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Después de la presentación virtual desde el Senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro, ahora llegará el turno de la resolución. Pasada la esperada exposición política con críticas a la justicia de la ex mandataria comenzó a correr el reloj para la definición que deben tomar los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

La decisión será a fin de mes , en el plazo de los 20 días que fija la ley pero que no siempre se cumple, y con tres posibles resoluciones, una de las cuáles dilata más los tiempos. Cualquiera sea el escenario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá la última palabra sobre si Cristina Kirchner debe ser juzgada o sobreseída sin pasar por el juicio oral.

Todas las defensas pidieron el jueves pasado su sobreseimiento en el caso. Tanto de la vicepresidente -más allá que ella no lo haya explicitado: “yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, voy a pedir que se aplique la Constitución Nacional”-, la del gobernador Axel Kicillof, la del ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y de su actual presidente, Miguel Pesce. El planteo se basa en que el peritaje de los contadores de la Corte concluyó que no hubo perjuicio para el Estado en la política de de dólar futuro de los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner, en 2015.

“Esta es una causa que se armó al calor del proceso electoral (de 2015) y hace cinco años estamos en esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su Corte, doctor Petrone, que dice que no hubo perjuicio y yo sigo sentada acá. Y el otro (por el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger) está en Columbia dando clases, y el otro (por el ex presidente Mauricio Macri) mirando partidos en Qatar… ¿Y ustedes quieren convencerme a mí de que es un poder judicial en serio?”, dijo la vicepresidenta.

Por su parte, el fiscal de Casación Raúl Pleé pidió que se rechacen los pedidos de sobreseimiento y que se avance en el juicio oral. Sostuvo que el peritaje es una de las pruebas que tiene el caso y que con las restantes se deben analizar en conjunto en un juicio, que es donde se determina si una persona es culpable o inocente.

El caso del dólar futuro fue el primero en el que Cristina Kirchner fue procesada y enviada a juicio oral. La acusación es que con esa operatoria se cometió una defraudación al Estado. Una de las defensas de la Vicepresidenta fue que parte de los beneficiados fueron funcionarios del gobierno de Macri, como el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, que había comprado dólar futuro y luego esa administración devaluó.

La audiencia se hizo por la plataforma Zoom

Desde un comienzo se planteó como una acusación débil, sin posibilidad de que sea un delito porque se trata de una decisión de política económica que no puede ser judicializada. La mirada es compartida tanto en la política como en la justicia. “A esta altura ni los funcionarios de Cambiemos deben tener ganas de ir a declarar al juicio”, comentó una fuente judicial del caso. La referencia es al diputado Mario Negri, uno de los denunciantes, a Sturzenegger y el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, quienes declararon durante la investigación del caso.

La contracara es que el caso ya está en un tribunal oral. “No hay antecedentes de expedientes que llegan a juicio y no se hacen porque la prueba se analiza antes. Para eso es el juicio”, contextualizó otra fuente de Comodoro Py.

El caso lo tiene el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que en octubre del año pasado rechazó el pedido de sobreseimiento de algunas defensas luego del peritaje, que ordenó el tribunal porque el fallecido juez Claudio Bonadio no lo había hecho durante la investigación, lo que fue criticado por las defensas. El fiscal de Diego Velasco había pedido que se rechacen porque hay más prueba para analizar que el peritaje y le pidió al tribunal que fije fecha de juicio.

Los jueces del TOF 1 José Michilini y Ricardo Basílico rechazaron los sobreseimientos. Dijeron que no lo pidieron todas las defensas (entre ellas la de CFK que lo solicitó ante Casación) y que así se las privaría del derecho de ser juzgadas. En disidencia, Adrían Grümberg sobreseyó a los acusados por inexistencia de delito en el caso en base al peritaje. Al haber dado opinión se corrió del caso y fue reemplazado por la jueza Gabriela López Iñíguez.

Ahora resolverá Casación. Al finalizar la audiencia del jueves, el juez Petrone dijo que Casación iba a dar a conocer el fallo en en plazo que fija la ley. Son 20 días hábiles después de la audiencia y vence a fin de mes. “Nos vamos a tomar esos 20 días, pueden ser unos más, pero vamos a resolver en ese término”, le dijo a Infobae una fuente judicial.

