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A la 7.30 de este sábado, una comitiva argentina compuesta por seis mujeres partió desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Air France. Tras una breve escala en París, las funcionarias llegarán a Moscú, donde podrán verificar el proceso de producción de la vacuna Sputnik V. Esta vez no hay secreto ni misterios: el anuncio lo hizo el propio Alberto Fernández tras la firma del contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa. El resultado del viaje es clave para los objetivos que se trazó el Gobierno: traer 300 mil vacunas antes de fin de año y vacunar a 10 millones de argentinos contra el coronavirus entre enero y febrero.

La comitiva está encabeza por la viceministra de Salud Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, una politóloga que cuenta con la confianza del Presidente y fue determinante para el acuerdo con los rusos. También viajan cuatro científicas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el organismo que debe aprobar todas las vacunas que se utilicen en nuestro país. Durante su estadía, visitarán el Centro Nacional Gamaleya, una institución de excelencia a nivel mundial donde se desarrolla la vacuna, y la sede de la empresa Generium, que forma parte de su proceso productivo. “Se realizará la verificación técnica de los establecimientos y los procesos de fabricación utilizados en los productos”, se limitó a comunicar la ANMAT en un comunicado.

También habrá un encuentro con el director general del Fondo ruso, Kirill Dmitriev, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales. Si no hay cambios de último momento, toda la actividad estará concentrada en Moscú y la comitiva regresará a Buenos Aires el sábado 19.

Las seis enviadas se realizaron un hisopado antes de viajar pero volverán a repetir la prueba en el aeropuerto de Moscú y deberán esperar los resultados en el hotel, como ocurrió en el primer viaje.

Funcionarios del Fondo de inversión ruso y del Instituto Gamaleya en el primer viaje (Infobae)

Vizzotti y Nicolini ya estuvieron en Moscú hace dos meses. En ese caso se alojaron en el Hotel Lotte, a pocas cuadras del río Moscova. Para la funcionaria de Salud, que ayer estuvo en el Congreso para festejar la media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), era la primera vez en Rusia. En cambio, Nicolini ya había estado en 2009 como turista.

Luego de ese viaje, una comitiva rusa pasó por Buenos Aires y luego el ministro de Salud Ginés González García se reunió en secreto con el embajador ruso, tal como reveló este medio. Durante las últimas semanas, Nicolini y Vizzotti monopolizaron las gestiones y mantuvieron un estricto bajo perfil.

Tras la firma del acuerdo, el Gobierno decidió empezar a comunicar los próximos pasos. El jueves, el presidente aseguró que “habrá una primera remesa de alrededor de 600 mil dosis antes de fin de año” y que entre enero y febrero llegarán “las dosis suficientes” para vacunar a 10 millones de personas.

El Gobierno apuesta a contar con el primer lote antes del 31 de diciembre, aunque todavía restan definir las cuestiones logísticas. En principio, las primeras vacunas se retirarán del aeropuerto de Moscú y serán trasladadas en un avión de Aerolíneas Argentinas. “Todavía no está definido el método de transporte”, admiten en el Gobierno.

Aunque el primer lote llegue a tiempo, para comenzar a vacunar se necesita la aprobación local. La comitiva regresará el sábado 19 y habrá apenas doce días hasta el 31, con varios feriados por las Fiestas. “Las técnicas de ANMAT van a presentar un informe ante el Ministerio de Salud apenas vuelvan”, dijo una fuente oficial que conoce la agenda de la comitiva argentina.

“La información está. Hay que ir a buscarla, hay que ir a verificarla, y lo que la ANMAT debe darnos es certeza de que lo que estamos comprando es la calidad que pueden los argentinos recibir”, indicó el jueves el presidente sobre la importancia del viaje.

Alberto Fernandez y Gines Gonzalez Garcia anunciaron el acuerdo con Rusia (Franco Fafasuli)

El contrato firmado con el Fondo ruso incluye “una preferencia a favor de Argentina para poder vacunar a otras 5 millones de personas en marzo” si se atrasa la llegada de las otras vacunas, según dijo Alberto Fernández en la conferencia de prensa del jueves. Para ese entonces, el Gobierno espera comenzar a recibir las vacunas de Oxford-AstraZeneca y las que provienen de COVAX, un banco de vacunas organizado por la ONU.

Cada vacuna (son dos dosis) tiene un costo de USD 19,90, pero a eso hay que agregarle el costo millonario del transporte. En principio, se utilizarán los aviones de la aerolínea estatal, como ocurrió con los insumos que llegaron desde China al comienzo de la pandemia, aunque en este caso el desafío es más complejo por la cadena de frío que requieren las vacunas. “Los elementos de China no demandaban temperatura controlada. No es sencillo colocar contenedores en las bodegas, a menos 18 grados, con aprobación de ANMAT y en tan poco tiempo”, apuntó una fuente del mercado farmacéutico.

En el Gobierno admiten que la batalla logística recién comienza, pero dicen que es un desafío para todos los países. “Se calcula que habrá 15 mil aviones cargando la vacuna por el mundo”, advierten.

El paper que publicó Infobae en octubre donde figura el precio de la vacuna.

A esta altura tampoco hay certezas sobre la procedencia de la vacuna. El jueves, ante una pregunta de una cronista de Infobae, Fernández admitió que todavía no está claro en qué países se producirán las dosis prometidas. “Se produce en muchos lugares, las primeras van a venir de Rusia, pero la producción en escala se hará en India o en Corea del Sur, y también se ha propuesto a Bangladesh”, apuntó el ministro de Salud.

El pago de la vacuna es más sencillo: el contrato estipula una transferencia bancaria del 50% cuando se carga el lote en el aeropuerto de salida y el 50% restante cuando aterriza el avión en Buenos Aires.

El factor diferencial de la vacuna rusa reside en el uso de dos vectores diferentes, basados en adenovirus humano Ad5 y Ad26, lo que permite generar una respuesta inmune más fuerte y duradera que las vacunas que usan un solo vector para las dos dosis. Datos preliminares obtenidos de 18.000 voluntarios, 42 días después de que éstos recibieran la primera dosis (equivalente a 21 días después de haber recibido la segunda dosis), indican una eficacia superior al 95%.

Cuando le preguntaron por la calidad de la vacuna Sputnik V, Alberto Fernández aseguró que será el primero en aplicársela para generar conciencia en la ciudadanía y alejar fantasmas. “Una vez que esté aprobada por la ANMAT, voy a ser el primero en vacunarme para que nadie tenga miedo”, aseguró.

El ministro de Salud se propuso como el segundo de la lista pero en el Gobierno tienen previsto ofrecerle ese lugar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego comenzará el plan de vacunación por los casos prioritarios: el personal sanitario, las fuerzas de seguridad, los mayores de 65 años, y los docentes.

