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La última foto de Gildo Insfrán con Alberto Fernández se produjo el lunes en la Casa Rosada, en el contexto de la firma del Acuerdo federal contra la violencia de género. Todo un dato. Según algunos, fue un saludo más en medio de las formalidades con otra decena de gobernadores. Según otros, un gesto de respaldo. Las dos versiones exponen la tensión frente un jefe provincial con peso interno y cargado de denuncias sobre el uso del poder, algo nada nuevo pero ahora con alta y dilatada exposición nacional. Entró en crisis la idea de un conflicto lejano y pasajero. Y el doble mensaje expresa el registro de un costo imprevisto, en continuado.

Formosa ha pasado a ser un problema serio para el Gobierno, por su impacto público y por los compromisos domésticos. Insfrán no es una pieza menor en la estructura tradicional del PJ. Afirmó su relación con Cristina Fernández de Kirchner desde hace rato y mantuvo hasta ahora un buen vínculo con el Presidente. Una especie de pieza antigua pero vigente para articular el juego como jefe territorial de buen armado con sus colegas. Preside el Congreso del peronismo y un hombre suyo, José Mayans, encabeza el bloque oficialista en el Senado.

El caso de la foto referida, justamente en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, refleja al menos dos problemas, sin considerar cuestiones éticas de peso. La primera tiene que ver con el sentido contradictorio que se le da a una misma imagen: fuentes del Gobierno buscaron describirla como un gesto de frialdad, pero el Gobernador pudo exhibir cierta deferencia presidencial. La segunda es más grave: está restringida a códigos internos y a los límites que impondría hasta el momento una actitud más potente frente al dramatismo del cuadro provincial, ya nacionalizado. Lo dicho: apenas cálculo político, nada de fondo frente a abusos de poder y derechos humanos.

No sólo la foto actual -y la más lejana, en medio de elogios al principio de la cuarentena- sino también la letra pública confronta con las versiones que se dejan trascender sobre malestares y advertencias desde el Gobierno. Después de los hechos represivos de hace diez días, las declaraciones de funcionarios apenas cuestionaron la “violencia” y acompañaron ese mensaje con denuncias de una “campaña” y “extorsiones” de la oposición y los medios masivos contra el Gobernador. Así lo plantearon la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en ese orden cronológico.

En simultáneo, fuentes del Gobierno dejaban trascender que el Presidente le había hecho saber a Insfrán, por vía indirecta, que la imagen del conflicto por la restricciones extremas frente al coronavirus perjudicaba la imagen del Gobierno y la de la propia campaña oficial, en los arranques de la vacunación. También, aún con cierto eufemismo en las versiones, habría indicado la inquietud por las prácticas de “violencia institucional”, en alusión a un cuadro más grave sobre violación de los derechos humanos.

Gildo Insfrán, en su reciente visita a la Casa Rosada, para firmar un compromiso contra la violencia de género

El foco sobre el papel de los medios nacionales y sobre la supuesta capacidad de Juntos por el Cambio parece ignorar que nada existiría sin un clima provincial realmente crítico frente a los extremos de poder alcanzados con el fondo de la pandemia. De todos modos, la idea de difundir cierta tensión del Gobierno nacional con la gestión de Insfrán apuntaría precisamente a señalar una especie de advertencia reservada que podría tener consecuencias públicas si no es frenado el conflicto. Se verá.

En esa línea, esta semana se dijo que el Presidente no atendió personalmente algunas llamadas del gobernador, a quien tampoco recibió en la Casa Rosada el lunes. Fuentes del Gobierno colocaron el diálogo en el nivel del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. En parte, el dato difundido expresaría preocupación por un tema que no se diluyó con el correr de los días -como se esperaba-, sino al revés con la reimplantación de las duras restricciones sociales.

La evaluación sobre un hecho pasajero -admisión a la vez del valor adjudicado a una gestión de veinticinco años en el poder local- motorizó la visita de Pietragalla, a fines de enero, para rechazar denuncias sobre la gestión de Insfrán. Un intento de descalificar las denuncias. Fue un capítulo descarnado de distorsión y uso de los derechos humanos.

Se podrá discutir si aquello fue asumido como costo o con convicción, pero parece claro que no logró desinstalar el tema. Fueron varios los renglones que se agregaron y también la percepción del impacto en el Gobierno.

Vale el recuento de los últimos días. Una serie de notas en el programa Telenoche expuso imágenes de la situación que padecen mujeres de pueblos indígenas. Confirman de manera dramática los abusos de poder, que en parte ya habían sido denunciados ante autoridades nacionales. También esta semana, un fallo de la Corte Suprema expuso otro caso impactante: ordenó a las autoridades provinciales que permitan el ingreso de una mujer que debe atender a su madre, enferma de cáncer, en Clorinda. Y la Cámara Federal de Resistencia le reclamó a Formosa que flexibilice los protocolos para las entradas y salidas por los pasos interprovinciales, una estribación de los casos de “varados”.