Figueroa, Petrone y Barroetaveña, los jueces que deben resolver el caso

¿Qué puede resolver Casación?

Las posibilidades son tres. Una es que los jueces entiendan que los pedidos de las defensas son “inadmisibles” y rechazarlos. Así el caso continúa y el tribunal puede avanzar con el juicio. Si eso ocurre las defensas tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema para esa decisión sea revisada e insistir con los sobreseimientos. Ahí la pregunta es si el tribunal oral debe esperar para iniciar el juicio hasta que resuelva el máximo tribunal. No hay nada en el Código Procesal que lo impida. Muchos juicios se inician con planteos sin resolver. Una ejemplo es el caso de la obra pública, en el que Cristina Kirchner está siendo juzgada desde mayo de 2019 , que el proceso se inició con planteos pendientes en la Corte.

La segunda opción es que Casación acepte los pedidos y sobresea a todos los acusados. En esa hipótesis el caso quedaría cerrado y quién apelaría a la Corte Suprema sería el fiscal Pleé. Allí solo la Corte podría revertir la situación para que haya juicio.

Por cualquier vía la Corte tendrá la palabra final para archivar el caso o habilitar la continuidad del juicio oral. Así sumará un nuevo planteo en causas que involucran a la vicepresidenta de las cuáles todavía no los resolvió y que también son la llave para cerrarlas o mantenerlas abiertas. El máximo tribunal tiene planteos por los casos de la obra pública, Los Sauces y los cuadernos de la corrupción. Todos a la espera de una resolución desde hace, en algunos casos, dos años. Se sumaría el expediente de dólar futuro.

Los jueces de la Corte Suprema (Foto: CSJN)

El contexto es de la pelea abierta que el gobierno nacional da con la Justicia por una serie de reformas e iniciativas que el presidente Alberto Fernández planteó en la apertura de sesiones del Congreso. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo y agregó que “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Una de las propuestas que el Gobierno enviará al Congreso es crear un tribunal por debajo de la Corte para que revise lo que se conoce como sentencias arbitrarias.

La tercera posibilidad de Casación es un “ni”: ni absolver, ni rechazar. El caso volvería al Tribunal Oral. Casación puede entender que el fallo del tribunal que rechazó los sobreseimientos no tiene la fundamentación suficiente y por lo tanto debe dictar uno nuevo. Eso haría que se vuelva a recorrer todo el camino que ya se hizo y dilatar los tiempos: vuelva al tribunal, este resuelve, las partes apelan a Casación que deberá volver a pronunciarse.

El último antecedente de esta Sala de Casación no es favorable a Cristina Kirchner. Por dos votos (Petrone y Barroetaveña) a uno (Figueroa), el tribunal aceptó la validez de la declaración de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Fuente: Infobae.com

Tras la violenta represión de la protesta que se generó en la ciudad de Formosa, luego que el gobierno de Gildo Insfrán dispusiera el regreso de la provincia a la fase 1 de aislamiento frente al Covid-19,  el pasado viernes 5 de marzo, 92 personas fueron detenidas y, según la Policía, 13 son menores de edad. La fuerza policial aseguró que los menores “ya fueron restituidos” a sus padres.

Ahora bien, desde el PRO manifestaron que uno de los jóvenes que integra sus filas en la provincia ya recibió la libertad. A través de Twitter explicaron que, junto a Juan Moisés Molinas, otras personas lograron salir de la detención: “Ya liberaron a Juan y a otros detenidos, pero no alcanza. Gracias a todos por bancar la defensa de los DDHH de los formoseños”, expresaron desde Jóvenes PRO durante las últimas horas del viernes. Además, desde la publicación culminaron con un hashtag utilizado por varios referentes de la oposición nacional: “La lucha por #FormosaLibreYaSigue”.

En definitiva, los detenidos estarían ahora involucrados en una causa por “Instigación a Cometer Delitos, Lesiones Graves, Daños e Inf. Art. 205 del CPA, sustanciado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de esa ciudad”. Los aprehendidos fueron alojados en la Comisaría Bernardino Rivadavia del lote cuatro, en la octava, en la tercera y en la unidad regional, según informó el diario formoseño La Mañana.

