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En el contexto de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el ministro de Economía, Martín Guzmán, arribó a Washington, Estados Unidos, para comenzar este lunes con las reuniones técnicas con el organismo multilateral, mientras se decide el futuro de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, acusada de favorecer a China durante su paso por el BM.

En esta jornada, Guzmán encabezará junto al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, un encuentro con el staff del FMI, liderado por Julie Kozack, vicedirectora para el hemisferio occidental, y el jefe del caso Argentina, Luis Cubeddu, según informó la agencia Noticias Argentinas.

«Se trabajará en aspectos técnicos de las negociaciones sobre un programa que reemplace al fallido programa Stand By, negociado por el Gobierno de Juntos por el Cambio», sostuvieron desde el Palacio de Hacienda, en referencia al acuerdo que permitirá reprogramar el pago de la deuda de US$45.000 millones tomados por la gestión anterior de Mauricio Macri.

Guzmán llega a Estados Unidos cuando el futuro de Georgieva pende de un hilo

Luego, el martes el titular de la cartera económica se reunirá con Georgieva, en medio del debate del futuro de la directora gerente del organismo, quien días atrás debió presentarse días atrás ante la cúpula del Fondo, donde rechazó las acusaciones en su contra.

Un reemplazo a la actual titular del FMI podría representar un conflicto para la administración de Alberto Fernández, puesto que Georgieva es considerada una especie de aliada de la Argentina en el marco de las negociaciones por la deuda, y teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra en medio de una campaña electoral en vista de las elecciones generales en noviembre.

En tanto, el ministro de Economía participará de la Asamblea que se extenderá esta semana en formato híbrido, virtual y presencial, y el viernes viajará a Nueva York para reunirse con inversionistas, antes de volver a Buenos Aires.

La acusación a Georgieva

La economista búlgara fue acusada por una investigación de la firma de abogados WilmerHale de haber presionado, junto con su socio Simeon Djankov y el entonces presidente del BM, Jim Yong Kim, al personal del Banco para beneficiar a China y mejorar su posición en el ranking del informe Doing Business durante su mandato como directora ejecutiva del BM. Ante ello, el directorio del FMI ya comenzó una revisión de la investigación y deberá definir “muy pronto” si su directora gerente, quien negó firmemente las acusaciones, continuará al frente del organismo.

De acuerdo con la investigación, Pekín se quejó por su puesto 78 en la lista en 2017, y el informe del año siguiente habría mostrado que caía aún más, a pesar de que Georgieva calificó los hallazgos de la investigación como «errados» y dijo que «no presionó a nadie para alterar ningún informe».

De ese modo, la junta de 24 miembros del FMI decidió profundizar la investigación, que puso en alerta a la administración norteamericana de Joe Biden, la cual todavía no dio a conocer su resolución. «Una investigación está en curso con el directorio del FMI, y el Tesoro (de los Estados Unidos) pidió un informe completo y justo de todos los hechos», dijo a la agencia AFP Alexandra LaManna, portavoz del Departamento del Tesoro, mientras que exigió «defender la integridad» de esa institución multilateral.

Sin embargo, Georgieva cuenta con el apoyo de Francia y la mayoría de los países de Europa, quien, según el directorio del Fondo, «sigue comprometida con una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna, y espera volver a reunirse pronto para seguir discutiendo».

Fuente. Perfil.com

A pocos días de haber sido confirmado en el cargo, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, explicó que una de las primeras medidas que tomará será convocar a las empresas para consensuar precios máximos y advirtió que si esos acuerdos no se cumplen, hará aplicar “las leyes que hacen a la defensa del consumidor, del abastecimiento y demás”.

Además, anticipó que buscará revisar las ganancias de las empresas. “Quiero hablar racionalmente de costos, de márgenes de ganancias; ese es el desafío más grande, lograr que el pueblo pueda ir a una góndola, elegir el producto que le gusta y consumirlo”.

El funcionario, que asumirá en reemplazo de Paula Español, quien fue trasladada al Ministerio del Interior, explicó que durante este fin de semana estuvo manteniendo diferentes encuentros con otros miembros del Gobierno y que próximamente se reunirá con el equipo económico.

“La agenda inicial va a ser la convocatoria a dialogar, a consensuar para achatar esta curva, sobre todo de precios de los alimentos, y consensuar precios y respetarlos, si no, aplicar las leyes que hacen a la defensa del consumidor, del abastecimiento y demás”, aseguró Feletti al participar del programa “Caníbales”, que se transmite por C5N.

El ahora ex secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires, con fuerte vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, pasó a desempeñarse ahora en el organismo que se encarga, entre otras cosas, de controlar los aumentos de los alimentos.

El funcionario remplazó a Paula Español en el organismo encargado de controlar los precios (NA)

La Secretaría de Comercio Interior posee competencias para evaluar, controlar, proponer y dictar medidas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios tanto públicos como privados. Por esta razón, tiene la potestad de dictar la normativa vinculada con el abastecimiento.

De hecho, esta ley a la que hace referencia Feletti no es nueva: en febrero de este mismo año, el Gobierno imputó a varias empresas por supuesta retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

“Bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera, porque si no, no hay mercado interno”, remarcó este domingo el funcionario.

Al respecto, el secretario de Comercio Exterior señaló que, si bien “una PyME por ahí no puede trasladar un mayor precio al mercado”, una compañía “grande y con posición dominante, sí”, por lo que consideró que “es eso lo que hay que identificar y lo ideal es que eso cese”.

El funcionario les hizo una dura advertencia a las empresas (Adrián Escandar)

“Hoy estamos en la etapa de iniciar la fase de expansión (del consumo). El empleo es una punta y la otra es que esa generación de mayores ingresos no sea absorbida por… Cristina lo definió como 4 o 5 vivos, yo no quiero caracterizarlos más allá de eso”, agregó.

En esta línea, opinó que “tiene que garantizarse (al consumidor) el acceso a los bienes básicos”, como “energía y alimentos”, para lo cual es necesario ”ampliar la producción y que haya precios razonables”.

Por otra parte, el funcionario sostuvo que actualmente “hay una cúpula empresarial que está planteando como agenda la flexibilización laboral, es decir, baja de derechos y de impuestos”, algo que calificó como “impropio en este contexto porque hoy tenemos mano de obra y la posibilidad de expandir”.

“Ahí hay un juego con un proyecto político asociado, pero también de mucha concentración de mercados, que no solo va a perjudicar a los trabajadores, sino también a las empresas más chicas”, argumentó.

