exigencia actual de una mayoría de dos tercios de votos (48) para designar al nuevo jefe de los fiscales. Así, se garantizaría el trámite con la mayoría absoluta de la mitad más uno de los votos (37), piso que el Frente de Todos se asegura solo. La movida no terminaría allí: el ejercicio del cargo tendría límite temporal y habría más control parlamentario de una comisión bicameral.

De ese modo, además, se eludiría cualquier tipo de acuerdo con legisladores de la oposición para lograr una mayoría menos exigente en su número. Si prospera el proyecto, todo quedaría sujeto de manera exclusiva al juego interno del oficialismo. Y tampoco, necesariamente, sería un movimiento para desairar al Presidente y consagrar un candidato “cristinista” puro. En todo caso, sí parece claro que el paño para dirimir el juego doméstico está siendo desplegado otra vez desde el Senado.

Rafecas transmitió en su momento que no aceptaría ser nombrado Procurador General si resulta forzada una modificación del actual requisito de los dos tercios de apoyo senatorial. La única diagonal posible, sería un acuerdo con la oposición para tales reformas, pero eso no aparece en escena. Se verá si hay otra alternativa. El objetivo primordial de la ex presidente apunta contra el procurador interino, Eduardo Casal.

El Presidente junto a Daniel Rafecas, su candidato como jefe de los fiscales

El kirchnerismo viene operando con apuro impuesto por el calendario legislativo. Se dio un tiempo que podría definirse como táctico: esperó el pronunciamiento del consejo consultivo designado por el Presidente para proponer diversas reformas a la Justicia. Aguardaba, en este caso, la propuesta mayoritaria sobre el Ministerio Público. Sin sorpresas, la “comisión Beraldi” actuó en línea con su sobrenombre y se pronunció a favor de reducir el requisito para designar al jefe de los fiscales, tal como motoriza el kirchnerismo.

El oficiaismo ya cerró su dictamen de mayoría en comisión y lo podría tratarlo en el recinto la semana próxima. Es un margen estrecho. Y si logra la media sanción en el Senado, faltaría el capítulo de Diputados. En cualquier caso, será decisión del Presidente incluir el tema entre los proyectos prioritarios a tratar una vez concluido el ciclo de sesiones ordinarias. Ese listado para una descontada convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre, ya viene denso: reforma de la movilidad jubilatoria, legalización del aborto, impuesto a la riqueza, entre otros.

El cambio sustancial con la movida en el Senado es que ya no se discute sólo un nombre y cómo resolver el tema con la oposición, sino la comodidad del oficialismo para designar por sí solo al jefe de los fiscales y el poder para controlarlo. Eso, en la perspectiva del cambio de sistema acusatorio en la justicia federal, que colocará en manos de los fiscales las investigaciones y acusaciones. Un verdadero asunto mayor.

Fuente: Infobae.com

Luego de que Brasil decidiera abrir una cuota de 750.000 toneladas de trigo extraMercosur libre de aranceles, lo que motivó la queja de exportadores argentinos, fuentes de la embajada de la Argentina en ese país, que está a cargo de Daniel Scioli, señalaron que esto se trata de un compromiso que ya tenía la vecina nación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y fue aplicado en su momento en 2019. Además, destacaron que, más allá de esta cuota, no se renovó un adicional por otras 450.000 toneladas que Brasil había dispuesto.

Como informó LA NACION, el vecino país, tras haber aplicado una cuota de 750.000 toneladas el año pasado, decidió volver a implementarla . De esta manera, el cereal que llegue fuera del Mercosur no tendrá que pagar un arancel del 10,5%. Las empresas de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara Cec) le mandaron una nota a Cancillería y al Ministerio de Agricultura expresando su malestar con la medida.

«Esta cuota anual es un compromiso asumido por Brasil antes de la creación del Mercosur y que a partir del 2019 ha puesto en práctica. No es una nueva cuota sino una renovación de la implementada en noviembre de 2019 que venció a mediado de este mes y que el 17 de noviembre de 2020 ha vuelto a fijar mediante la resolución de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex) Nº 60/2020″, contó una fuente de la embajada argentina en Brasil.

En un encuentro, en su momento Donal Trump le había pedido al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por una mayor llegada del trigo de Estados Unidos a ese mercado.

Tras la cuota del año pasado, luego Brasil decidió un adicional de 450.000 toneladas. Según precisaron desde la embajada argentina, ahora no habrá ampliación para ese caso.

«Es de destacar que la cláusula gatillo para la ampliación de la cuota (450.000 t) no fue renovada, tal cual la ministra Tereza Cristina le prometiese al embajador argentino Daniel Scioli en una reunión de trabajo entre ambos», agregó la fuente consultada.

En la embajada destacan que hay, además, entre ambos países una cultura de negocios «fuertemente integrada entre los sectores privados» que se refleja en los números de comercio del cereal.

«Durante el período diciembre 2019-octubre 2020 de este año, Brasil importó un volumen de 6.216.611 toneladas de trigo de todos los orígenes. La Argentina exportó el 78% de ese total, unas 4.860.434 toneladas», amplió.

