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Mientras la Argentina atraviesa la pandemia con escasas vacunas, temiendo la llegada de una segunda ola de contagios y con el Gobierno evaluando medidas restrictivas, el Sindicato de Sanidad refuerza sus exigencias salariales con medidas de fuerza para esta semana y la amenaza de más paros la semana que viene.

La cabeza del conflicto gremial es Héctor Daer, líder de Sanidad, secretario general de la CGT y uno de los sindicatos de mejor relación con Alberto Fernández. Sin embargo, las protestas que tendrán lugar este jueves y viernes le abre al Gobierno un nuevo frente mientras se padece la lenta campaña de vacunación y se teme una nueva ola de COVID-19. Entonces, ¿es un reclamo al Poder Ejecutivo o contra las empresas? El propio Daer se encargó de aclarar que “los salarios los discutimos con los empresarios”, pero deslizó que “hay responsabilidades de financiamiento por la regulación de aranceles por el PAMI, IOMA, las obras sociales provinciales, que decantan en la prestación y eso tiene que ver con el financiamiento del sector y los salarios de los trabajadores”.

“Qué paradoja, a la medicina prepaga que atiende a 3 millones de personas no le autorizan los aumentos, ahora las clínicas que trabajan con las prepagas no actualizan los aranceles que cobran porque las prepagas no dan aumento y esto qué genera: subsidios por parte del Estado. Hasta en este caso el Estado termina subsidiando al sector que puede pagar un sistema prepago”, cuestionó el sindicalista.

En diálogo con Romina Manguel -por A24-, justificó la medida de fuerza de los próximos días haciendo hincapié en que el conflicto comenzó en julio del año pasado: “La discusión ocurrió en pleno pico de la pandemia pero no tuvimos la posibilidad de cerrar un acuerdo, fuimos con una suma fija que arrancó en 4 mil pesos y terminó en diciembre en 7 mil que se incorporaron al básico; permanentemente conversamos este tema con todos los que tienen responsabilidad en el sistema de salud y llegamos hasta este punto sin encontrar respuesta”.

En ese sentido puntualizó que lo que está en discusión “corresponde a diciembre de 2020″ y advirtió que dentro de tres meses “tenemos la paritaria de este año”. “Tenemos que discutir de fondo que haya voluntad de los empresarios y financiadores de corregir este gran desfasaje que tienen en sus ingresos los trabajadores y las trabajadoras”, declaró.

“Acá los que van a trabajar lo hacen por un salario, no son ni monjas, ni monjes, ni boy scouts, son compañeras y compañeros profesionales, con mucha carga de estudio y laboral, con un estrés terrible, y no saben si se van o no a contagiar”, continuó.

En este marco, este 25 y 26 de marzo el Sindicado de Sanidad llevará adelante las medidas de fuerza que comenzarán este jueves con asambleas en los lugares de trabajo, seguirán el día viernes con tres horas de paro por turno, y “si eso no alcanza como acción gremial para encontrar una negociación de buena fe”, Daer amenazó con que habrá un plenario delegados el sábado y “el martes seguramente seguiremos con una medida de fuerza de 24 horas”. El referente de la central obrera aclaró que habrá servicio de guardias, se garantizará la atención a personas en estado crítico, y que “el paro no afecta la campaña de vacunación”. “Pero estaremos demostrando la situación salarial que es intolerable en estos momentos”, advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, Daer dijo que “sería injusto” porque es un tema que viene de larga data y que “los funcionarios lo vienen sabiendo”. “Yo discuto con los empresarios que tienen que salir a buscar los recursos. No hicimos este paro en agosto del año pasado porque sabíamos de las dificultades, pero hasta cuándo vamos a esperar”, protestó.

“Estamos hablando de gente que se levanta a las 4 de la mañana, viaja en un colectivo repleto y le ponen el pecho sabiendo que la pandemia sigue. Siguen yendo a laburar, esto hay que valorar, con los aplausos nos llenan de orgullo pero hay que respetar la calidad de vida de la gente. Con las gracias no hacemos nada”, concluyó su defensa al personal de sanidad.

Fuente: Infobae.com

El expresidente Mauricio Macri apuntó este martes 23 de marzo contra el Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que «este va a ser el último gobierno populista en Argentina, porque va a fracasar».

Entrevistado por Luis Majul en LN+, sobre su responsabilidad con respecto a la vuelta de Cristina Kirchner al poder, manifestó: «Me cuestiono mucho qué pude haber hecho para evitar volver atrás que era obvio que iba a traer destrucción y más pobreza. Pido disculpas todos los días, no me hace sentir menos. Di todo lo que pude».

