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La Corte Suprema de Justicia prepara un fallo para declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora, en 2006.

Los jueces planean firmarlo antes de fin de año, según supo LA NACION de fuentes de la política y la Justicia con acceso a los ministros. Es un caso que espera una definición de la Corte desde 2016. El fallo confirmaría que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y podría tener por efecto, además, la asunción del presidente de la Corte -cargo que hoy ocupa Horacio Rosatti- como presidente del Consejo.ANTE LA JUSTICIA, ROBERTO LAVAGNA VOLVIÓ A HABLAR DE CARTELIZACIÓN EN LA OBRA PÚBLICA EN LA GESTIÓN DE NÉSTOR KIRCHNER

No está claro si la decisión sería volver de inmediato a la ley anterior a la reforma o abrir una ventana de tiempo que le permitiera al Congreso dictar una nueva ley, lo que parece más probable. “El contenido de eso es algo en lo que trabajan los tres ministros directamente”, dijeron a LA NACION en una de las vocalías de la Corte. Los “tres ministros” son Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; todos menos Ricardo Lorenzetti, que tiene un enfrentamiento abierto con sus colegas, agravado después de la tormentosa elección de autoridades en el máximo tribunal. “No hay vuelta atrás”, dicen en el despacho de otro de los magistrados sobre esa relación. Es posible, sin embargo, que Lorenzetti vote con ellos. Pero la señal política que implicaría resolver este caso después de casi seis años y poner un pie en el Consejo es un mensaje de la nueva mayoría.

Está en juego el futuro de un organismo clave para la Justicia, el que selecciona y controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial. Actualmente está partido en dos entre oficialistas y opositores. ¿Qué impacto político tendrá una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre esa relación de fuerzas? No demasiado, dicen a ambos lados de la grieta. Es que el equilibrio roto, según la demanda que presentó en la Justicia el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es entre el “estamento político” (que incluye a los legisladores opositores y oficialistas, y al representante del Poder Ejecutivo), los jueces y los abogados. Pero en la práctica nunca sucede que todos los legisladores y el representante del Ejecutivo voten juntos. Y los jueces, los abogados y el académico no funcionan como técnicos prescindentes de la pelea política.

El aspecto más polémico de la reforma que impulsó el kirchnerismo fue que con la reducción de miembros -que pasaron de 20 a 13-, el oficialismo fue el único sector que no perdió poder. Retuvo a sus cinco representantes (sus dos senadores, sus dos diputados y el delegado del Poder Ejecutivo) y, además, obtuvo “poder de veto”: ningún juez puede ser acusado ni seleccionado para integrar una terna sin el aval del oficialismo.

Sin embargo, para nombrar jueces o someterlos a juicio político, antes y ahora, hizo falta siempre una mayoría de dos tercios que ningún estamento, ni ningún grupo político, tiene por sí mismo. Deben llegar a un consenso.

Los consejeros dan por hecho que el fallo es inminente. Algunos dicen incluso que tiene una fecha tentativa: 16 de diciembre. Se preguntan cómo va a ejecutar la Corte esa declaración de inconstitucionalidad.

“Los fallos deben ser acatados, pero un caso así requeriría un tiempo prudencial para llegar a la nueva composición”, dijo a LA NACION el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y parte del bloque oficialista. Está previsto que su presidencia dure hasta febrero próximo. “Podría disponerse que el fallo fuera de aplicación cuando venzan todos nuestros mandatos, en noviembre de 2022″, afirmó. Dentro de un año, el Consejo se renueva íntegro.

En principio, la declaración de inconstitucionalidad de la reforma implicaría que recobrará vigencia la composición anterior, la de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular del Consejo. Pero incluso para eso se necesita tiempo, advierten los consejeros. Haría falta llamar a elecciones para designar a los nuevos abogados, el nuevo juez y el nuevo académico. Es un proceso que normalmente comienza varios meses antes del recambio, en marzo.

Otro problema que se generará, de fallar la Corte en este sentido, es la interpretación sobre a quién le correspondería el lugar de las “segundas minorías” del Congreso, que estaban representadas en el Consejo de 20.

“No creo que Rosatti o Rosenkrantz vayan a querer sentarse el 17 de diciembre a presidir el Consejo. No creo que quieran generar un conflicto de poderes”, dijo un funcionario kirchnerista que interviene en los temas judiciales. La referencia a Rosenkrantz es porque dice suponer que Rosatti podría delegar en él, vicepresidente de la Corte, la presidencia del Consejo. “Lo más sensato sería que dijeran que este sistema no va, pero que los mandatos siguen vigentes hasta noviembre. Y que si para ese momento el Congreso no dictó una nueva ley, entonces sí debe volverse al Consejo anterior.”

Diego Marías, representante de los abogados, que llegó al Consejo por una alianza entre Pro y la UCR, coincidió en que “la experiencia del Consejo de 20 ya fracasó”. Y afirmó: “Lo ideal sería que la conformación del Consejo la decidiera el Congreso, y no que surja de un fallo judicial. Que lo acuerden las fuerzas políticas”. Marías, además, descree de la idea de un Consejo despolitizado. “Es un organismo en el que prima la política. Hay dos visiones que son muy claras y sobrepasan la pertenencia estamentaria, más allá de que yo creo que la abogacía está discriminada y que debería haber más abogados”.

Lo que tiene a estudio la Corte es la revisión de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictado el 19 de noviembre de 2015. Fue apelado por el gobierno kirchnerista (por eso no se ejecutó) y cuando asumió Mauricio Macri su gestión no desistió del recurso. Tenía la llave para que el Consejo volviera en ese momento a su composición de 20 miembros, pero la gestión de Macri no la utilizó. En cambio, le pidió tiempo a la Corte para presentar un proyecto de reforma diferente en el Congreso, iniciativa que no prosperó.

