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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó este lunes a las voces que manifestaron su preocupación por las demoras de Alberto Fernández para designar al reemplazo de Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia.

“Me preocupa, es uno de los ministerios más importantes en un momento donde tenemos que defender las instituciones donde incluso escuchando algunas voces del oficialismo hay vocación de un avance sobre las instituciones”, aseguró el dirigente de Juntos por el Cambio en declaraciones a Telefe Noticias.

El mandatario porteño, que tiene aspiraciones de suceder a Fernández en 2023, recordó que la semana pasada planteó su oposición a la intención del oficialismo de crear una comisión bicameral que analice la labor de los jueces e incluso los cite para interrogarlos.

“Yo fui muy firme en contra de esta idea de crear un tribunal que juzgue a jueces. Eso atenta contra la división de poderes. Tenemos que cumplir con la Constitución Nacional. No es necesario crear un tribunal nuevo. Estoy en desacuerdo y fui muy enfático”, aseguró.

Hace una semana que el Ministerio de Justicia se encuentra acéfalo. En la práctica Marcela Losardo continuó firmando resoluciones del Poder Ejecutivo pero desde que Alberto Fernández anunció su salida, agotó su capital político. El Presidente transitó los últimos días analizando y debatiendo quién será el o la reemplazante. Es una decisión personal -insisten en Casa Rosada– pero que se verá atravesada por la atenta mirada de Cristina Kirchner y su poder de veto.

Voceros del Jefe de Estado informaron a Infobae que no hay precisión de cuándo será el anuncio. Podría ser este mismo lunes o mañana, pero la resolución es inminente ante la desprolijidad del caso: una situación inédita en la que un Presidente confirma la renuncia de un funcionario por “agobio” y siete días después aún no tiene a su sucesor jurado y en funciones.

La ausencia del sucesor/a de Losardo evidencia la falta de acuerdo entre Alberto y Cristina. La semana pasada, en declaraciones al programa de Romina Manguel, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero había asegurado que el último jueves se conocería el nombre en cuestión. Mientras tanto, el más albertista de los pocos albertistas que quedan en funciones, aseguró que Losardo había sentado las bases de la reforma judicial y, una vez más, responsabilizó a los medios de comunicación por la salida de la amiga, socia e histórica colaboradora del Presidente. “El agobio de Losardo puede ser por parte de un escarnio publico que hacen los periodistas”, ensayó Cafiero.

El jefe de Gobierno porteño se refirió también a la polémica por la falta de vacunas en Capital Federal. El dirigente atribuyó las demoras a las dificultades que ostenta el gobierno nacional en adquirir más dosis: “Nosotros sólo podemos aplicar lo que Nación nos entrega. Apenas nos entrega, aplicamos. Somos el distrito que más rápido las aplica y a todos nos gustaría que nos den más vacunas”.

Rodríguez Larreta volvió a reclamar por el criterio que utiliza el gobierno nacional para distribuir las fórmulas que llegan a la Argentina. “Es una conversación en marcha; el gobierno distribuye por porcentaje de población y la Capital tiene la proporción más alta de adultos mayores y de trabajadores de la salud y por eso creemos que deberíamos recibir más dosis”, planteó.

El lento ritmo de vacunación es un problema que trasciende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta mañana, el infectólogo Eduardo López aseguró que es evidente que la Argentina atraviesa un momento complejo en su plan de inmunización frente al coronavirus porque “hay baja provisión” de dosis y el gobierno está “vacunando lento”.

La principal preocupación del especialista apunta a los adultos mayores de 60 años, rango etario que concentra el 85% de las muertes por COVID-19. “Son más de 7 millones de personas, para los que necesitamos 15 millones de dosis y la Argentina no recibió ni la mitad”, planteó.

Fuente: Infobae.com

“Cristina hace su juego, y está muy bien. Ahora nos toca a nosotros”, se lamentaban anoche desde dos importantes ministerios, mientras el presidente Alberto Fernández demoraba otra vez la decisión sobre el reemplazo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, una demora que ya lleva una semana.

Desde las mismas entrañas del poder, funcionarios cercanos al Presidente le reclaman (por el momento en charlas individuales) la conformación de una “mesa política” para horizontalizar (y acelerar) las definiciones importantes de una gestión complicada. En realidad, cada uno de los integrantes de esta improvisada mesa espera plantearle en conjunto a Fernández sobre la necesidad de “hacer política” y dejar de recostarse solo en su círculo íntimo, un núcleo que parece cada vez más estrecho a juzgar por las críticas que, hasta el momento fuera de micrófono, pueden escucharse de boca de funcionarios que comparten la cotidianeidad de la gestión.

Según pudo saber LA NACION, entre los posibles integrantes de esa mesa estarían el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en su rol de coordinador del espacio; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, por el albertismo puro, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, representando el poder de los intendentes. Durante el fin de semana hubo múltiples conversaciones cruzadas entre ellos y con Agustín Rossi, ministro de Defensa y referente del peronismo no camporista. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, un leal a la vicepresidenta pero con buena sintonía con el Presidente, también se habría sumado a las conversaciones informales.