«No puse el eje en hablar de la herencia recibida, fue un error», recordó y agregó: «Solo el Congo estuvo más tiempo en recesión que nosotros en los últimos años«.

«Hay un segundo tiempo. Aunque parezca dolorosa esta vuelta atrás. Quizás sea para que quede en evidencia el fracaso del populismo y este sea el último gobierno populista. Este va a ser el último gobierno populista en Argentina, va a fracasar», afirmó.

Sobre el sindicalismo y su crítica a Hugo Moyano en el libro, comentó: «Tuvimos éxito al principio e íbamos a un camino donde el sistema mafioso no iba más. En un momento dado todas esas mafias pudieron más que nosotros. Tuvimos debilidad absoluta desde el primer día».

«No están arreglando lo que no pudimos arreglar. Están destruyendo todo lo que hicimos, las cosas que hicimos bien. Nosotros multiplicamos por 5 la velocidad de internet y ahora casi no hay conectividad», agregó.

Fuente: Perfil.com

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que “estamos en situación de alerta desde hace semanas, no solo por los números de Argentina, sino también por la situación global” y admitió que se estudian restricciones por franjas horarias y diferir la segunda dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas antes de la llegada de las bajas temperaturas.

“Hay varias jurisdicciones que registraron aumento de contagios comparativo con las últimas semanas, el día de ayer hay que evaluarlo en el contexto, un solo día no es tendencia, hoy es feriado, hay que hacer el promedio semanal, pero las regiones más pobladas han tenido más casos de coronavirus”, reconoció la funcionaria en declaraciones a radio La Red.

Sobre la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis de vacunas, Vizzotti afirmó: “Es algo que venimos analizando desde un principio. El Reino Unido lo hizo, Canadá también y tuvieron buenos resultados respecto a la mortalidad”.

Ayer, la funcionaria reconoció que “el objetivo es vacunar a 5 millones de personas en los próximos 30 o 45 días”.

La ministra aseguró que «las vacunas seguirán llegando»

En tal sentido, la funcionaria aclaró: “Se van a dar dos dosis pero se va a diferir la segunda (dosis) para vacunar a más personas. Esto disminuirá los casos fatales. Mañana se definirá junto al resto de las provincias y a Nación”, adelantó. Así, remarcó que se está fortaleciendo la campaña de vacunación en las 24 jurisdicciones y redoblando las acciones para retrasar lo más posible el avance del virus.

Respecto a la posibilidad de más restricciones, la ministra descartó llegar a una situación similar a las del año pasado con una cuarentena estricta: “Si hay aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo más temprano posible en la unidad geográfica mínima y reducir la circulación de personas en franjas horarios; no apuntamos a un confinamiento”, enfatizó.

Vizzotti recalcó que la mayoría de la población se sigue cuidando, “pero se deben fortalecer los cuidados, mantener la distancia de dos metros, usar barbijo, reforzar el lavado de manos y en los lugares donde se pueda, mantener reuniones al aire libre o sí o sí en ambientes ventilados”.

Una mujer es vacunada con una dosis de la Sputnik-V, en Avellaneda (foto de archivo)

“Creemos que la mayoría de la población está muy atenta a la evolución epidemiológica y a las recomendaciones, estamos muy en contacto con las jurisdicciones para implementar las ideas de la forma más homogéneamente posible en un país federal y con situaciones epidemiológicas distintas”, insistió.

Al ser consultada sobre las restricciones para extranjeros y para aquellos que quieran salir del país, la ministra fue clara: “La ideas es desalentar el turismo externo y alentar el interno”.

Al respecto, Vizzoti señaló que “a la fecha no tenemos circulación predominante en ninguna de las variantes nuevas”. Pero de todas maneras, pidió no salir del país: “No es una buena idea el turismo a países donde circulan las nuevas cepas”.

Para aquellos ciudadanos que llegan desde el exterior, explicó que “en principio la recomendación es la cuarentena en su domicilio” y que “en este momento no se está pensando en el aislamiento en hoteles”.

Fuente: Infobae.com

La justicia en lo Contencioso administrativo puso un freno hoy a la aplicación al impuesto a la riqueza. Fue en el caso puntual de un empresario del sector infomático y, de momento, por el plazo de tres meses, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La decisión fue de la jueza Cecilia Madariaga de Negre quien hizo lugar a la medida cautelar presentada en el caso, con lo que impide el cobro del impuesto por parte de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata del primer fallo en el tema, que generó polémica desde su anuncio.

El denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” fue impulsado por el oficialismo para que aquellas personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos paguen el impuesto producto de la crisis económica que generó la pandemia de covid-19.

