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El Consejo Federal de la Salud obtuvo consenso entre las autoridades sanitarias de las 23 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación para comenzar la vacunación en niños de 2 a 11 años.

Desde el Consejo, anticiparon que la campaña iniciará el martes 12 de octubre, con la inmunización de aquellos niños con condiciones de riesgo. Paulatinamente, se irá avanzando en función de los planes estratégicos provinciales.

Con el objetivo de poder llevar a cambio el proceso de inoculación, se preparará el primer envío para su distribución durante el jueves 7 y viernes 8 de octubre para que las mismas vacunas empiecen a circular entre las 23 jurisdicciones y la CABA.

Carla Vizzotti anunció la vacunación de menores entre 3 y 11 años con Sinopharm

Los propósitos de la vacunación consisten en disminuir las poco frecuentes pero posibles formas graves de enfermedad y la mortalidad por COVID-19 en este grupo, así como la cantidad de personas susceptibles y de este modo la transmisión viral.

Junto a ello, buscarán fortalecer la presencialidad escolar teniendo en cuenta el rol clave no solo desde el punto de vista educativo sino también como ordenador social. Finalmente, ponen el foco en transmitir seguridad a la población.

Insisten en la necesidad de continuar con el trabajo articulado nación, provincias, municipios, expertos, expertas y las sociedades científicas para fortalecer la confianza de la población en las vacunas.

La Sociedad de Pediatría pidió evidencias científicas a ANMAT que avalen vacunación en niños

Vacunación de niños en provincia de Buenos Aires

Bajo la misma línea, más de 400 mil niños de entre 3 y 11 años se inscribieron para recibir la vacuna Sinopharm en la provincia de Buenos Aires. El registro en el plan de vacunación se realiza desde la web vacunatepba.gba.gob.ar.

Además, se recordó que continúa abierta la inscripción para el grupo etario de 12 a 17 años y ya se inició la inmunización de chicos de 16 y 17 años que no presenten condiciones de salud preexistentes.

La convocatoria tuvo lugar poco después de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciara el viernes 1 de octubre la inmunización de niños bajo dicho rango etario con la vacuna contra el coronavirus que está siendo elaborado por China.

“La ANMAT nos confirma que estamos en condiciones de usar Sinopharm en chicos de entre 3 y 11 años. Tendremos 12 millones para fines de octubre, es para esto que guardamos las vacunas”, anunció Vizzotti desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada.

Fuente: Perfil.com

La vuelta a la presencialidad en la Cámara de Diputados mañana martes se podría ver frustrada por la falta de quorum para poder sesionar. La negativa de Juntos por el Cambio y la escasez de legisladores de los otros bloques opositores por la campaña está generando dificultades para que el Frente de Todos logre juntar los 129 diputados que necesita para dar inicio al debate.

El problema se suscitó, primero, porque desde el interbloque conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se opusieron al nuevo reglamento que había dictado la presidencia de la Cámara que abría la puerta a muchas excepciones para mantener el modelo de presencialidad y virtualidad. Una vez que se modificó y se volvió al reglamento “pre pandemia”, el conflicto surgió por el temario.

El Frente de Todos convocó a una sesión especial para mañana martes y en el temario a debatir es un conjunto de iniciativas que supuestamente tiene consenso en la mayoría de los bloques. En la agenda figura como tema central la ley de etiquetado frontal pero también se debatirán proyectos como el que propone políticas transversales para las personas en situación de calle y otro referido a medidas vinculadas con la actividad de la vitivinicultura.

FOTOS ETIQUETADO CLARO

Sin embargo, luego de tres meses sin deliberar debido a la campaña electoral, la falta de acuerdo entre los distintos espacios parlamentarios hace que esté difícil que mañana a las 11 de la mañana, cuando empiece a sonar la campana que llama a la sesión ase logre el quorum necesario.

