El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós anticipó este miércoles 6 de enero que si los casos de coronavirus continúan en aumento, habrá que tomar medidas concretas para contener la contagiosidad. En ese sentido, pidió priorizar el diálogo con los jóvenes para entender sus necesidades durante esa etapa de desarrollo en medio de la pandemia para que puedan mantener la sociabilización de una manera cuidada. Quirós se expresó en la habitual conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad antes de que el presidente Alberto Fernández se reúna con los gobernadores para analizar la situación epidemiológica ante la posibilidad de establecer restricciones más severas para controlar el incremento de casos que se registra desde hace varias semanas. Fernández: «Hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar» “Hay que ir por lo profundo, pero en el mientras tanto están los casos y si la curva sigue en esta dirección, habrá que tomar medidas de corto plazo que sean más pragmáticas para que se pueda detener la contagiosidad”, sostuvo el ministro. El médico pidió observar qué sucede en los próximos días, antes de tomar una decisión en este sentido, para dimensionar el fenómeno que vive el Área Metropolitana. “Todavía estamos viendo las consecuencias de la interacción social que hubo entre Navidad y Año Nuevo y hay un grupo etario sufre más la pérdida de sociabilización y que ve con menos riesgo la enfermedad», destacó y agregó: «Tenemos que terminar de confirmar si esa interacción social continúa en estos días y si es así vamos a orientar las medidas para evitar esa interacción para evitar un daño mayor en la economía”. Mea culpa de Ginés González García: «Nos falta persuasión o comunicación» Al comenzar su exposición, Quirós expuso las estadísticas del gobierno porteño, en las que mostró que los casos de coronavirus crecieron especialmente en los jóvenes de 20 a 29 años, que si bien suelen transitar la enfermedad con pocas dificultades, se transforman en vectores de contagio para sus entornos sociales. Sobre la aplicación de la vacuna, el ministro de Salud porteño destacó que los medicamentos disponibles son para trabajadores de primera línea, por lo que en esta etapa el personal de geriátricos, las personas de tercera edad o los pacientes con comorbilidad aún no tienen dosis confirmadas por el ministerio nacional. Quirós explicó que al distrito se le asignaron 23.000 dosis y que hasta el momento han recibido 11.500. Hasta el martes pasado han aplicado 4.218 dosis de la Sputnik V en 37 sitios de vacunación. Aumento de contagios El ministro de Salud porteño analizó las cifras que estudió la Ciudad de Buenos Aires mediante los que mostró que, hasta el momento, se registraron 179.045 casos de coronavirus, 5917 fallecidos y una tasa de letalidad de 3.3%. En cuanto a la carga de datos, Fernán Quirós explicó que la curva diaria de casos se registra a partir del día en que se toma la muestra. La conclusión es la misma que difundió el ministerio de Salud nacional, que indica que desde diciembre hubo un aumento de casos. En las últimas 24 horas se detectaron 1.445 casos positivos de coronavirus en el distrito. Luego del descenso de casos registrado en septiembre, durante el mes de diciembre hubo un promedio de casos de 800 personas contagiadas por día, registradas mediante la técnica de la media móvil calculada a siete días. Sobre la nueva cepa de coronavirus oriunda de Brasil que detectó el Instituto Malbrán ayer, Quirós destacó que «van a seguir apareciendo variantes» del virus. Para el ministro porteño, los cambios genómicos más significativos del Covid-19 fueron los registrados en Europa porque representó una mayor contagiosidad de la enfermedad.
El presidente Alberto Fernández reiteró que no indultará a ex funcionarios condenados por delitos de corrupción, pero marcó una diferencia con respecto a quienes se encuentran procesados en causas penales. “Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”, aseguró el jefe de Estado en una extensa entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de concederle un indulto a ex funcionarios que están condenados por delitos de corrupción -como por ejemplo Amado Boudou-, el mandatario contestó: “Yo a la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir”.
“El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”, desarrolló.
En esa línea, Fernández volvió a criticar el rol de la Justicia durante la administración de Cambiemos porque los procesos “están colmados de irregularidades”. “Y yo lo que pido es que la Justicia revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”, completó.
Amado Boudou, Luis D’Elía, Julio López, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y Milagro Sala son algunos de los dirigentes que ya tienen condenas judiciales por diferentes delitos. Otros ex funcionarios como Julio De Vido y la propia vicepresidenta Cristina Kirchnerse encuentran procesados y podrían ser objeto de una amnistía en los términos que plantea el titular del Poder Ejecutivo.
