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El kirchnerismo persiste en su fórmula de reacomodar la historia para así poder encajar en una continuidad que no existe en los hechos. En este caso, nuevamente busca apropiarse del concepto de preso político y apela a uno de los lemas más romantizados durante la última dictadura militar.

Entre 1976 y 1983 fue habitual ver cerca de cada fin de año paredes pintadas a brocha gorda con la leyenda: “Por una Navidad sin presos políticos”. De hecho, era tal el sentimiento que la leyenda era compartida por todos los partidos y cada uno lo escribía en distintas paredes sin ser tapados por otros.

Tanto en 2017 como en 2018, en el portal del Instituto Patria aparecía cerca de fin de año un comunicado que pedía “Por una Navidad sin presxs polítcxs” –sic– y que, sugestivamente, no contó con su edición 2019. Eso no implicó que cesaran los actos y convocatorias cerca de cada fin de año. En diciembre pasado le tocó por primera vez a Alberto Fernández a tan solo días de haber asumido la presidencia.

Este año comenzó a circular nuevamente el pedido, ya no desde el Instituto Patria, pero sí desde varios sectores del kirchnerismo que frecuentan el mentado instituto y otros organismos ajenos a la estructura del PJ, como el Frente Patria para Todos, comandado por Fernando Esteche. Según el propio Esteche, este espacio que “se para sobre la doctrina de la Constitución del ’49”, ha tejido alianzas con personas que van desde Amado Boudou, Julio De Vido, Gabriel Mariotto, Alberto Rodríguez Saá y Jorge Capitanich.

La convocatoria es para el lunes 14 de diciembre en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio. Sin embargo, si hay algo que llamó la atención, son las distintas imágenes que utilizaron para hablar de presos políticos: el propio Fernando Esteche, Julio De Vido, Luis D’Elía, Juan Pablo “el Pata” Medina, su hijo Cristian, Omar “el Caballo” Suárez, Amado Boudou, Milagro Sala, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime…y Cristina Fernández.

A riesgo de sonar retórico, vale aclarar que ser preso político durante la última dictadura era estar “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, que contaba con un presidente llamado Jorge Rafael Videla electo por el voto unánime de Emilio Massera y Orlando Agosti.

Todas las garantías constitucionales estaban suspendidas y no había necesidad de explicaciones para privar a una persona de su libertad. Existieron casos de presos políticos “blanqueados” –los que se encontraban “a disposición del PEN”– que terminaron muertos y desaparecidos, pero no llegan a dimensionarse al lado de la masacre general de los detenidos-desaparecidos.

Presos políticos o políticos presos eran también la presidenta depuesta y todo su gabinete, los gobernadores depuestos y todos sus gabinetes, la mayoría de los legisladores nacionales y provinciales, incluso un buen número de magistrados de los distintos poderes judiciales y un sinfín de gremialistas, sin importar si se trataban de delegados de una pyme o los altos mandos de la CGT. Peronistas, radicales, intelectuales, periodistas, no importaba otro motivo que el ideario, algo que no está contemplado como un delito tipificado en el Código Penal y se encuentra prohibido por la Constitución Nacional. Nombres que con el tiempo consiguieron otras sentencias, la de la historia, se entremezclan con un listado de diez mil presos políticos “blanqueados” a disposición del PEN sin distinción de cargo. Entre 1976 y 1983 daba igual ser Juan Pérez o María Estela Martínez de Perón, Fulano o Carlos Menem, Mengano o Jorge Yoma, ultano o Hipólito Solari Yrigoyen, el vecino de al lado o Antonio Cafiero.

En un rulo extraño de la historia, en medio de un gobierno elegido por el voto popular, con el Congreso en plenas funciones, con jueces que juraron por la Constitución y no por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, en un país con Estado de Derecho a pesar de los políticos y no gracias a ellos, hay quienes sostienen que es lo mismo estar detenido hoy que durante la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983.

Los Medina. No se encuentran a disposición del PEN sino del Juzgado Federal de Quilmes. De hecho, siquiera están detenidos en un penal sino con prisión domiciliaria. Depende de a quién se le consulte, el otrora jefe de la UOCRA platense y su hijo están detenidos por su ideología o porque el juez cree que serían los autores de los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita. Las pruebas son la presión a las obras constructoras donde él disponía quiénes trabajaban y elegía qué empresas operaban para facilitar las comidas. Se los vincula con la paralización de grandes obras públicas, como la Autopista a Buenos Aires, el Policlínico platense, y el Estadio Único, pero también de muchas obras privadas, como el Hipermercado Niní y el Colegio de Abogados. Además están los detalles de los aprietes con armas, balaceras y demás formas de imponer la ideología a los laburantes de obras que no pertenecían a su sindicato.

Fernando Esteche. El otrora líder de Quebracho fue excarcelado en octubre de 2019 luego de pagar 400 mil pesos de fianza, pero sigue procesado en la causa que investiga el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán como parte del entramado de encubrimiento del atentado a la AMIA.

“Cuando al Presidente le molestan que le digan que en la Argentina hay presos políticos, el problema es que hay”, asegura Esteche cada vez que puede y considera que “no es cierto que sólo son presos políticos los que estaban a disposición del PEN en la dictadura” y pone como ejemplo los tribunales que condenaron a Nelson Mandela. Se le pasa por alto que la condena a Mandela se dio dentro de un régimen de apartheid.