“Los diputados de Juntos por el Cambio decidieron que sea el oficialismo el que se encargue de reunir el quórum ya que el temario no fue acordado”, explicó una fuente de la oposición. “Lo que se va a tratar tiene consenso, pero no vamos a dejar que nos impongan los temas, nosotros queremos que se discutan otros temas también”, agregó

En Juntos por el Cambio quería sumar otros proyectos de ley que entienden que son importantes, como por ejemplo la Ley ovina y la emergencia educativa entre otros. Pero el bloque que conduce Máximo Kirchner se negó y avanzó con una agenda propia.

El presidente del Bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, señaló que la ley de etiquetado frontal “es un buen ejemplo para demostrar que aún en medio de un proceso electoral los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente. Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente, no sorprende, es lo que hicieron cuando gobernaron”.

En una entrevista radial, el líder de La Cámpora señaló que “es fundamental que nuestra gente pueda saber que consume, pero también hay que lograr que pueda comprarlo. Eso son los desafíos que tenemos por delante. Somos conscientes de que cuando cumplimos con una demanda, se generan dos nuevas, de eso se trata hacer política”.

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Florencia Lampreabe dijo que “no está garantizado en quórum” para la sesión convocada para mañana y pidió a la oposición que sea “coherente” y “cuide lo que comen los argentinos”.

”No está garantizado el quórum para tratar la ley, no nos confirmaron del resto de las bancadas, esperamos que los diputados de la oposición sean coherentes y cuiden lo que comen los argentinos”, dijo Lampreabe a El Desatape Radio.

En este sentido, Lampreabe remarcó la importancia que tendrá la discusión en el Congreso y advirtió que “a fin de año el proyecto de etiquetado pierde estado parlamentario”, por lo tanto de no votarse “volvemos a foja cero. El etiquetado frontal no es una innovación argentina, se aplica en muchos países y tiene muy buenos resultados”, indicó Lampreabe.

La discusión ayuda a muchos otros legisladores que se oponen a que se apruebe la norma porque, por ejemplo, provienen de provincias productoras de azúcar; y aprovechan la negativa de Juntos por el Cambio y la campaña electoral para “ausentarse” y no votar algo que los sectores empresariales de los alimentos ultraprocesados están tratando de frenar desde que comenzó el debate.

En medio de esto, y que etiquetado frontal fue una ley que llevo mucho de debate en las comisiones, el candidato a diputado nacional Martín Tetaz desde su cuenta de Twitter, expresó: “Tres preguntas sobre ley de etiquetado frontal: 1) ¿Se basa en algún estudio de comportamiento o solo en presunción de homo economicus racional? 2) ¿Qué dice la evidencia sobre el impacto en otros países (por ejemplo México)? 3) ¿Le cabe a alimentos sin agregados como exprimidos o manteca?”.

Diputadas del Frente de Todos (FdT) criticaron hoy al candidato de Juntos por el Cambio Tetaz por su rechazo a la ley y lo acusaron de pretender “boicotear derechos” de los usuarios, después de que el postulante expresara sus dudas sobre la utilidad de esa iniciativa. ”¿Investigar? ¿Googlear quizás? ¿Para qué si para boicotear derechos puedo vomitar desinformación en las redes?” posteó la diputada del FdT Florencia Lampreabe, una de las impulsoras de la ley.

Deuda

En otro tramo de la entrevista radial Máximo Kirchner hizo referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en especial, a los vencimientos. “Cada dólar que se destine al pago de la deuda con el FMI, es un dólar menos para el pueblo. Se trata de menos recursos para salud, educación y el sector privado”.

Al respecto cuestionó a los medios porteños que ayudan a “ocultar el daño profundo” que provocó el endeudamiento. “Son los mismos medios que instalan que soy anti empresario, es comodidad, y no permite debatir los temas a fondo. Nosotros tenemos una visión estratégica de país. Las decisiones de Cristina con Vaca Muerta, con la apertura de los laboratorios durante su gestión que hoy permiten avanzar con la producción de vacunas o lo que sucedió con las AFJP”.

“Esa visión estratégica implica tener en cuenta que Argentina se integre al mundo desde su identidad y sus necesidades, lo que implica contemplar las asimetrías económicas, sociales y culturales de nuestro pueblo. Es hora que los mercados asuman la existencia de la gente, en Argentina viven 46 millones de personas. Cualquier política que nos demos tiene que ser en el marco de la existencia y necesidades de los argentinos y argentinas”.