En la relación con Insfrán, el Gobierno pasó del respaldo sin vueltas al respaldo acompañado por versiones de inquietud por los costos nacionales. Cálculo, de lectura interna, que además siguen de cerca otros jefes provinciales. Ningún cambio de fondo.

Fuente: Infobae.com

Luego de que se extendiera la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre, el Gobierno definió la prórroga de una nueva etapa del distanciamiento preventivo y obligatorio (Dispo) hasta el 9 de abril inclusive. Dentro de las nuevas medidas se encuentra la restricción de viajes tanto aéreos, marítimos como terrestres desde o hacia las zonas afectadas y de mayor riesgo.

Según establece el Decreto 168/2021, publicado en el Boletín Oficial, “en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo y de expansión de Covid-19, en los distintos aglomerados, departamentos y partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2″. Y añaden: “Estas medidas deberán ser temporarias y fundadas, y deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria jurisdiccional”.

En este mismo sentido, explican que las autoridades “podrán disponer el aislamiento de las personas que ingresen a las jurisdicciones a su cargo provenientes de otras provincias argentinas o de la Ciudad, cuando las mismas revistan la condición de ‘caso sospechoso’, de ‘caso confirmado’ o cuando presenten síntomas de Covid-19 o sean contacto estrecho de quienes padecen la enfermedad”.

Ayer por la tarde, el presidente Alberto Fernández con la ministra de Salud Carla Vizzotti estuvieron al frente del encuentro con el Comité de Vacunación contra el coronavirus, que se encarga de llevar a cabo el operativo para la distribución y aplicación en todo el país de las vacunas para prevenir el Covid-19.

De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Defensa, Agustín Rossi; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Relaciones Exteriores, de Transporte, Mario Meoni; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Además, están la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; los asesores presidenciales Cecilia Nicolini y Alejandro Grimson.

Tras el encuentro, Vizzotti habló con la prensa y detalló: “Lo que buscamos con las nuevas medidas es retrasar lo más posible el aumento de para poder sostener la vacunación en aquellas personas que tienen más riesgo de fallecer”.

La ministra agregó: “Hay un aumento sostenido y preocupante de casos en la región”. Esto derivó en que el Gobierno avance en la restricción de los vuelos desde México, Europa, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Chile, Estados Unidos y Brasil para intentar prevenir el arribo de las nuevas cepas de coronavirus.

En relación a este punto, y tal como se aclara en el decreto publicado esta madrugada, la Dirección Nacional de Migraciones “determinará y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional que resulten más convenientes al efecto y definirá los países cuyos nacionales y residentes queden autorizados para ingresar al territorio nacional”.

Además, los gobernadores, las gobernadoras y el jefe de Gabinete de la Ciudad pueden solicitar al jefe de Gabinete nacional excepciones a la prohibición de ingreso. Y subrayan: “Deberán presentar un protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad, que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, respecto a su pertinencia”.

Por otro lado, mediante la Decisión Administrativa 219/2021, el Gobierno decidió “mantener la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y pasajeras en vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras locales, respecto al ingreso de personas”. Esta nómina de países podría ampliarse a partir del Ministerio de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la autoridad sanitaria nacional.

Así, la Dirección Nacional de Migraciones es el organismo encargado de “determinar y habilitar los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes autorizados al efecto por el citado organismo; y para el egreso de las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción”.

En este contexto, se ratificó la recomendación a los mayores de sesenta años y a las personas pertenecientes a los grupos en riesgo de diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales.

Cómo serán los vuelos

• Se reducirá un 30 por ciento la cantidad de vuelos con Europa, México, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
• En el caso de Brasil, la restricción será de un 20 por ciento.
• El flujo de gente que viaja a y desde Estados Unidos será de un 10 por ciento.
• Por la suspensión de vuelos con Uruguay, se autorizará el ingreso de argentinos y residentes por el Puerto de Buenos Aires, en la terminal Buquebus.

El ingreso y la salida al país

• Para la salida o el ingreso al país los argentinos y residentes deberán presentar un test de PCR negativo y tendrán que realizar una cuarentena obligatoria de siete días.
• La ministra de Salud, Carla Vizzotti; la Dirección Nación de Migraciones, que lidera Florencia Carignano; y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) son los que tendrán la potestad para determinar el cronograma y la cantidad máxima de pasajeros que podrán ingresar al país desde los destinos mencionados.
• Para pisar suelo argentino, los viajeros deberán contar con un “servicio de salud del viajero Covid” para la cobertura médica.
• Deberán denunciar los lugares en donde estuvieron los últimos 14 días previos al reingreso al país.