Lorenzetti anunció el 6 de octubre pasado que la Corte, después de años, tenía el caso “en agenda”, para resolver. En mayo de 2018, la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, había dictaminado en esta causa y recomendado no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad.

La reforma cuestionada

En 2006, a instancias de Cristina Kirchner, por entonces senadora, el Congreso redujo a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con fundamento en que así sería “menos burocrático”. Perdieron representantes los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo).

El viejo Consejo de 20 estaba formado por cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

Paz Rodríguez Niell

Fuente: La Nación

La Legislatura bonaerense tendrá una agenda cargada en los próximos meses. Al debate por el Presupuesto 2022 y la modificación de la ley por la reelección de intendentes, se suma una reforma para darle mayor autonomía a los municipios. Este tema cuenta con un amplio consenso, aunque aún no ocupa la agenda del gobernador Axel Kicillof.

El reclamo para hacer esta modificación se basa principalmente en dos motivos: obras y seguridad. Los intendentes insisten que ellos conocen “más que cualquier gestión provincial las necesidades de infraestructura y de seguridad” de su gente. Según fuentes de la Legislatura, “lo mejor es hacerlo con una reforma de la Constitución de la Provincia”. “Pero también podría hacerse con una modificación de la ley orgánica de municipios”, expresaron.

Para el intendente de Morón, Lucas Ghi, “todo lo que permita dotar a las gestiones locales de mayor capacidad de respuesta va a en el sentido correcto”. “El desarrollo local está muy vinculado a las capacidades de gestión de los municipios”, agregó en diálogo con PERFIL.

Además, detalló que “hay una mora legislativa de varios años”. “Está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 123, se reconoce la autonomía de los municipios, pero no se hizo efectivo el concepto con la arquitectura jurídica provincial”, indicó.

Como todas las reformas políticas, esta también requiere del impulso del cuerpo ejecutivo para llevarse adelante. Según pudo averiguar PERFIL, no es uno de los temas en la agenda principal de Axel Kicillof, aunque sí de varios de los jefes comunales del espacio político.

Sin embargo, un sector de la dirigencia bonaerense se muestra optimista con que esto pueda avanzar. La llegada de Martín Insaurralde, que desde la Municipalidad de Lomas de Zamora apoyó y reclamó más autonomía, a la Jefatura de Gabinete para muchos jefes comunales es una señal de que puede llegar a avanzar.

Lucas Ghi: “Todo lo que permita dotar a las gestiones locales de mayor capacidad de respuesta va a en el sentido correcto”

El intendente de La Plata, Julio Garro (PRO), se reunió con él y le insistió en la necesidad de tener mayor poder para controlar la seguridad en su municipio. “El municipio hoy paga la nafta de los patrulleros porque el ministerio no cubre la nafta necesaria. Es alrededor de 5 millones de pesos por mes”, detallaron fuentes del encuentro.

En paralelo, un intendente que se reunió con Kicillof y le planteó este tema deslizó a PERFIL: “Fue un diálogo superficial, no hubo un debate ni un intercambio de miradas”. “Solo tomó nota y anotó sobre el tema”, explicó.

Uno de los impulsores es el titular de la Unión Cívica Radical bonaerense, y titular de la bancada de Juntos en Diputados, Maxi Abad. El año pasado presentó un proyecto reformar la Constitución de la Provincia y avanzar en una mayor autonomía jurídica y financiera de los municipios frente e la gestión provincial.

«No es razonable que el Gobernador decida si se autoriza una actividad, o cómo debe ser la circulación en Bahía Blanca, Miramar, Mar del Plata o Lezama, incluso en contradicción con lo que el Intendente de cada lugar, elegido democráticamente para eso, piensa o dispone”, argumentó.

Una reforma con acuerdo, pero también advertencias

Esta modificación que empodera a los municipios y también a los intendentes genera tiene acuerdos trasversales entre los dirigentes del Frente de Todos y los de Juntos que gobiernan y no algún distrito en la provincia.

Sin embargo, esto despierta la advertencia de los que aspiran a gestionar alguna intendencia en 2023. Temen que se use la reforma para que los actuales jefes comunales puedan volver a ser reelectos todas las veces que lo deseen. “Hay que separar una cosa de la otra, la autonomía está muy bien pero eso no implica que un intendente se perpetúe en el poder”, señaló el legislador bonaerense Daniel Lipovetsky (PRO) a este medio.

 “Yo no lo miro desde esa perspectiva”, se distanció el oficialista Ghi de Lipovetsky y enfatizó: “Quedarse con esa lectura es empobrecer el debate”.

A pesar de esto, los dos dirigentes coincidieron que una mayor autonomía de los municipios le permitirá al intendente “no depender de la gestión nacional y provincial de turno” y que ayudará a “darle respuesta a las demandas de la sociedad”.

Negociaciones cruzadas

A partir del 10 de diciembre ambas cámaras de la Legislatura bonaerense quedarán parejas entre el oficialismo y la oposición. En ese marco el Frente de Todos deberá negociar el Presupuesto 2022, en medio de la puja por el Fondo de Infraestructura Municipal, entre los distintos distritos.

Esto aparece también como un arma para la rosca política entre oficialismo y oposición, y también entre los propios del Frente de Todos. El Gobierno sabe que las asignaciones de obras, las partidas de salud y las tasas tributarias son clave para los alcaldes. Así buscan conseguir votos para impulsar las reformas que consideren necesarias

“El municipio hoy paga la nafta de los patrulleros porque el ministerio no cubre la nafta necesaria. Es alrededor de 5 millones de pesos por mes”

Según supo PERFIL, esta reforma sería una de ellas. “La autonomía de los municipios es algo que se viene negociando de cara a la presentación del Presupuesto”, señalaron fuentes cercanas al grupo de intendentes de Juntos del conurbano.

