Ciudadanos autoconvocados con banderas argentinas y dirigentes opositores de diversas extracciones partidarias se movilizaron en todo el país en rechazo del escándalo del vacunatorio VIP que terminó con la renuncia de Ginés González García del Ministerio de Salud. El epicentro de la protesta fue en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, pero las concentraciones también se replicaron en las plazas y centros del interior del país. La convocatoria se realizó desde mediados de semana bajo el hashtag #27F.
La marcha, impulsada principalmente en las redes sociales, tuvo un fuerte respaldo y activa participación de sectores de la oposición, pero no sólo de Juntos por el Cambio, sino también de agrupaciones políticas como las lideradas por el economista José Luis Espert, entre otras. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el senador Martín Lousteau, que estuvieron en la Plaza de Mayo, como el diputado radical Mario Negri, en Mar del Plata, expresaron su malestar con la Casa Rosada.
Los dirigentes opositores se concentraron sobre la Avenida de Mayo y desde allí avanzaron en una columna nutrida, mientras se escuchaban cánticos a favor de Bullrich, reclamos para que “renuncien los vacunados VIP” y el reaparecido “Sí se puede”.
De todos modos, el grueso de los manifestantes fueron personas sin identificación partidaria, que comenzaron a caminar por las distintas calles porteñas, en dirección al Obelisco y luego se dirigieron hasta las inmediaciones de la Casa Rosada. Algunos fueron con banderas argentinas y remeras de la Selección nacional y carteles que expresaban el enojo contra el gobierno de Alberto Fernández e incluían referencias al escándalo del vacunatorio VIP. Como estaba previsto, la gente empezó a llegar a las 17 y, ya a las 18, la presencia era numerosa. La convocatoria se disipó al llegar la noche.
Otro de los puntos de encuentro fue la Quinta presidencial de Olivos, donde se produjeron incidentes: militantes de agrupaciones sindicales, algunos identificados con remeras de la CGT, llegaron a ese lugar inesperadamente y golpearon a los manifestantes adherentes a la marcha opositora. Primero hubo gritos e insultos cruzados. Luego, la violencia fue escalando y se produjeron algunos forcejeos, empujones y hasta enfrentamientos a golpes de puño.
Hay movilizaciones en distintos puntos del país (Fotos: Nicolás Stulberg)
“Las vacunas de privilegio desnudaron la cara más cruel de la Argentina que no queremos más. Acompañamos el #27FBanderazoNacional porque el reclamo de un país digno y justo debe interpelarnos a todos por igual”, dijo Negri, quien participó de la movilización en Mar del Plata junto con el diputado bonaerense Maximiliano Abad.
Por su lado, Lousteau, que estuvo presente en Plaza de Mayo, expresó: “Vinimos a apoyar este reclamo genuino que nació de la sociedad porque seguimos esperando que pidan perdón los que se vacunaron y no les correspondía. Deben abrirse y ser públicos los registros de todos los vacunados en todas las provincias”.
Una de las postales que dejó la marcha del 27F
Más allá de que el epicentro fue la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba también hubo manifestantes reunidos en el centro de la capital mediterránea, en la zona del Patio Olmos, donde habitualmente se convocan las protestas. Las imágenes que se publicaban en las redes -que también criticaban la existencia de vallados que complicaban la circulación- repetían lo que se veía en las calles porteñas: gente con banderas argentinas y pocas identificaciones partidarias.
En Rosario ocurrió lo mismo. En este caso el lugar elegido fue el Monumento a la Bandera. Allí se expresaron los autoconvocados en repudio al polémico esquema de vacunación. En Mendoza y en otras de las capitales del interior del país se multiplicaron las manifestaciones contra el Gobierno, con importante presencia de dirigentes opositores locales.
El epicentro de la marcha fue la Plaza de Mayo
Para contrarrestar esta iniciativa, movimientos sociales afines al oficialismo y sindicatos de la CGT, con apoyo de la CTA, convocaron a una movilización para el próximo lunes en el Congreso de la Nación para transmitirle su apoyo al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias.
“Mientras el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores provinciales, desarrollamos el operativo de vacunación más grande de nuestra historia, debemos extremar los cuidados. Ya habrá tiempo de llenar plazas, reencontrarnos y fundirnos en abrazos”, finalizó el máximo mandatario.
Después de días en los que estuvo irritado por la onda expansiva del escándalo de las vacunas VIP, Alberto Fernández hablará mañana por segunda vez ante la Asamblea legislativa. En una escenografía atípica -con el recinto semivacío y sin muestras de apoyo en la calle- el Presidente hará una férrea defensa de su gestión, enviará un mensaje a la oposición y a la Justicia y marcará una hoja de ruta para lo que resta del 2021.
Con la crisis por las vacunas de privilegio todavía fresca, el Presidente intentará dar vuelta la peor página de su mandato y ofrecer datos alentadores en materia de llegada de dosis. En el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, también intentará sustentar con datos la tesis de la «recuperación económica» a pesar de los adversos indicadores que dejó la pandemia.
Según pudo reconstruir LA NACION, no se descarta que Fernández anuncie algún proyecto en materia impositiva, además de relanzar la iniciativa para que no paguen Ganancias los sueldos brutos por debajo de los $150.000, que hasta ahora no se trató en Diputados.
La Justicia será otro eje relevante del discurso. La incógnita que persistía entre los colaboradores de Fernández es si anunciará, o no, el proyecto para crear un «tribunal intermedio de arbitrariedad» que analice los planteos por presuntas sentencias arbitrarias, desagote los casos que llegan a la Corte Suprema y le quite poder. De las propuestas que elaboró el consejo consultivo de juristas (que fue llamada «comisión Beraldi»), es la que más le gusta al Presidente.
Según pudo saber este medio, hubo más de un funcionario de las filas de Fernández que recomendó no abrir esta puerta ahora, porque implicaría un frente de tormenta institucional con la Corte y una agenda que genera confrontación, en pleno año electoral. Pero la decisión la tomará el propio Presidente en la intimidad de Olivos.
Si Fernández lo menciona en su discurso -sentado al lado de Cristina Kirchner- será leído como una provocación a los jueces del máximo tribunal. Los cinco supremos, en principio, no le pondrán el cuerpo al discurso del Presidente. Lo escucharán (si todos acceden a conectarse) con la frialdad de la virtualidad, a través de una de las cinco pantallas que dispuso la vicepresidenta para cuidar el aforo del Congreso.
Lo que todos dan por seguro es que Fernández le reclamará al Congreso que sancione la reforma judicial y el proyecto de modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, que le abriría camino para nombrar un nuevo Procurador General. Ambos proyectos (el primero es de él, el segundo lleva el sello del kirchnerismo) están cajoneados en la Cámara baja porque no están los votos.
Habrá, también, algún fragmento para la justicia «de la gente». Quienes rodean a Fernández confían en que pondrá un acento en los femicidios, que, con cifras alarmantes, vienen reflejando la impotencia del Estado.