«Se espera terminar este ciclo con una exportación de trigo nacional que rondará los 5,4 millones de toneladas que era lo que se estimaba a principios de este año, coincidiendo con la misma cantidad exportada por nuestro país durante el 2019, año donde la cuota fue implementada a mediados de noviembre», añadió.

Si bien Brasil es el primer cliente que tiene la Argentina en el cereal, en los últimos años diversificó destinos. En rigor, de llevarse el 86% del total exportado en 2015, ahora Brasil ronda el 45% porque la Argentina tiene más compradores, como en el sudeste asiático.

«Esto no se justifica porque Brasil tiene posibilidades de estar abastecido, la Argentina ya está cargando (barcos para exportar) a un precio muy competitivo y no tiene sentido abrirla en este momento», indicó Gustavo Idígoras, presidente de Ciara Cec, la entidad de exportadores que mandó una nota en rechazo por la medida de Brasil a Cancillería y el Ministerio de Agricultura. Fuentes de la industria estiman que las 750.000 toneladas de trigo son unos US$250 millones menos de potencial de negocios para el país.

Dos importantes directivos del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF es su sigla en inglés), responsable de financiar la vacuna Sputnik V, llegaron a Buenos Aires para mantener reuniones con funcionarios del gobierno argentino. La “comitiva” está integrada por Alexander Zhuravlev, vicepresidente del Fondo, Tagir Sitdekov, director ejecutivo del Fondo, y Natalya Bogush.

Los enviados de Rusia arribaron al país tras una visita a México y Brasil. Todavía no trascendió el contenido de su agenda. De hecho, voceros del Ministerio de Salud no confirmaron el dato, aunque este medio pudo saber que habrá reuniones con funcionarios argentinos para intentar sellar un acuerdo.

El Gobierno anunció hace tres semanas que vendrán 25 millones de dosis (12,5 millones de vacunas) pero todavía no hay nada firmado. Ni siquiera se pagó un adelanto del dinero. Y todavía no se sabe si las dosis para nuestro país vendrán desde India o Corea del Sur.

El 6 de noviembre, luego de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, Alberto Fernández consideró que “si todo va bien, a finales de diciembre podrían ser vacunadas unas 10 millones de personas” en la Argentina. Esta semana, durante una entrevista con Marco Enríquez-Ominami, volvió a insistir en esa fecha: “Queremos tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente en enero y febrero”.

Con la llegada de los enviados de Putin se espera alcanzar un acuerdo que permita cumplir con los plazos establecidos por el presidente argentino y ejecutar así el cronograma de vacunación que, según aseguró, comenzaría a más tardar en enero de 2021.

Infobae reveló el jueves que el ministro de Salud Ginés González García estuvo la semana pasada en la embajada de Rusia en Buenos Aires para hablar sobre detalles técnicos de la vacuna contra el COVID-19, que todavía está en plena fase III, y la posibilidad de realizar un acuerdo entre ambos Estados. La reunión duró más de tres horas, pero no se difundió de manera oficial. Ni la embajada ni el Gobierno dieron a conocer ese encuentro.

Alberto Fernández y Vladimir Putin dialogaron telefónicamente el 6 de noviembre pasado sobre la gestión para que lleguen las vacunas rusas a la Argentina

La negociación con los rusos arrancó hace varios meses. Los primeros contactos del Fondo Ruso, que aporta los fondos para la vacuna y se encarga de los acuerdos con los países, fueron con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el laboratorio argentino HLB Pharma, que finalmente quedaría afuera de la negociación. El Gobierno nacional se sumó más tarde y a fines de octubre decidió enviar a dos funcionarias para avanzar con un acuerdo.

La comitiva oficial que viajó a Moscú estuvo integrada por la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, una politóloga que cuenta con la confianza de Alberto Fernández. Los otros pasajeros eran tres representantes del laboratorio argentino, la mujer del ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, y Mariana de Dios, una joven empresaria santacruceña que tiene un vínculo personal estrecho con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los funcionarios argentinos en la visita al Instituto Gamaleya (Infobae)

El ministro de Salud se enteró de los detalles de ese viaje recién el 26 de octubre, cuando las dos enviadas del Gobierno se reunieron con el Presidente en la quinta de Olivos.

El acuerdo con los rusos implicaría una serie de cuestiones logísticas. “Todavía no está decidido cómo se van a trasladar las vacunas hasta Ezeiza. Hay pocas compañías en el mundo capacitadas para ese trabajo”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones. En el Gobierno argentino también hay un plan para traer pequeñas cantidades en aviones de Aerolíneas Argentinas, tal como ocurrió al comienzo de la pandemia con los productos sanitarios que llegaban desde China.

Con las vacunas en Ezeiza, comenzará otro operativo especial para la distribución local. Por estas horas se evalúa darle esa tarea al Correo Argentino.

Antes de todo eso, la vacuna rusa necesita la aprobación de la ANMAT y luego del Ministerio de Salud, según está previsto en los artículos 8 y 9 de la nueva ley de vacunas.

