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El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, planteó hoy su disconformidad con el reparto que hace el gobierno nacional de las vacunas contra el coronavirus que llegan al país. De manera puntual, señaló que el criterio utilizado no tiene en consideración la cantidad de personal de salud y el alto índice de mayores de 60 años que viven en la ciudad de Buenos Aires.

“Nación tomó la decisión de una distribución de vacunas basada en población general cuando la vacuna se aplica a grupos de riesgo, y los grupos de riesgo no son proporcionados a la población general en todas las jurisdicciones”, indicó Quirós, y agregó: “La Ciudad tiene una carga de trabajadores de salud muy superior a otras regiones de la Argentina, y tiene una piramide poblacional más envejecida del promedio”.

El ministro de Salud, Fernán Quirós, durante el reporte epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires

En este sentido, y en el marco del reporte semanal sobre la situación epidemiológica, el funcionario adelantó que el gobierno porteño solicitó “discutir, dialogar, mejorar el mecanismo para que todos los ciudadanos de argentina tengan las mismas oportunidades de llegar a la vacuna en un tiempo similar, y no ocurra como está ocurriendo ahora”. “Es un tema que lo hemos discutido y seguramente lo vamos a seguir dialogando y estamos convencidos de que lo vamos a resolver”, destacó.

Según los cálculos del gobierno porteño, al menos 1.200.000 de personas están dentro de los grupos de riesgo. “Esa es la cantidad que necesitamos vacunar; hay que avanzar rápidamente y tenemos la capacidad de vacunación ya montada”, expresó Quirós, y añadió: “Sabemos que tenemos por delante unas segunda ola, sabemos que hay una campaña de vacunación que viene lenta, pero que seguramente se va a acelerar en las próximas semanas”.

Por otro lado, informó que a pedido del ministro de Educación, Nicolás Trotta, habrá una reunión (en la que también estará presente la ministra porteña del área, Soledad Acuña), durante la tarde de hoy para “encontrar una solución” a la vacunación de los docentes porteños.

El Gobierno nacional dispuso que las 100 mil dosis de la vacuna china de Sinopharm sea destinada a los docentes y espera completar la inmunización para junio. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires destinó esa partida para completar la inoculación del personal sanitario, de acuerdo al plan de vacunación oficial dispuesto por el Ministerio de Salud. “Estamos buscando alternativas para llegar a los docentes, estoy convencido que dialogando siempre encontramos una solución”, señaló el ministro porteño.

El ministro de Salud, Fernán Quirós

Con relación a la curva de contagios y su evolución, la ciudad de Buenos Aires informó que hasta hoy hubo 232.992 casos, de los cuales se han recuperado 203.530 personas, han fallecido 6.831, lo que hace una letalidad de 2,93%. En cuanto a los testeos, se hicieron a 1.705.302 personas, el 62,2% de ellas son ciudadanos porteños, con una positividad promedio de 5,6% en la semana.

Con respecto al Plan de Vacunación contra el COVID-19, Quirós precisó que hasta el momento del componente 1 de Sputnik V ya aplicaron 77.416 vacunas, mientras que del componente 2 se aplicaron 32.585. “Y luego del componente 1 de AstraZeneca para adultos mayores, hasta hoy hemos aplicado 32.393”, afirmó.

El ministro detalló también que en el personal de salud se alcanzaron 77.416 personas con el componente 1, y 32.585 que también tienen el componente 2; es decir, 110.001 vacunas. Además, notificó que todos los datos sobre vacunación, turnos y lugares de aplicación están disponibles en la página oficial del gobierno porteño.

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Tras el discurso del presidente Alberto Fernández en el que fustigó a la Justicia, los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia se reunieron este martes durante 20 minutos, por Zoom, para organizar el trabajo del tribunal. Según pudo saber este diario, no hicieron comentarios entre ellos sobre la virulenta embestida presidencial. Prefirieron el silencio.

“Es el momento de ser inteligentes y actuar con prudencia”, dijo un funcionario de la Corte, aunque admitió que por supuesto el discurso cayó mal. Los cinco ministros del máximo tribunal estuvieron el lunes sentados uno junto al otro, protegidos por barbijos, mientras seguían a distancia el discurso de apertura de sesiones del Congreso.