“Es nuestra obligación construir futuro, pero para eso tenemos que construir el presente”, concluyó.

Fuente: Infobae.com

Luego de una reunión con empresarios y trabajadores de actividades vinculadas con la noche, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este jueves que desde este viernes 1° de octubre podrán volver a funcionar los boliches y los salones bailables, entre otras actividades nocturnas de la provincia.

El mandatario bonaerense lo definió en una reunión en la que participó la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, junto a empresarios y representantes de trabajadores vinculados a la nocturnidad, que se realizó en el histórico boliche El Bosque, justamente en Quilmes.

Kicillof señaló que la medida de avanzar con nuevas reaperturas para el sector del ocio nocturno «la podemos anunciar a partir de la mejora sostenida en la situación epidemiológica», destacando que el funcionamiento de esos locales deberá seguir con una serie de «pautas de aforo, medidas de cuidado y presentación de certificado de vacunación para quienes asistan».

En sus redes sociales, el mandatario de la provincia de Buenos Aires dio cuenta de esa buena nueva para los empresarios y trabajadores de miles de boliches bonaerenses, que han hecho en este año y medio esfuerzos desesperados de supervivencia laboral, una lucha en que muchos debieron cerrar sus puertas:
«Este ha sido un momento muy esperado porque sabemos que, si bien la pandemia golpeó a todos los sectores, afectó mucho más a aquellos vinculados con el entretenimiento», planteó Kicillof en su mensaje, destacando al mismo tiempo que «estamos a disposición para dialogar, escucharlos y ayudar con aquello que permita que la reactivación de la actividad sea lo más rápida posible».

«La Provincia tiene una larga tradición y cultura en este sector, por eso desde el Gobierno queremos acompañarlos durante la salida de la pandemia», remarcó el gobernador ante los empresarios del rubro. Además, el gobernador provincial dijo que «con los altos niveles de inmunización» con los que se cuenta en la provincia, se está «en condiciones de seguir trabajando para que la reactivación sea equitativa y genere igualdad de oportunidades para todos».

Por su parte, la intendenta Mayra Mendoza también se mostró satisfecha con los anuncios de la vuelta de los boliches y otras actividades de entretenimiento nocturna, enfatizando que «es muy importante para todos nosotros ver cómo se avanza en la recuperación de esta actividad después de la pesadilla que significó la pandemia».

Del encuentro con Kicillof y Mendoza participaron representantes de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (FEDRA); de la Asociación Empresaria del Noreste de la Provincia de Buenos Aires (ASEN); y de la Industria del Entretenimiento Argentino (IDEAr). También de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires (CEDIBBA); y del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA).

Fuente: Perfil.com

La Argentina registró en el primer semestre del año una reducción leve de la pobreza, que pasó del 40,9% que había tenido lugar un año atrás a 40,6%, con lo cual casi 19 millones de personas son consideradas pobres. Otros países de la región experimentaron tendencias de fuerte aumento como consecuencia de la pandemia, pero ese efecto podría incluso acentuarse si los gobiernos discontinúan medidas de asistencia económica.

Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el último año la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7% en promedio en toda la región. Según el organismo, las transferencias económicas hechas por distintos gobiernos durante el peor momento de la pandemia evitaron que esos índices sean incluso peores.

Otros países de la región experimentaron tendencias de fuerte aumento como consecuencia de la pandemia, pero ese efecto podría verse estabilizado por las menores restricciones de la pandemia

“Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones; en el caso de la pobreza extrema pasó de 70 millones en 2019 a 78 millones, pudiendo haber sido 98 millones)”, estimó la Cepal.

“Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave”, consideró.

El organismo que dirige Alicia Bárcena repasó cuáles fueron las políticas que llevaron adelante algunos de los países de la región para mitigar el impacto de la pandemia. En ese sentido, remarcó al IFE argentino, que este año fue reemplazado por “otros programas de transferencia, por ejemplo el denominado Potenciar Trabajo, que paga a cada beneficiario la mitad de un salario mínimo. Además, se ha aumentado un 50% el monto de la Tarjeta Alimentar”.

