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La pandemia en la Argentina entra en un momento crítico. Los nuevos casos confirmados de COVID-19 desde febrero 2021 hasta hoy reflejaron un estancamiento en los contagios, y este dato que en otro contexto hubiera podido interpretarse como algo auspicioso, se convirtió en una mala noticia. Sobre todo cuando se apalanca en el “efecto pinza” que a la gestión local de la pandemia le imprime el ritmo lento del proceso de vacunación y la escasez de dosis disponibles para achatar la curva de casos y apuntar a bajar la mortalidad, como principal estrategia sanitaria.

El escenario pandémico en suelo argentino se complejiza con el acecho de los riesgos del cambio de estacionalidad -la llegada del otoño- inverno- y la eventual segunda ola de contagios por coronavirus propulsada por la propia transmisibilidad local y las nuevas cepas o variantes. Especialmente la variante P1 del SARS-COV- 2 , proveniente de Manaos, Brasil, que ya perforó las fronteras argentinas y llegó con casos a las provincias de Córdoba y Tucumán.

Lo peor es la falta de “piso de inmunidad”, es decir, el hecho de no lograr las cifras mínimas de vacunación en los cuatro grupos más esenciales y vulnerables que deben recibir la vacuna, que son el personal de la salud, las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo o enfermedades asociadas, las personas de 60 o más años y el llamado personal estratégico. No avanzar con la vacunación sostenida de estos grupos en las 24 jurisdicciones del país genera que no se pueda detener la mortalidad, ni tampoco la transmisibilidad exponencial del virus (los contagios que provocan la enfermedad COVID-19 y eventualmente pueden llevar a la muerte).

Los expertos ya advierten el riesgo de que los enfermos sean muchos más por la segunda ola durante el otoño y el invierno venideros, y porque sólo el 12% de las personas mayores de 60 -que pueden sufrir más complicaciones y muerte- se han podido vacunar ya que el Plan Nacional de Inmunización que empezó en diciembre avanza lento. Además, se está reduciendo la cantidad de tests que se hacen para detectar el virus y que permiten que las personas conozcan el diagnóstico y avisen a sus contactos para que se mantengan aisladas y eviten contagiar a otros.

“Se registró una curva estancada de casos confirmados durante el último mes. Pero hay ahora un leve aumento con respecto a la semana anterior”, dijo a Infobae Eduardo López, médico infectólogo y profesor de vacunología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. “Argentina entra en el otoño con una meseta alta de casos. Con el otoño se dará una segunda ola de casos, y el riesgo es que las personas mayores aún no están vacunadas. Se sabe que el 84% de las muertes ocurren en personas mayores de 60 años y eran uno de los grupos priorizados en el plan de vacunación. Pero si no vacunamos a ese grupo antes de que llegue el invierno. Argentina podría tener una mayor ocupación de camas y aumentar nuevamente los fallecimientos”, subrayó. Solo se vacunó al 12% de las 7,4 millones de personas mayores de 60 que deberían recibir la vacuna para evitar que sufran complicaciones.

A la amenaza de más casos de COVID-19 por la llegada del otoño en Argentina, se suma un efecto colateral de impacto social y que resquebraja las medidas epidemiológicas: hay cada vez más gente que sufre la llamada “fatiga pandémica” y se ha relajado en el cumplimiento de los cuidados como el uso del barbijo, el distanciamiento social y los diversos protocolos en reuniones familiares, lugares de trabajo, entretenimiento y bares; con la amenaza latente de que haya más afectados con las nuevas variantes del virus SARS-COV-2 -la de Gran Bretaña (B.1.17), Brasil (P1), Sudáfrica (B1.1351), Nueva York (B.1.526). Y que los especialistas han calificado que son entre un 30 a un 50% más contagiosas y aumentan el riesgo de muerte: ya se han detectado en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

Personal de enfermería del sistema de salud vacuna a adultos mayores de 60 años como parte del plan masivo de vacunación contra la covid-19, hoy en el colegio Isabel Herrera de Obaldia, en el corregimiento de San Francisco, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

El Gobierno espera con ansias entre 300.000 a 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V que arriben en los próximos días a la Argentina. Pero se desconoce aún las fechas precisas de las futuras entregas del resto de las vacunas compradas por el Gobierno a laboratorios privados y las otras que arribarán a través del mecanismo COVAX con la OMS. El caso más elocuente es la demora de las vacunas compradas al binomio científico Oxford-AstraZeneca -con la participación en la fabricación del principio activo de la local mAbxience/Grupo Insud que iban a llegar a fines de marzo 2021 -son 22,4 millones de dosis los acordados en la compra – y donde la biotecnológica argentina ya envió 25 millones de dosis al laboratorio mexicano Liomont, encargado de la terminación y envasado final de la vacuna para toda la región y que por falta de un insumo fundamental como el vidrio tiene “parada” la distribución de la vacuna.

Según pudo saber Infobae, el Ministerio de Salud de la Nación tuvo diálogo con el Reino Unido para evaluar con más datos la posibilidad de aplicar una sola dosis para acelerar la vacunación. A nivel global, gran parte de los laboratorios tienen dificultades de entrega y los países desarrollados se han acaparado el 90% de las dosis.