Durante el reportaje, el mandatario defendió además a la titular del INADI, Victoria Donda, quien fue denunciada por haberle ofrecido un plan social o un puesto en el Estado a una ex empleada doméstica con la que se encontraba en litigio. “No tiene que ver con su naturaleza querer sacar ventajas de su puesto en el Estado”, analizó.
El Presidente negó además que exista un plan del Instituto Patria para estatizar el sistema de salud, aunque admitió que es necesario avanzar con una reforma.
Los diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, que responden a Elisa Carrió, denunciaron que el Gobierno de Axel Kicillof está haciendo «clientelismo» con la distribución de la vacuna rusa Sputnik V a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo y Maricel Etchecoin Moro, presentaron un proyecto de solicitud de informes en la Cámara de Diputados bonaerense, exigiendo explicaciones al Ministerio de Salud de la provincia, encabezado por Daniel Gollán, acerca de la metodología de entrega de vacunas por parte de la Provincia a los Municipios. En ese sentido, denuncian que «organizaciones militantes del Frente de Todos están haciendo “proselitismo” con la vacuna rusa, reemplazando en el procedimiento a las autoridades municipales». En el pedido de informes elevado este lunes 4 de enero a la legislatura provincial, los diputados que responden a Elisa Carrió reclaman que el ministro Daniel Gollán brinde explicaciones sobre la campaña de vacunación y piden que desde su cartera se explique “si el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires designó al frente de la vacunación en los distintos municipios a referentes locales del partido Frente de Todos”. Carrió habló de su candidatura y su bloque apuntó contra la compra de Edenor En otros de los puntos del proyecto, los legisladores requieren que la Provincia “indique en qué consiste el plan de vacunación de cada uno de los municipios de la provincia e identifique a los responsables, protocolos y toda otra información de interés para los ciudadanos bonaerenses”. De acuerdo a lo narrado por los diputados de la oposición, «el proyecto se originó a partir de las declaraciones de diversos funcionarios públicos que relatan hechos de suma gravedad institucional y sanitaria en el proceso de vacunación». «Lo llamativo es que se trata de municipios gobernados por Juntos por el Cambio, como los casos de Ameghino, Villegas, Arenales y Junín, dónde se estaría utilizando la vacuna como herramienta de proselitismo al reemplazar a las autoridades municipales y personal de salud de la comuna por referentes locales del partido Frente de Todos en el proceso de recepción, distribución y aplicación de las dosis de la vacuna Sputnik-V”, explicaron los legisladores Bugallo y Etchecoin Moro. En otro de los párrafos, los diputados remarcan que hay numerosas denuncias de los intendentes sobre las irregularidades en el manejo de la vacuna por parte del gobierno de Axel Kicillof y señalaron que “uno de los casos más notorios corresponde al del intendente municipal de Ameghino, Calixto Tellechea, quien manifestó su disconformidad con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires debido a que las autoridades del municipio estarán al frente únicamente de la vacunación del personal de la salud». Ginés González García salió a aclarar «informaciones falsas» sobre la vacuna rusa Sputnik V «Mientras que el resto de la población que integran los adultos mayores de 70 años, residentes y personal de geriátricos, adultos de 60 a 69 años, fuerzas de seguridad, personal docente y no docente de todos los niveles: Inicial, Primario y Secundario y otras poblaciones que se irán viendo de acuerdo a la cantidad de dosis, se han sido designados a cargo por el Ministerio de Salud referentes locales del partido del Frente de Todos”, agregaron. Finalmente, para el diputado Luciano Bugallo, la situación no es aislada y se trata de un hecho reiterado de utilización política: “Nuevamente el kirchnerismo hace política berreta con la billetera del Estado y, en este caso, es aún peor porque lo están haciendo con la salud y la vida de millones de bonaerenses. Los ciudadanos de nuestra Provincia esperan conocer cómo es la organización de la campaña de vacunación y quienes la ejecutan». «Es inadmisible que se partidice una situación tan excepción como la que estamos viviendo, en la que se necesita del compromiso de todos las autoridades políticas de cada municipio para que se cumplan con los protocolos sanitarios y se respeten las responsabilidades institucionales en cada distrito», concluyó.