Fuente: Infobae.com

El Senado convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autonóma de Buenos Aires y aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria con el cambio de último momento sugerido por el kirchnerismo. La nueva norma para la quita de coparticipación porteña, aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación acordada en la Cámara de Diputados. Durante la sesión especial, la bancada opositora ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular. Cristina convocó al Senado para debatir movilidad jubilatoria y fondos de CABA La senadora del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún advirtió que la oposición plantea «permanentemente una judicialización de las leyes» y consideró que hay quienes pretenden «socavar» al sistema republicano en lo que parece, dijo, «una democracia de los jueces». La presidenta de Asuntos Constitucionales del Senado, reivindicó las atribuciones del parlamento, “porque si resignamos las facultades del Congreso de la Nación, estaremos socavando el sistema republicano, representativo y federal y avanzando hacia una democracia amañada, a la que llamaría “democracia judicial”. En cuyo caso, no importarían las atribuciones del Presidente de la Nación ni del Poder Legislativo, total siempre habrá un juez, que al final tome una determinación tirando por el piso las definiciones autónomas que adoptamos”.  Para su par de bancada, Mariano Recalde, no se trata de «quita ni de coparticipación» sino que lo que se busca «es corregir y enmendar» una «inequidad» y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de ser «cínico» por querer «echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales». El senador de PRO, Esteban Bullrich, retrucó los dichos de Sacnún y consideró que lo que se judicializa «es el abuso de la mayoría» y reiteró que irán «a la Justicia» porque creen «en la independencia de poderes». Chiche Duhalde enfureció por el recorte a Larreta: «Son unos hijos de…» Por su parte, el senador radical Martín Lousteau expresó que el presidente Alberto Fernández «modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para darselos a otro», tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios. Lousteau consideró que la provincia de Buenos Aires es de las más «relegadas» en cuanto a redistribución de fondos, aunque señaló que fueron mandatarios «del peronismo los responsables» de esa inequidad, y afirmó que lo que «buscan es complicarle la vida» a un eventual «competidor político» como Rodríguez Larreta. Movilidad jubilatoria En la misma sesión, el oficialismo aplicó su mayoría en el Senado y aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea un nuevo régimen de movilidad de las jubilaciones. La nueva fórmula es similar a la que se aplicó durante el gobierno de Cristina Kirchner. En esta oportunidad, el cálculo para actualizar las jubilaciones se aplicará de manera trimestral y excluye a la inflación. La recaudación para el pago de haberes estará compuesto en partes iguales por los impuestos destinados a financiar a la Anses y por el indicador que arroje el resultado más alto entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el índice de evolución salarial que elabora el Indec. El Senado aprobó el proyecto de Reforma Previsional El proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 26 en contra, con los cambios sugeridos por los senadores oficialistas que, impulsados por la vicepresidenta Cristina Kirchner y dista mucho del enviado por el Poder Ejecutivo, redactado por el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, mientras la misión del FMI se encontraba en el país renegociando la deuda. Con esta aprobación se incluye, además del cambio de la fórmula y la periodicidad con la que se realzará la actualización, el 5% de aumento a los jubilados otorgado por el Gobierno en diciembre, que en el proyecto de Economía era tomado a cuenta de la primera actualización. El presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Lovera (Frente de Todos-La Pampa), defendió el reemplazo de la fórmula de actualización votada en 2017, que se encuentra suspendida por decreto por el Gobierno, al tiempo que criticó al gobierno de Mauricio Macri y calificó de «irresponsale y desmemoriada» a la oposición. «Estamos dando respuestas a nuestros jubilados y aportando a la sostenibilidad del sistema», afirmó Lovera y agregó: «Esta fórmula es más justa, es equitativa, sabemos que funciona porque ya funcionó y nuestro adultos mayores obtuvieron una mejora sostenida de su poder adquisitivo», dijo. Por su parte, Julio Martínez (UCR-La Rioja) les advirtió a los senadores oficialistas que «es muy grave» el proyecto de ley porque «están despegando la actualización de los jubilados de la inflación en un país que hace muchos años tiene inflaciones altas y están pegando el haber de los jubilados al crecimiento en un país que hace diez años que no crece» dijo.

Fuente: Perfil.com

Los indicadores de indigencia y pobreza infantil se agravaron con el ASPO y la insuficiencia de los planes asistenciales, en particular para los tramos de 4 a 17 años donde la Tarjeta Alimentar tiene menos alcance que en los menores de 6 años, según el Informe “Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina”, con el foco particular en los niños y adolescentes, tanto en el ámbito educativo, pobreza, como de las carencias alimentarias básicas para su desarrollo (indigencia), el cual complementa los datos de los que Infobae dio cuenta una semana antes.

Si bien todos los datos son inquietantes, en particular, porque no sólo se trata de un fenómeno que se fue agravando sostenidamente en la última década, sino porque la suba de 14% a 15,5% de la población de 0 a 17 años con inseguridad alimentaria severa, con picos cercanos a 20% entre los adolescentes, contrasta con la percepción del gobierno nacional que “no hay argentinos con hambre”, según dijo el presidente Alberto Fernández en el cierre de la última Conferencia Industrial de la UIA.

“El incremento de la inseguridad alimentaria en el último período interanual se registra principalmente en los niños/as entre 5 y 12 años, de 15,1% a 16,7%; y en mayor medida en los adolescentes de 13 a 17 años, de 28,2% y 35,4%”, resalta el trabajo. “Cerrar esa brecha es responsabilidad del Estado”, dijo en diálogo con este medio Ianina Tuñón, investigadora responsable del estudio sobre los “Efectos del ASPO – covid-19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas”.

Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina

Según la proyección censal de la población argentina, al momento del relevamiento del ODSA residían en el país 13,7 millones de niños y adolescentes (de 0 a 17 años), de los cuales 4,72 millones padecían carencias alimentarias, 590 mil más que un año antes, aunque con un desagregado de disminución en 30.000 personas en el tramo de 0 a 4 años, a 1,1 millones, y aumento en 620 mil en la franja de 5 a 17 años, ascendió a 3,6 millones.

Ianina Tuñón contó a Infobae que semejante aumento “se explica porque siempre en los planes de asistencia alimentaria, como la Tarjeta Alimentar, los más protegidos son los menores de 6 años”, que ha permitido sustituir la caída de la asistencia alimentaria directa en escuelas y comedores de 39,2% a 23,2% de la población hasta 17 años, por efecto del cierre de los establecimientos educativos desde el 20 de marzo que se decretó el ASPO, que determinó a la escuela como “servicio no esencial”.

De 13,7 millones de niños y adolescentes (0 a 17 años) que habitan en el país, se estima que 4,72 millones padecían carencias alimentarias, 590 mil más que un año antes

Se advierte que entre quienes reciben la Tarjeta Alimentar la propensión a experimentar inseguridad alimentaria severa es sensiblemente menor que la observada entre quienes no reciben este beneficio (11,5% y 17,3%, respectivamente).

“Ha sido increíble el efecto de esa transferencia monetaria pese a la alta inflación. Pero, en general, no se extendió a los de más de 6 años, que es la franja más desprotegida, en particular porque en los hogares más carenciados su presencia en el grupo familiar es notablemente menor”, agregó la investigadora responsable del estudio.

(Marcelo Regalado)

“Los niños/as entre 0 y 4 años se han visto más protegidos probablemente como consecuencia de la cobertura de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esa asistencia no fue suficiente como sistema de protección ante la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos (41,8% en los beneficiarios y 31% en los no beneficiarios)”, resalta el informe citado del ODSA.

