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  • Fuerte mensaje de Juntos por el Cambio: “El ataque a la Corte es un golpe a nuestra Constitución”

    “El ataque a la Corte es un golpe a nuestra Constitución”. Así lo advirtió la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que consideró que “la carta de la Vicepresidenta , avalada por el Presidente, es un intento de cambio del sistema Constitucional de división de poderes por un sistema de reforma constitucional que rompa definitivamente el sistema republicano”.

    “Es por ello que Juntos por el Cambio tendrá la firmeza institucional para impedir que este clima hostil contra el máximo tribunal se transforme en hechos concretos de ataque y cambios constitucionales”, afirmó la coalición opositora luego de un Zoom del que partiparon sus principales dirigentes.

    Para JxC “está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupcion en la teoría inventada del lawfare que transforma los hechos de corrupción en persecución política”. Y consideró que “las manifestaciones de la vicepresidenta tienen una gravedad institucional inusitada, pues supone el más grave ataque a la independencia de la justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”.

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    “La carta de la Vicepresidenta de la Nación, avalada por el Presidente, es un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes, por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano”. “Jxc tendrá la firmeza institucional para impedir que este clima hostil contra el máximo tribunal se transforme en hechos concretos de ataque y cambios constitucionales”, añadieron.

    “Está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en casos de ´lawfare´, una teoría inventada que sostiene que los hechos de corrupción serían una persecución política”, afirmaron desde la Mesa Nacional de JxC. “Las manifestaciones de la Vicepresidenta tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la Justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”, agregaron.

    “En todas las democracias constitucionales, los jueces tienen la delicada tarea de proteger los derechos ciudadanos y de controlar que los otros poderes actúen de acuerdo a la Constitución. Se trata, entonces, de un torpe intento de tratar de evadir la discusión sobre la veracidad o falsedad de los hechos que se imputan, cuestionando políticamente los procesos que se encuentran en curso”, aseguraron.

    “Alberto Fernández no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza. Le corresponde al Presidente defender las reglas básicas de nuestra República, es intolerable un ataque a la Justicia y a la Corte Suprema como el que se ha efectuado”, insistieron desde JxC. “Vamos a defender con toda energía la independencia de la Justicia, con el fin de que, a través de un juicio con todas las garantías, aplique la ley a quien corresponda, sin que importe su poder o influencia política”, completaron.

    “Este año hemos resistido diferentes embates en cuanto a cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Judicial: el proyecto de cambio en la Justicia; el intento de copar la Procuración; la amenaza contra la libertad y la propiedad, el trabajo y la economía de las familias. La ciudadanía cuenta con la decisión de Juntos por el Cambio, que estará firme en todos los campos , al lado de la sociedad, defendiendo nuestra Constitución”, concluyeron.