Quiénes no deberán hacer la cuarentena

• Siempre que no presenten síntomas de Covid-19 se encuentran exceptuados de cumplir el aislamiento obligatorio los diplomáticos exclusivamente para cumplir una misión oficial.
• Los funcionarios públicos y los representantes del Estado en organismos internacionales, cuando regresen de viajes al exterior realizados en su carácter de integrantes de delegaciones oficiales.
• Las personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por Migraciones, para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial para la que fueron convocadas.
• Las personas nacionales o extranjeras en tránsito hacia otros países con una permanencia menor a 24 horas en aeropuertos nacionales.
• Los transportistas y tripulantes internacionales en exclusivo ejercicio de su actividad.

Fronteras terrestres

• Se permitirá únicamente el ingreso de argentinos y residentes que salieron del país antes del 25 de diciembre a través de los pasos terrestres habilitados.
• Quienes salieron después solo podrán reingresar por los aeropuertos.
• Siempre con PCR negativo y una cuarentena de siete días.
• Se suspenderá el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes.

Grupos de riesgo

• Ante el crecimiento del virus en distintos países, el Gobierno “recomienda” a las personas, “especialmente pertenecientes a los grupos de riesgo”, no viajar al exterior.
• Fuente: La Nación

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Eran horas de tensión. Las pantallas de los móviles de televisión mostraban la imagen de aglomeraciones de adultos mayores y sus acompañantes en el Luna Park, deseosos de poder recibir una dosis de la vacuna contra el covid-19. Era el tema principal para Horacio Rodríguez Larreta en ese momento, hasta que un llamado lo obligó a cambiar su foto de atención: se concretaba una esperada reunión con Hugo Moyano para avanzar en las negociaciones por los cambios en los contratos de basura.

El cónclave fue en un lugar neutral, ni en dependencias del gobierno porteño ni tampoco en la sede de Camioneros. El jefe de Gobierno estuvo acompañado por Diego Santilli, tradicional vínculo del macrismo con los Moyano. Y según pudo saber PERFIL, la charla fue en buenos términos pero todavía sin definiciones. 

“Con Hugo fue bien, pero ahora hay que ver cómo le va a Hugo con Pablo, pero esperemos que le vaya razonablemente bien”, sostuvo uno de los funcionarios que confirmaron el encuentro. Otra de las fuentes lo graficó en el mismo sentido: “Es que suelen hacer el uno-dos… y después Hugo dice: ‘Y bueno… es Pablito’”. Desde el entorno de Moyano no quisieron hacer declaraciones al respecto.

El objetivo del Gobierno porteño es modificar el sistema de recolección de basura, limitando la cantidad de días en los que se hace el servicio. Eso, indefectiblemente, choca con las posturas del gremio que no quieren saber nada con posibles ajustes que impliquen recortes salariales. El argumento que esgrimen en la sede Uspallata es que la cuestión de los residuos fue cambiando mucho en el último año y que los kilos que se producen bajaron considerablemente. Además, aseguran que en ninguna ciudad de las características de Buenos Aires la recolección es todos los días.

Detrás de escena, sin embargo, se esconde la necesidad de Rodríguez Larreta de ajustar las cuentas públicas luego del recorte de coparticipación que le realizó el Gobierno de Alberto Fernández. En la Ciudad hay seis empresas concesionarias que prestan el servicio de recolección, por el que se abona una suma de $ 30 mil millones por año. El recorte previsto por el gobierno porteño es una reducción aproximada de $ 3 mil millones.

Desde el entorno de Moyano no quisieron hacer declaraciones sobre el encuentro.

Hace dos semanas, el conflicto escaló con un paro sorpresivo que decretó la rama de recolección de residuos del gremio de Camioneros. Reclamaban por el pago de un bono para todos los trabajadores y no solo para los que tienen factores de riesgo como se había establecido inicialmente. En paralelo, también sumaron al reclamo el rechazo a la propuesta que ya había hecho pública el Gobierno porteño de limitar la recolección durante los fines de semana, algo que para el gremio podía redundar en una rebaja salarial de hasta 20.000 pesos por mes.

El encuentro Larreta-Moyano también puede generar un nuevo capítulo en la interna del PRO, entre duros y moderados. Es que Patricia Bullrich, con quien el jefe de Gobierno mantiene una tensa calma, es una de las enemigas públicas del líder camionero. n

Pese a los cortocircuitos que Alberto Fernández protagonizó con su par chileno Sebastián Piñera por quién manejó mejor la crisis sanitaria, Chile viene liderando por lejos el proceso de inmunización contra el coronavirus, en medio de las dificultades de los países de América Latina para acceder de forma masiva a las vacunas, al menos hasta el segundo semestre del 2021. No obstante, más allá del avance de su campaña de vacunación con la que espera inocular al 80% de su población para fines de junio, el gobierno trasandino dispuso la vuelta a la fase más estricta del aislamiento en varias comunas.