Acá también aparece, aunque con menos fuerza, el debate por la modificación de la ley de 2016 que limita las reelecciones de los intendentes. Esto lo impulsa un sector de los jefes comunales del Frente de Todos, aunque ni siquiera toda la coalición está de acuerdo. Por su parte, Juntos mantiene firme su postura y no parece ceder en las negociaciòn

Fuente: Perfil.com

Una delegación argentina partirá este sábado hacia Washington para continuar las reuniones técnicas con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la carrera contra reloj para intentar evitar un default a fines del primer trimestre de 2020 y refinanciar pagos que rondan los USD 19.000 millones durante todo el año próximo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, no participará del viajemientras trabaja en el proyecto de Ley de “mejores entendimientos” con el organismo que pretende presentar en el Congreso este mes. El contingente será encabezado por Sergio Chodos, representante de la Argentina en el Fondo.

“El objetivo es continuar avanzando en los entendimientos técnicos en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en el año 2018″, informó el Ministerio de Economía.

Tras las elecciones del 14 de noviembre pasado Guzmán buscó acelerar el ritmo de las conversaciones con el Fondo. Con las reservas internacionales del Banco Central en mínimos, analistas estiman que la Argentina no tiene liquidez suficiente como para cumplir con todos los vencimientos ante el organismo de aquí hasta fines de marzo 2022. Un pago por cerca de USD 2.800 millones programado para el cierre de ese mes sería imposible de cumplir, empujando al país a un default.“Sí, nuestra idea es hacer el pago” (Todesca)

Mientras las negociaciones buscan avanzar, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales la Cancillería Cecilia Todesca confirmó ayer que el país sí pagara unos USD 1.800 millones que vencen este mes. Cuanto antes refinancie sus pagos, mayor será la porción de reservas internacionales que logrará ahorrarse el Tesoro argentino.

“Sí, nuestra idea es hacer el pago”, respondió este martes en conferencia de prensa Todesca, al término de una reunión del gabinete económico encabezada por el presidente Alberto Fernández.

Argentina busca cerrar un nuevo acuerdo con el FMI por el préstamo por 57.000 millones de dólares concedido al gobierno de Mauricio Macri, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones de dólares. Fernández rechazó los tramos pendientes tras asumir en diciembre de 2019.

Ese crédito obliga al pago de vencimientos en 2022 y 2023 por más de 19.000 millones de dólares cada año.Julie Kozack, directora adjunta del FMI para el Hemisferio Occidental, y Martín Guzmán, ministro de Economía, durante una reunión en Roma a principios de noviembre

El gobierno se propone incluir los lineamientos del nuevo acuerdo con el FMI en un plan plurianual que Fernández prometió enviar al Congreso en diciembre.

Junto con el apoyo opositor que buscará entre legisladores, el Gobierno trata además de mostrar consenso interno. Este fin de semana la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta en la que, con algunos condicionamientos, respaldó la negociación con el organismo.

Chodos es el representante de la Argentina ante el FMI y, en ese rol, encabezó varias reuniones técnicas con el staff del organismo en el último año y medio de negociaciones. Del contingente formarán parte Raúl Rigo, secretario de Hacienda, Fernando Morra, secretario de Política Económica, Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas más dos representantes del Banco Central: Jorge Carrera, vicepresidente segundo, y Germán Feldman, subgerente de Investigaciones Económicas.

Reservas escasas

En noviembre el Banco Central vendió unos USD 890 millones, cuando sus reservas totales rondan los USD 42.000 millones, aunque analistas privados dicen que el nivel de las reservas líquidas apenas suman unos USD 1.000 millones si no se cuentan componentes como el oro y los derechos especiales de giro. Este martes debió vender unos USD 135 millones para abastecer a la demanda de divisas en el mercado formal, ante el apuro de los bancos por hacerse de billetes para abastecer compras minoristas y retiros de depósitos de bancos.

Fuente: Infobae.com

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, participó de la apertura de actividades del Parlamento Patagónico en la Legislatura de Neuquén y al mencionar la deuda que tomó el ejecutivo del entonces Cambiemos durante sus cuatro años de gobierno, mantuvo un cruce con legisladores opositores que le recordaron la presentación de su renuncia en un momento delicado del gobierno nacional. 

El funcionario arribó a la provincia sureña junto al ministro de Justicia, Martín Soria, el senador Oscar Parrilli y el Secretario de Energía, Darío Martínez. Allí llegó para hablar de las bondades del federalismo, mencionó que los puertos de la Patagonia deben desarrollar la pesca y la exportación de frutas, y habló de potenciar la construcción de gasoductos y la fibra óptica para integrar la región. 

De pie y hablando de cara al recinto, De Pedro mencionó la deuda que el gobierno de Mauricio Macri tomó por USD 44.500 millones durante su mandato 2015-2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario pidió decirle “nunca más a los ciclos de endeudamiento que hipotecan el futuro de las próximas generaciones», algo que no pasó desapercibido por los legisladores cambiemitas. 

Quienes encabezaron las respuestas contra el Ministro del Interior fueron el diputado radical César Gass, la diputada del PRO Leticia Esteves y el cambiemita Juan Martín. El Diario de Río Negro informó que Gass fue uno de los más contundentes al «marcarle la cancha» a De Pedro, cuando le recordó la denuncia que puso a disposición del presidente Alberto Fernández luego de las primarias, cuando la carta de Cristina Fernández de Kirchner expuso las internas del panperonismo. 

«No quiera hacer lo mismo en este Parlamento», le dijo Gass. También hubo críticas a su exposición por pensar que el encuentro era «una concentración de carácter partidaria, sectaria y contra el gobierno anterior, lo que nada tiene que ver con la convocatoria».

De Pedro le respondió a Gass con una ironía y le pidió que no se asuste de los debates. Posteriormente, tanto Gass como Esteves y Martín se fueron del recinto en señal de descontento.

