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La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó este domingo 7 de marzo de la marcha contra el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, junto al diputado nacional Waldo Wolff y al senador Luis Naidenoff. «Acá se está gestando un grito de libertad», dijo Bullrich. La mayor parte de los manifestantes son comerciantes que se quejan del regreso a la fase 1 de cuarentena por los nuevos casos de coronavirus y que, en una protesta similar, el viernes, fueron violentamente reprimidos.

De fondo, los protestantes gritan «Gildo, basura, vos sos la dictadura». «Esto es el principio de un quiebre de un sistema. Gildo Insfrán quiso volver a cero, que nadie trabaje ni estudie, acá no empezaron las clases», aseguró en diálogo con TN Bullrich. Wolff por su parte indicó que «los formoseños que no viven del Estado no pueden trabajar. Hoy visitamos a uno de los manifestantes que recibió 17 balazos. Hay gente que no puede enterrar a sus muertos», precisó.

Naidenoff, en tanto, le recriminó al gobierno nacional la falta de reacción: «¿Qué está esperando el gobierno nacional?». «Acá hay jóvenes de 15, 16 y 17 años. Acá no hay ningún enseñamiento», contestó Naidenoff respecto a las declaraciones de Sabina Frederic.

«Formosa tuvo un resultado en política sanitaria que salvó vidas», dijo Frederic tal como publicó este domingo PERFIL. Sobre Bullrich y su viaje a Formosa dijo que su antecesora tiene «una gran hipocresía». «Son los mismos que tiraron las bolsas en la protesta de la semana pasada. Ella es una pre candidata o va a ser candidata seguramente», manifestó. «Tiene una gran hipocresía, lo hizo en Gesell también. Cada vez que hay un episodio con las fuerzas de seguridad busca sacar provecho», indicó.

«Formosa no tiene un problema de recursos. Lo que existe es una mala distribución de los recursos estatales», se quejó Naidenoff quien añadió que la dependencia de recursos estatales es del 94 por ciento. «Es un modelo populista y conservador», añadió.

Fuente: Perfil.com

Un alto representante de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aconsejó a los países miembros de la Unión Europea abstenerse de aprobar el uso nacional de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que la agencia del bloque verifica la seguridad y eficacia del desarrollo del Instituto Gamaleya.

El 4 de marzo la autoridad europea comenzó un proceso de “revisión continua”, un análisis en tiempo real, de los datos sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de la vacuna rusa contra la covid-19 Sputnik-V, el proceso que podría conducir a autorizar el uso de este fármaco en la Unión Europea (UE).

A pesar de la revisión iniciada, la presidenta de la junta del organismo, Christa Wirthumer-Hoche, sostuvo en un programa de entrevistas en el canal austriaco ORF, que no están disponibles los datos para el análisis.

“Necesitamos documentos que podamos revisar. Aún no tenemos datos […] sobre personas vacunadas. Hay una incógnita. Es por eso que desaconsejo otorgar una autorización nacional en caso de emergencia“, dijo la funcionaria.

El regulador europeo, con sede en Ámsterdam, había explicado que la decisión de dar el paso a la aprobación “se basaba en los resultados de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos en adultos” que el desarrollador del fármaco, había compartido. Tras las declaraciones de Wirthumer-Hoche, eso está en duda, al menos por la calidad de la información recibida.

“Es posible que tengamos Sputnik V en el mercado en el futuro, cuando se hayan investigado los datos apropiados. La revisión en tiempo real ya ha comenzado en la EMA “, agregó, refiriéndose al anuncio de la agencia europea.

La vacuna Sputnik V ya ha sido aprobada o está en proceso de aprobación para su uso en tres países miembros de la UE: Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Funcionarios de la UE han indicado que Bruselas podría iniciar negociaciones sobre vacunas si al menos cuatro estados miembros así lo solicitan.

Apremiados por la falta de vacunas, la presión de los países miembros se multiplica. El ministro de salud italiano, Roberto Speranza, se refirió a la posibilidad de adoptar la vacuna rusa Sputnik V.

El funcionario también adelantó que el país podría colaborar en su producción. Sin prejuicios pero, al igual que para las demás vacunas, solo se hará después de los controles y la luz verde de EMA y AIFA, reconocen las autoridades sanitarias italianas.