Por último, resaltó que a algunas compañías “no les fue tan mal” durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri porque, a su entender, “lo que perdían de la rentabilidad productiva, lo ganaban con la financiera”.

“Sí, efectivamente, se perdieron 23 mil empresas, pero también hubo cúpulas que, quizás, trabajando y produciendo menos, ganaban lo mismo o más”, cerró.

Fuente: Infobae.com

Casi como el frustrado “Sí se puede” con el que Macri intentó dar vuelta la elección presidencial tras el cachetazo de las PASO 2019, el Frente de Todos encara ahora su campaña del “Sí” con el mismo objetivo. Acaso tenga también el mismo resultado que su precedente.

El argumento del consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí (de quien se reproduce un texto en esta edición de PERFIL) es que el positivismo del nuevo eslogan se contrapone a lo negativo que supuestamente aporta la oposición. Además, claro, de que hay que dar vuelta atrás a los errores graves propios.

Aunque no tienen el mismo rating que los noes gubernamentales emblemáticos (Pfizer, vacunatorio vip, escuelas cerradas y Olivosgate), el oficialismo insiste por estos días en autodesmentirse.

Ahí está, por caso, el discurso incendiario de Emilio Pérsico en el acto del jueves del Movimiento Evita. Ante la presencia de Alberto Fernández, el también secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo Social se despachó con que quiere llenar la política de pobres y que descree de la alternancia en el poder. El asesor Gutiérrez-Rubí, presente en el atiborrado estadio de Nueva Chicago, no podía creer lo que estaba escuchando.

En ese mismo sentido auditivo, se escucharon promesas y anuncios a borbotones desde la derrota de hace un mes y el recambio de Gabinete. Algunas se pusieron en marcha, sin que haya precisión sobre el costo público de esas erogaciones en forma de “platita”. Tal el caso del nuevo piso de Ganancias o el Plan Registradas.

Otras duermen la siesta, tucumana o no, como la promocionada reapertura de la exportación de carnes. Y algunas parecen una provocación, como el proyecto de subsidio lanzado por el gobernador Kicillof para que los alumnos bonaerenses puedan irse de viaje de egresados.

Peronismo profesional

Hablando de plata y pese a que no es público aún, un nuevo crujido aparece entre el ministro Guzmán y La Cámpora. La agrupación que lidera Máximo Kirchner le endilga a Economía que en el Presupuesto 2022 enviado al Congreso se establece un millonario recorte de los fondos a enviar a las universidades nacionales. Allegados a Guzmán niegan tal ajuste y atribuyen la maniobra a la interna oficial.

Tampoco vendrían a ser muy consistentes con la nueva estrategia positivista el reactivado accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El Presidente descalificó a la AFI por contribuir a los “sótanos de la democracia” y se comprometió a transparentarla.

No estaría funcionando. La justicia investiga el espionaje contra una secretaria de la embajada de Irán en Buenos Aires, a manos de tres agentes de Contrainteligencia. La funcionaria de la sede diplomática hizo la denuncia judicial, que fue revelada por el colega Patricio Del Pozo. También hizo trascender un misterioso viaje de integrantes de la AFI a Moscú, quienes habrían sufrido el hackeo de sus celulares.

No termina acá. Macri está convencido de que varias de las imágenes filtradas durante su actual estancia en Miami son producto de seguimientos de la AFI, conducida por la ex fiscal Cristina Caamaño. No se basa sólo en una sospecha: se la alimentó un viejo conocido suyo, de activa participación en la agencia durante la jefatura de su amigo Gustavo Arribas. Sí, el mismo que hizo espiar a propios y extraños.

Fuente: Perfil.com

El oficialismo considera que su derrota en las elecciones primarias de septiembre pasado se debió a que no puso la suficiente platita en el bolsillo de los votantes.

Dado este diagnóstico, el Gobierno se apuró en corregir su supuesto error por diversas vías. Aumento del llamado gasto público social, liberación de actividades que estaban limitadas por la pandemia, créditos a tasa cero para ciertas categorías de trabajadores, viajes de egresados gratis, etc. etc.

Posiblemente falten aún algunas medidas adicionales, pero todas van en el mismo sentido, recomponer los ingresos de los sectores bajos y medios, para que concurran a votar por los candidatos del oficialismo, o modifiquen su voto en el mismo sentido, en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Aun aceptando el diagnóstico mencionado resulta imposible calcular, a priori, el efecto que tendrá esta “platita en el bolsillo” sobre las preferencias electorales de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, lo que sí resulta fácil es calcular las consecuencias de estas medidas sobre la macroeconomía argentina.

Repasemos. El Gobierno asumió en diciembre del 2019, heredando un módico déficit fiscal, con un problema de deuda externa que resolver, un acuerdo interrumpido con el FMI, y con reservas suficientes en el Banco Central para superar la urgencia, pero sin margen para dilapidar. Demoró el acuerdo sobre la deuda con acreedores privados con la fantasía de imponer un nuevo modelo en el proceso de reestructuraciones de deuda soberana y postergó, no se sabe muy bien por qué, el nuevo acuerdo con el FMI. De esta manera, mantuvo y mantiene cerrado el acceso al crédito externo y debió, por los confinamientos derivados de la pandemia, poner plata en el bolsillo de la gente de manera desordenada y descontrolada. Ya desde ese momento, poner gasto público en el bolsillo de la gente ha sido sinónimo de emisión de pesos del Banco Central. Por lo tanto, ahora que se quiere poner más dinero en el bolsillo de la gente, de lo que se trata es de incrementar aún más, la emisión de pesos del Banco Central.

Pero, contrariamente a lo que se difunde popularmente, la emisión de pesos es, en realidad, emisión de dinero electrónico, que se deposita en las cuentas bancarias de los asalariados públicos y en las cuentas de las 19 millones de personas que reciben algún tipo de transferencia social desde el Estado, incluyendo a jubilados y pensionados.

Es cierto que muchos convierten ese dinero electrónico en tenencias de dinero físico y lo vuelcan a la economía informal, pero no es menos cierto que el acto de “gastar” significa, en la práctica, transferir fondos de las cuentas bancarias de los compradores a las cuentas de los vendedores. Esa circulación de dinero electrónico, se da una “vueltita” por los precios de los bienes y servicios que se intercambian. Adicionalmente, como parte de la oferta de esos bienes necesita de dólares, y como los proveedores esos bienes y servicios no quieren que su rentabilidad se evapore con la inflación, dado que la tasa de interés en pesos está intervenida por el Banco Central, la vueltita de esos pesos también termina buscando las reservas en dólares del Banco Central, o presionando sobre los múltiples precios que ha adquirido el dólar en los diversos mercados que la “exitosa” política cambiaria ha generado.