El discurso y el escenario
En los últimos días, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estuvo a cargo de recolectar datos positivos de todas las áreas para ofrendarle contenidos al jefe de Estado. A diferencia de su primer discurso ante la Asamblea legislativa, donde estaba todo por hacer, ahora Fernández deberá defender su gestión económica y la administración de la pandemia.
Fernández, el 1 de marzo de 2020 Fuente: LA NACION – Crédito: Ignacio Sánchez
Además de los datos duros, el asesor presidencial Alejandro Grimson bajó algunas ideas y conceptos al papel. Todo lo que hayan elaborado sus asesores fue preliminar. Será Fernández el que escriba su propio discurso. En su oratoria se verá cómo tramita las presiones internas de su coalición. En el capítulo judicial, tendrá encima los ojos del Instituto Patria. Y se verá si se pronuncia sobre las PASO, el tema que más preocupa a los gobernadores. Un estrecho colaborador presidencial desestimaba alguna definición en este último punto.
En materia económica, el Presidente buscará resaltar iniciativas en materia de créditos para pymes y obra pública, además del acuerdo con los bonistas y las previsiones con el FMI, una negociación que se dilata en el tiempo. Se espera que los precios, el tema que atravesará toda la agenda electoral, sean un capítulo fuerte, en un esquema oscilante entre el diálogo y la sanción a las empresas.
En materia social, se anunciarían como metas del año la generación de 300.000 puestos de trabajo, la construcción de 800 jardines maternales y la urbanización de 400 barrios. Todo eso acompañado por la creación del Consejo Económico y Social, cuyo anuncio quedó empañado por el escándalo de las vacunas.
El tono que utilizará el Presidente también será significativo. Quienes viajaron con él a México esta semana, lo vieron (además de exhausto) muy enojado con la prensa y con la Justicia. Por momentos, intratable. «Él está convencido de que no existió delito con el tema de las vacunas», dijo un ladero presidencial a LA NACION, para justificar la crispación que transmitió Fernández en sus últimas dos apariciones públicas. A ese clima se le sumará la manifestación opositora de ayer. Recién el lunes se verá su estado de ánimo.
La puesta en escena, en principio, será muy peculiar. Fernández le hablará a un recinto con muchas butacas vacías, ya que solo asistirán 65 diputados, 25 senadores y un máximo de 50 funcionarios. Los gobernadores estarán conectados de forma virtual y casi no habrá invitados especiales. Por pedido del Presidente, la calle también estará desalmada. Tras la convocatoria de movimientos sociales y gremios, el Presidente pidió no marchar.
Las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para encarrilar un nuevo acuerdo muestra sustanciales diferencias entre lo que pretende el Poder Ejecutivo y lo que podría aceptar el organismo multilateral en cuanto a la conformación de un programa que lleve a la reducción del déficit fiscal, de la inflación, recuperación de actividad económica, de las reservas monetarias y determinadas reformas estructurales.
Dentro del gabinete económico han deslizado en los últimos días que las gestiones con el organismo multilateral para renegociar la cifra récord de 45 mil mil millones de dólares tomada como deuda por el Gobierno anterior podría prolongarse hasta el último trimestre del año.
Un funcionario del Gobierno admitió a PERFIL que “es factible que los tiempos para cerrar un acuerdo se prolonguen, porque en realidad lo que se quiere hacer es un convenio que se pueda cumplir y respetar”. “Todo lo contrario a lo que ocurrió en el gobierno anterior, que hizo un acuerdo y después tuvo que renegociar varias veces, porque no había manera de cumplirlo”, resaltó la fuente.
Las diferencias del Gobierno con el FMI en cuanto al planteo de un programa sólido son elocuentes.
Fuentes cercanas a la negociación admiten que los técnicos del organismo inducen a la Argentina a adoptar una política fiscal más restrictiva, incluyendo un mayor esfuerzo este año y exigirían una reducción del déficit fiscal primario en 2021 al 4% del PBI y no el 4,5% que se incluyó en el Presupuesto.
También genera incertidumbre la falta de un programa económico concreto que el FMI está aguardando desde el año pasado, ya que para los hombres del organismo multilateral hasta el momento se han tomado medidas aisladas.
Otro aspecto central de estas conversaciones es que no hay posibilidad de cerrar un nuevo convenio con la entidad con estos niveles de brecha cambiaria que aún muestra Argentina. Desde el organismo también ven con preocupación la falta de recuperación de las reservas monetarias.
Pero quizás uno de los puntos donde el gabinete económico tendrá que trabajar mucho desde el punto de vista político es el objetivo del Fondo en cuanto a que un nuevo acuerdo con la Argentina tenga un amplio respaldo y consenso político en el país. “Ellos plantearon el tema del consenso político porque se trata de un acuerdo extendido”, admitió otra fuente.
En concreto, sería un acuerdo de facilidades extendidas por diez años, donde la postura de la Argentina sería que los vencimientos de la deuda contraída se vaya amortizando en una década con préstamos del propio organismo en forma de repago.
De hecho, en las últimas horas surgieron insistentes versiones sobre la posibilidad que se le presenta a la Argentina en este año. El punto central allí es que el Fondo emitirá una ampliación de las reservas, con lo cual, a la Argentina le corresponderían unos 3.300 millones de dólares en DEG (Derechos Especiales de Giro), lo que permitiría utilizar una parte para cancelar el vencimiento de 1.900 millones de dólares que hay en octubre.
Todo esto será motivo de largas conversaciones que mantendrán a mediados de marzo en Washington el ministro de Economía Martín Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.
De lograr consenso para usar justamente parte de esos DEG, las negociaciones para un acuerdo de facilidades extendidas se trasladarían hasta después de las elecciones, tal como presiona el sector de postura más inflexible del oficialismo.
Esa postura también le daría “aire” al Gobierno para llevar adelante hasta el último trimestre del año una política fiscal mucho más “laxa”, siempre mirando las elecciones de octubre como objetivo y evitando tener que ajustar las tarifas de los servicios públicos.
Pero, a la vez, al Gobierno lo presiona otro vencimiento. Es con el Club de París, a mediados de mayo, por un monto de 2.200 millones de dólares, acordado en el polémico convenio que se llevó adelante en 2014.
“Después del viaje a Washington se seguirá con otro a París para renegociar ese acuerdo”, admitió una fuente de Gobierno.
Está claro que los números son complicados. Con reservas de libre disponibilidad que no superan los 3.000 millones de dólares, Argentina no puede enfrentar ningún vencimiento de deuda, y no sólo este año.
Por otro lado, el hecho que haya un mayor tiempo para ir negociando el acuerdo le permitirá al Gobierno tratar de “convencer” al FMI sobre la imposibilidad de “hacer reformas estructurales” como implica un facilidades extendidas. “Nuestro concepto será reordenamiento del Estado, de las cuentas, más que grandes reformas que nunca se pueden realizar”, agregaron desde en el gabinete económico.