Tras la represión, el Gobierno de Gildo Insfrán insiste: «Más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie»

A su vez, en la comisaría octava, en el barrio La Nueva Formosa, se pudo ver a personas reclamando para que liberaran a sus familiares, quienes además denunciaron que los detenidos se encontraban incomunicados. Afortunadamente, la policía precisó que los menores de edad “ya fueron restituidos” a sus padres.

Los hechos ocurrieron en la provincia que comanda el gobernador Gildo Insfrán, quien había establecido que la ciudad capital volvía a fase 1 hasta el 18 de marzo tras 17 nuevos casos de Covid-19, ya que las autoridades establecieron que se trataba de un nuevo brote de contagios.

Sin embargo, la medida no cayó bien en varios sectores de la población y, luego de que los vecinos salieran a las calles, se produjeron graves enfrentamientos con la Policía, que reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos y dispuso vallados en inmediaciones de la Casa de Gobierno local. En consecuencia, varias personas resultaron fuertemente heridas, debido al accionar de los efectivos.

Formosa | Pueblos originarios denuncian maltrato por parte de la gestión de Insfrán

A partir de esto, en el cierre de una jornada de protestas y violencia, comerciantes y vecinos formoseños realizaron ayer viernes por la noche un cacerolazo en rechazo a la medida que dispuso la vuelta al ASPO. A pesar de la medida oficial dictada para frenar los contagios de coronavirus, los empresarios gastronómicos decidieron abrir sus puertas, mientras cientos de vecinos salieron a las calles a expresar su descontento y repudio a la represión policial que dejaron las protestas desatadas en la tarde.

“Decidimos abrir porque en un año abrimos solamente dos meses, con días y horarios reducidos, solo los fines de semana, hasta la una de la mañana. Por fin pudimos juntarnos varios gastronómicos y hacer lo mismo, porque la gente tiene miedo de manifestarse”, contó a La Nación Marcelo Ocampo, dueño del bar Pepe Guapo. Y agregó: “La gente salió masivamente como nunca, aplaude, toca bocina. Parece una fiesta. Es algo único lo que está pasando en Formosa”.

Fuente: Perfil.com

Durante el último año, Alberto Fernández debió dar dos peleas: contra la pandemia del coronavirus y contra la interna del Frente de Todos. Cuando Cristina Kirchner lo bendijo como candidato a presidente se interpretó como una maniobra audaz porque era la llave para lograr la unidad del peronismo y que se plasmara en las urnas algo que comenzó a plantarse en el 2015 y se terminó de cosechar con la derrota de 2017: con Cristina no alcanzaba, sin ella no se podía.

Luego de importantes desencuentros entre el jefe de Estado y su socia, que incluyeron meses sin hablar y reproches de la ex presidenta en público o a través de cartas, Alberto Fernández cumplió con una regla no escrita que es cada vez más común en los discursos del primero de marzo en años electorales: atacar y polarizar con la oposición.

Este cambio discursivo fue interpretado como un giro al kirchnerismo duro por parte del Presidente, algo que fue sustentado por el contenido de su alocución: ataques a la Justicia -anunció la intención de crear un nuevo tribunal que limite a la Corte Suprema-, judicialización de la política -una denuncia contra el macrismo por el acuerdo con el FMI- y fuertes críticas a los medios.

Todo esto abrió un interrogante en el Gobierno de cara a las elecciones legislativas: ¿pierde Alberto Fernández el atractivo que tenía para el sector de la sociedad que lo votó en 2019 justamente por representar una versión moderada del peronismo, alejada del kirchnerismo?

El Presidente cuando estaba de campaña en agosto de 2019 durante una visita a Córdoba (Telam)

No son pocos los que creen que si el Presidente se radicaliza, el Frente de Todos se aleja de su esencia que ayudó a conquistar a una masa de votantes que estaba desencantada con Juntos por el Cambio pero que no veía en Cristina Kirchner y La Cámpora la respuesta.