Otro punto que destacó Tuñón es el referido al “aumento de la inseguridad alimentaria en los sectores bajos integrados, los cuales se caracterizan por ser los más ‘aspiracionales’, mandan los niños a escuelas confesionales, donde están más protegidos, porque refleja el efecto directo de la pérdida de ingresos de los hogares y no captaron plenamente los planes de transferencia directa de ingresos que implementó el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, porque focalizaron en las familias con niños menores de 6 años”. Subió en el último año de 28,1% a un 36,2% de la población de ese segmento etario socio-ocupacional.

Derecho de los niños

Ianina Tuñón fue contundente al resaltar: “En términos de lo alimentario sobre los derechos de los niños es un tema en el que el Estado tiene responsabilidad, por eso el regreso a la escuela tiene que estar integrado con un plan de seguridad alimentaria, para nutrir a los chicos”.

Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina

Destacó la investigadora ante la consulta de Infobae: “El 15,5% de los niños y adolescentes hasta 17 años padecen de inseguridad alimentaria severa”, es decir, no consumen lo mínimo indispensable para su desarrollo en términos de calorías y proteínas. “Están mal nutridos, se caracterizan por consumir exceso de hidratos y azúcares, por eso en el plan integral de regreso a la escuela se debería incluir el fomento de las frutas y verduras, y también la necesidad del desayuno”, agregó.

Según estimó este medio a partir de la proyección de los datos censales del Indec, el flagelo afecta a poco más de 2,1 millones de niños y adolescentes: 362 mil en el segmento de 0 a 4 años, donde se redujo en 85.000 personas, y 1,8 millones en la división siguiente de 5 a 17 años, que se incrementó en poco más de 316 mil personas.

La inseguridad alimentaria severa afecta a 15,5% de los niños de 0 hasta 17 años, poco más de 2,1 millones, de los cuales 362 mil se concentran en el segmento de 0 a 4 años

Claramente, un factor determinante de ese delicado e inquietante cuadro socioeconómico, tanto por la situación presente como en perspectiva para las posibilidades de crecimiento del país en su conjunto, se vincula con la baja tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, menos del 50% del total, y con que de esa proporción más de un tercio lo hace en condiciones precarias y con ingresos muy inferiores al promedio general.

El relevamiento del ODSA se hizo a través de entrevistas telefónicas entre julio y octubre últimos, por línea fija y móvil, a 5.728 hogares con 17.920 personas, residentes en 20 aglomerados urbanos de más de 80 mil habitantes a quienes se les consultó sobre las privaciones económicas o déficit de desarrollo humano, en particular, y en este último relevamiento, el impacto del escenario covid-19.

“Cuando se selecciona a la población pobre o indigente en términos monetarios el efecto Tarjeta Alimentar es significativo en la inseguridad alimentaria severa. Ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar en situación de pobreza y/o indigencia duplica las chances de no experimentar inseguridad alimentaria severa (situaciones de hambre en los niños/as)”, concluye el informe ampliado del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el cual fue presentado por Ianina Tuñón junto con Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA, y se debatió con Marcelo Miniati, Fundación Cimientos, y Mariana Parola, Fundación Haciendo Camino, en un foro moderado por Carlos March, Fundación Avina.

Carencia de alimentos y de servicios esenciales

Como ya es habitual, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA completa el relevamiento de la población con deficiencias alimentarias básicas con el agregado de las insuficiencias en el acceso a los servicios esenciales de luz, gas, agua y vivienda digna, entre otros, que se denomina pobreza estructural y monetaria o por ingreso.

Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina

En el último período interanual 2019-2020 el OSDA registró un incremento en la pobreza que afectó en mayor medida a los niños/as entre 5 y 12 años, con 65,5% de esa franja etaria y a los adolescentes de entre 13 y 17 años, a 65,3%; Infobae estimó que ese conjunto suma 6,5 millones de personas, se elevó en un año en 586 mil chicos. Entre los más pequeños, de 0 a 4 años, se estimó en 59,9% del total del grupo, 2,3 millones, se agrandó en algo más de 151 mil personas. El promedio de ese conjunto subió 4,6 puntos porcentuales, a 64,1% de esa población, esto es, comprendió a 2 de cada 3 menores, 8,8 millones, se acrecentó en 738 mil personas.

La pobreza se amplió a 64,1% de los niños de hasta 17 años, aumentó en un año en 738 mil personas de ese grupo etario

Los sectores sociales más afectados fueron los estratos bajo marginal y bajo integrado, porque es donde se observa mayor densidad demográfica y el efecto de los planes asistenciales se diluyen.

(Marcelo Regalado)

De ahí que la estimación de pobreza en ese segmento de población haya resultado unos 20 puntos porcentuales más alto que en el promedio del total de habitantes (44,2%), aunque en términos relativos aumentó en similar proporción: 4,6 puntos porcentuales respecto de la estimación prepandemia de covid-19.

“Si bien en el marco de esta pandemia las infancias no se constituyeron en la población de mayor riesgo a contraer la enfermedad, se conjetura que la situación de aislamiento extendida en el tiempo ha producido un incremento de la vulnerabilidad de esa franja de la población en el pleno ejercicio de múltiples derechos, con un impacto más profundo en los hogares con menores recursos socioeconómicos, psicológicos, educativos y de capital social”, finaliza el estudio privado.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández renovó el mandato de Mercedes Marcó del Pont al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A través del decreto 986/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Presidente dispuso que la expresidenta del Banco Central continúe al frente del organismo.

La duración del mandato del titular de la AFIP es de cuatro años. No obstante, cuando Marcó del Pont asumió, en diciembre de 2019, debía completarse el período iniciado en 2016. Como este mes finaliza ese plazo, el Presidente de la Nación dispuso extender su designación por un nuevo plazo.

En un año donde la entidad estuvo en primera plana, la directora asumió un rol crucial ante la emergencia sanitaria producida por la pandemia de Covid-19. Para amortiguar los efectos de la crisis económica, se lanzó el programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Desde que arrancó la pandemia, la AFIP fue extendiendo las ayudas sociales en todo el país y destinó alrededor de $500.000 millones hasta fin de año, gasto que, a partir de enero próximo, el Gobierno buscará ahorrarse.