Deuda externa
Argentina debe casi 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los técnicos del organismo internacional quieren que el Gobierno adopte una política fiscal más restrictiva. Exigen que el déficit fiscal en 2021 no supere el 4%.
También piden que el Gobierno presente un programa económico concreto.
El FMI desea que el acuerdo cuente con un consenso político amplio en la Argentina
Tras el escándalo nacional por las “vacunaciones VIP” en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, en distintos puntos del país se reproducen las denuncias públicas y formales ante la Justicia por irregularidades. Los casos complican a los gobiernos provinciales y municipales, mientras que en Casa Rosada los siguen de cerca.
Hasta la revelación del vacunatorio VIP, Salud había mantenido bajo celosa reserva la información vinculada al plan de vacunación. Solo los viceministros de esa cartera, el Presidente y el jefe de Gabinete accedían a los datos, a través de una app digital diseñada especialmente para el Gobierno. Por caso, el argumento que dieron a este medio hace dos semanas, ante una consulta sobre la cantidad de dosis distribuidas de la vacuna a cada provincia, fue que estaban impedidos de entregar esos datos por “respeto a la autonomía de las provincias”.
Apenas después del escándalo que terminó en el desplazamiento del ministro Ginés González García, en la Casa Rosada se barajó la posibilidad de “abrir”, en lo inmediato, toda la información sobre las vacunaciones, para exhibir una intención de transparencia tras el duro golpe en la imagen del Gobierno por la revelación de la oscura trama de diálogos y favores entre figuras del poder, desde funcionarios, a periodistas y sindicalistas.
Según pudo saber Infobae, el fin de semana siguiente al estallido del escándalo por la vacunación irregular, hubo fuerte presión, desde las provincias, para evitar que se publicaran las listas de inoculados por localidad. La divulgación de esa información podría dejar mal parados a muchos funcionarios y causar daño político a las administraciones locales.
La idea, en un principio, se concretó parcialmente. El Gobierno decidió transparentar, esta semana, una porción de los datos. Publicó las dosis entregadas a cada provincia, los totales de aplicación de primera y segunda dosis, y los grupos que la recibieron hasta ahora. Pero no difundió, por el momento, los nombres de las personas que fueron vacunadas.
Esa información estaría disponible en lo sucesivo. Vizzotti firmó el viernes una resolución que crea un “Sistema de Monitoreo” del Plan de Vacunación, donde se incluye un punteo sobre sus alcances. En el noveno ítem resuelve que “el Ministerio de Salud podrá difundir a través de los medios o poner a disposición de todo aquel que lo solicite, la información sobre quienes recibieron la vacuna contra Covid-19. Detallará nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, cargo o función, repartición, vacuna recibida, número de dosis, fecha de aplicación y lugar de vacunación”.
Aunque la información aún no está disponible, durante la semana que siguió a la revelación del “vacunatorio VIP” comenzaron a brotar datos de personas vacunadas que no se encuentran en los grupos prioritarios, a través de presentaciones judiciales de las oposiciones locales.
En Córdoba, el diputado nacional Luis Juez y el senador Ernesto Martínez, ambos representantes de Juntos por el Cambio, hicieron una presentación ante el fiscal federal Carlos Casas Noblega, con un pedido para que se investiguen casos de posible vacunación irregular en la gobernación, que conduce el peronista Juan Schiaretti, y en distintos municipios.
Según pudo saber este medio, los legisladores opositores recibieron información que indicaba que se estaba inoculando a personas a las que no les correspondía por función, edad o situación de salud. Aunque tenían esos datos desde antes de que se conociera el vacunatorio VIP, ante el escándalo nacional, decidieron apurar las acciones judiciales que tenían previstas.
En tanto, en Entre Ríos se filtró una lista de inmunizados y la administracion local debió reconocer que la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, gran parte del gabinete y hasta personal de servicio fueron inmunizados contra el Covid-19 antes de que finalice la etapa correspondiente al personal esencial y los grupos de riesgo. Mientras tanto, concejales de Juntos por el Cambio denunciaron privilegios por parte de funcionarios y personas vinculados al municipio de Gualeguaychú.
También en la Ciudad de Buenos Aires hay denuncias y pedidos de acceso a la información por supuestas irregularidades, aunque en el caso porteño las acusaciones son por haber presuntamente beneficiado a instituciones de salud privadas y a sus socios por encima de la población general. Desde el Frente de Todos sospechan que el gobierno de la Ciudad “privatiza la vacunación”, como remarcaron el senador Mariano Recalde y el legislador porteño Javier Andrade. Y el caso ya se judicializó. El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación, y el juez Ariel Lijo ordenó un procedimiento que llevó a cabo la Gendarmería en el ministerio de Salud porteño, para obtener la documentación sobre el modo en que se repartieron las vacunas que fueron recibidas por la Ciudad. Desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta niegan que haya privilegios en la entrega de vacuna en el sistema de salud y aseguran que la oposición busca “politizar” el tema.
En el gobierno de Axel Kicillof hay preocupación por los casos de vacunación irregular en la Provincia
Mientras tanto, en La Pampa fue desplazado el intendente de la localidad de Alvear, Juan Cruz Barton, por recibir la vacuna Sputnik V sin autorización oficial, y el director del hospital donde se vacunó fue desplazado. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y el gobierno provincial, que conduce el peronista Sergio Zilliotto, se puso a disposición. El gobernador se había vacunado en diciembre, cuando llegaron las primeras dosis, públicamente, para dar un mensaje de confianza en la vacuna.
Una situación similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan y la exfuncionaria de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, Florencia Arietto, hicieron una presentación ante la Justicia contra el ministro de Salud, Daniel Gollán, y otros funcionarios, para que se investigue si hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “malversación de caudales públicos”. Mientras tanto se realizaban denuncias similares en distintos municipios bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof defendió su gestión, aunque admitió que “puede haberse vacunado algún colado” y marcó que este tipo de situaciones ocurren, también, “en el sector privado, cuando dejan pasar a alguien amiguismo”.
Según pudo saber Infobae, el gobernador podría anunciar el lunes, en su discurso del acto de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que se impulse una ley para sancionar a aquellos que se vacunen contra el coronavirus de manera irregular.
Los mencionados son solo algunos de los casos de denuncias e investigaciones en las provincias. Al igual que en la Nación, en muchos puntos país no se delinearon cuáles son los parámetros exactos para que una persona se considere “esencial” y pueda acceder a la vacuna -como en el caso de los intendentes. Mientras que muchos funcionarios, y sus amigos y familiares, a quienes no les correspondía vacunarse, accedieron a inyectársela de forma irregular. Los casos afectan a los oficialismos y benefician a las oposiciones.