Algunos de sus colaboradores más cercanos se refugian en la idea de que Alberto no es el candidato este año y que esta lógica no aplicaría. Sin embargo, los comicios de medio término siempre actúan como plebiscito de la gestión presidencial y, además, se descuenta que el jefe de Estado deberá acompañar a los candidatos a lo largo del país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, bastión electoral por excelencia del kirchnerismo.

Sumado a esto, en el armado oficialista no desconocen que el Presidente sigue siendo el único dirigente con mayor imagen positiva que negativa y, por ende, deberá cargarse la campaña al hombro.

Mientras tanto, en Casa Rosada aún no están pensando en posibles candidatos, o al menos eso responden. Lo cierto es que el Gobierno está más cerca de la antigua hipótesis kirchnerista de que “el candidato es el proyecto” que de los nombres propios porque, coinciden, si no avanza el plan de vacunación y no repunta la economía va a ser muy cuesta arriba lograr una buena elección que le permita alcanzar el quórum propio en la Cámara de Diputados.

El plan de vacunación es uno de los pilares a los que apuesta el gobierno nacional

En Balcarce 50 dan por descontado un triunfo de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Por eso todos los esfuerzos estarán puestos en lograr un buen resultado en territorio bonaerense. Una victoria escueta no entraría en estos parámetros, más teniendo en cuenta que en 2019 Axel Kicillof le ganó por casi 15 puntos a María Eugenia Vidal. Por eso, una “kirchnerización” de Alberto Fernández no es mal vista por un grupo de dirigentes que entiende que la figura de Cristina Kirchner es muy fuerte en el Conurbano y, en contraste, la oposición no logra hacer pie.

“Si logramos vacunar a buena parte de la población más un crecimiento en ciertas áreas y la inflación comienza a tener una tendencia a la baja, deberíamos ganar en distritos en los que históricamente hacemos buenas elecciones. Y la provincia de Buenos Aires es uno de ellos, aunque hemos perdido alguna vez”, resumió un dirigente con despacho en la Casa Rosada ante la consulta de Infobae.

A pesar de todo, en el Gobierno el pensamiento general es que para la sociedad están lejos las elecciones y que está pensando en poder vacunarse, cuidar el trabajo y llegar a fin de mes. A la par de esto, hay cierto optimismo sobre lo que viene, mayormente volcado a la posibilidad de crecimiento.

“Tenemos que apuntalar a los rubros que vuelen, empujar a los que estén más o menos y sostener a los que no mejoren. Cerca de la votación la gente va a hacer un balance del último año y medio pero si la situación repunta vamos a ganar la provincia de Buenos Aires”, explicaron cerca de Alberto Fernández.

Bajo la incertidumbre sobre si habrá Primarias -deben celebrarse el 8 de agosto según el calendario vigente- las últimas estadísticas no favorecen al peronismo en PBA, en donde perdió en 2009, 2013 y 2017, aunque en esos tres años solo en 2017 no se impuso a nivel nacional. Por ahora en voz baja, en el Gobierno hay quienes ven como un buen dato la dispersión de la oposición y el recuerdo fresco del paso del macrismo, al menos para pasar los comicios de medio término. En 2023 la discusión será otra.

Fuente: Infobae.com

Un reciente encuesta difundida este miércoles 3 de marzo por la empresa Ricardo Rouvier & Asociados confirmó una caída porcentual de 7 puntos sobre la imagen del presidente Alberto Fernández con respecto al mes de enero y tras el escándalo del Vacunatorio VIP.

Dicho resultado deviene de un sondeo a nivel nacional y representativo de la población, efectuado entre el 20 al 28 de febrero de 2021 y compuesto por un total de 1200 entrevistas telefónicas.

Es así que fue posible identificar un aumento en la imagen negativa de Fernández, que actualmente se posiciona en un 55,2%. En contraposición, la imagen positiva es del 41,9%.

En referencia a los sucedido durante el mes de enero, dicha imagen negativa alcanzaba un 49,3% mientras que la imagen positiva se mantenía en 49,1%. La brecha era solo de dos décimos.

Un efecto similar ocurrió con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner durante el mismo período.