Posteriormente, la diputada Esteves utilizó sus redes sociales para chicanear al ministro de Justicia Martín Soria. «El ‘ah pero Macri’ llego al parlamento patagónico de la mano de Martín Soria», escribió luego de que el funcionario nacional hablara del decreto de 2018 que quitó el plus por zona desfavorable para asignaciones familiares. 

El Gobierno extendió las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de año

«Es hora de dejar de lado los ciclos de endeudamiento»

«Wado» De Pedro hizo extensivo sus críticas a la toma de deuda externa con el FMI en su cuenta de Twitter y habló de terminar con «la historia pendular». https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1465467118707748877&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Fpolitica%2Flegisladores-del-parlamento-patagonico-abandonaron-el-recinto-por-un-cruce-con-wado-de-pedro.phtml&sessionId=29bb06ba8b0bca413778c710a29ac943e3bfdb74&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=f001879%3A1634581029404&width=550px

«Es hora de generar consensos en políticas a largo plazo para sostener un desarrollo regional y federal. Políticas productivas, que generen trabajo y una mejor calidad de vida. Es hora de dejar de lado los ciclos de endeudamiento y la historia pendular», escribió. 

También se refirió a potenciar los recursos patagónicos a través de exportaciones y construcción. «Potenciar los recursos de la región para que queden en la Patagonia. Puertos que desarrollen la pesca y que exporten las frutas finas al mundo; gasoductos que lleguen al corazón productivo del país y le den más energía a cada industria; fibra óptica para integrar la Patagonia», expresó el funcionario de la cartera del Interior. 

Fuente: Perfil.com

Una escalada inflacionaria que no logró contenerse pese al congelamiento de precios, en alerta por las reservas líquidas del Banco Central en nivel crítico, y en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández culmina su segundo año como presidente con varios frentes abiertos que condicionan el rumbo que debe tomar con respecto al que quisiera tomar. En ese contexto, hoy volverá a estar al frente de la reunión del Gabinete económico.

El ministro de Economía Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el de Trabajo Claudio Moroni, la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, son los funcionarios que habitualmente integran los encuentros vinculados al debate económico nacional. Presidencia no dio precisiones al respecto, pero podría ser parte el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Acompañado por el jefe de Gabinete Juan Manzur, Alberto Fernández recibirá a su equipo económico a las 10 en Casa Rosada.

Luego de la vorágine eleccionaria, la agenda de la economía volvió a estar en el centro de las escena. Laprohibición de las cuotas en los pasajes y servicios turísticos en el extranjero que dictó el Banco Central a las tarjetas de crédito expone la falta de dólares que sufre la entidad monetaria. La decisión resultó ser un duro golpe para la clase media y para las empresas del sector que buscaban consolidar el repunte luego de largos meses de restricciones por la pandemia de COVID-19.

Además, la medida volvió a reflejar una respuesta descoordinada entre funcionarios que salieron a defenderla cuestionando el poder adquisitivo de los viajeros argentinos. “Afecta a muy pocas agencias” y “a bastante poca gente”, consideró la portavoz de Presidencia Gabriela Cerruti, quien afirmó que se trata de algo “momentáneo” y que “se irá analizando el impacto que tiene”. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue otro de los funcionarios que mencionó que la resolución está siendo “estudiada” para ver como “suplir” esta decisión que calificó como “antipática”.Alberto Fernández tiene varios frentes económicos abiertos en el final de su segundo año como presidente (REUTERS)

La escasez de dólares es el principal escollo que tiene por delante el Presidente para transitar sus dos próximos años de gestión. De cómo se resuelva depende la posibilidad de sostener el fuerte repunte de la economía de este año.

La actividad se aceleró en los últimos meses y se estima una suba de 10% del PBI para este año, lo que ya dejaría atrás el impacto de la pandemia. Pero mantener la mejora en 2022 es otro cantar.

En las dos semanas posteriores a las elecciones legislativas, el Gobierno dio muestras de agotamiento para defender el tipo de cambio y evitar el aumento de la brecha. La prohibición de financiar gastos en el exterior en cuotas fue una señal en esa dirección. La demanda de dólares para turismo crece fuerte en los meses de verano y ahora Pesce busca desalentarlo con la última prohibición del Central.

A las reservas brutas se les deben descontar el swap chino, los encajes de los depósitos en dólares y el préstamo del Banco de Basilea. La cifra ya está por debajo de los USD 5.000 millones. De ese total, habrá que pagarle USD 1.900 millones al FMI en diciembre y otros USD 730 millones de intereses en enero. Pero además también habrá que enfrentar vencimientos de los nuevos bonos en dólares colocados en la renegociación de la deuda del año pasado, por USD 690 millones. La decisión de obligar a los bancos a vender al Central antes del 1 de diciembre sus dólares propios es otro reflejo de las urgencias del momento. Serían unos USD 600 millones, para que el BCRA transite un diciembre complejo.El congelamiento de precios no tuvo el impacto esperado

El Gobierno llega a fin de año sin poder plasmar en el bolsillo de los argentinos el impacto del congelamiento de precios. En la segunda semana de noviembre, el Indec dio a conocer los datos que reflejaron un 3,5% de inflación en octubre. Para este mes la expectativa inflacionaria ronda los cuatro puntos y para el año por encima del 50%, según consultoras privadas. El dato, muy lejos de la proyección oficial que esperaba terminar el 2021 con un IPC anual de 45,1%.

La última reunión del Gabinete económico fue en agosto, un mes antes de las PASO. La derrota del Frente de Todos aquél 12 de septiembre derivó en una crisis política que se cobró el puesto de varios funcionarios y una reconfiguración del rumbo del Poder Ejecutivo. Con los nuevos integrantes, el 6 de octubre Alberto Fernández recibió a todos sus ministros en el Museo del Bicentenario. El ritmo de la campaña electoral y la necesidad de mostrar celeridad en la gestión, postergó los encuentros entre el Gabinete completo y el jefe de Estado.