En el Gobierno creen que el brote de casos similares al nacional, más allá de que también afecte a gobernantes locales de su misma fuerza política, distribuye el peso de la indignación popular en varios hombros políticos. La influencia del caso de la vacunación irregular en la imagen del oficialismo nacional, de todas formas, solo se verá con claridad dentro de seis meses, cuando se celebren las elecciones de medio término, clave para los planes del Gobierno de cara a 2023.
Marcelo Figueiras (57), empresario y contador egresado de la UBA, es el Presidente de Laboratorios Richmond, una compañía farmacéutica nacional, la cual, tras conocerse la noticia de este viernes 26 de febrero de que iba aproducir la vacuna Sputnik V en la Argentina, la acción de la empresa subió un 32%. A principios de febrero,Alberto Fernández visitó su planta de Pilar, en el marco del anuncio de inversión de US$ 80 millones en cinco años para investigación y ampliación de la capacidad productiva.
Según sus redes sociales, es hincha de River y participa de competencias deportivas de alto rendimiento y maratones. A su vez, está casado con la ex senadora kirchnerista María Laura Leguizamón.
Además de ser dueño del laboratorio, tiene intereses en el negocio del seguro y la banca. Con respecto a eso, fue dueño de una participación en el banco Finansur, que luego vendió al empresario Cristóbal López. También logró participar en el rubro de medios, entre otras cosas como accionista del diario Crítica, fundado por el periodistaJorge Lanata.
En cuanto al anuncio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina por parte de Richmond, este firmó un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) quien representa al Instituto Gamaleya, según informó la empresa.
En representación del RDIF, Tagir Sitdekov firmó el acuerdo junto con Figueiras, el cual tiene como objetivo que el laboratorio de capitales argentinos desarrolle una nueva planta de vacunas en nuestro país, que contemple, entre otras, la vacuna de coronavirus. En el desarrollo de la vacuna participará también Hetero Labs Limited, un laboratorio de India con el que Richmond mantiene una alianza desde hace más de 25 años.
“A partir de la firma de este memorándum de entendimiento, comenzaremos a trabajar de forma inmediata e invertiremos una suma superior a los 60 millones de dólares, para alcanzar el objetivo de que en el plazo de un año se estén produciendo las vacunas en la Argentina”, afirmó el Presidente de Richmond.
Días atrás, el Presidente Alberto Fernández visitó las instalaciones del laboratorio Richmond en el municipio bonaerense de Pilar, en donde los directivos le informaron sobre el plan de inversión de 80 millones de dólares proyectado por la firma para los próximos cinco años. Allí, Figueiras le agradeció personalmente por «todo el trabajo que hizo» en cuanto a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional durante la pandemia. “Sabemos que podemos contar con usted y usted cuenta con nosotros”, admitió el empresario.
Crecimiento de Laboratorios Richmond
A partir del 2017, Laboratorios Richmond comenzó a cotizar en Bolsa y, desde ese momento, inició un plan de expansión que continuó a pesar de la pandemia, por lo que este año logró incrementar un 10% su personal. El 17,54% de la compañía cotiza en Bolsa, mientras que Figueiras tiene un un 38,48%. También son dueños de Richmond Busnel S.A. con el 24.74% y Alberto Serventich, con 19.24%.
La empresa, que tiene filiales en Colombia, Chile y Paraguay y buscan expandirse a México y a Brasil, tuvo ventas por $ 3.540 millones en los primeros nueve meses de 2020, una suba de 17% frente al año anterior y, a pesar de la pandemia, tuvo una ganancia de $ 162 millones, contra una pérdida de $ 67 millones entre enero y septiembre de 2019.
El martes 23 de febrero, Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide llegó a uno de los centros de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Su cabellera blanca la dejó expuesta ante quien capturó la imagen que se viralizó en las redes sociales.
Hoy cumple 90 años y lo celebrará con sus hijos Alejandra y Martín, sus nietos y su nuera. Camila, la nieta y repostera de la familia, será la que lleve la torta elaborada especialmente para su abuela, como cada año.
“¿Querés saber cómo se llega a los 90? ¡No me pidas la receta!”, bromea la mujer que integró Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir de 1983, fue una de las principales dirigentes del Frente País Solidario (FREPASO) y ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Primero admite: “Nunca pensé que llegaría a esta edad”. Luego dirá que es porqueno hay antecedentes de longevidad en la familia. Lo que lamenta, dice, son las “debilidades” físicas que se cobran los años y darse cuenta de que ya no puede hacer las mismas cosas que antes, aunque sí en sus fantasías.
Graciela Fernández Meijide. (Adrián Escandar)
El diálogo con Infobae será descontracturado, con risas de ambos lados porque deja salir su costado gracioso mientras recuerda los juegos de la infancia, las llegadas tarde a casa cuando era adolescente (desafiando la autoridad paterna), la relación con Enrique (ex esposo y padre de sus hijos), pero a la vez se emocionará al volver a la desaparición forzada de su hijo el 23 de octubre de 1976, durante la dictadura militar argentina. “Debí aprender a vivir sin Pablo”, confiesa sobre la profunda herida que quebró en dos su vida y la de toda la familia.
Nació el 27 de febrero de 1931 en el barrio de Avellaneda. Es hija de una maestra y de un médico, tiene tres hermanas. Es hincha de Racing, club en que pasó sus años de infancia y adolescencia practicando deportes: tenis y natación, actividad que también la llevó al Club Regatas de esa localidad, donde a los 19 años conoció a Enrique Fernández Meijide, su ex esposo (fallecido en septiembre de 2020) y padre de sus dos hijos, Pablo y Martín, y de Alejandra.
Graciela Fernández Meijide fue retratada por José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997. (José Luis Cabezas)
—¿Cómo se prepara para los 90 años?
—Me preparo lo mejor que puedo. En la semana me di la primera dosis de la vacuna (contra el coronavirus) y ahora tengo que esperar que llegue la segunda. No se cuándo será, pero dicen que van a avisar. Tampoco es que estoy ansiosa esperando, eh… Por otro lado, sigo atentamente los avatares de nuestra política. Eso me entretiene, por no decir que a veces me tiene amargada…
—Y en este contexto tan particular ¿cómo lo siente?
—Una cosa fue llegar a 2019 y otra haber atravesado 2020 y lo que va de 2021. Eso sí fue un desafío en este contexto, muy difícil para mí porque estaba muy acostumbrada a moverme mucho. Hasta 2019 manejé mi coche, hice gimnasia. Y esta cuarentena, tan extensa y obligatoria, me hizo frenar con todos mis movimientos, cosa que a los músculos los resiente mucho. A cualquier edad pasa eso, pero a ésta se siente más. Eso es lo que más me fastidia, porque además soy muy sociable. Si bien el Zoom o las plataformas similares me han ayudado muchísimo y para mí han sido un gran descubrimiento y un gran éxito porque los políticos seguimos trabajando todo el año reuniéndonos tres veces por mes, la presencia humana para mí es indispensable. Tocar, besar y abrazar lo son… ¡Sabés hace cuánto que no abrazo a mis hijos y a mis nietos! Creo que a todos eso nos fastidió y mucho.