En diálogo con Infobae, Tomás Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital Muñiz, comentó: “Los casos diarios siguen estando altos para el fin del verano. Llegará el otoño con mayor riesgo de más casos. El COVID-19 está condicionando a la especie humana. Se va a extender este año porque para poder pararlo deberíamos tener las dosis de vacunas suficientes que permitirían alcanzar la inmunidad de rebaño. Además, aún no sabemos cómo se van a comportar las nuevas variantes del coronavirus. Necesitamos redoblar las medidas de distanciamiento social y el uso de barbijos en Argentina hasta tener la protección de rebaño”.

Orduna precisó a Infobae, “pensábamos tener más vacunas que las que hemos recibido. En abril podrían venir más vacunas prometidas y potenciales nuevos convenios. También que haya nuevas factorías para vacunas a los de mayor riesgo y al personal esencial”, sostuvo el infectólogo.

Según el doctor López, una de las razones de la demora del plan de vacunación fue que “Rusia nunca cumplió con lo acordado en la entrega de vacunas. Se hizo en cuentagotas y el cronograma se corrió para adelante. Todo hizo que se atrasara la distribución de dosis por el país”. Como una de las soluciones para tener más vacunas antes del invierno, el infectólogo consideró que el Gobierno debería “buscar alternativas de más laboratorios que puedan vender y entregar más dosis cuanto antes. También existe la posibilidad de usar una sola dosis en algunas vacunas, que daría una mayor ventaja para proteger a la población más rápido o aumentar el intervalo entre las dosis”.

El Gobierno de Argentina había prometido que se iban a recibir y aplicar más de 50 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Sin embargo, el proceso se demoró y hasta el día de hoy solo llegaron y se distribuyeron 4.050.540 dosis.

“En Argentina tuvimos y tenemos mucho retraso en la recepción de vacunas, lo que implica un problema para actualizar la vacunación de los grupos más de riesgo. Hay que acelerar el proceso de distribución y aplicación de vacunas ya”, consideró el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). “Tenemos un país sumamente capacitado para lograr una muy buena vacunación y vemos que hay cosas que no se están siguiendo como corresponde”, opinó Teijeiro.

Según el SAGE (Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización, según la sigla en inglés), que es el principal grupo asesor para la OMS en materia de vacunas e inmunización, los planes nacionales debían empezar por los trabajadores de salud, y seguir con los mayores de 60, y menores de 60 con co-morbilidades, después los docentes. Pero en Argentina, no se siguió esa recomendación por la falta de vacunas. En algunas jurisdicciones empezaron a vacunar a docentes menores de 60 porque se recibió la vacuna de Sinopharm de China que aún no está autorizada para personas mayores. De la vacuna de Sinopharm se aguardan la semana próxima 3 millones de dosis nuevas.

También los testeos para diagnosticar al COVID se han reducido levemente durante la última semana, y se advierte la necesidad de que se hagan más y se rastree a los contactos estrechos para evitar más contagios. “El coronavirus es un virus pandémico. Habrá un rebrote en otoño y falta el cumplimiento de protocolos por parte de la gente. Un factor clave será también reforzar el rastreo de los contactos estrechos, porque reduce los contagios”, señaló la doctora Angela Gentile, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. “Se necesita una identificación estricta de los casos de viajeros del exterior y aumentar la presencia en territorio para identificar los contactos estrechos y para que se cumpla el aislamiento durante los próximos meses”, agregó Gentile.

“Hay un punto importante para considerar que cuantas más personas se infectan, el virus varía más. Es lo que está pasando en Brasil. Con más variantes, hay más contagios. Por lo cual, tanto la población general como los grupos de riesgo deberían seguir cuidándose mientras las vacunas lleguen. Estamos en pandemia. No pasó aún”, remarcó la viróloga del Conicet Alejandra Cappozzo en diálogo con Infobae.

Se necesitan más dosis de vacunas, más tests y rastreo de contactos señalan los expertos para responder mejor a la segunda ola de Covid Foto NA: MINDEF

Según pudo confirmar Infobae, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvo una reunión virtual con el Ministro para el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 de Reino Unido, Nadhim Zahawi, para analizar la posibilidad de cambiar el esquema de vacunación ante la escasez de dosis. Durante el encuentro, el funcionario inglés indicó que la primera dosis de vacunas redujo las hospitalizaciones y muertes en un 90 por ciento en ese país, motivo por el cual se priorizó vacunar a la mayor cantidad de personas posible. En Reino Unido, sólo el 3 por ciento de la población total ha sido vacunada por completo.

Mientras se esperan más dosis de vacunas en el país, la titular de la cartera de Salud de Nación tiene sobre la mesa analizar junto a su equipo la posibilidad de modificar la estrategia de inmunización. En Inglaterra, han inoculado a 27 millones de personas con la primera dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/Oxford. Con esta estrategia, ya observaron resultados significativos en la disminución de las internaciones, los casos severos, el contagio y la mortalidad, incluso en mayores de 80 años.