El país vecino alcanzó el jueves último el récord de 412.190 aplicaciones en una jornada de la vacuna contra el COVID-19, según precisó el ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, en diálogo con Marcelo Longobardi por radio Mitre. “Algo extraordinario para el sistema de salud primario. Porque aquí el Ministerio de Salud tiene 26 depósitos y esos depósitos les entregan las vacunas a los municipios. Basamos la atención primaria en la atención municipal. Por tanto los municipios piden al depósito, y estos al laboratorio. Pero para pedirlo tienen que tener a la persona registrada”, contó el funcionario.

Según aclararon posteriormente fuentes de la cartera de Salud chilena ante la consulta de Infobae, ese dato correspondió a un corte de las 11 de la mañana del viernes, respecto de las 24 horas previas. Por ese motivo, la cifra informada por el ministro era superior a la que figuraba ayer en el sitio oficial de Chile “Yo me vacuno”, antes de que se actualizara el número de aplicaciones diarias a las 18 horas del viernes.

En el último corte vespertino en el sitio chileno, las dosis aplicadas ayer habían sido un poco menos, 349.812, el triple de las inoculaciones que se concretaron en nuestro país, 116.968, según los datos del Monitor Público de Vacunación actualizados al viernes a las 18 hs.

Esta última cifra, no obstante, fue ligeramente superior al ritmo diario de vacunación para los últimos siete días de 106.095 dosis aplicadas. El récord diario en Argentina se dio también el jueves 11, cuando se aplicaron 179.131 dosis, un dato que fue promocionado ayer por la cartera a cargo de Carla Vizzotti en un comunicado matutino. La aceleración esta semana con relación a las anteriores, se vincula en parte con la distribución de casi medio millón de vacunas Sputnik V, de las 1.075.130 que tenía aún en stock el miércoles, tal como publicó Infobae el miércoles pasado. Esa cantidad fue enviada por el Ministerio de Salud de la Nación entre el domingo y el miércoles a las 24 jurisdicciones, con un criterio de densidad poblacional.

En el Gobierno nacional no ocultan la preocupación por el creciente aumento de contagios, sobre todo en Brasil y Paraguay. La marcha del plan de inoculación, que no avanza al ritmo deseado por la falta de vacunas, fue el motivo por el que Alberto Fernández encabezó ayer una reunión del Comando Nacional de Vacunación con la presencia de varios de sus ministros, para supervisar el operativo para la distribución y aplicación de las dosis en todo el país. Poco después dispuso a la noche la prórroga del distanciamiento social (DISPO).

¿Qué dicen los números de la campaña de vacunación de Piñera que el Gobierno argentino mira de reojo? Antes que nada, conviene recordar que cualquier comparación requiere mirar el tamaño de la población. De acuerdo con los datos publicados en el sitio de estadísticas Our World in Data (OWID), Chile viene aplicando 13.728 inyecciones diarias por millón de habitantes, con una población que es menos de la mitad que la de Argentina, mientras que nuestro país aplica 2.107 dosis por días por cada millón de residentes en el territorio nacional. El ritmo de Chile, más allá de toda ideología, es casi seis veces más.

De hecho, según este sitio de la Universidad de Oxford, Chile es actualmente el país que más rápido está administrando la vacuna en el mundo, con un promedio de 1,37 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculados en los últimos siete días. Algo que le envidian todos los mandatarios de la región a Piñera, quien ayer se aplicó su segunda dosis de la vacuna china Sinovac.

A la fecha, Chile lleva aplicadas un total de 6.516.249 vacunas, incluidas primeras y segundas dosis, según el último parte vespertino emitido por el Ministerio de Salud de Chile. Argentina, en tanto, colocó hasta ahora 2.215.173, de acuerdo a los últimos datos del Monitor Público de Vacunación actualizados a las 18 horas de ayer.

Esto implica que Chile triplicó al nuestro en términos absolutos de inoculaciones, con una población de 18 millones contra los 45 millones de Argentina.

Si se considera solo la primera aplicación, mientras que en nuestro país 1.809.078 personas recibieron la primera dosis, en Chile suman 4.774.004. Es más del doble.

Pero si se analizan los números en función de distintas poblaciones, la diferencia es aún mayor: en el territorio nacional sólo el 4% de la población recibió la primera dosis, porcentaje que el país vecino alcanza al 26%. Esto acerca a Chile a una vuelta a “la normalidad” que el resto de la región mira aún de lejos.

La eficiencia de Chile también quedó demostrada en la aplicación de las segundas dosis: en Argentina son 406.095 personas las que tienen el esquema vacunatorio completo, un 1% de la población, mientras que en Chile suman 1.742.245, el 9%.