La vacuna Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad5 y Ad26, para una primera y una segunda inyección. El 11 de este mes, el Centro Nacional Gamaleya y Fondo de Inversión ruso anunciaron que la vacuna alcanzó un 92% de efectividad en las primeras pruebas de la fase III y que “no hubo eventos adversos inesperados durante los ensayos”.

“El primer registro mundial de la vacuna COVID-19, realizado en Rusia el 11 de agosto bajo el mecanismo de autorización de uso de emergencia, permite a la Federación de Rusia administrar la vacuna fuera de los ensayos clínicos a voluntarios como médicos y otros grupos de alto riesgo. Ensayos realizados con el uso civil de la vacuna en Rusia (que no forman parte de ensayos clínicos) basados en el seguimiento de 10.000 vacunados adicionales confirmaron la eficacia de la vacuna a una tasa superior al 90%”, se informó ese día a través de un comunicado.

Con la visita de los enviados rusos, el Gobierno busca cerrar un acuerdo y apurar el trámite de aprobación.

Fuente: Infobae.com

Aunque se lo conocía como banquero, el empresario Jorge Brito tenía inversiones no solo en el sector financiero. En las últimas décadas fue diversificando su cartera de negocios y se expandió por el sector agrícola, ganadero, energético y real state, a través de las compañías Genneia, Vizora, Inversora Juramento, Cabaña Juramento y Frigorífico Bermejo.

Su principal activo, del cual era presidente, era el Banco Macro, la entidad privada de capitales nacionales más grande del país que competía en ese puesto con el Banco Galicia, aunque el modelo de negocios de Brito era hacerse fuerte en el interior y apostar al segmento de menores ingresos. Fundó la compañía financiera en 1978, cuando tenía apenas 24 años, junto con su cuñado Ezequiel Carballo. De allí hizo su fortuna que le permitió expandirse a otras industrias.

El resto de las empresas en las cuales tenía inversiones son menos conocidas por el público. Tal vez la que subió el perfil en los últimos años fue Genneia, la empresa de generación eléctrica que invirtió fuerte en energías renovables y se convirtió en la principal productora de fuentes verdes. La compañía tiene un parque solar y siete eólicos en funcionamiento, y está por terminar de construir tres parques más. Además, tiene seis centrales térmicas convencionales (gas natural/combustible líquido) en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán.

Con Vizora, el empresario se había expandido en el sector de desarrollos inmobiliarios, con presencia en el país y en la región. La empresa, fundada hace 14 años, tenía sus principales activos en Puerto Madero. Uno de los proyectos que desarrollaron y gerenciaron fue la torre Macro (Catalinas Norte), sede del banco, que fue diseñada por el arquitecto tucumano César Pelli.

Otros de los proyectos de la firma son Remeros Beach, Link Towers, Madero Walk, Madero Walk Eventos, Zen City (Puerto Madero), Central Tucumano (en San Miguel de Tucumán) y el complejo de viviendas Arboris en Las Lomas y La Horqueta, San Isidro.

Brito tenía participación también en Inversora Juramento, una de las empresas agrícola-ganaderas más importantes del norte argentino. Fundada en 1990, la compañía está dedicada especialmente a la cría, industrialización y comercialización de carne vacuna y, en menor medida, a la siembra. Se cree que el empresario había ido a visitar los negocios de esta empresa cuando se accidentó con su helicóptero.

La compañía maneja en total unas 90.000 hectáreas e hizo punta poniendo un feedlot en ese lugar. «Nos dedicamos a la producción de carne para el abastecimiento de dicha región y para la exportación, participando en todas las etapas de la cadena de valor, incluyendo a la producción agrícola, la que es principalmente utilizada para el abastecimiento del consumo del ganado propio», dice la empresa en su web. Gran parte de sus operaciones están concentrados en la zona de Joaquín V. González.

Frigorífico Bermejo, fundada en 1992, es otra de las firmas del empresario que se dedica a la faena e industrialización de carne vacuna. La compañía tiene una planta industrial en la localidad de Pichanal, en la provincia de Salta, y una capacidad de faena mensual de hasta 12.000 cabezas, con la cual le permite abastecer los mercados de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán en los canales minoristas y mayorista.

La empresa, según destaca, está integrada desde la producción, pasando por faena y finalizando en la comercialización. De hecho, también llegó al público con sus propias carnicerías boutique, bajo el nombre de Cabaña Juramento, que tiene presencia en los barrios del área metropolitana Puerto Madero, San Isidro, Tigre, Pilar y Belgrano, y en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Sobre la parte de agricultura, que hace maíz y soja, entre otros cultivos, la firma destaca que tener el río Juramento próximo se ha convertido en «un diferencial clave que potencia a Inversora Juramento».

«Utilizamos el agua del río para regar nuestros cultivos con un sistema de riego de última tecnología. Esta posibilidad nos permite proyectar con mayor previsibilidad y alcanzar los objetivos de cada campaña», destaca en su página de Internet.