—¿Cómo fue la experiencia de ponerse la vacuna?
—¡Normal! Todo fue prolijo, a tiempo y en horario, en un lugar amplio donde me encontré con un viejo amigo rabino. Él me reconoció, yo no lo hubiera reconocido. Estábamos juntos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¡calculá hace cuánto tiempo que lo conozco! Nos emocionamos porque hace mucho no nos veíamos, y cuando te encontrás con personas que no seguiste viendo y volvés a ver se vienen encima los recuerdos, los duros y los no tan duros. Y ahí -me tocó en un centro en Colegiales-, estuve 45 minutos porque estaba todo muy organizado: separados los que aguardábamos nuestro turno de aquellos que tenían que esperar -como tuve que hacerlo luego de la aplicación- para ver si nos producía un efecto contrario. Pero no pasó. Mientras estuve, a ninguno les produjo algo contrario. Fue como darse una vacuna antigripal.
Graciela Fernandez Meijide con sus hijos.
—Al cumplir 90 años ¿es inevitable mirar para atrás y hacer un balance de lo vivido?
—¡Sabés que sí! Mirá: hoy justamente mi hijo Martín me acompañó a buscar los nuevos anteojos y me preguntó si recordaba la primera vez que usó lentes de contacto, ¡y él acaba de cumplir 60 años! Le dije que era chico, tenía 13 años, era deportista y aún no sabe cómo le pegaba a la pelota porque era muy corto de vista (se ríe). Y ese fue un momento en el que tuve que volver a ubicarme en el tiempo e inmediatamente me pregunté qué edad tendría yo. Me di cuenta que tenía 30 y pico de años, y que podía hacer lo que se me daba la gana… o era esa mi fantasía. Sin embargo hoy sé que no puedo hacerlo. A veces tengo esa sensación fantástica de que podría hacer todo como antes, pero es la cabeza la que siempre puede, porque el cuerpo ya no acompaña. (vuelve a reír). Esas son las fantasías que uno tiene de sí mismo.
—¿Cuáles son las limitaciones qué siente o que más lamenta?
—Ya no puedo correr un taxi y antes podía—dice en tono de broma—. Me llamo la atención a mi misma y me digo “¡Ojo, levantate con cuidado!”, “¡Anda despacio!”, “¡No te atropelles, que no te atropellen…!” Nada de eso me pasaba hace unos años, obviamente.
—Recién dijo que desearía volver a hacer ciertas cosas. ¿Cuáles?
—¡Viajar más! He viajado bastante, pero ya no me animo. El solo hecho de pensar que tengo que estar en un avión no sé cuántas horas con el barbijo puesto… ¡ya estoy regalando los pasajes!
—En otro contexto o imaginando que no estuviéramos atravesando esta pandemia ¿cómo se imaginaba festejar sus 90 años?
—¡Nunca me imaginé que iba a llegar a los 90 años!
—¿Por qué?
—Porque nunca lo pensé. Si alguien me decía “Vos vas a llegar a los 90″, yo automáticamente decía que no porque mi padre murió joven, a los 62; mi mamá a los 81. No hay una historia de ancianos muy ancianos en mi familia. Mi ex marido se murió en septiembre durante la pandemia, no de COVID, e iba a cumplir 94, pero es de otra familia, no es mi genética. Mi genética me decía “¡Si llegás a los 80 años, tres hurras!” Y pasé los 80 y me siguen interesando un montón de cosas: leo los los diarios todo los días, presido del Club Político Argentino, intercambio mucho.
—¿Qué no le gusta de los 90 años?
—Me fastidian las debilidades que trae la edad. Por ejemplo, tengo maculopatía y no la tendría si no tuviera esta edad, y tantas otras dolencias, pero es así. La única manera de no tenerlas es morirse y bueno… no me morí.
—Si le pido que hable sobre su infancia ¿qué es lo primero que recuerda?
(Se queda pensando) —Dentro de lo que era la época, mi infancia fue bastante más libre que la de otras chicas compañeras mías. Tené en cuenta que nací en 1931 y que la cuestión del patriarcado era muy fuerte. Se necesitaba, ante todo, tener carácter para poder ser una misma, y a veces se duda hasta qué punto se logró serlo. Había reglas. Recuerdo, por ejemplo, que cuando empecé a salir a bailar me ponían horarios para volver, y aunque me sobrara tiempo tardaba y al llegar me ligaba un reto, pero era para acostumbrarlos a mis padres… (ríe con ganas). Lo hacía, pero nunca me trajo consecuencias graves.
—¿Cómo fue la crianza y la relación con su familia?
—Éramos tres hermanas y a las tres nos impulsaron a estudiar. Mi padre era médico, mi mamá maestra pero no ejercía. Las tres somos profesionales. Yo tenía mis quejas como cualquier otra persona, pero fue una vida muy de barrio en Avellaneda.
—¿A qué jugaban?
—En la infancia jugamos en la vereda, andábamos en bicicleta, en patines, jugábamos con los vecinos del barrio, iba a nadar a Racing donde me encontraba con chicas y chicos de mi edad. La educación era más bien autoritaria.
—Y en la adolescencia conoció a Enrique, su ex esposo. ¿Cómo fue ese encuentro?
—Lo conocí mientras estaba en el club jugando al tenis. Coincidimos en el Regatas de Avellaneda, donde él remaba, jugaba tenis e iba a la pileta. Él iba a otro club pero fue invitado por alguien ese día y después volvió. Nos conocimos, nos hicimos amigos. Entonces yo tendría 18 o 19 años y tenía novio. ¡Y después me puse de novia con él! Bueno, tuve muchos novios, o llamalos como quieras (ríe). Los chicos dejaban de gustarme rápidamente como a todas las adolescentes. Hasta que me puse de novia con Enrique y me casé con él.
—Qué fue lo que le llamó la atención de él?
—Hablábamos mucho, a los dos nos gustaba leer y él era muy tenaz. Después fue la química y lo que sea…
—Y siguió el matrimonio y la familia…
—Si. Y tres hijos hasta la tragedia de la desaparición de nuestro hijo Pablo. Eso algunas parejas los separó, en nuestro caso nos unió, nos hizo luchar juntos por la búsqueda de Pablo, primero, y la búsqueda de justicia después. Juntos llevamos ese tajo que fue muy profundo para nosotros dos, para Alejandra y para Martín. Nos hirió en un lugar para siempre. Es una herida que se puede aliviar, se puede tener felicidad por otras cosas, otros éxitos y demás pero la herida está ahí y hubo que aprender a vivir sin Pablo, sin noticias de Pablo. No es lo mismo cuando hay una muerte por enfermedad y se lucha juntos o cuando se pueden cumplir los rituales de la despedida, no. La desaparición es un duelo muy especial.