El país trasandino lidera no sólo el ranking sudamericano sino también los primeros puestos del listado mundial en cuanto al ritmo de su vacunación. A la cabeza se ubica Israel, con el 59% de su población inoculada con al menos una dosis; le sigue Reino Unido con 34% y luego Chile con el 26%. En cuarto lugar se posiciona Estados Unidos, con 19%. En una lista de 50 países, Argentina se ubica recién en la posición 44, con el 4% que recibió la primera aplicación.

Las dosis disponibles en cada país

La diferencia con Chile no radica solo en la velocidad de aplicación en las vacunas, sino también en la cantidad de dosis que llegó a cada país. Mientras que a la nación trasandina, ya arribaron 10.915.276 vacunas, a nuestro país desembarcaron en Ezeiza seis cargamentos con poco más de 4 millones, con más del doble de habitantes. La cifra es muy inferior a las 51.431.000 dosis prometidas por el Gobierno nacional en distintos anuncios.

De las 4.050.540 dosis que llegaron a Ezeiza, 631.575 (el 16%) todavía no fueron distribuidas a las jurisdicciones y 1.203.792 (35%) de las que llegaron a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, aún no fueron aplicadas. “Problemas de logística” es la explicación de las distintas autoridades nacionales y locales. A eso se suma la incertidumbre sobre cuándo vendrá el próximo cargamento.

En lo que va de marzo no entraron nuevas vacunas a nuestro país. Y a pesar de que el Gobierno nacional había dejado trascender un acuerdo para recibir 600.000 dosis de Sputnik V por semana, no está programado ningún operativo para buscarlas. En total, de Moscú arribaron 2.470.540 dosis de la Sputnik V a Ezeiza, de las cuales 1.660.540 corresponden al primer componente y 810.000 al segundo. Son distintos y deben aplicarse con 21 días de diferencia para superar el 90% de efectividad.

Recién el jueves se conoció que el Ejecutivo avanzó con un acuerdo para recibir 3 millones de dosis de la china Sinopharm, que comenzarán a llegar a la Argentina a partir de la semana próxima. Se sumarían al millón que ya está usando nuestro país. Sin embargo, no hay precisiones hasta ahora de cuántas serían ni una fecha concreta de arribo. Esta vacuna, no fue aprobada por la ANMAT hasta el momento para mayores de 60 años.Además de estos dos tipos de vacunas – la rusa y la china-, Argentina recibió 580.000 dosis de la británica Covishield de AstraZéneca/Oxford, producida en India.

Chile, en tanto, está usando la Pfizer/BioNtech – adquirió 943.800 dosis – y la Sinovac, desarrollada en China, de la que recibió 9.971.476 dosis. Su uso en mayores de 60 ya fue aprobado por el Instituto de Salud Pública (ISIP) del país transandino.

En la entrevista con radio Mitre, el ministro de Salud chileno relató que fue el propio presidente quien dio el puntapié inicial para asegurarse las dosis necesarias. “Piñera hizo contacto con los empresarios y hasta con el presidente chino (Xi Jinping) para conseguirlo. E hizo su doctorado en los Estados Unidos con algunos de los gerentes de las empresas de vacunas”, aseguró.

Según la última encuesta publicada de la consultora IPSOS, cerca de un 70% de los chilenos expresaron su disposición de ser vacunados. Lejos de la resistencia inicial que hubo a aplicarse la vacuna rusa en Argentina. Y del 30% restante, un 14% de los chilenos consultados se manifestó indeciso.

El 80% de la población vacunada

Ya se vacunaron del otro lado de la Cordillera a 2.731.963 personas mayores de 60 años. En Argentina, son solo 594.588 los inoculados de más de esa edad.

El ministro Paris también adelantó que prevén vacunar a toda a los adultos mayores y a las personas con co-morbilidades o enfermedades preexistentes para fines de marzo. Así lo anunció al arribar al Liceo Carmela Carvajal de Prat, en Santiago, para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac. “Esperamos que la meta que nos fijamos de vacunar 5 millones de personas al 31 de marzo, se cumpla. Si es así, vamos a adelantar otros grupos de personas y esperamos que el 30 de junio tengamos vacunados al 80% de la población susceptible”, según se informó en el parte informativo oficial de la cartera sanitaria chilena.

Esa afirmación la repitió luego en radio Mitre, y generó cierta confusión por el término “susceptible”. Ante una posterior consulta de Infobae, desde el Ministerio de Salud de Chile aclararon que el ministro se refirió al 80% de la población total, que es de alrededor de 18 millones. Para lograr este objetivo, el funcionario explicó que el gobierno de Piñera se aseguró 35 millones de dosis, ya que para lograr la inmunización de la población se requieren dos inyecciones de cada vacuna.