Hoy el Presidente recibirá a varios de sus ministros, apremiado por el desafío de avanzar en la negociación con el FMI. El equipo económico está expectante por las medidas que exigirá el organismo internacional al Poder Ejecutivo para alcanzar el consenso antes de fines de marzo.Kristalina Georgieva y Martin Guzmán

Como informó Infobae días atrás, la apuesta de Guzmán y del delegado ante el FMI, Sergio Chodos, es que el nuevo auditor regional del organismo que comenzará su gestión en enero, Ilan Godfajn, adopte un enfoque pragmático y no tense demasiado la cuerda entre las partes. Y si bien algunos economistas argentinos han destacado que el ex presidente del Banco Central de Brasil es un “duro” y “ortodoxo”, en Washington consideran que es “pragmático” y que no es un “halcón”, por lo que se adaptará al mandato político que reciba respecto de la Argentina, aunque con mayor conocimiento de la situación local que la vicejefa del área, Julie Kozack.

En este sentido para postergar por 10 años el pago de los USD 44 millones, el Fondo exigirá al Gobierno argentino un programa de ajuste fiscal, recomposición de reservas, control sobre la expansión del crédito doméstico atado al control del déficit fiscal. Reformas que implicarán más inflación y menos crecimiento, pero que advierten en EE.UU como el mal menor frente a la falta de acuerdo.

Alberto y los ministros llegan a la reunión condicionados por las últimas palabras de Cristina Kirchner. Con su última carta, publicada este fin de semana, la vicepresidenta dejó en claro que no quiere asumir ninguna responsabilidad especial en la relación con el organismo y el plan plurianual que Fernández prometió enviar al Congreso.

Si bien dio un aval al avance de las negociaciones con el Fondo, advirtió: “La definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social”. Y dejó en claro que “la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”.

Fuente: Infobae.com

Si no la dan por caído de manera definitiva es por una mera formalidad, pero lo concreto es que en el seno del oficialismo en el Senado aseguran que el proyecto de ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas, presentado por Alberto Fernández poco después de la derrota en las elecciones primarias, no tiene posibilidad de avanzar en lo que queda del año.

“Ese proyecto no tiene ninguna posibilidad de salir; no al menos antes de fin de año”, dijo a LA NACION un destacado miembro de la conducción del bloque oficialista de la Cámara alta, alineado con el kirchnerismo.NACIONES UNIDAS LE PIDE INFORMES A LA ARGENTINA POR EL CASO DE LOS JUECES LEOPOLDO BRUGLIA Y PABLO BERTUZZI

La definición es, cuanto menos, un duro golpe para la Casa Rosada. Fernández presentó el proyecto como una de las cinco leyes que quería tener aprobadas antes de fin de año como parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y como una de las herramientas necesarias para reactivar la economía tras el golpe de la pandemia.

“Estas leyes plasman esa lógica del consenso. Ponen en marcha programas específicos para el desarrollo de sectores importantes de la economía y que fueron escritas y acordadas en un ámbito de consenso entre empresarios, trabajadores y el Estado sentados a la mesa”, afirmó el jefe del Estado cuando presentó el proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas.

Sin embargo, el consenso del que habló Fernández parece haberse diluido en poco más de sesenta días. Hoy, hasta los gremios petroleros dieron un giro de 180 grados y rechazan la iniciativa.

El proyecto junta polvo en un cajón de la comisión de Minería, Energía y Combustibles desde el 22 de septiembre último, cuando el secretario de Energía, Darío Martínez, la presentó ante los senadores. Ya ese día el Poder Ejecutivo tuvo un anticipo de lo que venía con la fuerte resistencia que el texto encontró entre los representantes de las provincias petroleras.

Desde entonces, el texto no ha hecho más que sumar críticas. A la de los legisladores se sumaron la de las cámaras empresarias, la de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y la de los gremios de las cuencas de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, quienes con mayor o menor exposición pública han hecho saber su descontento con el proyecto.

“Se entiende que sea un proyecto pensado en Vaca Muerta, pero el miedo de las provincias petroleras es que la inversión vaya para allá porque otorga ventajas muy difíciles que puedan obtener en las cuencas maduras”, explicó a LA NACION el oficialista Alfredo Luenzo (Chubut).

La iniciativa también recoge críticas en otros bloques de la Cámara alta. “Así como está, este proyecto no puede salir; los gobernadores no la van a acompañar”, explicó la neuquina Lucila Crexell. La senadora fue una de las que alzó su voz cuando Martínez expuso ante los senadores hace ya más de dos meses atrás.

A pesar de haber abandonado el MPN, Crexell se hizo eco de las críticas que su tío y exgobernador provincial Jorge Sapag lanzó sobre el artículo 90 de la iniciativa, que le da amplias facultades a la secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la norma.

Inconstitucional

Para los mandatarios, que una secretaría nacional pueda manejar permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte y almacenamiento subterráneo vulnera la Constitución de 1994, que le otorgó el dominio de los recursos de sus subsuelos a las provincias.

“El dominio, la administración y el uso de los recursos naturales corresponde a las provincias, así planteado el artículo es inconstitucional”, afirmó el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El rionegrino, cuyo voto será clave para el Frente de Todos cuando el oficialismo pierda su mayoría en el Senado, dio una muestra de fuerza la semana pasada al reunirse y posar para la foto con el secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, y su antecesor y exsenador por Neuquén Guillermo Pereyra, y reclamar cambios en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el oficialismo nadie tomó nota del gesto de Weretilneck por el simple hecho de que el proyecto no está en la agenda de ninguno de los sectores en que se divide el oficialismo,

De hecho, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que preside el sanjuanino Rubén Uñac, no tiene previsto reunirse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Después de esa fecha, todo es incertidumbre en el Senado.

Es que el kirchnerismo tampoco apoya el proyecto. Además de las cuestiones constitucionales, el texto toca cuestiones coyunturales muy afectas a Cristina Kirchner, como es el flujo de dólares y el manejo de recursos frescos.