“A este Gobierno no le falta gestión, todo lo que se hace en relación a la vacunación es una muestra. Pero sí le falta política”, resumían desde uno de los despachos en los que se cocina la iniciativa, que en las últimas horas llegaría al Presidente de manera más directa.

Las críticas -siempre desde la “idea de ayudar a gobernar”- están centradas en las decisiones “unilaterales” del Presidente, y la confianza sin rodeos que el Presidente manifiesta por su núcleo duro, conformado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; su vocero, Juan Pablo Biondi; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y parte del Consejo de Asesores que encabeza Juan Manuel Olmos.

“Hay que abrirse, y que participen otros actores”, reclamaron desde otro despacho importante, aunque hasta el momento el Presidente no ha dado señales de aceptar el convite. “Hay que esperar. Lo va a decidir Alberto”, repetían anoche cerca de Fernández sobre la designación de un reemplazo para Losardo, la amiga y socia del Presidente, quien se vio obligado a reemplazarla por su “agobio” ante la nueva realidad. Una realidad que marca -desde el discurso presidencial del 1° de marzo y la encendida autodefensa de la vicepresidenta ante la Cámara de Casación por la causa del dólar futuro- un escenario de confrontación directa con el Poder Judicial.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció que no cambiará nada del esquema sanitario provincial a pesar de lo establecido por un decreto nacional que estableció límites a las acciones que pueden emprender los gobiernos de las provincias.

Si bien casi no hay cambios con respecto a las anteriores prórrogas de la DISPO, en esta oportunidad se limitó el poder que tenían los gobernadores para dictar medidas propias para enfrentar el COVID en cada uno de sus distritos. Esta decisión apuntaría especialmente a Formosa, luego de semanas de polémica en torno al trato de la administración de Gildo Insfrán con los formoseños.

Se mantuvo la idea de que los mandatarios provinciales podrán establecer “normas para limitar la circulación por horarios o por zonas”, pero se remarcó que “estas medidas deberán ser temporarias y fundadas, y deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria jurisdiccional”.

Además, el Poder Ejecutivo Nacional aclaró que los gobernadores podrán ordenar el aislamiento de las personas que ingresen a sus territorios provenientes de otras partes del país, solamente “cuando las mismas revistan la condición de ‘caso sospechoso’, la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19 o cuando presenten síntomas de COVID-19 o sean contacto estrecho de quienes padecen la enfermedad”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, junto al presidente Alberto Fernández, quien pidió limitar el accionar de los gobernadores frente al manejo de la pandemia

En ese sentido, la información dada a conocer por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en conferencia de prensa, en respuesta a la publicación en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21 del Poder Ejecutivo, sostiene que “teniendo en cuenta los brotes de contagios verificados en la Provincia de Formosa, el contexto crítico de la región geográfica en la que nos encontramos y las competencias propias de la provincia en materia sanitaria, se ratifica la vigencia de todas las medidas y protocolos dispuestos hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña”.

Eso incluye el solicitar una autorización al gobierno para ingresar a suelo formoseño y viajar a la provincia con un PCR negativo. Luego, la persona debe someterse a otro análisis de COVID en instalaciones sanitarias del Estado para luego ser alojado de manera preventiva en un centro de aislamiento por un plazo que varía según el caso entre 2 y 14 días.

También continúan vigentes en Formosa los centros de aislamientos, tanto sanitarios como preventivos, dispuestos a lo largo y ancho de toda la provincia y que fueran cuestionados por alojar muchas veces a personas sin la enfermedad con otros con COVID positivo.

Los formoseños salieron a las calles a protestar contra la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena (Franco Fafasuli)

Desde la oposición ya adelantaron que recurrirán a la justicia para hacer cumplir lo establecido por el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, lo que abre un nuevo frente judicial entre los que representan a las personas aisladas o que quieren ingresar a Formosa y el gobierno de Insfrán.

En la noche del domingo las calles del microcentro formoseño fueron ocupadas por miles de vecinos que reclaman “poder trabajar” y el levantamiento de la Fase 1 en la Capital y Clorinda, algo que la administración de Insfrán no está dispuesto a realizar argumentando el aumento de casos positivos de los últimos días.

Actualmente, en la ciudad de Formosa hay 170 casos activos sobre una población de más de 250 mil habitantes.

Fuentes del Gobierno dejaro trascender que el presidente Alberto Fernández le había hecho saber a Insfrán, por vía indirecta, que la imagen del conflicto por la restricciones extremas frente al coronavirus perjudicaba la imagen del Gobierno y la de la propia campaña oficial, en los arranques de la vacunación. También, aún con cierto eufemismo en las versiones, habría indicado la inquietud por las prácticas de “violencia institucional”, en alusión a un cuadro más grave sobre violación de los derechos humanos.

Con 170 casos activos, Formosa limitó la circulación y las actividades comerciales

La capital provincial fue el inicio y epicentro de las protestas, que fueron escalando contra el gobernador Insfrán, que está en su quinto periodo de gobierno después de otros dos como vicegobernador.