En Argentina, al ritmo diario de 106.095 dosis aplicadas en promedio de la última semana (se toma el promedio porque varía la cantidad de aplicaciones cada día y los fines de semana baja mucho la cifra) el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años se lograría recién en julio. Siempre y cuando lleguen vacunas.

Los criterios de prioridad

En nuestro país, para obtener un turno como grupo de riesgo, las personas que tienen entre 18 y 59 años deben tener diabetes, obesidad, una enfermedad oncológica, o cardiovascular, o una enfermedad renal crónica o respiratoria. Esto implica que quedan afuera de los grupos prioritarios personas que padecen un amplio rango de enfermedades, que podrían poner en riesgo su vida en caso de contagiarse COVID-19.

En Chile ese grupo es mucho más abarcativo. Según lo informado en el portal de vacunación oficial, se incluye como grupo de riesgo a personas de entre 18 y 59 años que además de las patologías contempladas en Argentina padecen otras, como enfermedades neurológicas, hepatitis crónica, enfermedades metabólicas, hipertensión en tratamiento farmacológico, enfermedades autoinmunes (como el Lupus, la enfermedad de Crohn o la artritis reumatoidea), así como inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas) y enfermedades mentales graves.

El manejo de la crisis sanitaria

¿Qué pasó con el avance de la enfermedad en el vecino país en este año de pandemia? Mientras que Argentina acumula 2.185.747 casos positivos, Chile suma 879.485. Sin embargo, por las diferencias poblacionales, en términos de incidencia (casos por cada 100.000 habitantes), el indicador es muy similar: 4.905 para Argentina y 4.696 para Chile.

Algo parecido ocurre con los fallecidos. Argentina tuvo su primer fallecido el 7 de marzo del año pasado – un hombre de 64 años que había regresado de Francia-, y acumula 53.578 víctimas fatales por la enfermedad. En tanto, Chile registra a la fecha 21.451 muertos, desde el 21 de marzo cuando se produjo el primer deceso de una mujer de 81 años, contagiada por un familiar que había llegado de afuera. Sin embargo, si se analiza la letalidad, este indicador es de 2 muertos por cada 100 contagiados, tanto en Argentina como en Chile.

En mortalidad, Argentina registra 1.202 decesos por cada millón de habitantes, y Chile, 1.145. En cuanto a los recuperados, Argentina ya tiene al 90 % de los pacientes con el alta médica, mientras que Chile tiene al 94%. De estos indicadores surge que el impacto de la pandemia fue similar en ambos países.

Sin embargo, difieren en la cantidad de pacientes activos. En Argentina hay 3.530 pacientes cursando activamente la enfermedad por cada millón de habitantes, mientras que en Chile hay poco más de la mitad: 1.958. Este indicador revela una mejor gestión de la pandemia del otro lado de la Cordillera, ya que permite administrar mejor los recursos y evitar el colapso sanitario.

No obstante, el ministro Paris advirtió ayer “que es importante equilibrar” el proceso de la vacunación con el avance de la pandemia, y es por eso que ratificó la decisión de restringir algunas medidas durante el mes de marzo, por lo cual, pidió un último esfuerzo a las personas. “Espero que este último esfuerzo sea tomado con mucha responsabilidad por la población, que respete la cuarentena del fin de semana, que respete el toque de queda, los aforos, para evitar que el virus siga diseminándose. Tenemos una cantidad importante de pacientes en cuidados intensivos y la edad de los pacientes está cambiando bruscamente, es decir, tenemos muchos más pacientes entre 49 y 59 de edad, que entre los adultos mayores que se han portado mucho mejor y que además están avanzando en la vacunación”, señaló.

En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández evaluó ayer junto a sus ministros las medidas restrictivas que se adoptarán sobre el ingreso y el egreso de personas al territorio argentino, con la disminución porcentual de vuelos al exterior y mayores controles en las fronteras. Horas más tarde decidió extender hasta el 9 de abril el distanciamiento social por el COVID, pero evitó aplicar nuevas restricciones.

En el Gobierno apuestan a que no lleguen las nuevas cepas del coronavirus al país y que arriben más vacunas. “Queremos ganar tiempo para avanzar con la vacunación y enfocarnos en la campaña de comunicación sobre la segunda ola, tanto a nivel regional como local”, le dijo una fuente oficial a Infobae, que también destacó que “el objetivo principal es acelerar la cantidad de dosis que llegan desde el exterior y el ritmo de vacunación”. Vizzotti, como nueva ministra de Salud que está tratando de hacer pie después del escándalo del “vacunatorio vip”, sabe que en ese proceso se juega mucho más que un tema sanitario de la población. Las elecciones son en apenas unos meses. Y sobre el final del invierno.

Cómo se procesó la información

Para el desarrollo de este informe se consultó la base de datos abiertos del Gobierno Nacional, con el reporte acumulado de vacunas, por día, por tipo de dosis y por provincia.