Martín Guzmán en Mendoza

Para evitar que esas vueltitas se conviertan en más fondos para el sector privado, más inflación y más demanda de dólares, el Banco Central coloca deuda voluntaria en el sistema financiero. Deuda que hoy equivale al 90% de los depósitos a plazo fijo en los bancos.

Esa deuda paga intereses, que es, otra vez, emisión de dinero electrónico que, al final del día, también termina dando una vueltita por los precios, por el dólar, y aumentando la deuda del Banco Central.

En otras palabras, hay emisión de dinero para financiar el gasto público, emisión dinero para pagar los intereses de la deuda del Banco Central y emisión de dinero para comprar los dólares del superávit comercial (exportaciones menos importaciones). Todo ese dinero se da una vueltita por los precios, y por la demanda de dólares, antes de estacionar, de nuevo, en el Banco Central y retomar la ronda arriba comentada.

Para complicarla todavía más, el Banco Central controla el precio de los dólares que le compra a los exportadores y vende a los importadores, para tratar que el precio del dólar, junto al congelamiento de tarifas de servicios públicos y el control de los precios de algunos bienes y servicios privados, sirvan como “ancla” de la tasa de inflación. En síntesis, el Banco Central controla el precio del dólar, controla la tasa de interés en pesos, controla la cantidad de dólares que se pueden comprar a precio oficial, e interviene vía la compra-venta de títulos y vendiendo algunas reservas, en el valor de los dólares alternativos. Mientras tanto, el Gobierno controla el precio de los servicios públicos y de algunos servicios y bienes privados, mientras incrementa el déficit para poner platita en el bolsillo de los votantes y votantas.

El resultado de esta combinación desastrosa de política ya lo conoce. Con anclas no creíbles e insostenibles, la tasa de inflación viaja a una velocidad crucero del 45-50% anual. Con la huida del peso, la brecha entre el precio oficial del dólar y los precios de los mercados alternativos ronda el 90%. Pese al racionamiento de las importaciones y el cupo a la compra de dólares, el Banco Central se está quedando sin reservas, y la falta de dólares le pone un techo al nivel de actividad, mientras que el atraso de su precio incrementa la expectativas de devaluación futura, presionando todavía más sobre la tasa de inflación.

Con todo este descalabro macroeconómico, si nos atenemos a una explicación exclusivamente economicista, el Gobierno perdió las elecciones porque, por un lado, puso platita en el bolsillo de la gente, pero, por los efectos colaterales de la política macroeconómica, terminó anulando dichas mejoras nominales, generando una caída en términos reales del poder de compra de esa platita, sumada al menor empleo y a la reducción de los ingresos del sector informal, afectado por las limitaciones a la presencialidad.

Ahora, la “solución” electoral es poner más platita en el bolsillo de la gente, agravando las distorsiones macroeconómicas, a la espera que el efecto negativo sobre la tasa de inflación, sobre el precio del dólar, sobre las reservas del Banco Central, y sobre el nivel de actividad, se manifiesten recién después de las elecciones del 14 de noviembre, cuando todos y todas ya hayan votado.

Insisto, respetando la interpretación oficial, el Gobierno no perdió las PASO por no poner platita suficiente en el bolsillo de la gente. Las perdió por intentar, sin éxito, evitar los efectos negativos de esa medida sobre los ingresos reales de la población.

El Gobierno está incrementando la dosis de la mala economía, sin importarle las consecuencias de este aumento de la dosis, como si fuera a asumir un nuevo gobierno.

Pero será este gobierno el que tendrá que empezar a corregir esa mala política macroeconómica.

Obviamente, a mayor dosis de errores, los problemas son más graves, y las soluciones más costosas. Aumenta el riesgo de un acuerdo de morondanga con el FMI, que evite el default, pero sin estabilizar las expectativas. Aumenta el riesgo de mayor descontrol nominal. Aumenta el riesgo de que la estanflación actual se siga prolongando.

Un alquimista y médico medieval, Paracelso, decía “la dosis es el veneno”.

Con estos excesos en la dosis, no será fácil conseguir el antídoto.

Fuente: Infobae.com

Con planillas y bolígrafos en mano, unas quince mujeres del movimiento Somos Barrios de Pie inicia una caminata por las calles del barrio Polledo, también conocido como “Barrio de los Paraguayos”, en La Matanza. Claramente identificadas, con remeras y buzos del movimiento que integra el Frente de Todos, arrancan una rutina que consiste en relevar casa por casa si los vecinos fueron a votar en las PASO, por qué fuerza política lo hicieron, si tienen pensado participar en las generales de noviembre y qué problemas principales ven en su barrio. Las respuestas de la jornada muestran que mayoritariamente se acercaron a votar, aunque en muchos casos desinformados sobre qué se elegía en las PASO. La pregunta sobre los problemas cotidianos es la más exitosa. Los vecinos de Polledo, un barrio necesitado de Rafael Castillo, les plantean a las voluntarias que quieren seguridad, trabajo, asfalto y cloacas.

La recorrida de Somos Barrios de Pie se integra a un operativo oficialista para intentar recuperar el terreno perdido en las elecciones del 12 de septiembre, que reportaron duras derrotas en municipios bonaerenses y un retroceso general del caudal electoral que llevó a la derrota al peronismo en la provincia de Buenos Aires. “A militar para reconstruir la esperanza” es el lema con el que la organización que lidera el candidato a diputado nacional bonaerense, Daniel Menéndez, comenzó a recorrer el conurbano en búsqueda de los votos perdidos.

En distritos donde cayó el Frente de Todos, como Tigre, Morón y Quilmes, hay distintas estrategias para intentar levantar la caída, aunque el clima de campaña que se percibe en esos territorios es todavía tenue. Los pilares del intento de remontada son los recorridos casa por casa en busca de los que no fueron a votar y la mirada enfocada en la gestión local.

“Arrancamos la semana pasada, hicimos un plenario de los referentes por localidad y arrancamos zona por zona. Tenemos unos 400 compañeros relevando y vamos evaluando las conclusiones. Estas caminatas casa por casa las estamos desarrollando en toda la provincia de Buenos Aires. Los movimientos sociales lo empezamos a percibir antes de las PASO y ahora pusimos un pie para ir a hablar con el vecino; no con nuestros compañeros, sino con el vecino, que eso nos perfila otra mirada”, afirma a LA NACION José Oscari, referente de Somos Barrios de Pie en La Matanza, al referirse a las encuestas que realiza la organización.