¿La suspensión del aumento de las prepagas es una señal de las reformas que proyecta el kirchnerismo en el sistema de salud? Nadie lo sabe con certeza, pero es la sospecha que tienen los dirigentes de la CGT y empresarios del sector. Al mismo tiempo, unos y otros aseguran no tener idea de algún plan, supuestamente gestado en el Instituto Patria, para “repensar” todo la estructura sanitaria de la Argentina, como afirmó Cristina Kirchner hace quince días, y que apuntaría a replantear su financiamiento para quitarle peso (y pesos) al sector privado, según se teme.
Inquietudes similares tienen los empresarios del área de la salud. Se quejan de que trabajaron durante todo 2020 a pérdida y destacan que pudieron atravesar el peor momento de la cuarentena gracias a que el Estado pagó el 50% de los sueldos mediante el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción), que desde este año quedará reducido a su mínima expresión en aquellos sectores donde aún no hay indicios de recuperación económica.
Nadie se olvida de que a fines de marzo, cuando comenzó la pandemia, el ministro de Salud, Ginés González García, anunció la virtual estatización del sistema de salud cuando admitió ante el Congreso que se preparaba un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás ante el malestar de las prepagas, clínicas, sanatorios y obras sociales: con esa medida, hubiera tenido la potestad paradecidir si derivaban a los infectados por coronavirus al sistema público de salud o al privado. Las cámaras empresariales hablaban de que se trataba de una “expropiación” y alertaban sobre su inconstitucionalidad.
La vicepresidenta Cristina Kirchner
Ahora, la preocupación es que se intente algo parecido o que se apunte a cambiar el financiamiento del sistema de salud en desmedro de las prepagas y de las clínicas y sanatorios privados. Sobre este último punto, la CGT viene charlando con el Gobierno de efectuar cambios que eviten el llamado “descreme” del sistema de salud, como se denomina a la triangulación de aportes que algunas obras sociales chicas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos, lo cual, según los dirigentes gremiales, provoca una fuerte pérdida del “componente solidario” del sistema.
Para los empresarios de la salud, la pandemia provocó una mayor colaboración entre el sector público y el privado: en muchas provincias, por ejemplo, las gobernaciones y los municipios terminaron firmando acuerdos para utilizar hospitales, sanatorios y laboratorios del sector privado. “La integración se dio de hecho, por necesidad”, dijeron.
Aun así, sobre todo en el interior, la crisis originó el cierre de pequeñas y medianas clínicas o sanatorios que no pudieron afrontar los costos para trabajar durante la cuarentena. En Córdoba se calcula que antes se utilizaban efectores del sector privado en unas 500 jurisdicciones de la provincia y hoy las que los usan se redujeron a la mitad.
Al mismo tiempo, otro fenómeno perjudicial para las empresas de salud es que por la caída del empleo formal que se registró durante la cuarentena obligatoria hubo muchos trabajadores que comenzaron a atenderse en los hospitales públicos, lo que ocasionó en algunos casos una sobreoferta de tecnología y de camas en el ámbito privado.
En su último encuentro con Alberto Fernández, la CGT volvió a reclamar soluciones para las obras sociales
En las obras sociales tampoco cierran los números: el sistema se desfinancia a un ritmo de 1.500 millones de pesos mensuales, lo que provocó que arrastren un déficit de casi 7 mil millones desde enero hasta hoyy que mantengan una estructura con costos dolarizados, desbordada de prestaciones y sin recursos para poder cumplirlas.
La CGT reclama desde marzo alguna solución integral para la crisis de las obras sociales, aunque lo único que ha logrado es que el Gobierno compense mes tras mes la caída de la recaudación en aquellas que sufren más la paralización de la actividad, como los gastronómicos o los aeronáuticos. Alberto Fernández accedió a que se analicen medidas para revertir la desfinanciación, pero aún están en estudio y las obras sociales siguen con sus números en rojo.
“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo Cristina Kirchner el 19 de diciembre pasado. Con esa sola alusión al tema, complementada con la suspensión del aumento de las prepagas, la inquietud se instaló entre empresarios y sindicalistas, aunque ninguno sabe si realmente existe algún plan en el Gobierno o en el Instituto Patria para reformar el sistema de salud.