Ante las expresiones de Alberto Fernández, que dijo que la Justicia estaba “en los márgenes” del sistema republicano, los tapabocas impidieron percibir alguna reacción gestual de los magistrados. Dos fuentes de la Corte dijeron que, apenas terminó el discurso presidencial, los magistrados se levantaron de sus sillones, se saludaron con distancia social y cada uno partió hacia su despacho, sin hacer comentarios entre ellos. No obstante, luego hubo reuniones bilaterales.

Una cosa es que el Gobierno esté enfrentado con la Corte y otra que la Corte se pelee con el Gobierno, en una lucha en la que el tribunal puede ver mellada aún más su credibilidad. Además, para llevar a cabo esta batalla los jueces deberían exhibir una cohesión interna que hoy no tienen.

Este martes, en el Zoom, conversaron sobre el trabajo de la Comisión Interpoderes y prepararon la firma de los fallos de este jueves, donde no se espera ninguna sentencia de alto voltaje político que pueda ser interpretada como una respuesta de la Corte al Gobierno.

Una cosa es que el Gobierno esté enfrentado con la Corte y otra que la Corte se pelee con el Gobierno, en una lucha en la que el tribunal puede ver mellada aún más su credibilidad. Además, para llevar a cabo esta batalla los jueces deberían exhibir una cohesión interna que hoy no tienen.

Los jueces vienen recibiendo críticas del Gobierno desde hace mas de un año y esos cuestionamientos continúan en crecimiento. Alberto Fernández llegó al poder con la convicción de que la Corte actual estaba bien y que no había que hacer cambios. Pero al poco tiempo Cristina Kirchner empezó desde el Senado una tarea de demolición, con cuestionamientos a los altos magistrados y a los jueces federales en general.

Unas 48 horas antes de que empezara al juicio contra la vicepresidenta por favorecer a Lázaro Báez direccionando la obra pública vial en Santa Cruz, en la causa conocida como “Vialidad”, la Corte pidió el expediente. El asunto alentó esperanzas en Cristina Kirchner, pero encendió las alarmas de la opinión pública porque iba a impedir el comienzo del juicio oral.

La reacción de la oposición y de quienes protestaron en la calle contra esa decisión hizo que la Corte devolviera el caso en 24 horas y se iniciara el juicio. Cristina Kirchner intimó a los jueces del máximo tribunal por Twitter porque no resolvieron sus recursos en esa causa. Y empezó a reclamar cambios en el máximo tribunal. La presión hizo que Alberto Fernández cambiara de opinión y convocara a un comité de expertos para que le aconsejen cambios, en la Justicia y en la Corte.

En el medio, la Corte respondió con fallos: dejó firme las condenas por la tragedia de Once, contra Amado Boudou, Milagro Sala y Luis D’Elia y, en un fallo que buscó ser amigable con el Gobierno, pero que no lo logró, decidió mantener a los camaristas trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hasta que se elijan a sus reemplazantes por concurso.

En la Corte suelen decir que son inmunes a los ataques y que cada vez que el Gobierno fue contra el máximo tribunal para cuestionar sus fallos o amenazar con cambios en su funcionamiento o integración, las causas que involucran a sus partidarios terminaron agravándose con condenas firmes.

Internamente, en la Corte hay desavenencias que llegaron a enfrentar a su presidente, Carlos Rosenkrantz, con Ricardo Lorenzetti. Ahora no se registra el mismo clima belicoso, pero sí una fría distancia, sostenida en buenos modos, pero con los jueces manteniendo sus diferencias.

Una idea recurrente es que estos embates contra la Corte amalgaman a los jueces y hacen olvidar sus disidencias. Sin embargo, las operaciones no se olvidan y los sinsabores anidan en silencio, mientras se suceden los encuentros semana a semana.

El discurso de Alberto Fernández fue particularmente duro con la jueza Helena Highton de Nolasco. La magistrada llegó a la Corte en época de Néstor Kirchner porque la acercó Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete. Además, tiene una excelente relación con la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Fernández le reprochó haberse quedado en la Corte más allá de sus 75 años, merced a un fallo judicial. Dijo que fue una actitud “corporativa”. Highton era la jueza más cercana al Gobierno y, de hecho, la única que asistió al acto de presentación de la reforma judicial y de la comisión asesora que sugirió cambios en la propia Corte.