    Fuente: Infobae.com

  • La Corte se alista para la guerra

    Casi inmutables, quienes integran la Corte Suprema de Justicia evalúan diferentes hipótesis de conflicto tras la extendida diatriba que les dedicó esta semana la vicepresidenta de la Nación. No les resultó indiferente que a esa escalada se subiera parcialmente Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer su filípica el miércoles 9, cuando caía el sol. Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti le dedicaron al tema apenas unos minutos en el Zoom matinal habitual de los jueves. Con diferencias entre algunos de ellos que perduran (y acaso no se esfumen nunca), coincidieron en mantener silencio. Y en esperar, mientras continúan con sus labores. Porque creen que la renovada ofensiva oficial no se limitará a las palabras. Uno de los escenarios que imaginan en el máximo tribunal del país es que el kirchnerismo vuelva con la idea de ampliar la composición de la Corte. Según circula en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, a CFK le quedó atragantado que el Consejo Consultivo de juristas que presidió su abogado Carlos Beraldi no recomendara aumentar la integración cortesana. En esas mil páginas que le entregaron al Presidente, los y las juristas sugieren cambios procesales para que cualquier juicio no tenga que resolverse sí o sí en la Corte. “Eso mismo venimos pidiendo nosotros hace mucho tiempo”, comenta con una sonrisa irónica un experimentado habitante del piso 4. Otra de las especulaciones judiciales respecto de lo que puede venir es el juicio político a toda la Corte o, en su defecto, a alguno de sus miembros. Fuentes gubernamentales dan como favoritos en las apuestas a Rosenkrantz y Lorenzetti, justamente los dos integrantes que se dispensan mutuamente los mayores enconos. En el oficialismo, al actual presidente de la Corte le endilgan identificación político-ideológica con el macrismo, además de vinculaciones muy estrechas desde su actividad privada con poderosos intereses económicos. Al ex presidente Lorenzetti, lisa y llanamente lo tildan de traidor. Por las dudas, el viernes 11, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a aclarar que el Gobierno “para nada” estaba pensando en impulsar el juicio político a la Corte. Si él lo dice debe ser así. La tercera opción que se plantean como posibilidad en los Tribunales es la más temeraria. Se analiza si en caso de un triunfo amplio en las legislativas 2021, el Frente de Todos podría obtener los dos tercios del Senado y mayoría propia en Diputados como para encarar nuevas aventuras. Una reforma constitucional, por ejemplo. Amén de las elucubraciones, en la Corte Suprema entienden, aunque no justifican, el encono de Cristina. “Vuelve a su agenda 2013 de reforma judicial. Y recargada por su default judicial 2020: no pudo parar un expediente ni proceso de los que tienen ella y sus hijos”, explica una fuente calificada. Y prosigue: “Se la debería agarrar con Alberto o con Wado (De Pedro, ministro del Interior y habitual interlocutor con el alto tribunal), pero prefiere agarrársela con la Corte. Por ahora”. Tal vez esto explique por qué De Pedro y su hermano del alma Gerónimo Ustarroz, su hombre en el Consejo de la Magistratura, empezaron a ver cómo viejos operadores judiciales del kirchnerismo volvieron a recorrer, despachos, llevan y traen. El caso más notorio es el de Javier Fernández, muy cercano a un tal Jaime Stiuso. No es el único regreso. Suena el silencio cuando se consulta sobre los puentes albertistas con la Justicia, que brillan por su ausencia. Incluso alguno reciclado del macrismo, como Daniel Angelici, que ofreció sus servicios. Nada ni nadie hasta el momento evitó que la Corte Suprema confirme las condenas en los juicios a Luis D’Elía, la tragedia de Once y Amado Boudou. O que rechazara los recursos presentados por los ex funcionarios K Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Jorge Mayoral, Lisandro Salas, Roberto Baratta y Rafael Llorens, entre otros, en distintas causas. Cristina ya tiene más de una docena de recursos ante el máximo tribunal, además de juicios orales en marcha y por marchar, que se terminarán resolviendo en la Corte, claro. Eso es lo que ve CFK, que otros no ven o prefieren no ver. Y por este presente continuo, ella vislumbra su futuro judicial imperfecto. Por eso la guerra, que aún no empezó de verdad.

    Fuente: Perfil.com

  • Duro cuestionamiento de Macri al cierre de El Palomar: “Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ya no la tenemos”

    Este domingo, a través de las redes sociales, el ex presidente Mauricio Macri realizó un fuerte descargo vinculado a la decisión de cerrar el aeropuerto de El Palomar. “¿Iban a volver mejores?”, se preguntó con ironía el líder del PRO.

    “Creíamos que todos habíamos aprendido algo. Confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el Gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien. Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores”, comenzó Macri.

    “El anuncio del cierre del aeropuerto de El Palomar para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario. Hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno, aún aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos”, siguió.

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    Fuente: Infobae.com

  • Diego Santilli, por la quita de fondos a la Ciudad: «Se terminan las grandes obras»

    El vicejefede gobierno porteño, Diego Santilli,volvió a hablar sobre la quita de fondos a la Ciudad por parte del Gobierno y aseguró que las consecuencias serán importantes y que en primer lugar se verán reflejadas en la falta de obras de infraestructura. «Se terminan las grandes obras», dijo Al referirse a la forma en que harán frente a esta baja en la coparticipación, indicó que será con dos mecanismos. «68 por ciento de ese paliativo lo vamos a hacer con menos obras de infraestructura, un recorte importante, y un 32 por ciento será con el sistema financiero», declaró en diálogo con radio Mitre.

    Asimismo, Santilli insistió en el duro golpe que representa esta decisión de la administración del presidente Alberto Fernández y afirmó una vez más: «Es un ataque a la autonomía para reducir el federalismo en nuestro país. Cuando uno quiere sostener el federalismo tiene que aumentar la soberanía».