Pero a la hora de hablar de presos políticos como sinónimos de perseguidos ilegales a Esteche también se le pasa por alto que él mismo fue condenado y encarcelado por el atentado al local partidario de Jorge Sobisch el 5 de abril de 2007. Fue condenado a tres años y seis meses aunque estuvo adentro un año y medio hasta su libertad condicional en 2014. Eran otros tiempos, al país lo gobernaba Cristina Fernández y no se hablaba de lawfare ni de persecuciones políticas, al igual que cuando fue condenado por los desmanes en la visita de la misión del FMI en 2004. También tuvo que lidiar con la Justicia por cuestiones ideológicas, aunque los denunciantes de la comunidad judía lo habían denunciado por usar amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas; usar amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad y organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Esteche había llegado con su agrupación a la embajada iraní para impedir la manifestación de “jóvenes sionistas”, para lo cual informó que tenía lista una “columna de autodefensa” y no dudó en afirmar que se posicionaba “contra Israel y a favor del grupo Hezbollah y Hamas”. Estos dos últimos hechos ocurrieron durante la presidencia de Néstor Kirchner. Tampoco hubo lawfare.

Hoy, Esteche se encuentra “preparando los trapos” para la protesta del lunes “Por una Navidad sin presxs políticxs”.

Ricardo Jaime. Puede que sea un preso político por sus ideales, o también puede ser que el ingeniero agrimensor que Néstor Kirchner puso al frente de la Secretaría de Transporte se encuentre detenido por estar procesado en doce causas, entre las que se encuentran los delitos de dádivas, enriquecimiento ilícito, irregularidades en el otorgamiento de subsidios, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, desacato a la autoridad al desobedecer una medida cautelar impuesta por un juez y abrir una licitación cuando de por medio existía una orden judicial que la impedía, y encubrimiento de lavado de dinero. O también puede ser que el hombre que llegó a Buenos Aires con poco y nada y llegó a tener un yate, casas por doquier y un departamento en la zona más cara de la capital esté detenido por la condena a seis años de prisión tras haber sido hallado culpable del delito de defraudación contra la administración pública en una serie de hechos que culminaron con 51 muertos en el choque del ferrocarril Sarmiento en la cabecera porteña.

Juan Pablo Schiavi. Como si no se hubiera aprendido de la gestión anterior, Cristina Fernández nombró a otro ingeniero agrónomo de profesión al frente de la Secretaría de Transporte. De perfil muchísimo más bajo que el resto de los ex funcionarios presos, Schiavi se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y medio por estrago culposo agravado y administración fraudulenta. En septiembre la Corte Suprema rechazó su recurso de queja y la sentencia quedó firme. Lo mismo que pasó con Boudou la semana pasada pero sin tanto escándalo.

Julio De Vido. El hombre que concentró el poder de la ejecución presupuestaria más cuantiosa durante los doce años y seis meses que el kirchnerismo estuvo en el gobierno fue de los primeros en decir que él es un preso político. Incluso apuró varias veces a Alberto Fernández y hasta llegó a decir que se olvidaron de él.

Es cierto que todo es subjetivo y puede que De Vido se encuentre detenido por cuestiones ideológicas en Zárate, en una celda de 300 metros cuadrados construidos con cinco hectáreas de parque dentro de un complejo que cuenta con laguna propia y dos campos de polo. También puede ser que esté allí por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal, por el caso Skanska, por las irregularidades en la compra de gas licuado, por los manejos de fondos públicos en la causa Río Turbio, por la defraudación a la administración pública en la causa Sueños Compartidos, o por la administración fraudulenta agravada y asociación ilícita en la causa Austral Construcciones, o por el choque del ferrocarril Sarmiento en 2012. Punto para De Vido: en todas esas causas se encuentran muchísimas personas más procesadas. Incluso en una está procesado junto a Cristina Fernández y Lázaro Báez. Solo una persona de las tres zafó de las rejas.

En 2017 De Vido fue desaforado por la Cámara de Diputados con 176 votos a favor. Cambiemos sólo tenía 84 bancas. En 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses por administración fraudulenta en la causa Once II.

Omar “Caballo” Suárez. Al mando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos –SOMU– desde 1989 hasta que fue detenido en 2016, Suárez se encuentra en su casa y con una tobillera electrónica que le prohíbe alejarse más de cien kilómetros a la redonda. Sí, cien. Tuvo dos causas en su contra, una ya en etapa de juicio oral por la que se encuentra privado –en fin– de su libertad por asociación ilícita y otra que en la que el procesamiento fue revocado por la Sala I de la Cámara Federal al considerar que no existen pruebas que lo incriminen en maniobras de lavado en perjuicio del sindicato. Evidentemente en el sindicato no opinan lo mismo dado que fue expulsado de por vida.

Luis D’Elía. El caso de D’Elía puede prestarse para la confusión del propio ex piquetero. Fue partícipe de un hecho que tuvo dos interpretaciones según el Poder del Estado del que hablemos. Para la Justicia, la toma de la entonces Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina que duró desde el 25 hasta el 26 de junio de 2004 constituyó atentado a la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, por lo que fue condenado a tres años y medio. Pero cuando D’Elía atentó contra una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, el entonces presidente Néstor Kirchner no dijo nada. Tampoco lo hizo cuando el 31 de agosto de 2006 D’Elía organizó una contramarcha a la convocatoria de Juan Carlos Blumberg.

Esta sucesión de hechos, sumados al enorme historial de denuncias en su contra por actos violentos, amenazas y lesiones leves, pueden que hayan llevado a que Luis D’Elía no entienda cómo es que alguna vez terminó realmente preso. Ahora se encuentra privado de su libertad en la casa que alguna vez fue de su madre y reclama un indulto presidencial mientras pide que vayan presos los que compran dólar blue.