Esto es así porque el proyecto garantiza estabilidad fiscal a 20 años para los nuevos inversionistas, una medida que choca de frente con los derechos de exportación, una de las herramientas económicas clásicas de la economía kirchnerista ortodoxa.

Gustavo Ybarra

Fuente: La Nación

El último viernes se dio una situación confusa, luego de que un crucero proveniente de Cabo Verde, África, donde surgió recientemente la nueva variante de Covid-19 Ómicron, llegó a la Argentina a pesar de tener a un pasajero con Covid-19 y fue autorizado a que los 300 pasajeros y tripulantes a bordo bajen de la nave para circular.

El crucero Hamburg fue liberado del puerto dos veces: el sábado 27 y el domingo 28 de noviembre. El portal de noticias TN.com.ar logró tener acceso a los “certificados de Libre Plática”, los cuales muestran que le dieron vía libre de ingreso al país. “Liberado. Se declara sin riesgo sanitario”, dice el primero de los documentos, mientras que en el segundo se lee: “Se eleve el presente informe a todas las autoridades nacionales. El día 26-11-2021 los inspectores de la Dirección de Fronteras y Terminales de Transporte realizamos la toma de temperatura a todos los tripulantes y pasajeros dando todos los registros normales”.

La segunda hoja del documento del día 28 señala: “Tanto el caso positivo como los contactos estrechos debieron de continuar aislados hasta cumplir un período de cuarentena dispuesta por la autoridad sanitaria hasta el 02-12-2021. Se da por finalizada la evaluación y fiscalización sanitaria acorde a las normativas vigentes y dicho buque queda liberado sanitariamente a las 14.45 del día 28-11-2021″.

El primer documento, que declaró al crucero sin riesgo sanitario, se firmó el sábado a las 07:30 de la mañana y el segundo, que confirmó que las condiciones epidemiológicas eran las correctas, se firmó más de 30 horas después, el domingo 28 a las 14:45.

Cabe destacar, que esta doble autorización se produjo por una equivocación de una inspectora del Personal de Fronteras que creyó que Cabo Verde, el último puerto que había visitado el crucero sobre el océano Atlántico, se encuentra en Asia y no en África, donde se originó la nueva variante del coronavirus que alertó al mundo. Este error permitió la firma del primer certificado, aunque desde el Ministerio de Salud negaron que haya existido una confusión geográfica. Además, ambos certificados están firmados por el responsable de la embarcación y de un inspector del Ministerio de Salud.

Las autorizaciones de ingreso del crucero al país

Tras recibir la primera autorización por parte de la división de Sanidad Marítima, dependiente del Ministerio de Salud, los pasajeros fueron habilitados a bajar del crucero y empezar a circular. Sin embargo, cuando las autoridades advirtieron el error, los turistas debieron regresar al buque.

De acuerdo a los nuevos protocolos, todas las personas que hayan estado en los últimos 14 días en África deben realizar PCR y aislamiento, por lo que se realizaron pruebas de PCR para los 300 pasajeros y tripulantes.

Crucero de África: qué se sabe sobre el «MS Hamburg», proveniente de Cabo Verde

Según la ministra de Salud, Carla Vizzotti, “el buque dio aviso de un caso positivo” de coronavirus y por ello se diagramó un operativo en el que “se realizaron más de 300 PCR en 24 horas”, de los cuales todos dieron negativo. Asimismo, Vizzotti dijo que “la información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa”.

Luego, el domingo 28, se emitió un nuevo “certificado de Libre Plática” que posibilitó el ingreso de los pasajeros y tripulantes del barco al país. Este documento explica que el sábado 27, el personal profesional de la dirección nacional de emergencia sanitaria realizó PCR a bordo a la tripulación y a los pasajeros, es decir, el mismo día que se había firmado el primer documento donde se aclaró que el crucero no tenía riesgo sanitario. En la tarde del lunes, el buque partió finalmente a Puerto Madryn, luego de recibir dos autorizaciones de ingreso.

Fuente: Perfil.com

Antes de la pandemia ya había deficiencias severas de aprendizajes en la Argentina. Así lo ratifica una prueba comparativa que llevó a cabo la Unesco. Los alumnos de tercer y sexto grado rindieron por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en cuatro de las cinco materias evaluadas, lo que refleja la mayor caída registrada en los resultados de aprendizajes.

Los datos alarman, especialmente si se toma la serie completa del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE). En 2006, la primera edición de la prueba, Argentina quedó por encima del promedio en las cuatro áreas que se midieron por entonces. Seis años después, en 2013, ya se observaba una caída en el rendimiento comparado a la región. Ahora, en el estudio revelado hoy, los chicos argentinos muestran peores resultados que sus pares en matemática, lengua y ciencias naturales.

El ERCE es una prueba representativa que lleva adelante el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. En su última versión, cubrió a más de 4.500 escuelas y 202.000 chicos, que representan a casi 20 millones de estudiantes en sistemas educativos que albergan un universo total de 150 millones. Además de Argentina, participaron Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.Infografía: Marcelo Regalado

Los malos resultados de Argentina en pruebas internacionales no son una novedad. Cada edición de PISA refleja un atraso profundo comparado a países de primer mundo. Lo que sí llama la atención es que en ERCE también “pierde” en la comparativa con países vecinos, a los que hasta hace 15 años superaba. Más aún: ERCE, a diferencia de PISA, no toma las mismas preguntas para todos los países. Elabora el cuestionario en base a las currículas locales. Es decir, pregunta por los contenidos que los chicos deberían saber.

“Desde el 93, cuando Argentina empezó a tomar pruebas estandarizadas, es la mayor caída con respecto a otros países, pero sobre todo con respecto a nosotros mismos. En 2013, si bien hubo una pequeña caída respecto a los demás, Argentina subió sus puntajes en las áreas evaluadas. Ahora nos encontramos con un panorama muy adverso, que buscaremos revertir”, señaló el ministro de Educación Jaime Perczyk durante la presentación de los resultados.