    El vicejefe de Horacio Rodríguez Larreta indicó también que la ciudad aporta siempre mucho más de lo que recibe y que ahora va a perder 65 mil millones de pesos. En este contexto, de todos modos, aseveró: «No vamos a tener una ciudad más insegura, a pensar de que después de las grandes crisis hay problemas, como en 2002 o 2010, pero vamos a sostener nuestro nivel de seguridad». Pero agregó: «No vamos a elevar los trenes como hicimos antes, se terminan las grandes obras hasta tanto tengamos un fallo de la corte que devuelva los recursos. Espero que la corte defienda la autonomía. Estas son demandas que duran mucho tiempo».

    Por último, detalló: «Me duele en lo institucional. El gran desafío de la Argentina es sentarnos en una mesa a construir, no a destruir. La coparticipación fue la antítesis de lo que fue la pandemia».

    El proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autonóma de Buenos Aires se convirtió en ley el jueves, en una sesión especial del Senado en la que la bancada opositora ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam. La nueva norma, aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad sobre el monto a destinar para la Policía porteña. La iniciativa llegó al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que lo aprobó en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.

    Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la Policía, y que se realizará entre las autoridades nacionales y las porteñas. El texto aprobado inicialmente por el Senado en el primer tratamiento que hizo sobre el tema establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizado trimestralmente, pero ahora se determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y Ciudad.

    Fuente: La Nación

  • Carrió volvió a apuntar contra Cristina: «Quiere destrozar las instituciones»

    La referente de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, reapareció este sábado 12 de diciembre en un mensaje al congreso federal de su partido en el que volvió a apuntar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tras sus duras críticas al Poder Judicial y en especial a la Corte Suprema. «Nos toca recuperar la República y lo vamos a hacer. Estamos perdiendo la república en manos de una militancia antirepublicana e inconstitucional, donde una persona, con un objetivo personal, quiere destrozar las instituciones», dijo Carrió en su cuenta de Twitter donde compartió el video en Facebook de su discurso. En esa línea, la ex diputada nacional manifestó: «Nos toca estar a la vanguardia de esas instituciones, nos corresponde integrar Juntos por el Cambio para ganar las elecciones  y corregir aquellos errores que se cometieron y que nos llevaron a trastabillar en las elecciones anteriores». De todas maneras, aclaró: «Es un momento de ampliación del espacio, pero no cualquier ampliación, porque si seguimos sumando gente con inconductas claras, lo único que vamos a lograr es descomponer una alianza histórica». «Es una enorme alegría este momento de la CC ARI. Estamos ante una bisagra histórica, porque tenemos que recuperar la república que padece un gobierno sin autoridad y de personas sin autoridad y con objetivos de venganza. Debemos responder con el fortalecimiento del Parlamento, del Poder Judicial, de la Procuración General de la Nación. La república es de todos y, en consecuencia, debemos dar la batalla política y cultural para elevar la conciencia de todos”, agregó. Carrió: el «régimen autoritario» de CFK está buscando «confrontación y bronca» “Espero de ustedes la apertura, los valores, la paciencia y la firmeza para conducir a la recuperación de la República. Veo que lo están haciendo en el Congreso Nuestro horizonte debe ser un país de clase media, republicano y próspero. Nos toca recuperar la república y lo vamos a hacer”, concluyó. La Coalición Cívica ARI realizó esta mañana su congreso federal, en el que reeligió al diputado nacional Maximiliano Ferraro como presidente, a Mariana Zuvic como vicepresidente y a Maricel Etchecoin como presidente de la Asamblea nacional partidaria. “Es un orgullo volver a presidir este partido en el que estamos seguros de que lo primordial es construir una Argentina distinta, y de que en el 2021 podamos comenzar a recorrer, nuevamente, la senda de un cambio que ya logramos en 2015, junto al ex presidente (Mauricio) Macri, Lilita, la Unión Cívica Radical, el PRO y cada uno de nosotros”, sostuvo Ferraro. El Congreso Federal de la Coalición Cívica ARI. El encuentro se realizó en el Palais Rouge, donde estuvieron presentes Ferraro, el nuevo presidente del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López y Mariana Zuvic, la diputada provincial por Buenos Aires, Maricel Etchecoin; los diputados porteños Facundo del Gaiso; Cecilia Ferrero; Claudio Cingolani; Lucía Romano y Hernán Reyes; el ex diputado nacional Fernando Sánchez y el auditor porteño Juan Calandri. Por vía remota participaron del Congreso 150 dirigentes de todo el país. Por su lado, Lilita Carrió, mediante un video, expresó: “Felicito a Maxi, a Maricel y a todas las autoridades del partido y del bloque de diputados nacionales. Ya nadie puede decir que este partido que tiene ya diecinueve años es el partido de Elisa Carrió. Es un partido con los dirigentes más profesionales, más formados y éticos que tienen los parlamentos nacionales”.