El ministro de Salud, Ginés González García
Algunos sindicalistas creen que es imposible avanzar con cualquier cambio profundo en el andamiaje sanitario en medio de la pandemia y ante la probable segunda ola de COVID-19 en la Argentina. Y menos cuando la atención está puesta en el operativo de vacunación, que no resulta nada sencillo, y con un ministro de Salud cuya imagen quedó debilitada por los traspiés que sufrió desde que vaticinó que no existía ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara al país.
Los dirigentes de la CGT habían acordado que en enero iban a retomar las negociaciones con el Gobierno para avanzar con las propuestas para solucionar la crisis de las obras sociales. Pero se encontraron con un ministro que está dañado políticamente por los vaivenes sobre las vacunas y con su principal interlocutor en estado delicado: el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, se recupera de un infarto por el que fue internado el 31 de diciembre.
Por las dudas, los miembros de la conducción cegetista que están en Buenos Aires (la mayoría se fue de vacaciones) quedaron en contacto permanente para averiguar si efectivamente hay algún paper en el Instituto Patria que apunte a reformar el sistema de salud. Por ahora no hay nada, pero si llegara a aparecer se reunirán de urgencia para analizar qué pasos van a dar. Lo mismo se comprometieron a hacer los empresarios del sector de la salud. Nadie sabe nada, aunque todos tienen la sensación de que algo se está gestando en el kirchnerismo y de que puede perjudicarlos.
CARACAS.- Fuerzas gubernamentales rodean a esta hora la casa en Caracas de Juan Guaidó, presidente encargado y líder opositor venezolano, horas antes de la doble sesión parlamentaria. La alerta fue lanzada por el Centro de Comunicación Nacional y su director, el periodista Alberto Ravell.
Se trata de la primera maniobra del día para impedir el pleno convocado para hoy por la legítima Asamblea Nacional (AN), que pretende confirmar a su presidente legislativo, Guaidó, durante 12 meses pese a que su quinquenio termina hoy.
Los efectivos venezolanos que rodean esta mañana la casa de Guaidó Crédito: Twitter
El Parlamento aprobó en diciembre la reforma del Estatuto de la Transición, que incluye la continuidad constitucional ante las elecciones fraudulentas realizadas por el chavismo.
«Este es el método de la dictadura y por el cual están señalados por delitos de lesa humanidad. Hemos enfrentado estos obstáculos y seguimos adelante. Mientras la dictadura intenta genera terror y militariza el Parlamento, estaremos instalando el nuevo periodo de la legítima AN», señaló Guaidó en sus redes sociales.
La oposición buscaba un pleno semipresencial con un acto público y a la vez una transmisión telemática. A esta hora, en principio, solo se realizaría a través de Zoom.
El Parlamento aprobó en diciembre la reforma del Estatuto de la Transición, que incluye la continuidad constitucional ante las elecciones fraudulentas realizadas por el chavismo. «Dejar al país sin el único órgano electo legítimo sería contrario al restablecimiento del orden constitucional y nos alejaría de la posibilidad de soluciones a la crisis, que pasa por elecciones presidenciales y parlamentarias libres», añadió el líder opositor.