La represión policial de las protestas no solo generó más movilizaciones sino que también llevó a líderes relevantes de la oposición a hacerse presentes en la provincia para apoyar los reclamos en las calles.

Fuente: Infobaae.com

Los incidentes que se registraron en Lago Puelo (Chubut) donde se produjeron ataques a la comitiva Presidencial deben ser repudiados enérgicamente. La investidura del presidente, más allá de quién ocupe el cargo, merece el respeto y la consideración de todas y todos los habitantes de nuestra nación. Ninguna agresión es válida y debe ser repudiada.

Desde una perspectiva sociopolítica se puede advertir que la indignación ciudadana va in crescendo debido a la crítica situación que la ciudadanía se encuentra atravesando en todos sus sectores, muchos de los cuales suben un escalón en la protesta y traspasan la línea de la prudencia y mesura. Los ataques a la comitiva presidencial son una clara muestra de la impaciencia de la ciudadanía que reclama, sin reparar en límites, por lo que entienden son sus justos derechos.

En nuestra historia se podrán discutir muchas figuras, pero Juan Bautista Alberdi es una de las pocas sobre las que recae un fuerte consenso sobre su probidad y altura intelectual. Abogado, economista, diputado, escritor y músico es uno de los autores intelectuales de la Constitución de 1853. Fue uno de los grandes pensadores argentinos y defensor a ultranza de la libertad. Sostuvo su posición en tres pilares fundamentales para el éxito de la República: seguridad jurídica, confianza económica y estabilidad política.

La democracia en la República Argentina, tal y cual la hemos conocido hasta hoy, enfrenta un severo proceso de cambio. Los sucesos de Lago Puelo son un ejemplo categórico. Ya no se trata de concurrir a las urnas bajo la típica consigna de la “comida de avión” para votar pollo o pasta. El nuevo paradigma pasa por la elección entre “sistemas de gobierno”, al margen de quiénes titularicen las listas de selectos privilegiados para ser honrados con la tarea de dirigir y gobernar nuestra nación.

Lo que está en juego a partir de la post pandemia no son las ideas políticas sino los sistemas de gobierno que esas ideas representan, por caso la idea de un gobierno republicano o la de una autocracia que busca imponer sus ideales sin importar las formas ni las consecuencias.

La democracia argentina ha tenido una mutación genética y no tenemos aún la vacuna. A la par, la indignación ciudadana va en aumento y se expresan mediante protesta y agresiones que deben ser repudiadas, pero no ignoradas.

En la Argentina modelo 2021 la democracia ha dado paso a una nueva forma de pensar y sentir el gobierno por el voto popular del pueblo, donde a partir del sufragio se pretende justificar actos que exceden el marco institucional, en lugar de gobernar con estricto apego a la Constitución Nacional.

Alcanza con observar atentamente toda la temporada completa del Vacunagate, que se sigue escribiendo a diario, para darnos cuenta con escaso esfuerzo intelectual, que se ha privilegiado en la fila a los propios en perjuicio de los ajenos. En una verdadera democracia esto no debería suceder. Tan claro y simple como el desbarranco actual de nuestro sistema político. Además hay que tomar conciencia de una buena vez por todas, que este tipo de hechos “calientan” la temperatura de la sociedad silente, pero claramente indignada.

El ejercicio de la vida en democracia no consiste en votar cada dos años y nada más. El voto popular no es legitimante de actos ilegales, ni los convalida luego de acaecidos. El poder legítimo que otorgan los votos, tiene su límite en el respeto por las reglas de juego y las instituciones (la Constitución Nacional). Del mismo modo, la indignación social no justifica las agresiones a los funcionarios del Estado.

Todos los entes gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales) contienen normas que enmarcan su actuación, lo que por cierto está por encima de su propia autonomía o voluntad política. Un gobernante, cualquiera sea, no puede hacer lo que “quiere”, sino lo que “debe” hacer conforme a las reglas de juego, para eso se lo votó. No para saltar permanentemente la cerca de la institucionalidad y la cordura.

La descomposición mayoritaria de la casta dirigente que padecemos en la actualidad -sin perjuicios de honrosas pero escasas excepciones-, donde asistimos como rehenes de los relatos infames de la política a una guerra entre los Poderes con conforman el Estado Nacional, da lugar al concepto de “desobediencia civil” que retratan Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré en su obra “Desobediencia civil y libertad responsable”, de lectura indispensable para comprender dónde estamos parados frente a la autocracia emergente del voto popular.

Cuando el propio prestigio de quienes gobiernan depende más de los errores del pasado que de los aciertos del presente, entramos en un grado de fermentación de la política que nada bien le hace a la nación y que solo se sostiene con el esfuerzo de la población que paga impuestos, un sistema putrefacto y perverso.

Se nos hace presente nuevamente el concepto de “desobediencia civil” ya que como dicen Sebreli y Giofré: “Frente a normas absurdas no hay otro camino que la actitud insumisa”. Tenemos una disputa entre republicanos y autocráticos, a la vez que el despotismo electivo está en ascenso. Es una mutación de lo que en su momento fue la lucha entre federales y unitarios. Una reversión aggiornada de nuestra propia historia.