    Fuente: Perfil.com

  • Los preocupantes aplausos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández a Montoneros

    Lita Boitano, referente de los organismos de derechos humanos, tuvo razón cuando, en el lugar donde torturaron y probablemente asesinaron a sus dos hijos, dijo que “todos los que pasaron por este campo horroroso, que lo tuvo la Marina, eran peronistas y montoneros”. Muy contenta, con risas cómplices hacia la platea, la vicepresidenta Cristina Kirchner, inauguró el coro de aplausos de funcionarios y dirigentes oficialistas; también aplaudió el presidente Alberto Fernández, aunque más contenido. Boitano hizo la V de la victoria con la mano izquierda y agradeció a los Fernández por haberla “dejado decir estas dos palabras”.

    Es una escena extraordinaria; la miro una y otra vez y no puedo creerla: la espontaneidad de la titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas arrasa con el relato que tan prolijamente construyó a las víctimas de la dictadura como un rebaño de jóvenes idealistas que militaba en favor de la democracia y de los derechos humanos. Salvo que se piense que Montoneros no era un grupo guerrillero, que hasta tenía un Código de Justicia Militar -muy estricto: penaba las infidelidades de pareja-, sino una Organización No Gubernamental.

    Los aplausos de Cristina, Alberto y los funcionarios son, sí, preocupantes. Claro, uno podría pensar que, en realidad, no están de acuerdo con la lucha armada de los montoneros sino que rescatan sus ideales de igualdad social y liberación popular, tanto de las oligarquías locales como del imperialismo estadounidense. Pero, como señalo en mi libro Los 70, la década que siempre vuelve, los ideales no pueden disimular ni justificar las matanzas. Por ejemplo, para no hablar de la Argentina, lo que ocurrió en Camboya, con el socialismo agrario que impulsaba Pol Pot y terminó con la eliminación de un cuarto de la población.

    Cito al presidente Juan Perón del 22 de enero de 1974: “Un crimen es un crimen cualquiera sea el pensamiento o el sentimiento o la pasión que impulse al criminal”.

    Pero, además, ¿de qué ideales estamos hablando? Montoneros, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y toda una constelación de grupos menores, despreciaba la democracia liberal, formal, burguesa, y propiciaba una democracia socialista, real, popular. ¿Cuándo iba a llegar ese paraíso? Después de que tomaran el gobierno e instauraran un periodo imprescindible en el cual el proletariado por ellos representado concentrara toda la violencia institucional del Estado para destruir a la burguesía e instaurar una sociedad sin clases, el comunismo. Ese periodo tenía un nombre: dictadura del proletariado. Lo que pasó en otros países es que la Revolución se empantanó en ese momento, que duró muchos años. Por ejemplo, en la Unión Soviética, Albania, Alemania Oriental, Yugoslavia y —más cerca y actual— Cuba. Para eso, se lanzaron a la lucha armada; a morir, pero también a matar.

    Lita Boitano, Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la ex ESMALita Boitano, Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la ex ESMA

    Y aquí me parece que está la clave: Cristina, como líder de toda una fracción de -digamos- izquierda peronista expresada en La Cámpora y en liderazgos como el de Juan Grabois, parece compartir algunos de estos ideales no demasiado alineados con un pensamiento republicano. Por ejemplo, en su última carta, el desprecio a la Corte Suprema de Justicia porque sus integrantes no surgen de una votación popular. Ya lo vimos con otros liderazgos similares, como el del venezolano Hugo Chávez, que edificó un régimen autoritario o dictatorial a base de plebiscitos. Y ni siquiera es un sistema eficaz desde el punto de vista económico y social sino que ha llevado a Venezuela a la ruina.