Milagro Sala. Otra persona con un historial de militancia tan largo que puede prestar a confusiones, al igual que el historial de casi setenta causas que terminaron entre prescripciones y sobreseimientos. Sin embargo, el mayor problema que tiene hoy Milagro Sala es que fue condenada a trece años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. También tiene otras causas pendientes y una con una sentencia ratificada por la Corte Suprema de la Nación. Hace dos años que se encuentra detenida en su casa y es de la que más palos le ha tirado a Alberto Fernández. De hecho, dijo textualmente que se considera “una presa política de Gerardo Morales, después de Macri y ahora de la democracia”. Por si no se entendió a qué se refería con el eufemismo democracia, agregó que “se tienen que terminar los acuerdos políticos, porque nos perjudican a todos los argentinos, no solamente a los que estamos presos políticos”.

Amado Boudou. El caso del ex ministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina Fernández es paradigmático: cuenta con una condena ratificada por todas las instancias judiciales pero es el “compañero” que más adhesiones ha conseguido en la última semana. Su situación procesal de cuádruple confirmación no es excepcional dentro de la excepción –no cualquier delincuente llega a la Corte Suprema– ya que lo mismo ha ocurrido con la Sala, Schiavi y Jaime.

Pero ahí va don Amado todavía con prisión domiciliaria. Mientras, hay un hilo en común que unifica a todos los personajes mencionados en este listado: forman parte del grupo que buena parte del kirchnerismo considera presos políticos.

El detalle. En el afiche de convocatoria, en el centro se encuentra Cristina Fernández. El mensaje es claro y hasta evidente: Cristina tiene sobre sus espaldas algunas prisiones preventivas que no fueron efectivizadas gracias a sus fueros. Por ello es que también la consideran una presa política. Y de paso cañazo, le recuerdan a Alberto quién es la que concentra el poder según la visión de los procesados.

Por si faltara aclarar algo más, hay un punto en el que todos los personajes de esta lista que se han animado a hablar en público sí tienen la razón: la discriminación judicial. ¿Cuántos son los condenados por delitos graves que cumplen su pena en sus casas? Porque sacando al pobre Schiavi y al olvidado Jaime, el resto goza de algunos privilegios que les brinda el Código Procesal Penal, pero que parece que no es igual para todos los ciudadanos.

Por último, y para entregar un botón de muestra del clima reinante en un frente de gobierno con mil cabezas, basta recordar algo ocurrido a principios de este 2020. El 6 de febrero Santiago Cafiero declaró que no había presos políticos, sentando así la posición que ya había expresado el presidente Alberto Fernández, quien prefirió hablar de “detenciones arbitrarias”.

Al día siguiente, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Jorge Ferraresi chicaneó al citar a Antonio Cafiero, abuelo del jefe de Gabinete. “Cuando me preguntaron cuál fue el cargo más importante que ocupé dije el de preso político, dejamos de ser personas pero ahí entendimos el concepto de resistencia”, citó el ahora ministro de Hábitat para luego recordar que “hay que seguir poniendo la voz por los presos políticos”. Obviamente prefirió obviar el contexto y el motivo por el cual estuvo privado ilegítimamente de su libertad el patriarca de los Cafiero.

Fuente: Infobae.com

Luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena del ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la empresa Calcográfica Ciccone, y de las múltiples expresiones desde el kirchnerismo cuestionando esa decisión judicial, este sábado 5 de diciembre la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, apuntó a esos reclamos señalando que «el Frente de Todos defiende a un vicepresidente que fue un ladrón». «La verdad es esa, defienden a un vicepresidente que fue ladrón. La teoría del lawfare sufre un golpe fuerte con esto de Boudou, que era el vicepresidente de Cristina (Kirchner)», sostuvo la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo de Radio Mitre.. «El nivel de irresspeto a la Corte y las instituciones lleva a que una causa que pasó por todas las instancias y todos dijeron que el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner se había apoderado de una empresa de manera ilegal, había hecho una maniobra fraudulenta, y que tenga que salir el Jefe de Gabinete a explicar toda la teoría que es la que hoy hace que Alberto Fernández sea presidente, la teoría del ‘lawfare’ para salvar a Cristina, es una cosa increíble, es la impunidad impotente…». «Lo importante para el pueblo argentino es que Boudou no va a poder volver a poder ser vicepresidente nunca más en la vida, nunca más en la vida va a poder volver a hacer lo que hizo, en consecuencia creo que es importante decir que en la Argentina, a pesar de los embates, hay resguardos institucionales que los que van por todo no pueden pasar…», agregó Bullrich. Qué decía Alberto Fernández sobre Amado Boudou en 2014 «La del lawfare es la teoría de la no ley, la teoría de que los que hacemos política, justamente porque hacemos política queremos que no se nos aplique la ley, eso es el lawfare. Quieren un país en el que los que somos funcionarios públicos, si utilizamos dinero, robamos, si hacemos maniobras extrañas, estemos afuera de la ley porque la política y la ideología nos cubren», señaló la ex ministra de Seguridad. La referente opositora apuntó además de Cafiero al ministro del Interior, Wado De Pedro, al que consideró «como ministro de Propaganda de este Gobierno, porque habla del gobierno anterior por la condena de Boudou y es un proceso que empezó cuando ellos estaban en el gobierno en el año 2012». «Pasaron 8 años, cuando en un país normal esto hubiera durado dos años como máximo, y ahora quiere decir ‘todo esto que me robé, todo esto que dicen que me robé, es porque había un grupo de gente que me quería perseguir». «Pero como decía, lo importante es que Boudou está condenado, va a volver a la cárcel y, si no vuelve, nunca más en la vida va a poder ser vicepresidente de la Nación por la condena», puntualizó la ex legisladora, elogiando a los «fiscales y jueces que actúan de acuerdo a la ley y no se amedrentan».