El ministro de salud italiano, Roberto Speranza, adelantó que el país podría colaborar en la producción de la vacuna Sputnik V

“Si una vacuna funciona y es segura, no me importa mucho la nacionalidad de los científicos que trabajaron en ella, así que estoy abierto al Sputnik como a otras vacunas en todo el mundo, siempre que los controles de las agencias en la carga se realiza correctamente. Si Ema y Aifa están bien, estamos dispuestos a colaborar con Rusia, incluso en poco tiempo”, dijo Speranza.

Contactos con la Agencia Medicamentos Europea

Los informes de que los diseñadores de la vacuna rusa Covid hicieron una solicitud errónea o con datos insuficientes para su aprobación en la UE “no son consistentes con la realidad”, señaló la cuenta de Twitter de Sputnik V.

La presidenta de la junta de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) Christa Wirthumer-Hoche aconsejó el domingo a los países miembros de la Unión Europea que no aprueben el uso de la vacuna rusa Sputnik V, y les aconsejó que esperen hasta el final de su examen.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI) había anunciado que estaba en contacto con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la revisión de su vacuna anti covid, y colaborar con las autoridades de los 27 socios europeos.

“La RFPI está trabajando con la EMA para iniciar la revisión de la vacuna Sputnik V”, señalaron los diseñadores, y agregaron que la agencia había recibido la solicitud.

Fuente: Infobae.com

“¿Yo, señor? No señor”. Como si del casi olvidado juego del Gran Bonete se tratara, el kirchnerismo en el Senado señala hacia la figura del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cada vez que se le pide precisiones sobre la polémica comisión bicameral propiciada por Alberto Fernández para “controlar” el accionar del Poder Judicial.

Después del terremoto que causó el senador Oscar Parrilli (Neuquén) al adelantarse a hablar sobre los alcances y objetivos de la comisión, Cristina Kirchner les ordenó a los senadores del Frente de Todos mantener un notable bajo perfil y dejar que el tema decante por la Cámara de Diputados.

Es que tanto la vicepresidenta como muchos de sus senadores más cercanos entienden que no tiene sentido realizar el esfuerzo y el desgaste político de impulsar y aprobar un proyecto en el Senado si la Cámara de Diputados no puede garantizar la sanción de la iniciativa.

“Para qué vamos a aprobar algo nosotros ahora; si Diputados no vota no hay leyes. Tiene que haber acuerdo y el que tiene que trabajar para conseguir los votos es Massa”, afirmó un importante miembro de la bancada oficialista de la Cámara alta.

Si bien nunca van a hacer públicas sus diferencias –”no es este el momento, ya tendremos tiempo de hacerlo”, explican–, el malestar kirchnerista por la poca enjundia de Massa para motorizar la agenda legislativa de Cristina Kirchner es cada vez más evidente.

Es que no son pocos los ejemplos de proyectos impulsados por el kirchnerismo que duermen en un cajón de la Cámara baja debido a lo que en el kirchnerismo consideran la “incapacidad” de Massa para conseguir los votos que les permitan convertirse en ley.

Las reformas judicial y de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, cuyas sanciones reclamó el Presidente ante la Asamblea Legislativa la semana pasada, están a la cabeza de la lista de temas aprobados por el Senado y que, como en un cuello de botella, empiezan a acumularse en Diputados.

Pero el kirchnerismo se caracteriza por su buena memoria y a esa lista enumerada por Fernández le suman otras iniciativas que costaron arduas horas de debate en la Cámara alta que no han sido coronadas con la respectiva sanción en el ala legislativa a cargo de Massa.

En esa lista, menos glamorosa pero que contó con el impulso y la impronta de Cristina Kirchner, se ubican proyectos como la creación de una comisión bicameral investigadora del caso de la cerealera Vicentin y la suspensión de la inscripción de las sociedades por acciones simplificadas, una de las “joyas” legislativas sancionadas durante el gobierno de Mauricio Macri que el kirchnerismo pretende revertir.