Fuente: Infobae.com

Después de que la Anses decidiera restituirle la pensión vitalicia como expresidenta, cuyo pago había sido suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Kirchner renunció a percibir su sueldo como vicepresidenta a partir del próximo 1 de abril.

Lo hizo mediante una carta que le envió al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, en la que deja constancia que su renuncia obedece a que volverá a cobrar su pensión por haber ejercido la primera magistratura durante dos mandatos.

“Quiero dejar constancia que si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como vicepresidenta de la nación, es mi decisión renunciar al mismo”, sostiene Cristina Kirchner.

En la nota, la vicepresidenta no se priva de criticar a la Corte. Lo hace al recordar que los jueces del máximo tribunal no pagan ganancias como sí lo hace ella al renunciar a ese privilegio que le había sido otorgado por sentencia judicial a favor de sus dos pensiones vitalicias.

Además de la que le corresponde por su paso como presidenta, Cristina Kirchner percibe también la pensión correspondiente a su exesposo Néstor Kirchner como exjefe del Estado.

Luego de que durante el gobierno de Mauricio Macri la Anses emitiera una resolución que impedía cobrar más de una asignación vitalicia, la entonces senadora inició una demanda en la que alegaba que la Administración “no tenía competencia para suspender los efectos de un acto firme y consentido” y consideraba que había “derechos subjetivos a su favor que no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en sede administrativa”.

Reclamó de esa manera la devolución de la pensión por la muerte del su esposo, así como las cantidades retenidas en concepto de impuesto a las ganancias. Se calculó en ese momento que el reclamo por el retroactivo podría ascender a los 100 millones de pesos.

En diciembre del año pasado un fallo judicial habilitó a la vicepresidenta a cobrar las dos jubilaciones, la pensión como exmandataria nacional y la pensión que le corresponde por ser viuda del expresidente.

El fallo a favor fue firmado por el juez de la seguridad social Ezequiel Pérez Nami. Sin embargo, tanto la Anses como un grupo de diputados opositores apelaron la medida.

Ahora, con la decisión de la Anses que la favoreció, Cristina Kirchner decidió renunciar a su sueldo como vicepresidente.

El presidente Alberto Fernández convocó para este jueves 18 de marzo a todos los gobernadores y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El motivo del encuentro virtual es analizar la situación sanitaria en medio de la preocupación por las fronteras y el ingreso masivo al país de las nuevas cepas (en especial desde Brasil) de coronavirus, además de la inminencia de la llegada de la segunda ola.

Según informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el encuentro se llevará a cabo hoy al mediodía vía zoom y será encabezado por el mandatario desde la Quinta de Olivos. Además, participarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

«La agenda es sanitaria», indicaron fuentes gubernamentales, quienes no descartaron que de allí surjan propuestas de mayores controles destinados a evitar la propagación de las nuevas cepas de coronavirus en el país.

Personas vacunadas pueden reunirse sin barbijo, pero recomiendan no viajar y evitar aglomeraciones

La reunión fue convocada luego que el Ministerio de Salud de Córdoba informara el pasado miércoles el registro de contagios de coronavirus en la provincia que corresponden a las cepas provenientes del Reino Unido en dos casos y a la de Manaos en otros. Se cree que son las dos variantes más contagiosas y letales, y que todos los casos corresponden a personas que regresaron de viajes al exterior.

Ante este escenario, el temor del Gobierno se basa en el aumento de casos de Covid-19 registrados en las últimas semanas en Brasil, donde se vive un colapso sanitario, Paraguay y Chile.

A su vez, el llamado a un encuentro coincide también con el anunciado vuelo de Aerolíneas Argentinas que partirá durante las primeras horas de la madrugada del jueves rumbo a Moscú para traer una nueva partida de vacunas Sputnik V, según confirmó el titular de la compañía, Pablo Ceriani, a través de su cuenta de Twitter.

Qué se sabe sobre la nueva variante del coronavirus de Brasil

Campaña de vacunación

En la reunión se abordará además la campaña de vacunación, la cual sufre una falta de dosis en la actualidad, debido al retraso de las dosis de AstraZeneca que produce Argentina junto con México, a causa de problemas surgidos en ese país.

Otro de los ejes centrales de la estrategia del Gobierno para contener la segunda ola de contagios de Covid-19, será el de profundizar la vacunación en las próximas semanas entre las poblaciones de riesgo para inmunizar a la mayor cantidad de personas posible, previo al comienzo del frío otoñal, pese a la escasez de dosis de las últimas semanas.

En lo que respecta a la segunda ola, los especialistas asesores del Gobierno nacional advirtieron que «no hay ninguna razón» para pensar que no ocurra en la Argentina una segunda ola de coronavirus como sucedió en Europa. En tal sentido, recomendaron continuar con las medidas de prevención, dado que la situación sanitaria se «podría complicar en mayo y junio«.

Por lo tanto, el Ministerio de Salud insistió con su recomendación de evitar viajes al exterior que no sean vitales. En ese contexto, el pasado miércoles hizo un pedido para suspender los viajes de egresados al exterior, al considerar que son un riesgo innecesario.