En paralelo, la revolución regresará hoy al Palacio Federal Legislativo, tomado por fuerzas militares justo hace un año, para juramentar a sus 277 diputados. Al frente de esta Asamblea Nacional estará el exministro Jorge Rodríguez, mano izquierda de Nicolás Maduro . Diosdado Cabello, número dos del régimen, se conformará con dirigir la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Ante la perspectiva de la segunda ola de coronavirus en Argentina, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de cerrar el Aeropuerto de Ezeiza para vuelos internacionales a partir de la segunda mitad de enero, con el objetivo de evitar el ingreso de nuevas cepas del virus COVID-19, que ya se detectaron en territorio nacional. La decisión es una de las diversas medidas que se evalúan tras el crecimiento de contagios de las últimas semanas, en particular después de las fiestas, como el llamado «toque de queda sanitario». El propio presidente Alberto Fernández explicó cómo sería su aplicación: «Después de determinada hora no se puede circular por la calle y si las fuerzas de seguridad te ven te llevan a tu casa». En paralelo, se esperan nuevas restricciones en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires y otros destinos turísticos, donde en los últimos días se vieron escenas de fiesta y aglomeraciones sin ningún tipo de medida preventiva. «Si tenemos que tomar medidas de restricción de circulación que son antipáticas, como lo hemos hecho todo el año pasado, lo vamos a hacer», admitió a su turno el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Fiestas y playas colapsadas, dos puntos que preocupan al Gobierno. Foto: Cedoc. En este escenario, la principal terminal aeroportuaria del país podría dejar de recibir vuelos internacionales en los próximos días. En los distintos niveles del sistema aeroportuario, incluida la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya se habla de un eventual cierre de todos los vuelos internacionales a partir del 15 de enero, según deslizaron diversas fuentes del sector a la agencia Noticias Argentinas. Los detalles de la medida La decisión podría confirmarse este viernes 8 de enero, día en el que vence el «cierre de fronteras», que prohibió la llegada de vuelos de países donde se detectó la nueva cepa de coronavirus, como el Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca. De concretarse la nueva medida, el cierre sería total solo para los vuelos internacionales. La idea es mantener los vuelos de cabotaje en plena temporada alta de turismo veraniego, pero no se descarta suspender los traslados entre provincias si la situación sanitaria empeora. El eventual cierre total de fronteras atiende a dos motivos que preocupan a las autoridades: la circulación de la nueva forma de coronavirus, que empezó a detectarse en destinos con los que la Argentina mantiene vuelos -como Nueva York, que registró su primer caso el lunes- y el crecimiento de los contagios a nivel interno. Vacaciones: cómo es el testeo en los diferentes puntos de llegada La medida estuvo sobre la mesa en la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los tres tienen previsto volver a conversar entre el jueves y viernes para definir si se aplican o no nuevas restricciones, como el toque de queda nocturno. Además, para esos días los equipos de la administración nacional, provincial y porteña contarían con un panorama más claro sobre la evolución de la curva de contagios tras los festejos de Navidad y Año Nuevo, dado que los contagios suelen detectarse hasta dos semanas después del contacto.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reúne con los intendentes de los municipios de la Costa para evaluar y comenzar a definir qué medidas restrictivas se pueden tomar para evitar que los casos de coronavirus sigan creciendo. La preocupación está instalada en el gobierno bonaerense y aumenta a la par de los contagios. El rebrote parece ser un hecho que se está visibilizando en la temporada de verano.
El encuentro, que en un principio había sido anunciado para el mediodía, comenzó a las 10:30 en San Bernardo. Está previsto que más tarde se sumen los jefes comunales del Conurbano, pero ellos asistirán a través de una videoconferencia. Si bien el foco de preocupación está en el desarrollo de la temporada de verano en la costa, la curva de contagios de COVID-19 también empezó a crecer en las localidades más pobladas del Conurbano. Por eso todos los intendentes de la provincia fueron invitados.
Por parte del Ejecutivo bonaerense participan el ministro de Salud, Daniel Gollan; el viceministro de esa cartera, Nicolás Kreplak, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Seguridad, Sergio Berni; el ministro de Producción, Augusto Costa, y la ministra de Comunicación, Jesica Rey.
Entre los intendentes de la Costa que están presentes se encuentran Sebastián Ianatuony (General Alvarado), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Cristian Cardozo (Partido de la Costa), José Paredi (Mar Chiquita), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Martín Yeza (Pinamar), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).
La principal opción que se baraja en el gobierno de Kicillof es la implementación de un toque de queda nocturno. Es decir, cortar el movimiento durante la noche, cuando la gente se reúne en fiestas privadas y lugares gastronómicos, con el fin de cortar la circulación del virus. Así lo reconoció el jefe de asesores de la cartera bonaerense, Enio José García, quien advirtió que la medida “es una opción”.
También aparece en el horizonte la posibilidad de reducir la cantidad de gente que pueda entrar en los locales gastronómicos o comerciales. La intención no es volver al punto de partida que tuvo lugar el 19 de marzo. Los gobiernos de la Nación y la provincia trabajan sobre la comunicación con el objetivo de generar conciencia, pero por ahora no se baraja la posibilidad de volver a foja cero.
Axel Kicillof durante una de las últimas reuniones con los intendentes de la costa
En la provincia descartan la posibilidad de cerrar completamente la temporada.“Hay cero chances de que eso suceda”, graficaron cerca del gobernador. Esa misma idea expuso el ministro de Turismo, Matías Lammens, durante su visita a Villa Gesell en la mañana de este lunes, aunque aclaró que la continuidad de las vacaciones dependerá del comportamiento de la gente en la Costa.