Desde que se conoció el proyecto del impuesto impulsado por el oficialismo, en la justicia se preveía la judicialización del tema, que eventualmente podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tanto que la resolución conocida hoy tiene una vigencia de tres meses con una caución de 100 mil pesos a cargo del empresario hasta que se resuelva la cuestión de fondo reclamda en el amparo.

La resolución

En su resolución, Madariaga de Negre, resolvió hacer lugar a la medida solicitada por el demandante y por consecuecia disponer que la AFIP se abstenga de aplicar disposiciones vinculadas a la Ley, y “por ende de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial tendiente a exigirlo, determinarlo de oficio e intimarlo de pago; como así también abstenerse de trabar por sí, o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo”.

La medida cautelar fue presentada a comienzo de mes por  el ejecutivo de la firma Globant, Alejandro Scannapieco. En ese planteo se sostuvo que la aplicación del impuesto, denominada “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y su normativa reglamentaria, afectaba el derecho a la propiedad, considerado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

En la presentación se agregó que “la afectación de dicho derecho se traduce en forma sustancial en que la norma referida aplicada a su persona, le origina una manifiesta absorción de características inéditas y sin precedentes de su renta y patrimonio”. Por lo que pidió que hubiera un pronunciamiento que ordene la inaplicabilidad de Ley 27.605, tal el número que lleva la iniciativa.

Agregando que, de lo contrario, “importaría una lesión de imposible reparación ulterior – aun cuando de su texto surja su aplicación “por única vez”- dado que el pago del Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, es un verdadero “impuesto” -amén del subterfugio legislativo utilizado por los legisladores al denominarlo de esa manera con fines claramente elusivos de su real naturaleza, según manifiesta-, deviniendo en su caso concreto, palmariamente confiscatorio”.

A lo que también el demandante argumentó que “el aporte afecta su capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya con el Impuesto sobre los Bienes Personales y que de manera tangencial también se afecta el derecho de propiedad”. A lo que se agregó que “el aporte es en realidad un impuesto, que fue creado por ley; se exige sin contraprestación; en forma coercitiva, no es voluntario u optativo; está destinado a contribuir a financiar el gasto público y su hecho imponible no hace más que poner de manifiesto la capacidad contributiva de su patrimonio”.

La presentación

En la presentación del ejecutivo también se detalló que “el hecho imponible del aporte extraordinario resulta análogo e incluso idéntico y aún más gravoso que el del Impuesto sobre los Bienes Personales produciendo una ilegítima duplicidad tributaria sobre una misma capacidad contributiva, que incluso desconoce exenciones que éste sí prevé para su cálculo; vulnerándose el principio de razonabilidad”. A lo que completó que, “tan es así, que actúa como una suerte de sobre tasa del tributo mencionado del período fiscal 2019, o bien una sobre tasa en forma de anticipo del mismo impuesto del período fiscal 2020, según expresa”. A la vez que se refirió a “la presión tributaria global que sufre su patrimonio producto de una gravosa superposición de tributos le irroga un claro, palmario e injusto perjuicio patrimonial”.

Fuente: Perfil.com

Héctor Daer, el sindicalista de mejor relación con Alberto Fernández, decidió un plan de lucha ante el fracaso de las paritarias que afectará al sector de la salud justo en medio de la pandemia. ¿Seguirá teniendo esa misma relación después de esa medida de fuerza? ¿Es una protesta contra los empresarios o contra un gobierno que desde hace meses conoce las urgencias de la actividad y aún no hizo nada?

Las protestas del Sindicato de Sanidad, que tendrán lugar este jueves y viernes, no tienen como destinatario al Presidente, pero también lo perjudican porque le abrirán un inesperado frente en el sistema sanitario cuando hace agua el plan de vacunación y se perfila la segunda ola tan temida.

En realidad, lo tienen como destinatario de manera indirecta: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien tuvo que intervenir personalmente este lunes para intentar destrabar la paritaria de Sanidad, se comprometió a trasladarle a Alberto Fernández la postura de las prestadoras de salud, que en la reunión que se hizo en la cartera laboral ratificaron lo que vienen advirtiendo desde el año pasado: el retraso en los valores de las prestaciones y los aumentos de costos que sufrió el sector durante 2020, que provoca un desfase que cercano al 50%, dejó a muchas empresas “al límite de la subsistencia”.