Fuente: La Nación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que su gestión al frente de la cartera económica está «comprometida» con la construcción de «un futuro mejor, de tranquilidad en los hogares y en las empresas». El funcionario publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter al cabo de cumplir un año al frente de uno de los ministerios más sensibles del Gobierno argentino, tras haber asumido el 10 de diciembre de 2019. «El Presupuesto del año 2021 es el corazón de la estrategia que nos va a permitir generar las condiciones para que nuestra Argentina pueda crecer, generar trabajo y estabilizarse», dijo el funcionario. Y en ese sentido, agregó que desde el ministerio de Economía está comprometidos con la construcción de un futuro mejor con previsibilidad, oportunidades y tranquilidad en los hogares y en las empresas.   «Esta es una tarea colectiva. Trabajemos unidos en esa dirección», dijo tras hacer un repaso de los hitos que marcaron el primer año de gestión, como el de la reestructuración de la deuda externa. Entre otras cosas, el ministro hizo referencia a la pandemia del Covid que «como a otras economías golpeó a la Argentina. «Para hacerle frente tomamos medidas en forma rápida y decidida», dijo Guzmán y priorizó el papel del presidente Alberto Fernández quien, según su visión «no dudó». «Había que cuidar a los sectores más afectados. Implementamos medidas para proteger el ingreso de las familias, el trabajo y la producción», manifestó.   Martín Guzmán adelantó que la inflación de noviembre es menor que la de octubre   De acuerdo a las medidas implementadas, Guzmán ratificó que con las decisiones implementadas se sentaron las bases para la recuperación económica. «El Presupuestoo 2021 es el corazón de la estrategia que nos va a permitir generar las condiciones para que nuestra Argentina pueda crecer, generar trabajo y estabilizarse», manifestó.

Fuente: Perfil.com

En una maratónica sesión que ya acumula 20 horas pero continúa con el debate de la ley de los 1.000 días, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La iniciativa se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones y ahora deberá tratarse en el Senado, donde se esperan números más ajustados, con una definición voto a voto.

A diferencia de 2018, cuando la Cámara Baja le dio luz verde al proyecto con 129 votos positivos, 125 negativos y una sola abstención, esta vez se extendió la brecha. En tanto, fuera del Congreso militantes “verdes” y “celestes”, que habían comenzado a arribar a partir del mediodía, llevaron a cabo una vigilia durante toda la noche, a la espera de la resolución. Finalmente, quienes desean “que sea ley” terminaron celebrando.

Por su parte, el Presidente de la Nación estuvo atento a lo que pasaba en la Cámara de Diputados durante toda la jornada. Lo mantuvieron informado la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, que desde Casa Rosada intercambió mensajes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Las dos se quedaron todo el día y toda la noche en el Congreso, con la lista de diputados y diputadas marcados en sus celulares con distintos colores según el sentido de su voto. Ya varios días atrás, el número necesario para la aprobación estaba garantizado, aunque ayer el plan fue consolidarlo e intentar ampliar la brecha como señal hacia la sociedad y hacia el Senado, donde hay una virtual paridad.

El rumor sobre la posibilidad de que Alberto Fernández pasara por el Congreso se instaló fuerte por la tarde, después de que varios funcionarios y ministros dejaran en claro con su presencia el fuerte respaldo del oficialismo, el primer gobierno en presentar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Precisamente trabajaron en el texto Ibarra y Gómez Alcorta, a pedido del Presidente. Sin embargo, hubo coincidencias en Casa Rosada y en Diputados respecto a dejar el protagonismo a los legisladores de todas las fuerzas políticas. “Si uno se quiere apropiar, lo que se logra es que no se vote la ley”, señaló Gómez Alcorta a un grupo de periodistas, entre ellos a Infobae, antes de la medianoche. “Es de la calle, es de las pibas, es de La Campaña”, se la oyó decir.

Festejos dentro del recinto

La ministra advirtió que el voto fue transversal, por lo que el resultado fue atribuido de la misma manera a diputados de Juntos por el Cambio, como de fuerzas provinciales, de izquierda y del Frente de Todos. La funcionaria reivindicó además el antecedente del debate de 2018, por haber evidenciado un tema hasta entonces tabú para la política. Ese año, fue Mauricio Macri el primer presidente en habilitar el tema, aún cuando no lo apoyaba, y el Senado frenó la ley.

Para conmemorar el antecedente pasaron por el Congreso varios ex diputados de aquel grupo autodenominado “las sororas”. Hubo foto en Pasos Perdidos con el ahora diputado provincial Daniel Lipovetsky (PRO); la intendenta quilmeña Mayra Mendoza; la ahora diputada provincial santafesina Lucila de Ponti; la correntina Araceli Ferreyra; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y quienes siguen ocupando una banca como Leonardo Grosso; Mónica Macha y Cecilia Moreau. En la escena faltó Silvia Lospennato, que con Moreau y Macha volvió a ser protagonista en el nuevo debate, mientras que Galmarini, vestida de traje verde, no dejó de buscar más votos. Hubo charlas con gobernadores, como el de San Juan, el de Misiones, el de Salta y el de Tucumán, tanto para sumar votos como para evitar que otros se cayeran.

Más allá de los 165 discursos divididos entre los que votaron a favor y en contra, no hubo discursos “beligerantes”, salvo la denuncia de la diputada del PRO Dina Rezinovsky. “Con la billetera están comprando diputados oficialistas. Me frustra saber que están dando vuelta diputados”, resaltó la legisladora macrista como hace dos años, cuando Elisa Carrió, entonces diputada, se retiró a descansar y al regresar por la mañana expresó sus sospechas sobre el cambio de votos ocurrido durante la madrugada. El voto en contra estaba arriba en el inicio de la sesión, pero finalmente, por el cambio de opinión de legisladores pampeanos, se votó la media sanción por 129 contra 125. Sólo hubo una abstención.

El festejo de Lospennato (foto: Prensa Diputados)

Este año el postergado debate que anunció el Presidente el 1° de marzo se trató en comisiones sólo una semana y se trató en una sesión que arrancó ayer minutos después de las 11 de la mañana y se extendió durante toda la madrugada. La estrategia fue apuntar a la necesidad de contemplar la IVE como política de Salud y, en paralelo, votar la ley de los Mil Días -fue aprobada con 196 votos a favor y 5 abstenciones- para acompañar a las mujeres gestantes y a los niños hasta los tres años.

Varias veces el presidente del cuerpo, Sergio Massa, pidió respetar los tiempos acordados: 5 minutos por cada diputado y diputada. Los excesos fueron extendiendo el debate y postergando la hora de votación. De todos modos, se lo notó muy conforme por el tono, de un respeto poco habitual. No hubo gritos, ni chicanas, ni discursos virulentos. Hasta alguien tan efusivo como el cordobés Luis Juez lo destacó: “Presidente no sé como ser original a la una de la mañana. Y cómo hablar sin romper este clima armonioso, pensamientos distintos pero un clima armonioso”. Según su punto de vista, el debate no resolvería el tema que como abogado anticipó que “lo va a terminar de resolver la Corte”. Defendió “el derecho de la persona por nacer, que el único derecho que tiene es a ver la luz”.

Lo siguió en la palabra el cordobés Pablo Carro, del Frente de Todos. “Córdoba es una provincia de contrastes”, arrancó una risa propia y carcajadas entre otros legisladores. Y en su caso, justificó el voto a favor.

Pablo Yendlin, Vilma Ibarra, Sabina Fréderic, Sergio Massa, Ginés González García, Elizabeth Gómez Alcorta y Fernanda Raverta en el Salón de Honor de Diputados (Presidencia)

“Vamos a votar de manera transversal porque no podemos ser indiferentes para un problema de salud pública”, señaló Maximiliano Ferraro en su última sesión como presidente del bloque de la Coalición Cívica. Como en esa fuerza política, todos tuvieron divisiones internas. Él mismo opina distinto que Carrió, aún cuando preside la Coalición Cívica. Cuatro de los 14 diputados del bloque ‘lilito’ habían anticipado su voto a favor, el resto fueron voceros de la campaña ‘por las dos vidas’ e incluso María Lucía Lehmann solicitó postergar el debate hasta después de Reyes. Mariana Zuvic mantuvo en reserva su posición.