    Treinta y siete años después del retorno a la democracia, los argentinos merecemos que comencemos a decirnos las cosas como fueron. Lo merecemos no solo por el tiempo transcurrido sino también porque, en realidad, la democracia que hoy tenemos no es la obra, claramente, de los militares, pero tampoco de Montoneros ni del Ejército Revolucionario del Pueblo ni de ningún otro grupo guerrillero. Tampoco del peronismo: ¿hay que recordar que el candidato justicialista a la presidencia en 1983, que fue apoyado por los Kirchner en el sur, era partidario de respetar la ley de autoamnistía que se había dictado la dictadura? ¿Alguien no se enteró todavía que los decretos del presidente Raúl Alfonsín que crearon la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y enviaron a inéditos juicios a jefes militares y guerrilleros no fueron respaldados por el peronismo?

    Los 70, de Ceferino ReatoLos 70, de Ceferino Reato

    Las cosas por su nombre: los militares practicaron en forma sistemática un plan de represión ilegal que ellos denominaban Disposición Final y consistía en cuatro etapas “horrorosas”, como dijo Boitano: detención o secuestro; cautiverio y torturas; asesinato, y desaparición del cuerpo. La ESMA fue el centro de cautiverio, torturas y exterminio de la Marina, que se concentró en los montoneros de la Columna Norte, formada por quienes militaban y operaban en la zona norte del Gran Buenos Aires.

    Montoneros no eran una ONG. Lo cual no justifica -para nada- el trato inhumano que recibieron. Aun una persona que secuestró, mató o puso bombas merece un juicio, y el Estado debe dárselo; está obligado a hacerlo porque su deber es defender la seguridad y la vida de todos los ciudadanos. Por eso, las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado no son equiparables a las que cometieron los grupos guerrilleros. Son mucho más graves.

    Claro que eso no quiere decir que debamos negar o disimular los crímenes de los guerrilleros. Y menos, que no debamos escuchar ni sensibilizarnos frente a sus víctimas.

    De los años 70 hemos aprendido dos cosas importantes: que la democracia es valiosa y que la violencia política no nos lleva a ningún lado bueno. No es poco para empezar a construir un futuro mejor y para todos, pero sería útil que empecemos de una vez.

    Fuente: Infobae.com

  • BCRA pide a la Corte que declare inconstitucional el impuesto porteño a instrumentos monetarios

    El Banco Central (BCRA) presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de inconstitucionalidad de las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gravan los títulos públicos y actividades reguladas por la autoridad monetaria con el impuesto de Ingresos Brutos. La autoridad monetaria informó esta tarde que la inconstitucionalidad fue pedida sobre los artículos de la Ley Tarifaria 2021 y Presupuesto 2021, aprobadas ayer por la Legislatura porteña. Esas normas prevén la imposición efectiva del impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades consistentes en operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales y operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos o que se emitan en el futuro por el BCRA. “El conflicto suscitado respecto de la interpretación de la normativa federal involucrada y que se ve obstaculizada por el accionar de la CABA”, tal como definió el Central, remite a la decisión del gobierno porteño de una serie de cambios impositivos que incluyen gravar con Ingresos Brutos los intereses que cobran los bancos por las Letras de Liquidez (Leliq) y los Pases Pasivos que emite la entidad. Advierten que el impuesto a los consumos con tarjetas incrementará la economía en negro La Ciudad pretende recaudar $12.000 millones -aunque algunas estimaciones privadas elevan ese monto hasta los $40.000 millones- por la imposición del 7% de IIBB sobre Leliq y Pases, además de otros $ 7.700 millones por aplicar a las tarjetas de crédito el Impuesto a los Sellos, como parte de un «ajuste transitorio» tras la reciente quita del 1,18% de fondos de coparticipación. En la presentación judicial de hoy, la entidad que preside Miguel Pesce requiere un pronunciamiento por el cual se declare la inconstitucionalidad de las normas locales en cuanto afectan la política monetaria, cuya ejecución le compete por disposición expresa de la Constitución Nacional, al BCRA. De esta manera, el Central solicitó que “se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen aludido”. La semana pasada, el ministro de Economía, Martin Guzmán, aseveró que el Gobierno nacional iba «a utilizar todas sus herramientas para impedir» que la Ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las provincias intente gravar con el impuesto a los Ingresos Brutos algún instrumento de política monetaria. Impuesto a las Leliq: la Ciudad podría recaudar unos $40.000 millones De la misma manera, ante el anuncio semanas atrás de la decisión de gravar ambos títulos, Pesce había criticado la idea en una carta al jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que el impuesto distorsionaría «la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria» ya que se trata de instrumentos que son la contrapartida de los depósitos a plazo fijo de ahorristas y empresas. Ahora. la entidad monetaria, tras la aprobación de leyes presupuestarias y tarifarias de ayer por la Legislatura porteña, reiteró en su presentación judicial que “se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional”. En ese sentido, advirtió que “el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”. Las leyes aprobadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gravan operaciones que impactan en forma directa en la política monetaria cuya ejecución le corresponde al BCRA, en virtud de lo dispuesto por los arts. 75 incs. 6 y 11 de la Constitución Nacional, por lo que la norma local “resulta incompatible con el derecho federal y el texto constitucional”. “La Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del BCRA resultan la materialización de los artículos constitucionales referidos, de modo tal que las disposiciones de carácter local no pueden interferir en las misiones y funciones del BCRA (en cuanto Banco Federal -art. 75 inc. 6 CN), al que le compete», afirmó el Central en un tramo de su presentación judicial En razón de esos fundamentos, «la Ciudad de Buenos Aires, al gravar los títulos y operaciones reguladas por el BCRA, se ha atribuido poderes en materia financiera, pues tales tributos impactan directamente en el sistema monetario”, advirtió el BCRA.