Vacunatorio VIP: cómo cayó en el votante kirchnerista el escándalo

Kicillof expone un incremento de su imagen negativa (43,9% a 46,4%) y una disminución de su imagen positiva (45% a 39,3%). Por su parte, Fernández de Kirchner mostró un pasaje del 61,7% al 63,8% en imagen negativa y 37,4% al 35,1% en imagen positiva.

El manejo de la pandemia por la Administración Fernández

Respecto al manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional, más de la mitad de los argentinos (53,2%) valora la tarea realizada por el Ejecutivo Nacional para la obtención y aplicación de las vacunas, pero creció a casi el 46% la opinión contraria.

Tras salir al a luz el escándalo de la Vacunación VIP, El 51% de la población calificó lo sucedido como repudiables y cree que el presidente debería haber tomado las medidas para que esto no sucediera. Un 35% también sanciona lo sucedido, pero opina que son cuestiones difíciles de controlar, mientras que un 6% le resta importancia a lo ocurrido.

Haciendo hincapié en la crisis sanitaria en general, la mayoría de la población no se siente segura ante el manejo de la situación por parte del Gobierno. Esta sensación de inseguridad continúa creciendo en forma sostenida y llegó durante febrero al 59% .

Finalmente, la opinión negativa sobre la gestión del Gobierno nacional empeora. Se acerca al 57% y supera por 18 puntos de porcentaje a la opinión positiva (39%).

Fuente: Perfil.com

El reparto de vacunas abrió un nuevo foco de conflicto entre CABA y el gobierno nacional. El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, volvió a cuestionar el criterio utilizado por el Ministerio de Salud de la Nación para distribuir las dosis y aseguró que el distrito está preparado para vacunar 20 mil personas por día, pero hay que tener las vacunas.

Santilli explicó que la Ciudad recibe una cierta cantidad de vacunas en función de lo que la Nación le va llegando. Sin embargo, advirtió que esa cantidad es menor al porcentaje necesario para los dos sectores que hoy son prioritarios: trabajadores de la salud y adultos mayores.

“El problema tiene que ver con un sistema de salud diseñado hace más de 70 años que era de la periferia hacia la salud. La atención de la salud estaba afuera de la ciudad pero venía a atenderse a la ciudad. Por eso la ciudad tiene 34 hospitales públicos, 46 centros de salud. Pero también tiene los sanatorios de las prepagas, de las obras sociales. Por eso tenemos una sobre representación de trabajadores de la salud y con todo lo que eso implica”, explicó.

La Ciudad está vacunando a personal de salud y a adultos mayores de 80

En tal sentido, Santilli profundizó y remarcó que la Capital Federal tiene 150 mil adultos mayores de 80 y 250 mil mayores de 70 años, por lo que se debió limitar las etapas para poder cumplir con los dos sectores. Por eso, la vacuna china que es para menores de 60, se destinó a trabajadores de la salud, que en su gran mayoría son menores de esa edad.

Respecto a la posibilidad de vacunar a 4 millones de personas por mes, el vicejefe de gobierno afirmó que “estamos preparados para eso, pero insistió en la necesidad de contar con las vacunas para poder avanzar con el plan.

“Estamos preparados para vacunar 20 mil personas por día. Estamos preparándonos para llegar a 1.200.000 personas en 45 días. Pero hay que tener las vacunas. Si tuviéramos un millón y medio de vacunas nosotros en 45 días vacunamos a todos”, concluyó.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

Con relación a este cuestionamiento, el jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señaló: “No entiendo mucho la queja, se está trabajando muy bien, de manera coordinada, todo el tiempo”. “Tengo una muy buena relación con (el ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós, me parece que no tiene mucho sentido lo que plantea, aparte no forma parte de los acuerdos a los que llegó. No se si lo hace por un motivo político”, agregó en radio La Red.

Ayer por la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, planteó su disconformidad con el reparto que hace el gobierno nacional de las vacunas contra el coronavirus que llegan al país. De manera puntual, señaló que el criterio utilizado no tiene en consideración la cantidad de personal de salud y el alto índice de mayores de 60 años que viven en la ciudad de Buenos Aires.