Si bien podría considerarse que la comisión investigadora de Vicentin quedó fuera de lugar tras la decisión del Gobierno nacional de dar marcha atrás con la intervención de la cerealera, el kirchnerismo considera que hay tela para cortar en los entresijos de la relación financiera entre el Banco Nación y la cerealera durante la gestión macrista.

Pero, además, en despachos de la Cámara alta consideran que en ese proyecto hay varias claves que deberían reproducirse en la bicameral destinada a controlar la Justicia.

Apuntan, sobre todo, a las amplias facultades para requerir documentación que los senadores kirchneristas plasmaron en aquel proyecto, aprobado por el Senado en la última semana de junio del año pasado.

No es el único antecedente de una comisión bicameral cuyas facultades se analizaban por estos días en el kirchnerismo del Senado como parte de la estrategia para dotar de poder al “control cruzado” del Poder Judicial reclamado por de Alberto Fernández al Congreso.

Sin embargo, por el momento y en este caso, Cristina Kirchner prefiere dejar que otros asuman el peso de la tarea. El Presidente y Massa tendrán que tomar la iniciativa.

La mezcla exacta de amistad personal y pragmatismo político por ahora funciona contra la operación de acoso y derribo que ejecuta el kirchnerismo duro para eyectar a Marcela Losardo del Ministerio de Justicia. Losardo no desea dejar en una posición incómoda a su amigo el Presidente, y Alberto Fernández extremó en las últimas horas su blindaje de poder para evitar que la ministra de Justicia caiga y cause una nueva crisis en el Gobierno.

Losardo sufre hastío frente a las constantes operaciones políticas y mediáticas que se cocinan en el Instituto Patria, el Senado y la cartera de Justicia. La ministra no está dispuesta a apretar a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, y ese límite ético personal juega en contra de su estabilidad en el Gabinete Nacional.

Alberto Fernández sabe que Losardo está angustiada y harta por los constantes embates del kirchnerismo duro, pero le pidió a su amiga de toda la vida que resista y que se mantenga firme en el Ministerio de Justicia.

Losardo sabe que su caída puede transformar al Ministerio en una anexo de la Cámara Alta, complicar aún más la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y causar un efecto dominó que barra a los secretarios y ministros mas cercanos al Presidente.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional

CFK posteó en su cuenta oficial de Facebook una carta abierta cuando se cumplió un año de la asunción presidencial de Alberto Fernández. La vicepresidente escribió “funcionarios que no funcionan”, una acertijo político que fue resuelto sin dificultad en Balcarce 50. Desde su perspectiva de poder, Cristina señaló que esos funcionarios eran: Santiago Cafiero, Marcela Losardo, Vilma Ibarra y Gustavo Beliz. Todos del núcleo duro mas cercano al jefe de Estado.

Con el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa y el descargo de la Vicepresidente en la causa Dólar-Futuro, los alfiles del kirchnerismo duro asumieron que había llegado la hora de Losardo. No perdieron tiempo e instalaron en ciertos medios y en las redes sociales que la ministra de Justicia ya vaciaba los cajones de su despacho y que el sucesor reconocía el liderazgo político de Cristina.

La presión sobre Losardo no tuvo en cuenta dos circunstancias de poder. Si el Presidente sacrificaba a la ministra abría la temporada de caza contra Cafiero, Ibarra y Beliz, que son blancos móviles del Instituto Patria desde el 10 de diciembre de 2019.

Y, a su vez, con otro ministro de Justicia tampoco se garantizaba que la Corte y Comodoro Py aceptaran los reclamos políticos de los defensores a ultranza de la honestidad penal de Cristina Fernández de Kirchner.

Es decir: Alberto Fernández daba una señal opaca a sus aliados en el Gobierno y nada cambiaría a favor de CFK. Un resultado de suma cero que afectaría -otra vez- la imagen presidencial.

Alberto Fernández ingresa en su despacho de la Casa Rosada

El mix de amistad personal y pragmatismo político evitó -por ahora- que Losardo renuncie como ministra de Justicia. Alberto Fernández no tiene nada que reclamar a Losardo -ni ineficiencia ni Vacunatorio VIP-, y sabe que su amiga de la facultad está harta de la línea dura del kirchnerismo.