    Fuente: Perfil.com

  • La Corte decidió guardar silencio pero no descarta una ofensiva del Gobierno para recortar su poder institucional

    La Corte Suprema no aplicará la Ley del Talión para contestar las amenazas y los agravios que escribió Cristina Fernández de Kirchner en su largo tuit posteado al cumplir 364 días como Vicepresidente de la Nación. No habrá diente por diente, ni ojo por ojo, aunque los cinco jueces del alto tribunal ya asumieron que CFK gatilló la primera acción de acoso y derribo para evitar que sus causas de corrupción pública concluyan en sentencias firmes e inapelables.

    Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se encontraron vía remota para analizar el texto de CFK y definir una estrategia institucional. Ocurrió el jueves, la reunión se extendió por una hora, y la primera conclusión se respaldó en ciertos antecedentes históricos: Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se enfrentaron con la Corte, y nada modificó su agenda institucional.

    Desde esta perspectiva, los cinco jueces del alto tribunal no descartan un embate del Gobierno que puede ejecutarse con tácticas diferentes. El juicio político, un recorte de sus atribuciones legales o la posibilidad de crear un tribunal ad hoc que transforme a la Corte en un sínodo doctrinario para resolver sólo la constitucionalidad de las causas que lleguen al cuarto piso del Palacio de Justicia.

    La ofensiva del Gobierno no tiene guión unificado. Alberto Fernández, que litigó en Tribunales y es profesor de derecho penal, considera que ciertos recursos procesales utilizados por la Corte han quedado superados por el tiempo. “Se manejan con una discrecionalidad pasmosa”, opinó ayer el jefe de Estado en referencia a los magistrados del alto tribunal.

    Alberto Fernández refiere a una supuesta falta de legitimidad de la Corte para soslayar la revisión de sentencias de larga data que ya hicieron justicia sobre la comisión de delitos complejos. Y en este contexto, el Presidente hace referencia implícita al fallo que la Corte confirmó sobre la responsabilidad penal de Amado Boudou a través del articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

    Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de la Nación

    La mirada crítica del Presidente está en las antípodas de la estrategia de defensa propia que desplegó CFK en su tuit del 9 de diciembre. La Vicepresidente no busca remozar las normas procesales que se aplican en el Poder Judicial. Al contrario, su crítica sobreadjetivada a la Corte puede caracterizarse como un abrupto ejemplo de preconstitución de prueba política.

    Ya no se trata de plantar una evidencia, o planificar una acción para anular una prueba irrefutable. CFK refiere al lawfare porque sabe que la Corte tratará sus expedientes vinculados a la corrupción pública y la sentencia final se acercará a la verdad irreductible.

    Solo es una cuestión de tiempo. Cuando las causas Hotesur, Los Sauces, Obra Pública o Cuadernos estén a disposición de la Corte, y ya no haya recurso que anteponer, las sentencias definitivas hilvanarán una secuencia condenatoria a prueba de largos tuits que denuncian el presunto lawfare del Poder Judicial.

    Será un combate infinito sujeto a las reglas de la política y la administración de justicia. El Gobierno probó que puede eyectar a dos jueces que habían dictado sentencia contra CFK -Bruglia y Bertuzzi- y no dudará en defender a la Vicepresidente si los plazos procesales empiezan a ahogar su especulaciones personales.