Si bien el informe no genera rankings, el ministro deslizó que la posición relativa de Argentina es muy mala. En Sudamérica se ubicaría en el anteúltimo lugar, solo por encima de Paraguay y por debajo de Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador.El ministro de Educación Jaime Perczyk (Foto: Maximiliano Luna)

En las dos áreas evaluadas en tercer grado, los chicos argentinos quedaron 8 puntos por debajo del promedio, una diferencia “estadísticamente significativa” según la UNESCO. Obtuvieron 689 puntos de promedio en lectura y 690 en matemática. En lengua, el 46% de los chicos rindió en el nivel 1, el más bajo, mientras que en matemática el 48,9% registró los desempeños más básicos.

Por su parte, en sexto grado, los alumnos se ubicaron en el promedio regional en lectura, con 698 puntos, pero mostraron deficiencias serias en matemática (690 puntos, 7 abajo de la región) y, sobre todo, en ciencias naturales (682 puntos, 20 abajo de la región). En estas dos últimas materias, el resultado más frecuente también fue el nivel 1.

Hasta el momento había consenso en que los mayores problemas del sistema educativo radicaban en la secundaria. Las pruebas nacionales respaldaban esa afirmación, con números aceptables para sexto grado y muy flojos para el último año de la educación obligatoria. Pero los resultados de ERCE echaron por tierra esa idea. “Tenemos problemas muy grandes también en primaria”, aceptó Perczyk.

Inversión e inclusión

La cartera que conduce Perczyk responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por los malos resultados. Remarcaron una “caída abrupta” de la inversión por parte del Estado Nacional entre 2015 y 2019, año en que se tomó la evaluación.

“La inversión educativa del Estado Nacional en Argentina experimentó un notable retroceso en ese periodo reciente. Mientras que entre 2003 y 2015 el gasto consolidado del Estado Nacional en educación aumentó en promedio un 2,7% del PBI, pasando del 3,4% al 6,1% del producto, entre 2015 y 2019 cayó en más de 1,3 puntos del PBI cerrando en 4,8%”, explicaron en el Palacio Sarmiento.

El otro factor que los funcionarios asociaron a la caída respecto a Latinoamérica fueron los altos índices de cobertura que tiene la Argentina. Es uno de los sistemas educativos de mayor tasa de inclusión en la región: en la primaria, antes de la pandemia, casi el 100% de los chicos estaban en la escuela. “Tenemos que lograr que esa inclusión se traduzca también en calidad”, subrayaron.

“¿Cómo se empieza a salir de esto?”, preguntó Infobae. El ministro Perczyk dio una serie de claves: avanzar en la reinversión en forma “continuada y constante por encima de la inflación proyectada”, proveer de material didáctico a los alumnos que más lo necesiten, perfeccionar la capacitación docente, recuperar el programa Aprender Conectados y, en especial, garantizar que todos los chicos regresen a la escuela tras la desvinculación profunda que ocurrió durante la suspensión de las clases presenciales.

Pruebas Aprender

Mañana miércoles, solo un día después de conocerse los resultados de ERCE, todos los alumnos de sexto grado del país rendirán las pruebas Aprender. Será la primera evaluación en pandemia y permitirá conocer el impacto en los aprendizajes del cierre escolar.

En la nueva edición, participarán 23 mil escuelas y 770 mil estudiantes de sexto grado que tendrán que responder consignas de lengua y matemática. Por la falta de presencialidad, el año pasado se había suspendido la evaluación.

Fuente: Infobae.com

“Boluda, este barco viene de Cabo Verde, ¿eso no es en África?”

La frase es real y fue pronunciada el sábado pasado por una inspectora de la Dirección de Sanidad de Fronteras que se ubicaba en el puente de mando del buque crucero de bandera de Bahamas MS Hamburg. Su interlocutora era otra funcionaria del mismo organismo que se encontraba en tierra y sostenía que la isla integra el continente asiático.PUBLICIDAD

Lo que podría ser solo una simple anécdota sobre desconocimiento geográfico representa en el contexto actual un grave yerro: el “error” de quien argumentaba que Cabo Verde se encuentra en Asia permitió que una nave procedente del continente africano llegara al país casi sin controles en medio de la preocupación mundial que existe por el surgimiento de la variante Ómicron de coronavirus.

Si bien este lunes fueron publicadas nuevas restricciones en la Argentina para personas que estuvieron en ese continente en los últimos 14 días, las autoridades de fronteras ya habían recibido indicaciones internas de extremar los controles para postergar lo máximo posible el ingreso de la nueva cepa al país. El buque había estado 6 días navegando.

El buque de pasajeros Hamburg fue construido en 1997 en Alemania. Tiene un desplazamiento de 15.000 toneladas y capacidad para más de 400 pasajeros. Es propiedad del grupo naviero Conti y habitualmente realiza cruceros por el Mediterráneo y el Atlántico. Su tripulación es de 170 marinos. El viernes pasado, a las 19:30, ingresó a la terminal de cruceros “Benito Quinquela Martín” del puerto metropolitano luego que -como sucede habitualmente- las autoridades de Sanidad de Fronteras le otorgarán la llamada “libre plática”, lo que implica que tanto pasajeros como tripulación pueden descender a tierra firme.

Para el otorgamiento de tal autorización, es necesario que el capitán informe previamente cuáles fueron los puertos en donde estuvo amarrado el buque, la cantidad de pasajeros y el estado sanitario de los mismos, algo que en este caso se cumplió rigurosamente. Sin objeciones, la autoridad sanitaria autorizó el amarre y el consecuente ingreso y egreso de los 300 pasajeros (en su mayoría alemanes), además el eventual embarque de quienes abordarán la nave en el puerto local.