Esa problema fue el eje de las reuniones que la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) mantuvo en enero pasado con el primer mandatario y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Gracias a todo el trabajo que venimos haciendo juntos logramos que nos recibiera el presidente de la Nación, algo inédito para nuestro sector. En esa oportunidad, pudimos explicarle en una charla muy clara las particularidades de nuestro sistema y los serios inconvenientes que hemos sufrido en los últimos años, agravados por las consecuencias de la pandemia. El Presidente y el jefe de Gabinete nos escucharon y se comprometieron a ayudarnos”, dijo el titular de la FAPS, José Sánchez, en un Zoom del 15 de enero a unos 1000 representantes de los prestadores de salud de todo el país.

Nada concreto en materia de soluciones sucedió desde entonces, pese a que los prestadores de salud alertaron que iban a tener dificultades para pagar los sueldos de febrero y que se aproximaba la revisión salarial de marzo mientras había empresas que no habían podido pagar el aguinaldo.

La falta de actualización de las prestaciones ya ocasionó el cierre de varios centros de salud en el conurbano bonaerense que están orientados a la atención de adultos mayores: se estima que el 10% de las clínicas está por cerrar o en proceso de concurso. Dos de ellas que cerraron, la Clínica San Andrés, en Caseros, y la Sagrado Corazón, en Hurlingham, atendían a 40.000 afiliados al PAMI.

Tampoco le fue mucho mejor a Daer. Más allá del trato privilegiado que recibió por parte de Alberto Fernández por su condición de cotitular de la CGT, el líder de Sanidad soportó curiosas muestras de destrato hacia su actividad en medio de la pandemia, como la que se registró a fines de marzo de 2020, cuando el sindicato anunció con bombos y platillos que había logrado la eximición del pago del transporte para los trabajadores del sector, pero la medida, en realidad, nunca se instrumentó.

Ante el desplante del propio Gobierno hacia el sindicalista favorito del Presidente, el Sindicato de Sanidad presentó un amparo para lograr que se aplicara el boleto gratuito. Ni siquiera así lo logró.

A mediados de octubre pasado, el malestar del jefe de Sanidad terminó explicitado en un tuit de su cuenta personal: “El ministro Mario Meoni vive en otro país. Habilitó los viajes en avión para trabajadorxs esenciales cuando ni siquiera está garantizado el transporte público para que puedan ir a trabajar y volver a sus hogares tranquilos y seguros”. La publicación duró apenas unas horas porque desde las máximas alturas del poder le exigieron a Daer que borrara ese mensaje.

El personal de salud tampoco fue vacunado al ritmo que se esperaba: aunque debía recibir las dosis de manera prioritaria, se calcula que sólo el 50% de los empleados de la actividad fue inoculado, aunque están en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 y, por ende, expuestos a los mayores riesgos. Según las cifras del Monitor Público de Vacunación, de las 3.212.598 aplicaciones registradas en todo el país, las que fueron para los trabajadores del sistema sanitario llegaron a 1.364.154.

Por eso los salarios bajos del sector son otro dato de la situación crítica del sistema de salud y lo admiten hasta las propias empresas: en abril, una enfermera va a ganar un sueldo de 51.000 pesos. En el sindicato también reconocen que no habrá salida si no se alivia la asfixia financiera de la actividad.

Moroni y Cafiero se comprometieron en las últimas horas a intentar una solución a un conflicto anunciado desde hace casi tres meses. Y hasta ahora Daer no pudo sensibilizar a su amigo Presidente acerca de la necesidad de buscar alternativas en forma urgente que eviten un colapso sanitario.

No es precisamente una buena noticia que se acerque la segunda ola de COVID-19 con empresas de la salud en estado desesperante, trabajadores de sanidad con riesgos altos y salarios por el piso, cierre de clínicas (y, por ende, menos camas para internación), un sistema de obras sociales sindicales que siguen sufriendo una creciente desfinanciación y poca cantidad de vacunas. Un cóctel explosivo que, pese al optimista discurso oficial, se sigue sin atender cuando todos sabemos cómo va a terminar.

Fuente: Infobae.com

La tregua será efímera: luego del debate de la reforma del impuesto a las ganancias –que se aprobará esta semana con amplio consenso–, el oficialismo enfrentará un escenario difícil en la Cámara de Diputados, con una agenda de temas conflictivos que amenazan con paralizar la actividad.

El primer gran desafío para el bloque que preside Máximo Kirchner es la ley de biocombustibles. Esta vez la presión no viene solo de la oposición: desde las propias filas del oficialismo –gobernadores y legisladores del Norte y de la pampa húmeda– se escuchan los reclamos, cada vez más estentóreos, para que el Gobierno prorrogue esta norma, clave para la supervivencia económica de sus provincias. La “rebeldía” de un sector del peronismo encendió una luz de alerta en el bloque del Frente de Todos pues, de no haber reacción, el Gobierno podría enfrentar su primer traspié legislativo.