En el recorrido por Polledo, son muy pocas las personas que señalan que no fueron a votar. “¿Votaste en las últimas elecciones?”; “Sí”; “¿A quién?”; “A Victoria Donda”, es uno de los diálogos que se escucha a lo largo de la mañana entre las voluntarias y un vecino poco informado. La confusión sobre el objetivo de las PASO es importante, con ciudadanos que no sabían bien qué se votaba e incluso algunos que llegaron a responder que en noviembre se elegiría presidente. En el barrio es protagonista la comunidad paraguaya, y muchos de los entrevistados afirman que no fueron a votar porque no figuran en el padrón.

Oscari, que aclara que otras organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, también participan de estas bajadas al territorio en plan electoral, señala: “Muchos dijeron que no fueron a votar porque las PASO no les generaron entusiasmo, porque en el Frente de Todos no hubo interna. Lo económico es central, pero creemos que el Frente de Todos va a crecer en La Matanza entre un 8 y un 10 por ciento. Espinoza perdió casi 200 mil votos. La mayoría de los que no fueron a votar nos dijo que va a ir a votar en noviembre”.

En julio pasado, al momento de los cierres de listas electorales, el conurbano fue escenario de algunas rencillas entre referentes territoriales e intendentes. Es que las organizaciones hubieran preferido competir en las primarias con boleta propia. Sin ir más lejos, el Movimiento Evita presentó 20 listas, de las cuales solo dos pudieron participar de las PASO. Al resto, las voltearon.

El caso más resonante tuvo lugar, justamente, en La Matanza. En el principal distrito bonaerense, los movimientos sociales intentaron enfrentar en internas a Espinoza. Pero al Frente Vecinal, que lidera la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría, esposa de Pérsico, no le permitieron competir. La dirigente negó que la lista no tuviera avales, al tiempo que denunció “proscripción antidemocrática” y “mezquindad política” por parte del intendente.

Entre los encuestados por Somos Barrios de Pie en el barrio Polledo, quienes blanquean a quién votaron mayoritariamente lo hicieron por el Frente de Todos. Las militantes de la organización recopilan la información, pero no les piden el voto por el frente de Fernández y Cristina Kirchner. Los vecinos hablan de las elecciones con las voluntarias, pero se entusiasman cuando le consultan por los problemas del barrio. “No mejoró nada”, dice Sebastián Hidalgo, un panadero que atiende a las voluntarias del movimiento social y dice que el problema central es “la inseguridad”.

Dolores Díaz cuenta que no fue a votar porque se había aplicado la vacuna contra el Covid-19 el jueves anterior a la elección y le dolían las piernas. “Tengo 54 años. Mi hijo cumple 18, y se queda sin asignación [por la Asignación Universal por Hijo]. Si no tengo la cooperativa, ¿qué hago?”, cuenta a la nacion apoyada sobre la pared que divide su casa de la vereda. Dice que votará a “[Alberto] Fernández” y lo justifica: “Por lo menos nos da un plato de comida”.

En Morón, donde la boleta del intendente Lucas Ghi (Frente de Todos) cayó por más de 10 puntos ante Juntos, prevén comenzar la semana próxima con encuentros con vecinos, según adelanta una fuente municipal a LA NACION. El enfoque de la campaña es local, aunque subrayan que la posibilidad de conquistar votos para revertir la derrota depende más del orden nacional y provincial que de su trabajo territorial.

“Lo que cambió entre las PASO y esta elección es que estamos en una campaña más en las casas que en la calle, reuniones con vecinos que no hayan ido a votar o que podrían votar a otro. Son reuniones para conversar cuestiones que tienen que ver con el municipio. Hay un malestar con la política, por lo que, si a ese vecino lo esperás con un volante, se cruza de vereda”, indica la fuente moronense. “Los circuitos [electorales] en los que tenemos más votos son Castelar Sur y Morón Sur, donde se registró un nivel más alto de gente que no fue a votar. Estamos yendo a interpelar a esa gente”, añade.

“No nos despegamos de lo nacional, somos parte, no promovemos el corte. Pero sí promovemos que la gente considere la gestión local”, explican desde Morón. “Vamos a buscar reducir la brecha y, de ser posible, ganar la elección”, plantean, pero reconocen que “más que desde los intendentes, es algo que se da vuelta desde lo nacional y provincial”, dos niveles de gobierno que están mal considerados por los vecinos, sostienen desde este distrito del oeste del Gran Buenos Aires.

En Tigre, se apuraron en rastrillar a los votantes ausentes en las PASO y esperan que estén las boletas para ir a repartirlas casa por casa. La lista que el intendente Julio Zamora acordó con Sergio Massa cayó contra Juntos por más de cinco puntos. “En Don Torcuato [localidad clave en las elecciones en el distrito], el 31% no votó. Ya hicimos el laburo de ir a buscar a ese votante”, afirma a LA NACION una fuente del comando electoral del Frente de Todos en Tigre. Identificaron que hay 17 mil personas de esa localidad que no fueron a votar, que casi la mitad tienen entre 16 y 36 años y que principalmente son de barrios pobres.

“La nuestra es una gran campaña para que la gente participe. Sentimos que la baja participación afecta al electorado tendiente a votar al Frente de Todos”, señala la fuente tigrense. El oficialismo local también irá por “el voto migrante”.

“Vamos con el mensaje completo del Frente de Todos, pero hacemos foco en cuestiones locales porque es nuestro fuerte. Nos es más fácil llevarlo al plano local, y explicar que es importante que los concejales estén en sintonía con el intendente. Lo estamos planteando como una movida del equipo del intendente y de los vecinos. Militancia clásica”, define la fuente consultada, que tiene experiencia sobrada en trabajar en las elecciones de Tigre.

Las denuncias de clientelismo

En paralelo a la búsqueda de votos del Frente de Todos, Juntos pone en primer plano sus acusaciones de clientelismo político en distintos distritos bonaerenses. La más notoria fue la de General Rodríguez, donde se realizó una entrega de heladeras, cocinas y garrafas que comenzó a trascender públicamente el 17 de septiembre, cinco días después de las PASO. En ese distrito, que gobierna Mauro García, Juntos se impuso por casi 15 puntos al Frente de Todos. “Lo que todos pudimos ver en ese video es clientelismo político, es lo que está haciendo el kirchnerismo luego de la derrota del último domingo”, dijo el diputado provincial Alex Campbell (Juntos) en un video que publicó al conocerse la información.