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salieron a responder al presidente Alberto Fernández, quien en su discurso de la apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso emitió duras críticas a la Justicia y, según trascendió, impulsará la creación de una comisión bicameral para analizar el funcionamiento del poder Judicial.

En un texto titulado “Ante las palabras del Sr. Presidente de la Nación en la apertura de las sesiones legislativas”, jueces y funcionarios afirmaron que “el contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’”. 

“En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial ‘es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano’”, comienza el texto, y agrega: “Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”.

Fiscal Rívolo: «Las reformas a la Justicia que se han encarado tienen falencias enormes»

En la misma línea, el comunicado dice que Alberto Fernández “pidió también al Congreso ‘que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial’, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional.

Y asevera: “El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”. Además, detalla: “También ha preocupado una afirmación errada sobre que ‘ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias’”.

En este contexto, los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional afirman que “es sabido que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

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Y concluyen: “Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”.

Para cerrar, afirman: “Coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: ‘Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca’. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones».

Fuente: Perfil.com

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, intentó desactivar la polémica generada a raíz de la intención del gobierno nacional de crear una comisión bicameral en el Congreso que realice “el control cruzado” sobre el Poder Judicial. La idea surgió como respuesta a un pedido realizado por el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa

“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales a El Destape.

La funcionaria -de máxima confianza del presidente Fernández- explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos.

Esas atribuciones habían sido señaladas en un principio por el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, el primero en anunciar públicamente que el Frente de Todos estaba trabajando en la conformación de la bicameral. Ayer, en una entrevista, había reconocido que pretendían poder citar a jueces y fiscales para que den explicaciones por sus decisiones. La abogada Graciana Peñafort, integrante del equipo de Cristina Kirchner en el Senado, había ido más allá y había planteado la posibilidad de “remover” jueces.

“En realidad lo que planteó el Presidente es que el Congreso asuma el rol cruzado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son facultades que tienen otras instituciones”, explicó este miércoles Losardo.

En efecto, en la Argentina el organismo encargado de investigar y aplicar sanciones disciplinarias a los jueces es el Consejo de la Magistratura.

Alberto Fernández avala la creación de la comisión en las condiciones que expuso Losardo y que le transmitió al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que avanzara con el tema. Ayer, ambos se molestaron cunado escucharon las declaraciones de Parrilli, habitual vocero político de Cristina Kirchner.

Alberto Fernández y Massa no cuestionaron a Parrilli por mala praxis académica, ellos también coincidían en interpretar que “control cruzado” implicaba la creación de una Comisión Bicameral para analizar los comportamientos del Poder Judicial.

La crítica a Parrilli estaba dirigida a su inesperada irrupción en los medios para comunicar una decisión política que escapaba a su poder interno en el Gobierno Nacional. Este senador ultrakirchnerista es muy resistido en Comodoro Py y la Corte Suprema, y su anuncio de la Comisión Bicameral implosionó las primeras gestiones de Massa para lograr un consenso con la oposición que permitiera aplacar las críticas políticas y las desconfianzas obvias del Poder Judicial.

Fuente: Infobae.com

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló tras la marcha de este sábado 27 de febrero en protesta por el “vacunatorio VIP”, dijo que «a los bienes públicos se los apropia el partido de Gobierno y los partidiza» y cuestionó las críticas del presidente Alberto Fernández por la puesta en escena frente a Casa Rosada con bolsas mortuorias.

“Miles de ciudadanos de todo el país salieron contra tres sentimientos que generó este vacunatorio VIP. Hay una oligarquía kirchnerista que se vacuna eligiéndose a ellos mismos por fuera de un cronograma establecido”, dijo Bullrich en diálogo con Aire de Noticias, por Radio Mitre.

La dirigente del partido opositor, una de las figuras principales que estuvo presente en la movilización, analizó que en los asistentes “hay un sentimiento de angustia y abandono”.