Otro que en el punteo de “verdes” fue contado a favor fue Sebastián García de Luca (PRO), muy cercano a Emilio Monzó, el ex presidente de la cámara de Diputados. En su caso no pidió la palabra y prometió revelar su postura recién en el momento de la votación. No pidió la palabra como sí lo hizo Flavia Morales, del Frente de la Concordia de Misiones. Dos años atrás Morales votó en contra, pero esta vez sorprendió. “Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental”, apuntó. Y aseguró: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aún en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”. Nadie se hizo cargo de haberla convencido. A la inversa, la chaqueña Aída Ayala (UCR), presente en el recinto, anunció hace varias semanas que esta vez cambiaría su voto y rechazaría la IVE.

Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Legislación Penal (Prensa Diputados)

A la 1:55, Nancy Sand, del Frente de Todos de Corrientes, anunció su postura. En el oficialismo la tenían en la lista “celeste”, aunque ella había hecho declaraciones periodísticas a favor de la ley. Así lo destacó: “A pesar de que pensé que podía acompañar lo contrario, hoy debo decir que por formación, por convicción y por conciencia que la interrupción de una vida en desarrollo no es la solución a los problemas”. En contrapartida, la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos), católica, reveló que le costó mucho tomar la decisión a favor y agradeció a su bloque y a sus amigas por ayudarla: “Pude entender que lo que pensamos sobre estas leyes no pueden nublar nuestro compromiso de legislar en la ampliación de derechos”.

Otros que terminaron con la incertidumbre durante los discursos fueron el sanjuanino Francisco Guevara, que un día antes visitó a la dirigente de La Cámpora Mayra Mendoza. Guevara es el único diputado “verde” de su provincia. También la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci reveló su postura al aparecer en el recinto con un pañuelo de la Campaña por el Aborto. A las 2.39, más de 12 horas después de iniciada la sesión, el jujeño Jorge Rizzotti, de la UCR, develó la incógnita: “Voto a favor”.

El único sanjuanino a favor del aborto, Francisco Guevara, visitó a la intendenta Mayra Mendoza

La diputada santafesina Vanesa Massetani, del Frente de Todos, advirtió en pleno debate: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mí me eligió el pueblo”. En los palcos había funcionarios nacionales y ella, aunque no lo mencionó por su nombre, hizo referencia al ministro de Salud, Ginés González García, por llamar “fenómeno” al embrión: “Resulta por demás revelador lo que puede realizar un ‘fenómeno’: se mueve, da patadas, agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo, la mano, hace gestos con su caca, bebe líquido amniótico y hace pis”. Como ella, varios “celestes” fundamentaron su voto en contra al considerar como el inicio de la vida al momento de la concepción y en la saturación que implicaría para el sistema sanitario, a pesar que del otro lado insistían en que en la actualidad los embarazos se pueden interrumpir de manera ambulatoria con la ingesta de pastillas. También en el PJ, a pesar del involucramiento del Presidente y su gabinete, hubo opositores a la ley, como la mayoría de los sanjuaninos, entre los que estuvo José Luis Gioja, presidente del Consejo Nacional del partido.

“Algunos han dicho que no es el momento. Si algo sabemos las mujeres argentinas es que siempre hay una excusa cuando queremos ampliar derechos, nunca es el mes apropiado, nunca es el día apropiado”, respondió a muchos diputados Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Evita e integrante de la mesa partidaria. Enumeró derechos otorgados por ley como el voto femenino o los más recientes como el matrimonio igualitario y la identidad de género. La diputada, muy cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contó que el jefe del bloque, Máximo Kirchner, cedió su tiempo para que se expresaran las diputadas del Frente de Todos “porque cree que las mujeres tenemos que seguir alzando la voz y dando la pelea juntas”.

Carmen Polledo, vicepresidenta de la comisión de Salud, presentó un dictamen de rechazo a la IVE (Prensa Diputados)

Kirchner no estuvo en el recinto: sigue aislado después de haber compartido un acto y un traslado en auto con el gobernador Axel Kicillof y un colaborador bonaerense que fue diagnosticado COVID-19 positivo. Es más, como él y una cincuentena de diputados, la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos) participó en forma remota y hasta dio un discurso desde un sanatorio, internada con coronavirus. Hubo aplausos para ella.

En las bancadas mayoritarias hubo voto transversal. “Hoy me tiene sin cuidado si alguien lo hizo con criterio oportunista”, desestimó Albor Cantard de la UCR de Santa Fe, que reivindicó a su partido como una fuerza laica y justificó su apoyo. En cambio Hernán Berisso, matancero del PRO, pidió más prevención y trató de explicar que “no estar a favor del aborto legal no significa que estoy a favor del aborto clandestino”. Jorge Lacoste, de la UCR de Entre Ríos, explicó que está en contra del aborto aunque votaría a favor porque la ley establece un derecho pero no una obligación, ya que quien no lo desee no interrumpirá su embarazo.

El debutante Omar de Marchi, flamante vicepresidente primero, varias veces pidió acotar los discursos. Diez minutos antes de las 2, avisó que la suma de cada minuto extra que estaban utilizando los diputados pasaría la votación para las 7. Massa ya había pedido colaboración con la amenaza de cortar algún micrófono, lo que nunca hizo.

En la primera sesión presencial se tomaron medidas de prevención (Prensa Diputados)

Pasadas las cinco de la mañana, el diputado Daniel Ferreyra anunció que se iba a abstener de votar tras denunciar que su hija recibió amenazas: “Una periodista dijo que vendí mi voto. Por esa razón no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles 9 de diciembre un balance sobre el primer año de gobierno del presidente Alberto Fernández y dejó fuertes críticas contra el Poder Judicial, en especial contra la Corte Suprema de Justicia a quienes acusó de dirigir «el proceso de Lawfare» y «garantizar la impunidad a los funcionarios macristas». La ex mandataria se expresó así al publicar en su web oficial y en sus cuentas de las redes sociales, donde sostuvo que «de aquella Corte» reformada en 2004 «no queda absolutamente nada» y que el Poder Judicial es «ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios» y remarcó que es el único que «no va jamás a elecciones». «Lawfare al palo», expresó sobre la Corte luego de que el máximo tribunal deje firme la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. En esa línea, criticó a todos los miembros de la Corte a excepción de Juan Carlos Maqueda. «El Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa», expresó. En esa línea, siguió: «A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno». Cuadernos y arrepentidos: la Corte Suprema tiene en sus manos el futuro de Cristina Kirchner «Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar», agregó Cristina Kirchner. «Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno», concluyó.

Fuente: Perfil.com

Sobre 16 indicadores económicos, Infobae hizo un balance que arrojó 4 resultados positivos o mejoras y 12 negativos en el primer año económico de Alberto Fernández como presidente de la Argentina. Muchas de las desmejoras estuvieron agravadas por las medidas preventivas del covid-19, pero también por desaciertos de política económica y ausencia de un plan integral explícito y consensuado para la emergencia.