Las agresiones al Presidente de la Nación en Lago Puelo, como el caso “Formosa”, resultan tan antagónicos como paradigmáticos. Son las dos caras de una misma moneda; nuestra sociedad. El ganar una elección no legitima cualquier tipo de actos, sino aquellos que están alineados con la Constitución Nacional y el respeto por la vida en democracia.

La desobediencia civil de los formoseños es un ejemplo más en el océano de las peripecias de los argentinos acorralados por el fracaso de la casta dirigente, cuya agenda es bien distinta a la de sus dirigidos. Del otro lado, la agresión sufrida por nuestro máximo mandatario no es justificante de la protesta que se pretendió expresar. Su repudio debe ser absoluto.

Protestas en Formosa

El desprestigio generalizado de la dirigencia política deja paso a una pelea de gallos entre republicanos y autocráticos. Quienes arremeten contra la división de poderes, saltando el cerco de la institucionalidad, no se encuentran legitimados, por más votos que tengan para hacerlo, porque con ese accionar exceden el marco de actuación que la Constitución Nacional les permite. De igual manera pierden legitimidad quienes protestan por medio de la violencia, en cualquiera de sus formas.

Lo que está sucediendo a nivel social es tan grave como saltarse la fila del vacunatorio, porque no solo se ponen en juego la vida y seguridad de todas y todos los argentinos, sino que también se pone en peligro el sistema democrático en una sociedad cansada e indignada por largas décadas de abusos y fracasos.

Lo que sucede en la Argentina de hoy nos somete a una visión hemipléjica de la realidad y la patología pandémica institucionalizada.

Ver al Sr. López (ex funcionario) tirar bolsos con 9 millones de dólares por encima de las puertas de un convento no es ciencia ficción, fue real. Y que ese señor llegara hasta ese instante culminante de su vida no fue casual, sino producto de un sistema corrupto del Estado Nacional que lejos estaría de desaparecer.

Los argentinos tenemos como un logro nacional y popular, haber pasado de ser hace un siglo una potencia mundial, a convertirnos en una aldea pobre del sur del mundo con una inflación anual insoportable, cambiando en el camino, cinco veces de moneda, a la vez que lideramos el ranking de países deudores del Fondo Monetario Internacional.

El Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) es pesado, gasta más de lo que puede y debe, no se gobierna con el ejemplo de la austeridad, sino todo lo contrario.

Nuestro fracaso tiene muchos “porqués”: porque hay muchos más López y bolsos de los que conocemos, porque no se respetan las instituciones, porque vacunarse antes de “su” turno no es un delito, porque viajamos en el avión de Messi en lugar de dar un ejemplo de austeridad, porque le ofrecemos un puesto en el Estado a la señora que trabaja en casa y que le pagamos por largos años unos míseros cinco mil pesos en “blanco”, porque pagamos impuestos que no terminan en obras públicas sino en dádivas estatales que mantienen en marcha la rueda del clientelismo político, porque en Santiago del Estero se hace un estadio de 1500 millones de pesos con un 43% de pobreza, y encima es inaugurado por el Presidente de la Nación, porque la televisión pública gasta más de lo que se debe en producciones de escaso interés y porque siguen apareciendo bolsos con efectivo que nadie sabe explicar de donde salieron y por miles de razones más en una lista que se hace casi tan infinita como nuestra propia decadencia.

Nos hemos convertido en una sociedad mayoritariamente hipócrita (no todos, pero sí una parte importante) que solo busca la paja en el ojo ajeno, haciendo uso y abuso de los relatores del relato para tirarse munición pesada de un lado de la grieta al otro y viceversa.

Por todo eso fracasamos como sociedad. Pero ese fracaso a consecuencia de la decadencia de la dirigencia política no es justificante de ningún tipo de agresión. Se debe criticar, jamás recurrir a la agresión física, es un límite que se debe pasar. Vivimos en la Argentina de las cinco pandemias: salud, seguridad, instituciones, economía y educación y, lo más triste de todo, el cincuenta por ciento de los argentinos, solo puede preocuparse por comer y tomar agua, porque esas son sus prioridades, son víctimas de un sistema que los mantiene indigentes.

No tienen tiempo para leer estas líneas y otras tanta más. No les interesa porque sus necesidades pasan por otro lugar, por el de la satisfacción de las necesidades básicas y terminan siendo cautivos electores de un sistema que solo los oprime cada vez más. La vida de esa enorme mayoría de infortunados silentes argentinos está signada por el fracaso de quienes tuvieron la responsabilidad de sacarlos del fondo del pozo de la marginación social. Eso sí, jamás se bajaron sus dietas para ayudar a los que empobrecieron, pero sí se ocuparon de que la “pongan” los más ricos. Es la Argentina del rompan todo y sigamos para adelante que todo vale. Es el reinado de la hipocresía.