En Brasil, enumeró Cepal, en abril de 2021 “se reanudó la principal medida de transferencias monetarias de emergencia, el Auxilio Emergencial, que estuvo suspendida entre enero y marzo”. En Chile, en enero, se modificó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para repartir en comunas en cuarentena total o parcial y en abril se amplió a las familias del 80% más vulnerable.

Las proyecciones del organismo que depende de Naciones Unidas mostraron que “si los gobiernos descontinúan las transferencias de emergencia implementadas en 2020, los recursos disponibles para los hogares provendrían principalmente de los ingresos laborales, fuertemente golpeados ese año, y los programas continuos de protección social, implementados previamente”.

Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el último año la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7% en promedio en toda la región

Por esa razón, los ingresos de las familias serán insuficientes “para contrarrestar la pérdida de ingresos derivada de una descontinuación de los programas de ayuda de emergencia”. En ese escenario, la pobreza extrema podría alcanzar un 14,8% (2,3 puntos porcentuales más que en 2020) y la pobreza ascendería al 35,2% (1,5 puntos porcentuales más que en 2020), proyectó Cepal.

Pocos países realizaron una actualización oficial de sus números de pobreza en lo que va del año. Además del 40,6% que midió la Argentina para el primer semestre del año, Ecuador actualizó su indicador, que también arrojó una leve caída entre el 32,4% con que había cerrado el 2020 y la primera parte de 2021, que finalizó con 32,2 por ciento.

Perú tuvo un fuerte salto de la pobreza por el impacto de la pandemia. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Chile, por su parte, midió una proporción de pobreza igual a 10,8%, lo que implica la primera suba de ese indicador en 20 años. La anterior medición, que databa de 2017, había sido de 8,6 por ciento. Por su parte, una estimación hecha por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela mostró que la pobreza en ese país había trepado hasta un dramático 95,4 por ciento.

La mayoría de los países de la región todavía cuentan con datos de 2020. Uruguay marcó de acuerdo a su instituto de estadísticas un aumento de 8,8% en 2019 hasta 11,6 por ciento. Esto implicó casi 100.000 personas que cayeron en la pobreza, lo que totalizaría 409.586 personas en esa situación. Para Uruguay representó el tercer año consecutivo en que aumenta la pobreza: de 7,9% en 2017 a 8,1% en 2018, a 8,8% en 2019 y a 11,6% en 2020.

Además de la Argentina, Ecuador y Chile actualizaron a 2021 sus indicadores de pobreza e indigencia

Paraguay, por su parte, midió que como consecuencia de la crisis sanitaria un 26,9% de sus habitantes están por debajo de la línea de pobreza, mientras un año antes ese número era de 23,5 por ciento. Los últimos datos oficiales de Perú muestran un avance de la pobreza desde 21,7% en 2019 a 30,1% en 2020, en uno de los países con las economías más impactadas por el coronavirus.

Cabe aclarar que cada país tiene su propia metodología de medición de la pobreza, por lo que no es posible hacer una comparación lineal entre las estadísticas oficiales de cada caso.

Fuente: Infobae.com

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, afirmó este jueves que el resultado electoral fue un mensaje de la sociedad al oficialismo. “La gente nos dijo: ‘así no’”, analizó Tolosa Paz en diálogo con A24. La dirigente estuvo varios días en silencio y ahora volvió a los medios. “Hoy arrancó la campaña”, anunció.

Ocurrió esta noche, después del acto que marcó el “reencuentro” público de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en lo que pareció ser un “alto el fuego” en la interna del Frente de Todos con la mira puesta en la elección general del 14 de noviembre. “Queremos ganar en noviembre, el que diga que no, miente”, enfatizó.

Tolosa Paz afirmó que las “urnas hablaron” y que las medidas económicas que se están tomando no son para ganar la elección sino “para generar mejor calidad de vida a la gente”.

“Lo más interesante es analizar qué ocurrió el 12 de septiembre. Hay quienes piensan que la cuestión económica pesó, y pesó mucho; hay otros que no. El lunes a la mañana después de perder las elecciones dije: interpreté que nos dijeron “así no”, dijo.