“La idea nuestra no es cerrar la temporada, pero sí seguir insistiendo en la responsabilidad individual. Cuando esto no alcance, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar”, explicó durante una recorrida con el intendente local, Gustavo Barrera. Además, aseguró que las restricciones que “eventualmente se tomen” van a tener que ver con reducir el riesgo de las grandes aglomeraciones, pero no con la suspensión de la temporada. “Estas medidas van a ser para aquellos lugares donde no se están cumpliendo algunos protocolos”, aclaró.
Kicillof quiere evaluar en forma pormenorizada los datos de cada municipio y el comportamiento de la gente en los puntos turísticos. También lograr un acuerdo con los intendentes para que la medida que se tome sea conjunta. “Si los intendentes no están dispuestos a hacer cumplir la medida que se implemente, no tiene sentido que la tomemos”, advierten en La Plata. La responsabilidad y el costo de la decisión serán compartidos.
Una de las últimas imágenes de Pinamar, donde los jóvenes se concentraron en las playas y no cumplieron con los protocolos básicos
En el gobierno bonaerense ya saben que los jefes comunales de Juntos por el Cambio no están de acuerdo con una posible medida que restrinja la circulación durante la noche. En un principio una opción era que el horario de cumplimiento fuera entre las 22 y las 6. Los jefes comunales entienden que perjudicará la actividad comercial, una de las más afectadas durante la pandemia. Por eso se resisten a que se aplique ese tipo de restricciones en el medio de la temporada.
En una entrevista con Infobae, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, sentó una postura. “No veo posible generar algún tipo de cierre violento y terminar la temporada de verano. No creo que se pueda cerrar ninguna actividad. Pero no es que no se pueda, creo que no se debería. Hay muchas alternativas previas para llegar al cierre”, explicó.
Martín Yeza, el jefe comunal de Pinamar, se mostró en la misma línea. En diálogo con este medio aseguró que “un toque de queda sería una decisión no comprendida por los comerciantes que la han remado y que hoy son los grandes socios del Estado para tener actividades con protocolos”. El intendente considera que con prohibir la salida de la gente a la calle no se va a frenar el contagio. “Anular a los comerciantes va a traer consecuencias económicas y laborales y no va a disminuir la curva de contagios porque aumentaría la clandestinidad”, sostuvo.
La mayoría de la gente cumple con las medidas sanitarias en las calles, pero no en las playas (Christian Heit)
También en contacto con este medio, el intendente peronista de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anticipó que van “a apoyar las medidas sanitarias que tengan que ver con evitar las aglomeraciones, prevenir los contagios y evitar una suspensión de la temporada”. Y agregó: “En Gesell tenemos relativamente pocos casos, pero el cuidado sabemos que debe ser regional. Estamos interconectados, el virus no conoce fronteras. Ningún municipio se salva solo”.
A partir del 15 de diciembre las autoridades sanitarias de la provincia comenzaron a ver que la curva de contagios crecía nuevamente. Los casos aumentaron día a día hasta llegar, el 29 de diciembre, a 4.417 casos, el pico del último mes. Antes de ese día, tanto desde el gobierno bonaerense como de los municipios anticiparon que el principal problema eran las fiestas y reuniones clandestinas, además del relajamiento de la gente con los cuidados básicos.
“Por ahora no está en riesgo de saturación pero cada día se ocupan más camas de las que se liberan”, indicaron desde la gobernación. Esta semana los ministros, las autoridades sanitarias y los intendentes cruzarán mensajes en más de una oportunidad. Será una semana de definiciones. Así lo asimilan en La Plata. El encuentro de mañana servirá para hacer un diagnóstico más preciso y evaluar qué medidas se pueden tomar. Si no es el toque de queda, cuáles son las opciones.
Al día de hoy en el AMBA hay un 55% de camas de terapia intensiva que están ocupadas, mientras que en el interior el porcentaje es del 38%. Hay disponibilidad pero deben tener en cuenta el delay de los casos. Los resultados de los contagios de esta semana recién se verán en quince días. Ese es el motivo por el que en el gobierno de la provincia apuran la decisión. Hay que tomarla ahora para que tenga impacto en el corto plazo y el virus no siga corriendo.