Cuando la agenda personal del dirigente colisiona con la agenda de los dirigidos hay un claro conflicto de intereses que invalida su accionar. Lo deslegitima en sus actos y pone en juego a la democracia como sistema de gobierno, a la par que da lugar a una silente indignación de la desobediencia civil. Hechos como la agresión de Lago Puelo a la investidura presidencial, son las gotas del agua hirviendo en que se está convirtiendo nuestra sociedad. Deben ser repudiados fuertemente, pero, al mismo tiempo, entendidos. La indignación de la sociedad no se calma solo con relatos. Los hechos concretos, el ejemplo y la austeridad en los actos de gobierno son hoy una necesidad que se impone. Se debe gobernar con el ejemplo.

La pobreza nacional y popular no es producto del mal clima, de conflictos raciales o falta de capacidad intelectual en la población, sino de la corrupción endémica que padecemos en una sociedad donde el cumplimiento de la ley es una opción y no una obligación. Una sociedad mayormente amoral y falta de ética ciudadana, que vacuna a los jóvenes militantes en lugar de los trabajadores de la salud y nuestros mayores.

Las crisis argentinas son como los vagones de un tren de carga, no terminan de pasar más. Se eternizan a consecuencia de la decadencia moral de un sector importante de la dirigencia que no acaba nunca de resolver los problemas estructurales. Los problemas nunca terminan de irse, siempre están entre nosotros. Por caso estamos tan complicados que es más barato traer un contenedor de China que uno desde Tierra del Fuego.

Las prioridades de la dirigencia deben cambiar, la ciudadanía está indignada y cansada. La desobediencia civil se empieza a manifestar cada vez con mayor enjundia en un esquema de vida que claramente no podemos continuar. La responsabilidad es de quién ocupa hoy el sillón de Rivadavia, con la obligación de ayudar y contribuir a la generación de la riqueza de sus habitantes, entendida ésta con todas sus connotaciones y alcances posibles, (económica, moral, cultural).

Una pregunta recurrente en la obra de Alberdi fue: ¿Quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza.

Fuente: Infobaae.com

A pocos días de celebrarse los 30 años de la integración regional del bloque del Mercosur, hoy cuestionado, el presidente, Alberto Fernández, instruyó al Canciller, Felipe Solá, para que el encuentro por el aniversario, se haga de manera virtual.

Según confirmó Cancillería dada la situación sanitaria, la reunión que tiene como objetivo celebrar las tres décadas de la firma del Tratado de Asunción, pilar del Mercosur, se hará vía conferencia virtual. En tanto, hoy los cancilleres del Mercosur participaron de una charla virtual organizada por el Atlantic Council, un think tank de Washington.

Tal cómo publicó LA NACION, en el encuentro de hoy los distintos Cancilleres dejaron en claro que los cuatro países tienen perspectivas diferentes. Por un lado, Solá ahondó en el concepto de unidad y se declaró en favor de “avanzar con todos”. Sin embargó, Uruguay volvió a reclamar “flexibilidad”.

Uruguay busca la posibilidad de abrirse a nuevos mercados, pero se ve impedido de actuar sin la anuencia unánime de los demás socios. Por su parte, Paraguay sostuvo que el Mercosur debía “crecer hacia afuera”. Mientras que Brasil destacó que la política de desarrollo no puede “basarse solamente en el apego sentimental”.

Problemas del bloque

A casi treinta años de su fundación el Mercosur no presenta el atractivo que llevó a los mandatarios de los países integrantes a conformarlo en los años 90. No tiene un código aduanero vigente, mecanismo de distribución de la renta aduanera ni libre circulación de bienes, servicios y capitales entre los países. Tampoco cuenta con un arancel externo común perfecto, dado que el 30% del arancel no coincide con el común.

A ello se le suman un gran número de normas que jamás entraron en vigencia. En teoría, el Protocolo de Ouro Preto, donde se establecieron las bases fundacionales del bloque, dispone que los Estados miembros deben adoptar obligatoriamente las medidas emanadas de los órganos del Mercosur y que el incumplimiento por parte de alguno de sus integrantes debe denunciarse a través del mecanismo de solución de controversias del bloque, pero en los hechos esto no sucede.

En la actualidad, todos los países presentan infracciones de distinto tipo. Por estos motivos, diversos actores señalan la necesidad de adecuar el Mercosur a la realidad.

Fuente: La Nación

En el Gobierno nacional celebran que Mauricio Macri acapare la escena opositora y el ala dura de Juntos por el Cambio gane espacio. La estrategia es clara: aunque el ex presidente no sea candidato, hay que subirlo a la pelea electoral.

Con encuestas sobre los distintos escritorios explican que los votantes mantienen activo el recuerdo de la crisis económica con la que dejó su gestión y aseguran que la reactivación que asomará después del desplome por la pandemia será el contraste para competir en estos comicios. Pero no solo apuntarán a la economía, todos los funcionarios deberán avanzar contra su figura.

Alberto Fernández lo había adelantado en el discurso de inauguración del año legislativo y Cristina Kirchner profundizó la disputa días después frente a la Justicia. El apuntado es el ex presidente y su reaparición a partir de la publicación del libro Primer tiempo será aprovechada por el oficialismo.