“No sirve de nada hablar de los errores cometidos en la gestión. Algunos errores no los podemos revertir -continuó-, sí muchas decisiones se pueden tomar para transformarles la vida a quienes están tristes y angustiados”, afirmó. Tolosa Paz contó que tras la derrota “hubo una semana de mucha discusión pública que terminó con un nuevo comienzo”. “Creía que nuestro frente iba a tener un respaldo en las urnas, las PASO nos permiten corregir hacia adelante”, precisó.

En cuanto a las medidas económicas, anticipó que buscarán aprobar “un presupuesto expansivo”. E insistió: “No tienen un impacto pensado en las elecciones. Si fueran electoralistas, las medidas serían más radicalizadas”. “Vamos a trabajar para que el Presupuesto sea la expresión de todo el Frente de Todos, seguro habrá correcciones”, adelantó. “El Presupuesto es expansivo en el gasto, en obra pública, voy a acompañarlo”, consideró. “La discusión técnica si es expansivo o ajuste: hay una vocación del Frente de Todos de seguir trabajando por un Estado que ayude a los más pobres”, precisó.

Tolosa Paz dijo, por otro lado: “La inmunidad que logramos en el mes de septiembre [frente al coronavirus] nos permite tener una perspectiva diferente sobre la pandemia”.

“Los que tienen menos en la Argentina menos van a pagar y, los que más tienen, más van a pagar. Ese tipo de proyectos vamos a tratar en el nuevo Congreso”, indicó durante el reportaje en A24, cuando le preguntaron por lo que hará cuando llegue a su banca.

Fuente: La Nación

El ex presidente Mauricio Macri fue citado a indagatoria para el próximo 7 de octubre en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan. Además, se le dictó la prohibición de salida del país, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata de la primera indagatoria a la que es llamado el ex jefe de Estado. Macri se encuentra en Miami, según pudo confirmar este medio.

La decisión la tomó el juez de Dolores Martín Bava, subrogante del juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que se abrió en esa jurisdicción para investigar si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas de , a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció el año pasado que los espías habían sido puestos al servicio de anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar ante el entonces presidente Mauricio Macri.

En la misma resolución de 166 páginas, el juez Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes se dictaron embargos por 20 millones de pesos. También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Hay varias causas abiertas que investigan espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. Una, nacida en Lomas de Zamora, está concentrada en Comodoro Py, en donde se investiga el espionaje a políticos oficialistas y opositores, jueces, gremialistas y periodistas. Otra tiene como eje el juzgado federal de Dolores, donde se radicó la llamada causa D’Alessio y en donde creció una investigación sobre las llamadas bases AMBA, en donde se constaron seguimientos en el marco de elecciones, protestas sociales, reportes sobre Santiago Maldonado o el caso de los familiares del Ara San Juan. Es precisamente sobre este punto en que se ordenó la indagatoria del ex presidente.

Conocida la decisión, familiares de las víctimas celebraron la noticia: “Esto se caía maduro desde el primer momento. No iba a poder zafar porque los papers que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él, no puede alegar desconocimiento”, opinó Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos.

El Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad.

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan junto al monumento en el centro de la plaza de la Base Naval de Mar del Plata, (EFE/ Mauricio Arduin/Archivo)

En la resolución, el juez hizo hincapié en que “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, se reunió por primera vez con las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre del 2017; es decir, a solo cinco días de la desaparición del submarino 64.” Sostiene la resolución que fue a partir de ese encuentro en que comenzó “el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan (toda vez que el primer documento referido a este tema del que tenemos constancia data del diciembre del 2017). De una u otra manera la responsabilidad de los entonces directivos de la AFI en esta cuestión resulta ser evidente”.

Fue entonces que analizó las declaraciones de Silvia Majdalani, en su indagatoria, diciendo que allí “pretendió justificar adjudicando razones de seguridad presidencial, que los agentes de la AFI hayan realizado un informe colocando a dos mujeres -esposa y hermana de dos de los tripulantes desaparecidos-, que las hayan fotografiado e identificado y hasta hayan adjuntado sus perfiles de redes sociales en las que se indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”.

“¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces? Sostener que en estos hechos tan banales se encuentra en riesgo la seguridad nacional es de una peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país, debido a que cualquier persona puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia”, afirmó el magistrado en la resolución.

Y añadió: “sostener la idea de que puedan hallarse factores de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional en eventos de este tipo, nos remonta a inaceptables épocas anteriores a la recuperación de la democracia, en las que se efectuaban similares tareas de espionaje político interno, recopilando información de numerosos ciudadanos en base a su militancia sea esta partidaria, gremial, comunitaria, etc. Esa producción de inteligencia ilegal no pudo deberse a una concatenación de “extralimitaciones” sino a una directiva precisa emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Este accionar no puede ser admisible y es deber del Poder Judicial sancionar, no sólo por imperativo legal, sino como garantía de no repetición de estas prácticas aberrantes”

Para el juez está claro que los informes elaborados “permiten demostrar como lo que realmente le resultaba de interés informar a los agentes de la AFI eran los movimientos de las familiares de los tripulantes del ARA San Juan y no la seguridad presidencial”. Los informes de la AFI, dirigido al Presidente de la Nación, buscaban reportar “sobre los legítimos reclamos que le iban a realizar familiares de las víctimas de la desaparición del submarino ARA San Juan; nada más lejos de la legalidad y de las funciones de la AFI”, dijo el juez.

En ese contexto, el fallo señaló: “se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos.”

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.

Tras detallar seis hechos que se le adjudican, el fallo añadió que ninguna de esas acciones contó “con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión de gobierno que conducía el imputado”.

“Este espionaje prohibido por la ley fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI en el período detallado, las que eran producidas para información del imputado. En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos. En consecuencia, a partir del análisis de la información que se le remitía, el imputado impartió las directivas generales para el desarrollo de las conductas antes descriptas y para ello, destinó recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y logísticos para llevar adelante las tareas ilícitas”.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, trató de despejar dudas sobre la crisis interna del Frente de Todos y justificó «discutir a los gritos» como método de sentar posiciones y defender argumentos al interior de la coalición oficialista. 

Con método y puesta en práctica, el reconocido ex funcionario kirchnerista regresó a un cargo de alta exposición pública con el mismo tono de los mejores años de Néstor y Cristina Kirchner instalando títulos, defendiendo a su espacio y batallando discursivamente con quien lo ataque.

En este caso fue consultado en Hagan Algo por C5N sobre la disputa vía medios y vía carta entre el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta, y trató de bajar la temperatura del conflicto manifestando que para hacer política hay que defender posturas con vehemencia.

“Si hay que discutir a los gritos, se hace, esto no es para cagones”, manifestó el funcionario que encabeza la cartera de Seguridad sobre las diferencias en el interior del armado panperonista.

Luego recordó su paso por el gabinete del ex presidente Néstor Kirchner y develó que las disputas verbales por posiciones diferentes eran naturales.

“No tengo preocupaciones de lo que sucedió. Si hay una discusión, hay que discutir en serio. Si hay que discutir a los gritos, se hace, como lo hice cientos de veces con el mismísimo Néstor Kirchner, a quien he amado profundamente. ¿Por qué no puedo discutir?”, dijo el ex jefe de Gabinete.

También agregó que tensar la cuerda era, en parte, uno de los motivos por los cuales lo habían convocado como funcionario en el primer kirchnerismo. “Si a los 50 años llegué a ser ministro del Interior de Néstor Kirchner, ¿me voy a callar la boca con el mismo Néstor Kirchner? Ni en pedo. Yo estoy para discutir, porque ahí me pusieron ellos, yo no fui a buscarlo, me pusieron para hacer eso”, expresó.

Luego se refirió a que la discusión de fondo del actual Frente de Todos tiene como objetivo “defender los intereses de un pueblo que está esperando resolver sus situaciones”.

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De esa manera se refirió el ministro de Seguridad al foco donde tiene puesta su función en el gabinete tratando de correr el eje de la interna en el frentetodismo.