Sobre el mismo caso de General Rodríguez, Patricia Bullrich mostró en sus redes sociales el testimonio de una mujer que afirmó que le entregaron una heladera para su comedor a condición de que colocara un cartel con la foto de Cristina y de Axel Kicillof.

La polémica también incluyó al distrito de Avellaneda, por la entrega de bicicletas. Si bien hubo reparto de esos rodados tras las PASO (en las que el oficialismo local se impuso), la entrega de bicicletas es una práctica usual del municipio que gobernaba Jorge Ferraresi (ministro de Hábitat) y actualmente administra su ladero Alejo Chornobroff.

El reparto de dádivas a cambio de votos también es denunciado en Quilmes por los opositores de la intendenta camporista Mayra Mendoza. Desde las filas de Juntos acusan además al Frente de Todos de ampliar la planta de empleados públicos municipal y de expandir arbitrariamente los planes Potenciar Trabajo, el programa que es gestionado por las organizaciones sociales.

“Es pura campaña sucia”, responde un funcionario de la gestión local, mientras a las puertas de la municipalidad, ubicada en Alberdi 500, se desarrolla una manifestación del Polo Obrero. “De igual manera que hicieron el año pasado, cuando quisieron instalar que en Quilmes había más inseguridad que en otras zonas de la provincia, ahora vienen con denuncias infundadas y fake news”, se atajan.

Con la candidatura a diputado provincial del exintendente Martiniano Molina, Juntos alcanzó en Quilmes el 42,2% de los votos, siete puntos arriba del Frente de Todos (35,2%). Es un porcentaje que, comparado con las generales de octubre de 2019, representa la pérdida de un caudal de alrededor de 80 mil votos.

Cerca de Mendoza evalúan ante LA NACION que la situación de la pandemia influyó sobremanera en ese resultado. Sienten que fue muy difícil trascender el estigma de ser “la cara de las malas noticias”. Y, al igual que en el resto de los municipios, subrayan las diferencias de la campaña que acaba de comenzar con lo ocurrido antes de las PASO: “El contacto con los vecinos fue lo que nos faltó. Poder verle la cara a la gente es clave, por eso vamos a salir casa por casa a buscar el voto con la convicción de que lo importante es la gestión que estamos haciendo”.

La principal candidata a concejal del oficialismo es Cecilia Soler, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del distrito. Desde la oposición la sindican como la responsable de la subejecución presupuestaria del 2020, en un territorio donde la deficiencia de la urbanización y el déficit habitacional son una problemática extendida.

“Las obras de campaña que presentó el municipio eran desmalezados o calzadas pintadas, eso era todo lo que podía ofrecer el gobierno local como los grandes logros de la gestión”, señalan.

Lejos de la tranquilidad con la que supo afrontar históricamente las contiendas electorales en el conurbano bonaerense, el escenario de 2021 le impone al peronismo desafíos desconocidos. Para un sector cada vez más grande de los postergados, el actual oficialismo ya no representa la solución automática a sus problemas más acuciantes. Se verá si la nueva estrategia de “cercanía” planteada por los estrategas del Frente de Todos logra revertir esa imagen y evitar una derrota en los próximos comicios legislativos de noviembre

El año 2020 significó un trance doloroso y complicado para muchos argentinos, y 2021 arrastra tanto sus lastres como también una historia de fracasos acumulados. Al mismo tiempo, pareciera que estamos dejando atrás lo peor de la pandemia, en términos tanto sanitarios como económicos, lo cual sin duda representa un verdadero respiro para la sociedad.

Sin embargo, no hay mucho para festejar. El sistema social continúa en estado crítico, fracturado, inestable, sin un punto claro de fuga. Un 40% de pobres es apenas el dato visible del iceberg, la fiebre en el termómetro. Por debajo, se encuentran tanto el esfuerzo como el fracaso cotidiano de millones de personas de “salir para adelante”. La inseguridad alimentaria, el hacinamiento, el desempleo, la precariedad, o peor aún, la inactividad forzada, la inseguridad, el ingreso que no alcanza ni siquiera para vivir al día, las deudas impagas, la ignorancia sin escuelas, la enfermedad sin salud, la depresión, la ansiedad, el sentimiento de fracaso, la falta de horizonte, y podríamos seguir… son algunas de las manifestaciones de una pobreza crónica para más de un tercio de la población.

A pesar de la reactivación económica interna que está teniendo lugar en sectores como la industria, la construcción, el comercio o los servicios, a lo que cabe sumar una renovada inversión en obra pública, los niveles de indigencia y de pobreza durante el primer semestre de este año apenas han tenido alguna mejora en términos interanuales o intersemestrales (10,7% y 40,6% respectivamente, según los últimos datos del INDEC). Datos que en realidad no deben sorprender, aunque sí la baja elasticidad que logra el actual rebote económico sobre los niveles de bienestar, sumando incluso como dato hostil el aumento de la tasa de indigencia.

En efecto, el actual panorama social tiene lugar a pesar de una recuperación del PBI de más de 6% para este año, un saldo positivo de exportaciones, una recuperación del empleo y una caída de la tasa de desempleo abierto a menos de 10%. La acelerada inflación y la incertidumbre, y su interacción creciente, hacen estragos en materia de inversión, demanda de empleo y distribución del ingreso.

El rebote económico en ciertos sectores tiene una baja elasticidad sobre los niveles de bienestar

La reconstrucción de una serie de pobreza con una misma metodología usando datos oficiales del INDEC, muestra que los niveles actuales de indigencia y de pobreza son similares a los de 2005-2006. En realidad, podríamos decir que supimos estar peor que ahora, y que quizás la crisis social podría haber sido peor. Es cierto, pero una vez más el signo vale más por su significado que por su significante. En aquellos años no sólo se dejaba atrás un pasado de descomposición, sino que el presente ganaba consenso y tenía sentido para muchos un nuevo pacto social: “tanto mercado-bien privado como sea posible, tanto Estado-bien común como sea necesario”; y, en ese marco, ganaba crédito el relato épico de un futuro de seguro progreso.

Lejos de aquellos frágiles “años de gloria”, el nivel de pobreza no sólo es alarmante, sino que constituye sólo el emergente de problemas más estructurales, los cuales, además, más que resolverse parecen agravarse. Se hace cada vez más evidente que carecemos de un sistema político capaz de organizar el presente a través de proyectar un horizonte de sentido; en donde, entre otras funciones, sea capaz de delimitar las prioridades, los esfuerzos y los sacrificios que habrá que emprender, incluyendo los acuerdos redistributivos que requerirá un necesario programa de estabilización.