Se trata de variables que comprenden la actividad de los sectores productivos de bienes y servicios, el empleo y los salarios, el tipo de cambio, las reservas y la deuda pública, como y los índices de pobreza e indigencia y riesgo país. Todo en un contexto en el que millones de argentinos y argentinas sufrieron el impacto económico de la pandemia.

Claramente, el escenario que impuso la llegada al país del virus –que forzó a decretar una cuarentena estricta entre el 20 de marzo y avanzado julio, y a partir de ahí parcialmente flexibilizada, aunque aun persiste– alteró todos los planes y objetivos. Y si bien afectó severamente la realidad económico-social en todo el mundo, como rápidamente lo registró el Fondo Monetario Internacional, en el caso argentino fue notablemente mayor al promedio mundial, porque desnudó con crudeza las enormes deficiencias estructurales que se arrastran desde décadas.

Las primeras medidas de gobierno fueron aumentar la presión tributaria y suspender la Ley de Movilidad de las Jubilaciones, para limitar el ajuste a los que percibían más de la mínima

Pero previamente, el presidente Fernández había alertado sobre la herencia, como si el Gobierno que precedió al de Cambiemos hubiese dejado un país floreciente y sin severas carencias, para justificar el inicio de la gestión con medidas de emergencia, respaldadas por el Congreso, para encarar su gestión.

Así se aprobó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que posibilitó suspender la aplicación de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones; elevar las retenciones sobre las exportaciones; dejar sin efecto la rebaja del IVA sobre los alimentos; extender el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por seis meses –medida que prorrogó hasta el cierre del año-; crear el Impuesto PAIS para las compras de dólares con fines de ahorro; aumentar los Impuestos Internos sobre los autos de alta gama; y elevar las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales, en particular para los radicados fuera del país.

El resultado inicial de ese conjunto de medidas fue la escalada del tipo de cambio para ahorro que se aproximó al del mercado libre; la aceleración de la recesión, el PBI pasó de caer a un ritmo de 2,2% en noviembre 2019 a 5,2% en marzo, según el Estimador de Actividad Económica (EMAE) y el aumento del desempleo de un total proyectado para todo el país de 1,7 millones de personas a 2,3 millones de trabajadores en ese período; porque muy poco de la nueva oferta laboral encontró una respuesta positiva en el mercado de trabajo.

Una forma simple de comparar los datos y percibir cuáles han mejorado y cuáles han empeorado, es asignar a los valores de cada variable a noviembre 2019, último mes pleno del gobierno anterior, un índice 100, y tomar los actuales y dividirlos por el de ese momento y multiplicarlo por 100. En el caso de los indicadores expresados en pesos se le dedujo el efecto de la inflación, de modo de obtener una variación en términos reales. En general los resultados mayores a 100 revelarán avances y los que se ubiquen por debajo, retrocesos. Las excepciones a esa regla son los correspondientes a tipo de cambio, Leliq más pases, base monetaria, deuda pública, pobreza e indigencia, desempleo y riesgo país

En cambio, las buenas noticias vinieron por el lado de las remuneraciones favorecidas por los acuerdos paritarios previos, el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) aumentó 3,2% en términos reales, y el Índice de Salarios del Indec, que incluye el componente de los sueldos de los trabajadores no registrados, subió 3,3% real; en ambos casos favorecidos por la desaceleración de la tasa de inflación y la baja de las tasas de interés en el mercado financiero, en respuesta a una política monetaria que parecía tender a desarmar gradualmente la “bola de nieve” de las Leliq, aunque la contrapartida fue el impulso de la base monetaria a una velocidad de 23% real en 4 meses, el cual encendió las señales de alerta de más inflación en un horizonte de 8 a 12 meses.

La renegociación de la deuda pública bajo legislación extranjera por parte del ministro Martín Guzmán consumió gran parte del primer año de Gobierno de Alberto Fernández (Reuters)

Ese cuadro, junto con la presentación de una agresiva propuesta de reestructuración de los vencimientos de la deuda pública bajo legislación extranjera, mientras se acumulaban compromisos por la persistencia de alto déficit fiscal y capitalización de interés de bonos ajustables por la variación del tipo de cambio y la inflación, determinaron la virtual duplicación del índice de riesgo país, y lo ubicó a fines de marzo por arriba de 4.000 puntos básicos, según la medición de JP Morgan que informa la agencia Reuters.

Así, el balance de 4 meses arrojó un resultado neto virtualmente equilibrado, entre 7 positivos y 9 negativos.

Otra realidad y sin plan

Con la llegada de la pandemia de covid-19 se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde el 20 de marzo y se postergó el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2020 heredado. El propio Presidente le dijo al Financial Times: “Francamente no creo en los planes económicos”. Mientras se “enamoraba” de la prórroga continuada de la cuarentena inicial por 14 días por percibir el aumento de su imagen positiva entre la población; avanzaba la reestructuración de la deuda con un claro plano inclinado a favor de los bonistas y la realidad económico y social se fue deteriorando sostenidamente.

La realidad económico y social se fue deteriorando sostenidamente

Las severas restricciones que se impusieron y persisten sobre el uso del transporte público de pasajeros por parte de los trabajadores en actividades decretadas no esenciales, básicamente las mano de obra intensiva, como los que se desempeñan en los comercios en las grandes tiendas; tareas en casas particulares; gastronomía, y espectáculos deportivos, artísticos y de esparcimiento; y en particular el turismo y la construcción, más los puestos informales y la actividad de cartoneros, se tradujeron rápidamente en un severo derrumbe de la economía en su conjunto y un brutal empinamiento del deterioro de los indicadores sociales de empleo, pobreza e indigencia, pese a las medidas paliativas que tomó el Gobierno.

Así lo revelaron los índices del Indec, a través de la Encuesta Permanente de Hogares: el desempleo se afirmó arriba del 13% de la oferta laboral, a 2,7 millones de personas, aunque por efecto desaliento podría subir a más de 28% de los trabajadores. También reflejaron el contexto relevamientos de datos de la industria, la construcción y el comercio; y también las instituciones privadas, como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los cuales se manifiestan con singular contundencia en el desagregado de la recaudación tributaria a cargo de la AFIP, principalmente IVA y Cheque; de Aduana y de la Anses, más allá de las facilidades que instrumentó el organismo para postergar el ingreso de los tributos a través de moratorias extendidas y diferimiento del pago de los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.

Ese escenario llevó al Gobierno a imponer un cargo adicional a los compradores de dólar ahorro, a pesar de regir el cupo de USD 200 mes, de 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales por el corriente año, que se podría recuperar con la presentación de la liquidación anual en el segundo trimestre de 2021, pese a que de ese modo impulsó a un escalón más alto a los tipos de cambio alternativos y generó presiones sobre el conjunto de precios de la economía, aunque no llegó a manifestarse sobre los índices de precios del Indec por la extensión de los controles y valores máximos para productos de la canasta familiar.