Fuente: Perfil.com

Un informe de The Economist que advierte sobre el avance de alternativas populistas en distintos países de América Latina ubicó a la Argentina en los primeros lugares en materia de riesgo para los inversores. Sólo Venezuela, Haití y Cuba tienen niveles de riesgo superiores. El rubro en el que peor nota obtiene el país es en el de riesgo económico, y los especialistas alertan respecto a que “si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos se producirá un fuerte ajuste monetario y inflacionario”.

“En un año de grandes elecciones para América Latina, los riesgos políticos ya son evidentes. El riesgo político es alto, ya que los votantes se oponen a los titulares de los cargos y exigen un cambio de política, lo que da lugar a que prosperen las propuestas populistas”. A esa conclusión llegó la revista The Economist tras el informe realizado por su unidad de inteligencia, titulado “Populismo y política: el riesgo operativo en América Latina”.

Luego de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, en el que la región registró una de las mayores tasas de mortalidad y recesiones del mundo, lo más significativo serán los cambios en la política económica latinoamericana.

El reporte de la publicación especializada se centra en tres ejes: riesgo político, riesgo económico y riesgo político de las inversiones. En la mayor parte de los sectores analizados por la publicación inglesa, Venezuela es la nación con peores perspectivas para este año.

El riesgo político fue examinado en tres áreas principales: seguridad, estabilidad política y eficacia política. De acuerdo a lo indicado por la unidad de inteligencia, la pandemia de coronavirus presenta serios riesgos tanto para el entorno de seguridad, como para la estabilidad política en la región. Asimismo, la falta de eficacia política “dificultará la capacidad de los gobiernos para hacer frente a estos desafíos”.

América Latina viene enfrentando desde hace años altos niveles de riesgo para su seguridad como consecuencia del crimen organizado, los elevados índices de delincuencia violenta, y la frecuente influencia del narcotráfico. Lejos de cambiar esta realidad, la pandemia “producirá nuevas oportunidades para el crimen organizado”. En esa línea, a medida que la revolución tecnológica crece a pasos agigantados, los expertos visualizan un mayor impacto de la “ciberdelincuencia”.

Por su parte, el informe hizo hincapié en las protestas sociales que se desataron a fines de 2019 en varios países de la región, como Chile, Bolivia y Ecuador, entre otros. Si bien esas movilizaciones mermaron en 2020 a raíz de las restricciones a la circulación por el coronavirus, según The Economist el riesgo de nuevos disturbios sociales sigue latente: “En su mayor parte, ninguno de los problemas que han impulsado el profundo descontento con el desempeño de los gobiernos de la región -incluyendo la seguridad, la corrupción y el malestar económico-, ha sido abordado”.

Sumado a esto, otro riesgo que afrontan los actuales gobiernos de América Latina es “que los grupos de la oposición puedan llegar al poder y causar deterioro significativo de las condiciones de funcionamiento de las empresas”. “2021 es otro año electoral importante para América Latina, con elecciones presidenciales en varias economías grandes como Ecuador, Perú y Chile, y elecciones de mitad de período en mercados regionales clave como México y Argentina. En la mayoría de estos comicios parecen surgir algunas tendencias principales: un claro aumento del sentimiento anti-incumbencia, la demanda de un mayor papel del Estado en la economía (al menos mientras continúe la pandemia) y una creciente preferencia por soluciones políticas populistas entre una proporción cada vez mayor de la población”.

Ante este contexto, el país latinoamericano que registró el peor índice en términos de riesgo de seguridad, estabilidad política y eficacia gubernamental es Venezuela. Entre los peores, le siguen Guatemala, México y Ecuador.

The Economist planteó, además, ciertos escenarios de riesgo en algunos países. En Panamá, por ejemplo, indicó que la crisis del covid-19 “da lugar a un aumento de la corrupción, erosionando la confianza en el gobierno”. En Perú, en tanto, la estabilidad política se vio vulnerada luego de que el Gobierno “abandonara el consenso político sobre la ortodoxia económica, en favor del populismo”. En el caso de México, las actividades del crimen organizado se expandieron a través del narcotráfico.

Todas estas demandas de cambios que subraya el informe conducen “a un mayor gasto público para apoyar a las poblaciones que siguen luchando contra los efectos del coronavirus”. Esto se enmarca en el segundo eje estudiado por la unidad de inteligencia de The Economist: el riesgo económico.

Los gobiernos de América Latina deben redoblar esfuerzos ante los desafíos que presenta la pandemia de coronavirus (REUTERS/Amanda Perobelli)

“En distintos grados, los gobiernos de América Latina han puesto en marcha una combinación de medidas de reducción de impuestos, de gasto, y de garantías de préstamos para tratar de proteger a las empresas y a los individuos de los efectos de la pandemia”. De acuerdo a lo expuesto por el informe, uno de los principales inconvenientes que enfrentan los líderes de la región “es la falta de margen de maniobra política para seguir reforzando las medidas de apoyo fiscal sin crear preocupaciones sobre la solvencia que luego se conviertan en inestabilidad macroeconómica”.