En un acto en Chapadmalal, el presidente Alberto Fernández anunció este domingo 3 de enero que el primer decreto del 2021 es el de promulgación de la ley de Movilidad Jubilatoria, ocasión en la que defendió ese nuevo sistema de aumentos y aseguró que «cada jubilado sabe que he cumplido con ellos, que he cumplido con lo que dije que iba a hacer». «Terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido. Lo mismo que cuando dije que los jubilados no iban a pagar más los medicamentos que necesitaban para atender su salud», remarcó el Mandatario, en un escenario que compartía con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta. Frente a ellos se habían ubicado filas de sillas, en las que se encontraban los funcionarios invitados. «Después que cada uno escriba lo que se le de la gana, esto empíricamente es así y lo sabe cada jubilado y cada jubilada, sabe que no estoy mintiendo», dijo Fernández. señalando que con la nueva ley de movilidad jubilatoria «le estamos dando una previsibilidad de sus ingresos». «El Estado está para ordenar. El mercado no ordena, desordena. Si dejamos todo en manos del mercado, lo que ocurre es que rige la ley del más fuerte», repitió Fernández en otro tramo de su discurso, destacando los instrumentos de política monetaria que su gestión estableció durante la pandemia para aliviar la situación de trabajadores, empresarios y sectores pasivos. «Para nuestro Gobierno lo más importante es redistribuir el ingreso de manera más equitativa, sin agredir a nadie, para bien de todos», señaló el Mandatario, «y me llena de orgullo que los empleados y funcionarios de Anses estén trabajando para poder recuperar lo que no se pudo hacer por la pandemia». «La construcción de este país depende exclusivamente de nosotros», indicó Fernández, destacando que «como es nuestro turno de gobernar, vamos a empezar a cambiar el país». «Volvimos a poner una mejor fórmula para los jubilados», indicó el Presidente, afirmando que «la fórmula que estamos proponiendo hizo crecer 20% los ingresos de los jubilados» de los adultos mayores. «La fórmula jubilatoria (del gobierno de Mauricio Macri) sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie podía cumplir. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos», subrayó Fernández durante el acto de Anses. En otro tramo de su soleada visita a Mar del Plata, Alberto Fernández volvió a insistir en la necesidad de «llamar a la reflexión a todos, para que tengamos presente que la pandemia no se terminó», «Hay un relajamiento, todos nos distendemos, pero en Mar del Plata los casos crecen de manera más que preocupante, uno se olvida que hay una pandemia», indicó el Presidente, resaltando que «los que más se descuidan son los jóvenes. Por eso Quiero llamar a la reflexión a todos: que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó».
Las esperanzas del presidente electo de los Estados Unidos, Joseph Biden, de cambiar la relación de su país con América Latina luego de que durante la administración de Donald Trump pocos esfuerzos fueran dedicados a promover los lazos con la región tienen en la Argentina un ejemplo de que los esfuerzos caerán en saco roto. Así argumentó una columnista estable del diario financiero Wall Street Journal que se detuvo sobre el caso argentino para arrojar dudas respecto a la posibilidad de que los países del continente se acerquen a una agenda de libre comercio y desarrollo económico.
Bajo el título “La Crisis de Credibilidad de la Argentina”, Mary Anastasia O’Grady sostiene que el abordaje de Biden a la relación con Sudamérica -apenas el envío de ayuda económica, según la autora- tiene pocas chances de éxito dado el escenario político actual de la región.
“En ningún lugar este enfoque tiene peores probabilidades de éxito que en Argentina, donde el Presidente Alberto Fernández está llevando el país al suelo a la manera tradicional argentina. Ninguna cantidad de ayuda extranjera puede arreglar un país donde la economía productiva se ha reducido a una herramienta para servir a los intereses de una clase política todopoderosa”, sostiene la columnista que cada lunes escribe sobre la región.
“Los argentinos estaban frustrados por el fracaso del presidente de centro-derecha Mauricio Macri para cumplir con las promesas de una reforma orientada al crecimiento de 2015-19. Así que devolvieron al poder a los populistas peronistas de izquierda en diciembre de 2019. Unos seis meses más tarde, Argentina incumplió por novena vez en su historia, la tercera en 18 años”, relató O’Grady.