Fuente: Perfil.com

La ausencia de reuniones públicas o encuentros secretos reflejan la distancia política que hoy existe entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Su alianza de poder está machucada y no hay indicios hacia adelante que permita afirmar que regresarán las coincidencias programáticas entre el Presidente y la Vicepresidente. CFK está muy crítica del jefe de Estado, y esa postura de poder causa muchísima tensión en el Frente de Todos.

Alberto Fernández desmiente la distancia con CFK y arguye que dialoga con ella a través del celular o los mensajes que se envían por WhatsApp y Telegram. Sin embargo, el Presidente ya exhibe cierto hastío político que podría tener un correlato institucional cuando se cumpla un año de su asunción en la Cámara de Diputados.

Hasta anoche no había un sólo acto político que uniera a Alberto Fernández y CFK para recordar la llegada a la Casa Rosada. Y tampoco se demuestra mucho interés en Olivos y el Senado para coronar un evento partidario que refleje la victoria del Frente de Todos ante Mauricio Macri y Juntos por el Cambio.

El próximo 10 de diciembre, Alberto Fernández tiene previsto rendir homenaje a los Derechos Humanos y a los cinco premios Nobel de la Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Federico Leloir, Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein.

El Presidente resaltará que todos estudiaron en la Universidad de Buenos Aires e inaugurará la Casa de los Premios Nobel junto a Pérez Esquivel, que recibió el prestigioso reconocimiento internacional por enfrentar a la dictadura militar y su plan sistemático de represión ilegal.

Alberto Fernández recibió a representantes de organismos de Derechos Humanos – Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Ana María Careaga y Beinusz Szmukler

El acto con Pérez Esquivel será a la mañana y por la tarde concurrirá hasta la exESMA -fue un campo de concentración a cargo de la Armada- para entregar un reconocimiento a la defensa de los derechos humanos.

CFK no aparece participando en estos dos homenajes institucionales, aunque ya sabe de su organización y existencia.

Alberto Fernández y la Vicepresidente mantienen las formas políticas, pero las diferencias aparecen nítidas en el escenario político. Hace pocos días, cuando nadie lo esperaba, Cristina Fernández impugnó un anuncio del Presidente relacionado a la movilidad jubilatoria, que había anunciado a través de los medios de comunicación.

Cristina no planteó los cambios en un cónclave con Alberto Fernández. Un alfil de la Vicepresidente informó a la Casa Rosada, y minutos más tarde ese reclamo fue filtrado sin inocencia para desgastar la imagen presidencial. El jefe de Estado entendió la jugada del kirchnerismo y con el ministro Martín Guzmán exorcizó un planteo interno que lo podía dejar en falsa escuadra.

En la Casa Rosada, el espacio político de CFK ya tiene nombre propio: “República Separatista del Senado”.

Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara de Senadores

Ya no es un secreto de Estado que Alberto Fernández y CFK juegan al ajedrez político en el Parlamento. La vicepresidente impone su voluntad política en la Cámara Alta, y el presidente mueve en silencio sus piezas en Diputados para trabar, congelar o modificar iniciativas que tienen la impronta del kirchnerismo puro.

En este contexto, la nominación de Daniel Rafecas como Procurador General seguirá esperando en el frío polar de la Comisión de Acuerdos del Senado, mientras que la reforma a la Procuración General aguardará en Diputados hasta que haya consenso político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Una circunstancia poco probable por estas horas.

El 10 de diciembre puede ocurrir un hecho inédito en la historia política de la Argentina. El Presidente festejando un año de su victoria electoral sin la Vicepresidente que diseñó el plan que los llevó a Balcarce 50. Si así ocurriera, Alberto Fernández y CFK ya no tendrán que disimular cómo está su relación de poder.

Fuente: Infobae.com

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se encuentran aislados debido a que un colaborador del mandatario provincial dio positivo para coronavirus. En la misma situación se encuentran el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y su par de Comunicación, Jésica Rey.

«Acabo de enterarme que un colaborador dio Covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho. Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos», indicó Kicillof en un mensaje publicado en su cuanta oficial de la red social Twitter.

Fuentes del ejecutivo provincial confirmaron que el gobernador permanece en un aislamiento preventivo junto a su familia en la residencia oficial de La Plata y que no reporta síntomas de coronavirus, al igual que los tres funcionarios.

«Debido a que un colaborador de la Gobernación resultó con Covid-19 positivo, acabo de entrar en aislamiento preventivo, a pesar de no tener ningún síntoma. Nos tenemos que seguir cuidando, porque la pandemia no terminó ni mucho menos», escribió Bianco en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el legislador kirchnerista cumplirá con el protocolo correspondiente y se aislará hasta tanto se determine su diagnóstico.

Es la segunda vez, en menos de dos meses, que tanto Kicillof como Kirchner deben aislarse.