Todo transcurrió con normalidad hasta las 8:15 del sábado, cuando se desató la discusión entre la inspectora que detectó el error con su compañera, ambas integrantes de la oficina que tiene la responsabilidad de velar por la sanidad nacional en fronteras marítimas, aéreas y terrestres de todo el país.En 2020 el Hamburg estuvo por última vez en Mar del Plata, ahora las mismas autoridades que permitieron su amarre en Buenos Aires negaron permiso para que atraque en la costa bonaerense

Según pudo reconstruir Infobae, con la discusión quedó en evidencia que el personal sanitario que el viernes había habilitado el descenso de los pasajeros desconocía que el puerto caboverdiano de Praia (del cual procedía el crucero) es parte del Archipiélago de Cabo Verde, ubicado en el Océano Atlántico, frente a las costas de Senegal, en el norte de África.

“Fue increíble presenciar la acalorada discusión telefónica en el puente de mando del buque, los gritos de la persona que hablaba desde tierra se escuchaban a través del celular de la funcionaria embarcada. Se consultaban mutuamente si Cabo Verde era parte de Asia, de África o de la India. Luego de un silencio, llegó la confirmación: “Es África” nos mandamos una macana”, relató uno de los testigos del hecho.

Una vez descubierto el fallo, llegó la orden de retirar la “libre plática” de la nave. “Señores este buque está en cuarentena en virtud de las disposiciones del Estado Nacional, nadie puede bajar o subir”, se informó oficialmente. En esos momentos también se llevaba a cabo en el barco una inspección rutinaria de la Prefectura Naval Argentina. El personal policial tuvo que desembarcar y trasladarse a través de un corredor seguro a un centro de aislamiento de la institución.

Simultáneamente, se ordenó a los pasajeros y tripulantes el confinamiento en camarotes a la espera de que se realicen los hisopados de rigor, cuyos resultados se conocerán en las próximas horas.No hay certezas acerca de si algunos tripulantes o pasajeros transitaron por las calles de Buenos Aires a pesar de las severas restricciones para viajeros procedentes de África.

A partir del “descubrimiento” de la procedencia geográfica del Hamburg y considerando que habían transcurrido 12 horas desde que se emitió la autorización para bajar a tierra, comenzó una desesperada “cacería” de tripulantes y turistas que se encontraban disfrutando de los atractivos turísticos de Buenos Aires. Por ejemplo, un grupo de turistas alemanes que se dirigía el sábado en una camioneta a Ezeiza para abordar un vuelo de regreso a su país fue interceptado y obligado a regresar a bordo.

Estaba prevista una próximo destino para el Hamburg: el puerto de Mar del Plata. Sin embargo, la escala quedó en dudas porque las mismas autoridades que permitieron el ingreso de la nave al puerto de Buenos Aires ahora consideran que el ascenso o descenso de pasajeros en la ciudad balnearia no era seguro. Nadie en Sanidad de Fronteras explicó las razones de esta medida.

Fuentes de la naviera confirmaron a Infobae que se suspendió la escala de Montevideo, pero que aún tenían previsto ir a Puerto Madryn y Ushuaia, algo que está totalmente supeditado a lo que las autoridades sanitarias dispongan.

Fuente: Infobae.com

Fuentes de Casa Rosada interpretaron este sábado que la nueva carta que publicó en horas de la tarde la vicepresidenta Cristina Kirchner representa «una muestra de apoyo» al presidente Alberto Fernández, en el marco de la renegociación de la deuda que se negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que negaron que haya sido sorpresiva, confiando a la agencia NA que el jefe de Estado y su vice «venían conversando sobre el tema».

Como una forma de mostrar la buena recepción de la misiva, el presidente Alberto Fernández se encargó de retuitear la carta de Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, aunque sin agregar ningún tipo de acotaciones personales:https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1464700891420782593&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Factualidad%2Falberto-fernandez-retuiteo-la-carta-de-cristina-y-desde-su-entorno-hablaron-de-muestra-de-apoyo.phtml&sessionId=7b89d30e263f84d4ffa89334ecc9beb339df4a4d&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=f001879%3A1634581029404&width=550px

Cristina había afirmado en su misiva que «la lapicera» para cerrar un acuerdo con el FMI «siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente», acusando a la oposición de actuar con «irresponsabilidad política» al condicionar un hipotético apoyo a la renegociación de deuda en marcha al apoyo que pudiera dar a ese tema la propia Cristina. La respuesta de varios referentes opositores fue la de sostener que el Gobierno en general y Cristina en particular, deben «hacerse cargo» de los problemas de gestión.PUBLICIDAD

«La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina», enfatizó la vicepresidenta.

Cristina tituló su mensaje «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades», y aunque evitó las críticas de tono explosivo como las que depararon varios cambios en el Gabinete antes de las elecciones, en los hechos puso distancia del tema FMI, dejándolo en forma exclusiva ante la opinión pública en las manos de Alberto Fernández, y de quien el Presidente tiene a cargo de ese asunto, el ministro de Economía Martín Guzmán.

«Cristina refuerza la centralidad del Presidente y del Gobierno», le dijo a NA una fuente con acceso directo al Presidente, considerando que la carta «deja al Congreso la soberanía final» del apoyo a la negociación en marcha o los acuerdos que puedan lograrse. Cristina fue puntual al señalar que serán los legisladores los que deberán «probar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia».

Desde la Casa de Gobierno ponderaron el pasaje de la carta en el que Cristina Kirchner «insta a la oposición a asumir y cumplir con sus responsabilidades». En este punto, reflexionaron que desde Juntos por el Cambio deben participar de la discusión para llegar a un acuerdo con el Fondo, ya que «ellos contrajeron la deuda». «Van a tener que asumir sus responsabilidades y votar el acuerdo en el Congreso de la Nación», subrayaron las fuentes oficiales.

Fuente: Perfil.com