Mientras que la extensión de la cuarentena, junto con la incertidumbre derivada de los naturales cabildeos en la negociación de la deuda con los grandes fondos de inversión extranjeros, y el aumento de la presión tributaria, derivaron en una profunda depresión, y notable pérdida de puestos de trabajo, en particular en las tareas informales. De ahí que no sólo se perdió la mejora previa de los salarios reales, sino que además se elevaron los niveles de desempleo, indigencia y pobreza.

A partir del segundo trimestre se perdió la mejora de los salarios reales y se elevaron los niveles de desempleo, indigencia y pobreza

Con ese panorama, el Banco Central no pudo evitar la disparada de los tipos de cambios alternativos al oficial, acumularon en el año un aumento de más de 54% en términos reales; ni tampoco que se profundizara la caída de las reservas en divisas, pasaron de USD 43.561 millones a USD 38.710 millones en valores brutos, en tanto las netas líquidas que eran al inicio de la gestión de unos USD 7.800 millones, ingresaron en terreno negativo, con unos USD 3.100 millones, luego de deducir el monto contable del swap de China, los encajes de depósitos en dólares en bancos, las tenencias de oro, y las cuotas y swaps con organismos internacionales; y volvieran a expandirse a un ritmo inquietante para los analistas del mercado financiero los instrumentos de regulación monetaria, como las Leliq y las operaciones de pases de títulos públicos con los bancos, porque con $2,5 billones superaron a la base monetaria de poco más de $2,3 billones.

Eso derivó en la persistencia de un alto índice de riesgo país, el cual ajustado por el efecto canje de cambio de valuación de los bonos argentinos en el indicador de septiembre, significó que los actuales 1.425 puntos básicos sean equivalentes a unos 2.750 pb de agosto, el cual es 26% más alto del nivel heredado y está 13 pb por arriba del recorrido que registró Brasil, notablemente más abajo (260 pb); y en contraste con el de Chile (148) y Uruguay (146) que lograron retroceder a valores inferiores a los de un año antes.

Así, el resultado final del balance del primer año de gobierno fue notablemente adverso: 12 variables se deterioraron en contraste con apenas 4 que mejoraron, el cual buena parte puede atribuirse a los efectos derivados de la pandemia de covid-19, pero también contribuyeron la falta de un diagnóstico adecuado y de medidas apropiadas para contrarrestar el mal clima de negocios que generaron el aumento de los impuestos y las acciones discrecionales, alejadas de las necesidades de las empresas, los trabajadores y los jubilados y pensionados.

En ese contexto, además, se aprobó el impuesto a la riqueza, que los tributaristas consideran confiscatorio y del que se derivarán muchas causas judiciales.

Efectos arrastre para el año próximo

El desafío para el próximo año, el cual comienza con el efecto arrastre de una economía debilitada por la alta capacidad ociosa, el aumento del endeudamiento de las empresas y de las familias, y la perspectiva de flexibilizaciones de los controles de precios y descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, será recrear un clima de negocios que posibilite acelerar la reactivación del aparato productivo y comercial, así como recuperar la totalidad de los puestos de trabajo caída, de modo de evitar un nuevo salto de las tasas de desempleo, indigencia y pobreza.

Para eso será clave también revertir la sostenida caída de la demanda de dinero, que es condición necesaria para evitar un estallido inflacionario superior al umbral del 50% que proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, el cual significaría no sólo volver al nivel heredado a fines de 2019, sino también transitar una lenta salida de la crisis de actividad fabril y comercial actual.

El Gobierno le asigna un rol relevante a las negociaciones con el FMI para reprogramar los vencimientos del crédito stand-by que firmó el gobierno anterior, y obtener facilidades de largo plazo, para lo que tanto el manual del organismo, como las recomendaciones del consenso de los economistas independientes y de la oposición, destacan la necesidad de encarar reformas estructurales, en los planos impositivo, laboral, tamaño del Estado y de apertura de la economía, para poder reconstruir la confianza en las instituciones y atraer capitales del sector privado para la inversión productiva de largo plazo.

Fuente: Infobae.com

Los laderos de Alberto Fernández notaron un cambio sutil en los últimos días: el Presidente tuvo algún intercambio de mensajes con Cristina Kirchner. «Algo hubo últimamente», dijeron cerca del jefe de Estado. El sobrio ida y vuelta -habitualmente es vía Telegram- no alcanzó para que la fórmula presidencial encare una charla sincera cara a cara, más allá de la coincidencia fugaz en el velatorio de Diego Maradona. Tampoco parece suficiente para revertir la frialdad que se instaló entre ellos dos en el último tiempo.

Fernández cumple este jueves un año al frente del Poder Ejecutivo y lo hará distanciado de la vicepresidenta, la misma que en mayo de 2019 lo eligió para el cargo. En principio, no hay señales de una foto conjunta para la ocasión. El Presidente tiene previsto un acto en la UBA y otro en la ex ESMA, además de una visita al empresario farmacéutico Hugo Sigman (encargado de la fabricación de una de las vacunas). Cristina, en cambio, tiene sesión en el Senado. El jefe de Estado también cuenta en agenda para las próximas horas un acto de alto interés para el kirchnerismo: la entrega formal del informe final del consejo consultivo de juristas para hacer cambios en la Justicia.

«Esto es frentista. En el Frente Amplio de Uruguay también había diferencias entre Tabaré Vázquez y Lucía Topolansky, pero diferencias que no son de fondo, sino de estilo. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto», reflexionó en las últimas horas un estrecho colaborador presidencial.

La lista de asuntos en los que Cristina y Fernández exhibieron discrepancias son, sin embargo, trascendentales. A las críticas a la gestión judicial que vociferaron distintos referentes que orbitan el Instituto Patria se sumaron las diferencias ideológicas en torno a la cuestión de Venezuela, un tema por demás sensible para encarar la política exterior. Hubo también, a lo largo del año, misiles subterráneos dirigidos desde el entorno de la vicepresidenta a varios ministros que fueron seleccionados por el Presidente. Y, finalmente, aparecieron una serie de límites que el kirchnerismo le impuso al ministro de Economía, Martín Guzmán, para ralentizar el sendero del ajuste.

Todo se hizo muy evidente en la carta abierta que Cristina publicó en la víspera del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, a fines de octubre, en la que habló de «funcionarios que no funcionan» y dejó saber lo difícil que le resulta digerir la alianza con aquellos que «prometieron cárcel a los kirchneristas» (por Sergio Massa) o los que escribieron libros en su contra (por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra).

Todos episodios que, en definitiva, condicionaron a la gestión de Fernández en una variedad de asuntos, erosionaron la autoridad del Presidente y dejaron en evidencia una cruda puja por el poder entre la Casa Rosada y el Senado.

La cuestión judicial

Cuando Fernández asumió, Cristina tenía una decena de procesamientos a cuestas y a sus dos hijos investigados por los negocios familiares. Amparada en la teoría del lawfare, la vicepresidenta avanzó muy decidida contra aquellos actores de la familia judicial que habían complicado su situación durante el macrismo.