Por eso Losardo quiere renunciar al cargo, y no lo hizo aún a pedido del jefe de Estado.

Alberto Fernández y su ministra de Justicia ayer conversaron sobre los próximos pasos a seguir. Si no hay un cambio abrupto en las decisiones políticas, Losardo a las 10.00 tomará juramento a la nueva subdirectora Nacional del Servicio Penitenciario Nacional (SPF), en una ceremonia restringida a los medios de comunicación.

Y dos horas más tarde, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, Alberto Fernández y todos los gobernadores firmarán el “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de genero”, en el marco del Día Internacional de la Mujer”.

A la ceremonia oficial fue invitado el Gabinete Nacional. Y en primera fila, para que no haya dudas del respaldo político, estará Losardo. No se sabe aún si Cristina también participará del evento.

Fuente: Infobae.com

Fuente: Perfil.com

Gildo Insfrán lleva 25 años como gobernador, y otros dos períodos anteriores como vicegobernador del peronista Vicente Joga. Con 70 años cumplidos el 19 de enero pasado, pasó la mitad de su vida en la cima del poder de Formosa. Es uno de los tres mandatarios que todavía puede ser reelecto en forma ilimitada al frente de una las provincias más pobres del país. Su capital, la ciudad de Formosa, tiene un 42,4% de personas por debajo de la línea de pobreza y casi un 9% de indigentes, según la última medición del INDEC del primer semestre de 2020.

Sin embargo, en estos 34 años en el poder, los formoseños nunca pudieron conocer su patrimonio ni su sueldo. Gildo -no tiene segundo nombre – fue uno de los 12 gobernadores que se negaron a difundir sus bienes cuando se lo solicitó Infobae, y uno de los cuatro que no accedieron a decir cuánto ganan por mes como funcionarios públicos.

De profesión veterinario -se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste- se dedica a la cría de ganado bovino, según surge de la base datos comerciales Nosis. Sin embargo, no figura como directivo ni accionista de ninguna sociedad del rubro.

En noviembre pasado, para ese informe especial sobre los bienes de los gobernadores, Infobae llamó al celular personal, al menos media docena de veces, del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, quien se ocupa diariamente de oficiar de vocero del gobierno para informar sobre la situación sanitaria en la provincia. González es quien, tras la represión del viernes a manifestantes que reclamaban contra la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, desafió: “Acá no se rinde nadie”. El poderoso ministro formoseño nunca respondió la consulta de este medio. No atiende a los periodistas ni responde preguntas, más allá de sus partes informativos.

Infobae también intentó comunicarse en forma reiterada, al celular de su ministro de Economía y mano derecha, Jorge Ibáñez, y al de su jefe de Gabinete, Antonio Emérito Ferreira. En todos los casos, los funcionarios formoseños no respondieron ni los mensajes, ni los llamados para poder acceder a la DDJJ de Insfrán. También fueron infructuosos los intentos con su secretario privado, de nombre Alberto Fernández, llamando al teléfono de la Gobernación. Finalmente, Infobae llamó y mandó mensaje al propio celular del mandatario, sin éxito.

El reino de Insfrán

Insfrán – quien obtuvo su séptimo mandato consecutivo en 2019 con el 70% de los votos – maneja el distrito como un feudo. Se vale de una política clientelar y de sumisión, con un 70% de formoseños que dependen del empleo público. El estado policíaco que se impuso con el miedo pareció sufrir un quiebre con el reclamo público de ciudadanos que protestaron contra la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, luego de que se conociera que hubo menos de una veintena de nuevos contagios de coronavirus en la provincia. La represión posterior dejó expuesta que la fuerza parece ser la única vía para acallar las protestas de aquellos que piden trabajar y volver a sus actividades.

A nivel nacional, el accionar de la Policía ya se había hecho visible en la detención de dos concejalas que habían denunciado a Insfrán por las condiciones inhumanas en los centro de aislamiento por el COVID-19. No fueron las únicas imágenes que pusieron a Insfrán en el ojo de la escena pública y en aprietos al Gobierno de Alberto Fernández, así como al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que cuestionó a los “medios hegemónicos” en un tímido repudio a la represión del viernes.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuando se reunió con Insfrán en Formosa. Viajó para ver la situación de los centros de aislamiento y negó que hubiera condiciones infrahumanas de alojamiento.