También se consultó la progresión diaria del programa nacional de vacunación, por jurisdicción del sitio CovidStats, que actualiza diariamente Mauro Infantino. Para el caso de Chile, se consultó el monitor oficial de ese país y los partes oficiales con proporcionados ayer a las 18 por el Ministerio de Salud de ese país.

Los datos a nivel mundial se tomaron de la base de datos del portal “Our World in Data” (Nuestro mundo en datos) , que actualizan diariamente investigadores de la Universidad de Oxford, en conjunto con la organización Global Change Data Lab.

Para visualizar y descargar la hoja de cálculo, con sus pestañas a nivel mundial y nacional, siga este enlace.

Con la colaboración de Cristián Torres, desde Chile.

Visualizaciones intercativas: Daniela Czibener

Fuente: Infobae.com

El juez subrogante del Juzgado de la Seguridad Social número 10, Edmundo Ezequiel Pérez Nami, revocó este jueves 11 de marzo su propia resolución y apartó a dos diputados de Juntos por el Cambio de la causa que investiga la doble pensión que recibe la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El magistrado revocó así su propia resolución que había tomado hace poco más de un mes cuando admitió la intervención como terceros de los diputados de la UCR Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace.

Cristina Kirchner podría cobrar $100 millones de retroactivo y hay más polémica por la doble pensión

Los diputados radicales habían presentado un pedido para incorporarse en la causa, con la intención de que se revoque la sentencia que favoreció a Cristina Kirchner concediéndole doble asignación mensual vitalicia: la suya propia por haber sido presidenta y la pensión correspondiente al fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.

El 4 de febrero pasado la ANSES presentó un escrito apelando la sentencia, y el mismo día el magistrado emitió una resolución aceptando a Cornejo y Cacace como terceros, decisión que este jueves revirtió.

«La vicepresidenta denuncia permanentemente persecución judicial, que Lawfare y demás, pero resulta que los jueces fallan a su favor en la causa de su doble pensión y su retroactivo millonario», reprochó Cornejo.

La pensión doble de Cristina: un episodio más de la Argentina inentendible

«Puede llegar a asombrarnos la actitud de Nami, pero frente a los embates contra la Justicia por parte del gobierno, los jueces empiezan responder a favor de Cristina Fernández de Kirchner», agregó el presidente de la UCR.

Los diputados radicales anunciaron que apelarán la decisión del juez ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Fuente: Perfil.com

El gobierno buscará modificar el modo de computar el Impuesto a las Ganancias para las empresas a través de un proyecto de ley que será enviado al Congreso. Según explica en sus fundamentos, la intención de la iniciativa es reducir la carga de este tributo para las pymes, mantenerla en su nivel actual para las empresas medianas y elevar únicamente en el caso de las más grandes.

El proyecto establece una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada: “Un primer escalón con una alícuota del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $1 millón; el segundo escalón del 30% para ganancias netas acumuladas de más de $1.300.000 y hasta $2.600.000 y un último segmento del 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $2.600.000. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7 %, a través del impuesto cedular vigente”.

En sus fundamentos, el proyecto señala que este esquema “permite reducir el impuesto que pagarán las pequeñas empresas y mantenerlo para las medianas. Solo se aumenta para empresas más grandes”.

“Con este nuevo esquema, el 75% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020″, agregó.

Los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias para las empresas aparece al mismo tiempo en que el Congreso inició el tratamiento de modificaciones en la aplicación del tributo para empleados en relación de dependencia, con la intención de evitar que sea apagado por aquellos trabajadores que perciban un salario bruto inferior a $150.000.

En los fundamentos de la iniciativa se critica la reducción de las alícuotas dispuesta por la reforma tributaria de 2017

Los fundamentos de la propuesta repasan la reforma puesta en marcha en 2017 por el gobierno de Cambiemos, que buscaba reducir la alícuota para todas las compañías, sin discriminar por tamaño. Enfatizan que “dicha reducción provocó pérdidas de recursos tributarios afectando el resultado fiscal primario y tuvo nulos efectos sobre la inversión”.

El proyecto afirma que el fundamento de la medida era fomentar las inversiones externas y la reinversión de utilidades, pero replica que “como diversos estudios han demostrado la inversión en nuestro país no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico”.

“De este modo, se le da una orientación de política pública muy diferente a la concebida en la reforma de 2017, que preveía una reducción de alícuota al 25% para todas las empresas y se reserva esta tasa menor a aquellas sociedades que obtienen un nivel de renta y que difícilmente distribuyan dividendos”, agregaron.