“Hay un sentimiento de profunda injusticia, porque a los bienes públicos se los apropia el partido de Gobierno y los partidiza. No usa los vacunatorios oficiales y eso genera un sentimiento de injusticia. También hay un sentimiento de angustia y abandono. El 80% de los argentinos está indignado con esto y eso demuestra que incluso algunos kirchneristas deben sentir indignación e injusticia. Esa angustia la sintió casi toda la comunidad”, opinó.

«Bolsas mortuorias»: qué dijo la agrupación Jóvenes Republicanos, responsable de la escena 

Para la ex ministra de Seguridad, Fernández se tenía que vacunar, pero no el resto de los funcionarios. “Si uno es capitán o capitana de un barco es el último que se baja”, dijo, y aclaró: “El Presidente de la Nación me parece bien que se vacune, los otros deberían haber esperado en la cola”.

En esa línea, analizó que “cuando uno tiene el ejemplo de ponerse primero al frente, a los demás se le genera una confianza y trabajan bien”. En cambio, dijo, “si el que tiene una llave la usa para su propio beneficio, eso genera indignación”.

En tanto, consultada sobre los bultos que simulaban ser bolsas mortuorias que llevó a la marcha la agrupación de derecha Jóvenes Republicanos, y que generó el repudio del Presidente, señaló: “Primero que el Presidente eche a los funcionarios que provocaron este vacunatorio VIP. El Presidente no tuvo indignación por la vacunación VIP y tiene indignación por algo que a mí no me gustó”.

Estela de Carlotto dijo que ve a Patricia Bullrich «convertida en un monstruo» 

Al respecto, Bullrich sostuvo que si Alberto Fernández “tuviese la autoridad moral de haber criticado fuertemente este tipo de vacunación y mañana (en la apertura de sesiones ordinarias) tiene la oportunidad de pedir perdón a toda la sociedad e ir contra aquellos que violaron la norma y pedirles la renuncia, entonces yo le daría la autoridad al Presidente de criticar una acción”.

Fuente: Perfil.com

Luego de que el Tribunal Oral Federal N°4 condenara a 12 años de cárcel por lavado de dinero en la causa de “la ruta del dinero K”, este lunes continúa el juicio en otra de las causas donde Lázaro Báez se encuentra acusado al igual que Cristina Kirchner.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, continuará hoy por videoconferencia con el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Además de la vicepresidenta y el empresarios kirchnerista, hay otros 11 imputados en la causa por presuntos desvíos de fondos.

El miércoles pasado Báez fue condenado a 12 años de prisión por la maniobra de lavado de dinero de casi 55 millones de dólares, que se conoce como “la ruta del dinero K”. La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros.

Si bien el empresario se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones, seguirá participando del juicio de Vialidad y enfrenta varios procesos que quedaron pendientes. El que corresponde a las presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas para Santa Cruz a Báez se reinició en la primera semana de febrero luego de la feria judicial.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el resto de los acusados están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Lázaro Báez (EFE)

Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminadas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia sureña que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

Aquella jornada en la que se reinició el juicio declaró un auditor de vialidad nacional que afirmó no haber tenido pedidos de sus superiores para beneficiar al empresario K. En total la causa tiene a 184 testigos para declarar convocados por el tribunal a pedido de las partes. Con ese cronograma este año no habrá veredicto para los imputados.

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral (Télam)

“El juicio se está cayendo a pedazos”, manifestaban entusiasmados los abogados defensores. En Comodoro Py, en cambio, aseguran que la acusación se viene probando a lo largo de las audiencias.

A pesar del impacto político y mediático de las condenas, las fuentes consultadas por Infobae, días atrás, advierten que el final del juicio por “la ruta del dinero K” no condiciona el desarrollo del juicio de Vialidad. “Aunque la defraudación por la obra pública fue tenida en cuenta como el delito precedente del lavado, Báez puede ser absuelto en este juicio”, graficó un funcionario judicial.

Mientras tanto, Cristina Kirchner se enfrentará nuevamente a Comodoro Py esta semana y reclamará a Casación el cierre de la causa “dólar futuro”. El próximo jueves se llevará adelante una audiencia clave para definir el futuro de la causa. Será la primera vez que hable ante la Justicia tras más de un año. La última oportunidad fue una semana antes de asumir como vicepresidenta, cuando declaró en el juicio por la obra pública concedida en Santa Cruz a Báez. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, advirtió en aquella oportunidad.