    Y al otro lado del tablero, como ratificaron en el Zoom del jueves pasado, Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti dictarán sus propias sentencias sin perder el diálogo con la Casa Rosada y su gabinete. Los magistrados creen que es necesario conversar con Alberto Fernández y sus ministros, pero añaden que eso no debe ser leído como una concesión al Frente de Todos y a las necesidades de CFK.

    Cristina Fernández de Kirchner pretende la rendición incondicional de la Corte Suprema. Un deseo que está fuera de su alcance político y de su poder institucional.

    Fuente: Infobae.com

  • Con Mauricio Macri, la cúpula de Pro advirtió sobre la embestida kirchnerista a la Corte

    Fue un encuentro para dejar en claro los objetivos y para dejar atrás las diferencias entre «dialoguistas» y «duros». La cúpula de Pro hizo un balance, muy crítico, del primer año de gestión de Alberto Fernández, consideró como una «intromisión» la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte Suprema y mostró un frente unido con el horizonte puesto en las elecciones del año próximo.

    En el encuentro, que duró poco más de una hora y media -el primero presencial del año-, estuvieron presentes el expresidente Mauricio Macri; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su segundo, Diego Santilli; la exgobernadora María Eugenia Vidal -que estuvo por videoconferencia por estar aislada por un contacto estrecho de coronavirus-; el intendente de Vicente López, Jorge Macri; la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti.

    Patricia Bullrich, en la cumbre del Pro

    10:54

    «Vamos a trabajar muy fuertemente para acercarnos a la gente para que confíe en esta fuerza como una opción de libertad, del esfuerzo y la cultura del trabajo. El alargamiento de la cuarentana no ha sido positivo. Llegamos a la misma situación de salud a la que llegaron en otros países, aunque sin generar tanto daño económico.», sostuvo tras el encuentro Bullrich, una de las principales espadas de los «halcones».

    La titular de Pro también analizó que la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó esta semana, en la que acusó a la Corte Suprema de «encabezar y dirigir el proceso de lawfare» en su contra «no corresponde». Y calificó ese hecho como «una intromisión total de un poder sobre otro». Bullrich le pidió a la expresidenta que «sea más prudente».

    En el repaso de temas, el expresidente reforzó su mirada sobre el momento que atraviesa el país y «el riesgo institucional». El foco estuvo puesto en el avance contra la Justicia.

    Patricia Bullrich, en la cumbre del Pro

    01:24

    A su lado, Jorge Macri, que representa al sector dialoguista que encabeza Rodríguez Larreta, explicó que después de un año fuera del poder «Juntos por el Cambio está sólido» y que Pro «está creciendo». Y agregó: «Queremos darle a la Argentina una alternativa nueva. Hoy (por el viernes) ver a Mauricio, Horacio, Patricia, Néstor, María Eugenia, todos juntos, con ganas de seguir sosteniendo una alternativa en el país nos da muchas ganas. Una alternativa distinta, mucha gente la está pasando mal».

    Del encuentro, que se realizó en el Centro Asturiano en Vicente López, además participaron los diputados Federico Angelini y Omar De Marchi y los senadores Laura Rodríguez Machado y Humberto Schiavoni.

    Patricia Bullrich sale de la cumbre PRO
    Patricia Bullrich sale de la cumbre PRO Fuente: LA NACION – Crédito: Alejandro Guyot

    El futuro político de Macri también fue parte del debate. «Mauricio es uno de los líderes de este espacio, es muy importante», aseguró su primo, el intendente de Vicente López. Según recordó, muchos de los que estuvieron presentes empezaron en la política por él. Y dejó abierto el escenario para el expresidente. «Nuestro futuro tiene que ver con que todos estemos y muchos más vengan. Mucha gente nueva quiere participar. Mucha gente no quiere entregar el futuro a quienes gobiernan hoy».

    El jefe comunal aprovechó la oportunidad para cargar sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al que le pidió que dé certezas sobre el comienzo del ciclo lectivo del año próximo. «Necesitamos garantías que las clases empiecen y eso en la provincia no está claro. Hay protocolo de todo menos para la educación. Necesitamos certezas para que los padres tengan esa tranquilidad y que los maestros no sean rehenes de los gremios», graficó Macri.