Con información de Télam

Fuente: La Nación

El kirchnerismo salió a respaldar al ex vicepresidente Amado Boudou tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ciccone. Ahora, el camarista Juan Ramos Padilla apuntó contra los jueces del máximo tribunal y dijo que le «dan vergüenza”, mientras que el senador Oscar Parrilli afirmó que tienen una «asociación escandalosa con el macrismo». El padre del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien es el candidato del oficialismo para ocupar el juzgado federal 1 de La Plata, que tiene a su cargo la competencia electoral de toda la provincia de Buenos Aires, señaló: “La CSJN dos párrafos para condenar un vicepresidente. Art. 280. Para cuidar a Bruglia Bertuzzi y Castelli más de un mes para justificar porque se quedan». El Gobierno y el kirchnerismo salieron a respaldar a Boudou tras el fallo de la Corte En esa línea, calificó al fallo como «patético» y afirmó: «Con Boudou, la Corte está humillando al Pueblo y limitando el estado de derecho. Debemos proteger la democracia. No me afecta que ataquen los trolls, sólo demuestran que la verdad es nuestra. Esta Corte es una vergüenza, para la parte sana que hay en el Poder Judicial». Y también pidió el juicio político contra los jueces de la Corte: «Participar, los dos tercios del parlamento son necesarios para destituir a la Corte. Mientras tanto participar y peticionar. Sin violencia, con inteligencia. Recuerden la lucha de las Madres de la Plaza». «Todos los días un fallo aberrante. No hicimos nada en un año. Los delincuentes togados en sus puestos. Ahora se pasean por sus medios de comunicación, para que otros jueces tomen nota”, agregó Juan Ramos Padilla. Por último, comentó que el presidente Alberto Fernández “nos pidió que protestáramos. Bueno la justicia sigue igual, todos los que hicieron barbaridades en sus cargos. No es necesario ser chupamedia o políticamente correcto, la verdad se dice claramente y punto». “La verdad no hay que ocultarla. Un año con presos políticos no sólo en prisión domiciliaria, es grave. Algunos callan quieren ser políticamente correctos?”, añadió. Amado Boudou: «No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo» Por su lado, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló: «La actitud de la Corte deja un sabor amargo y una sensación de una falta de justicia total». «Recientemente, la Corte estuvo durante un mes tratando un per saltum de dos jueces que habían sido designados a dedo por Mauricio Macri. Lo trató con gran rapidez, lo analizó, no lo descartó, aún cuando podrían llegar por los carriles normales al alto tribunal», expresó. «La Corte, cuando se trata de acciones del macrismo o de acciones que respondan a los intereses corporativos de ellos, los tratan con rapidez. Cuando se trata de alguien cercano al gobierno de Cristina Kirchner no lo trata, lo desprecia, y nos deja la sensación de no investigar a fondo, si realmente hubo o no alguna acción delictiva por parte del ex vicepresidente», concluyó.

Fuente: Perfil.com

Luego de una semana convulsionada en la cual se intensificó la tensión entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, Eduardo “Wado” De Pedro, una de las espadas políticas de la Casa Rosada y artífice de la embestida contra Horacio Rodríguez Larreta, ratificó el rumbo del Ejecutivo y defendió la quita de fondos al alcalde porteño.

“Nos gustaría que la Ciudad se integre a la discusión de una argentina federal y que reconozca que en los últimos 4 años tuvo privilegios que tiene que devolver. Seria muy bueno que el jefe de Gobierno porteño devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri”, expresó el ministro del Interior en diálogo con Radio 10.

Para el funcionario, “el exceso de recursos entregados a la Ciudad por Macri hace a la discusión de qué modelo de país queremos tener” y puso como ejemplo de que en las provincias falta infraestructura y recursos. “Cuando recorro las provincias veo que no se fomentaron las políticas regionales”, dijo De Pedro, en comparación a las obras que sí se hicieron en territorio porteño con dinero de la Nación.

“La discusión tiene que ver con la redistribución de los ingresos y la inclusión”, enfatizó el Ministro, quien tras hacer un listado de las obras que necesita el NOA para desarrollarse y ser más competitivo se lamentó de que esos recursos económicos fueron utilizados para potenciar la Ciudad.

“Hay 20 obras (para hacer) que cuestan lo mismo que el Paseo del Bajo y esas 20 obras le dan de comer a millones de argentinas y permiten el arraigo. Hay una clara visión y fuerte consenso de que Argentina es un país federal y que las economías regionales se tienen que desarrollar y las obras tienen que llegar a todos los rincones de la argentina”, puntualizó.

Para el Ministro del Interior “ningún Presidente tiene que hacer lo que hizo Mauricio Macri” y llamó a terminar con “la picardía y viveza criolla” que aplicó el ex presidente en sus cuatro años de mandato.

Incluso, adelantó que “hay muchos gobernadores que están pensando hacer el reclamo en la Corte Suprema para que la Ciudad devuelva ese dinero” de la coparticipación.

Noticia en Desarrollo

Fuente: Infobae.com

Nueve de cada diez productores agropecuarios consideran que el Gobierno de Alberto Fernández está teniendo un desempeño negativo.

El dato fue reflejado por la consultora Amplificagro en una encuesta realizada entre el 22 y el 27 de noviembre pasado a 552 personas, entre empresarios del campo pequeños, medianos y grandes de distintas regiones geográficas, especialmente de la zona pampeana.

Desagregada la información, un 63,1% cree que el desempeño del Gobierno es muy malo. Luego, un 28,7% lo ve como malo y un 6,3% regular. La valoración negativa «malo/muy malo» suma 91,8%. La valoración positiva, «muy bueno a bueno», solo llega a un 1,9%

Por otra parte, solo un 2,4% de los productores señalaron que el desempeño del Ministerio de Agricultura era bueno. Un 42,8% lo ve como muy malo, un 33,6% como malo, mientras que para un 17,3% es regular la gestión de la cartera de Luis Basterra.

Consultados si la dirigencia política actual favorece o perjudica el desarrollo del sector agropecuario, la respuesta de la mayoría fue negativa, con un 93% y solo el 2,4% lo vio como positiva a la gestión para con la actividad.