Si bien las proyecciones econométricas pueden tener un amplio margen de error, logran muchas veces ser ilustrativos de problemas desafiantes. Según un ejercicio sobre la proyección de pobreza futura bajo diferentes escenarios, se observa que, manteniendo los parámetros económicos prepandemia en materia de elasticidad empleo/producto, salario real y distribución del ingreso, si creciéramos a una tasa constante de 1% anual de aquí hasta el año 2030, si bien la tasa de pobreza lograría quedar levemente por debajo de la situación actual (38,5%), habría en realidad más pobres debido al crecimiento demográfico. Bajo un escenario más optimista, con un crecimiento regular del 2,5% anual, la tasa de pobreza llegaría, luego de 9 años a 30,4%, es decir, a niveles similares a los que teníamos en 2009-2010 o en 2015-16. Y, por último, si tuviéramos al menos la capacidad de crecer al 4% anual, la tasa de pobreza alcanzaría un 23,8%, es decir, recién en este caso alcanzaríamos aquellos niveles de pobreza que denunciábamos como alarmantes hace 35-40 años.

¿Podremos al menos lograr crecer a una tasa del 2,5% anual durante una década? Obviamente, no se trata de un problema económico. Pero tal como enseña la historia: ¿Y si lo peor está por venir? Es posible, pero en tal caso, se hará cada vez necesaria y urgente una renovada ave fénix que nos permita resurgir de las cenizas, y ese dispositivo sólo lo habrá de generar una renovada acción política.

En este contexto, salir de este laberinto requerirá de mucho esfuerzo, honestidad y de un sentido que recupere el valor de formar parte de una misma sociedad. En lo inmediato, el próximo escenario dependerá de la respuesta subóptima que como sociedad le demos democráticamente a la disputa electoral. Y si bien un nuevo orden político crítico habrá de emerger de ese escenario –cualquiera sea él–, el mandato electoral ni la eventual crisis política del oficialismo serán una solución a los problemas estructurales que nos empobrecen y enfrentan.

Ningún resultado electoral resolverá los problemas estructurales que nos empobrecen y enfrentan

Dado un sistema abierto, alejado del equilibrio, en estado de crisis, es de esperar que no haya por delante una única salida frente a esta situación, y que la salida óptima nunca se alcance. Sin embargo, los sistemas bajo esas condiciones logran siempre alcanzar un nuevo equilibrio dinámico que permite recuperar la autoregulación de los desequilibrios. Es ésta un área de vacancia para la acción política si lo sabe aprovechar. Si los actores políticos pudiesen revisar de manera crítica los efectos sistémicos de su propia praxis comprenderían que si siguen cavando el derrumbe es inevitable, y que, si incluso no hace nada, también. Quizás aquí encuentre algún incentivo y reaccione con sentido de futuro. En su defecto, la ley de la gravedad se impondrá, y todo caerá por su propio peso. La pregunta aquí es cuál será el costo de este nuevo fracaso.

Lejos está el problema de ser económico, mucho menos de coyuntura electoral. El sistema social está obligado para sobrevivir a encontrar un punto de fuga, a generar una solución extraordinaria, creando nuevas identidades políticas, nuevos lazos sociales y horizontes imaginables, nuevas normas e instituciones, nuevas formas de liderazgo, nuevos valores sociales… Aunque más no sea para subir un escalón en el espiral. La buena noticia es que, si este cambio es tan posible como necesario, y algunas señales así lo evidencian, se trata de un proceso que ya debería estar gestándose entre nosotros.

*Conicet-UBA . Observatorio Deuda Social Argentina-UCA.

Fuente: Perfil.com

“Creíamos que teníamos que esperar hasta el 2023, pero los resultados de las PASO nos animaron y vamos a ir por el quórum ahora”, explica un dirigente de Juntos por el Cambio respecto a la intención con la que se va a encarar la campaña de cara al 14 de noviembre: la prioridad, las provincias que eligen senadores, segundo, las que registraron poca diferencia de votos con el Frente de Todos.

El inicio de la estrategia fue esta semana en Córdoba. La coalición de Juntos por el Cambio (JXC) de Córdoba presentó el jueves pasado la lista de candidatos a legisladores nacionales, pero la particularidad es que lo hizo con un acto que contó con la presencia del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de radicalismo, Alfredo Cornejo, y el senador nacional Martín Lousteau, que pronunciaron discursos enfocados en destacar la “unidad” de la coalición.

De hecho, el discurso dentro del PRO fue cambiando con el tiempo. Mientras Patricia Bullrich planteaba meses atrás que en 2023 la oposición iba a “pelear el quórum en el Senado al peronismo”, hace apenas pocos días Rodríguez Larreta destacó en el diario La Voz que están “muy cerca de superarlos en Diputados” y “muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Kirchner en el Senado”.

Cristina Kirchner y Sergio Massa

Y está metido de lleno en la campaña, por eso Rodríguez Larreta visitó este viernes Chaco y Formosa, dos provincias bastiones del peronismo en las que Juntos por el Cambio tiene posibilidades de ganar en noviembre. “Hay una oportunidad para lograr un cambio”, expresó acompañado por los candidatos en esos territorios.

De repetirse un resultado similar al de las PASO, el Frente de Todos -que tiene actualmente 41 miembros- perdería 6 senadores y quedaría con 35. Juntos por el Cambio, que tiene 25 legisladores en la Cámara Alta pasaría a 31 y a los que le sumaría en la discusión legisladores de los partidos provinciales, por lo que quedaría muy equilibrada la Cámara y no habría quórum.

En estas elecciones se eligen senadores en Tucumán, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Chubut.

La estrategia de la cúpula de Juntos por el Cambio es salir a recorrer hasta el próximo 14 de noviembre pero en esta ocasión tener presencia nacional y ya están elegidas las provincias. “Hay once provincias que son centrales, todas en las que se pelea por los senadores -que son ocho- más la provincia de Buenos Aires, la provincia de Salta en donde donde quedó a menos de un punto y San Juan en donde apuesta a recortar la diferencia de casi cinco puntos”, explicaron.