La ley en cuestión, cuya vigencia vence el 12 de mayo próximo, es la que establece un régimen de promoción a la producción de biocombustibles (bioetanol y biodiesel). Una decena de provincias, entre las que figuran Tucumán y Jujuy –productoras de caña de azúcar– y Santa Fe y Córdoba –productoras de maíz y soja– vienen reclamando que se prorrogue la ley por cuatro años, tal como ya aprobó el Senado. Alegan que esta actividad involucra a más de cincuenta plantas productoras de biocombustible y decenas de miles de puestos de trabajo que podrían perderse si el Gobierno, por acceder al lobby de las provincias petroleras, deja caer la ley.

Los dos principales bloques de la oposición de la Cámara baja, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, convocaron a una sesión especial para este jueves. El gobierno de Córdoba, comandado por Juan Schiaretti, envió cartas a los legisladores de las restantes bancadas opositoras para que den quorum en la sesión, en abierto desafío al gobierno nacional. Los misioneros del Frente para la Concordia ya anticiparon que darían su apoyo.

En tanto, el gobernador santafecino Omar Perotti, un aliado de Fernández, publicó una solicitada en los principales medios santafecinos en reclamo por la prórroga de la ley. Desde las provincias del Norte la presión es incesante. La oposición se frota las manos: si bien no será una tarea fácil conseguir el quorum en la sesión especial, están convencidos que le darán un susto al oficialismo.

Para evitar el traspié, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, inició conversaciones para evitar que se concrete la sesión especial y, a cambio, ofreció que la norma se debata en el recinto el 12 de abril. Pero las gestiones no habrían dado fruto: durante todo el fin de semana los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez (que responde a Schiaretti) y Mario Negri (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) avanzaron en contactos para sumar voluntades y alcanzar el quorum este jueves.

“Nosotros no vamos a bajar este jueves una sesión especial opositora. No vamos a quebrar el bloque –adelantó un diputado oficialista oriundo de una de las provincias productoras de biodiesel–. Pero si llegamos a mayo y no hay respuesta del Gobierno, vamos a empujar nosotros la prórroga de la ley. Para nosotros esta norma es de vida o muerte para la provincia”.

La jujeña Carolina Moisés, también del Frente de Todos, fue más allá y presentó un proyecto de ley para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con un régimen de preferencia para el bioetanol de caña. “Es necesario dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”, fundamentó la legisladora. “Esta industria es estratégica para nuestra región por la cantidad de mano de obra que emplea”, agregó Moisés, en diálogo con LA NACION.

Ante la presión ejercida en sus propias filas, y con el propósito de desactivar la amenaza opositora, Máximo Kirchner decidió convocar, este lunes, a la Comisión de Energía de la Cámara baja, a la cual fue citado el secretario del área, Darío Martínez.

La intención del Gobierno es impulsar una nueva ley de biocombustibles; así lo anticipó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. No es una tarea sencilla, pues esa norma deberá conciliar fuertes intereses cruzados, principalmente entre las provincias productoras de biocombustibles y las provincias petroleras, que ejercen un fuerte lobby contrario a la media sanción del Senado.

Todavía no se conoce el detalle del nuevo régimen de biocombustibles que presentará el Gobierno, pero trascendió que la intención será priorizar a las pymes del sector e inversiones nacionales por sobre las grandes aceiteras que están en el negocio. Córdoba –una provincia antikirchnerista– y Santa Fe serían las perjudicadas.

“El régimen actual vence en 50 días. Difícilmente en ese lapso logremos aprobar, en las dos cámaras un nuevo régimen de biocombustibles. Por eso lo óptimo sería avanzar en la prórroga de la ley actual y, en el ínterin, discutir una nueva norma”, sostienen los legisladores de las provincias involucradas.

Las tensiones están expuestas. Más allá de lo que suceda en la sesión del jueves próximo, el oficialismo es consciente de que el plazo para resolver el problema se le acorta y que la rebeldía interna podría agravarse.

Ganancias y Ministerio Público

La agenda conflictiva no se agota en los biocombustibles. El oficialismo también pretende avanzar en el proyecto de ley que prevé una suba del impuesto a las ganancias para las empresas, en donde establece una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada. Los opositores al proyecto anticiparon que esta iniciativa desalentará las inversiones y provocará un aumento de la actividad informal.

Según la iniciativa, para las empresas con ganancias mayores hay un esquema de alícuotas crecientes, de 30% sobre el excedente de $1,3 millones para todas las que registren ganancias de entre esa cifra y los $2,6 millones, más un pago fijo de $325.000.