    Fuente: La Nación

  • Revocan el procesamiento de Daniel Santoro: el fallo completo de la Cámara de Mar del Plata

    El sonado caso que el juez Alejo Ramos Padilla lleva adelante en Dolores contra Daniel Santoro tuvo en las últimas horas una novedad de suma importancia, con la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata de revocar el procesamiento del periodista del diario Clarín, al que se investigaba por presunta extorsión y espionaje ilegal en base al testimonio del falso abogado Marcelo D’Alessio.  «Revocar el auto de procesamiento sin prisión preventiva de Daniel Pedro Santoro, dictándose la falta de mérito para procesar o sobreseer a su respecto, y en relación a las imputaciones efectuadas por el juez de la instancia anterior (Casos VI Bruza Dobat-PDVSA y VIII Cifuentes) (arts. 42, 45, 55, 149 bis segundo párrafo, 168 del C.P., art. 309 y ccdtes. del C.P.P.N.), sin perjuico de la profundización de las investigaciones conforme lo expuesto en los considerandos precedentes», dijo el fallo de los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza. Sobre la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli, el Tribunal marplatense revocó la mayoría de las acusaciones de Ramos Padilla por asociación ilícita, dejando firmes dos de los cargos: la de la cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y la de buscar información sobre la pareja de su exesposa. Para el falso abogado D’Alessio, la Cámara dispuso: «confirmar parcialmente la resolución de la instancia anterior en relación al procesamiento con prisión preventiva dictado en atención a los fundamentos desarrollados, sostener la autoría y responsabilidad del nombrado respecto del caso VIII (Cifuentes) y del caso XI (Porcaro), aunque en carácter de partícipe primario en lo que hace a la realización de los actos de espionaje ilegal identificados en sendos hechos (arts. 4 y 43 ter de la ley 25.520, y art. 45 del C.P.), en concurso real con el delito de extorsión en grado de tentativa (art. 168, 42 del C.P.) para el caso VIII (Cifuentes) en grado de autor, dejando sin efecto la imputación por la presunta comisión de la infracción al art. 11 de la ley 25.520 por los fundamentos antes expuestos». Santoro destacó su satisfacción sobre la resolución judicial en su cuenta de Twitter: Asimismo, la Cámara resolvió «revocar parcialmente el procesamiento con prision preventiva» del mismo D’Alessio y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer (art. 309 del CPPN) en relación al caso XII (Munin/Talevi) por la presunta comisión del delito de realización de actos de espionaje ilegal en carácter de autor (arts. 4º y 43 ter de la ley 25.520), dejando sin efecto la imputación por la presunta comisión de la infracción al art. 11 de la ley 25.520 por los fundamentos antes expuestos, sin perjuicio de lo que pudiere surgir de la prosecucion de las investigacionesque se lo acusado de extorsionar a empresarios a los que engañaba asegurándoles que si no le pagaban iban a ser objeto de una investigación judicial». El detalle del fallo completo de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre la causa de Ramos Padilla en Dolores puede leerse a continuación: También los camarista ratificaron que Ramos Padilla para seguir tramitando el proceso en Dolores, aunque lo apartaron de la investigación vinculadas a la importación de Gas Natural Licuado. Ramos Padilla había ampliado los procesamientos de Stornelli, Santoro y D’Alessio en octubre pasado. La decisión de los camaristas golpea lo actuado por Ramos Padilla, que apoyado por un amplio sector fundamentalmente del kirchnerismo apuntaba a relacionar a Santoro con «operaciones políticas orquestadas desde la prensa» para perjudicar a políticos e influir en temas de candente actualidad. Entrevista a Daniel Santoro: «Jamás di datos para hacer inteligencia» Justamente a eso apuntó la dura frase en el fallo de señalar que los jueces «no han sido investidos en sus cargos para juzgar la calidad o contenido de un trabajo periodístico», dejando los cuestionamientos a fuentes y contenidos «a un juicio ético o de credibilidad de su trabajo, que incumbe a la sociedad que consume su producto periodístico». La severa afirmación destacaba, como un hecho obvio, que los jueces deben mantenerse al margen «siempre, claro está, que no se esté frente a la comisión de un delito», situación que los camaristas no consideraron que Ramos Padilla haya podido probar en el caso de Santoro. Ramos Padilla fue noticia en los últimos días, porque el Alberto Fernández envió al Senado su pliego para ocupar el juzgado federal 1 de La Plata, que tiene a su cargo la competencia electoral de toda la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, que está vacante desde 2014, de cara a las legislativas de 2021.

    Fuente: Perfil.com