“Si de las ocho provincias podemos tener seis senadores no van a tener quórum propio y no van a manejar el Senado como una escribanía”, dijo Hernán Lombardi, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y hombre de confianza de Mauricio Macri. Y, luego de asegurar que forma parte del grupo que piensa que hay que ir a pelear la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, refrendó la idea de avanzar con fuerza en esas provincias porque lo que pretenden “es que Cristina Fernández de Kirchner no tenga quórum propio y no exhiba impúdicamente su prepotencia”. “El otro día les dijo ‘gallinas’ a nuestros senadores”, lamentó.

Horacio Rodríguez Larreta en Formosa

La estrategia no solamente tiene que ver con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bulrrich, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo y Elisa Carrió en las diferentes provincias, sino con avanzar por todos los flancos posibles, inclusive el judicial.

El equipo de abogados que tiene Juntos por el Cambio para controlar cualquier tipo de irregularidades en el proceso electoral también trabaja dentro de esta estrategia y quedó evidenciado con la denuncia penal que presentó el partido contra la administración de Alberto Rodríguez Saa.

El Comité de Control Electoral hizo la primera presentación en San Luis, por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales” para “captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas”.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los Municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado. Todos fueron solicitados al mismo tiempo y con idéntica definición, como así también con la misma urgencia y plazo”, señala la denuncia.

La denuncia del Comité acusa a los funcionarios de la provincia de ser “partícipes de delitos electorales que prohíben la actuación gubernamental o privada destinada a captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”.

Esa estrategia se podría replicar en otros distritos. Desde hace días en Juntos por el Cambio crecen los reclamos respecto del uso de fondos públicos en la campaña a través de entrega de electrodoméstidos. “Estan bajando heladeras, cocinas, de todo en todos lados, están jugando fuerte en muchos distritos, en especial en Buenos Aires. Hay que analizarlo”, explicó una fuente del comité.

Fuente: Infobae.com

Una pregunta sobre su patrimonio sorprendió al presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. «¿Qué necesidad tenés de tener tantas propiedades?», le consultó Alejandro Bercovich, conductor en Radio Con Vos y en C5N, e incomodó al líder de La Cámpora.

En la entrevista radial, el periodista destacó que Kirchner haya sido uno de los impulsores del Impuesto a la Riqueza pese a que también lo tuvo que pagar: “El año pasado, cuando se votó el aporte extraordinario a las grandes fortunas, una de las cosas que me pareció destacable es que lo propusiera junto con Carlos Heller, siendo ustedes dos tipos con alto patrimonio. De hecho, vos tenés más de 200 millones dólares, de pesos, y por eso pagaste el impuesto extraordinario a las grandes fortunas».

«Ahora, yo vivo en mi casa con mi mujer, tengo además mi departamento de soltero que no vendí y un auto. Está bien, soy un laburante, no heredé, pero a veces me incomoda saber que tengo otro departamento que lo alquilo. Pero vos, ¿qué necesidad tenés de tener tantas propiedades o cómo vivís, cómo atravesás esa situación?”, le preguntó Bercovich.

Máximo Kirchner declaró un patrimonio de $ 400 millones en 2020

Sorprendido e incómodo por la consulta, Máximo contestó: «No entiendo bien la pregunta. Sí te puedo explicar que fue todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de la sucesión anticipada de Cristina. Al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente de Río Gallegos, (Néstor Kirchner) tendría 19 o 20 propiedades en alquiler. Hoy está todo embargado e inhibido».

«Cuando uno está en un lugar de decisión es para quién y cómo gobierna. Incluso si te ponés a pensar uno terminó legislando por un impuesto (Impuesto a la Riqueza) por el que se veía alcanzado, cuando generalmente lo que se ve en Argentina es al revés», concluyó el tema el diputado nacional.

Anteriormente en la entrevista, había criticado el viaje del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a Estados Unidos donde se reunió con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.

Máximo Kirchner: «María Eugenia Vidal quiere ponerse maleva cuando la sociedad está sufriendo»

«Sería bueno que nos digan cómo pensaban pagar el préstamo que fue otorgado de manera inexplicable por el FMI a Macri., ¿Cómo los técnicos del Fondo firmaron que se pagaban 18 mil millones de dólares en el 2022? Sería bueno que los técnicos y quienes firmaron expliquen cómo pensaban abonar esa suma?», recriminó Máximo Kirchner.

En ese sentido, comentó: «Por ahí tenían un plan o una idea que no conocemos. El problema que hay es que Claver-Carone un hombre fundamental en el otorgamiento del préstamo -ahora en el BID- se sienta con Larreta tras las PASO. Quiero pensar que no es político o tal vez lo que quieran es obligar a elegir al pueblo argentino los gobernantes para definir sus políticas de ajuste».

Fuente: Perfil.com

El Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para crear Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo en las empresas. La iniciativa que será enviada al Congreso es impulsada por el presidente Alberto Fernández, cuenta con el aval de la CGT y aumenta la injerencia del Estado y de los gremios en las compañías con más de 100 empleados.

El texto, según se informó, sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creando un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas que mejoren y garanticen la salud de los trabajadores. En las empresas que tengan más de 100 trabajadores será obligatorio contar con estos Comités. Además, deberán contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.

Los empresarios temen que la iniciativa se termine transformando en un proyecto de intervención estatal de compañías, lo que genera ruido en el sector y atenta contra uno de los principales desafíos de la economía en un país con 40% de pobres: la generación de empleo.

En su elaboración participaron el Ministerio de Trabajo de la Nación que encabeza Claudio Moroni y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuya titular es Elizabeth Gómez Alcorta. En las empresas más chicas “se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo”, según consta en el comunicado oficial que se difundió.

En términos políticos, el proyecto representa una señal más del acercamiento entre la CGT y la Casa Rosada luego de la derrota del oficialismo en las Primarias. La semana pasada, el viernes 1° de octubre, Alberto Fernández había recibido a la cúpula cegetista en Balcarce 50 y allí quedaron claras las estrategias que apuntan a mejorar el resultado en las urnas del 14 de noviembre. El Presidente les propuso trabajar junto a sus ministros para que con la apertura de nuevas actividades gracias a la mejora en la situación sanitaria del país “se impulse la reactivación económica”.

“No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”, sostuvo el Presidente, ayer, tras la reunión con la central obrera, que comenzó cerca de las 11.40 cuando él arribó acompañado de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. “Éste es el modo de trabajar, no hay otra manera”, concluyó en su exposición ante los gremialistas.

“Este proyecto de Ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas”, indicó Daer en una ronda de prensa con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. “Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”, agregó el titular de la CGT.