Para esta ocasión, la audiencia estaba prevista para hoy lunes, pero debido a que coincide con la apertura de sesiones ordinarias, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, pidió el cambio de fecha La cita será por Zoom el jueves 4 de marzo a las 10.30.

Casación debe resolver si avanza con el inicio del juicio oral. Los acusados sostienen que se les debe dictar ya mismo un sobreseimiento. Y se basan en una pericia que afirmó que la operatoria de venta de dólar a largo plazo durante la última parte del juicio oral era un mecanismo legal que no produjo perjuicio al Estado, de acuerdo a los balances del 2015 y 2016. En esa lógica, dicen los defensores, mal pueden acusarlos de defraudación al Estado.

Fuente: Infobae.com

La sanción de la legalización del aborto, de la nueva fórmula jubilatoria y del impuesto a la riqueza parecen mostrar un balance más que positivo para el oficialismo en el Congreso durante los casi tres meses de sesiones extraordinarias habilitadas por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Es que el Frente de Todos fracasó en su intento por aprobar los proyectos más conflictivos de la agenda, lo que deja al descubierto las diferencias internas que campean al interior de la coalición oficialista y, sobre todo, las distintas agendas que manejan los líderes del Frente de Todos.

Así, mientras Alberto Fernández pudo celebrar en diciembre la legalización del aborto como un triunfo propio y el cumplimiento de una promesa electoral; Cristina Kirchner sigue esperando que la Cámara de Diputados avance con la reforma del Ministerio Público Fiscal.

No es el único tema surgido de la usina del Instituto Patria sin consulta con la Casa Rosada que duerme en Diputados. La misma suerte corren los cambios en la ley de Defensa de la Competencia, que busca colonizar el tribunal que debe resolver diferendos comerciales; y la suspensión de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), iniciativa que busca bloquear una de las «joyas» legislativas del macrismo.

La otra cara de la moneda es Máximo Kirchner, quien logró sancionar en estas extraordinarias el impuesto a la riqueza y la controvertida modificación a la ley del manejo del fuego para impedir la venta de tierras afectadas por incendios. El jefe de lo diputados del Frente de Todos es uno de los grandes ganadores del período.

Otro tema que se mantiene empantanado por las diferencias internas en el oficialismo es la modificación del cronograma electoral de este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores peronistas, con apoyo de sus pares radicales, lanzaron en diciembre el tema de la suspensión de las primarias con aval de Fernández. Pero en el camino se encontraron con el obstáculo del rechazo de Máximo Kirchner y La Cámpora.

Si bien ahora se barajan alternativas que podrían alinear al Frente de Todos detrás de una única posición sobre las PASO, el tema no pudo ser tratado en febrero ya que la Cámara baja, tras la reunión que celebró el pasado 11 del corriente, no pudo volver a sesionar. Recién podrá hacerlo después de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Por esta misma razón tampoco quedó tiempo para que el Congreso apruebe en extraordinarias la reforma en el Impuesto a las Ganancias presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sin embargo, esta demora es toda un éxito para el oficialismo, que pretende mantener en cartelera el mayor tiempo posible un tema que pretende explotar electoralmente.

Números

El Poder Ejecutivo habilitó 35 temas para tratar en sesiones extraordinarias entre el 10 de diciembre y el próximo 28 de febrero, período en el que se sancionaron 14 leyes hasta la fecha.

Desde que el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de diciembre, la Cámara alta sesionó en seis oportunidades, el doble de las reuniones celebradas por los diputados.

Esta diferencia se explica en varios factores. A la mayoría que ostenta el Frente de Todos en el Senado se le opone el hecho de que el oficialismo necesita de aliados para habilitar una sesión en la Cámara baja.

Pero, además, Massa debe lidiar con la agenda de Cristina Kirchner, que provoca tanto el rechazo de Juntos por el Cambio como de los bloques filo-opositores que suelen ayudar al oficialismo a reunir quorum.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ayudó a enrarecer el panorama político al negarse a incluir en el temario de extraordinarias la prórroga de los beneficios de la ley de biocombustibles.