A la hora de analizar el riesgo económico, los especialistas evaluaron el riesgo macroeconómico, el riesgo financiero y el riesgo de comercio exterior y de pagos, midiendo si las condiciones económicas son estables y predecibles, si los inversores pueden introducir y sacar dinero del país, y si el sistema financiero es adecuado para las necesidades de las empresas: “En todas estas áreas los riesgos están creciendo, derivados no sólo del fuerte colapso de la actividad económica del año pasado, sino de la gran carga fiscal que sigue suponiendo la pandemia”.

De cara a 2021, la publicación inglesa sostiene que “habrá ‘cicatrices económicas’ debido a las pérdidas de inversión y de capital humano, y a los grandes cambios sectoriales, ya que algunos sectores avanzan a toda velocidad mientras otros tienen dificultades”.

Venezuela y Argentina presentan el peor panorama en los estudios de riesgo macroeconómico y de comercio exterior. En el caso argentino, The Economist advierte que “si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos se producirá un fuerte ajuste monetario y inflacionario”.

Con relación al riesgo político en las inversiones, los especialistas señalaron que “la creciente presión fiscal, las demandas post pandémicas de un mayor papel del Estado en muchos sectores clave y el aumento de los actores políticos y las propuestas políticas populistas sugieren que existen riesgos políticos para las empresas, además de los riesgos macroeconómicos destacados anteriormente”

En las cuatro áreas clave evaluadas por The Economist – riesgo legal y regulatorio, riesgo de la política fiscal, riesgo del mercado laboral y riesgo de la infraestructura- “está claro que hay nuevos riesgos en el horizonte impulsados por los cambios relacionados con la pandemia en el entorno político y normativo”.

Uno de esos riesgos está relacionado a la falta de incentivos producto del “creciente nacionalismo de los recursos en medio de las cada vez más objeciones a los proyectos en los sectores de la minería, la energía y la agricultura”. Como ejemplo de esto, la publicación recordó que el año pasado el gobierno argentino intentó nacionalizar un exportador de soja con problemas financieros. Luego debió dar marcha atrás por el fuerte descontento social, político y empresarial que generó la iniciativa.

Los expertos sostiene, además, que el riesgo de la política fiscal de este año “será alto”, ya que los gobiernos intentarán cerrar las brechas fiscales al tiempo que “se muestra reacios a recortar el gasto”. “Los impuestos sobre el patrimonio están a la orden del día, como ya se vio en 2020, y también es probable que se establezcan nuevos impuestos indirectos, sobre los servicios digitales, entre otros, (en parte porque son más fáciles de recaudar para los gobiernos regionales)”.

“Aunque nuestras previsiones para América Latina en 2021 son cautelosamente optimistas, los inversores tendrán que prepararse para estos riesgos emergentes”, concluye el informe.

Fuente: Infobae.com

Ante el avance de nuevas variantes de Covid-19 sobre todo en Brasil, el Gobierno analiza una serie de medidas para desalentar la salida de argentinos al exterior.

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron en horas del mediodía de este lunes 15 de marzo para analizar las propuestas.

Según trascendió, se habló de la preocupación por los argentinos que, aún ante el contexto regional de aumentos de casos y la aparición de nuevas cepas, todavía analizan viajar al exterior y evalúan implementar decisiones como las de Canadá, donde cada pasajero tiene la obligación de pagarse sus test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio.

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Al día de hoy, Argentina tiene las fronteras cerradas desde diciembre, y se encuentran suspendidas las autorizaciones que se hubieran otorgado para ingresos y egresos a través de los pasos fronterizos habilitados, salvo para el ingreso de residentes y ciudadanos argentinos:

• No está permitido el ingreso de extranjeros.
• Las fronteras terrestres están actualmente cerradas. Hay solicitud de PCR de hasta 72 hrs previo al embarque.
• Firma de declaración jurada a la salida del país, con la obligación de cumplir con 10 días de cuarentena, al arribo al país, desde el test de PCR. En esta declaración jurada, en tanto, se declara el domicilio de realización de la cuarentena.
• Al salir del país, se firma una declaración jurada en la que se asume la responsabilidad en caso de que existieran cambios de normas en los pasos fronterizos, así como también que no exigirán ser repatriados ni responsabilizarán al Estado argentino por su situación en el extranjero.

En el caso de Canadá, por ejemplo, al llegar al país se evalúa la salud del viajero antes de que salga del puerto de entrada. Las personas deberán aislarse durante 14 días aún si no tiene síntomas. Esto es obligatorio y lo tienen que pagar los viajeros.

Las medidas que rigen en Canadá son:

• Todos los viajeros de cinco años o más deben proporcionar prueba de un resultado negativo de laboratorio para COVID-19 antes de abordar un vuelo a Canadá.
• Todos los viajes a Canadá por razones discrecionales (no esenciales), como el turismo, la recreación o el entretenimiento, están actualmente prohibidos.
• Los viajeros que no tengan una razón no discrecional (esencial) para viajar a Canadá se les negará la entrada por un oficial de servicios fronterizos.

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En España, por caso, todos los viajeros que llegan al país como destino final por vía aérea o marítima deben someterse a un control sanitario general en el primer puerto o aeropuerto al que lleguen.