Por eso sostuvo que “todo el mundo se comió el amague y se arrastró la marca hacia la discusión que se había dado” y agregó que la importancia en los intereses del pueblo “se está discutiendo en el más alto de los sentidos, porque el objetivo que se persigue es muy alto”.

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También sostuvo que “esa es la pelea, defender los intereses de un pueblo que está esperando resolver sus situaciones”.

Finalmente, Fernández volvió a acelerar: “Esto no es semántico, es de fondo: se discuten los intereses del pueblo, pero esto no es para cagones, eh. Poner un salame que diga ‘yo quiero hacer tal cosa’, ‘no vamos a hacer todo lo contrario’. No me callo la boca con nadie”.

Fuente: Perfil.com

La “guerra interna” desatada dentro de la Unidad de Información (UIF) luego del “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y otros dos directivos en la causa Cuadernos acaba de sumar un nuevo capítulo. El abogado que representaba a la UIF en ese expediente, Fernando Diez, denunció al titular del organismo, Carlos Cruz, ante la Jefatura de Gabinete. Lo acusa de “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales. Diez fue despedido la semana pasada y hay otros dos abogados sumariados por el escándalo, tal como reveló Infobae. “La causa Cuadernos nunca se impulsó en la gestión de Cruz, esa era la orden no escrita que teníamos”, coinciden los protagonistas.

Todo comenzó el 10 de agosto, cuando el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos habían declarado que desde el Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.

Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó tenía que ver con “ayuda humanitaria” para una de sus empresas en Venezuela.

Ercolini actúa en el marco de un pequeño tramo de la causa de los Cuadernos que sigue en instrucción. El grueso del expediente ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7 aunque todavía no tiene fecha para comenzar el juicio. En la causa principal, la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudó dinero entre los empresarios con los que hacían negocios durante la gestión K.

El fallo de Ercolini tenía un plazo para ser apelado. Pero ni la Fiscalía ni la UIF se presentaron. “Teníamos tiempo entre el 10 y el 16 de agosto. Nadie dentro del organismo dio una directiva aunque la noticia del sobreseimiento había salido en todos los medios. Además la encargada del área de Litigios, Marcela Vivona, estaba con licencia por Covid-19”, explicó a Infobae uno de los implicados.

Vencido el plazo para apelar, y ante algunos rumores internos, la conducción de la UIF puso en marcha una jugada polémica desde el punto de vista procesal. “Se subieron a la apelación que hizo la defensa de (Roberto) Baratta. Pero la Cámara Federal rechazó ese recurso porque fue un mamarracho jurídico”, se lamentan dentro de la UIF. El encargado de firmar aquella presentación fue Leandro Ventura, un abogado de confianza de Carlos Cruz.

Con el escándalo consumado, el titular de la UIF decidió iniciar un sumario contra los tres abogados que intervenían como patrocinantes en la causa Cuadernos. En ese contexto, Vivona fue convocada por una secretaria para dar una explicación. En cambio, Fernando Diez se enteró de la investigación interna por rumores internos y no pudo hacer un descargo formal. “Lo notificaron por un sistema de comunicación interno que nadie utiliza”, dijo un allegado.

Recién el 17 de este mes, Diez fue recibido por el jefe de Gabinete de la UIF, Gustavo Rojas. El funcionario cercano a Cruz le aseguró que iba a poder defenderse de las acusaciones. Pero su futuro ya estaba sellado: una semana después, recibió el telegrama de despido en su domicilio. Para ese entonces, Diez ya estaba cursando licencia psiquiátrica por la extrema tensión que estaba viviendo.

“Es absurdo que lo acusen a Fernando de ocultar información cuando la noticia (del sobreseimiento) ya estaba publicada en varios medios. No se puede sostener que la responsabilidad es de los abogados como si la UIF fuera un estudio jurídico. Cruz no puede alegar que la responsabilidad es de los subalternos que son empleados públicos”, alertó un abogado que conoce los detalles del escándalo.

Carlos Cruz es el hombre elegido por Alberto Fernández para dirigir la UIF (Maximiliano Luna)

Diez considera que se convirtió en una suerte de chivo expiatorio para intentar licuar el escándalo por el sobreseimiento de los directivos de Techint. De hecho, desde que asumió el actual presidente de la UIF, Carlos Cruz, ese organismo nunca impulsó la causa Cuadernos: solo hizo presentaciones para cambiar a los abogados patrocinantes.