El Presidente anunció una “querella criminal” el 1° de marzo. Busca identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos, por US$ 55 mil millones, al que calificó como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Al día siguiente, la vicepresidenta dijo que, por este endeudamiento, el Gobierno ahora “está hasta acá”, señalando que el agua llegó al cuello. Y apuntó que por ello, por ejemplo, no pueden implementar mayores aumentos a jubilados.

Fue la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous la que presentó la denuncia penal contra el ex presidente y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos”. La presentación se basa en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación y además de Macri alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los ex titulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.

Fernández anunció una querella por “la mayor administración fraudulenta”

Según la denuncia, con esos fondos del FMI, los funcionarios del gobierno anterior “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado nacional”.

Para este gobierno, el ex presidente y sus funcionarios deben dar explicaciones por la crisis económica que dejaron, recordando y manteniendo frescos los números de su gestión. La reforma del Impuesto a las Ganancias que eleva el mínimo no imponible a $ 150 mil de sueldo bruto y exime del tributo al aguinaldo también lleva a la pelea con Macri. Se recordará que en plena campaña de 2015, el ex presidente había prometido eliminarlo pero “no lo bajó, no lo eliminó, lo duplicó. Pasó de 1.200.000 personas en 2015 a 2.400.000 en 2019”. Un mensaje a la clase media que vota mirando la economía.

También apuntan a otras áreas y en este sentido, el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro es el más activo en mostrar diferencias. Ayer, la Dirección Nacional de Migraciones expulsó a John Paul Revilla Estada, condenado en 2015 por narcotráfico y por liderar una de las organizaciones más peligrosas del país. Un mensaje a la gestión macrista durante la que había sido liberado y deportado a Perú en 2017 por extrañamiento tras cumplir solo la mitad de su condena. Poco después, volvió a la Argentina de manera clandestina, violando la prohibición de reingreso.

“Si no hubiese sido expulsado y liberado en 2017, aún estaría preso, cumpliendo su condena en Argentina”, informaron desde el Ministerio del Interior, organismo que una semana atrás había derogado el decreto migratorio de Mauricio Macri que aceleraba los procesos al punto de ser duramente cuestionado por la ONU.

También ayer la cartera a cargo de De Pedro decidió derogar tres decretos firmados por Mauricio Macri que permitían el voto anticipado a los argentinos en el exterior, a los presos y a las fuerzas federales que participan del comando electoral. Estas normas habían sido establecidas en 2019 por el gobierno de Cambiemos sin pasar por el Congreso y en pleno año electoral.

Todo esto funcionará si las vacunas llegan y el Vacunatorio Vip queda en el pasado

En la misma semana, fue este ministerio en donde se avanzó con una fuerte denuncia contra la gestión macrista por delitos como espionaje ilegal, falta de protección de datos personales, contactos con la mafia china y ventas de residencias.

Otro de los ministerios que cobra protagonismo en la campaña es el de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis. No solo mostrarán el contraste con la gestión paralizada desde 2017 en esta área, sino que se apuntará a que “se patinaron” la plata de las obras ya que esta cartera fue la primera en arremeter contra la anterior gestión al presentarse como querellante en la causa Peajes. Allí se investiga una estafa que supera los 1.000 millones de dólares en torno a la renovación de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste a ex socios de Macri.

Los sondeos llegan desde la provincia de Buenos Aires y son los intendentes los que le repiten a Alberto Fernández que sus votantes aún rechazan el gobierno anterior. Todo esto funcionará si las vacunas contra el coronavirus llegan y si el Vacunatorio Vip queda en la historia cuando todos accedan a las dosis.

Fuente: Perfil.com

Comodoro Py comienza a reacondicionarse. No porque se haya convertido en ley el proyecto de reforma judicial que promovió el oficialismo para licuar el poder de los jueces federales sino porque el Gobierno de Alberto Fernández acaba de conseguir poner su primer magistrado en el edificio de Retiro. Se trata de Roberto Boico, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y elegido para convertirse en juez en la Cámara Federal porteña, el poderoso tribunal que define el rumbo de las causas de corrupción. Solo falta una firma del presidente. Pero su caso no será el único. Ya están en marcha los concursos para ocupar otros cinco cargos claves de la justicia federal porteña solo de primera instancia.

Boico, con un breve paso como conjuez de la Cámara de Casación Penal en la última parte de la gestión de CFK y postulante en numerosos concursos durante el gobierno de Mauricio Macri en donde siempre terminó bien posicionado, quedó a un paso de desembarcar en Comodoro Py. El presidente lo eligió en una terna de un concurso en donde había quedado segundo. Y el jueves, el Senado lo votó para ser el próximo juez de la Cámara Federal.

No fue sin disidencia. El senador Oscar Parilli, mano derecha de CFK, afirmó: “Fue abogado mío y me siento orgulloso, hizo una gran defensa. ¿Por qué no lo votan ustedes? ¿Porque no pasó el examen, porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas. No lo votan porque supuestamente es kirchnerista”. La oposición se mantuvo en su postura de no apoyar su pliego. “Ustedes hablan de jueces amigos. Boico no es amigo, es re amigo. Defiende a Cristina Kirchner en sus causas. Nada hay que decir de la cuestión técnica o de los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la imparcialidad de los candidatos y es en la imparcialidad donde queremos evitar a los jueces amigos de ustedes”, dijo desde Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado.