El 75% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020, según el proyecto

“Como el proyecto incorpora la aplicación de alícuotas marginales o sobre el excedente, las empresas que arrojen beneficios acumulados gravados superiores a $1.300.000 anuales empiezan a pagar la tasa del 30% por los montos excedentes de esa cifra y pasarán a pagar la tasa del 35% por las rentas adicionales a $2.600.000. El uso de tasas marginales evita el incentivo a la subdeclaración, porque pasar de un tramo a otro solo da como resultado pagar la tasa más alta por el monto excedente y no por la totalidad como sucede con las tasas directas o plenas”, explicó el proyecto.

“En resumen, se recomienda introducir una imposición progresiva, receptando la experiencia internacional cuya implementación no alteró la participación del tributo en el PBI. Adoptar este esquema permitiría incrementar la recaudación tributaria del impuesto sin afectar (de hecho, beneficiando) a las empresas de menor tamaño”, concluyen los fundamentos de la iniciativa.

Fuente: Infobae.com

Fuente: Perfil.com

La comparación resulta sorpresiva y, seguramente, algo odiosa para el Gobierno: con el dato de inflación de febrero publicado ayer, la inflación mensual promedio en lo que va de la gestión de Alberto Fernández es prácticamente la misma que en la gestión de su antecesor, Mauricio Macri. Esto a pesar de que el año pasado la inflación cayó 17 puntos porcentuales respecto de 2019, al cerrar en 36,1% anual contra 53,8% del año anterior.

El cálculo es bastante sencillo: el promedio de alza mensual entre los meses pico y los mínimos en el período diciembre 2015-2019 fue 2,88%, mientras que ese mismo promedio para los últimos 15 meses, es decir, desde que asumió la actual administración, es de 2,84% mensual.

El dato, que sin duda exacerba la discusión económica y política entre los partidarios del gobierno anterior y del actual, deja en evidencia algo más trascendente que la pura coincidencia. Revela la enorme dificultad para iniciar y sostener un proceso desinflacionario, en un caso y en el otro. Y no sólo eso sino que, en la medida que ese proceso de desinflación no se produce, ocurre el inverso. Medido cada cuatro años, el promedio de suba mensual viene en alza desde 2007.

Así es que, en la primera gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ese promedio fue de 1,6% mientras que rozó 2% en su segundo mandato, de 2011 a 2015. La presidencia de Macri sumó prácticamente un punto y, al ritmo actual, esa marca se superaría en el primer año de Alberto Fernández.

Eso es al menos lo que indica el registro del IPC del 3,6% en febrero, que prácticamente da por tierra con la meta de inflación anual de 29% prevista por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto para este año. Ese objetivo implicaría volver a un promedio mensual de 1,7%, es decir, al nivel de la primera gestión de Cristina Kirchner cuando la inflación resurgió como uno de los grandes problemas de la economía argentina, que no dejaría de agravarse hasta el día de hoy.

Lo cierto es que esa meta luce hoy prácticamente imposible y, con ello, también peligra seriamente el principal objetivo económico del Gobierno para este año: que los salarios aumenten por encima de los precios, después de tres años consecutivos de caída. Esta misión, que el propio Alberto Fernández enunció en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, también parece difícil de lograr ya que, en línea con las intenciones oficiales, los sindicatos de empleados públicos y privados que ya cerraron paritarias, lo hicieron en un rango de 29% a 32%. Tales porcentajes difieren por varios puntos de las expectativas de inflación del mercado, que la ubica entre 40% y 50% según el Relevamiento de Expectativas (REM) elaborado por el Banco Central. Aun cuando casi todos estos acuerdos contienen cláusulas de revisión, difícilmente logren recomponer la diferencia.

“El proceso de desinflación que buscaba el Gobierno es cada vez más difícil de lograr porque existe una inercia todavía fuerte y, al mismo tiempo, hay ajustes pendientes como las tarifas”, señaló el economista Martín Polo, Jefe de Estrategia de Cohen, quien calculó los promedios de las distintas etapas y destacó que es en definitiva por ese panorama que aconsejan a sus clientes invertir en títulos públicos que ajustan por CER.

Pero el reacomodamiento de precios, señaló Polo, ya no es entre sectores de la economía sino incluso dentro de los distintos renglones que componen un rubro. “En todos los rubros, hay algún precio que está desfasado. Por ejemplo, educación, prácticamente no sube a excepción de materiales escolares. Ni hablar en prepagas, a las que no les autorizan los aumentos que piden pero vuelan los precios de los medicamentos”, explicó. Esos desequilibrios por dentro de cada categoría sólo vuelve más complejo encontrar un ancla tanto a los precios como a las expectativas. Lo paradójico es que este escenario se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno tiene bajo control el valor del dólar en todas sus variantes, en parte gracias a un ingreso extraordinario de divisas y en parte también por la costosa estrategia de intervención en los distintos mercados con esos dólares, que finalmente no terminan de ayudar a incrementar las reservas.

Fuente: Infobae.com