Ya se habían conocido imágenes de los operativos en que los efectivos provinciales se llevaban por la fuerza a formoseños que habían dado positivo, o habían estado en contacto con un caso de coronavirus. Escenas de particular brutalidad y falta de respeto a sus derechos se vieron con integrantes de la comunidades originarias.

Sin información ni transparencia

En Formosa, la Constitución provincial prevé desde el año 1991 – ratificada por la reforma del 2003- la creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero la norma para ponerla en funcionamiento nunca fue sancionada.

La Constitución también contempla, en su artículo 151, la Acción de Transparencia como mecanismo de acceso de cualquier ciudadano a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, legisladores y magistrados provinciales que deben presentarlas al asumir su cargo.

“Nunca les interesó sancionar la ley de creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, prefieren la oscuridad, y el ocultamiento de información al pueblo. El enriquecimiento de funcionarios tiene mucho que ver con esto, con la dificultad de acceder a la información sobre el patrimonio de quienes gobiernan, y también de una Justicia cómplice que completa el círculo de impunidad”, le dijo a Infobae, Martín Hernández, presidente de la Unión Cívica Radical provincial.

En la provincia tampoco hay ley de Ética en el ejercicio de la función pública, ni transparencia sobre el uso de los recursos provinciales. Es una de las cuatro provincias – junto con Tucumán, La Rioja, San Juan y La Pampa – donde aún no hay Ley de Acceso a la Información Pública.

“Está claro que es un modelo que se siente cómodo obrando sin transparencia. Todos los proyectos presentados en ese sentido, pierden estado parlamentario. No les interesa, y el oficialismo tiene la mayoría para evitar su tratamiento”, agrega Hernández, ex diputado nacional de Cambiemos por Formosa.

Peronista y oficialista

Insfrán logró perpetuarse en el poder, aliado de los distintos oficialismos peronistas en el Gobierno nacional. Fue menemista, duhaldista, apoyó a Adolfo Rodríguez Saá en su breve semana presidencial, y luego fue fervorosamente kirchnerista. Hoy es uno de los gobernadores elogiados por Alberto Fernández.

“Yo lo he visto a Gildo en todos estos años, lo he visto preocuparse por Formosa. Su mayor obsesión es que sus co-provincianos vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es, por eso lo eligen. Eso habla también de su condición humana. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa”, dijo el jefe de Estado en mayo del año pasado, en su visita a la provincia ya como presidente, con Insfrán mirándolo a su lado.

Alberto Fernández, junto a Insfrán, en el acto donde anunció un convenio para el otorgamiento de fondos para la ejecución de obras públicas en la provincia. (Tito Gandolfi/Télam)

Denuncias en su contra

Insfrán acumula denuncias judiciales en su contra. Tanto por sospechas sobre su patrimonio, como presunto lavado de dinero y corrupción en la obra pública. Sin embargo, en la Justicia formoseña, ninguna de estas causas avanzó.

La UCR provincial le pidió a la Justicia local que investigue la presunta compra de 25.000 hectáreas en Posadas, a nombre de un testaferro. También fue denunciado por presunto espionaje ilegal a miembros de la oposición, líderes de la comunidad wichí, e incluso periodistas.

La Justicia Federal también tiene que resolver su situación en el caso del pago millonario de Formosa a la firma The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou, en una maniobra vinculada al caso Ciccone.

Por su rígida política sanitaria de impedirle el retorno a los varados en la frontera de Formosa durante meses, abogados independientes y sectores de la oposición presentaron amparos ante la Corte Suprema. El Máximo Tribunal le ordenó que les permitiera el ingreso y dispusiera un sistema no discrecional para entrar a la provincia. Por este mismo motivo, fue denunciado por violaciones a los derechos humanos debido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A fines de febrero último, la Corte Suprema emplazó nuevamente al gobierno de Insfrán a llevar la política anticontagios “con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos” y volvió a advertir sobre una posible violación de derechos humanos en los centros de aislamiento dispuestos por su gobierno.

Insfrán perdura. Los reclamos crecen.