Asimismo, el estudio relevó que un 93,9% de los encuestados cree que no se han superado las tensiones en el mercado cambiario, mientras que solo el 0,7 entiende que están superadas. En cuanto a la posibilidad que haya una brusca devaluación de la moneda, el 83,4% lo ve como probable.

Por otra parte, un dato relevante que surge del relevamiento es la información que los productores tienen acerca de las modificaciones de la ley del manejo del suelo, donde un 38,6% desconoce cuáles son los cambios en la nueva normativa.

Pero la desinformación es mayor aun cuando se les preguntó por el proyecto de ley en donde se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración y uso sostenible de los humedales. Allí, casi un 64,7% dijo desconocer de qué trataba dicho proyecto.

Por último, el relevamiento exhibió que más del 93% del sector está en desacuerdo con el impuesto a la riqueza.

Fuente: La Nación

El 2021 será, con la hipótesis oficial de que la vacunación comenzará en enero, un año donde el coronavirus no tendrá el protagonismo. Al menos, es lo que esperan en los gobiernos nacional y bonaerense, donde ya comenzaron a diseñar una agenda productiva dirigida a generar una fuerte recuperación económica en un corto plazo. En ese contexto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicllof, proyectó un plan de obra pública millonario para arrancar el año.

El gobierno bonaerense planea invertir $180 mil millones en la construcción de rutas, viviendas, obras hidráulicas, camino rurales y escuelas. Lo hará durante el próximo año, momento en el que el Frente de Todos debe revalidar el respaldo popular en las urnas. Las elecciones legislativas llegan después de un año donde la crisis económica existente se profundizó en forma abrupta como consecuencia de la pandemia y la extensión de la cuarentena en reiteradas oportunidades.

Las obras no siempre se traducen en votos, pero son generadoras de trabajo. Son el primer empujón para hacer girar la rueda de la economía. Inversión pública, generación de empleo y aumento del consumo. En La Plata destacan que parte del proyecto de obras lo hubiesen querido ejecutar durante el 2020, pero fue imposible porque el foco estuvo puesto en combatir la pandemia. Sin embargo, nadie niega que va a tener impacto en las elecciones de medio término. Kicillof quiere mostrar gestión y utilizar la obra pública como el canal para reactivar la castigada economía de la provincia.

El gobierno de Buenos Aires proyectó una millonaria inversión en obra pública para el 2021

A cargo de ese ambicioso plan está el Ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, uno de los funcionarios que forma parte del núcleo duro del kicillofismo. El Gobernador derivó en él la coordinación de todos los proyectos de obra y la ejecución. Apelando a su costado de profesor, le recalcó la necesidad de terminar las obras en un plazo posible, pero al mismo tiempo, corto. Tanto las que están a medio camino y fueron heredadas de la gestión de María Eugenia Vidal, como las que se empiecen de cero.

“El objetivo de Axel es desarrollar la estructura productiva de la provincia y para eso necesitamos rutas, líneas de alta tensión, gasoductos. Un plan de obra pública que dure 5 años. A eso tenemos que apostar”, explicó Simone a Infobae. El gobierno bonaerense espera que la millonaria inversión genere120 mil puestos de trabajo. Aspiran a que sean más. Pero en La Plata suelen ser cautelosos en las proyecciones.

De los $180 mil millones, $120 mil millones serán ejecutados por el ministerio que conduce Simone. Los $60 mil millones restantes serán gestionados por el Ministerio de Justicia, para la construcción de cárceles, y el de Educación, para las obras en las escuelas. “En el Gobierno siempre pensamos en un plan de infraestructura para levantar la economía de la provincia. La ejecución se retrasó por la pandemia. Pero era un proyecto que teníamos desde el momento en que asumimos”, advirtió el funcionario.

Kicillof quiere construir 10 mil viviendas en un año

Según el proyecto que tienen armado, se invertirán $38 mil millones en obras viales, $21 mil millones en obras hidráulicas, $17 mil millones en obras para el transporte de agua y la construcción de cloacas, $14.500 mil millones en un plan de viviendas, $8.500 mil millones en obras civiles y $8.000 mil millones que se destinarán a los municipios. Al COMIREC, que es un ente autárquico que coordina y ejecuta acciones vinculadas con el saneamiento ambiental, se le destinarán otros $5.600 mil millones.

Simone precisó que el dinero para hacer las obras saldrá de diferentes sectores: $54 mil millones de rentas generales, $32 mil millones prestados por organismos multilaterales, $24 mil millones de fondos generados por convenidos firmados con el Gobierno nacional y recursos propios de la provincia por un total de $5 mil millones. Además, podrían sumarse nuevas partidas de dinero provenientes del Gobierno nacional.

“El presupuesto de Infraestructura dedicado a la obra pública va a pasar, una vez que se vote, del 3%, que tenía en el 2019, al 6%. Se duplica. Además, sumando todo las obras proyectadas por los tres Ministerios, un 10% del total del Presupuesto pertenece a la obra pública”, sostuvo Simone. Ese porcentaje recalcado por el ministro habla de la importancia que tiene para Kicillof el proyecto de obras y de la necesidad que tienen en La Plata de que el Presupuesto se apruebe con la menor cantidad de modificaciones posibles. Quizás, la tarea más difícil.

El Ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Agustín Simone

Simone, en línea con Kicillof, apuntó a la gestión de Vidal por “la baja ejecución de obras públicas”. “Nosotros hoy les decimos a las empresas que terminen cuanto antes, lo habitual en la provincia era lo contrario. El ministerio no pagaba porque no tenía plata y entonces las empresas trabajaban a dos por hora, a medida que recibían los pagos”, cuestionó.