Los viajeros procedentes de países de riesgo deben acreditar disponer un PCR con resultado negativo, realizado en las setenta y dos horas previas a la llegada a España. Además, la compañía de transporte debe exigirla antes del embarque.

En tanto, Reino Unido pide para ingresar o egresar desde el extranjero (excepto desde Irlanda), que todos los viajeros proporcionen sus datos de contacto y de viaje además de presentar una prueba COVID-19 negativa antes de viajar.

Tras el arribo, los viajeros deberán ponerse en cuarentena y realizar pruebas adicionales de COVID-19. Esto se llevará a cabo en un hotel destinado para la cuarentena si el ingreso a Inglaterra o Escocia se realiza desde un país con prohibición de viaje.

Fuente: Perfil.com

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló de la agenda publica nacional e hizo énfasis en la el rumbo de la economía: “Me genera muchísima preocupación”, advirtió. Asimismo, criticó la falta de un plan por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, el avance del gobierno nacional sobre la Justicia –con la designación de Martín Soria–, y la falta de vacunas.

“La economía me genera muchísima preocupación. Y siendo sincero, no me tranquilizan las declaraciones de (Martín) Guzmán diciendo que en Argentina está todo planeado y bajo control con una inflación que lleva tres meses seguidos en 4%”, aseguró Larreta en declaraciones a Radio Mitre.

En tal sentido, recordó que “la inflación le come el bolsillo a los que menos tienen” y se preguntó cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para hacer frente a esto. “Me cuesta hasta opinar porque no hay un plan claro. Te dicen que el plan es el presupuesto pero allí hay una inflación proyectada del 29%. Los tres primeros tres meses vienen con inflación alta. La verdad me preocupa muchísimo la caída de la activa y la inflación”, enfatizó.

Personal sanitario del hospital Argerich recibe la dosis de la vacuna Sputnik V. (foto de archivo)

Larreta se refirió además a la falta de vacunas. “Es el tema más importante. El más urgente. Todo el tratamiento del virus, todo lo que hace al cuidado de la gente, los testeos, el cuidado de los protocolos”, señaló.

En tal sentido, explicó que “se está haciendo un gran esfuerzo para cuidar los protocolos en las escuelas” e informó que “el nivel de contagio en los colegios es muy parejo con el del resto de la ciudad. Quiere decir que la vuelta a clases no ha generado un nivel de contagio adicional”.

El jefe de gobierno destacó que la Ciudad aplicó ya 200 mil vacunas y cuenta con 44 mil turnos programados para esta semana. “En la ciudad tenemos un millón 250 mil personas contempladas en los grupos de riesgo. Sobre ese millón doscientos tenemos vacunada ya un 16% de la población de riesgo. Para el fin de esta semana vamos a llegar al 97% del personal de salud”, precisó.

“Nosotros decidimos empezar por los mayores de 80. Ya tenemos 60 mil vacunados y para el fin de esta semana vamos a estar en el 70% de cobertura de los mayores de 80″, añadió Larreta pero manifestó su clara preocupación respecto al faltante de dosis: “Lo que no tenemos es previsión de cómo sigue la provisión de vacunas”.

El jefe de gobierno porteño advirtió sobre este tema luego de que ayer la ministra Carla Vizzotti admitiera que no hay vacunas. “Eso nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos 200 puntos de vacunación preparados, 1500 personas asignadas al proceso de vacunación. Nos quedan muy pocas vacunas porque se aplican enseguida”, recalcó.

Martín Soria junto a Cristina Kirchner

Finalmente, el Jefe de Gobierno porteño advirtió por el avance de Cristina Kirchner en las decisiones de Alberto Fernández y consideró que el nuevo ministro de Justicia representa “lo contrario de lo que la Argentina necesita”.

“Me preocupa haber estado más de una semana sin ministro. Y los discursos duros de Martín Soria contra la Justicia atentan contra la división de poderes. Tiene antecedentes de poco vuelo para un cargo tan importante. Todo el avance del gobierno, que encabeza la vicepresidenta sobre la justicia, me preocupa muchísimo”, concluyó.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó detalles sobre su visión para atacar la inflación y se refirió a la relación del país con el Fondo Monetario Internacional. “La razón por la que hace falta un acuerdo con el Fondo es porque no tenemos los dólares para pagarle”, expresó.

“Lo que le prestó el Fondo a la Argentina durante el gobierno de Juntos por el Cambio es igual a todo lo que prestó a todos los países del mundo durante el año de la pandemia. Esa es la magnitud del problema que tenemos, por eso necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos”, explicó Guzmán este lunes 15 de marzo en declaraciones al programa Odisea Argentina, que se emite por LN+.

Entrevistado por el periodista y analista Carlos Pagni, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “resolver la deuda es fundamental” para el futuro de la Argentina. “Con la carga de deuda que el país tenía cuando asumimos el gobierno era imposible implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida a la gente”. Y recalcó: “Debemos actuar con responsabilidad”.

Inflación y tarifas

Martín Guzmán también brindó detalles de su visión sobre la inflación estructural que sufre el país. “La inflación es un mal. Distorsiona todo el funcionamiento de una economía y le pega más a quien más abajo está en la escala de ingresos”, expresó. “Es un problema multicausal que tiene que ver con los distintos desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía”, agregó.