Fuente: Infobae.com

El gobierno se sacude mientras cambia de ropaje. El nuevo estilo confrontativo del presidente Alberto Fernández, una transformación en la que adoptó como propio el discurso del kirchnerismo duro, provocó una fuerte tensión interna. La primera víctima de ese cambio fue la ministra de Justicia, Marcela Losardo, cuya salida del gabinete nacional es un hecho, según confiaron desde la Casa Rosada.

Pero los alcances de esa conversión todavía están lejos de dimensionarse. “Decidió jugar para allá”, dice un funcionario que lo conoce hace décadas e integra el nonato albertismo. “Allá” significa seguir los mandatos y objetivos que emanan desde la Cámara de Senadores, territorio en el que gobierna Cristina Kirchner.

La formalización del cambio de ministro de Justicia se dará en los próximos días y ya comenzó la danza de nombres. Uno de los que resonó con mayor fuerza fue el del diputado nacional Martín Soria (Río Negro), hijo del exgobernador Carlos Soria. “Es un nombre más en la lista”, reconoció uno de los principales funcionarios del Presidente. Ahí también asoma el cristinista Juan Martín Mena, actual secretario de Justicia.

Además de su relación con la “familia” judicial, lo que sentenció la salida de Losardo fue la aclaración que realizó la ministra sobre la comisión bicameral que el Gobierno impulsa para investigar a la Justicia. Según la todavía funcionaria, ese “tribunal” parlamentario no impondrá sanciones. Una señal de que la comisión no tendrá poder de fuego: un guiño para los jueces y fiscales, otro desencanto para la expresidenta.

La metamorfosis de Alberto Fernández sorprendió a parte de su círculo más cercano. Es que la decisión la tomó el Presidente en soledad después de varias charlas con la vicepresidenta Cristina Kirchner. No lo habló con nadie más. Su nueva impronta quedó expuesta en el duro discurso que dio hace seis días ante la Asamblea Legislativa.

Con su alegato la causa del dólar futuro, en el que pasó de acusada a acusadora, Cristina Kirchner terminó de solidificar el recorrido que tendrá desde ahora el gobierno nacional. En este nuevo escenario, no hay margen para los “tibios”, como Losardo –según la mirada del Instituto Patria– y otros actores, avisaron cerca del Presidente. ¿Podría haber más modificaciones en el elenco que lo acompaña? Por estas horas todo es silencio. Pero la expulsión de Losardo dejó en claro que ya no hay margen para los moderados.

Mientras en algunos despachos de la Casa Rosada aplaudieron la nueva actitud del mandatario, otros, entre ellos gobernadores e intendentes, miran de reojo. “Alberto ya no nos escucha”, se lamenta un intendente del conurbano.

La convicción de aquellos que siempre acompañaron a Fernández es que la vicepresidenta decidió jugar a fondo contra la Justicia y que los jueces también resolvieron dar esa batalla. “Es difícil mantener el equilibrio. El Patria rompe todo, no veo un buen final”, se lamentó un dirigente de diálogo fluido con el mandatario.

Será este tema de conversación entre Alberto Fernández y Sergio Massa hoy en la quinta presidencial del Olivos. Allegados al presidente de la Cámara de Diputados lo niegan, según aseguraron solo hablarán del tránsito que tendrá el proyecto de Ganancias en el Congreso. Pero más allá de lo que digan, todavía falta saber qué reacción tendrá el líder del Frente Renovador con el nuevo estilo del jefe del Estado; se trata, en definitiva, de las formas de hacer política que hace años lo terminó alejando del kirchnerismo. También al Presidente.

La mutación de Fernández también alteró la planificación que habían arreglado en la reunión de la mesa política que conduce el Presidente con Massa, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Hace tres semanas, en el último encuentro, resolvieron que cada integrante del frente le hable a su base electoral. Fue ahí que se resolvió que Massa presente los cambios en Ganancias, un guiño para la clase media.