Para las sociedades que ganen más de $2,6 millones, la alícuota pasa a ser del 35% sobre el excedente de ese monto más un cargo fijo de $715.000. Además, se fija una alícuota del 7% sobre la distribución de utilidades, que lleva a la alícuota marginal más alta al 39,55%.

La oposición de Juntos por el Cambio y el lavagnismo ya anticiparon su rechazo al proyecto del Gobierno, concebido para solventar el costo fiscal que implicará la suba del piso del impuesto a las ganancias para eximir del pago a todos aquellos asalariados con sueldos brutos hasta $150.000.

Asimismo, buena parte del arco opositor ratificó que no acompañará la reforma judicial ni la modificación de la ley de Ministerio Público, dos iniciativas con media sanción del Senado. La designación del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, un dirigente confrontativo y cercano al kirchnerismo, lejos de allanar la búsqueda de consensos en la Cámara de Diputados, dificultó la tarea.

El presidente Alberto Fernández dialogará este miércoles 24 de marzo con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en el marco de la la gira de Martín Guzmán en Estados Unidos por la renegociación de la deuda externa que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo del encuentro es lograr el respaldo de ese organismo en el planteo argentino ante el fondo, además de ratificar fondos para obras de infraestructura, como motor de la recuperación económica pospandemia.

La videoconferencia de Alberto Fernández y David Malpass fue confirmada luego de la reunión del pasado lunes entre Guzmán y el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, en la que el organismo ratificó la concesión de préstamos a la Argentina por 2.000 millones de dólares este año. Del encuentro virtual articiparán el propio Guzmán y el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, Gustavo Beliz.

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La intención del Gobierno es postergar el acuerdo con el FMI para después de las elecciones, a fin de evitar el impacto del ajuste. Sin embargo, desde el organismo multilateral de crédito confiaban en cerrarlo para mayo, fecha que también manejaba Guzmán a principio de año, antes del cambio de planes.

La agenda de Martín Guzmán en Estados Unidos

El ministro de Economía Martín Guzmán mantuvo este lunes un encuentro con director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, en la sede del organismo en Washington y en medio de la gira del economista por los Estados Unidos. En esa reunión Van Trotsenburg ratificó el otorgamiento de créditos a Argentina por unos 2.000 millones de dólares durante 2021, de los cuales ya se aprobaron desembolsos por unos 420 millones de dólares en febrero pasado. 

Los préstamos del BM a aprobar entre febrero y junio de este año serán por unos 1.200 millones de dólares, mientras que el monto a aprobar entre julio y diciembre asciende a aproximadamente 800 millones de dólares. 

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Según un comunicado del ministerio de Economía, esos créditos proveerán financiación de largo plazo, a tasas de interés bajas, y están destinados a áreas de infraestructura, protección social, salud y empleo y a lidiar con los efectos del cambio climático.

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En ese marco, van Trotsenburg aseguró solidaridad y apoyo para la Argentina y que este acompañamiento será “con hechos no solo con palabras”. Por su parte, el palacio de Hacienda agregó que Guzmán destacó “el compromiso y capacidad operativa en este contexto difícil a la hora de la aprobación de los créditos y los desembolsos”.

El pasado 25 de febrero el directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$300 millones para ampliar y mejorar los servicios de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en particular en las áreas más vulnerables. Además, otros US$120 millones estarán disponibles para la construcción de viviendas sociales para casi 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Guzmán se reunirá este martes con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Agenda de Alberto Fernández

Antes de ese encuentro, este martes 23 de marzo, el presidente argentino encabezará dos actos, de los cuales uno estará enfocado en el Día de la memoria por la verdad y la justicia que se conmemora este miércoles 24 de marzo, aniversario del último golpe militar.

A partir de las 11.30, Alberto Fernández participará en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada del acto de reconocimiento y homenaje a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos, en el que se entregarán por única vez los premios Juana Azurduy.

Más tarde, alrededor de las 20, el jefe de Estado tiene previsto liderar el acto en el que se celebra el Día Mundial del Agua y se conmemoran los 15 años desde la reestatización de la empresa Aysa, en la planta potabilizadora General San Martín.

Fuente: Perfil.com

La instrucción presidencial fue simple y contundente: los ministros de Salud, Seguridad, Interior y Transporte debían diseñar un rápido y preciso plan de acción contra la segunda ola del COVID-19, que se apalanca en las cepas Manaos y Sudafricana y tiene suficiente capacidad destructiva para colapsar a todo el sistema sanitario del país en escasas semanas.