La queja llegó al Ministerio de Salud de la Nación. Las declaraciones del funcionario porteño no cayeron bien. Desde la cartera ahora conducida por Carla Vizzotti afirman que se aplican criterios de equidad y federalismo sobre la base poblacional. Según fuentes de esa cartera, “así como a ningún argentino le faltó un respirador, tampoco le van a faltar vacunas”.

Hasta el momento del componente 1 de Sputnik V ya se aplicaron 77.416 vacunas, mientras que del componente 2 se aplicaron 32.585. Del componente 1 de AstraZeneca para adultos mayores, hasta hoy se han aplicado 32.393. Además, en el personal de salud se inoculó a 77.416 personas con el componente 1, y 32.585 que también tienen el componente 2; es decir, 110.001 vacunas en total.

Fuente: Infobae.com

A un año del inicio de la pandemia de coronavirus, los diferentes distritos del país vuelven de a poco a la actividad normal, y las protestas y movilizaciones no son la excepción, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las negociaciones de precios y salarios, el Polo Obrero y distintas agrupaciones de izquierda se concentrarán este jueves 4 de marzo frente al Obelisco porteño, y realizarán movilizaciones en diferentes provincias para reclamar «el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil» y de los programas sociales.

«Con un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza, y programas sociales en la mitad, salimos en todo el país», anunciaron las agrupaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero, al anunciar la protesta.

Por medio de un comunicado, señalaron que «en el discurso del presidente (Alberto) Fernández ante el Parlamento, el primer mandatario no dijo ni una sola palabra sobre la miseria en la que han colocado (burócratas sindicales, patronales y gobiernos) al salario mínimo, vital y móvil, hoy en poco más de 20.000 pesos. Por debajo de la línea de indigencia».

Acuerdo de precios y salarios: el Gobierno inicia las reuniones con el sector de los alimentos

Las agrupaciones convocantes remarcaron que «ese piso significa que para los y las trabajadores/as desocupados/as, la mitad del valor, es decir 10.000 pesos» y criticaron que «el aumento que decretó el Gobierno de los Fernández fue del 28% en tres cuotas».

En este sentido, el Frente de Lucha Piquetero indicó que se movilizará este jueves para reclamar «el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, un seguro» para los desocupados «al costo de la canasta básica alimentaría, hoy en 56.459 pesos, y el aumento de los programas sociales sometidos por es piso».

La protesta fue convocada por el Polo Obrero, el MTR Histórico, Bloque Piquetero Nacional, La William Cooke, Organización 17 de noviembre y Frente de la Resistencia, entre otras agrupaciones.

Fuente: Perfil.com

La sala I de la Cámara Federal de Casación inició esta mañana la audiencia previa a definir si cierra la causa “dólar futuro” por inexistencia de delito, con la vicepresidenta Cristina Kirchner conectada desde el Senado Nacional a la plataforma Zoom, para hablar ante los jueces y reclamar su sobreseimiento.

Desde las 10.30, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, encabezan la audiencia. Son los mismos jueces que a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. En aquella oportunidad, Petrone y Barroetaveña ratificaron esos dichos, con la disidencia de Figueroa.

En el inicio de su exposición, Cristina Kirchner se quejó porque la audiencia no fue presencial como había pedido su abogado.

Además de la vicepresidente, están presentes y pidieron hablar otros tres procesados: el ex ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires; el presidente del BCRA Miguel Angel Pesce; y quien ocupó ese lugar en la última parte del gobierno de CFK, Alejandro Vanoli.

Cristina Kirchner participa en una audiencia en la causa por dólar futuro

En otro tramo de su discurso, la ex jefa de Estado apuntó contra el presidente del tribunal y se quejó porque la transmisión oficial mostraba solamente su cara.

“A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara; sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, dijo.

El encuentro promete convertirse en un alegato político-económico de su gestión y la de su sucesor. Y también se esperan críticas directas hacia la Justicia, en una semana caliente que se inició con el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y se reforzó con la polémica en torno a la creación de una comisión bicameral que controle a los funcionarios de tribunales.

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Fuente: Infobae.com