Boico sigue siendo actualmente el abogado de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 y que fue elevada a juicio oral, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Apenas el presidente firme el decreto de su designación formal, renunciará a esa representación legal.

El lugar de Boico será en la Sala II de la Cámara Federal. Allí tendrá de compañeros al histórico Martín Irurzun y a Eduardo Farah, quien volvió a Comodoro Py el 1 de febrero. De allí se había ido en abril de 2018 luego de dar su voto en la causa Oil Combustible que liberó momentáneamente a los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa, con un fallo que desató un vendaval político y las críticas abiertas del entonces presidente Mauricio Macri. Pero inesperadamente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que definió que los traslados no eran nombramientos definitivos, Farah reapareció en su viejo despacho del segundo piso de Retiro para recuperar su puesto.

Roberto Boico

No es un dato menor que la llegada de Boico completa la Cámara después de 15 años. La última vez que el tribunal tuvo a sus seis integrantes fue en 2006. Por entonces estaban Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler en la Sala I y Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi en la Sala II.

Un año después comenzó la desintegración por renuncias, jubilaciones y destituciones. Y comenzaron a llegar otros jueces pero nunca llegó a estar integrada en su totalidad. Inclusive hubo épocas que solo dos magistrados que tenían todas las causas del tribunal. Irurzun es el único que queda.

Sin embargo, esta nueva integración de la Cámara Federal porteña tampoco es definitiva. Es que en la Sala I está compuesta actualmente por Mariano Llorens, Lepoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Bruglia y Bertuzzi son los jueces que llegaron a ese tribunal a través de traslados durante la gestión macrista y que quedaron en jaque cuando el Consejo de la Magistratura de la era Alberto Fernández decidió en julio pasado que había que revisar una decena de traslados que consideraban irregulares. Ahí, con luces fluorescentes, estaban Bruglia y Bertuzzi.

Precisamente fueron Bruglia y Bertuzzi , junto a Germán Castelli -trasladado al Tribunal Oral Federal 7 que tiene en sus manos la causa de los cuadernos- los que fueron a la justicia en lo contencioso administrativo federal para impugnar la jugada del oficialismo. Mientras tanto, en el Senado se debatía la reforma judicial, en donde se decidió dejar de lado la fusión del fuero contencioso con el civil y comercial. También se resolvió crear unos 600 cargos y cámaras de apelaciones en todo el país. El proyecto de la reforma consiguió la media sanción en la Cámara Alta pero todavía no fue tratado en Diputados donde no les dan los números.

Los jueces de la Corte Suprema el 1 de marzo de 2019 en el Congreso (JUAN MABROMATA/AFP)

El 3 de diciembre pasado, la Corte Suprema puso fin a la polémica de los traslados cuando, tras aceptar el per saltum que pedían Bruglia y Bertuzzi y desencajó al Gobierno, resolvió que ningún pase de cargo -no solo el de Bruglia y Bertuzzi- podían ser considerados nombramientos definitivos. Obligó así llamar a un nuevo concurso para designar titulares en las plazas que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi, en donde ellos pudieran participar. Y frustró las intenciones oficiales de tener, de un saque, cuatro plazas para ocupar en el concurso en el que finalmente Boico fue el único elegido.

El examen fue el 26 de febrero. Bruglia decidió no concursar porque sería convalidar un acto que cuestiona. Su destino inmediato, apenas haya un ganador de ese concurso, será el Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de Py. Bertuzzi, en cambio, sí dio el examen escrito junto a otros 54 postulantes. Ya sabe, sin embargo, antes incluso de presentarse, que no tiene ninguna chance de éxito.

El Consejo de la Magistratura está apurado a sacar a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal. El hoy vicepresidente del cuerpo Alfredo Lugones había pronosticado en noviembre que en seis meses estarían terminado el concurso.

Cristina Kirchner (Aglaplata)

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a Irurzun y a Bruglia por haber firmado un fallo que anuló procesamientos dictados por el juez Claudio Canicoba Corral antes de jubilarse contra ex funcionarios macristas. “No hay argentino más impune que Mauricio Macri” , dijo ese día.

El jueves 4 de marzo, durante su audiencia ante Casación por la causa dólar futuro, también criticó abiertamente a Bruglia, Bertuzzi y a Mariano Llorens -quien llegó al tribunal en 2018- y hasta ahora no había sido blanco de los cuestionamientos. A ellos los cuestionó por haber confirmado el sobreseimiento del ex jefe del Banco Central en el macrismo Federico Sturzenegger en una denuncia que ella motorizó por los pagos de los contratos de dólar futuro de su gestión.

En la mirada política y en la de la propia justicia la llegada de Boico es un reequilibrio del poder interno de la Cámara. Durante el gobierno de Macri, con la designación en el tribunal de Bruglia y Bertuzzi, desde la Cámara salieron fallos adversos al kirchnerismo. Fueron los años donde de las prisiones preventivas hasta entonces atípicas para las causas de corrupción -llegó a haber 76 ex funcionarios y empresarios presos- y se sucedieron las más notorias para Cristina Kirchner que durante su mandato tenían el ritmo lento de quién está en el poder.