En el gobierno bonaerense consideran que la ex gobernadora concentró las obras en el 2017, cuando se llevaron a cabo las elecciones en las que terminó ganando Cambiemos, y después las frenó porque no había fondos para sostenerlas en el tiempo. Las críticas a la gestión anterior están presentes siempre en las voces del Gobierno. No hay tregua y el recuerdo es permanente.

El proyecto contiene obras viales en las rutas 4, 6, 11, 21, 36, 40, 41, 51, 56 y 65. También tienen la rehabilitación de caminos rurales, en dónde se empezará a utilizar un producto sintético que mejora el suelo y logra que quede menos afectado después de las lluvias. Es un sistema que dura 5 años y que la empresa a la que se le adjudicada la licitación se tiene que hacer cargo del mantenimiento del camino por un año. Los cuatro años restantes dependerá del Estado provincial.

El plan del gobierno provincial tiene estipulado reformas y nuevas construcciones en hospitales

Ese plan se aplicará en 800 kilómetros de caminos rurales distribuidos en un puñado de localidades: Carmen de Areco, Merlo, General Paz, Leandro Alem, Alberti, Roque Pérez, Castelli, Carlos Casares, Tapalqué, Mar Chiquita, Coronel Suárez y Benito Juárez. Dentro de las obras hidráulicas que están en el plan se encuentran el Río Areco, Arroyo Pergamino, El Saldo, la Cuenca del Luján y el Arroyo Dupuy, en La Matanza.

Finalmente, con respecto a la construcción de viviendas, apostarán a terminar 5.000 que vienen de la gestión anterior y comenzar otras 10.000. El objetivo que se trazaron en terminarlas en un año calendario. Además, el proyecto incluye reformas o nuevas construcciones en hospitales como el Ludovica, Rossi, Gutiérrez y Alem.

El objetivo político es la reactivación de la economía y la obra pública como el eje de esa reactivación. Kicillof entiende que es el mejor atajo para salir de la pandemia con la menor cantidad de heridas posibles. A la par debería llevarse adelante el proceso de vacunación, lo que implica un enorme desafío logístico. Gestión. De eso se trata. Lo que logren y muestren tendrá algún impacto en las elecciones del próximo año, pero es imposible descifrar cuál será.

Fuente: Infobae.com

En un intercambio de cartas con sus exalumnos del colegio secundario jesuita Inmaculada Concepción, de Santa Fe, los mismos con los que en sus clases de literatura compartió en 1965 un encuentro con Jorge Luis Borges, el papa Francisco tomó distancia de su relación con Cristina Kirchner y reveló que no está al tanto de todo lo que pasa en la Argentina.

Unos veinte exalumnos, que lo tuvieron de profesor cuando era seminarista jesuita, le transmitieron su profunda preocupación por la crisis que afronta el país.

Sus exalumnos le plantearon que «Cristina Fernández está tratando de alterar todo el sistema judicial en su provecho, lo cual tendrá consecuencias deletéreas para el futuro del país. Ella dice ser víctima de una persecución judicial o lawfare, pero lo cierto es que sus crímenes están a la vista de todos y la justicia le ha dictado prisión preventiva».

En un crudo diagnóstico, los integrantes de la promoción 1965 le escribieron al pontífice: «La República se encuentra en una circunstancia extremadamente grave: la actual vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández, haciendo gala de tu supuesto apoyo incondicional, persigue como único fin escapar a los juicios que la acechan debido a los delitos que ha cometido con su familia. Los mismos estarían totalmente probados y la mayoría de ellos se encuentran en avanzado trámite procesal y si no estuviera amparada por los fueros legislativos que le otorga el ser vicepresidenta, ya la habrían encarcelado hace rato».

Y señalan un escenario preocupante, ante los sucesivos «errores» del gobierno de Alberto Fernández, como quedó demostrado en el reciente «sepelio maradoniano».

Fuentes del Episcopado confirmaron a LA NACION el intercambio de cartas y dijeron que «hay que entender las respuestas de Francisco a la luz de la carta que le mandaron sus exalumnos».

Francisco dijo que no tuvo ningún contacto con Cristina Kirchner ni con Mauricio Macri desde que ambos dejaron la presidencia. «Después de eso no tuve ningún contacto con ellos», señaló Francisco en su carta manuscrita.

«No tengo correspondencia con los políticos. Solo alguna vez recibo cartas de gente que está en la política, pero muy pocas. Y mi respuesta es sin mezclarme en la lucha política de cada día, sino más bien pastoral y de buena educación», explicó a sus exalumnos. Desestimó, en ese sentido, la costumbre de la «fachada porteña» de jactarse de «ser muy amigo de o «estoy en habitual contacto con».

«Queridos amigos, gracias por el correo. Me alegró mucho recibirlo y también me hace feliz que estén tan inquietos por el bien de la patria. El amor a la patria es un valor fundamental, indica amor a los padres de la patria, amor a las tradiciones, amor al pueblo de la patria», señala el Papa en la carta.

«No estoy al tanto»

«Les tengo que confesar que no estoy al tanto de todo lo que pasa allí, en detalle. La Secretaría de Estado me pone al tanto de la marcha de los países una vez por semana. Lo hacen bien y con reservas. Allí me entero de las cosas de la Argentina y confieso que algunas me preocupan«, admitió el pontífice.

En referencia a situaciones que pasan en la Argentina, el Papa dijo: «Aquí juega mucho el fenómeno del relato» un método de comunicación en el que cada uno añade o quita algo y se llega a resultados inverosímiles». Explicó, por ejemplo, que el cuento de Caperucita Roja termina «en una mesa en la que Caperucita y la abuela están comiendo un riquísimo puchero hecho con la carne del lobo».