—Ese fue el quiebre completo en su vida.
—Nos cambió como familia. Profesionalmente yo cambié 180 grados. Mi vida iba por un lado y fui completamente para otro. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a ingresar en la política partidaria a los 60 años? ¡Nadie!
—¿Cómo fue la vida hasta la desaparición de Pablo?
—Yo era docente. Tenía un instituto de idiomas, trabajaba en una escuela secundaria. Toda mi vida era para ese lado. No sé adónde hubiera llegado, esa era mi normalidad.
Durante la campaña que llevó a la presidencia a Fernando de la Rúa.
Graciela comenzó a militar como activista por los derechos humanos durante la dictadura militar tras la desaparición forzada de Pablo, un estudiante de 17 años. En 1983, formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y más tarde se convirtió en dirigentes del FREPASO. Encabezó el triunfo electoral de la Alianza, en la provincia de Buenos Aires, y disputó las elecciones internas por la presidencia con el candidato radical Fernando de la Rúa. En octubre de 1999, se postuló por la Alianza a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, pero se convirtió en ministra de Desarrollo Social, el mayor cargo que ocupó.
Las distintas situaciones políticas ocuparon su vida por completo y en 1997 se separó de Enrique Fernández Meijide. “Me separé cuando se acaba de formar la Alianza y gané las elecciones legislativas de la provincia Buenos Aires. Después me enamoré de la política”, confiesa.
—¿Qué la enamoró de la política?
—Es algo que a mí siempre me emociona, me conmueve en todo sentido: enojándome o alegrándome. Hoy justamente hablaba con mi hijo de eso, del concepto de los políticos con los que trabaje: Raúl Alfonsín, Chacho Álvarez, Alfredo Bravo Oscar Alende, con quienes conviví; o en la Asamblea Permanente por Derechos Humanos; directamente en la batalla política. Había una vocación por la cosa pública muy fuerte, nadie iba a supeditar esa vocación al beneficio personal económico, de hecho ninguno de los que nombré se enriquecieron o nos enriquecimos. Todos tuvimos una vida común, vulgar y silvestre, y eso que llegué a ministra y demás. El tema de la obligación con la cosa pública es que la política se destina a la lucha por el poder. Quien te diga que está en política y no quiere el poder te está mintiendo. La cuestión es el poder para qué, para hacer qué cosa. ¡Esa es la pregunta! Y la “qué cosa” viene en servicio de la cosa pública, laRēs pūblica. Si ponés por delante tu interés personalísimo, o el de un grupo de personas, sobre todo el económico, lo vas a hacer liviano, para perdurar y nada más; no vas a tomar ningún riesgo y la voluntad de cambiar las cosas injustas no va a existir. El juego de la política, para mí, tiene valor en el compromiso.
—¿Qué es lo que más la decepcionó de la política?
—No fue la política sino nosotros mismos. Lo escribí en el libro de autocrítica, La ilusión (Sudamericana, 2007) que trata sobre por qué nos fue mal con la Alianza, donde yo había puesto muchas fuerzas y esperanzas en lo que fue la formación del FREPASO. Para mí era un partido social demócrata que aparecía como una alternativa válida entre los tradicionales del radicalismo y el justicialismo y que podía involucrarnos, pero por distintos motivos fue un fracaso y eso me dolió mucho, al punto que me alejé de la política partidaria. Y me vi escribiendo con mucha depresión, y una de las formas de trabajar con esa depresión fue escribir y escribir y escribir lo que me había pasado en distintos ámbitos. Eso me ayudó mucho.
El ex presidente Raúl Alfonsín saludando a Graciela Fernández Meijide durante el acto que que recordó los 20 años del informe de la CONADEP. (NA: Mariano Sánchez)
—Antes mencionó al ex presidente Raúl Alfonsín ¿qué es lo que más destaca de él?
—Su coraje, su entrega, su visión de lo que era la democracia. Pensá que terminada la dictadura, los militares dejaron dos deudas fenomenales: una de sangre y otra económica, además de la autoamnistía, pero él tuvo coraje. Lo conocí cuando se acercó preguntando por Pablo y nos ayudó siendo consciente del riesgo que tomaba.
—¿Cómo ve el presente de Argentina?
—Muy difícil, sobre todo por la pandemia, por un lado, y por el poco valor que se le está dando desde el gobierno a la fortaleza institucional.
—¿Se arrepiente de algo?
—No, y te digo por qué. No porque esté chocha de todo lo que hice. Si pensara hecho por hecho, seguro que de muchos diría “esto no lo haría de nuevo”. Pero para eso debería tener la sabiduría de hoy, de la que entonces carecía. Sin embargo, nada de lo que hice perjudicó a alguien, eso sí que me hubiera hecho arrepentir y pedir disculpas especialmente. En todo caso, si fastidié me fastidié a mí misma. Los errores que cometí los cometí por ignorante. A mi edad, arrepentirse de algo del pasado ya no tiene demasiado sentido.
El Gobierno anunció, en conferencia de prensa desde la quinta presidencial de Olivos, un acuerdo con los gremios docentes nacionales de aumentar el salario mínimo un 34,55%, equivalente a $9500. Se pagará en tres cuotas: marzo, julio y septiembre. La base del salario docente, de $27.500, ascenderá a $31.000 en marzo, luego a $34.500 en julio y a $37.000 en septiembre.
La reunión entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y los referentes sindicales comenzó a las 16, en el Palacio Sarmiento. Del lago gremial, participaron la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentinos de Docentes Privados (Sadop), y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
Tras el primer encuentro en el Ministerio, los participantes se trasladaron a la Quinta de Olivos para encontrarse con el presidente Alberto Fernández y cerrar el acuerdo de la paritaria docente.
Alrededor de la mesa de Olivos estuvieron el ministro Trotta; el de Trabajo, Claudio Moroni, la directora de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila; la secretaria general y el adjunto de Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel; el titular de UDA, Sergio Romero; el representante de la CGT, Héctor Daer; entre otros.
En la conferencia de prensa posterior, Trotta señaló: «Es un paso fundamental que avanza en la defensa del salario que reconoce el aporte de los trabajadores docentes, en un año tan complejo como el de la pandemia. Promueve un regreso seguro a la presencialidad que se está iniciando en distintos puntos el país».
El aumento salarial docente cerró en 34,55%. Fuente: Archivo
Además, enfatizó en los incentivos económicos que recibirán el personal educativo, que tendrá aumentos a lo largo del año: «De igual forma, incluye otros aspectos fundamentales, como fortalecer el incentivo docente que va a ser de $2400, a partir de marzo, e incluye un componente de conectividad de $710 adicionales a partir de ese mes».
«Para nosotros es fundamental dejar en claro lo que es el aporte del Estado nacional, duplicado a lo largo de 2020. Este año implica un aumento de más del 45% del incentivo docente», expresó el ministro.