Con la llegada de Boico, la reaparición de Farah y el desembarco de los que lleguen a reemplazar a Bruglia y Bertuzzi -en donde se descuenta habrá al menos una mujer-, Comodoro Py comenzará literalmente a remodelarse.

Claudio Bonadio (Gustavo Gavotti)

La Cámara Federal no será el único casillero en donde el oficialismo puede completar piezas. De los doce juzgados federales, hay tres que están vacantes: los que ocuparon Sergio Torres (quien juró en mayo de 2019 como integrante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires); Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020) y Rodolfo Canicoba Corral (jubilado a julio de 2020 cuando cumplió 75 años).

Para el juzgado federal 12, que perteneció a Torres, se presentaron 77 aspirantes, hubo una polémica por un examen que no tenía nombre y quedaron mejor posicionados, en el puntaje, cinco postulantes con lazos en el poder judicial. Por el momento no hubo novedades con ese certamen.

En tanto, el próximo martes se hará el examen escrito del concurso en busca de los sucesores de Bonadio y Canicoba. Polémica en el medio, el Consejo de la Magistratura de la Nación quitó esta semana de la prueba el temario sobre “El llamado ‘lawfare’: noción y funcionamiento” y “criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”.

También está pendiente la posibilidad de que también quede vacante el juzgado federal 3. Es el que ocupa el juez Daniel Rafecas. Hace exactamente un año el presidente lo propuso para ser Procurador General de la Nación. Sin embargo, hasta ahora el Senado no trató su pliego para convertirlo en jefe de los fiscales. En cambio, propuso cambiar la ley sobre cómo elegir ese cargo, con una mayoría más liviana que los dos tercios actuales, y con cambios en el Tribunal de Enjuiciamiento para los integrantes del Ministerio Público. El fiscal Carlos Rívolo definió ese escenario como “un pelotón de fusilamiento” y advirtió que “investigar las causas vinculadas al poder de corrupción o lo que fuera, que ha sido difícil, se va a tornar imposible”.

Los fierros, como en la jerga judicial muchos llaman a los jueces por su poder de fuego, no tienen tantas balas como en otros años. Las causas más importantes contra el kirchnerismo ya están elevadas a juicio oral por lo que no volverán a pasar por la Cámara. Y lo poco que queda son resabios que nadie augura que le traigan problemas a la vicepresidenta. No obstante, Parrilli se encargó de aclarar que Boico no votará en los expedientes en los que fuera protagonista su ex clienta. Por razones obvias, sería impugnado si lo hiciera.

No obstante, por la Cámara sí deben pasar las investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior y que involucran al propio Macri. Los expedientes del Correo Argentino, los Parques Eólicos, las concesiones de las autopistas, la mesa judicial son algunos ejemplos. También los que puedan presentarse contra la gestión actual, como la denuncia contra Victoria Donda o el escándalo de las vacunas VIP, que tiene como principal imputado al ex ministro de Salud Ginés González García.

A los cambios en primera y segunda instancia, habrá que prestarle además atención a lo que pase en otras instancias. La ex presidenta puso en los últimos días la mira en la Cámara de Casación Penal, con cuestionamientos abiertos a varios de sus integrantes. El último fue dirigido al juez Juan Carlos Gemignani por haber dicho “feliz día a las delincuentes” en un chat con sus pares el día de la Mujer. Mientras a esas críticas también se sumó el presidente Alberto Fernández, el titular del Consejo de la Magistratura decidió presentar una denuncia en ese organismo en su contra. Gemignani dice que fue malinterpretado. En las últimas semanas también se radicaron denuncias contra los jueces Gustavo Hornos, presidente del tribunal, por haber visitado la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri; y contra Eduardo Riggi, por el trámite de una denuncia de Fabián De Sousa contra el ex presidente y sus funcionarios.

Por encima de la Cámara de Casación está la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el Presidente mandará en breve un proyecto de ley al Congreso para que se analice la creación de un tribunal arbitral que funcione como filtro de los expedientes que llegan al máximo tribunal. Aunque al principio de su gestión Fernández rescataba la labor de la Corte Suprema, su discurso se fue endureciendo en los últimos meses mientras Cristina Kirchner hizo fuertes cuestionamientos sobre los ocupantes del cuarto piso del Palacio de Talcahuano el 9 de diciembre, al cumplir un año de volver al poder.

El último dardo en boca del jefe de Estado estuvo dirigido a Elena Highton de Nolasco por quedarse en el tribunal tras haber cumplido 75 años. Highton fue la única de los integrantes de la Corte Suprema que fue a la presentación de la reforma judicial en la Casa Rosada en julio pasado. Es, además, amiga de Marcela Losardo, la hasta ahora responsable del Ministerio de Justicia y quien decidió alejarse por estar “agobiada”. “Ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo el presidente. Desde el lunes pasado, que confirmó la noticia de su salida, aún no se sabe quién la reemplazará.

Fuente: Infobae.com