La idea era que el jefe del Estado hiciera lo propio con la puesta en escena del Consejo Económico y Social. Ese día, sin embargo, Fernández tuvo que atravesar la peor crisis desde que asumió por el escándalo del vacunatorio vip, que provocó la salida de Ginés González García del gabinete. Esa rápida reacción es la que habría actuado como un dique de contención sobre la caída de la imagen presidencial. Según un trabajo que realizó la consultora Move Group, la crisis no afecto al mandatario, aunque desde que se declaró la pandemia ya retrocedió más de 30 puntos. La imagen positiva del Presidente se sostiene, principalmente, en el núcleo kirchnerista. Eso también explica por qué Fernández radicalizó sus posturas, especialmente frente a la Justicia, la oposición y los medios de comunicación.

Cerca del Presidente miran de reojo dos fechas en el calendario: 21 de marzo y junio, con el cierre de las listas. En dos semanas está previsto que Fernández asuma como nuevo presidente del PJ, en reemplazo de José Luis Gioja, y que Máximo Kirchner se transforme en el factótum del peronismo bonaerense, pese a la resistencia, hoy en soledad, del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, hoy a cargo del sello provincial.

Lo que sigue será armado de las listas de candidatos. “Se viene una carnicería”, anticipan fuentes oficiales que reportan en el Senado. Ese será el escenario, según explicó un dirigente del PJ que recorre el país, será diferente al de 2019. “Si intentan imponer los nombres, se abre el juego”, adelantó.

Las PASO, en esta instancia, están más presentes que nunca. El objetivo de algunos gobernadores, que tienen el visto bueno del Presidente, chocará con las necesidades de los jefes comunales que no quieren entregar sus bastiones al kirchnerismo. Una pelea con final abierto, en la que el renovado discurso del Presidente genera incertidumbre.

En el comienzo del año electoral, entre los sectores moderados del Frente de Todos reina el pragmatismo. El entorno del Presidente sintió el golpe de la ola de críticas que le valió a la Casa Rosada el endurecimiento de la postura de Alberto Fernández y la alineación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero en el cálculo político, a pesar de los cortocircuitos internos, terminó aceptándose como una “necesidad”. El tono de confrontación era evaluado como una manera de “fortalecimiento”, tanto hacia el interior de la coalición, como hacia afuera. Y sus consecuencias negativas eran vistas con bajos costos en términos de votos.

Después del escándalo del vacunatorio VIP, el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa era la apuesta del Gobierno para cerrar un capítulo duro y retomar el control de la agenda. En medio de la crisis política, toda la expectativa del oficialismo estaba centrada en las palabras del Presidente en el Congreso.

Cuando el Jefe del Estado se sentó a escribir el contenido de su alocución tras regresar de su visita a México, elaboró un primer borrador de tono moderado. Pero los ejes fueron modificándose con el pasar de las horas, con ayuda del antropólogo Alejandro Grimson, titular del programa de Jefatura de Gabinete Argentina Futura y uno de los intelectuales del colectivo albertista Agenda Argentina. Para el domingo quedó terminada una segunda versión, más dura. Fue la que el Presidente eligió para abrir las sesiones ordinarias.

El lunes hubo sorpresa en su entorno por el rumbo que había marcado con sus palabras. La polarización con la oposición, las duras críticas contra el Poder Judicial y los cuestionamientos a la prensa mostraron a Alberto Fernández alejado de la postura moderada que había prometido durante la campaña de 2019 y en la primera Asamblea Legislativa. Y lo exhibieron alineado con los intereses de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras la primera impresión, la decisión fue “abroquelarse” detrás de su figura y aceptar la controvertida posición como una “necesidad”. “Si no nos ponemos más duros, nos comen los de afuera”, ilustró un funcionario, en referencia a la Justicia y a la oposición.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, del círculo cercano a Alberto Fernández, salió a defender esas medidas y a aclarar que la creación de una comisión bicameral para el “control cruzado” de los jueces no implicaría sanciones, como había deslizado el senador Oscar Parrilli, soldado de Cristina Kirchner. Hacia el final de la semana, crecían los rumores de salida de Losardo en medio de la presión de los sectores afines a la vicepresidenta. La cartera que tuvo el mayor protagonismo esta semana tras la batería de medidas que anunció el jefe del Estado, es central para la agenda judicial de Cristina Kirchner, complicada en distintas causas por corrupción. Alberto Fernández le pidió a Losardo que se mantenga en su cargo, a pesar de que el kirchnerismo la quiere afuera, y de la incomodidad de la ministra. Por ahora, la titular de la cartera no renunció.