Hay varios ejemplos. En junio de 2020, fue sobreseído el empresario Luis Betnaza y la UIF no apeló. Y en noviembre de ese mismo año, en la causa sobre los subsidios al transporte automotor (acumulada a la investigación principal), hubo un sobreseimiento para varios empresarios. Nuevamente no hubo ninguna presentación de la UIF.

“La orden, nunca escrita, fue que la causa Cuadernos no se iba a impulsar, por eso planteamos varias veces que era mejor desistir de la querella como hizo la OA en otras causas”, dijo una fuente del área de Litigios.

Antes de recibir el telegrama de despido, Diez denunció al presidente de la UIF ante la Jefatura de Gabinete que ahora conduce Juan Manzur. En esa repartición funciona una oficina especial que se encarga de la violencia laboral dentro de la administración pública.

En la denuncia administrativa -identificada como EX-2021-89663398- Diez relata cómo fueron los hechos y ofrece testigos.

“Las constantes acusaciones hacia el personal de la Dirección, las amenazas respecto a despidos, los despidos concretados, el abandono de la dirección y la responsabilización al personal por las consecuencias de esa desidia, las órdenes y contraordenes verbales, el aislamiento de las responsabilidades de los superiores en perjuicio de los subalternos, entre otras situaciones, han sido moneda corriente”, dice la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.

Diez también recuerda en esa presentación que ya había sido despedido unos meses antes, aunque en ese caso la orden nunca se concretó. El encargado de comunicarle esa decisión fue el entonces director de Litigios, Claudio Castelli, que se terminó yendo del organismo en medio de otro escándalo.

Dentro de la UIF destacan que el conflicto con los abogados de Litigios Penales no tendría connotaciones políticas. De hecho, Diez ingresó al organismo en enero de 2013, durante la gestión de José Sbatella. Algo similar ocurre con Vivona. Ambos ya recibieron el apoyo de los gremios estatales, como ATE y UPCN, y de Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE).

El conflicto continúa.

Fuente: Infobae.com

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se reunió hoy con el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, en la Casa Rosada. La visita de Arcioni, que estuvo alrededor de una hora en el despacho del tucumano, se dio en medio de rumores sobre un posible pedido para que baje su lista de candidatos en las elecciones generales del 14 de noviembre. Por el momento hay silencio oficial sobre el tema y el gobernador chubtense se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

El movimiento con el que el kirchnerismo buscaría bajar la lista de Arcioni es clave en vistas a evitar perder más bancas en el Senado.

El 12 de septiembre pasado, la oposición dio la sorpresa y ganó las PASO. Juntos por el Cambio sumó como fuerza el 37% de los votos, mientras que el Frente de Todos quedó en segundo lugar, con alrededor del 27%. Como tercera fuerza y alcanzando el 13% de los sufragios se ubicó “Chubut Primero”, la lista del gobernador Arcioni y encabezada por el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, como candidato a senador.

De mantenerse este escenario en noviembre, el kirchnerismo perdería dos de las tres bancas que hasta hoy tenía garantizadas por la provincia. En estos datos radica la preocupación del kirchnerismo. Hasta ahora, y a pesar de las gestiones del Gobierno, Arcioni se comprometió a mantener en pie la lista propia.

Arcioni llegó a Balcarce 50 apenas pasadas las 7:40 de la mañana. Su encuentro con Manzur estaba pautado para las 8 y definido por la agenda oficial como “un encuentro de trabajo”. El mandatario provincial dejó el edificio pocos minutos antes de las 9. Desde entonces y a pesar de las reiteradas consultadas a fuentes oficiales estas declinaron de hacer comentarios.

Hasta ahora lo único que se conoció es un lacónico tweet de Manzur, pero no hubo precisiones sobre el posible pedido a Arcioni. En la Casa Rosada llamó la atención que el gobernador se retirara sin hacer declaraciones ante los periodistas acreditados en el lugar, lo que despertó aún más suspicacias respecto de lo conversado.