Consultado por la campaña de vacunación a los docentes, que estaba prevista para febrero, el titular de la cartera de Educación explicó: «Pretendemos poder iniciarlo la semana próxima de forma escalonada. Todavía no podemos dar una fecha de cobertura, porque primero tenemos que ver cómo responde el desafío de la logística con las 24 jurisdicciones«.
Y agregó: «Ayer empezamos la inscripción de docentes en la plataforma. El proceso se va a articular con cada una de las jurisdicciones educativas. Queremos dejar en claro el compromiso de poder desplegar el proceso de vacunación. Se iniciará con la educación inicial, especial, primer ciclo de la escuela primaria y los directivos de las escuelas. Eso implica 450.000 docentes».
Rodeado de los mayores representantes de los gremios docentes, Trotta reconoció «el compromiso de toda la comunidad» educativa y se dirigió a ellos. «Quiero agradecer a las cinco organizaciones sindicales el compromiso de participar en esta instancia y seguir trabajando para garantizar el derecho a la educación que implica la pandemia del Covid-19», precisó.
«Hemos hecho una negociación con el Estado empleador, en términos óptimos de excelencia. Esto nos pone optimistas en este 2021, en materia de salarios y de condiciones de trabajo. Y tener el respaldo del Presidente de la Nación de expresa política positiva en política educativa, dijo el secretario general de UDA, Sergio Romero.
Con un fuerte impulso de las fuerzas de oposición, tendrá lugar este sábado 27 de febrero una nueva movilización contra el Gobierno nacionalcon epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en distintos puntos del país. El antikirchnerismo realizó varias marchas y banderazos durante 2020, generalmente en coincidencia con distintas fechas patrias, y volvió a apelar a una protesta en la calle para expresar el rechazo que desataron las revelaciones sobre la existencia de un Vacunatorio VIP.
“#27FTodosALasCalles”, es el hashtag que se replica en redes sociales para convocar a la cita que tendrá lugar a partir de las 17. En lo formal, los partidos que integran Juntos por el Cambio optaron por no sumarse a la movida de manera institucional, aunque muchos de sus dirigentes expresaron su respaldo personal y confirmaron su presencia.
“Este sábado marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna. A esta nueva movilización ciudadana, YO VOY”, manifestó la jefa del PRO nacional, Patricia Bullrich, una de las cabezas visibles de los últimos banderazos y marchas anticuarentena.
Con los cuestionamientos por la distribución irregular y la existencia de privilegios en el otorgamiento de las vacunas contra el Covid, también se harán oir hoy los reclamos por más justicia, por el respeto institucional y de la democracia, consignas que se convirtieron en el caballito de batalla de la oposición.
Además del escándalo de las vacunas, la defensa de la justicia será otra consigna
Elisa Carrió, por su parte, instó el último lunes a “marchar en silencio” ante el escándalo por las vacunas aunque no se contempla su participación en la movilización, pero sí su respaldo, al igual que la del jefe de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo.
Por el PRO sumaron su apoyo los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, el radical Alvaro de Lamadrid, otros dirigentes como Alejandro Fargosi y Cynthia Hotton, el ex ministro de Agricultura y referente agropecuario Luis Etchevehere, así como Luis Brandoni y Maximiliano Guerra, figura del espectáculo que comenzó a participar en política recientemente.
Con las primeras declaraciones de Horacio Verbitsky sobre el privilegio que tuvo al vacunarse en el Ministerio de Salud y el avance de las novedades sobre el tema a lo largo de la semana, la oposición fue trabajando en una embestida contra el Gobierno nacional, con la intención de atacar desde distintos frentes.
La movilización fue una de las alternativas, que se sumó al pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la citación al Congreso de la flamante ministra de Salud Carla Vizzotti, así como el pedido a la Auditoría General de la Nación para que monitoree el circuito de las vacunas.
También se promovió la aprobación de un proyecto de ley para brindar transparencia y trazabilidad al plan nacional de vacunación, con la aplicación de sanciones a quien correspondiera “sin distinguir entre quien tiene coronita y quien no la tiene”, enfatizó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, en la conferencia de prensa conjunta del último miércoles.
En lo que va del año, ya se autorizaron varios aumentos en servicios y se espera para los próximos meses un ajuste en las tarifas. Por ejemplo, ya están anunciadas para mediados de marzo las audiencias públicas donde se analizaran los aumentos en el precio, el transporte y la distribución del gas. Desde el Gobierno trascendió que habrá tarifas de transición en el segundo trimestre del año y que, más adelante, las subas que se reflejen en el precio final que pagan los consumidores puedan ser segmentadas de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada usuario.
Para marzo y abril, los aumentos de bienes y servicios regulados van a tener un fuerte impacto. Van a aumentar la inflación en la ciudad de Buenos Aires en 1 punto porcentual y 0,4 pp, respectivamente. Hay que retrotraerse a 2019 para encontrar un impacto de esa magnitud
En la ciudad de Buenos Aires, en los próximos días estarán vigentes aumentos en las tarifas de subtes, taxis, VTV y estacionamiento medido. En taxis, el alza será del 44% en dos tramos: uno desde marzo y el siguiente en abril. El servicio de subte tendrá un ajuste del 43%, también en dos etapas.
“Para marzo y abril, los incrementos de bienes y servicios regulados van a tener un fuerte impacto. Van a aumentar la inflación en la ciudad de Buenos Aires en 1 punto porcentual y 0,4 pp, respectivamente. Hay que retrotraerse a 2019 para encontrar un impacto de esa magnitud. A nivel nacional, se ve diluido porque muchos de los incrementos pautados son para CABA. Así, de base, agregarían 0,4 puntos en marzo y 0,2 en abril al IPC Nacional. Si el resto de las jurisdicciones replica los aumentos el impacto va a ser aún mayor”, detalló Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultora.
La telefonía celular fue uno de los aumentos autorizados en el comienzo del año (DPA)
En 2021 se están comenzando a “descongelar” una serie de tarifas -públicas y privadas- que se mantuvieron prácticamente fijas durante la pandemia. “Pero los aumentos previstos no resuelven el atraso. Es esperable que en los próximos meses las empresas sigan buscando más actualizaciones de tarifas. Lo cuál se contrapone con el objetivo del Gobierno de bajar la inflación y garantizar una recuperación del salario real”, agregó Caprarulo. Según las estimaciones de Analytica, las tarifas van a seguir contenidas este año y la inflación en 2021 cerrará en alrededor de 40 por ciento.
“El impacto directo de un reacomodamiento de los precios retrasados sobre el bolsillo de los consumidores puede ser limitado. Electricidad, gas y otros combustibles representa un 2,5% de la canasta de consumo y el transporte público un 4% en GBA. Sin embargo, no se puede soslayar el efecto indirecto. Las tarifas afectan de lleno a los costos logísticos y de transformación de la industria, y finalmente de modo indirecto terminan presionando por presión de costos los precios de los bienes y servicios”, explicó Pablo Besmedrisnik, director de la consultora Invenómica.