Para la analista, la saga de la deuda argentina luego del default y reestructuración es una muestra de la insolvencia de la política económica. La deuda que, tras el canje, empezó a cotizar a una prima de riesgo del 10% rápidamente se deterioró hasta alcanzar una prima del 13,7 por ciento.
“Normalmente una reestructuración quita algo de presión a las finanzas públicas y renueva el acceso del gobierno a los mercados de capitales. Pero esto no ha sucedido en Argentina porque los inversores entienden que si no hay reformas para impulsar el crecimiento, restringir el gasto y estabilizar el peso, la carga de la deuda no hace más que aumentar”, sostuvo.
Un nuevo impuesto sobre la riqueza para los individuos con más de 2,5 millones de dólares recuerda a los ambiciosos que el éxito se castiga
“Una perspectiva de crecimiento más optimista ayudaría después de un año en el que el gobierno impuso una draconiana cuarentena ante el covid-19. Ese bloqueo no impidió que Argentina registrara una de las mayores tasas de muertes de covid per cápita de Sudamérica. Mientras tanto, se espera que el producto interno bruto baje entre el 12% y el 15% en 2020″, añadió.
“El déficit fiscal de Argentina para 2020 se estima en un 10% del PIB y el banco central ha estado cometiendo el mismo error de siempre de imprimir dinero para financiarlo. El presupuesto prevé una menor inflación para el próximo año, pero las expectativas inflacionarias parecen estar aumentando. Aldo Abram, un economista del grupo de expertos de Buenos Aires, Libertad y Progreso, escribió el mes pasado que espera que la inflación sea “alrededor del 50%, por lo menos” este año a medida que la demanda de pesos caiga y los controles de precios insostenibles se vuelvan más “flexibles”. El gobierno mantiene el tipo de cambio oficial artificialmente alto mientras que en el mercado negro la moneda se negocia a cerca de la mitad de ese valor”, agregó el duro artículo.
“Los altos impuestos desincentivan a los productores y ahorristas. Un impuesto de exportación del 35%, por ejemplo, desalentará a los productor de soja de enviar su grano al extranjero. Un nuevo impuesto sobre la riqueza para los individuos con más de 2,5 millones de dólares recuerda a los ambiciosos que el éxito se castiga. El traslado de residencia del multimillonario de Internet Marcos Galperin al Uruguay a principioses del año pasado parece ahora previsible: un canario muerto menos en la mina de carbón”, sostuvo la columna.
Ante el aumento de casos ocurrido en las últimas semanas y preocupados por la situación que se registra a diario en la costa bonaerense, desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof comenzaron a reconocer que el «toque de queda sanitario» que deslizó días atrás el presidente Alberto Fernández es una alternativa que gana peso.
«Las medidas que estamos tomando incluyen la posibilidad de un toque de queda sanitario, pero no es la única; cuando uno ve lo que sucede en las playas, no alcanza con controlar o reducir los movimientos de la noche, sino que también hay que tomar decisiones durante el día, viendo que hay una total falta de apego a los cuidados que todos conocemos», sostuvo el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, en diálogo con Radio con Vos. El funcionario dijo que «hay una especie de desacato por cierta parte de la población».
«Creo que hay que tomar decisiones bien fuertes; y eso es parte del trabajo que vamos a hacer esta semana, porque no se pueden decidir desde una oficina, sino que debe haber acuerdos muy grandes, en los que venimos trabajando, pero que habrá que apurar esta semana», agregó. «Estamos viendo un contacto en los jóvenes que está afectando a los adultos mayores», alertó.
Consultado sobre las opciones que podrían tomar, Kreplak dijo que «decisiones tomadas aún no hay: estamos analizando las experiencias de Europa y viendo qué posibilidades tenemos acá». «Hay que hacer un movimiento más: de lo que era una recomendación basada en el autocuidado, a algo del orden de lo que se debe imponer donde haya una presencia más fuerte de los actores del poder judicial», indicó y prosiguió: «No se puede no cumplir y que nadie haga nada. Creo que hay que ser un poco más severos».
Si bien, al menos por ahora, la Provincia no se planteó cerrar algún lugar en particular, Kreplak aclaró que el sistema de fases sigue vigente en el territorio bonaerense y apuntó a la importancia de regular el aforo en ciertos espacios.»No puede haber la cantidad de gente que estuvimos viendo en estos días. En algún momento se tiene que decir ‘hasta acá’», reflexionó el viceministro.