El jueves, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, otra de las funcionarias afines al Presidente, que suele mantener un perfil bajo y está alejada de Cristina Kirchner, concedió una entrevista televisiva donde defendió las modificaciones en la Justicia que planteó Alberto Fernández. Después de marcar las irregularidades que ocurren al interior del Poder Judicial, dijo: “Lastiman a la democracia, la credibilidad social, a la justicia, a jueces y juezas que sí son probos, y quedan sospechados”. “Cuando se habla de reformar la Justicia, de transparentar la Justicia, estamos hablando de una deuda”, agregó, en diálogo con el canal A24.

Desde el año pasado circulan, en Casa Rosada, los cuestionamientos internos al Presidente por su “excesiva tolerancia” ante los gaffes de algunos funcionarios, en detrimento de la gestión. Los casos más cuestionados de indulgencia se manifestaron con la permanencia de la titular del INADI, Victoria Donda, tras el escándalo con su empleada doméstica, y la indulgencia con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante el escándalo por la presunta compra de alimentos con sobreprecios, por la cual fue sobreseído la semana pasada. Más allá de la gravedad del vacunatorio VIP, cerca del Jefe de Estado vieron como una señal de fortaleza el desplazamiento de Ginés González García, titular de Salud y amigo del Presidente.

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, defendió el discurso de Alberto Fernández (Gustavo Gavotti)

El discurso del lunes fue considerado en el mismo sentido. “Era hora de que [el Presidente] se pusiera los pantalones largos”, resumía, en el calor de una semana política intensa, una fuente cercana al primer mandatario.

En este contexto, en Gobierno admitían que el discurso del lunes fue una señal de sintonía con la vicepresidenta. Pero a pesar de las disidencias con La Cámpora, y de los cortocircuitos con Losardo, se evaluaba como “inevitable” para mantener la cohesión interna. “Es importante alinearse con el sector que aporta el 30 por ciento de los votos. Y al 10, 15 por ciento que trajo Massa, es decir, la clase media, los sectores desencantados o desideologizados, no le importa lo que se diga o haga con la Justicia o los medios”, dijo una fuente de Presidencia. Un alto funcionario coincidió: “Por más que el discurso se haya endurecido, al porcentaje de la población que termina decidiendo quién gana la elección solo le importa que se termine la pandemia para poder salir de sus casas y vivir tranquilos, y tener plata en el bolsillo”. En el cálculo electoral, el costo de la confrontación no se ve tan alto.

En ese sentido, más allá de los discursos políticos y las polémicas iniciativas con respecto a la Justicia, la hoja de ruta del Gobierno continúa centrada en tres ejes: traer vacunas para inocular masivamente a la población, controlar los precios, y crear un ambiente de optimismo en términos de poder adquisitivo.

De hecho, la principal crítica al Presidente en su entorno giraba en torno a la falta de hincapié en el discurso en ese tipo de cuestiones, que tienen impacto en las vidas diarias de los ciudadanos, y en las cuales se enfocan los equipos técnicos del Gobierno en cada mesa de trabajo. “No hubo un solo textual del Presidente que marcara un rumbo claro en ese sentido. Tendría que haber hablado, directamente, de poner plata en los bolsillos. Eso hubiera llegado”, analizaba un funcionario de Presidencia.

Las encuestas que circulaban por los despachos más importantes de la Casa Rosada mostraban un escenario optimista para el Gobierno. Los funcionarios están convencidos de que el impacto del vacunatorio VIP no fue trascendente en la mirada de la población. Y piensan que tampoco hará mella la postura dura contra la Justicia. A final de cuentas, concluyen, lo único que le importará a la hora de votar al porcentaje “no ideologizado” -esa porción de la población que termina torciendo la elección para un lado u el otro- será poder vacunarse y tener perspectivas económicas positivas. “No somos albertismo, a lo sumo, somos todismo”, resumió, al final de las reflexiones, un funcionario cercano al Presidente.

Fuente: Infobaae.com