Alberto Fernández en la reunión con la CGT

De maneral puntual, estos comités -en caso de aprobarse el proyecto- estarán integrados por representantes gremiales y de las empresas. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo de la Nación, que podrá intervenir cuando “las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador o empleadora no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo”.

“En los casos en que la autoridad de aplicación respectiva compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas”, se destaca en el texto del proyecto.

El vínculo entre la CGT y el Gobierno de Alberto Fernández viene de lejos porque el sindicalismo argentino ha sido históricamente dominado por el peronismo. Pero la dura derrota electoral en las PASO de septiembre y la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete lo reforzó. La central obrera se transformó en el principal aliado gubernamental. Es notorio que en muchos de los actos oficiales aparezca alguno o algunos de los representantes sindicales para respaldar iniciativas o proyectos de ley. Y también los ministros nacionales dicen presente en las sedes gremiales como ocurrió el lunes en la sede de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción).

Por la CGT estuvieron en la Rosada el secretario general, Héctor Daer; el cosecretario general de esa central obrera, Carlos Acuña; el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la UOM, Antonio Caló; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la titular de SADOP, Marina Jaureguiberry; el Secretario General de ATE, Hugo Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Formaron parte del encuentro, a su vez, los secretarios generales de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró; de ATE Capital, Daniel Catalano; de SUTEBA, Roberto Baradel; de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro, Roberto Pianelli; de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti; y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Participaron también las diputadas nacionales Vanesa Siley y Patricia Mounier. Ahora habrá que esperar si en el Congreso Nacional el proyecto logra avanzar después del tropiezo que tuvo el oficialismo este martes en el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal a la que la oposición se negó a tratar en sesión especial. No será fácil la tarea para el Frente de Todos con este nivel de tensión a nivel parlamentario.

La CGT hará sentir su respaldo a Alberto Fernández con la movilización que tiene armada para el 18 de octubre, un día después de la celebración del Día de la Lealtad Peronista, frente al Monumento al Trabajo, en Paseo Colón al 800, donde esperan reunir medio millón de personas. El Gobierno anunció su propio acto el domingo 17 en el Mercado Central con el Presidente como orador principal y para ese día pidió el respaldo sindical.

Una imagen del encuentro con los gremialistas

Representantes de la “mesa chica” de la CGT como Antonio Caló (Unión Obrera Metalúrgica) y Héctor Daer (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina) participaron por ejemplo el 30 de septiembre del envío al Congreso del proyecto de Ley del Régimen de fomento al desarrollo agrobioindustrial, cuando Cristina Kirchner reapareció en la Casa Rosada. Varios de los representantes cegetistas habían estado el 26 de agosto en el lanzamiento del “Congreso de la Producción y el Trabajo”.

“El peronismo tiene históricamente la responsabilidad de poner a la Argentina de pie. Y estamos afrontando ese desafío junto con el movimiento obrero y la histórica CGT, columna vertebral del movimiento nacional justicialista”, expresó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el acto de la UOCRA el lunes de esta semana, cuando se firmó el acta de acuerdo del Programa “Construir Trabajo e Igualdad”, con la presencia de seis ministros del gabinete nacional: además del gobernador tucumano, estuvieron Martín Guzmán (Economía), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

Ese programa contempla la capacitación de desocupados y beneficiarios de planes sociales desde la Fundación UOCRA para la Educación y el Trabajo, mientras que, a través de la Cámara Argentina de la Construcción, las empresas que están a cargo de diferentes obras públicas en todo el país se encargarán de la contratación formal de los trabajadores.

Este martes, Alberto Fernández cerró la Convención Anual 2021 de la Cámara Argentina de la Construcción para pedirle a los empresarios que “no piensen” lo que cuesta el pago de esa compensación, sino en “generar trabajo”, en otro guiño hacia la central obrera. También fue una respuesta a las expresiones de algunos dirigentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió que se habían manifestado su postura sobre la eliminación de las indemnizaciones como solución para apuntalar a las pequeñas y medianas empresas.

Fuente: Infobae.com

El Comité de Control Electoral que lanzó Juntos por el Cambio para alertar sobre posibles fraudes electorales hizo su primera denuncia en San Luis por “la utilización de dinero público con fines clientelistas” y solicitó a la Justicia que se disponga una medida cautelar urgente.

Acusa a los funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá de ser “partícipes de delitos electorales” y les atribuye los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos. Además, denuncian la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado” afirma la denuncia que fue presentada esta mañana por Jimena de la Torre, representante del comité y por Ricardo Aníbal Endeiza, apoderado de la alianza electoral Unidos por San Luis.

Según los denunciantes son “acciones típicas disfrazadas de asistencia social”. Relatan que los anticipos fueron solicitaos al mismo tiempo con “idéntica definición”, “urgencia y plazo” lo cual, según consignan, “les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”.

Señalan también que el gabinete de Rodríguez Saá solicitó “la creación de fondos rotarios por la suma individual e idéntica de $5 millones para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de $85 millones”. Advierten que “esto escaparía a todo proceso de contratación ordinario” y “sería ejecutado durante la campaña electoral como consecuencia de que su razón de ser es dar respuesta inmediata a las ‘urgencias’ de sus ministerios”.

“El gobierno de Rodríguez Saá busca repetir lo que hizo en las elecciones del 2017, donde tuvo una dura derrota en las PASO y con acciones delictivas de este tipo logró revertir el resultado para las Generales, por eso es fundamental que habiéndose ya detectado de forma previa las maniobras, la Justicia actúe de manera inmediata, antes de que sucedan lo hechos” recordó de la Torre.

Fue Patricia Bullrich quien anunció el comité jurídico electoral en la cumbre de todos los candidatos de Juntos por el Cambio tras la victoria electoral y sorprendió a algunos de los presentes que no estaban enterados. “Va a ser una herramienta para denunciar delitos electorales, para que no se usen fondos públicos a favor del partido de gobierno, ni los medios públicos a favor de un partido de gobierno, ni las bases de datos protegidos por la ley de datos personales”, explicó.

El comité jurídico está integrado por los abogados de Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y busca focalizarse en las ocho provincias donde se eligen senadores –Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Corrientes– y los bastiones del peronismo en el conurbano bonaerense. . Son ellos quienes analizan las pruebas que pueden enviar los ciudadanos a través de distintas vías -portal, mail o líneas telefónicas- de presuntos delitos o practicas clientelares. Una vez corroboradas, deciden si impulsan una denuncia mediante los abogados del distrito o difunden el material.

Fuente: La Nación