El plan todavía no existe, y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero usará la jornada de hoy para ordenar una decena de ideas que propusieron los ministras Carla Vizzotti (Salud) y Sabina Frederic (Seguridad), y los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Transporte (Mario Meoni).

Las diferencias entre los ministros pusieron en jaque todas las consideraciones previas del jefe de Estado respecto a cómo debería aplacarse la segunda ola del COVID-19 con sus cepas Manaos y Sudafricana. “Desalentar el turismo exterior y reducir los vuelos al mínimo indispensable”, ordenó Alberto Fernández.

Una instrucción lineal que el debate interministerial transformó en un laberinto de espejos.

Vizzotti y De Pedro, por su peso político y su responsabilidad institucional, lideran las opiniones y los juicios de valor, mientras que Frederic y Meoni aportan su mirada sobre un asunto clave que no tiene antecedentes en la Argentina. Hace 72 horas que se dedican a resolver la orden del jefe de Estado, y la solución aún está en ciernes.

Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Carla Vizzotti y el comando nacional de vacunación en la Casa Rosada

La ministra de Salud pretende cerrar las fronteras con Brasil, y por excepción mantener el transporte internacional. No habría vuelos, ni cruce a pie o en auto en los pasos fronterizos. Vizzotti aguarda que Cafiero y Alberto Fernández avalen su decisión política, frente al resto de los ministros que mantienen sus dudas respecto al tiempo de clausura y su alcance específico en una zona caracterizada por el contrabando y los cruces ilegales.

La ministra de Seguridad asume que no puede controlar todas las fronteras con la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. En su ministerio se sugirió pedir apoyo a la cartera de Defensa y las Fuerzas Armadas. Si no hay control fronterizo, el flujo de contrabandistas hormiga o de familiares y amigos que cruzan de un país a otro (Brasil, Paraguay y Bolivia) pueden poner a las cepas Manaos y Sudafricana en terreno nacional.

Este asunto de máxima importancia, que Frederic y su staff plantearon en diferentes reuniones, tampoco fue resuelto por el equipo de ministros que deben convertir en un programa eficaz las instrucciones políticas y sanitarias que dio Alberto Fernández la semana pasada.

El Presidente además quiere que los turistas paguen su propio PCR y la cuarentena obligatoria en hoteles de la Capital Federal. Esa pretensión de Alberto Fernández mutó en una larga discusión respecto a su implementación. Vizzotti debe explicitar si la cuarentena deberá durar una semana o 10 días y que sucede si el PCR tiene resultado negativo.

Es decir: el turista argentino confinado puede salir del hotel y volver a casa si no está contagiado, o tiene que quedarse a cumplir la formalidad del tiempo establecido.

Tampoco los ministros del Interior, Salud, Transporte y Seguridad unificaron posiciones respecto a los pasajeros argentinos que se subieron a un avión y viajaron al exterior por asuntos laborales. Las propuestas oscilan entre considerarlo como un simple turista -el COVID-19 no hace distinciones- o permitirle que pruebe su condición laboral para obviar el pago de la cuarentena obligatoria en un hotel porteño.

La celeridad exigida por el Presidente para encontrar un programa sanitario contra las nuevas variables del COVID-19, se evaporó por las eternas discusiones que ciertos ministros de peso iniciaron el sábado vía chat y que continuaron ayer sin resultados concretos.

Santiago Cafiero tiene la compleja tarea de alinear las distintas opiniones parar presentar un programa consolidado al Presidente. El jefe de Gabinete trabajará hoy en su despacho y luego se reunirá con Alberto Fernández para ajustar los detalles de un plan sanitario que debería -al menos- contener el avance mortal del COVID-19 en sus variantes Manaos y Sudafricana.

Alberto Fernández pretendía anunciar hoy su nueva estrategia contra la pandemia. Pero ese plazo será de cumplimiento casi imposible por las diferencias internas en el Gabinete Nacional. Si hay milagro político, el nuevo plan contra el COVID-19 se conocerá hacia fin de semana.

Fuente: Infobae.com

Máximo Kirchner piensa y habla tanto de política como de economía y, en los últimos días, ambas se acoplan en una de las ideas que comenzaron a trazar alrededor de lo que debe ser la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos cree que el acuerdo debe extender los plazos de pagos de la deuda hasta 20 años y, en este sentido, proyecta una expresión conjunta de los dirigentes que pueden llegar a gobernar la Argentina en los próximos años.