Fue así que el kirchnerismo aceleró su propia agenda con los tribunales, en una hoja de ruta urgente, vinculada a una contraofensiva por causas de corrupción en trámite. Primero, diputados y senadores kirchneristas radicaron una denuncia penal contra la llamada «mesa judicial» de Mauricio Macri. Luego llegaría la embestida para apartar a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dos magistrados trasladados a sillas clave para las causas contra Cristina. El puntapié lo dio el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, pero el Senado avanzó rápidamente para culminar el trámite, que terminó judicializado en la Corte. Finalmente, el cristinismo en la Cámara alta aceleró su ofensiva para desplazar al Procurador General interino Eduardo Casal, a quien le endilgó una presunta lentitud para sumariar a Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos. En ese trance, impulsó una reforma del Ministerio Público Fiscal que relajó los dos tercios para designar a un nuevo procurador.

La Casa Rosada y el Senado se movieron a dos velocidades diferentes. Fernández no quiso, a diferencia del kirchnerismo, librar una guerra en los tribunales contra el macrismo. Intentó saltar por encima de todas las rencillas con su proyecto de reforma judicial , que impulsó la creación de un nuevo fuero federal penal para diluir el poder de los jueces de Comodoro Py. Cristina dijo que lo de Fernández no era una «verdadera» reforma judicial y le introdujo polémicas modificaciones al proyecto, que lo hicieron indigerible para la oposición. La iniciativa terminó cajoneada en Diputados.

La reforma del MPF, en tanto, puso en peligro la candidatura del hombre elegido por Fernández para ocupar la Procuración, Daniel Rafecas, que no estaría dispuesto a asumir sin una mayoría agravada. El Presidente terminó justificando el proyecto del kirchnerismo y lo envió a sesiones extraordinarias. Es un ejercicio muy frecuente para Fernández y su entorno sobreactuar el aval a los emprendimientos kirchneristas para evitar la confrontación interna.

Al kirchnerismo no le alcanza. Varios referentes que ostentan la confianza de la vicepresidenta cruzaron a Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia, en una crítica pública y descarnada a su gestión.

La cuestión económica

Una diferencia de estilo y de rumbo entre Alberto y Cristina se hizo visible el 9 de julio, cuando el Presidente invitó a grandes empresarios a Olivos. La vicepresidenta pasó el mensaje e hizo saber su disgusto con la escena al compartir en Twitter una nota de Página 12 en la que se advertía que esos empresarios respondían a la «conducción política» del Grupo Clarín y de Techint.

Guzmán fue, desde el comienzo, uno de los ministros mejor ponderados por Cristina Kirchner. Con el correr de los meses, se convirtió en uno de los pocos integrantes del gabinete de Fernández con acceso directo a la vicepresidenta, y ensayó su muñeca política para avanzar sin conflictos con el frente interno.

Sin embargo, Guzmán sintió el rigor del kirchnerismo apenas planteó un sendero de ajuste fiscal de cara a la negociación con el FMI. Tras el viraje ortodoxo del ministro de Economía, Cristina y Máximo Kirchner se ocuparon de marcarle los límites con varios mensajes.

El hijo de la vicepresidenta aceleró el tratamiento del proyecto para gravar las grandes fortunas. Generó ruidos con el establishment mientras la misión del Fondo estaba la Argentina. La Cámara alta, en tanto, demoró la aprobación del Presupuesto 2021 por un error técnico. Y enseguida llegaría la feroz carta del bloque de senadores del Frente de Todos al FMI, con una pluma muy cristinista.

El último episodio llegó cuando Cristina forzó cambios en la fórmula jubilatoria enviada por el Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada se debió ensayar una rápida reunión entre Fernández y sus colaboradores para convalidar el nuevo cálculo, que de un plumazo dejó atrás el trabajo técnico de varios meses que se había desarrollado en el Palacio de Hacienda. «Vamos a volver a la fórmula original de Cristina», terminó anunciando el Presidente. Guzmán también debió justificar varios movimientos del kirchnerismo, una gimnasia que se volvió habitual en el Poder Ejecutivo.

Críticas a los ministros

Con el correr de los meses, desde el kirchnerismo se aceleraron los misiles subterráneos al gabinete de Fernández, sobre todo a aquellos ministros que fueron seleccionados por el Presidente para el cargo. La vicepresidenta hizo públicas esos chispazos cuando, en su carta abierta, se refirió a «funcionarios que no funcionan».

Las críticas abiertas a Losardo tuvieron portavoces muy cercanos al Instituto Patria, como el diputado Leopoldo Moreau (dijo que «es extraño que solo aparezca para lo de Rafecas») y de Oscar Parrilli, que en una entrevista radial se abstuvo de opinar sobre su performance en las últimas horas.

Pero desde hace tiempo en el campamento kirchnerista también cuestionan al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, a quien le endilgan falta de interlocución con los empresarios. El funcionario salió del semillero del Grupo Callao y es una espada económica del riñón de Fernández, clave para su modelo de «producción y trabajo».

Por último, desde la asunción de Fernández que salen constantemente a la luz los contrastes ideológicos y de gestión entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, un funcionario que reconoce a Cristina como su única jefa política.

Lo que quedó en evidencia es que cada vez que Fernández desplazó a un funcionario y se habilitó una vacante, la silla fue ocupada por alguien afín al kirchnerismo. Ocurrió en el ministerio de Vivienda y Hábitat, con el reemplazo de María Eugenia Bielsa por Jorge Ferraresi; en la Anses con la salida de Alejandro Vanoli y el ingreso de la referente de La Cámpora, Fernanda Raverta; y en la secretaría de Energía, donde Sergio Lanziani -que había sido convocado por Fernández- fue reemplazado por Darío Martínez, de buena aceptación en el entorno de la vicepresidenta.

La presidenta del Consejo Nacional del PRO Patricia Bullrich respondió este jueves 10 de diciembre la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner a un año de la gestión de Alberto Fernández mediante un escueto pero contundente tuit. La exministra de Seguridad cuestionó a la vicepresidenta, refiriéndose a los hechos de violencia perpetrados por menores y expresó que «CFK sólo piensa en controlar la Justicia». Por su parte, en diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich indicó que «un país no puede ser gobernado por la obsesión de alguien que quiere sacarse sus causas de encima», en alusión a Cristina Kirchner. «Con la carta de Cristina queda clara su mirada de la democracia. Un país no puede ser gobernado de esta manera, por la obsesión de alguien que quiere sacarse sus causas de encima, que las produjo en 12 años de gestión», sostuvo la ex ministra de Seguridad. Patricia Bullrich: «Horacio Verbitsky tiene un rol importante en Seguridad, escuché cómo retaba a Sabina Frederic» La referente opositora afirmó que el peronismo «se transformó en un partido corporativo, cuyos interesantes se transformaron en más importantes que la defensa de la sociedad, generando una situación de cambio político extremo». «Pasaron de (Carlos) Menem a (Néstor) Kirchner, de (Eduardo) Duhalde a Cristina, políticas totalmente distintas, de hacer y deshacer, que generaron un enorme retroceso», agregó. A su vez, la ex diputada nacional afirmó que «en el medio las experiencias de gobiernos republicanos tuvieron siempre dificultades para gobernar».

Fuente: Perfil.com