Las tarifas afectan de lleno a los costos logísticos y de transformación de la industria, y finalmente de modo indirecto terminan presionando por presión de costos los precios de los bienes y servicios (Pablo Besmedrisnik)
“El reacomodamiento de tarifas genera una primera ronda inmediata y directa de aumentos sobre el costo de vida de la población. Luego, hay una segunda ronda de ajustes, indirecta, más diluida en el tiempo, pero hasta más potente que la primera. En 2020 se terminó de configurar la tercera caída anual seguida en el salario real, y desde 2012 el ajuste en el poder adquisitivo del salario fue de alrededor de un 25% en los trabajadores privados registrados. Mientras que en los no registrados y en el sector público la caída es aún mayor”, agregó el economista.
La aceleración inflacionaria de los últimos meses hace prever que la caída del poder adquisitivo persistirá durante el 2021. La inflación anualizada promedio de los últimos 4 meses supera el 55% y con tendencia creciente. En diciembre de 2020 y enero 2021 fue del 60%. “Este escenario requiere necesariamente políticas macroeconómicas estabilizadoras inmediatas, y que tendrá ineludiblemente su correlato en la caída de los salarios reales. No parece ser posible que los nuevos acuerdos salariales se acerquen hoy a los parámetros inflacionarios que se aprecian en la actualidad. Sin embargo, vale mencionar que se espera que ocurra una gran divergencia sectorial en la evolución del salario real”, subrayó Besmedrisnik.
El ministro de Economía Martín Guzmán busca que los subsidios no aumenten en términos del PBI
La incógnita es cuánto del atraso tarifario en los servicios públicos se trasladará este año a los usuarios. En servicios como luz y gas el congelamiento de las tarifas lleva casi dos años. Según trascendió desde el sector, en el caso del gas se está negociando con las empresas distribuidoras y transportadoras una recomposición que se traduciría en un aumento de entre 7% y 9% en la factura que reciben los usuarios. Mientras que el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que buscará que los subsidios no aumenten en términos del PBI.
“La suba o no suba de las tarifas naturalmente tiene que ver con el impacto fiscal. Los retrasos son obvios desde el punto de vista legal y económico, lo que provoca un deterioro de las inversiones y, luego, del servicio. El atraso siempre es discutible, con dos años de congelamiento, con cualquier indicador o índice que se tome en cuenta, en transporte y distribución puede ser entre 80% y 110% para volver al nivel de el segundo semestre de 2019. El atraso es muy importante y una bomba de tiempo″, detalló Santiago Urbiztondo, economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Los retrasos en las tarifas son obvios desde el punto de vista legal y económico, lo que provoca un deterioro de las inversiones y, luego, del servicio (Santiago Urbiztondo)
En el caso de los servicios públicos regulados, el costo final de la tarifas incluye un tercio del costo de transporte y distribución, un tercio que corresponde al precio de la energía y el resto a impuestos. Un aumento de 9% en el total significa al menos un aumento del 20% al 25% para la parte correspondiente a transporte y distribución.
Con todo, la situación económica de este año deja poco margen para sostener un congelamiento de tarifas o incrementar los subsidios. “A fines de 2015, las tarifas que se pagaban cubrían entre 15% y 20% de los costos. Todavía no estamos en esa situación, pero en ese momento la situación fiscal era más holgada. El margen de 2021 es infinitamente menor; además, la inflación se va a acelerando mientras que en 2015, según las estimaciones privadas, rondaba entre 20% y 25% anual hoy se espera cerca del doble”, subrayó el economista.
El fin de semana Patricia Bullrich no tuvo descanso político. Tomó su teléfono celular y se comunicó con cada uno de los presidentes del PRO provinciales. Les pidió que estén “atentos” a Vacunatorios VIP que aún no se hayan descubierto.
Bullrich quiere que dirigentes, diputados y hasta concejales locales investiguen en sus pueblos y provincias si hubo otros centros paralelos de vacunación similares al que se destapó a nivel nacional. Además de chats, en reuniones privadas pidió avanzar en este sentido. Cree que aún hay más situaciones escandalosas en la Provincia de Buenos Aires, en muchos municipios y en el Interior del país.
“Todos nos tenemos que meter con esta causa, es por la transparencia en el cuidado de las vidas, es una causa de los valores del PRO”, les dijo a los dirigentes, según pudo reconstruir PERFIL.
En ese marco, la estrategia es que los dirigentes locales trabajen en una suerte de “control comunitario” de la estrategia de vacunación local con la ayuda de asociaciones de médicos, farmacéuticos y organizaciones de la sociedad civil. “Tenemos que crear un núcleo de transparencia en cada pueblo”, fue la idea que dispersó.
“Los propios médicos y enfermeros pueden contar todo lo que está pasando”, añadió en uno de los chats individuales con legisladores provinciales del PRO. “Sino, La Cámpora te pasa por arriba”, fue una de las respuestas que escuchó.
También lo habló con varios intendentes – como el de Pergamino, Javier Martínez, quien estuvo reunido personalmente con Bullrich en la sede del PRO nacional en la calle Balcarce ayer.
Un caso: el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se vacunó con la Sputnik V a comienzos de enero y luego se dio la segunda dosis en febrero. En Santa Fe los dirigentes del PRO salieron a criticarlo y prometieron investigar en qué condiciones se dio la vacuna. El funcionario argumentó que es integrante del Consejo de Gestión de Riesgo Sanitario de la ciudad.
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Hay movilizaciones en distintos puntos del país (Fotos: Nicolás Stulberg):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/J5F2P5K5HZAG7JURJ54RXXULXY.jpg)
Una de las postales que dejó la marcha del 27F:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5J2ONERHXRFMTFDRHC2RFAIQBQ.jpg)
El epicentro de la marcha fue la Plaza de Mayo
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En el gobierno de Axel Kicillof hay preocupación por los casos de vacunación irregular en la Provincia
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Graciela Fernández Meijide. (Adrián Escandar):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CNIFPBHEDJGD7FVJL4DWPFBAF4.jpg)
Graciela Fernández Meijide fue retratada por José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997. (José Luis Cabezas):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IM2AM4HEDRH3VAUDFBWCIGBX7E.jpg)
Graciela Fernandez Meijide con sus hijos.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/K34NW6E5LVFXTCPZWGURGKHN3U.jpg)
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Durante la campaña que llevó a la presidencia a Fernando de la Rúa.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IFINK4EN45AHZEQG4GIZ4OF5SQ.jpg)
El ex presidente Raúl Alfonsín saludando a Graciela Fernández Meijide durante el acto que que recordó los 20 años del informe de la CONADEP. (NA: Mariano Sánchez)
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El ministro de Economía Martín Guzmán busca que los subsidios no aumenten en términos del PBI