Los bloques «lavagnista» y Federal, con quienes se había cerrado el acuerdo para sesionar, vieron en esa negativa un incumplimiento de la palabra empeñada por el oficialismo y esto dinamitó el acuerdo que había alcanzado el Frente de Todos para aprobar un protocolo que prorrogaba las sesiones virtuales en Diputados.

 

El presidente Alberto Fernández inaugura este lunes 1 de marzo el 139 período de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje ante la Asamblea Legislativa en un escenario atípico y sin invitados a causa de la pandemia.

12.36 horas:

Alberto Fernández destacó la crisis del 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, y el préstamo que se le pidió al Fondo Monetario Internacional. «Esos millones se esfumaron antes de que asumiéramos nuestras funciones», aseveró.

12.34 horas:

«Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado», disparó contra la oposición.

12.32 horas:

Alberto se refirió a las críticas recibidas y al término acuñado por la oposición de «infectadura» y los cuestionamientos a la vacuna rusa Sputnik V. «Todos ellos lanzaron sus dedos acusadores reclamando que el supuesto veneno que suministrábamos era insuficiente», recordó.

12.30 horas:

«No llegué a la Presidencia para ser sordo ante críticas bien intencionadas, como tampoco para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino profundizando las heridas que como sociedad cargamos», dijo a los gritos el Presidente.

12.26 horas:

«Seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir con los objetivos. Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia Argentina. Vamos a avanzar semana a semana con nuestro plan. En este plan, hay prioridades muy claras. La reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente, aún cuando en lo personal me causara mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían», dijo sobre el Vacunatorio Vip lo que le valió un fuerte aplauso en el Congreso.

12.25 horas:

Con respecto a la campaña de vacunación, destacó la producción del compuesto de la AstraZeneca en Argentina, y el cierre del contrato con Rusia. «Hoy el 10% de los países acapara el 90% de las vacunas», indicó.

12.23 horas:

Alberto precisó que la pobreza creció 5.4%, del 35.5% al 40.9%. «Es una situación grave que vamos a revertir. Pero pese a las malas condiciones, creció menos que entre 2017 a 2019», lanzó el Presidente con una nueva crítica a la gestión macrista.

12.18 horas:

El Presidente cuestionó la crítica a la falta de estrategia económica que recibió su Gobierno. «El reproche fue y es definitivamente inmerecido, junto al cumulo demandas sanitarias fuimos capaces de impulsa económicas y de protección social para paliar los efectos de la inédita calamidad que atravesamos», expresó, al recordar la creación del IFE, el congelamiento de tarifas, la prohibición de los despidos y la doble indemnización, las ayudas estatales a las empresas desde ATP y créditos a tasa 0, el aumento de la tarjeta AlimentAR.

12.17 horas:

«Es muy difícil valorar aquello que no sucedió, porque las consecuencias más graves que evitamos claramente no se ven. Salvo si comparamos con las imágenes tenebrosas que llegaron de otro país», dijo el jefe de Estado a la vez que pidió al Congreso un aplauso para quienes estuvieron en prima línea en la lucha contra la pandemia.

12.16 horas:

El mandatario elogió el esfuerzo de los docentes al impulsar la virtualidad para la enseñanza.

12.12 horas:

El Presidente lamentó las «críticas injustas» recibidas por la gestión de la Casa Rosada de la situación sanitaria. «Hubo quienes quisieron incitar banderazos y romper protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un Gobierno, convencido, que buscaba preservar la salud del pueblo», lamentó.

12.11 horas:

«Hemos tenido un logro inmenso en el 2020. Evitamos que se colapsara el sistema de salud», destacó Alberto.

12.07 horas:

Alberto toma la palabra. El Presidente recordó que a pocos días de su primer discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso se desató la pandemia de coronavirus. «Debimos terminar el incendio cuando otros habían terminado con el agua», disparó contra la anterior gestión.

12 horas:

Alberto Fernández llegó al Congreso, donde fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

Fuente: Perfil.com

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró hoy el año legislativo de la ciudad de Buenos Aires con un mensaje nacional en clave electoral. “Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta”, afirmó, y agregó: “Creo que este año busqué más que nunca dialogar y hacer acuerdos, porque la gente lo que menos quiere es vernos pelear”.