El ministro predijo que la inflación “se va a ir reduciendo mes a mes” y aseguró que “la tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto claro sobre los precios”, agregó. Además, dijo que “la inflación responde también a la política cambiaria y esto está programado”, y que “hay una dinámica de los primeros meses del año que nosotros esperábamos y también esperamos que este problema se vaya resolviendo de una manera gradual y consistente”, reiteró.

Consultado sobre el aumento de las tarifas, el funcionario criticó a la gestión de Mauricio Macri. “El gobierno anterior dispuso de aumentos de tarifas que fueron del orden de los 1000%”, aseveró. “En 2018 cuando se da un cambio brutal en el mundo, cuando colapsa el modelo económico empieza un proceso de devaluación muy fuerte y el gobierno anterior terminó con todos los índices deteriorados”.

Martín Guzmán: «El FMI es responsable de lo que pasó en la Argentina»

En ese marco, Guzmán afirmó que Macri “perdió las elecciones, porque la gente entendió que ese era un modelo que no funcionaba. No hay nada más desestabilizante para la actividad económica que un salto devaluatorio. Para evitarlo, hay que tener coherencia y consistencia en el manejo en la macroeconomía y por eso hay que tener cuidado en el déficit fiscal y eso nos lleva al tema de los subsidios”.

Y sobre los aumentos en las tarifas, concluyó: “Es una condición necesaria que las exportaciones crezcan para que el crecimiento de nuestra economía se pueda sostener”. Y destacó el rol de la agroindustria en la economía. “Hoy el Presidente dijo que vamos a estar enviando un proyecto de ley para poder ir segmentando el aumento de tarifas, no va ser lineal”, cerró.

Fuente: Perfil.com

Soria es considerado en la Justicia Federal y en el alto tribunal como un outsider del sistema institucional que desembarca para disciplinar a los magistrados y fiscales que investigan los casos de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, sus familiares directos, amigos personales y socios comerciales.

El nombramiento de Soria en reemplazo de Marcela Losardo fue leído en los Tribunales y ciertos despachos de la Casa Rosada como una decisión presidencial que termina de dinamitar todos los puentes institucionales que aún quedaban entre Balcarce 50 y el Poder Judicial.

Losardo nunca creyó en una relación agonal con los jueces y fiscales de Comodoro Py y siempre privilegió las buenas formas por encima de las operaciones de poder en los tribunales. Por eso era menospreciada por CFK y sufría los cuestionamientos permanentes de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia y un alfil clave del Instituto Patria en el Gobierno.

Dos hechos políticos explican -en definitiva- la renuncia de Losardo. Y el concepto de “agobio” que utilizó el Presidente para encuadrar su caída del Gabinete Nacional: Losardo no estuvo de acuerdo con los argumentos explicitados por el jefe de Estado en la Asamblea Legislativa para justificar una eventual Reforma Judicial, y menos todavía el tono ideológico exhibido por CFK durante su alegato frente al tribunal de Casación que investiga su responsabilidad penal en el caso Dólar-Futuro.

Alberto Fernández siempre tuvo “in pectore” a Soria como sucesor de Losardo, pero en el juego de consejos palaciegos e internas de poder aceptó analizar otros candidatos: Ramiro Gutiérrez, Marisa Herrera, Julio Vitobello, Eduardo “Wado” de Pedro, Vilma Ibarra y Alberto Iribarne.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la última Asamblea Legislativa. (Comunicación Senado)

El jueves pasado en la quinta de Olivos, durante un cónclave de tres horas, Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner definieron que Soria se haga cargo de la cartera de Justicia. El Presidente y la vicepresidente consideran que es necesario otra forma de relación con la Corte y Comodoro Py, y el actual diputado nacional sería un jugador ideal para ejecutar esa faena política.

Soria entiende cómo funciona el poder real en la arena pública y detrás del cortinado. No tuvo problemas en avanzar contra jueces clave en la Cámara de Casación, y sabe qué se puede pedir en los sótanos de la democracia. Su padre, Carlos Soria, fue jefe de los espías civiles durante la gestión de Eduardo Duhalde.

A su vez, el presidente y la vicepresidente decidieron que nada más cambiará en la cartera de Justicia. No hacía falta: el viceministro Mena, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, nunca comulgaron el credo de Losardo y siempre se alinearon con CFK.

Llega un tiempo de ejecución práctica de la Teoría del Lawfare, la presión en la Procuración Nacional para avanzar sobre determinados fiscales -por ejemplo Eduardo Casal, Raúl Plee y Carlos Stornelli- y la sucesión infinita de juicios políticos en el Consejo de la Magistratura para disciplinar a magistrados de la Casación, camaristas federales y jueces de Comodoro Py que aún investigan a la Vicepresidente CFK.

La avanzada política estará liderada por Soria, apoyada por Alberto Fernández y Cristina, e instrumentada por los representantes del gobierno en la Procuración, el Senado y el Consejo de la Magistratura. Se avecina una guerra de guerrillas que no tiene antecedentes en la relación histórica del Poder Ejecutivo con la Corte y Comodoro Py.