Axel Kicillof, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Estos son los nombres que menciona Máximo Kirchner cuando ensaya esta propuesta. ¿Puede sumarse alguno más? En la lista de lo que imagina como un acuerdo multipartidario por ahora solo figuran estos dirigentes, a los que ve como la próxima generación de los que pueden ejercer el poder.

“Ningún político que se sienta con posibilidades de gobernar el país sabe que puede sobrellevar los vencimientos de deuda actuales, ni siquiera si las negociaciones estiran los plazos a diez años. El acuerdo con el FMI es algo que les interesa verdaderamente a todos los futuros presidentes”, dicen en el entorno más íntimo del diputado. “Si querés ser presidente, no te vas a querer atragantar con la curva de pagos”, resumen.

Martín Guzmán: «Hace falta un acuerdo con el FMI porque no tenemos los dólares para pagarle»

Para el hijo de la vicepresidenta, el nuevo programa para refinanciar la deuda con el organismo por US$ 45 mil millones debe ser a 20 años. Asegura, además, que no hay apuro en cerrarlo: “Nadie nos corre, esto va a durar meses”, dice. De esto habla con Martín Guzmán, al igual que lo hace Cristina Kirchner. La próxima semana, el ministro de Economía se verá en Washington con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
¿Cómo lograr una negociación a veinte años? Guzmán verá en los próximos días hasta dónde está dispuesto el organismo internacional a admitir que el préstamo se aprobó sabiendo que se firmaba algo que la Argentina no podía cumplir. Los acuerdos a los que debe llegar Argentina del tipo “facilidades extendidas” solo pueden autorizar planes de pago de entre siete y diez años. Esto implicaría entre US$ 8 mil y US$ 10 mil millones anuales de pagos obligatorios. “Ningún gobierno lo sostendría”, repiten en el oficialismo. Para extender las fechas, se deberá lograr un contrato que hoy no está permitido.

Mientras estas conversaciones con el organismo están abiertas, el legislador planea avanzar en el acuerdo multipartidario. Máximo Kirchner habla de un compromiso público. “No somos ingenuos y no esperamos tampoco una foto de todos en El Rosedal de Palermo”, reconocen en el tercer piso del Congreso, donde funciona el bloque del FdT.

La manera de llegar a este acuerdo la debatirá en conjunto si es que encuentra recepción. “Más allá de que hoy sea Martín Guzman el que está ejerciendo el rol de negociador, el acuerdo que se haga afecta la gobernabilidad o capacidad de gobierno de las próximas gestiones, acá no se trata de un problema del peronismo”, insiste un hombre de plena confianza del diputado.

En los próximos días, Máximo dejará trascender la idea a los oficialistas que imagina dentro de este acuerdo mientras que en las semanas siguientes buscará tender puentes con los opositores. Incluso con Larreta, con quien el kirchnerismo mantiene fuertes diferencias.

“Si querés ser presidente, no te vas a querer atragantar con la curva de pagos”, resumen cerca de Máximo Kirchner.

Este acuerdo no será sencillo. ¿Cómo hacen Larreta y Vidal para mostrar coincidencias en un acuerdo por la deuda por el que Mauricio Macri fue denunciado? Máximo Kirchner deberá mostrar su postura dialoguista y contener las críticas a una deuda que asegura que fue adquirida para lograr la reelección del ex presidente.

PJ y Congreso. Quienes lo ven a diario aseguran que el diputado está más activo de lo habitual. Mientras le da forma al “plan FMI”, Máximo se prepara para conducir el Partido Justicialista bonaerense. Quiere que deje de ser solo un sello y convertirlo en un partido que “sume gente y responda al ciudadano”.

“Los dirigentes ya están dentro del partido, ahora el desafío es darles participación a otros sectores y al interior, incluso a instituciones como el campo. El partido es un sello si uno quiere que sea un sello pero si uno quiere que sea un lugar de construcción política, lo es”, dicen cerca del diputado.

El diálogo con el campo

¿Puede Máximo abrir el diálogo con el campo? No con todos sus actores. El diputado recuerda un discurso que dio a principios de 2019: “Nunca más tenemos que confundir al pequeño y mediano productor de la Argentina con los grandes terratenientes de las cerealeras”, había dicho. Esta semana avanzará con la ley de biocombustibles y para ello los últimos días se reunió con empresarios de pequeñas y medianas productoras de biodiésel y bioetanol de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Los diferencia de las grandes aceiteras.

Con todos estos movimientos, Máximo K también avanza en su propia construcción política. Sin embargo, no se incluye dentro de los futuros presidenciables y tampoco responde sobre sus aspiraciones en el territorio bonaerense para 2023. Para eso, cree que aún hay tiempo.

Fuente: Perfil.com