Al final de su discurso, que pronunció desde su casa de manera virtual tras aislarse luego de viajar a Brasil junto a su familia, el mandatario porteño destacó que “la grieta no mejora la educación, la grieta no da trabajo, la grieta no da salud, la grieta no construye puentes ni abre comercios ni mejora una plaza ni genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta”.

En esta línea, Rodríguez Larreta ahondó en un mensaje de unidad al señalar que el país tiene “un enorme futuro” si se dejan atrás las divisiones. “Tengamos la grandeza de dejar de lado las disputas sin sentido para avanzar hacia ese futuro, para eso, siempre van a contar conmigo”, puntualizó.

 

Por otro lado, calificó al 2020 como “el año más duro” de su vida. “Como jefe de Gobierno, tuve la dificilísima responsabilidad de enfrentar algo completamente desconocido y devastador como la pandemia. Y desde lo personal, algo en lo que nunca entro en detalles, fue un año de mucho dolor para mí y para mi familia”, reconoció.

También hizo un balance sobre la gestión de la pandemia, defendió la política sanitaria –incluso destacó la figura del ministro de Salud, Fernán Quirós, y pidió un aplauso para él y su equipo– y rechazó la denuncia impulsada por el kirchnerismo con relación a la supuesta privatización de la vacunación.

“Durante los últimos días se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad, que atentan contra la tranquilidad de la gente y contra la esperanza que representa para todos la vacuna después de un año tan duro. En la Ciudad, hace 30 años que las obras sociales y los hospitales de comunidad participan de las distintas campañas de vacunación. Y nunca nadie lo cuestionó. Estamos llevando adelante un plan de vacunación serio y transparente”, afirmó.

También volvió a manifestar su preocupación por la situación económica de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por la quita que percibía de la coparticipación nacional dispuesta por el gobierno nacional. “Hoy estamos enfrentando un escenario complejo y desafiante”, indicó.

Y añadió: “En septiembre del año pasado, el gobierno nacional decidió quitarle a la Ciudad de manera inconsulta parte de los recursos de coparticipación que le corresponden constitucionalmente, recursos que, desde el día del decreto hasta el 31 de diciembre del 2020, representaron 13.000 millones de pesos menos para la Ciudad, a un ritmo de 150 millones de pesos menos por día”.

“Decidimos presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la Ciudad; y, mientras esperamos que la Corte se expida, tuvimos que reestructurar nuestra gestión y poner en marcha un plan de eficiencia y reducción del gasto público para aprovechar al máximo cada recurso”, indicó.

Apertura de Sesiones Legislativas – Larreta

Además de las palabras de Rodríguez Larreta, la apertura del año legislativo estuvo presidida por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri. En el recinto estuvieron presentes solo un número limitado de legisladores.

Con relación a la política de seguridad, el mandatario adelantó la construcción de tres comisarías en los barrios de Balvanera, Parque Avellaneda y Versalles, y la incorporación de 4 mil nuevos agentes. “Vamos a aumentar la presencia policial en la calle sumando efectivos en el transporte público, en plazas y en zonas de Once, Constitución y Retiro”, confirmó.

En esta línea, aseguró que enviará a la Legislatura una modificación de la ley de Seguridad para extender las sanciones a las contravenciones. “Una de esas contravenciones es la venta ambulante ilegal, que se apropia del espacio público y atenta contra el trabajo legítimo de los comerciantes. (…) No podemos permitir la ilegalidad”, indicó.

También hizo una referencia a la necesidad de que el gobierno nacional transfiera la Justicia penal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. “Creemos en una Justicia efectiva y al servicio de la gente, que ponga en el centro a las víctimas, que respete a las fuerzas de seguridad y que imponga a los delincuentes penas proporcionales a sus delitos. Y creemos en una Justicia independiente que ponga fin a la impunidad y no sea rehén del poder y los tiempos políticos”, señaló.

Además, presentó los principales lineamientos de la gestión con la incorporación de políticas de género, de defensa del cambio climático, de transporte (prometió una renovación del sistema de colectivos en el área metropolitana, en conjunto con el gobierno bonaerense), cultura, espacio público y educación, entre otras áreas.

Fuente: Infobae.com