Un tuit del futuro ministro de Justicia, Martín Soria, contra el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti

Al otro lado de la trinchera, jueces y fiscales federales se preparan para resistir a Soria y su agenda de disciplina política y reforma judicial. Entienden que deben mantener la lógica institucional y evitar las refriegas políticas, pero no tienen pensado enterrar las causas y juicios convocados para tratar los casos de corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y otros implicados.

En este contexto, es inevitable un enfrentamiento protagonizado por el futuro ministro de Justicia y los tribunales. Soria cree -como el Presidente y la Vice- que las causas de corrupción contra CFK implican una evidencia contundente de la aplicación del Lawfare en Comodoro Py y la Corte Suprema.

Y no hay ninguna duda en Balcarce 50 y en los tribunales que Soria fue nombrado para terminar con los expedientes que irritan a Cristina. El futuro ministro asumirá con muchísimo poder político y se ve así mismo como un cruzado destinado a hacer justicia. Ya se escucha el ruido de tambores.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández decidió nombrar a Martín Soria como Ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo. La decisión fue anunciada por el propio jefe de Estado en una entrevista con los periodistas Diego Schurman y Catalina D’Elía, en el programa “Fuego Amigo”, que se emitirá esta noche por Canal 9.

Soria siempre fue, junto al massista Ramiro Gutiérrez, una de las opciones más viables para suceder a Losardo. Con la elección del rionegrino se espera una dinámica de mayor confrontación con el Poder Judicial ya que en el último tiempo venía mostrando más alineamiento con el kirchnerismo con respecto a una reforma judicial.

La cercanía al kirchnerismo de Soria se produjo después de asumir su banca de diputado. Sin otra experiencia legislativa nacional, después de asumir en diciembre de 2019 comenzó a tejer buenas relaciones con el presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo más duro, a partir de su rol en la Comisión de Justicia, en la de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y de Juicio Político. En un año, se convirtió en una de las espadas K contra el Poder Judicial, no sólo con cuestionamientos políticos, sino con denuncias por la actuación de los magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta marzo del año pasado no se le había detectado esa vocación por lo judicial.

Con la confirmación de la nueva conducción del Ministerio de Justicia se termina una larga novela que empezó a principios de mes con una ola de rumores impulsados desde el seno del Instituto Patria, ante la negativa de Losardo de avanzar con una embestida contra los jueces y fiscales que llevan adelante las causas que pesan sobre las figuras más prominentes del kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza.

En medio de esos rumores, el Presidente dio una entrevista el lunes de la semana pasada que confirmó la renuncia, pero sin decir quién sería su reemplazante. “Marcela (Losardo) me había planteado desde antes su idea de dejar el Ministerio. Ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, sostuvo Fernández entrevistado en C5N y abrió un escenario de incertidumbre sobre uno de lugares en la administración más sensibles en términos de equilibrio político interno de la coalición del Frente de Todos.

Losardo dejó su cargo tras resistir la fuerte embestida de sectores del kirchnerismo que impulsan una reforma más agresiva del Poder Judicial. Tanto como Juan Martín Mena, su segundo, como con una serie de funcionarios de terceras línea del Ministerio, la amiga personal, colaboradora leal y socia en el estudio jurídico de Alberto Fernández no tuvo una relación fácil.

Marcela Losardo irá como embajadora ante la Unesco

La decisión de mantener puentes de diálogo con las instancias institucionales de la Justicia le trajo más de un dolor de cabeza a Losardo, que a hasta sus últimos días al frente de la cartera judicial trató de no dinamitar.

La ex ministra, de todos modos, también sufrió un desgaste de las propias entrañas del oficialismo. En su discurso ante la Asamblea Legislativa el primero de marzo, Alberto Fernández mostró el giro en su aproximación ante la Justicia cuando anunció la intención de crear un nuevo tribunal que limite el poder de la Corte Suprema. Además, al hacerlo, expresó una frase que no pasó inadvertida para los funcionarios judiciales: “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”.

Al otro día, los embates contra ese poder del Estado se acrecentaron cuando Oscar Parrilli, el senador que actúa también de vocero calificado del pensamiento de Cristina Kirchner, anunció que iba a activar desde el Congreso una comisión bicameral con facultades para investigar e interrogar jueces.

Avalado por los dichos del jefe de Estado, Parrilli explicó: “El Presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”.

Luego de esos dichos, Losardo salió a poner un límite a esa idea. Aclaró que en la Constitución no estaba incluida la facultad de juzgar magistrados y dejó en suspenso cualquier avance por fuera del esquema institucional vigente que pudiera ser interpretado como un atropello al Poder Judicial.

Esas últimas definiciones y el debido silencio que mantuvo ante los fallos adversos que tuvieron ex funcionarios K y la propia Cristina Kirchner, sellaron la suerte y la dejaron sin el oxígeno político necesario para continuar con su gestión. “Está agobiada”, dijo Alberto Fernández al confirmar su salida por TV, aunque evitó decir quién la agobió.

Fuente: Infobae.com