Ratificó su posición frente al aborto, al señalar que no es un asunto religioso, sino de ética humana, e invitar a todos a preguntarse «si es justo eliminar una vida y alquilar un sicario para resolver un problema», al igual que lo hizo en otras cartas enviadas a legisladores nacionales, en momentos en que la Cámara de Diputados trata el proyecto de legalización que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

«Me causa gracia cuando alguien dice ¿por qué el Papa no envía a la Argentina su opinión sobre el aborto? Pues la estoy enviando a todo el mundo, incluso a la Argentina, desde que soy Papa».

Francisco relativizó el vínculo con el dirigente social Juan Grabois, quien integra desde hace varios años el Ministerio de Desarrollo Humanos Integral del Vaticano y hace algunas semanas participó activamente de la ocupación de un predio de la familia Etchevehere, en Entre Ríos. Y les hizo un encargo especial a sus exalumnos de Santa Fe: «Respecto a lo que afirman que dicen que es mi amigo y tiene un contacto conmigo, les pido un favor, que para mí es importante. Necesito copia de las declaraciones en las que afirma eso. Me ayudará mucho recibirlas».

El Papa insistió, además, en que en su pontificado mantiene la posición de la doctrina social de la Iglesia sobre la propiedad privada. Y recordó que los santos Pablo VI y Juan Pablo II «tienen algunas expresiones todavía más duras».

 

El oficialismo aprobó esta noche en el Senado la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para personas con patrimonios desde los $200 millones y con el que se espera recaudar más de $300 mil millones. La iniciativa fue convertida en ley con 42 votos a favor y 26 en contra, tras un debate de casi cinco horas en la que el oficialismo defendió el carácter excepcional del tributo y negó que se trate de un «impuesto», y la oposición sostuvo que «atenta contra la inversión» y que será judicializado. La iniciativa, impulsada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, establece un aporte por única vez, que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los $200 millones, destinado a atender problemas sociales y económicos derivados de la pandemia. Juntos por el Cambio rechazó el proyecto por considerar que «atenta contra las inversiones», y que además genera una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, por lo que advierten que el tema será judicializado por el sector empresarial. La Rural se quejó por impuesto a la riqueza y la ley del manejo del fuego: «Afectarán la producción» En el inicio del debate, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) remarcó que «el 0,02% de las personas son los que tienen que hacer este aporte». Dijo que daba ese dato para que «la gente no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos -que no tiene nada de malo ser rico-, el 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte». Al defender el proyecto, Caserio subrayó que, según la OCDE, «la renta personal gravada» en los países miembro es del 24%» en promedio, mientras que Argentina solo tiene gravado «el 7%». «Si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales, necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar, pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria», señaló, por su parte, la santafesina María de los Ángeles Sacnun. En tanto, Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) afirmó: «Digámoslo de una vez, esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año. Ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en la Argentina». A su turno, el senador Roberto Basualdo -quien está entre los legisladores alcanzados por este tributo, junto a Máximo Kirchner- advirtió que este es un «impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo», que generará un «incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina». En tanto, el bonaerense Jorge Taiana (Frente de Todos) insistió, para responder a las críticas de la oposición, en que el aporte extraordinario «no es para las empresas, es a las personas que tienen grandes fortunas, al menos 200 millones de pesos». En 2021 la presión fiscal efectiva se recalienta y será del 33% El nuevo tributo alcanzará a 11.855 personas, según precisó la AFIP, un número superior a las 9.298 que se estimaba inicialmente, cuando el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5%, con un diferencial para bienes declarados en el exterior, que consiste en que sus propietarios queden exentos del impuesto si deciden repatriar el 30% de esas tenencias. El fundamento central de la iniciativa fue utilizar lo recaudado -el Gobierno estima que serán aproximadamente 300 mil millones de pesos- para atender problemas económicos y sociales derivados de la pandemia de Covid-19. Los puntos principales del proyecto de Aporte Solidario -Se crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario y obligatorio. -Se encuentran alcanzadas por el aporte las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior. -Se dispone que quedan exentas de este aporte las personas mencionadas cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de los 200 millones de pesos. Cuando se supere esta cifra, quedará alcanzada por el aporte la totalidad de los bienes. -El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia. -Se dispone que las personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales ubicadas en el país o las sucesiones allí radicadas que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al aporte deberán actuar como responsables sustitutos del aporte. -Se dispone que la base de determinación se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. -Se dispone que se entenderá por repatriación el ingreso al país, dentro de los 60 días, inclusive, contados desde la entrada en vigencia de esta ley, de las tenencias de moneda extranjera en el exterior y de los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un 30 % del valor total de dichos activos. -Por los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación en los términos del párrafo anterior, se deberá calcular el aporte a ingresar conforme la tabla que se detalla, la cual establece porcentajes de entre el 3 % y el 5,23 % según el valor total de los bienes. -Una vez efectuada la repatriación, se dispone que los fondos deberán permanecer hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 de entidades financieras, o afectados, una vez efectuado ese depósito, a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo nacional. -El producido de lo recaudado por el aporte establecido en el artículo 1° será aplicado: 1) Un 20 % a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. 2) Un 20 % a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. 3) Un 20 % destinado al programa integral de becas Progresar gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. 4) Un 15 % para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de las personas que viven en los barrios populares. 5) Un 25 % a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina SA. -Se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados. -Se dispone que la aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte estará a cargo de la AFIP. -Se faculta a la AFIP a dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte. -Se establece que, cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días previos a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación.

Fuente: Perfil.com